Tribunal Supremo de Puerto Rico
Velázquez Ortiz v. Gobierno Municipal de Humacao
2017 TSPR 39
Poder Judicial de Puerto Rico
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Velázquez Ortiz v. Gobierno Municipal de Humacao
CC-2014-242
Derecho Laboral – Comienzo del término prescriptivo para presentar demanda de hostigamiento sexual por ambiente hostil al amparo de la Ley de Hostigamiento Sexual en el empleo. Reclamación de empleado transitorio al amparo de la Ley de Represalias
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Zoraida Velázquez Ortiz
Recurrida
Certiorari
v.
2017 TSPR 39
Gobierno Municipal de Humacao
197 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2014-242
Fecha: 17 de marzo de 2017
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Humacao
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Pedro Ortiz Alvarez
Lcdo. Jesús Rodríguez Urbano
Lcdo. Jorge Martínez Luciano
Abogados de la Parte Recurrido:
Lcdo. Carlos Mondríguez Torres
Lcda. Rosa Albizu-Campos
Materia: Derecho Laboral – Comienzo del término prescriptivo para
presentar demanda de hostigamiento sexual por ambiente hostil al
amparo de la Ley de Hostigamiento Sexual en el empleo. Reclamación
de empleado transitorio al amparo de la Ley de Represalias.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Zoraida Velázquez Ortiz
Recurrida
v.
CC-2014-0242
Certiorari
Gobierno Municipal de Humacao
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2017.
La controversia que hoy atendemos nos permite
determinar
a
partir
de
qué
momento
comienza
a
transcurrir el término prescriptivo para presentar
una
demanda
de
hostigamiento
sexual
por
ambiente
hostil al amparo de la Ley de Hostigamiento Sexual
en el Empleo, infra. Asimismo, nos permite contestar
si un empleado transitorio que presenta una queja
administrativa puede reclamar por represalias cuando
el patrono posteriormente no renueva su contrato de
trabajo.
Por las razones que exponemos a continuación,
resolvemos que en las reclamaciones de hostigamiento
sexual
por
ambiente hostil el término
prescriptivo
2
CC-2014-0242
comienza a correr a partir de la fecha en que ocurre el
último
acto
de
hostigamiento,
siempre
que
no
hayan
circunstancias de coacción o intimidación que impidan el
ejercicio
de
la
acción.
En
cuanto
a
la
segunda
controversia, concluimos que la Ley de Represalias, infra,
cobija
dentro
de
su
definición
de
“empleado”
a
los
empleados transitorios. Veamos.
I
En
abril
de
2008,
la
Sra.
Zoraida
Velázquez
Ortiz
(recurrida) empezó a trabajar como enfermera con contrato
transitorio en el Asilo Simonet, el cual está adscrito al
Municipio Autónomo de Humacao (Municipio). A partir del 21
de
abril
de
maternidad,
2009,
la
luego
recurrida
de
agotar
comenzó
a
su
ser
licencia
por
objeto
un
de
presunto patrón de hostigamiento sexual por parte de otra
enfermera, la Sra. María Hernández Paulino. Según alegó,
este patrón de hostigamiento consistió de comentarios y
conducta de índole sexual.
A pesar de haberle expresado que dicha conducta era
indeseada
Paulino
y
pedirle
continuó
que
cesara,
realizándola.
la
señora
Por
esta
Hernández
razón,
la
recurrida fue a hablar con su supervisora, la Sra. Antonia
Morales
Concepción,
pero
ésta
no
se
encontraba
en
el
momento. No obstante, le contó lo que estaba sucediendo a
la secretaria de la señora Morales Concepción, quien le
dijo que se lo informaría. La supervisora nunca contactó a
la recurrida. En vista de que los actos de hostigamiento
3
CC-2014-0242
continuaron, el 23 de junio de 2009 la recurrida acudió a
la oficina de la señora Morales Concepción, le indicó lo
que estaba pasando y le solicitó que reuniera a la señora
Hernández Paulino para resolver la situación.
La señora Morales Concepción le dijo que la reunión no
podría llevarse a cabo pues ella se iba de vacaciones.
Ante
la
insistencia
de
la
recurrida,
le
sugirió
que
hablara directamente con la señora Hernández Paulino. Así,
unas horas más tarde la recurrida increpó a la señora
Hernández Paulino, lo que desembocó en una confrontación
física entre ambas. Al día siguiente la recurrida presentó
una querella en la Policía y una queja en el Departamento
de Recursos Humanos del Municipio, luego de lo cual la
señora Hernández Paulino y la recurrida fueron separadas
en turnos distintos.
El
30
de
junio
de
2009
expiró
el
contrato
de
la
recurrida. El Municipio le renovó el contrato hasta el
15 de agosto de 2009 y, luego de eso, no lo volvió a
renovar.
En
consecuencia,
el
24
de
junio
de
2010
la
recurrida presentó una demanda por hostigamiento sexual y
represalias en contra de la señora Hernández Paulino, la
señora Morales Concepción1 y el Municipio. En cuanto a este
último,
alegó
que
sabía
de
los
actos
de
hostigamiento
sexual e incumplió su deber de proveer un ambiente de
trabajo seguro. Asimismo, sostuvo que la no renovación de
1
Tiempo después, la recurrida desistió de su reclamación en contra de
la señora Morales Concepción.
4
CC-2014-0242
su
contrato
fue
en
represalia
por
haber
presentado
la
Tribunal
de
queja de hostigamiento sexual.
Tras
varios
incidentes
procesales,
el
Primera Instancia dictó una sentencia sumaria parcial a
favor de la señora Hernández Paulino. Determinó que el
plazo
prescriptivo
de
una
reclamación
de
hostigamiento
sexual es un año, por lo que la acción contra la señora
Hernández Paulino estaba prescrita. Ello, pues según lo
admitió la propia recurrida, luego del incidente del 23 de
junio de 2009 no hubo ningún otro acto de hostigamiento ni
contacto
alguno
con
la
señora
Hernández
Paulino.
Habiéndose presentado la demanda el 24 de junio de 2010,
366 días desde la fecha en que cesó todo contacto entre
las partes, la reclamación estaba prescrita. Esta decisión
advino final y firme.
Por este mismo fundamento, el Municipio solicitó que
se dictara sentencia sumaria a su favor. Por otro lado, en
lo referente a la causa de acción por represalias alegó
que no había controversia en cuanto a que la recurrida era
una empleada transitoria sin derecho a permanencia en el
puesto, por lo cual la no renovación de su contrato no
constituyó un despido. Asimismo, adujo que después del
incidente del 23 de junio de 2009 le había extendido el
contrato a la recurrida hasta el 15 de agosto de 2009; que
la
última
evaluación
satisfactorio;
y
que
reflejó
otras
un
desempeño
enfermeras
transitorios también fueron cesanteadas.
con
menos
contratos
5
CC-2014-0242
La
recurrida
se
opuso
y
argumentó
que
el
término
prescriptivo de la reclamación de hostigamiento sexual no
podía
calcularse
de 2009.
tener
Ello,
más
desde
pues
contacto
el
altercado
aunque
con
desde
la
del
23
de
entonces
no
volvió
señora
Hernández
junio
a
Paulino,
continuó el ambiente hostil debido a que el Municipio no
llevó
a
cabo
acciones
afirmativas
para
evitar
el
hostigamiento. De otra parte, en cuanto a la causa de
acción por represalias, presentó prueba documental para
controvertir las alegaciones del Municipio. A
pesar de
ello, el Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar
la moción de sentencia sumaria y desestimó la demanda en
su totalidad.
En
desacuerdo,
la
recurrida
acudió
al
Tribunal
de
Apelaciones. Dicho foro revocó la sentencia al concluir
que el foro primario erró al disponer sumariamente del
caso, ya que varios de los hechos materiales estaban en
controversia.
En
específico,
concluyó
que
el
ambiente
hostil pudo haber continuado después de que terminaron los
actos de hostigamiento. En cuanto a la no renovación del
contrato, resolvió que la prueba documental sometida por
el
Municipio
era
insuficiente
para
despejar
las
dudas
sobre posibles represalias. Por lo tanto, procedía que el
Tribunal de Primera Instancia le diera curso al trámite
ordinario para aclarar estos asuntos.
Inconforme, el Municipio recurrió ante este Tribunal
y, en síntesis, alegó que el tribunal intermedio erró al
6
CC-2014-0242
determinar que la causa de acción de hostigamiento sexual
no estaba prescrita, así como al resolver que la recurrida
había planteado una reclamación viable por represalias.
Tras
evaluar
las
controversias,
decidimos
expedir
el
recurso. Con el beneficio de los alegatos de ambas partes,
procedemos a resolver.
II
A. La sentencia sumaria
La
sentencia
sumaria
es
un
mecanismo
procesal
para
disponer de ciertos casos sin necesidad de llegar a la
etapa
de
200, 213
juicio.
(2010).
sustancial
y
Ramos
Pérez
Ello,
real
pues
sobre
al
hechos
v.
Univisión,
no
haber
178
DPR
controversia
materiales,
sólo
falta
aplicar el derecho pertinente a la controversia. Cuando se
habla de hechos materiales nos referimos a aquellos que
pueden
determinar
el
resultado
el
derecho
conformidad
con
R. Hernández
Colón,
Derecho
de
la
reclamación,
sustantivo
procesal
civil,
de
aplicable.
5ta
ed.,
LexisNexis de Puerto Rico, 2010, pág. 276. Así pues, el
propósito de la sentencia sumaria es facilitar la pronta,
justa y económica solución de los casos que no presenten
controversias genuinas de hechos materiales. Luan Invest
Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000).
La parte que solicita que se dicte sentencia sumaria
tiene que establecer su derecho con claridad y demostrar
que los hechos materiales se encuentran incontrovertidos.
De otro lado, la parte que se opone tiene que contestar de
7
CC-2014-0242
forma específica y detallada para poner al juzgador en
posición de concluir que persisten dudas acerca de los
hechos esenciales de la causa de acción. Ramos Pérez v.
Univisión, supra, págs. 213, 215.
Al tomar una determinación el tribunal debe analizar
la
prueba
documental
que
acompaña
la
solicitud
de
sentencia sumaria, así como los documentos incluidos en la
moción en oposición y aquellos que se encuentran en el
expediente.
526, 550
Cruz
Marcano
(2007).
Por
aconsejable
cuando
utilizar
existe
subjetivos,
de
negligencia,
o
el
v.
Sánchez
Tarazona,
eso,
hemos
dicho
mecanismo
de
que
sentencia
172
DPR
no
es
sumaria
controversia
respecto
a
intención,
propósitos
mentales
o
credibilidad
sea
cuando
el
factor
de
elementos
esencial y esté en disputa. No obstante, aún en tales
casos hemos validado su uso cuando de la prueba documental
surge claramente que no hay controversia sobre los hechos
materiales. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219.
B. La causa de acción por hostigamiento sexual
Con la aprobación de la Ley Núm. 17 de 22 de abril
de 1988 (Ley Núm. 17-1988),2 29 LPRA sec. 155 et seq., se
estableció como política pública la erradicación de todo
vestigio de conducta constitutiva de hostigamiento sexual
en el lugar de trabajo.3 S.L.G. Afanador v. Roger Electric
2
3
Conocida como Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo.
El Art. 1 de la Ley Núm. 17-1988 dispone:
Esta Asamblea Legislativa resuelve y declara como política
pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que el
hostigamiento sexual en el empleo es una forma de
8
CC-2014-0242
Co., Inc., 156 DPR 651, 661 (2002). Esta Ley le impuso al
patrono privado y público el deber de mantener el centro
de trabajo libre de hostigamiento sexual e intimidación.
29
LPRA
sec.
155h.
Para
lograr
su
cometido,
la
Ley
Núm. 17-1988 creó una causa de acción a favor del empleado
víctima de hostigamiento sexual, de forma que:
[u]n patrono será responsable por los actos de
hostigamiento sexual entre empleados en el lugar
de trabajo si el patrono o sus agentes o sus
supervisores sabían o debían estar enterados de
dicha conducta, a menos que el patrono pruebe que
tomó una acción inmediata y apropiada para
corregir la situación. 29 LPRA sec. 155e.
Así, hemos reconocido dos modalidades de hostigamiento
sexual: el hostigamiento quid pro quo y el hostigamiento
sexual por ambiente hostil.
Rodríguez Meléndez v. Sup.
Amigo, Inc., 126 DPR 117 (1990). Sobre este último, que es
el pertinente a la controversia de autos, hemos dicho que:
envuelve conducta de naturaleza sexual por parte
del
hostigador
la
cual
interfiere
irrazonablemente con el desempeño del empleado en
su trabajo o es lo suficientemente severa y
ofensiva como para crearle al empleado que es
víctima de la misma, un ambiente de trabajo que
resulte intimidante, hostil u ofensivo. S.L.G.
Afanador v. Roger Electric Co., Inc., supra,
pág. 662.
Al considerar la modalidad de hostigamiento sexual por
ambiente hostil debemos tener presente que ésta se compone
de actos de naturaleza sexual que suceden dentro de un
discrimen por razón de sexo y como tal constituye una
práctica ilegal e indeseable que atenta contra el
principio constitucional establecido de que la dignidad
del ser humano es inviolable. Es la intención de esta
Asamblea Legislativa prohibir el hostigamiento sexual en
el empleo, imponer responsabilidades y fijar penalidades.
29 LPRA sec. 155.
9
CC-2014-0242
periodo
de
tiempo
aprehensivo
para
y
crean
la
un
víctima.
ambiente
In
re
intimidante
Robles
y
Sanabria,
151 DPR 483, 500 (2000). Esta modalidad se caracteriza por
la multiplicidad de los actos de índole sexual, los cuales
en conjunto crean el ambiente abusivo y hostil, pues cada
acto aislado podría no ser lo suficientemente severo como
para
dar
lugar
Sanabria,
a
una
causa
de
supra,
pág.
500;
acción.
In
Rodríguez
re
Robles
Meléndez
v.
por
Sup. Amigo, Inc., 126 DPR 117, 132 (1990).
De
otra
hostigamiento
establece
parte,
en
cuanto
a
la
reclamación
sexual,
el
Art.
14,
29
LPRA
el
presentarla.
término
Este
sec.
155m,
un
año
para
dispone
que:
“[e]l
prescriptivo
Artículo
también
de
término prescriptivo en acciones por hostigamiento sexual
en el empleo debe comenzar a decursar [sic] cuando se
terminan
las
circunstancias
que
podrían
entorpecer
el
ejercicio de la acción”. Íd.
Anteriormente, al tratar de precisar el momento en que
comienza a transcurrir dicho término, algunos jueces de
este
Tribunal
compararon
los
daños
causados
por
el
hostigamiento sexual en la modalidad de ambiente hostil
con
los
Biascochea
llamados
daños
continuados.
v.
Banco
Popular,
219 (2007)(Sentencia)(Op.
de
Véase,
170
conformidad;
Umpierre
DPR
205,
Rodríguez
Rodríguez, J.). Los daños continuados son:
[aquellos] producidos por uno o más actos
culposos o negligentes imputables al actor,
coetáneos o no, que resultan en consecuencias
10
CC-2014-0242
lesivas ininterrumpidas, sostenidas, duraderas,
sin interrupción, unidas entre sí, las cuales al
ser conocidas hace también que se conozca –por
ser
previsibleel
carácter
continuado
e
ininterrumpido de sus efectos, convirtiéndose en
ese momento en un daño cierto compuesto por
elementos de daño actual (aquel que ya ha
acaecido), y de daño futuro previsible y por
tanto cierto. H.M. Brau del Toro, Los daños y
perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da
ed., San Juan, Pubs. JTS, 1986, Vol. II, Cap. X,
pág. 648. Véase Rivera Ruiz, et al. v. Mun. de
Ponce, 2016 TSPR 197, 7, 196 DPR ____ (2016).
Como
rasgos
se
ve,
los
distintivos:
daños
1)
negligentes
imputables
ocasionan
daños
que
3) y
en
que
progresivo
se
conjunto
de
carácter
continuados
uno
o
varios
al
mismo
conforman
actos
actor;
manifiestan
un
unitario.
presentan
2)
tres
culposos
los
o
cuales
ininterrumpidamente;
proceso
J.L.
perjudicial
Lacruz
Berdejo,
Elementos de Derecho Civil II: Derecho de obligaciones,
3ra ed., Barcelona, Ed. José María Bosch, 1995, Vol. 2,
pág. 518.
En
vista
continuados
incluye
de
estas
configuran
todas
las
una
características,
sola
causa
consecuencias
lesivas
de
los
daños
acción
que
ininterrumpidas
ocasionadas por los actos culposos o negligentes. Rivera
Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149, 167 (2007).
Así, la doctrina sostiene que no es hasta la producción
del resultado definitivo o cuando se verifica el fin de la
conducta
ilícita
prescriptivo
4
que
para
comienza
a
correr
reclamar
por
el
estos
término
daños.4
“El TS [Tribunal Supremo español] ha dicho que es consolidada
doctrina jurisprudencial la que refiere el comienzo del cómputo de la
prescripción en este tipo de casos cuando se trata de daños
11
CC-2014-0242
Véase, I. Sierra Gil de la Cuesta, Comentario del Código
Civil,
Barcelona,
Ed.
Bosch,
2000,
T.
9,
pág.
554;
F. Reglero Campos en M. Albaladejo, Comentarios al Código
Civil
y
compilaciones
forales,
Madrid,
Ed.
Rev.
Der.
Privado, 1994, T. XXV, Vol. 2, pág. 458; Lacruz Berdejo,
supra, pág. 518.
En ese contexto, recientemente en
Rivera Ruiz, et al.
v. Mun. de Ponce, 2016 TSPR 197, 196 DPR ____ (2016),
aclaramos la confusión doctrinal que existía en nuestro
ordenamiento legal con respecto al comienzo del término
prescriptivo
efectos,
en
un
caso
resolvimos
transcurrir
“cuando
de
que
se
daños
continuados.5
dicho
término
verifiquen
los
A
esos
empieza
últimos
actos
a
u
omisiones o se produzca el resultado definitivo, lo que
sea posterior”. Íd., pág. 19.
Examinado lo anterior, concluimos que el hostigamiento
sexual por ambiente hostil constituye una modalidad de
daños continuados. Recordemos que el ambiente hostil se
continuados... a aquel en que se produce el resultado definitivo”. L.
Díez-Picazo y Ponce de León, La prescripción extintiva en el Código
Civil y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Madrid, Ed.
Thompson-Civitas, 2003, pág. 253. Véase también J. Puig Brutau,
Caducidad, prescripción extintiva y usucapión, 3ra ed., Barcelona, Ed.
Bosch, 1996, pág. 79.
5
Véanse
Umpierre
Biascochea
v.
Banco
Popular,
170
DPR
205 (2007)(Sentencia); Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR
149 (2007); Nazario v. ELA, 159 DPR 799 (2003)(Sentencia); Santiago v.
Ríos Alonso, 156 DPR 181 (2002); Sánchez, et al. v. AEE, 142 DPR
880 (1997)(Sentencia); Galib Frangie v. El Vocero de Puerto Rico,
138 DPR 560 (1995); Seda v. Miranda Hnos. & Co., 88 DPR 355 (1963);
Arcelay v. Sánchez, 77 DPR 824 (1955); Capella v. Carreras, 57 DPR
258 (1940). Véanse además, J.J. Álvarez González, Análisis del Término
2006–2007- Responsabilidad civil extracontractual, 77 Rev. Jur.
UPR 603, 617-619 (2008); J.J. Álvarez González, Análisis del Término
2001–02- Responsabilidad civil extracontractual, 72 Rev. Jur. UPR 615,
638-642 (2003).
12
CC-2014-0242
compone
de
varios
actos
aislados
de
índole
sexual,
relacionados entre sí por una causa común, que en conjunto
configuran un patrón de hostigamiento y producen los daños
ininterrumpidos que dan lugar a la causa de acción una vez
se verifica el último de los actos.
Así, por ejemplo, el profesor Irizarry Yunqué ha dicho
que:
[e]n cuanto a la distinción entre daños continuos
o continuados y daños sucesivos, a mi juicio,
cuando se crea un ambiente hostil en el empleo
mediante hostigamiento sexual que constituye, a
su vez, un patrón de conducta continua, se crea
en el empleado o empleada la aprensión de que en
cualquier momento puede ser objeto de esa
conducta ofensiva. Ello crea, a su vez, un daño
continuo.
No
me
parece
que
cada
acto
de
hostigamiento deba considerarse como un acto
aislado y que, por tanto, surja una causa de
acción separada con cada acto de hostigamiento.
El ambiente hostil se crea mediante la repetición
de los actos de hostigamiento. C.J. Irizarry
Yunqué, Responsabilidad civil extracontractual,
7ma ed., 2009, pág. 505.
De
forma
similar,
en
el
contexto
de
una
causa
de
acción sobre daños y perjuicios por actos de violencia
doméstica este Tribunal determinó que:
los actos de maltrato físico, emocional y
sicológico
componen un cuadro de daños que,
unidos, van encadenándose para producir el efecto
neto del maltrato y así, en dicha circunstancia,
el último daño acaecido forma parte de ese ciclo
de maltrato y genera la causa de acción por éste
y
por
los
actos
de
maltrato
anteriores
componentes del referido patrón de violencia. En
dichos casos, para determinar que la reclamación
no está prescrita, el acto generador de la causa
de acción tiene que haber ocurrido dentro del año
que precedió la radicación de la demanda.
Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181, 192 (2002).
13
CC-2014-0242
Tomando
en
cuenta
lo
anterior,
resolvemos
que
el
término prescriptivo de una acción de hostigamiento sexual
por
ambiente
hostil
comienza
a
transcurrir
luego
del
último acto de hostigamiento; es decir, cuando cesa la
conducta ilícita que creó el ambiente hostil y originó la
reclamación.6
Esto
circunstancias
es
así
siempre
constitutivas
de
y
cuando
coacción
o
no
existan
intimidación
que interfieran con el ejercicio de la causa de acción. En
tales casos, el término no empieza a correr hasta que
cesan dichas circunstancias y se tiene la oportunidad de
ejercer la acción. 29 LPRA sec. 155m.
Además de ser congruente con el referido Artículo de
la Ley Núm. 17-1988, con nuestra jurisprudencia y con la
doctrina sobre daños continuados, fijar el comienzo del
término
prescriptivo
a
partir
del
último
acto
de
hostigamiento permite establecer un punto preciso para el
inicio de dicho término, lo que evita que el hostigador
pueda
plantear
a
su
favor
la
defensa
de
prescripción
mientras perdura su conducta antijurídica.7 Asimismo, se
promueve la certeza al momento de determinar el comienzo
del plazo prescriptivo y la estabilidad en las relaciones
jurídicas.
6
Por supuesto, la víctima tendrá derecho a reclamar una indemnización
no sólo por los daños que sufrió mientras perduró el hostigamiento
sexual, sino también por los que haya sufrido después del último acto
como consecuencia del hostigamiento.
7
Por eso, por ejemplo, si la víctima no demanda dentro del año pero
posteriormente ocurre un nuevo acto que forma parte del mismo patrón
de hostigamiento, ésta puede demandar dentro del año a partir de ese
nuevo acto y reclamar una indemnización que incluya los daños causados
por los actos anteriores de hostigamiento.
14
CC-2014-0242
C. La causa de acción por represalias
La
Ley
Núm.
115
de
20
de
diciembre
de
1991
(Ley
Núm. 115-1991),8 29 LPRA sec. 194 et seq., se aprobó con el
propósito de proteger a los trabajadores contra posibles
represalias por parte de los patronos, motivadas por el
ofrecimiento
de
testimonio
o
información
ante
ciertos
foros. Cordero Jiménez v. UPR, 188 DPR 129, 136 (2013). En
específico, su Art. 2(a), según enmendado, dispuso que:
Ningún patrono podrá despedir, amenazar, o
discriminar contra un empleado con relación a los
términos, condiciones, compensación, ubicación,
beneficios o privilegios del empleo porque el
empleado ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o
por escrito, cualquier testimonio, expresión o
información
ante
un
foro
legislativo,
administrativo o judicial en Puerto Rico, así
como el testimonio, expresión o información que
ofrezca o intente ofrecer, en los procedimientos
internos establecidos de la empresa, o ante
cualquier
empleado
o
representante
en
una
posición de autoridad, cuando dichas expresiones
no sean de carácter difamatorio ni constituyan
divulgación
de
información
privilegiada
establecida por ley. 29 LPRA sec. 194a.
Para compeler a su cumplimiento, la Ley Núm. 115-1991
creó una causa de acción a favor de los empleados.9 Al
considerar
cuáles
empleados
están
cobijados,
debemos
primero atender a la definición que la propia Ley provee.
El Art. 1 define “empleado” como “cualquier persona que
preste servicios a cambio de salarios, o cualquier tipo de
remuneración, mediante contrato oral, escrito, implícito o
explícito”. 29 LPRA sec. 194.
8
También conocida como Ley Contra el Despido Injusto o Represalias a
todo Empleado por Ofrecer Testimonio ante un Foro Legislativo,
Administrativo o Judicial.
9
Ésta tiene un término prescriptivo de tres años a partir de la
acción adversa constitutiva de represalia.
15
CC-2014-0242
Tratándose de una definición amplia, que pudiera dar
lugar
a
interpretaciones
disímiles,
conviene
legislativo
escudriñar
la
historial
y
acudir
intención
al
del
legislador.10 Al hacerlo, encontramos que el Informe de las
Comisiones
Veterano
y
de
lo
Jurídico
Recursos
y
de
Humanos
del
Trabajo
Senado,
y
a
Asuntos
del
cargo
del
estudio de la medida, aclaró categóricamente que la Ley
protege a toda clase de empleado, con independencia de su
clasificación. Cordero Jiménez v. UPR, supra, pág. 143;
Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, supra, pág. 164. El
Informe expresa que:
El Proyecto va dirigido a proteger a
cualquier empleado sin distinción de puesto o
empresa de manera que el mismo será de aplicación
contra todo tipo de patrono. La medida logra este
propósito
ampliando
las
definiciones
de
“empleado”, “patrono” y “persona”. El Proyecto
propuesto defiende intereses de política pública
importantes como la protección de los derechos de
los trabajadores y la facultad investigativa de
la Rama Legislativa. Informe de las Comisiones de
lo Jurídico y de Trabajo y Asuntos del Veterano y
Recursos Humanos con relación al P. del S. 987 de
20 de febrero de 1991. (énfasis suplido)
Asimismo, el Secretario del Departamento del Trabajo y
Recursos
Humanos,
en
un
memorando
presentado
ante
la
Comisión de lo Jurídico, indicó que:
Bajo el esquema remedial del P. del S. 987
se ofrecerá una protección mucho más amplia que
bajo la Ley Núm. 80. Nótese que, entre otras
cosas, el proyecto protegerá a todo tipo de
empleado (y no sólo a aquellos contratados sin
tiempo determinado); brindará protección contra
actos
de
despido,
amenaza
o
discrimen;
y
10
Ello, pues “[e]l medio más eficaz y universal para descubrir el
verdadero sentido de una ley cuando sus expresiones son dudosas, es
considerar la razón y espíritu de ella, o la causa o motivos que
indujeron al legislador a dictarla”. 31 LPRA sec. 19.
16
CC-2014-0242
protegerá al empleado aunque la información que
ofrezca o intente ofrecer no esté relacionada con
el negocio del patrono. Memorando de la Oficina
del Secretario del Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos con relación al P. del S. 987 de
20 de febrero de 1991 (énfasis suplido).
De
otra
parte,
en
cuanto
al
esquema
probatorio
la
propia Ley Núm. 115-1991, en su Art. 2(c), dispuso las dos
vías que tienen los empleados para establecer una causa de
acción por represalias. En la primera, el empleado debe
valerse de evidencia directa o circunstancial para probar
una violación de la Ley. En la segunda, el empleado puede
establecer un caso prima facie de represalias demostrando
que
participó
en
subsiguientemente
una
actividad
despedido,
protegida
amenazado
o
y
que
fue
discriminado.
29 LPRA sec. 194a(c).11 Rivera Menéndez v. Action Service,
185 DPR 431, 445 (2012); Feliciano Martes v. Sheraton,
182 DPR 368, 393 (2011).
Con
respecto
al
primer
requisito,
este
Tribunal
ha
dicho que cuando un empleado municipal ofrece testimonio o
información ante un foro administrativo municipal, éste
participa de una actividad protegida. Rivera Prudencio v.
Mun.
de
San
Juan,
supra,
pág.
164.
Por
su
parte,
el
segundo requisito requiere que se demuestre que el patrono
tomó una acción adversa y que existe un nexo causal entre
11
El resto del Art. 2(c), el cual completa el esquema probatorio, dice
que: “[u]na vez establecido lo anterior, el patrono deberá alegar y
fundamentar una razón legítima y no discriminatoria para el despido.
De alegar y fundamentar el patrono dicha razón, el empleado deberá
demostrar que la razón alegada por el patrono era un mero pretexto
para el despido”. 29 LPRA sec. 194a(c).
17
CC-2014-0242
dicha acción y el ejercicio de la actividad protegida.
Marín v. Fastening Systems, Inc., 142 DPR 499, 511 (1997).
Esta
relación
de
causalidad
puede
establecerse
mediante un criterio de proximidad temporal. Esto es, se
puede
configurar
estableciendo
que
un
caso
prima
la
acción
facie
adversa
de
represalias
ocurrió
al
tiempo” del empleado haber participado en la
protegida.
Rivera
pág. 446.
No
Menéndez
obstante,
en
v.
Action
aquellos
actividad
Service,
casos
“poco
en
supra,
que
la
proximidad temporal no sea el factor más adecuado para
establecer una relación de causalidad, el empleado puede
recurrir
a
cualquier
otra
evidencia
que
obre
en
el
expediente y que tienda a demostrar la existencia de un
nexo
causal.
Feliciano
Martes
v.
Sheraton,
supra,
pág. 400.
III
En este caso las partes no disputan que el último acto
de hostigamiento sexual ocurrió antes del 23 de junio de
2009.
Asimismo,
es
un
hecho
incontrovertido
que
la
recurrida presentó su demanda el 24 de junio de 2010, es
decir, 366 días
después de la
contacto
la
entre
señora
fecha en que
Hernández
cesó todo
Paulino
y
la
recurrida.12 No obstante, ésta alega que su reclamación por
12
Aunque del expediente no aparenta que el 23 de junio de 2009 haya
sucedido un acto de naturaleza sexual propiamente –sino una
confrontación física-, el Tribunal de Primera Instancia computó el
comienzo del plazo prescriptivo a partir de esa fecha y ello no fue
objeto de señalamiento u objeción por las partes. Sin embargo, lo
anterior no hace diferencia alguna en cuanto al resultado, pues de
haber ocurrido el último acto de hostigamiento sexual en una fecha
anterior, de todos modos la causa de acción está prescrita.
18
CC-2014-0242
hostigamiento sexual no está prescrita pues el Municipio
no llevó a cabo acto afirmativo alguno para evitar el
hostigamiento.
Por
lo
tanto,
sostiene
que
al
estar
aprensiva a que se repitieran otros actos de hostigamiento
el
término
prescriptivo
para
instar
la
reclamación
al
amparo de la Ley Núm. 17-1988 no empezó a transcurrir sino
hasta
el
15
de
agosto
de
2009,
cuando
su
contrato
transitorio no fue renovado.
Sin
embargo,
este
argumento
es
contrario
a
lo
que
establece la propia Ley Núm. 17-1988. En su Art. 3, ésta
claramente
establece
que
el
hostigamiento
sexual
por
ambiente hostil consiste de “cualquier... conducta verbal
o
física
tiene
el
de
naturaleza
efecto
o
sexual...[c]uando
propósito
de
esa
interferir
conducta
de
manera
irrazonable con el desempeño del trabajo de esa persona o
cuando crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u
ofensivo”. 29 LPRA sec. 155b. (énfasis suplido). Es decir,
siendo este patrón de conducta lo que crea el ambiente
hostil y genera la causa de acción, es el último acto
hostigante lo que hace comenzar el término prescriptivo
para instar la reclamación. La inacción del patrono para
corregir la situación se tomará en cuenta a la hora de
establecer
su
responsabilidad
y
los
daños
por
los
que
deberá responder. Sin embargo, ello no suspende el inicio
del término prescriptivo, siempre y cuando la víctima no
esté sujeta a circunstancias de coacción o intimidación
que interfieran con el libre ejercicio de la acción.
19
CC-2014-0242
En este caso la recurrida no adujo en ningún momento
la existencia de este tipo de circunstancias y tampoco
surgen
de
la
extensa
evidencia
documental
que
obra
en
autos. Por el contrario, consta en la prueba documental
que después del
incidente del
23 de junio de
2009 la
recurrida y la señora Hernández Paulino fueron separadas
en turnos de trabajo distintos y no hubo más contacto o
comunicación entre éstas. Por eso, habiendo ocurrido el
último acto de hostigamiento sexual antes del 23 de junio
de
2009,
la
causa
de
acción
de
la
recurrida
está
prescrita.
Por su parte, el Municipio alega que la recurrida no
tiene una reclamación viable de represalias pues, al ser
una
empleada
transitoria,
no
fue
despedida.
Asimismo,
arguye que como ésta no tenía expectativa de permanencia
en el empleo, la no renovación del contrato no constituyó
una
acción
adversa.
La
consecuencia
de
este
argumento
sería que los empleados transitorios, por la naturaleza de
su puesto, no tendrían derecho a reclamar represalias bajo
la Ley Núm. 115-1991. Sin embargo, luego de examinar el
historial
legislativo
de
la
Ley
Núm.
115-1991
y
la
política pública que la inspiró, no albergamos duda de que
la contención del Municipio es errada.
Como vimos, la Ley Núm. 115-1991 define “empleado” en
términos
amplios
servicios
a
como
cambio
de
cualquier
salarios
persona
o
que
cualquier
presta
tipo
de
remuneración, mediante contrato escrito o verbal. 29 LPRA
20
CC-2014-0242
sec. 194. Asimismo, el historial legislativo es claro al
establecer que la Ley va dirigida a proteger a “cualquier
empleado sin distinción de puesto”,13 y a “todo tipo de
empleado
(y
no
sólo
determinado)”.14
a
Ello,
aquellos
contratados
pues
intereses
los
sin
de
tiempo
política
pública que busca adelantar son de la más alta jerarquía:
la protección de los derechos de los trabajadores.15 La
intención
del
legislador
fue
que
la
Ley
Núm.
115-1991
cobijara a los empleados transitorios de forma que éstos
puedan participar en actividades protegidas sin temor a
que su contrato no sea renovado.16
Resuelto lo anterior, queda claro que la no renovación
de un contrato transitorio podría ser una acción adversa
que
active
demandante
un
caso
logra
prima
facie
de
represalias
si
el
establecer
un
nexo
causal
entre
su
participación en una actividad protegida y la subsiguiente
acción adversa. En cuanto a esto, el Tribunal de Primera
Instancia a pesar de haber determinado que la recurrida no
fue
despedida
–y
que
por
lo
tanto
no
estableció
el
elemento de haber sufrido una acción adversa- concluyó que
13
Informe de las Comisiones de lo Jurídico y de Trabajo y Asuntos del
Veterano y Recursos Humanos con relación al P. del S. 987 de 20 de
febrero de 1991.
14
Memorando de la Oficina del Secretario del Departamento del Trabajo
y Recursos Humanos con relación al P. del S. 987 de 20 de febrero
de 1991.
15
Además, conviene aquí recordar que, como hemos establecido, las
leyes laborales “deben ser interpretadas liberalmente, resolviendo
toda duda a favor del obrero, para así cumplir con sus propósitos
eminentemente sociales y reparadores”. Cordero Jiménez v. UPR, supra,
pág. 139; Jiménez Hernández v. General Inst., Inc., 170 DPR
14, 64 (2007).
16
Conviene aclarar que lo resuelto en esta Opinión en torno a la
aplicación de la Ley Núm. 115-1991 es solo con respecto a los
empleados transitorios por ser ésta la categoría de empleados que
tenemos ante nuestra consideración.
21
CC-2014-0242
de todos modos no existía un nexo causal. Al resolver así,
declaró incontrovertidos varios hechos.
En particular, el foro primario determinó que luego
del
incidente
recurrida
del
23
presentara
de
la
junio
de
2009
y
de
queja,
el
Municipio
que
la
renovó
su
contrato hasta el 15 de agosto de 2009, lo cual evidencia
la falta de proximidad temporal entre ambos sucesos. De
igual forma, declaró como un hecho incontrovertido que a
otras enfermeras contratadas al mismo tiempo tampoco se
les renovó el contrato, de lo que dedujo la ausencia de
ánimo
discriminatorio.
En
consecuencia,
dictó
sentencia
sumaria y desestimó la demanda.
Sin embargo, el hecho de que a la recurrida se le
renovara el contrato luego de haber presentado la queja no
basta, sin ulterior consideración, para concluir que no
existe un nexo causal. Debe tomarse en cuenta que esa
renovación
fue
por
un
mes
y
medio,
mientras
que
las
anteriores habían sido por periodos de seis meses. También
es pertinente considerar que entre la fecha en que la
recurrida se quejó en el Departamento de Recursos Humanos
y la fecha en que fue cesanteada, transcurrió poco menos
de dos meses. Estas consideraciones no son concluyentes en
cuanto
a
determinar
si
hay
o
no
un
nexo
causal.
Sin
embargo, tampoco debieron descartarse sin más como hizo el
Tribunal de Primera Instancia.
Asimismo, la recurrida pudo establecer que varios de
los hechos en los cuales se basó el foro primario para
22
CC-2014-0242
dictar sentencia sumaria están en controversia. Así, por
ejemplo, en su oposición a la moción de sentencia sumaria
presentó prueba documental de la cual surge que, contrario
a
lo
aducido
por
el
Municipio,
a
la
mayoría
de
las
enfermeras contratadas contemporáneamente con ella se les
extendió el contrato con posterioridad al 15 de agosto de
2009. Por su parte, el Municipio alegó que en la última
evaluación que se le realizó a la recurrida ésta obtuvo
una
peor
calificación
en
comparación
con
evaluaciones
previas, lo cual justificaba que no se le renovara el
contrato. Sin embargo, de esta misma evaluación surge que
ante
la
pregunta
de
si
emplearía
nuevamente
a
la
recurrida, el evaluador contestó que sí.
Por estas razones, el Tribunal de Primera Instancia
erró
al
dictar
sentencia
sumaria
y
desestimar
la
reclamación por represalias. Ante hechos en controversia
que
pudieran
causal,
el
ser
foro
relevantes
primario
para
debió
establecer
dar
curso
al
un
nexo
trámite
ordinario y permitir que se presentara la prueba que fuera
pertinente, de conformidad con el esquema probatorio de la
Ley
Núm.
115-1991.
En
vista
de
que
ello
no
sucedió,
procede devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia
para que se dilucide lo relacionado a la causa de acción
por represalias.
IV
Por los fundamentos que anteceden, se revoca aquella
parte
de
la
sentencia
del
Tribunal
de
Apelaciones
que
23
CC-2014-0242
resolvió que la reclamación de hostigamiento sexual por
ambiente hostil al amparo de la Ley Núm. 17-1988 no está
prescrita.
En
lo
referente
a
la
causa
de
acción
por
represalias al amparo de la Ley Núm. 115-1991, se confirma
la sentencia recurrida y se envía el caso al Tribunal de
Primera Instancia para que sigan los procedimientos.
Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Presidenta
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Zoraida Velázquez Ortiz
Recurrida
v.
CC-2014-0242
Certiorari
Gobierno Municipal de Humacao
Peticionario
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2017.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente Sentencia, se revoca aquella parte de la
Sentencia del Tribunal de Apelaciones que resolvió que la
reclamación de hostigamiento sexual por ambiente hostil al
amparo de la Ley Núm. 17-1988 no está prescrita. En lo
referente a la causa de acción por represalias al amparo
de la Ley Núm. 115-1991, se confirma la sentencia
recurrida y se envía el caso al Tribunal de Primera
Instancia para que sigan los procedimientos.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco
hace constar la siguiente expresión a la cual se une el
Juez Asociado señor Estrella Martínez:
“La Jueza Asociada señora Pabón Charneco considera que
la Mayoría de este Tribunal diluye el propósito de la
Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, 29 LPRA sec. 155 et
seq., así como su jurisprudencia interpretativa, al
limitar la existencia de “un ambiente intimidante,
hostil u ofensivo” a un último acto de naturaleza
sexual para propósitos de prescripción. Esto pues, no
toma
en
consideración
las
circunstancias
que
CC-2014-0242
2
pueden permear en el ambiente de trabajo para un
empleado tras ese último contacto verbal o físico
con el hostigador, especialmente cuando la acción
tomada por el patrono para corregir la situación de
hostigamiento sexual entre empleados en el lugar de
trabajo no necesariamente ha sido inmediata y
apropiada
como
exige
la
legislación.
29 LPRA sec. 155e”.
El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió Opinión
de conformidad y disidente en parte a la cual se une la
Jueza Asociada señora Pabón Charneco.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Zoraida Velázquez Ortiz
Recurrida
v.
CC-2014-242
Certiorari
Gobierno Municipal de Humacao
Peticionario
Opinión de conformidad y disidente en parte emitida por el Juez
Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ a la cual se une la Jueza Asociada
SEÑORA PABÓN CHARNECO
San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2017.
Por considerar que hoy este Tribunal diluye
el propósito de la Ley de Hostigamiento Sexual
en el Empleo, infra, al limitar la existencia de
“un ambiente hostil u ofensivo” a un último acto
de naturaleza sexual para fines de prescripción,
respetuosamente disiento.
De
otra
parte,
estoy
conforme
con
la
determinación de la Mayoría de este Tribunal a
los efectos de que un empleado transitorio está
protegido
por
la
Ley
Núm.
115-1991,
conocida
como Ley Contra el Despido Injusto o Represalias
a todo Empleado por Ofrecer Testimonio ante un
Foro Legislativo, Administrativo o Judicial, 29
LPRA
sec.
194
et
seq.
Ahora
bien,
según
2
CC-2014-0242
adelantado,
ambiente
considero
hostil
de
que
el
trabajo
hostigamiento
es
una
sexual
modalidad
de
por
daños
continuados, por éstos constituir varios actos aislados de
índole sexual, los cuales en conjunto crean un ambiente
abusivo y hostil. Por tanto, el término prescriptivo de un
año
para
instar
una
demanda
por
hostigamiento
sexual
comienza a decursar cuando se terminan las circunstancias
que podrían entorpecer la ejecución de la acción, siempre
y cuando no existan situaciones de coacción o intimidación
que puedan impedir el ejercicio de tal causa de acción. En
cuyo caso, el término prescriptivo comienza a transcurrir
cuando cesan estas condiciones y se tiene la oportunidad
de ejercer la acción. Véase, 29 LPRA sec. 155m.
Precisamente, por esas realidades, opino que en el
caso ante nuestra consideración, la causa de acción por
hostigamiento sexual en la modalidad de ambiente hostil,
no está prescrita.
I
Las
incidencias
en
el
caso
están
correctamente
consignadas en la Opinión Mayoritaria de este Tribunal. En
consecuencia,
me
limito
a
resaltar
algunos
sucesos
se
originan
cuando
la
relevantes.
Los
hechos
ante
nos
Sra.
Zoraida Velázquez Ortiz (señora Velázquez Ortiz) regresó a
laborar,
luego
de
una
licencia
de
maternidad,
como
enfermera por contrato transitorio en el Asilo Simonet del
Municipio Autónomo de Humacao (Municipio). Ésta sostiene
3
CC-2014-0242
que fue objeto de un patrón de hostigamiento sexual por
parte de una compañera de trabajo, la Sra. María Hernández
Paulino (señora Hernández Paulino). Alega que le requirió
a
la
señora
Hernández
Paulino
que
cesara
la
conducta
hostigadora y al no tener éxito acudió a su supervisora.
Sin
embargo,
ésta
nunca
contactó
a
las
empleadas.
Finalmente, el 23 de junio de 2009, la señora Velázquez
Ortiz y la señora Hernández Paulino tuvieron un altercado
físico y verbal por las alegadas actuaciones hostigadoras.
Al día siguiente, la señora Velázquez Ortiz presentó una
querella ante la Policía y una queja ante el Departamento
de
Recursos
Humanos
del
Municipio.
Aunque
la
semana
siguiente se le renovó el contrato, el cual expiró el 30
de junio de 2009; subsiguientemente no se le renovó, por
lo que el 15 de agosto de 2009 cesó en sus funciones.
Así las cosas, el 24 de junio de 2010, la señora
Velázquez
Ortiz
sexual
represalias
y
entabló
una
contra
demanda
el
por
hostigamiento
Municipio,
la
señora
Hernández Paulino y otros. En lo que nos concierne, el
Municipio solicitó que se dictara sentencia sumaria a su
favor. Para ello, argumentó que la acción estaba prescrita
y que no procedía un reclamo por represalias, ya que la
señora Velázquez Ortiz era una empleada transitoria.
Por
su
parte,
y
en
cuanto
a
la
acción
por
hostigamiento sexual, la señora Velázquez Ortiz se opuso e
indicó que la acción no estaba prescrita. Sostuvo que el
punto
de
partida
para
computar
el
término
prescriptivo
4
CC-2014-0242
comenzó
con
su
despido
el
15
de
agosto
de
2009.
Específicamente, señaló que “no se puede concluir que el
patrón de hostigamiento cesó con el día de los hechos de
agresión
entre
la
demandante
y
codemandada
Hernández
Paulino, es decir el 23 de junio de 2009”.17 Argumentó que
el hostigamiento sexual en su modalidad de ambiente hostil
“no
se
experimenta
sólo
con
la
cercanía
física
al
hostigador y/o solamente en la incomodidad próxima de su
entorno
laboral”,
pues
laboral,
subsisten
los
“mientras
efectos
perdure
del
la
relación
hostigamiento
en
su
estado anímico y emocional y la ansiedad, producto del
ambiente intimidante y hostil del lugar de trabajo al cual
debe día a día regresar”, por lo que “el hecho de que la
hostigadora no volviera a tener otro contacto físico con
su víctima no finalizó de forma automática el ambiente
hostil al cual estaba sujeta la demandante”.18
Así, la
señora Velázquez Ortiz expuso que “no se puede pasar por
alto
que
la
demandante
vio
sus
condiciones
de
empleo
afectadas de modo tan significativo e irrazonable que el
tener que pensar en coincidir con su hostigadora, aunque
fuera sólo en los cambios de turno o sólo ver el vehículo
de Hernández en el estacionamiento de empleados, la ponía
a temblar y a llorar” e indicó que “su estado anímico […]
17
Véase, Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria y
Solicitud se dicte Sentencia Sumaria Parcial, Apéndice del
recurso de certiorari, pág. 282.
18
Íd.
5
CC-2014-0242
perduró
intacto
hasta
el
último
día
que
permaneció
trabajando para el Municipio de Humacao, principalmente
porque éste no tomó medida alguna para impedirlo o poner
fin al mismo”.19 De esta forma, sostiene que el término
prescriptivo
comenzó
con
su
despido.
Nada
expuso
ni
controvirtió el Municipio sobre este particular, sino que
se limitó a reiterar que el último acto ocurrió antes del
altercado entre las dos empleadas.
Sopesadas las posturas de las partes, el Tribunal de
Primera Instancia procedió a desestimar la demanda en su
totalidad. Al así proceder, avaló la postura del Municipio
en
cuanto
a
que
no
procedía
una
reclamación
por
represalias, por razón de que la señora Velázquez Ortiz
era una empleada transitoria y la causa de acción por
hostigamiento
sexual
estaba
prescrita,
debido
a
que
el
último acto ocurrió el 23 de junio de 2009.
En desacuerdo, la señora Velázquez Ortiz acudió al
Tribunal de Apelaciones, el cual revocó el dictamen del
foro
primario
por
entender
que
varios
de
los
hechos
esenciales estaban en controversia.
II
La Mayoría de este Tribunal acertadamente expone la
norma jurídica que debe imperar en torno a que la Ley Núm.
115-1991 aplica a cualquier tipo de empleado. No obstante,
aunque reconoce el deber de los patronos de mantener un
19
Íd., pág. 283.
6
CC-2014-0242
centro
de
trabajo
libre
de
falta
intimidación,
premia
la
apropiada
se
exige
que
le
a
hostigamiento
de
acción
éstos
para
sexual
e
inmediata
y
corregir
la
situación, al concluir que la acción presentada contra el
Municipio está prescrita. Véase, 29 LPRA secs. 155h, 155e.
Es
una
obligación
necesarias
para
del
patrono
prevenir,
tomar
aquellas
prohibir
y
medidas
erradicar
el
hostigamiento sexual en el empleo. Delgado Zayas v. Hosp.
Int. Med. Avanzada, 137 DPR 643, 652 (1994). Es decir, hoy
la Mayoría de este Tribunal avala la falta de medidas del
patrono con relación a su empleada tras una conducta de
hostigamiento sexual en su modalidad de ambiente hostil. A
mi juicio, este proceder ignora los efectos de este tipo
de
hostigamiento
irrazonablemente
trabajo,
que
en
creando
el
un
repercute
e
un
interfiere
desempeño
de
empleado
ambiente
intimidante,
en
su
hostil
y
ofensivo. Véase, S.L.G. Afanador v. Roger Electric. Co.,
Inc.,
156
DPR
651,
662
(2002).
Tan
es
así
que
puede
amilanar al empleado o empleada a permanecer o acudir a
sus labores y entorpecer sus funciones y progreso en el
mismo.
En
el
caso
de
hostigamiento
sexual
por
ambiente
hostil, hemos sido enfáticos al establecer que este tipo
de
hostigamiento
tiene
el
efecto
se
produce
cuando
de
interferir
la
conducta
irrazonablemente
sexual
con
el
desempeño de su trabajo o crear en el mismo un ambiente
intimidante, hostil u ofensivo. Rodríguez Meléndez v. Sup.
7
CC-2014-0242
Amigo, Inc., 126 DPR 117, 131-132 (1990); véase, además,
Rosa Maisonet v. ASEM, 192 DPR 368, 381 (2015); Albino v.
Ángel
Martínez
Inc.,
171
DPR
457,
472
(2007);
S.L.G.
Afanador v. Roger Electric Co., Inc., supra, pág. 662.
Este tipo de conducta puede afectar el funcionamiento y la
efectividad
de
la
víctima
en
el
empleo,
desalentar
al
empleado a permanecer en éste y dificultarle el progreso
en
su
carrera.
Véanse,
29
LPRA
sec.
155b(c);
S.L.G.
Afanador v. Roger Electric Co., Inc., supra; In re Robles
Sanabria, 151 DPR 483, 492 (2000).
En
este
sentido,
pesa
en
mí
el
que
la
señora
Velázquez Ortiz expresó en su oposición a la solicitud de
sentencia sumaria que el ambiente hostil no culminó con el
hecho de no tener contacto con la otra empleada. Por el
contrario, ésta particularizó que se ponía a temblar y
llorar con sólo pensar que podía encontrarse con la señora
Hernández Paulino en el cambio de turno o con tan sólo
reconocer que estaba presente en el área de trabajo. De
hecho, conforme a la deposición de la señora Velázquez
Ortiz,
surge
coincidió
con
trabajo
el
en
que
este
la
señora
mismo
temor
se
Hernández
turno,
y
materializó
cuando
Paulino
día
de
irse
del
ésta
tuvo
un
que
mismo.20
No puedo ignorar que la responsabilidad de mantener
un ambiente de trabajo libre de hostigamiento sexual le
20
Véase,
245-246.
Apéndice
del
recurso
de
certiorari,
págs.
8
CC-2014-0242
corresponde al Municipio. Por tanto, es éste quien deberá
responder de incurrir en una omisión e inacción hacia tal
deber. Ciertamente, de las reclamaciones que obran en el
expediente se desprende que mientras la señora Velázquez
Ortiz
continuó
laborando
estuvo
expuesta
al
patrón
de
conducta de hostigamiento sexual por ambiente hostil que
informó a su patrono. Nada impedía la ocurrencia de los
actos
que
anterior,
dieron
lugar
a
su
reclamación.
estas
consideraciones
dieron
En
lugar
ocasión
a
las
expresiones emitidas por la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez
en
su
Opinión
de
conformidad
en
Umpierre
Biascochea v. Banco Popular, 170 DPR 205 (2007), donde
resaltó que:
Una vez la recurrida no regresó a su trabajo,
cesó de estar expuesta al acto que le producía,
de acuerdo con su alegación, los daños por los
que reclamaba. Es decir, al no estar en su empleo
ella no está expuesta a un ambiente hostil.
Siendo imposible entonces la ocurrencia de nuevos
actos de naturaleza hostigante, el punto de
partida para el cómputo de la prescripción es el
día que cesó de acudir a su empleo, por ser ése
el momento en que finalizó la alegada conducta
prohibida. Íd., pág. 220. (Énfasis suplido).
Asimismo, la Jueza Asociada señora Fiol Matta en su
Opinión disidente en Umpierre Biascochea v. Banco Popular,
supra, destacó que:
El ambiente hostil no se experimenta sólo con la
cercanía física al hostigador y en la incomodidad
próxima del entorno laboral. Mientras perdure la
relación laboral, la ausencia física de la
perjudicada de su lugar de trabajo no suprime los
efectos del hostigamiento en su estado anímico y
emocional ni altera la ansiedad producto del
ambiente intimidante
y
hostil del lugar de
9
CC-2014-0242
trabajo al cual debe regresar. El ambiente hostil
creado por el patrón de conducta hostigante no
está delimitado por un espacio físico determinado,
sino que se encuentra también en un estado mental
y emocional de humillación e intimidación que
trasciende el lugar de trabajo. Íd., pág. 232.
(Énfasis suplido).
III
En
el
estatuto
le
caso
de
impone
autos,
la
es
al
obligación
Municipio
a
de
el
evitar
quien
el
alegado
hostigamiento sexual, esta responsabilidad estuvo vigente
hasta
el
15
de
agosto
de
2009,
cuando
el
contrato
de
trabajo de la señora Velázquez Ortiz no fue renovado. A mi
juicio, y conforme a las alegaciones no controvertidas, es
a partir de esa fecha que comienza el periodo prescriptivo
de la reclamación contra el Municipio, pues está cimentada
en su deber como patrono.21
En
consecuencia,
considero
que
la
causa
de
acción
contra el Municipio no está prescrita, lo que me impide
respaldar íntegramente el dictamen de la Mayoría de este
Tribunal. En su lugar, confirmaría la sentencia emitida
por el Tribunal de Apelaciones y devolvería el caso al
Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los
procesos
21
atendiendo
las
reclamaciones
por
hostigamiento
Como mínimo, una Mayoría de este Tribunal no debió
reducir
el
cómputo
al
cese
del
acto
aislado
de
hostigamiento sexual porque con ello ignora que el
criterio rector es el cese del ambiente hostil que se creó
con esa conducta, pero que no depende necesariamente de
éste solamente, para fines de la responsabilidad del
patrono.
10
CC-2014-0242
sexual
en
la
modalidad
de
ambiente
hostil
y
la
de
represalias instadas contra el Municipio.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado