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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Axel A. Núñez Vázquez

2017 TSPR 30

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Axel A. Núñez Vázquez

TS-11,650

Conducta Profesional – Suspensión inmediata de la notaría por incumplir con su deber y obligación de remitir a la ODIN índices de actividad notarial mensual e informes estadísticos de actividad notarial.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2017 TSPR 30

Axel A. Núñez Vázquez

197 DPR ____

Número del Caso: TS-11650

Fecha: 2 de marzo de 2017

Abogado de la parte promovente:

Por derecho propio

Oficina de Inspección de Notarías:

Lcdo. Manuel E. Ávila De Jesús

Director

Materia: Conducta Profesional – La Suspensión será efectiva el 14 de

marzo de 2017, fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión

inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Axel A. Núñez Vázquez

TS-11,650

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de marzo de 2017.

Una vez más, nos vemos obligados a suspender del

ejercicio de la notaría a un miembro de la profesión

legal que incumplió con sus funciones como notario,

además de incumplir, en reiteradas ocasiones, con las

órdenes

de

este

Tribunal

y

de

la

Oficina

de

Inspección de Notarías (en adelante, “ODIN”). Veamos.

I.

El licenciado Axel A. Núñez Vázquez fue admitido

al ejercicio de la abogacía el 26 de junio de 1996 y

al ejercicio de la notaría el 14 de enero de 1997.

TS-11,650

El

2

8

de

mayo

de

2015,

el

Director

de

la

ODIN,

licenciado Manuel E. Ávila De Jesús, compareció ante nos

mediante un “Informe Especial sobre Incumplimiento [con]

la Ley Notarial [de] Puerto Rico y su Reglamento y en

Solicitud

de

Remedio”

(en

adelante,

el

“Informe”).

En

dicho Informe, el Director de la ODIN nos informó que el

31 de octubre de 2014 envió una misiva al licenciado Núñez

Vázquez

notificándole

que

no

surgía

de

los

archivos

notariales que este hubiese presentado oportunamente un

total

de

sesenta

y

siete

(67)

índices

notarial

mensual

y

seis

(6)

actividad

notarial

anual,

correspondientes

informes

de

actividad

estadísticos

a

los

de

años

naturales 2007 y 2009 al 20131. En consecuencia, la ODIN

le concedió al licenciado Núñez Vázquez un término de diez

(10) días calendarios para cumplir con su deber notarial

de radicar los referidos índices e informes, al igual que

para

que

presentara

dicha tardanza.

por

escrito

la

justificación

para

El licenciado Núñez Vázquez no cumplió

con lo ordenado.

Así las cosas, el 15 de enero de 2015, el Director de

la

ODIN,

vía

correo

certificado,

envió

una

segunda

comunicación al licenciado Núñez Vázquez en la que reiteró

su orden; concediéndole, esta vez, hasta el pasado 30 de

enero de 2015 para que cumpliera con su deberes notariales

1

A saber, el licenciado Núñez Vázquez adeudaba los Índices de

Actividad Notarial Mensual correspondientes a los meses de: marzo a

diciembre de 2009; enero a diciembre de 2010; enero a diciembre de

2011; enero a diciembre de 2012; enero a diciembre de 2013; y enero a

septiembre de 2014.

TS-11,650

3

y presentara los referidos informes e índices adeudados,

al igual que la debida justificación para la tardanza en

presentar la mencionada documentación. Dicha comunicación

fue devuelta a la ODIN el 17 de febrero de 2015, según el

acuse de correo certificado y el sistema de búsqueda en la

página cibernética del Servicio de Correo Federal (USPS).

Posteriormente, el 29 de abril de 2015, la señora Ana

Vélez Rivera, Secretaria Jurídico adscrita al Registro de

Asuntos No Contenciosos de la ODIN, le informó al director

de la referida dependencia de este Tribunal que no surgía

de sus archivos que el licenciado Núñez Vázquez tuviera al

día la fianza notarial. Ello desde el 14 de enero de 1997,

fecha en que fue admitido al ejercicio de la notaría.

Dicha información fue corroborada vía telefónica con la

Secretaría de este Tribunal y con el Colegio de Abogados

de Puerto Rico.

Establecido lo anterior, y tras haber sido informados

del incumplimiento del licenciado Núñez Vázquez con las

órdenes de la ODIN, el 18 de marzo de 2016 emitimos una

Resolución

mediante

la

cual

le

concedimos

al

referido

letrado un término de cinco (5) días para que mostrara

causa por la cual no debíamos ordenar: 1) su suspensión

inmediata e indefinida del ejercicio de la notaría; 2) que

entregara la obra notarial bajo su custodia, así como su

sello notarial; 3) que entregara los índices de actividad

notarial mensual, así como los informes estadísticos de

actividad notarial anual adeudados; y, que 4) presentara

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4

evidencia acreditativa de los pagos efectuados durante los

años

1998

al

2015

para

mantener

vigente

su

fianza

notarial. El 28 de marzo de 2016, dicha Resolución fue

diligenciada

y

notificada

personalmente

al

mencionado

licenciado por un alguacil de este Tribunal.

Así las cosas, el 16 de abril de 2016 el licenciado

Núñez Vázquez compareció ante nos y presentó una “Moción

Informe Especial Sobre Incumplimiento de la Ley Notarial

de Puerto Rico”. En la referida Moción, el licenciado

Núñez Vázquez se limitó a informar, escuetamente, que no

había recibido notificaciones previas por parte de la ODIN

hasta el día 28 de marzo de 2016; que no practicaba la

abogacía activamente; que labora a tiempo completo como

gerente de manufactura en una farmacéutica, y que nunca

había tenido una querella en su contra. Asimismo, solicitó

un término adicional de treinta (30) días para mostrar

evidencia de su cumplimiento con la Ley Notarial de Puerto

Rico y con lo ordenado por este Tribunal.

Evaluados

los

planteamientos

del

licenciado

Núñez

Vázquez, el 7 de abril de 2016, notificada el 15 de abril

del

mismo

año,

emitimos

una

Resolución

en

la

que

le

concedimos a este un término de treinta (30) días para

cumplir con lo ordenado por este Tribunal en la Resolución

del 18 de marzo de 2016. Nuevamente, el licenciado Núñez

Vázquez no compareció.

TS-11,650

5

Es, pues, a la luz del marco fáctico y procesal antes

narrado que procedemos a resolver este asunto sin ulterior

trámite.

II.

Como es sabido, el Artículo 12 de la Ley Núm. 75 del

2 de julio de 1987, Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA

sec. 2001 et seq., impone a los notarios y las notarias el

deber de remitir a la ODIN un índice sobre sus actividades

notariales

mensuales

no

más

tarde

del

décimo

día

calendario del mes siguiente al informado. A tenor con

ello, la Regla 12 del Reglamento Notarial de Puerto Rico,

4 LPRA Ap. XXIV, elabora los requisitos con que debe

cumplir el mencionado índice y reitera las facultades del

Director de la ODIN con relación a las remisiones tardías

del mismo, conforme a lo dispuesto en la Regla 12 (c) del

Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRA Ap.

XXI-A.

Por otro lado, el Artículo 13 (a) de la Ley Notarial

de Puerto Rico, supra, establece la obligación de los

notarios y notarias de remitir a la ODIN, no más tarde del

último

día

de

febrero

del

año

siguiente,

el

informe

estadístico anual de los documentos notariales autorizados

durante el año precedente. Los notarios y notarias deben

rendir dicho informe en el formulario que provee la ODIN

para tales fines. Véase, Regla 13 del Reglamento Notarial

de Puerto Rico, supra, y la Regla 13 del Reglamento del

Tribunal Supremo de Puerto Rico, supra.

TS-11,650

6

Cónsono

con

incumplimiento

lo

de

anterior,

los

hemos

notarios

y

reiterado

que

el

notarias

con

la

obligación de rendir los índices e informes notariales

dentro del término provisto en ley constituye una falta

grave a los deberes que se les impone como custodios de la

fe pública notarial. Por lo tanto, dicha conducta debe

acarrear sanciones disciplinarias severas. In re Cabrera

Acosta, 193 DPR 461 (2015); In re Santiago Ortiz, 191 DPR

950 (2014); In re Miranda Casasnovas, 175 DPR 774 (2009).

Así pues, remitir los índices e informes notariales

en el término dispuesto por nuestro ordenamiento es un

deber

de

cumplimiento

estricto,

indistinto

de

si

el

notario o la notaria tuvo o no actividad notarial. In re

Miranda Casasnovas, supra, a la pág. 778; In re Feliciano

Lassalle,

175

DPR

110,

114

(2008);

In

re

Montañez

Alvarado, 160 DPR 496 (2003). Es decir, el notario y la

notaria deben tener presente que dicho incumplimiento les

coloca en “[…] el umbral de la incapacidad para ejercer el

notariado”. In re Carrasquillo Martínez, 173 DPR 798, 802

(2008);

In

re

Montañez

Alvarado,

supra;

In

re

Jusino

López, supra. De igual forma, el notario y la notaria

faltan a su deber ministerial cuando omiten presentar una

moción explicativa oportuna al

remitir tardíamente

los

índices notariales. In re Carrasquillo Martínez, supra; In

re Jusino López, supra; In re Montañez Alvarado, supra.

En fin, “[e]l ejercicio del notario exige un grado

razonable

de

organización

administrativa,

supervisión,

TS-11,650

7

responsabilidad

Ortiz,

191

DPR

y

conciencia

950,

pública”.

959-960

(2014);

In

re

Santiago

In

re

Miranda

Casasnovas, supra; In re Feliciano Lassalle, supra. Por lo

tanto, en la medida en que el notario o la notaria no

pueda cumplir íntegramente con las obligaciones que les

impone

la

Reglamento,

Ley

Notarial

supra,

debe

de

Puerto

Rico,

supra,

y

su

abstenerse

de

practicar

el

notariado. In re Feliciano Lasalle, supra, a la pág. 115;

In re Montañez Alvarado, supra, a la pág. 499.

III.

De otra parte, el Artículo 7 de la Ley Notarial de

Puerto Rico, supra, en la sec. 2011, exige como requisito

para ejercer la notaría en Puerto Rico que todo notario y

notaria preste y mantenga vigente una fianza no menor de

quince mil dólares ($15,000.00). Véase además la Regla 9

del

Reglamento

Notarial

de

Puerto

Rico,

supra.

Dicha

fianza responderá, entre otras cosas, por las cantidades

que deje de abonar el notario o la notaria al erario por

sellos de rentas internas, impuesto notarial, estampillas

de la Sociedad para la Asistencia Legal y otros derechos

exigidos por ley. Asimismo, la fianza responderá por la

encuadernación de los protocolos, así como por cualquier

otro gasto en que se incurra para realizar la inspección

de la obra notarial y su aprobación, según indique el

Director de la ODIN. Véase, Art. 7 de la Ley Notarial de

Puerto Rico, supra; Sucn. María Resto v. Ortiz, 157 DPR

803 (2001); In re Dominicci Ribas I, 131 DPR 491 (1992).

TS-11,650

8

Al respecto, hemos señalado que el notario o notaria

que no cuente con la protección de la fianza notarial

constituye

un

peligro,

no

tan

solo

para

el

tráfico

jurídico de los bienes muebles, sino también para las

personas a quienes les brinda sus servicios. In re Asencio

Márquez, 176 DPR 598, 599 (2009); In re Martínez Miranda,

174 DPR 773, 777 (2008). El notario o notaria que no

renueve diligentemente la fianza notarial, se expone, a

ser suspendido del notariado. In re Pagán, 2012 TSPR 13,

183 DPR 1056, Ap. (2012); In re Rosado Conde, 2011 TSPR

160; 182 DPR 1068,

Ap. (2011); In re Lugo Méndez, 2011

TSPR 152, 182 DPR 1068,

Ap. (2011).

IV.

Por

último,

a

través

de

los

años,

hemos

sido

enfáticos en torno a que los requerimientos que hace la

ODIN son análogos a los que efectúa este Tribunal y los

mismos deben atenderse con igual premura y diligencia. In

re

Vázquez

Martínez

González,

Romero,

188

194

DPR

688,

695

DPR

511

(2013);

(2016);

In

re

In

re

Padilla

Santiago, 190 DPR 535, 538 (2014); In re Martínez Romero,

188 DPR 511, 515 (2011); In re Santiago, 175 DPR 990

(2009).

Sobre

el

particular,

hemos

manifestado

que

la

desatención a los requerimientos de la ODIN acarrea el

mismo efecto que cuando se desobedece una orden emitida

por este Tribunal. Tal conducta constituye una violación

al Canon 9 del

Código de Ética Profesional,

repercute

acciones

en

disciplinarias

supra, y

contra

los

TS-11,650

9

profesionales del Derecho. In re Pestaña Segovia, 192 DPR

485 (2015); In re Vázquez González, supra; In re García

Incera, 177 DPR 329 (2010); In re Maldonado Rivera, 147

DPR 380 (1999).

En

ese sentido,

hemos sancionado

rigurosamente

la

actitud de los abogados y abogadas que se caracteriza por

la indiferencia y la desidia respecto a nuestras órdenes y

señalamientos. In re Vázquez González, supra, a las págs.

695–96; In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368 (2014); In re

Massanet Rodríguez, 188 DPR 116 (2013). Así pues, procede

la suspensión del ejercicio de la abogacía y/o la notaría

cuando se desatienden los requerimientos formulados por

este

Tribunal

y

se

muestra

indiferencia

ante

nuestros

apercibimientos de imponer sanciones. In re Pérez Román,

191 DPR 186 (2014); In re Betancourt Medina, 183 DPR 821

(2011); In re Lloréns Sar, 170 DPR 198 (2007). Ello, toda

vez que la naturaleza de la función de los abogados y

abogadas requiere de una escrupulosa atención y obediencia

a las órdenes de este Tribunal. In re Rivera Trani, 188

DPR 545 (2013); In re García Incera, supra; In re Colón

Rivera, 180 DPR 440 (2007).

Es, precisamente, a

expuesta,

que

procedemos

la luz de la normativa antes

a

disponer

de

los

asuntos

disciplinarios traídos a nuestra atención.

V.

Como pudimos apreciar, en el presente caso resulta

evidente que el licenciado Núñez Vázquez ha incumplido,

TS-11,650

10

reiteradamente, con su deber y obligación de remitir a la

ODIN,

según

requerido

por

las

disposiciones

legales

y

reglamentarias aplicables, un total de setenta y cuatro

(74) índices de actividad notarial mensual, al igual que

siete

(7)

informes

estadísticos

de

actividad

notarial

anual2. Tampoco ha justificado la razones que ha tenido

para

la

tardanza

en

radicar

los

referidos

índices

e

informes, a pesar de que se le ha concedido tiempo para

ello. El proceder errado del notario en cuestión se agrava

al

ignorar,

en

reiteradas

ocasiones,

las

órdenes

y

requerimientos de la ODIN y de este Tribunal.

Sin lugar a dudas, el patrón de conducta desplegado

por el licenciado Núñez Vázquez constituye un patrón de

desidia y refleja falta de interés en continuar ejerciendo

la notaría. En vista de ello, se le suspende inmediata e

indefinidamente de la notaría.

Además,

someter

los

ulteriores

se

le

ordena

índices

como,

al

licenciado

Núñez

adeudados,

so

pena

ejemplo,

de

índole

por

de

Vázquez

sanciones

monetaria,

referirlo al Tribunal de Primera Instancia para iniciar un

proceso de desacato o suspenderlo indefinidamente de la

abogacía. Deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento

con

2

lo

anterior

en

un

término

de

treinta

(30)

días

Al momento de disponer de este caso, el notario adeuda, además, los

Índices de Actividad Mensual correspondiente a octubre, noviembre y

diciembre de 2014, así como enero a marzo de 2015. De igual manera,

adeuda el Informe de Actividad Notarial Anual correspondiente al año

natural 2014.

TS-11,650

11

contados a partir de la notificación de esta Opinión Per

Curiam y Sentencia.

Se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar la

obra

y

entregar

sello

los

notarial

mismos

al

del

licenciado

Director

de

Núñez

la

ODIN

Vázquez

y

para

la

correspondiente investigación e informe.

Notifíquese inmediatamente por fax, teléfono, correo

electrónico y por la vía ordinaria.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Axel A. Núñez Vázquez

TS-11,650

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de marzo de 2017.

Por

los

fundamentos

expuestos

en

la

Opinión Per Curiam que antecede, la cual se

hace formar parte de la presente Sentencia, se

suspende al Lcdo. Axel A. Núñez Vázquez

inmediata e indefinidamente del ejercicio de la

notaría.

Se le ordena al licenciado Núñez Vázquez

someter los índices adeudados, so pena de

sanciones ulteriores como, por ejemplo, de

índole monetaria, referirlo al Tribunal de

Primera Instancia para iniciar un proceso de

desacato o suspenderlo indefinidamente de la

abogacía. Deberá acreditar a este Tribunal el

cumplimiento con lo anterior en un término de

treinta (30) días contados a partir de la

notificación de esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Por último, se le ordena al Alguacil de

este Tribunal incautar la obra y sello notarial

del licenciado Núñez Vázquez y entregar los

mismos

al

Director

de

la

ODIN

para

la

correspondiente investigación e informe.

TS-11,650

2

Notifíquese inmediatamente por fax, teléfono, correo

electrónico y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera García no

intervino.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo