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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Velázquez Ortiz v. Gobierno Municipal de Humacao

2017 TSPR 39

Poder Judicial de Puerto Rico

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Velázquez Ortiz v. Gobierno Municipal de Humacao

CC-2014-242

Derecho Laboral – Comienzo del término prescriptivo para presentar demanda de hostigamiento sexual por ambiente hostil al amparo de la Ley de Hostigamiento Sexual en el empleo. Reclamación de empleado transitorio al amparo de la Ley de Represalias

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Zoraida Velázquez Ortiz

Recurrida

Certiorari

v.

2017 TSPR 39

Gobierno Municipal de Humacao

197 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC-2014-242

Fecha: 17 de marzo de 2017

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Humacao

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Pedro Ortiz Alvarez

Lcdo. Jesús Rodríguez Urbano

Lcdo. Jorge Martínez Luciano

Abogados de la Parte Recurrido:

Lcdo. Carlos Mondríguez Torres

Lcda. Rosa Albizu-Campos

Materia: Derecho Laboral – Comienzo del término prescriptivo para

presentar demanda de hostigamiento sexual por ambiente hostil al

amparo de la Ley de Hostigamiento Sexual en el empleo. Reclamación

de empleado transitorio al amparo de la Ley de Represalias.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Zoraida Velázquez Ortiz

Recurrida

v.

CC-2014-0242

Certiorari

Gobierno Municipal de Humacao

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2017.

La controversia que hoy atendemos nos permite

determinar

a

partir

de

qué

momento

comienza

a

transcurrir el término prescriptivo para presentar

una

demanda

de

hostigamiento

sexual

por

ambiente

hostil al amparo de la Ley de Hostigamiento Sexual

en el Empleo, infra. Asimismo, nos permite contestar

si un empleado transitorio que presenta una queja

administrativa puede reclamar por represalias cuando

el patrono posteriormente no renueva su contrato de

trabajo.

Por las razones que exponemos a continuación,

resolvemos que en las reclamaciones de hostigamiento

sexual

por

ambiente hostil el término

prescriptivo

2

CC-2014-0242

comienza a correr a partir de la fecha en que ocurre el

último

acto

de

hostigamiento,

siempre

que

no

hayan

circunstancias de coacción o intimidación que impidan el

ejercicio

de

la

acción.

En

cuanto

a

la

segunda

controversia, concluimos que la Ley de Represalias, infra,

cobija

dentro

de

su

definición

de

“empleado”

a

los

empleados transitorios. Veamos.

I

En

abril

de

2008,

la

Sra.

Zoraida

Velázquez

Ortiz

(recurrida) empezó a trabajar como enfermera con contrato

transitorio en el Asilo Simonet, el cual está adscrito al

Municipio Autónomo de Humacao (Municipio). A partir del 21

de

abril

de

maternidad,

2009,

la

luego

recurrida

de

agotar

comenzó

a

su

ser

licencia

por

objeto

un

de

presunto patrón de hostigamiento sexual por parte de otra

enfermera, la Sra. María Hernández Paulino. Según alegó,

este patrón de hostigamiento consistió de comentarios y

conducta de índole sexual.

A pesar de haberle expresado que dicha conducta era

indeseada

Paulino

y

pedirle

continuó

que

cesara,

realizándola.

la

señora

Por

esta

Hernández

razón,

la

recurrida fue a hablar con su supervisora, la Sra. Antonia

Morales

Concepción,

pero

ésta

no

se

encontraba

en

el

momento. No obstante, le contó lo que estaba sucediendo a

la secretaria de la señora Morales Concepción, quien le

dijo que se lo informaría. La supervisora nunca contactó a

la recurrida. En vista de que los actos de hostigamiento

3

CC-2014-0242

continuaron, el 23 de junio de 2009 la recurrida acudió a

la oficina de la señora Morales Concepción, le indicó lo

que estaba pasando y le solicitó que reuniera a la señora

Hernández Paulino para resolver la situación.

La señora Morales Concepción le dijo que la reunión no

podría llevarse a cabo pues ella se iba de vacaciones.

Ante

la

insistencia

de

la

recurrida,

le

sugirió

que

hablara directamente con la señora Hernández Paulino. Así,

unas horas más tarde la recurrida increpó a la señora

Hernández Paulino, lo que desembocó en una confrontación

física entre ambas. Al día siguiente la recurrida presentó

una querella en la Policía y una queja en el Departamento

de Recursos Humanos del Municipio, luego de lo cual la

señora Hernández Paulino y la recurrida fueron separadas

en turnos distintos.

El

30

de

junio

de

2009

expiró

el

contrato

de

la

recurrida. El Municipio le renovó el contrato hasta el

15 de agosto de 2009 y, luego de eso, no lo volvió a

renovar.

En

consecuencia,

el

24

de

junio

de

2010

la

recurrida presentó una demanda por hostigamiento sexual y

represalias en contra de la señora Hernández Paulino, la

señora Morales Concepción1 y el Municipio. En cuanto a este

último,

alegó

que

sabía

de

los

actos

de

hostigamiento

sexual e incumplió su deber de proveer un ambiente de

trabajo seguro. Asimismo, sostuvo que la no renovación de

1

Tiempo después, la recurrida desistió de su reclamación en contra de

la señora Morales Concepción.

4

CC-2014-0242

su

contrato

fue

en

represalia

por

haber

presentado

la

Tribunal

de

queja de hostigamiento sexual.

Tras

varios

incidentes

procesales,

el

Primera Instancia dictó una sentencia sumaria parcial a

favor de la señora Hernández Paulino. Determinó que el

plazo

prescriptivo

de

una

reclamación

de

hostigamiento

sexual es un año, por lo que la acción contra la señora

Hernández Paulino estaba prescrita. Ello, pues según lo

admitió la propia recurrida, luego del incidente del 23 de

junio de 2009 no hubo ningún otro acto de hostigamiento ni

contacto

alguno

con

la

señora

Hernández

Paulino.

Habiéndose presentado la demanda el 24 de junio de 2010,

366 días desde la fecha en que cesó todo contacto entre

las partes, la reclamación estaba prescrita. Esta decisión

advino final y firme.

Por este mismo fundamento, el Municipio solicitó que

se dictara sentencia sumaria a su favor. Por otro lado, en

lo referente a la causa de acción por represalias alegó

que no había controversia en cuanto a que la recurrida era

una empleada transitoria sin derecho a permanencia en el

puesto, por lo cual la no renovación de su contrato no

constituyó un despido. Asimismo, adujo que después del

incidente del 23 de junio de 2009 le había extendido el

contrato a la recurrida hasta el 15 de agosto de 2009; que

la

última

evaluación

satisfactorio;

y

que

reflejó

otras

un

desempeño

enfermeras

transitorios también fueron cesanteadas.

con

menos

contratos

5

CC-2014-0242

La

recurrida

se

opuso

y

argumentó

que

el

término

prescriptivo de la reclamación de hostigamiento sexual no

podía

calcularse

de 2009.

tener

Ello,

más

desde

pues

contacto

el

altercado

aunque

con

desde

la

del

23

de

entonces

no

volvió

señora

Hernández

junio

a

Paulino,

continuó el ambiente hostil debido a que el Municipio no

llevó

a

cabo

acciones

afirmativas

para

evitar

el

hostigamiento. De otra parte, en cuanto a la causa de

acción por represalias, presentó prueba documental para

controvertir las alegaciones del Municipio. A

pesar de

ello, el Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar

la moción de sentencia sumaria y desestimó la demanda en

su totalidad.

En

desacuerdo,

la

recurrida

acudió

al

Tribunal

de

Apelaciones. Dicho foro revocó la sentencia al concluir

que el foro primario erró al disponer sumariamente del

caso, ya que varios de los hechos materiales estaban en

controversia.

En

específico,

concluyó

que

el

ambiente

hostil pudo haber continuado después de que terminaron los

actos de hostigamiento. En cuanto a la no renovación del

contrato, resolvió que la prueba documental sometida por

el

Municipio

era

insuficiente

para

despejar

las

dudas

sobre posibles represalias. Por lo tanto, procedía que el

Tribunal de Primera Instancia le diera curso al trámite

ordinario para aclarar estos asuntos.

Inconforme, el Municipio recurrió ante este Tribunal

y, en síntesis, alegó que el tribunal intermedio erró al

6

CC-2014-0242

determinar que la causa de acción de hostigamiento sexual

no estaba prescrita, así como al resolver que la recurrida

había planteado una reclamación viable por represalias.

Tras

evaluar

las

controversias,

decidimos

expedir

el

recurso. Con el beneficio de los alegatos de ambas partes,

procedemos a resolver.

II

A. La sentencia sumaria

La

sentencia

sumaria

es

un

mecanismo

procesal

para

disponer de ciertos casos sin necesidad de llegar a la

etapa

de

200, 213

juicio.

(2010).

sustancial

y

Ramos

Pérez

Ello,

real

pues

sobre

al

hechos

v.

Univisión,

no

haber

178

DPR

controversia

materiales,

sólo

falta

aplicar el derecho pertinente a la controversia. Cuando se

habla de hechos materiales nos referimos a aquellos que

pueden

determinar

el

resultado

el

derecho

conformidad

con

R. Hernández

Colón,

Derecho

de

la

reclamación,

sustantivo

procesal

civil,

de

aplicable.

5ta

ed.,

LexisNexis de Puerto Rico, 2010, pág. 276. Así pues, el

propósito de la sentencia sumaria es facilitar la pronta,

justa y económica solución de los casos que no presenten

controversias genuinas de hechos materiales. Luan Invest

Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000).

La parte que solicita que se dicte sentencia sumaria

tiene que establecer su derecho con claridad y demostrar

que los hechos materiales se encuentran incontrovertidos.

De otro lado, la parte que se opone tiene que contestar de

7

CC-2014-0242

forma específica y detallada para poner al juzgador en

posición de concluir que persisten dudas acerca de los

hechos esenciales de la causa de acción. Ramos Pérez v.

Univisión, supra, págs. 213, 215.

Al tomar una determinación el tribunal debe analizar

la

prueba

documental

que

acompaña

la

solicitud

de

sentencia sumaria, así como los documentos incluidos en la

moción en oposición y aquellos que se encuentran en el

expediente.

526, 550

Cruz

Marcano

(2007).

Por

aconsejable

cuando

utilizar

existe

subjetivos,

de

negligencia,

o

el

v.

Sánchez

Tarazona,

eso,

hemos

dicho

mecanismo

de

que

sentencia

172

DPR

no

es

sumaria

controversia

respecto

a

intención,

propósitos

mentales

o

credibilidad

sea

cuando

el

factor

de

elementos

esencial y esté en disputa. No obstante, aún en tales

casos hemos validado su uso cuando de la prueba documental

surge claramente que no hay controversia sobre los hechos

materiales. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219.

B. La causa de acción por hostigamiento sexual

Con la aprobación de la Ley Núm. 17 de 22 de abril

de 1988 (Ley Núm. 17-1988),2 29 LPRA sec. 155 et seq., se

estableció como política pública la erradicación de todo

vestigio de conducta constitutiva de hostigamiento sexual

en el lugar de trabajo.3 S.L.G. Afanador v. Roger Electric

2

3

Conocida como Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo.

El Art. 1 de la Ley Núm. 17-1988 dispone:

Esta Asamblea Legislativa resuelve y declara como política

pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que el

hostigamiento sexual en el empleo es una forma de

8

CC-2014-0242

Co., Inc., 156 DPR 651, 661 (2002). Esta Ley le impuso al

patrono privado y público el deber de mantener el centro

de trabajo libre de hostigamiento sexual e intimidación.

29

LPRA

sec.

155h.

Para

lograr

su

cometido,

la

Ley

Núm. 17-1988 creó una causa de acción a favor del empleado

víctima de hostigamiento sexual, de forma que:

[u]n patrono será responsable por los actos de

hostigamiento sexual entre empleados en el lugar

de trabajo si el patrono o sus agentes o sus

supervisores sabían o debían estar enterados de

dicha conducta, a menos que el patrono pruebe que

tomó una acción inmediata y apropiada para

corregir la situación. 29 LPRA sec. 155e.

Así, hemos reconocido dos modalidades de hostigamiento

sexual: el hostigamiento quid pro quo y el hostigamiento

sexual por ambiente hostil.

Rodríguez Meléndez v. Sup.

Amigo, Inc., 126 DPR 117 (1990). Sobre este último, que es

el pertinente a la controversia de autos, hemos dicho que:

envuelve conducta de naturaleza sexual por parte

del

hostigador

la

cual

interfiere

irrazonablemente con el desempeño del empleado en

su trabajo o es lo suficientemente severa y

ofensiva como para crearle al empleado que es

víctima de la misma, un ambiente de trabajo que

resulte intimidante, hostil u ofensivo. S.L.G.

Afanador v. Roger Electric Co., Inc., supra,

pág. 662.

Al considerar la modalidad de hostigamiento sexual por

ambiente hostil debemos tener presente que ésta se compone

de actos de naturaleza sexual que suceden dentro de un

discrimen por razón de sexo y como tal constituye una

práctica ilegal e indeseable que atenta contra el

principio constitucional establecido de que la dignidad

del ser humano es inviolable. Es la intención de esta

Asamblea Legislativa prohibir el hostigamiento sexual en

el empleo, imponer responsabilidades y fijar penalidades.

29 LPRA sec. 155.

9

CC-2014-0242

periodo

de

tiempo

aprehensivo

para

y

crean

la

un

víctima.

ambiente

In

re

intimidante

Robles

y

Sanabria,

151 DPR 483, 500 (2000). Esta modalidad se caracteriza por

la multiplicidad de los actos de índole sexual, los cuales

en conjunto crean el ambiente abusivo y hostil, pues cada

acto aislado podría no ser lo suficientemente severo como

para

dar

lugar

Sanabria,

a

una

causa

de

supra,

pág.

500;

acción.

In

Rodríguez

re

Robles

Meléndez

v.

por

Sup. Amigo, Inc., 126 DPR 117, 132 (1990).

De

otra

hostigamiento

establece

parte,

en

cuanto

a

la

reclamación

sexual,

el

Art.

14,

29

LPRA

el

presentarla.

término

Este

sec.

155m,

un

año

para

dispone

que:

“[e]l

prescriptivo

Artículo

también

de

término prescriptivo en acciones por hostigamiento sexual

en el empleo debe comenzar a decursar [sic] cuando se

terminan

las

circunstancias

que

podrían

entorpecer

el

ejercicio de la acción”. Íd.

Anteriormente, al tratar de precisar el momento en que

comienza a transcurrir dicho término, algunos jueces de

este

Tribunal

compararon

los

daños

causados

por

el

hostigamiento sexual en la modalidad de ambiente hostil

con

los

Biascochea

llamados

daños

continuados.

v.

Banco

Popular,

219 (2007)(Sentencia)(Op.

de

Véase,

170

conformidad;

Umpierre

DPR

205,

Rodríguez

Rodríguez, J.). Los daños continuados son:

[aquellos] producidos por uno o más actos

culposos o negligentes imputables al actor,

coetáneos o no, que resultan en consecuencias

10

CC-2014-0242

lesivas ininterrumpidas, sostenidas, duraderas,

sin interrupción, unidas entre sí, las cuales al

ser conocidas hace también que se conozca –por

ser

previsibleel

carácter

continuado

e

ininterrumpido de sus efectos, convirtiéndose en

ese momento en un daño cierto compuesto por

elementos de daño actual (aquel que ya ha

acaecido), y de daño futuro previsible y por

tanto cierto. H.M. Brau del Toro, Los daños y

perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da

ed., San Juan, Pubs. JTS, 1986, Vol. II, Cap. X,

pág. 648. Véase Rivera Ruiz, et al. v. Mun. de

Ponce, 2016 TSPR 197, 7, 196 DPR ____ (2016).

Como

rasgos

se

ve,

los

distintivos:

daños

1)

negligentes

imputables

ocasionan

daños

que

3) y

en

que

progresivo

se

conjunto

de

carácter

continuados

uno

o

varios

al

mismo

conforman

actos

actor;

manifiestan

un

unitario.

presentan

2)

tres

culposos

los

o

cuales

ininterrumpidamente;

proceso

J.L.

perjudicial

Lacruz

Berdejo,

Elementos de Derecho Civil II: Derecho de obligaciones,

3ra ed., Barcelona, Ed. José María Bosch, 1995, Vol. 2,

pág. 518.

En

vista

continuados

incluye

de

estas

configuran

todas

las

una

características,

sola

causa

consecuencias

lesivas

de

los

daños

acción

que

ininterrumpidas

ocasionadas por los actos culposos o negligentes. Rivera

Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149, 167 (2007).

Así, la doctrina sostiene que no es hasta la producción

del resultado definitivo o cuando se verifica el fin de la

conducta

ilícita

prescriptivo

4

que

para

comienza

a

correr

reclamar

por

el

estos

término

daños.4

“El TS [Tribunal Supremo español] ha dicho que es consolidada

doctrina jurisprudencial la que refiere el comienzo del cómputo de la

prescripción en este tipo de casos cuando se trata de daños

11

CC-2014-0242

Véase, I. Sierra Gil de la Cuesta, Comentario del Código

Civil,

Barcelona,

Ed.

Bosch,

2000,

T.

9,

pág.

554;

F. Reglero Campos en M. Albaladejo, Comentarios al Código

Civil

y

compilaciones

forales,

Madrid,

Ed.

Rev.

Der.

Privado, 1994, T. XXV, Vol. 2, pág. 458; Lacruz Berdejo,

supra, pág. 518.

En ese contexto, recientemente en

Rivera Ruiz, et al.

v. Mun. de Ponce, 2016 TSPR 197, 196 DPR ____ (2016),

aclaramos la confusión doctrinal que existía en nuestro

ordenamiento legal con respecto al comienzo del término

prescriptivo

efectos,

en

un

caso

resolvimos

transcurrir

“cuando

de

que

se

daños

continuados.5

dicho

término

verifiquen

los

A

esos

empieza

últimos

actos

a

u

omisiones o se produzca el resultado definitivo, lo que

sea posterior”. Íd., pág. 19.

Examinado lo anterior, concluimos que el hostigamiento

sexual por ambiente hostil constituye una modalidad de

daños continuados. Recordemos que el ambiente hostil se

continuados... a aquel en que se produce el resultado definitivo”. L.

Díez-Picazo y Ponce de León, La prescripción extintiva en el Código

Civil y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Madrid, Ed.

Thompson-Civitas, 2003, pág. 253. Véase también J. Puig Brutau,

Caducidad, prescripción extintiva y usucapión, 3ra ed., Barcelona, Ed.

Bosch, 1996, pág. 79.

5

Véanse

Umpierre

Biascochea

v.

Banco

Popular,

170

DPR

205 (2007)(Sentencia); Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR

149 (2007); Nazario v. ELA, 159 DPR 799 (2003)(Sentencia); Santiago v.

Ríos Alonso, 156 DPR 181 (2002); Sánchez, et al. v. AEE, 142 DPR

880 (1997)(Sentencia); Galib Frangie v. El Vocero de Puerto Rico,

138 DPR 560 (1995); Seda v. Miranda Hnos. & Co., 88 DPR 355 (1963);

Arcelay v. Sánchez, 77 DPR 824 (1955); Capella v. Carreras, 57 DPR

258 (1940). Véanse además, J.J. Álvarez González, Análisis del Término

2006–2007- Responsabilidad civil extracontractual, 77 Rev. Jur.

UPR 603, 617-619 (2008); J.J. Álvarez González, Análisis del Término

2001–02- Responsabilidad civil extracontractual, 72 Rev. Jur. UPR 615,

638-642 (2003).

12

CC-2014-0242

compone

de

varios

actos

aislados

de

índole

sexual,

relacionados entre sí por una causa común, que en conjunto

configuran un patrón de hostigamiento y producen los daños

ininterrumpidos que dan lugar a la causa de acción una vez

se verifica el último de los actos.

Así, por ejemplo, el profesor Irizarry Yunqué ha dicho

que:

[e]n cuanto a la distinción entre daños continuos

o continuados y daños sucesivos, a mi juicio,

cuando se crea un ambiente hostil en el empleo

mediante hostigamiento sexual que constituye, a

su vez, un patrón de conducta continua, se crea

en el empleado o empleada la aprensión de que en

cualquier momento puede ser objeto de esa

conducta ofensiva. Ello crea, a su vez, un daño

continuo.

No

me

parece

que

cada

acto

de

hostigamiento deba considerarse como un acto

aislado y que, por tanto, surja una causa de

acción separada con cada acto de hostigamiento.

El ambiente hostil se crea mediante la repetición

de los actos de hostigamiento. C.J. Irizarry

Yunqué, Responsabilidad civil extracontractual,

7ma ed., 2009, pág. 505.

De

forma

similar,

en

el

contexto

de

una

causa

de

acción sobre daños y perjuicios por actos de violencia

doméstica este Tribunal determinó que:

los actos de maltrato físico, emocional y

sicológico

componen un cuadro de daños que,

unidos, van encadenándose para producir el efecto

neto del maltrato y así, en dicha circunstancia,

el último daño acaecido forma parte de ese ciclo

de maltrato y genera la causa de acción por éste

y

por

los

actos

de

maltrato

anteriores

componentes del referido patrón de violencia. En

dichos casos, para determinar que la reclamación

no está prescrita, el acto generador de la causa

de acción tiene que haber ocurrido dentro del año

que precedió la radicación de la demanda.

Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181, 192 (2002).

13

CC-2014-0242

Tomando

en

cuenta

lo

anterior,

resolvemos

que

el

término prescriptivo de una acción de hostigamiento sexual

por

ambiente

hostil

comienza

a

transcurrir

luego

del

último acto de hostigamiento; es decir, cuando cesa la

conducta ilícita que creó el ambiente hostil y originó la

reclamación.6

Esto

circunstancias

es

así

siempre

constitutivas

de

y

cuando

coacción

o

no

existan

intimidación

que interfieran con el ejercicio de la causa de acción. En

tales casos, el término no empieza a correr hasta que

cesan dichas circunstancias y se tiene la oportunidad de

ejercer la acción. 29 LPRA sec. 155m.

Además de ser congruente con el referido Artículo de

la Ley Núm. 17-1988, con nuestra jurisprudencia y con la

doctrina sobre daños continuados, fijar el comienzo del

término

prescriptivo

a

partir

del

último

acto

de

hostigamiento permite establecer un punto preciso para el

inicio de dicho término, lo que evita que el hostigador

pueda

plantear

a

su

favor

la

defensa

de

prescripción

mientras perdura su conducta antijurídica.7 Asimismo, se

promueve la certeza al momento de determinar el comienzo

del plazo prescriptivo y la estabilidad en las relaciones

jurídicas.

6

Por supuesto, la víctima tendrá derecho a reclamar una indemnización

no sólo por los daños que sufrió mientras perduró el hostigamiento

sexual, sino también por los que haya sufrido después del último acto

como consecuencia del hostigamiento.

7

Por eso, por ejemplo, si la víctima no demanda dentro del año pero

posteriormente ocurre un nuevo acto que forma parte del mismo patrón

de hostigamiento, ésta puede demandar dentro del año a partir de ese

nuevo acto y reclamar una indemnización que incluya los daños causados

por los actos anteriores de hostigamiento.

14

CC-2014-0242

C. La causa de acción por represalias

La

Ley

Núm.

115

de

20

de

diciembre

de

1991

(Ley

Núm. 115-1991),8 29 LPRA sec. 194 et seq., se aprobó con el

propósito de proteger a los trabajadores contra posibles

represalias por parte de los patronos, motivadas por el

ofrecimiento

de

testimonio

o

información

ante

ciertos

foros. Cordero Jiménez v. UPR, 188 DPR 129, 136 (2013). En

específico, su Art. 2(a), según enmendado, dispuso que:

Ningún patrono podrá despedir, amenazar, o

discriminar contra un empleado con relación a los

términos, condiciones, compensación, ubicación,

beneficios o privilegios del empleo porque el

empleado ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o

por escrito, cualquier testimonio, expresión o

información

ante

un

foro

legislativo,

administrativo o judicial en Puerto Rico, así

como el testimonio, expresión o información que

ofrezca o intente ofrecer, en los procedimientos

internos establecidos de la empresa, o ante

cualquier

empleado

o

representante

en

una

posición de autoridad, cuando dichas expresiones

no sean de carácter difamatorio ni constituyan

divulgación

de

información

privilegiada

establecida por ley. 29 LPRA sec. 194a.

Para compeler a su cumplimiento, la Ley Núm. 115-1991

creó una causa de acción a favor de los empleados.9 Al

considerar

cuáles

empleados

están

cobijados,

debemos

primero atender a la definición que la propia Ley provee.

El Art. 1 define “empleado” como “cualquier persona que

preste servicios a cambio de salarios, o cualquier tipo de

remuneración, mediante contrato oral, escrito, implícito o

explícito”. 29 LPRA sec. 194.

8

También conocida como Ley Contra el Despido Injusto o Represalias a

todo Empleado por Ofrecer Testimonio ante un Foro Legislativo,

Administrativo o Judicial.

9

Ésta tiene un término prescriptivo de tres años a partir de la

acción adversa constitutiva de represalia.

15

CC-2014-0242

Tratándose de una definición amplia, que pudiera dar

lugar

a

interpretaciones

disímiles,

conviene

legislativo

escudriñar

la

historial

y

acudir

intención

al

del

legislador.10 Al hacerlo, encontramos que el Informe de las

Comisiones

Veterano

y

de

lo

Jurídico

Recursos

y

de

Humanos

del

Trabajo

Senado,

y

a

Asuntos

del

cargo

del

estudio de la medida, aclaró categóricamente que la Ley

protege a toda clase de empleado, con independencia de su

clasificación. Cordero Jiménez v. UPR, supra, pág. 143;

Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, supra, pág. 164. El

Informe expresa que:

El Proyecto va dirigido a proteger a

cualquier empleado sin distinción de puesto o

empresa de manera que el mismo será de aplicación

contra todo tipo de patrono. La medida logra este

propósito

ampliando

las

definiciones

de

“empleado”, “patrono” y “persona”. El Proyecto

propuesto defiende intereses de política pública

importantes como la protección de los derechos de

los trabajadores y la facultad investigativa de

la Rama Legislativa. Informe de las Comisiones de

lo Jurídico y de Trabajo y Asuntos del Veterano y

Recursos Humanos con relación al P. del S. 987 de

20 de febrero de 1991. (énfasis suplido)

Asimismo, el Secretario del Departamento del Trabajo y

Recursos

Humanos,

en

un

memorando

presentado

ante

la

Comisión de lo Jurídico, indicó que:

Bajo el esquema remedial del P. del S. 987

se ofrecerá una protección mucho más amplia que

bajo la Ley Núm. 80. Nótese que, entre otras

cosas, el proyecto protegerá a todo tipo de

empleado (y no sólo a aquellos contratados sin

tiempo determinado); brindará protección contra

actos

de

despido,

amenaza

o

discrimen;

y

10

Ello, pues “[e]l medio más eficaz y universal para descubrir el

verdadero sentido de una ley cuando sus expresiones son dudosas, es

considerar la razón y espíritu de ella, o la causa o motivos que

indujeron al legislador a dictarla”. 31 LPRA sec. 19.

16

CC-2014-0242

protegerá al empleado aunque la información que

ofrezca o intente ofrecer no esté relacionada con

el negocio del patrono. Memorando de la Oficina

del Secretario del Departamento del Trabajo y

Recursos Humanos con relación al P. del S. 987 de

20 de febrero de 1991 (énfasis suplido).

De

otra

parte,

en

cuanto

al

esquema

probatorio

la

propia Ley Núm. 115-1991, en su Art. 2(c), dispuso las dos

vías que tienen los empleados para establecer una causa de

acción por represalias. En la primera, el empleado debe

valerse de evidencia directa o circunstancial para probar

una violación de la Ley. En la segunda, el empleado puede

establecer un caso prima facie de represalias demostrando

que

participó

en

subsiguientemente

una

actividad

despedido,

protegida

amenazado

o

y

que

fue

discriminado.

29 LPRA sec. 194a(c).11 Rivera Menéndez v. Action Service,

185 DPR 431, 445 (2012); Feliciano Martes v. Sheraton,

182 DPR 368, 393 (2011).

Con

respecto

al

primer

requisito,

este

Tribunal

ha

dicho que cuando un empleado municipal ofrece testimonio o

información ante un foro administrativo municipal, éste

participa de una actividad protegida. Rivera Prudencio v.

Mun.

de

San

Juan,

supra,

pág.

164.

Por

su

parte,

el

segundo requisito requiere que se demuestre que el patrono

tomó una acción adversa y que existe un nexo causal entre

11

El resto del Art. 2(c), el cual completa el esquema probatorio, dice

que: “[u]na vez establecido lo anterior, el patrono deberá alegar y

fundamentar una razón legítima y no discriminatoria para el despido.

De alegar y fundamentar el patrono dicha razón, el empleado deberá

demostrar que la razón alegada por el patrono era un mero pretexto

para el despido”. 29 LPRA sec. 194a(c).

17

CC-2014-0242

dicha acción y el ejercicio de la actividad protegida.

Marín v. Fastening Systems, Inc., 142 DPR 499, 511 (1997).

Esta

relación

de

causalidad

puede

establecerse

mediante un criterio de proximidad temporal. Esto es, se

puede

configurar

estableciendo

que

un

caso

prima

la

acción

facie

adversa

de

represalias

ocurrió

al

tiempo” del empleado haber participado en la

protegida.

Rivera

pág. 446.

No

Menéndez

obstante,

en

v.

Action

aquellos

actividad

Service,

casos

“poco

en

supra,

que

la

proximidad temporal no sea el factor más adecuado para

establecer una relación de causalidad, el empleado puede

recurrir

a

cualquier

otra

evidencia

que

obre

en

el

expediente y que tienda a demostrar la existencia de un

nexo

causal.

Feliciano

Martes

v.

Sheraton,

supra,

pág. 400.

III

En este caso las partes no disputan que el último acto

de hostigamiento sexual ocurrió antes del 23 de junio de

2009.

Asimismo,

es

un

hecho

incontrovertido

que

la

recurrida presentó su demanda el 24 de junio de 2010, es

decir, 366 días

después de la

contacto

la

entre

señora

fecha en que

Hernández

cesó todo

Paulino

y

la

recurrida.12 No obstante, ésta alega que su reclamación por

12

Aunque del expediente no aparenta que el 23 de junio de 2009 haya

sucedido un acto de naturaleza sexual propiamente –sino una

confrontación física-, el Tribunal de Primera Instancia computó el

comienzo del plazo prescriptivo a partir de esa fecha y ello no fue

objeto de señalamiento u objeción por las partes. Sin embargo, lo

anterior no hace diferencia alguna en cuanto al resultado, pues de

haber ocurrido el último acto de hostigamiento sexual en una fecha

anterior, de todos modos la causa de acción está prescrita.

18

CC-2014-0242

hostigamiento sexual no está prescrita pues el Municipio

no llevó a cabo acto afirmativo alguno para evitar el

hostigamiento.

Por

lo

tanto,

sostiene

que

al

estar

aprensiva a que se repitieran otros actos de hostigamiento

el

término

prescriptivo

para

instar

la

reclamación

al

amparo de la Ley Núm. 17-1988 no empezó a transcurrir sino

hasta

el

15

de

agosto

de

2009,

cuando

su

contrato

transitorio no fue renovado.

Sin

embargo,

este

argumento

es

contrario

a

lo

que

establece la propia Ley Núm. 17-1988. En su Art. 3, ésta

claramente

establece

que

el

hostigamiento

sexual

por

ambiente hostil consiste de “cualquier... conducta verbal

o

física

tiene

el

de

naturaleza

efecto

o

sexual...[c]uando

propósito

de

esa

interferir

conducta

de

manera

irrazonable con el desempeño del trabajo de esa persona o

cuando crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u

ofensivo”. 29 LPRA sec. 155b. (énfasis suplido). Es decir,

siendo este patrón de conducta lo que crea el ambiente

hostil y genera la causa de acción, es el último acto

hostigante lo que hace comenzar el término prescriptivo

para instar la reclamación. La inacción del patrono para

corregir la situación se tomará en cuenta a la hora de

establecer

su

responsabilidad

y

los

daños

por

los

que

deberá responder. Sin embargo, ello no suspende el inicio

del término prescriptivo, siempre y cuando la víctima no

esté sujeta a circunstancias de coacción o intimidación

que interfieran con el libre ejercicio de la acción.

19

CC-2014-0242

En este caso la recurrida no adujo en ningún momento

la existencia de este tipo de circunstancias y tampoco

surgen

de

la

extensa

evidencia

documental

que

obra

en

autos. Por el contrario, consta en la prueba documental

que después del

incidente del

23 de junio de

2009 la

recurrida y la señora Hernández Paulino fueron separadas

en turnos de trabajo distintos y no hubo más contacto o

comunicación entre éstas. Por eso, habiendo ocurrido el

último acto de hostigamiento sexual antes del 23 de junio

de

2009,

la

causa

de

acción

de

la

recurrida

está

prescrita.

Por su parte, el Municipio alega que la recurrida no

tiene una reclamación viable de represalias pues, al ser

una

empleada

transitoria,

no

fue

despedida.

Asimismo,

arguye que como ésta no tenía expectativa de permanencia

en el empleo, la no renovación del contrato no constituyó

una

acción

adversa.

La

consecuencia

de

este

argumento

sería que los empleados transitorios, por la naturaleza de

su puesto, no tendrían derecho a reclamar represalias bajo

la Ley Núm. 115-1991. Sin embargo, luego de examinar el

historial

legislativo

de

la

Ley

Núm.

115-1991

y

la

política pública que la inspiró, no albergamos duda de que

la contención del Municipio es errada.

Como vimos, la Ley Núm. 115-1991 define “empleado” en

términos

amplios

servicios

a

como

cambio

de

cualquier

salarios

persona

o

que

cualquier

presta

tipo

de

remuneración, mediante contrato escrito o verbal. 29 LPRA

20

CC-2014-0242

sec. 194. Asimismo, el historial legislativo es claro al

establecer que la Ley va dirigida a proteger a “cualquier

empleado sin distinción de puesto”,13 y a “todo tipo de

empleado

(y

no

sólo

determinado)”.14

a

Ello,

aquellos

contratados

pues

intereses

los

sin

de

tiempo

política

pública que busca adelantar son de la más alta jerarquía:

la protección de los derechos de los trabajadores.15 La

intención

del

legislador

fue

que

la

Ley

Núm.

115-1991

cobijara a los empleados transitorios de forma que éstos

puedan participar en actividades protegidas sin temor a

que su contrato no sea renovado.16

Resuelto lo anterior, queda claro que la no renovación

de un contrato transitorio podría ser una acción adversa

que

active

demandante

un

caso

logra

prima

facie

de

represalias

si

el

establecer

un

nexo

causal

entre

su

participación en una actividad protegida y la subsiguiente

acción adversa. En cuanto a esto, el Tribunal de Primera

Instancia a pesar de haber determinado que la recurrida no

fue

despedida

–y

que

por

lo

tanto

no

estableció

el

elemento de haber sufrido una acción adversa- concluyó que

13

Informe de las Comisiones de lo Jurídico y de Trabajo y Asuntos del

Veterano y Recursos Humanos con relación al P. del S. 987 de 20 de

febrero de 1991.

14

Memorando de la Oficina del Secretario del Departamento del Trabajo

y Recursos Humanos con relación al P. del S. 987 de 20 de febrero

de 1991.

15

Además, conviene aquí recordar que, como hemos establecido, las

leyes laborales “deben ser interpretadas liberalmente, resolviendo

toda duda a favor del obrero, para así cumplir con sus propósitos

eminentemente sociales y reparadores”. Cordero Jiménez v. UPR, supra,

pág. 139; Jiménez Hernández v. General Inst., Inc., 170 DPR

14, 64 (2007).

16

Conviene aclarar que lo resuelto en esta Opinión en torno a la

aplicación de la Ley Núm. 115-1991 es solo con respecto a los

empleados transitorios por ser ésta la categoría de empleados que

tenemos ante nuestra consideración.

21

CC-2014-0242

de todos modos no existía un nexo causal. Al resolver así,

declaró incontrovertidos varios hechos.

En particular, el foro primario determinó que luego

del

incidente

recurrida

del

23

presentara

de

la

junio

de

2009

y

de

queja,

el

Municipio

que

la

renovó

su

contrato hasta el 15 de agosto de 2009, lo cual evidencia

la falta de proximidad temporal entre ambos sucesos. De

igual forma, declaró como un hecho incontrovertido que a

otras enfermeras contratadas al mismo tiempo tampoco se

les renovó el contrato, de lo que dedujo la ausencia de

ánimo

discriminatorio.

En

consecuencia,

dictó

sentencia

sumaria y desestimó la demanda.

Sin embargo, el hecho de que a la recurrida se le

renovara el contrato luego de haber presentado la queja no

basta, sin ulterior consideración, para concluir que no

existe un nexo causal. Debe tomarse en cuenta que esa

renovación

fue

por

un

mes

y

medio,

mientras

que

las

anteriores habían sido por periodos de seis meses. También

es pertinente considerar que entre la fecha en que la

recurrida se quejó en el Departamento de Recursos Humanos

y la fecha en que fue cesanteada, transcurrió poco menos

de dos meses. Estas consideraciones no son concluyentes en

cuanto

a

determinar

si

hay

o

no

un

nexo

causal.

Sin

embargo, tampoco debieron descartarse sin más como hizo el

Tribunal de Primera Instancia.

Asimismo, la recurrida pudo establecer que varios de

los hechos en los cuales se basó el foro primario para

22

CC-2014-0242

dictar sentencia sumaria están en controversia. Así, por

ejemplo, en su oposición a la moción de sentencia sumaria

presentó prueba documental de la cual surge que, contrario

a

lo

aducido

por

el

Municipio,

a

la

mayoría

de

las

enfermeras contratadas contemporáneamente con ella se les

extendió el contrato con posterioridad al 15 de agosto de

2009. Por su parte, el Municipio alegó que en la última

evaluación que se le realizó a la recurrida ésta obtuvo

una

peor

calificación

en

comparación

con

evaluaciones

previas, lo cual justificaba que no se le renovara el

contrato. Sin embargo, de esta misma evaluación surge que

ante

la

pregunta

de

si

emplearía

nuevamente

a

la

recurrida, el evaluador contestó que sí.

Por estas razones, el Tribunal de Primera Instancia

erró

al

dictar

sentencia

sumaria

y

desestimar

la

reclamación por represalias. Ante hechos en controversia

que

pudieran

causal,

el

ser

foro

relevantes

primario

para

debió

establecer

dar

curso

al

un

nexo

trámite

ordinario y permitir que se presentara la prueba que fuera

pertinente, de conformidad con el esquema probatorio de la

Ley

Núm.

115-1991.

En

vista

de

que

ello

no

sucedió,

procede devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia

para que se dilucide lo relacionado a la causa de acción

por represalias.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se revoca aquella

parte

de

la

sentencia

del

Tribunal

de

Apelaciones

que

23

CC-2014-0242

resolvió que la reclamación de hostigamiento sexual por

ambiente hostil al amparo de la Ley Núm. 17-1988 no está

prescrita.

En

lo

referente

a

la

causa

de

acción

por

represalias al amparo de la Ley Núm. 115-1991, se confirma

la sentencia recurrida y se envía el caso al Tribunal de

Primera Instancia para que sigan los procedimientos.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Zoraida Velázquez Ortiz

Recurrida

v.

CC-2014-0242

Certiorari

Gobierno Municipal de Humacao

Peticionario

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2017.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente Sentencia, se revoca aquella parte de la

Sentencia del Tribunal de Apelaciones que resolvió que la

reclamación de hostigamiento sexual por ambiente hostil al

amparo de la Ley Núm. 17-1988 no está prescrita. En lo

referente a la causa de acción por represalias al amparo

de la Ley Núm. 115-1991, se confirma la sentencia

recurrida y se envía el caso al Tribunal de Primera

Instancia para que sigan los procedimientos.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco

hace constar la siguiente expresión a la cual se une el

Juez Asociado señor Estrella Martínez:

“La Jueza Asociada señora Pabón Charneco considera que

la Mayoría de este Tribunal diluye el propósito de la

Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, 29 LPRA sec. 155 et

seq., así como su jurisprudencia interpretativa, al

limitar la existencia de “un ambiente intimidante,

hostil u ofensivo” a un último acto de naturaleza

sexual para propósitos de prescripción. Esto pues, no

toma

en

consideración

las

circunstancias

que

CC-2014-0242

2

pueden permear en el ambiente de trabajo para un

empleado tras ese último contacto verbal o físico

con el hostigador, especialmente cuando la acción

tomada por el patrono para corregir la situación de

hostigamiento sexual entre empleados en el lugar de

trabajo no necesariamente ha sido inmediata y

apropiada

como

exige

la

legislación.

29 LPRA sec. 155e”.

El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió Opinión

de conformidad y disidente en parte a la cual se une la

Jueza Asociada señora Pabón Charneco.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Zoraida Velázquez Ortiz

Recurrida

v.

CC-2014-242

Certiorari

Gobierno Municipal de Humacao

Peticionario

Opinión de conformidad y disidente en parte emitida por el Juez

Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ a la cual se une la Jueza Asociada

SEÑORA PABÓN CHARNECO

San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2017.

Por considerar que hoy este Tribunal diluye

el propósito de la Ley de Hostigamiento Sexual

en el Empleo, infra, al limitar la existencia de

“un ambiente hostil u ofensivo” a un último acto

de naturaleza sexual para fines de prescripción,

respetuosamente disiento.

De

otra

parte,

estoy

conforme

con

la

determinación de la Mayoría de este Tribunal a

los efectos de que un empleado transitorio está

protegido

por

la

Ley

Núm.

115-1991,

conocida

como Ley Contra el Despido Injusto o Represalias

a todo Empleado por Ofrecer Testimonio ante un

Foro Legislativo, Administrativo o Judicial, 29

LPRA

sec.

194

et

seq.

Ahora

bien,

según

2

CC-2014-0242

adelantado,

ambiente

considero

hostil

de

que

el

trabajo

hostigamiento

es

una

sexual

modalidad

de

por

daños

continuados, por éstos constituir varios actos aislados de

índole sexual, los cuales en conjunto crean un ambiente

abusivo y hostil. Por tanto, el término prescriptivo de un

año

para

instar

una

demanda

por

hostigamiento

sexual

comienza a decursar cuando se terminan las circunstancias

que podrían entorpecer la ejecución de la acción, siempre

y cuando no existan situaciones de coacción o intimidación

que puedan impedir el ejercicio de tal causa de acción. En

cuyo caso, el término prescriptivo comienza a transcurrir

cuando cesan estas condiciones y se tiene la oportunidad

de ejercer la acción. Véase, 29 LPRA sec. 155m.

Precisamente, por esas realidades, opino que en el

caso ante nuestra consideración, la causa de acción por

hostigamiento sexual en la modalidad de ambiente hostil,

no está prescrita.

I

Las

incidencias

en

el

caso

están

correctamente

consignadas en la Opinión Mayoritaria de este Tribunal. En

consecuencia,

me

limito

a

resaltar

algunos

sucesos

se

originan

cuando

la

relevantes.

Los

hechos

ante

nos

Sra.

Zoraida Velázquez Ortiz (señora Velázquez Ortiz) regresó a

laborar,

luego

de

una

licencia

de

maternidad,

como

enfermera por contrato transitorio en el Asilo Simonet del

Municipio Autónomo de Humacao (Municipio). Ésta sostiene

3

CC-2014-0242

que fue objeto de un patrón de hostigamiento sexual por

parte de una compañera de trabajo, la Sra. María Hernández

Paulino (señora Hernández Paulino). Alega que le requirió

a

la

señora

Hernández

Paulino

que

cesara

la

conducta

hostigadora y al no tener éxito acudió a su supervisora.

Sin

embargo,

ésta

nunca

contactó

a

las

empleadas.

Finalmente, el 23 de junio de 2009, la señora Velázquez

Ortiz y la señora Hernández Paulino tuvieron un altercado

físico y verbal por las alegadas actuaciones hostigadoras.

Al día siguiente, la señora Velázquez Ortiz presentó una

querella ante la Policía y una queja ante el Departamento

de

Recursos

Humanos

del

Municipio.

Aunque

la

semana

siguiente se le renovó el contrato, el cual expiró el 30

de junio de 2009; subsiguientemente no se le renovó, por

lo que el 15 de agosto de 2009 cesó en sus funciones.

Así las cosas, el 24 de junio de 2010, la señora

Velázquez

Ortiz

sexual

represalias

y

entabló

una

contra

demanda

el

por

hostigamiento

Municipio,

la

señora

Hernández Paulino y otros. En lo que nos concierne, el

Municipio solicitó que se dictara sentencia sumaria a su

favor. Para ello, argumentó que la acción estaba prescrita

y que no procedía un reclamo por represalias, ya que la

señora Velázquez Ortiz era una empleada transitoria.

Por

su

parte,

y

en

cuanto

a

la

acción

por

hostigamiento sexual, la señora Velázquez Ortiz se opuso e

indicó que la acción no estaba prescrita. Sostuvo que el

punto

de

partida

para

computar

el

término

prescriptivo

4

CC-2014-0242

comenzó

con

su

despido

el

15

de

agosto

de

2009.

Específicamente, señaló que “no se puede concluir que el

patrón de hostigamiento cesó con el día de los hechos de

agresión

entre

la

demandante

y

codemandada

Hernández

Paulino, es decir el 23 de junio de 2009”.17 Argumentó que

el hostigamiento sexual en su modalidad de ambiente hostil

“no

se

experimenta

sólo

con

la

cercanía

física

al

hostigador y/o solamente en la incomodidad próxima de su

entorno

laboral”,

pues

laboral,

subsisten

los

“mientras

efectos

perdure

del

la

relación

hostigamiento

en

su

estado anímico y emocional y la ansiedad, producto del

ambiente intimidante y hostil del lugar de trabajo al cual

debe día a día regresar”, por lo que “el hecho de que la

hostigadora no volviera a tener otro contacto físico con

su víctima no finalizó de forma automática el ambiente

hostil al cual estaba sujeta la demandante”.18

Así, la

señora Velázquez Ortiz expuso que “no se puede pasar por

alto

que

la

demandante

vio

sus

condiciones

de

empleo

afectadas de modo tan significativo e irrazonable que el

tener que pensar en coincidir con su hostigadora, aunque

fuera sólo en los cambios de turno o sólo ver el vehículo

de Hernández en el estacionamiento de empleados, la ponía

a temblar y a llorar” e indicó que “su estado anímico […]

17

Véase, Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria y

Solicitud se dicte Sentencia Sumaria Parcial, Apéndice del

recurso de certiorari, pág. 282.

18

Íd.

5

CC-2014-0242

perduró

intacto

hasta

el

último

día

que

permaneció

trabajando para el Municipio de Humacao, principalmente

porque éste no tomó medida alguna para impedirlo o poner

fin al mismo”.19 De esta forma, sostiene que el término

prescriptivo

comenzó

con

su

despido.

Nada

expuso

ni

controvirtió el Municipio sobre este particular, sino que

se limitó a reiterar que el último acto ocurrió antes del

altercado entre las dos empleadas.

Sopesadas las posturas de las partes, el Tribunal de

Primera Instancia procedió a desestimar la demanda en su

totalidad. Al así proceder, avaló la postura del Municipio

en

cuanto

a

que

no

procedía

una

reclamación

por

represalias, por razón de que la señora Velázquez Ortiz

era una empleada transitoria y la causa de acción por

hostigamiento

sexual

estaba

prescrita,

debido

a

que

el

último acto ocurrió el 23 de junio de 2009.

En desacuerdo, la señora Velázquez Ortiz acudió al

Tribunal de Apelaciones, el cual revocó el dictamen del

foro

primario

por

entender

que

varios

de

los

hechos

esenciales estaban en controversia.

II

La Mayoría de este Tribunal acertadamente expone la

norma jurídica que debe imperar en torno a que la Ley Núm.

115-1991 aplica a cualquier tipo de empleado. No obstante,

aunque reconoce el deber de los patronos de mantener un

19

Íd., pág. 283.

6

CC-2014-0242

centro

de

trabajo

libre

de

falta

intimidación,

premia

la

apropiada

se

exige

que

le

a

hostigamiento

de

acción

éstos

para

sexual

e

inmediata

y

corregir

la

situación, al concluir que la acción presentada contra el

Municipio está prescrita. Véase, 29 LPRA secs. 155h, 155e.

Es

una

obligación

necesarias

para

del

patrono

prevenir,

tomar

aquellas

prohibir

y

medidas

erradicar

el

hostigamiento sexual en el empleo. Delgado Zayas v. Hosp.

Int. Med. Avanzada, 137 DPR 643, 652 (1994). Es decir, hoy

la Mayoría de este Tribunal avala la falta de medidas del

patrono con relación a su empleada tras una conducta de

hostigamiento sexual en su modalidad de ambiente hostil. A

mi juicio, este proceder ignora los efectos de este tipo

de

hostigamiento

irrazonablemente

trabajo,

que

en

creando

el

un

repercute

e

un

interfiere

desempeño

de

empleado

ambiente

intimidante,

en

su

hostil

y

ofensivo. Véase, S.L.G. Afanador v. Roger Electric. Co.,

Inc.,

156

DPR

651,

662

(2002).

Tan

es

así

que

puede

amilanar al empleado o empleada a permanecer o acudir a

sus labores y entorpecer sus funciones y progreso en el

mismo.

En

el

caso

de

hostigamiento

sexual

por

ambiente

hostil, hemos sido enfáticos al establecer que este tipo

de

hostigamiento

tiene

el

efecto

se

produce

cuando

de

interferir

la

conducta

irrazonablemente

sexual

con

el

desempeño de su trabajo o crear en el mismo un ambiente

intimidante, hostil u ofensivo. Rodríguez Meléndez v. Sup.

7

CC-2014-0242

Amigo, Inc., 126 DPR 117, 131-132 (1990); véase, además,

Rosa Maisonet v. ASEM, 192 DPR 368, 381 (2015); Albino v.

Ángel

Martínez

Inc.,

171

DPR

457,

472

(2007);

S.L.G.

Afanador v. Roger Electric Co., Inc., supra, pág. 662.

Este tipo de conducta puede afectar el funcionamiento y la

efectividad

de

la

víctima

en

el

empleo,

desalentar

al

empleado a permanecer en éste y dificultarle el progreso

en

su

carrera.

Véanse,

29

LPRA

sec.

155b(c);

S.L.G.

Afanador v. Roger Electric Co., Inc., supra; In re Robles

Sanabria, 151 DPR 483, 492 (2000).

En

este

sentido,

pesa

en

mí

el

que

la

señora

Velázquez Ortiz expresó en su oposición a la solicitud de

sentencia sumaria que el ambiente hostil no culminó con el

hecho de no tener contacto con la otra empleada. Por el

contrario, ésta particularizó que se ponía a temblar y

llorar con sólo pensar que podía encontrarse con la señora

Hernández Paulino en el cambio de turno o con tan sólo

reconocer que estaba presente en el área de trabajo. De

hecho, conforme a la deposición de la señora Velázquez

Ortiz,

surge

coincidió

con

trabajo

el

en

que

este

la

señora

mismo

temor

se

Hernández

turno,

y

materializó

cuando

Paulino

día

de

irse

del

ésta

tuvo

un

que

mismo.20

No puedo ignorar que la responsabilidad de mantener

un ambiente de trabajo libre de hostigamiento sexual le

20

Véase,

245-246.

Apéndice

del

recurso

de

certiorari,

págs.

8

CC-2014-0242

corresponde al Municipio. Por tanto, es éste quien deberá

responder de incurrir en una omisión e inacción hacia tal

deber. Ciertamente, de las reclamaciones que obran en el

expediente se desprende que mientras la señora Velázquez

Ortiz

continuó

laborando

estuvo

expuesta

al

patrón

de

conducta de hostigamiento sexual por ambiente hostil que

informó a su patrono. Nada impedía la ocurrencia de los

actos

que

anterior,

dieron

lugar

a

su

reclamación.

estas

consideraciones

dieron

En

lugar

ocasión

a

las

expresiones emitidas por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez

en

su

Opinión

de

conformidad

en

Umpierre

Biascochea v. Banco Popular, 170 DPR 205 (2007), donde

resaltó que:

Una vez la recurrida no regresó a su trabajo,

cesó de estar expuesta al acto que le producía,

de acuerdo con su alegación, los daños por los

que reclamaba. Es decir, al no estar en su empleo

ella no está expuesta a un ambiente hostil.

Siendo imposible entonces la ocurrencia de nuevos

actos de naturaleza hostigante, el punto de

partida para el cómputo de la prescripción es el

día que cesó de acudir a su empleo, por ser ése

el momento en que finalizó la alegada conducta

prohibida. Íd., pág. 220. (Énfasis suplido).

Asimismo, la Jueza Asociada señora Fiol Matta en su

Opinión disidente en Umpierre Biascochea v. Banco Popular,

supra, destacó que:

El ambiente hostil no se experimenta sólo con la

cercanía física al hostigador y en la incomodidad

próxima del entorno laboral. Mientras perdure la

relación laboral, la ausencia física de la

perjudicada de su lugar de trabajo no suprime los

efectos del hostigamiento en su estado anímico y

emocional ni altera la ansiedad producto del

ambiente intimidante

y

hostil del lugar de

9

CC-2014-0242

trabajo al cual debe regresar. El ambiente hostil

creado por el patrón de conducta hostigante no

está delimitado por un espacio físico determinado,

sino que se encuentra también en un estado mental

y emocional de humillación e intimidación que

trasciende el lugar de trabajo. Íd., pág. 232.

(Énfasis suplido).

III

En

el

estatuto

le

caso

de

impone

autos,

la

es

al

obligación

Municipio

a

de

el

evitar

quien

el

alegado

hostigamiento sexual, esta responsabilidad estuvo vigente

hasta

el

15

de

agosto

de

2009,

cuando

el

contrato

de

trabajo de la señora Velázquez Ortiz no fue renovado. A mi

juicio, y conforme a las alegaciones no controvertidas, es

a partir de esa fecha que comienza el periodo prescriptivo

de la reclamación contra el Municipio, pues está cimentada

en su deber como patrono.21

En

consecuencia,

considero

que

la

causa

de

acción

contra el Municipio no está prescrita, lo que me impide

respaldar íntegramente el dictamen de la Mayoría de este

Tribunal. En su lugar, confirmaría la sentencia emitida

por el Tribunal de Apelaciones y devolvería el caso al

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los

procesos

21

atendiendo

las

reclamaciones

por

hostigamiento

Como mínimo, una Mayoría de este Tribunal no debió

reducir

el

cómputo

al

cese

del

acto

aislado

de

hostigamiento sexual porque con ello ignora que el

criterio rector es el cese del ambiente hostil que se creó

con esa conducta, pero que no depende necesariamente de

éste solamente, para fines de la responsabilidad del

patrono.

10

CC-2014-0242

sexual

en

la

modalidad

de

ambiente

hostil

y

la

de

represalias instadas contra el Municipio.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado