Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Genaro Rodríguez Gerena
2017 TSPR 40
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Genaro Rodríguez Gerena
TS-5369
Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por incumplir con requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua y del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2017 TSPR 40
Genaro Rodríguez Gerena
197 DPR ____
Número del Caso: TS-5369
Fecha: 16 de marzo de 2017
Programa de Educación Jurídica Continua:
Lcdo. José I. Campos Pérez
Director Ejecutivo
Abogado de la parte peticionaria:
Por Derecho Propio
Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 28 de
marzo de 2017, fecha en que se le notificó por correo al abogado de su
suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Genaro Rodríguez Gerena
TS-5369
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2017.
Le
corresponde
nuevamente
su
a
este
Tribunal
ejercer
facultad inherente de regular la
profesión y, de esa forma, suspender inmediata e
indefinidamente del ejercicio de la abogacía a un
letrado, por razón de su incumplimiento con los
requisitos
Continua
del
y
por
Programa
de
desatender
Educación
los
Jurídica
requerimientos
emitidos por este Tribunal. Veamos.
I
El Lcdo. Genaro Rodríguez Gerena (licenciado
Rodríguez Gerena) fue admitido al ejercicio de la
TS-5369
2
abogacía el 29 de diciembre de 19761 y a la práctica de la
notaría el 20 de enero de 1977.2 En esencia, el asunto ante
1
Es menester señalar que el Lcdo. Genaro Rodríguez
Gerena (licenciado Rodríguez Gerena) ha sido objeto de
sanciones disciplinarias en el pasado. Véase In re
Rodríguez Gerena I, 132 DPR 693 (1993) (Per Curiam)
(donde se le separó indefinidamente del ejercicio de la
abogacía y la notaría por violaciones a los artículos
15(e) y 26 de la Ley notarial de Puerto Rico, 4 LPRA
secs. 2033(e) y 2044, y al Canon 35 del Código de Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 35). Sin embargo, en In
re Rodríguez Gerena II, 132 DPR 1031 (1993) (Per
Curiam), este Tribunal, en reconsideración, limitó la
sanción a la separación permanente del ejercicio de la
notaría. Posteriormente, el licenciado Rodríguez Gerena
fue reinstalado al ejercicio de la notaría, véase In re
Rodríguez Gerena, 138 DPR 138 (1995) (Resolución).
El 15 de marzo de 2016, suspendimos al licenciado
Rodríguez Gerena del ejercicio de la abogacía por un
término de treinta días. In re Rodríguez Gerena, 194 DPR
917 (2016) (Per Curiam) (La suspensión se debió a que
“el licenciado Rodríguez Gerena [había] autoriz[ado] una
presunta compraventa de un inmueble a sabiendas de que
ésta no era más que un subterfugio para que una de las
partes procurara un financiamiento a través de un
tercero”. Íd., pág. 924. De esta forma, el letrado violó
lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley notarial de Puerto
Rico, 4 LPRA sec. 2002, así como lo preceptuado en el
Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX,
C. 35.).
Posteriormente, el licenciado Rodríguez Gerena fue
reinstalado al ejercicio de la abogacía. In re Rodríguez
Gerena, res. el 30 de junio de 2016, 2016 TSPR 144, 195
DPR ___ (2016) (Resolución) (En esa ocasión, lo
censuramos por comparecer ante un foro judicial previo a
su reinstalación y le advertimos que de contravenir en
el futuro las normas establecidas en el Código de Ética
Profesional, se exponía a la imposición de sanciones
disciplinarias severas).
Actualmente, penden contra el letrado las quejas
AB-2011-255, AB-2013-147 y AB-2014-133, así como la
querella CP–2016–24, las cuales se mantendrán unidas a
su expediente.
2
El 12 de diciembre de 2014, el Director de la
Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) presentó una
moción ante este Tribunal, en la cual solicitó que se
ordenara la incautación de la obra y el sello notarial
del licenciado Rodríguez Gerena; la separación del
letrado del ejercicio de la notaría, y que éste
subsanara las deficiencias señaladas en su obra. El 23
TS-5369
3
nuestra consideración se remonta a enero de 2015, cuando la
entonces
Directora
del
Programa
de
Educación
Jurídica
Continua (PEJC) nos informó que el licenciado Rodríguez
Gerena incumplió con los requisitos reglamentarios para los
periodos comprendidos entre las fechas del 1 de mayo de
2007 al 30 de abril de 2009 y del 1 de mayo de 2009 al 30
de abril de 2011.
De los anejos incluidos con el informe presentado
por
la
Directora
Rodríguez
tardío
del
Gerena
primer
del
no
PEJC,
surge
que
el
pagó
la
cuota
por
periodo
ni
compareció
licenciado
cumplimiento
a
la
vista
informal a la que fue citado para explicar la razón de
____________________________
de diciembre de 2014, emitimos una Resolución mediante
la cual se ordenó la incautación de la obra y el sello
notarial del letrado. Igualmente, se le concedió al
letrado un término de treinta días para que subsanara
las deficiencias señaladas en su obra, así como un
término de diez días para que mostrara causa por la cual
no debía ser suspendido indefinidamente del ejercicio de
la notaría.
Luego de varios trámites procesales, el 28 de
octubre de 2015 emitimos una Resolución mediante la cual
suspendimos indefinidamente al licenciado Rodríguez
Gerena del ejercicio de la notaría. Además, se le
concedió al letrado un término de diez días para que
mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del
ejercicio de la abogacía. Del mismo modo, ordenamos la
celebración de una vista de desacato ante el Tribunal de
Primera Instancia, debido a su incumplimiento con una
Resolución que emitimos el 24 de abril de 2015.
Posteriormente, el Director de la ODIN presentó una
moción ante este Tribunal, indicando que si bien el
licenciado Rodríguez Gerena había realizado unos pagos
para subsanar las deficiencias arancelarias existentes
en su obra, todavía subsistía una deuda que al momento
ascendía a $1,963.00. Asimismo, indicó que el letrado
solicitó un término adicional para encontrar unas
escrituras que hacían falta y que luego de que la ODIN
indicara las deficiencias existentes, éste tendría hasta
el 31 de mayo de 2016 para subsanarlas.
TS-5369
su
4
incumplimiento.
En
lo
que
concierne
al
segundo
periodo, también fue citado a una vista informal, a la
cual
compareció
mediante
escrito.
El
licenciado
Rodríguez Gerena indicó que no había podido cumplir con
los requisitos reglamentarios debido a su edad avanzada
y condición de salud. Señaló que su práctica profesional
se había reducido, que próximamente entregaría su obra
notarial y que, además, referiría los pocos casos que
tenía pendientes a otros compañeros abogados. Asimismo,
solicitó
que
se
le
eximiese
de
cumplir
con
los
requisitos del PEJC e indicó que había sometido el pago
de
la
cuota
por
cumplimiento
tardío
junto
con
su
escrito. En el referido informe, la Directora recomendó
que se le concediera un término final al letrado para
que subsanara las deficiencias señaladas.
Examinada
la
comparecencia
de
la
Directora
del
PEJC, el 20 de enero de 2016 emitimos una Resolución
mediante la cual le concedimos al letrado un término de
treinta días para que informase sobre su cumplimiento
con
el
PEJC.
En
respuesta,
y
de
manera
tardía,
el
licenciado Rodríguez Gerena compareció mediante Moción
cumpliendo
con
orden
y
otro
extremo.
Expresó
que
su
estado de salud era frágil y que por estar llegando al
fin de su profesión y vida, cumplir con los requisitos
del PEJC abonaría poco o nada a su carrera profesional.
Solicitó
que
se
le
requisitos del PEJC.
eximiese
de
cumplir
con
los
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5
El 16 de diciembre de 2016, emitimos una Resolución
en la cual le ordenamos al letrado que en el término de
veinte días mostrase causa por la cual no debía ser
suspendido
ejercicio
de
de
manera
la
inmediata
abogacía
por
e
no
indefinida
cumplir
del
con
los
requisitos del PEJC. De un informe proveniente de la
Oficina de Alguaciles de este Tribunal, con fecha de 28
de diciembre de 2016, surge que, de una comunicación con
el licenciado Rodríguez Gerena el 20 de diciembre de
2016, éste actualmente reside en el estado de la Florida
y no tiene previsto regresar a Puerto Rico. Además, el
letrado indicó que presentaría un escrito renunciando al
ejercicio de la abogacía.3 No obstante, al día de hoy,
el
licenciado
Rodríguez
Gerena
incumplió
con
la
Resolución emitida el 16 de diciembre de 2016.
II
Sabido
es
que
“[n]uestro
Código
de
Ética
Profesional establece las normas mínimas de conducta que
deben regir a los miembros de la . . . abogacía en el
desempeño de sus funciones”. In re Figueroa Cortés, res.
el 30 de junio de 2016, 2016 TSPR 202, págs. 2–3, 196
DPR ___ (2016) (Per Curiam); In re De Jesús Román, 192
DPR 799, 802 (2015) (Per Curiam). En lo que respecta a
los deberes de los letrados y las letradas para con la
sociedad, el aludido código impone la responsabilidad de
3
El 6 de febrero de 2017, el letrado radicó en la
Secretaría de este Tribunal una moción mediante la cual
presentó su renuncia al ejercicio de la abogacía.
TS-5369
6
“realizar esfuerzos para lograr y mantener un alto grado
de excelencia y competencia en su profesión a través del
estudio y la participación en programas educativos de
mejoramiento profesional . . .”. Canon 2 del Código de
Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 2; véase, además,
In re Ward Llambías, res. el 29 de abril de 2016, 2016
TSPR 83, 195 DPR ___ (2016) (Per Curiam). Cónsono con
este deber, todo miembro de la profesión jurídica debe
cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento
del
PEJC,
Enmdas.
R.
4
LPRA
Ap.
XVII-E.
Educ.
Jur.
Cont.,
Véanse,
193
además,
DPR
233
In
re
(2015)
(Resolución); In re Ortiz Soto, res. el 1 de noviembre
de 2016, 2016 TSPR 226, 196 DPR ___ (2016) (Per Curiam).
En reiteradas ocasiones, este Tribunal se ha “visto
obligado[] a suspender indefinidamente a abogados que
desatienden los requerimientos del PEJC e incumplen con
las horas crédito de educación continua requeridas”. In
re Ortiz Soto, supra, pág. 10; In re Ward Llambías,
supra, pág. 4; In re Arroyo Acosta, 192 DPR 848, 852
(2015) (Per Curiam); In re Rivera Trani, 188 DPR 454,
459-460
(2013)
(Per
Curiam).
De
esta
forma,
hemos
señalado repetidamente que la desidia y la dejadez ante
los requerimientos del PEJC, no solo constituye un gasto
de recursos administrativos para el Programa, sino que
también refleja una patente falta de compromiso con el
deber de excelencia y competencia que impone el Canon 2
del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 2.
TS-5369
7
En armonía con lo anterior, hemos advertido a los
miembros
de
la
profesión
“contestar
con
diligencia
Tribunal
acatar
y
jurídica
los
nuestras
que
es
su
requerimientos
órdenes”.
In
re
deber
de
este
Figueroa
Cortés, supra, pág. 3; In re Rivera Trani, supra, pág.
460. Ello pues, desatender nuestros requerimientos es
incompatible con la práctica de la profesión, toda vez
que constituye una transgresión al Canon 9 del Código de
Ética Profesional y menoscaba nuestra facultad inherente
de regular la profesión jurídica. Canon 9 del Código de
Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 9. Véanse, además,
In re Figueroa Cortés, supra, págs. 3-4; In re Ward
Llambías, supra, págs. 4-5; In re Arroyo Acosta, supra,
pág. 852; In re De Jesús Román, supra, pág. 803; In re
Rivera Trani, supra, pág. 461. En consecuencia, “tal
conducta conlleva la separación inmediata e indefinida
del ejercicio de la abogacía”. In re Figueroa Cortés,
supra, pág. 4. Véanse, además, In re Ortiz Soto, supra,
pág. 10; In re Ward Llambías, supra, pág. 5; In re
Arroyo Acosta, supra, pág. 852; In re De Jesús Román,
supra, pág. 803; In re Rivera Trani, supra, pág. 461.
Examinada
la
normativa
pertinente,
procedemos
a
exponer nuestro criterio con relación al asunto que nos
ocupa.
III
Conforme
indicamos,
el
expediente
consideración
demuestra
que
el
ante
licenciado
nuestra
Rodríguez
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Gerena reiteradamente incumplió con los requisitos del
PEJC,
a
saber:
los
periodos
comprendidos
entre
las
fechas del 1 de mayo de 2007 al 30 de abril de 2009 y
del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2011. En sus
comparecencias ante este Tribunal y ante el PEJC, se
limitó a exponer meras circunstancias personales que,
según
alega,
constituyen
justa
causa
para
que
se
le
exima de cumplir con los requisitos del PEJC. Es más, en
ninguna
de
sus
comparecencias
solicitó
un
término
o
prórroga para cumplir con los requisitos de educación
jurídica continua, según ordenado por este Tribunal. Tal
incumplimiento, de por sí, constituye causa suficiente
para que lo suspendamos inmediata e indefinidamente del
ejercicio de la abogacía.
Ahora bien, el letrado igualmente incurrió en otras
faltas éticas, a saber: (1) no compareció oportunamente
ante el PEJC cuando le fue requerido, y (2) no cumplió
con la Resolución emitida el 16 de diciembre de 2016, en
la cual le ordenamos que en el término de veinte días
mostrara
causa
por
la
cual
no
debía
ser
suspendido
inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía
por no cumplir con los requisitos del PEJC.
A
pesar
de
lo
anterior,
el
licenciado
Rodríguez
Gerena solicita que le eximamos de los requisitos del
PEJC. Posteriormente, el letrado pretendió renunciar al
ejercicio
de
procedimientos.
la
abogacía,
Ante
el
en
esta
escenario
etapa
descrito,
de
los
procede
TS-5369
9
denegar
sus
solicitudes.
Lo
contrario
conllevaría
premiar un incumplimiento reiterado a nuestras normas
éticas.
Es
decir,
conceder
sus
peticiones
tendría
el
peligroso efecto de soslayar un dictamen ético cuando la
evidencia que obra en el expediente demuestra una clara
y reiterada inobservancia con los preceptos éticos que
rigen la profesión jurídica. Por ello, no podemos avalar
tales solicitudes, pues a todas luces no nos parecen
meritorias.
Evidentemente,
el
licenciado
Rodríguez
Gerena
ignoró tanto nuestros requerimientos como los del PEJC.
Con esa actitud de indiferencia y desatención, pretende
echar a un lado nuestros reiterados pronunciamientos en
lo concerniente al deber y obligación ineludible de todo
letrado
y
letrada
de
responder
diligentemente
a
las
órdenes emitidas por este Tribunal y el PEJC.
Ante
ese
cuadro,
nos
vemos
obligados
a
ejercer
nuestra facultad inherente de regular la profesión y,
por consiguiente, suspender inmediata e indefinidamente
del
ejercicio
de
la
abogacía
al
licenciado
Rodríguez
Gerena.
IV
Al
amparo
de
los
fundamentos
enunciados,
suspendemos inmediata e indefinidamente del ejercicio de
la abogacía al Lcdo. Genaro Rodríguez Gerena.
En consecuencia, se le impone al señor Rodríguez
Gerena el deber de notificar a todos sus clientes sobre
TS-5369
su
10
inhabilidad
para
continuar
devolverles
cualesquiera
trabajos
no
realizados.
informar
inmediatamente
sala
del
Tribunal
representándolos
honorarios
De
de
igual
su
General
recibidos
forma,
de
por
tendrá
suspensión
a
Justicia
y
que
cualquier
o
foro
administrativo en el que tenga algún caso pendiente.
Deberá
acreditar
cumplimiento
con
y
certificar
ante
este
lo
anterior,
dentro
del
Tribunal
el
término
de
treinta días contados a partir de la notificación de la
presente Opinión Per Curiam y Sentencia.
El Director de la ODIN mantendrá bajo su custodia
la obra y el sello notarial del señor Rodríguez Gerena,
y la examinará para rendir el correspondiente informe a
este Tribunal. Advertimos al señor Rodríguez Gerena que
el presente dictamen ético no le exime de atender las
deficiencias señaladas por la ODIN a su obra notarial,
por lo que se le ordena subsanarlas.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia al Sr. Genaro Rodríguez Gerena por la Oficina
del
Alguacil
certificado
de
este
Tribunal,
con
acuse
de
así
recibo
como
a
direcciones conocidas.
Se dictará sentencia de conformidad.
por
sus
correo
últimas
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Genaro Rodríguez Gerena
TS-5369
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2017.
Por las razones expuestas en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
de la presente Sentencia, se suspende inmediata e
indefinidamente del ejercicio de la abogacía al
Lcdo. Genaro Rodríguez Gerena.
En consecuencia, se le impone al señor
Rodríguez Gerena el deber de notificar a todos sus
clientes
sobre
su
inhabilidad
para
continuar
representándolos,
y
devolverles
cualesquiera
honorarios recibidos por trabajos no realizados. De
igual forma, tendrá que informar inmediatamente de
su suspensión a cualquier sala del Tribunal General
de Justicia o foro administrativo en el que tenga
algún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar
ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior,
dentro del término de treinta días contados a
partir de la notificación de la presente Opinión
Per Curiam y Sentencia.
El Director de la Oficina de Inspección de
Notarías (ODIN) mantendrá bajo su custodia la obra
y el sello notarial del señor Rodríguez Gerena, y
la examinará para rendir el correspondiente informe
TS-5369
2
a este Tribunal. Advertimos al
señor Rodríguez Gerena
que el presente dictamen ético no le exime de atender
las deficiencias señaladas por la ODIN a su obra
notarial, por lo que se le ordena subsanarlas.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia al Sr. Genaro Rodríguez Gerena por la Oficina
del Alguacil de este Tribunal, así como por correo
certificado
con
acuse
de
recibo
a
sus
últimas
direcciones conocidas.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta
Oronoz Rodríguez está inhibida.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo