LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Reliable Financial Services, Inc. y otros v. Estado Libre Asociado y otros

2017 TSPR 19

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Reliable Financial Services, Inc. y otros v. Estado Libre Asociado y otros

CC-2014-304 cons. CC-2014-742

Ley de Confiscaciones: Requisito para autorizar retención de propiedad incautada para fines investigativos conforme al Art. 13 de la Ley de Confiscaciones. Consecuencias legales de no emplazar al Secretaria de Justicia con una demanda de impugnación dentro del término jurisdiccional.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Reliable Financial

Services, Inc. y

Universal Insurance Company

Certiorari

Peticionarios

2017 TSPR 19

v.

197 DPR ____

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, Secretario de

Justicia y Superintendente

Policía de Puerto Rico

Recurridos

Ana I. Maldonado Rivera

Peticionaria

v.

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, et al.

Recurridos

Número del Caso: CC-2014-304

Cons. CC-2014-742

Fecha: 7 de febrero de 2017

Tribunal de Apelaciones:

CC-2014-304:

Región Judicial de Bayamón-Panel VII

CC-2014-742:

Región Judicial de San Juan y Guayama, Panel III

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcda. Annette M. Prats Palerm

Lcdo. Francis T. Pagán

Lcda. Keila M. Ortega Casals

CC-2014-0304

CC-2014-0742

2

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray

Procuradora General

Lcda. Tanaira Padilla Rodíguez

Subprocuradora General

Lcda. Karla Z. Pacheco Álvarez

Subprocuradora General

Lcda. Celia M. Montalvo Flores

Procuradora General Auxiliar

Lcda. María Astrid Hernández Martín

Procuradora General Auxiliar

Lcda. María C. Umpierre Marchand

Procuradora General Auxiliar

Materia: Ley de Confiscaciones: Requisito para autorizar retención de

propiedad incautada para fines investigativos conforme al Art. 13 de

la Ley de Confiscaciones.

Consecuencias legales de no emplazar al

Secretaria de Justicia con una demanda de impugnación dentro del

término jurisdiccional.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Reliable Financial

Services, Inc. y

Universal Insurance Company

Peticionarios

v.

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico,

Secretario de Justicia y

Superintendente Policía

de Puerto Rico

CC-2014-0304

Recurridos

Certiorari

CONSOLIDADO CON

Ana I. Maldonado Rivera

CC-2014-0742

Peticionaria

v.

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, et al.

Recurridos

Opinión del Tribunal

FELIBERTI CINTRÓN

emitida

por

el

Juez

Asociado

SEÑOR

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2017.

Estos

recursos

plantean

dos

(2)

controversias

asociadas al proceso de confiscación dispuesto en la Ley

Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley Núm. 119-2011, 34

LPRA

sec.

1724

et

seq.

(2016)

(Ley

Núm.

119-2011).

Primeramente, en el recurso CC-2014-0304, examinamos los

requisitos

propiedad

necesarios

incautada

para

para

autorizar

fines

la

retención

investigativos

de

conforme

CC-2014-0304

CC-2014-0742

2

dispuesto en el Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA

sec.

1724j

(2016).

CC-2014-0742,

De

resolvemos

otra

parte,

cuáles

son

en

las

el

recurso

consecuencias

legales de no emplazar al Secretario de Justicia con una

demanda de impugnación de confiscación dentro del término

jurisdiccional provisto en el Art. 15 de la Ley Núm.

119-2011, 34 LPRA sec. 1724l (2016).

I

CC-2014-0304

A. TRASFONDO PROCESAL

El 17 de febrero de 2011 se ocupó un automóvil marca

Honda Civic del año 2004, tablilla FWT-299, por haberse

utilizado

en

violación

al

Art.

198

del

Código

Penal,

33 LPRA sec. 4826 (2010) (robo), así como los Arts. 5.04

y

5.15

de

la

Ley

de

Armas,

25

LPRA

secs.

458c

y

458n (2008), respectivamente.

Para

esa

fecha

(Reliable),

en

compra

vehículo,

del

Reliable

calidad

de

tenía

Financial

entidad

un

Services,

financiera

gravamen

Inc.

para

inscrito

a

la

su

favor en el Registro de Automóviles del Departamento de

Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico.1

El Departamento de Justicia, a través de su Junta de

Confiscaciones, notificó a Reliable la confiscación del

1

El 19 de septiembre de 2012 se enmendó el Art. 15 de la Ley Uniforme

de Confiscaciones de 2011 con el propósito de precisar que el término

“dueño”, con derecho a impugnar la confiscación, se extiende a los

acreedores con un gravamen inscrito, es decir, a las entidades financieras,

así como a las aseguradoras en calidad de cesionarios del título de la

propiedad confiscada. Art. 15 de la Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA sec. 1724l

(2016) (Ley Núm. 119-2012), según enmendada por la Sec. 1 de la Ley Núm.

262-2012. Esta disposición aclaratoria advino efectiva inmediatamente y su

aplicación se hizo retroactiva al 12 de julio de 2011, fecha de aprobación

de la Ley Núm. 119-2011, supra. Sec. 3 de la Ley Núm. 262-2012.

CC-2014-0304

CC-2014-0742

3

automóvil mediante carta fechada el 14 de abril de 2011

en la cual, en lo concerniente a este recurso, indicó lo

siguiente:

La ocupación en cuestión se verificó el día 17 de

febrero de 2011, y obedeció a que el día 17 de

febrero de 2011, el referido vehículo se usó en

violación [al] Artículo 198 del Código Penal y

Artículos 5.04 y 5.15 [de la] Ley de Armas en Toa

Baja, Puerto Rico. La Certificación de Inspección

de Vehículos de Motor preparada por el Negociado

de Investigaciones de Vehículos Hurtados fue

expedida el día 15 de marzo de 2011.

Reliable recibió la notificación el próximo día.

Es

decir, el 15 de abril de 2011.

El

26

Insurance

de

abril

Company

de

2011

(Universal)

impugnando la confiscación.2

Reliable

y

presentaron

Universal

una

Demanda

Entre otros fundamentos,

alegaron que la notificación de la confiscación se hizo a

destiempo.

Cónsono

con

lo

anterior,

sometieron

una

Moción Solicitando se Dicte Sentencia Sumaria en la cual

plantearon

que,

conforme

a

la

Ley

Uniforme

de

Confiscaciones de 1988, Ley Núm. 93 de 13 de julio de

1988, según enmendada, la notificación de la orden de

confiscación debió hacerse dentro de los treinta (30)

días siguientes a la ocupación del vehículo.

Entre tanto, el 12 de julio de 2011 se promulgó la

Ley

Uniforme

retroactiva

anterior

2

ley

de

a

Confiscaciones

los

de

de

procedimientos

confiscaciones.

2011

de

aplicación

iniciados

bajo

El

estatuto

nuevo

la

Universal Insurance Company había expedido previamente una póliza de

seguros a favor de Reliable Financial Services, Inc. para cubrir el riesgo

de confiscaciones.

CC-2014-0304

CC-2014-0742

introdujo

4

una

serie

de

modificaciones,

entre

ellas,

enmiendas a los términos jurisdiccionales para notificar

la orden de confiscación, los cuales aparecen consignados

en el Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011, supra.

Luego de varios incidentes procesales, el Gobierno

se opuso a la solicitud de sentencia sumaria.

Adujo que,

a base de lo dispuesto en el mencionado Art. 13, contaba

con un término de noventa (90) días desde la ocupación

del vehículo para investigar el caso a partir del cual

comenzaban a transcurrir los treinta (30) días dispuestos

para notificar la confiscación.

El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar

la

solicitud

de

indistintamente

Reliable

de

si

se

y

Universal.

utilizaba

la

Concluyó

antigua

que,

ley

de

confiscaciones o el nuevo estatuto, el Gobierno contaba

con un término de sesenta (60) días desde la ocupación de

la propiedad para la notificación en controversia.

Universal

y

Reliable

acudieron

en

alzada.

No

obstante, el Tribunal de Apelaciones se negó a revisar el

asunto.

Entendió que la determinación recurrida no se

encontraba

comprendida

bajo

ninguno

de

los

criterios

rectores para la expedición del auto de certiorari, según

enumerados en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 (2012).

Inconformes,

Reliable

y

Universal

solicitaron

nuestra intervención y el 31 de octubre de 2014 expedimos

el auto de certiorari solicitado.

CC-2014-0304

CC-2014-0742

Se

nos

5

presentó

el

siguiente

planteamiento

como

único error:

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE APELACIONES AL

DENEGAR LA EXPEDICIÓN DEL RECURSO DE CERTIORARI

PRESENTADO Y NO DETERMINAR LA NULIDAD DE LA

CONFISCACIÓN

AÚN

CUANDO

LA

CONFISCACIÓN

FUE

NOTIFICADA A RELIABLE FINANCIAL FUERA DE LOS 30

DÍAS JURISDICCIONALES DESDE LA OCUPACIÓN CONFORME

LO DISPONE LA LEY UNIFORME DE CONFISCACIONES DE

2011.

B. PROCESO DE CONFISCACIÓN

A

través

de

la

confiscación

se

le

confiere

al

Gobierno el título de aquellos bienes utilizados para

fines

ilícitos

autorice.3

bajo

cualquier

estatuto

que

así

lo

En otras palabras, la confiscación denota el

acto mediante el cual el Estado se adjudica bienes que

han

sido

utilizados

para

la

comisión

de

determinados

delitos.

Reliable Financial Services, Inc. v. Depto. de

Justicia

de

PR

et

als.,

2016

TSPR

140,

195

DPR

___

(2016); Flores Pérez v. ELA, 2016 TSPR 59, 195 DPR ___

(2016); Doble Seis Sport v. Depto. Hacienda, 190 DPR 763

(2014); Centeno Rodríguez v. ELA, 170 DPR 907, 912-913

(2007).

3

Así pues, la Ley Núm. 119-2011 reglamenta el proceso de confiscación

en los siguientes supuestos:

[T]oda propiedad que resulte, sea producto o se utilice, durante

la comisión de delitos graves y de aquellos delitos menos graves

en los que por ley se autorice la confiscación, cuando tales

delitos graves y menos graves se encuentren tipificados en el

Código Penal de Puerto Rico, en las leyes de sustancias

controladas, de armas y explosivos, en las leyes contra el crimen

organizado,

en

las

leyes

de

juegos

prohibidos,

bebidas

alcohólicas, leyes fiscales, leyes contra la apropiación ilegal de

vehículos, leyes de vehículos y tránsito y de embarcaciones; así

como en otras leyes y en aquellos estatutos confiscatorios en los

que por ley se autorice la confiscación.

Art. 9 de la Ley Núm.

119-2011, según enmendado por la Ley Núm. 252-2011, 4 LPRA sec.

1724f (2016).

CC-2014-0304

CC-2014-0742

El

6

proceso

naturaleza

in

de

rem.

confiscación

es

uno

civil

de

Es

dirigido

contra

la

decir,

va

propia cosa la cual, por ficción legal, se considera como

la ofensora, y no contra su dueño, poseedor, encargado o

persona

con

interés

según

dispuesto

en

el

estatuto.

Doble Seis Sport v. Depto. Hacienda, supra; BBV v. ELA,

180

DPR

681

(2011);

Centeno

Rodríguez

v.

ELA,

supra.

Véanse, además, el Art. 8 y la Exposición de Motivos de

la Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA sec. 1724e (2016).

Este

mecanismo opera como disuasivo contra los violadores de

ley.

Doble Seis Sport v. Depto. Hacienda, supra; Mapfre

v. ELA, 188 DPR 517 (2013); Centeno Rodríguez v. ELA,

supra.

A pesar del carácter civil del proceso, hemos

resuelto

que

los

estatutos

interpretarse restrictivamente.

confiscatorios

deben

Íd.

1. Ley Núm. 119-2011

El 12 de julio de 2011 se sustituyó la antigua ley

de confiscaciones,4 por la Ley Núm. 119-2011, supra.

El

propósito

fue

de

esta

nueva

disposición

estatutaria

prescribir las normas que han de regir el procedimiento

en toda confiscación en Puerto Rico.

Flores Pérez v.

ELA, supra.

Esta ley se caracteriza por procurar la celeridad de

los procesos conducentes a la confiscación de propiedad.

Así pues, esta pieza legislativa persigue establecer “un

trámite expedito, justo y uniforme” para la confiscación

4

Ley Uniforme de Confiscaciones del 1988, Ley Núm. 93 de 13 de julio

de 1988.

CC-2014-0304

CC-2014-0742

7

y subsiguiente disposición de estos bienes.

de

Motivos

de

la

Ley

Núm.

importancia

de

que

los

procedimientos

prontitud

responde

en

gran

119-2011,

medida

a

que

Exposición

supra.

La

se

den

con

se

encuentra

implicado el debido proceso de ley del dueño o persona

con

interés

necesidad

de

en

la

propiedad.

aliviar

la

Igualmente

congestión

en

existe

los

la

tribunales

asociada a este tipo de litigio, a la vez que es preciso

evitar el deterioro de las propiedades ocupadas por el

transcurso del tiempo.

Íd.

Es nuestra intención adelantar los esfuerzos

de

las

instrumentalidades

del

Estado

para

viabilizar la confiscación de bienes utilizados en

violación a los estatutos de las distintas

legislaciones,

así

como

establecer

un

procedimiento que provea una solución justa,

rápida y económica de las demandas entabladas para

impugnar

la

determinación

administrativa

de

confiscar.

(Énfasis nuestro).

Exposición de

Motivos de la Ley Núm. 119-2011, supra.

Como

parte

de

específicamente

desarrollar

sus

como

“mecanismos

postulados,

política

que

se

pública

faciliten

y

consigna

del

Estado

agilicen”

el

proceso de confiscación atendiendo a la vez los derechos

de

las

partes

nuestro).

siempre

afectadas

por

el

proceso.

(Énfasis

Art. 2 de la Ley Núm. 119-2011, supra.

conscientes

de

“la

premura

atendida una confiscación […]”.

con

que

Ello

debe

(Énfasis nuestro).

ser

Íd.

El nuevo esquema normativo implanta un procedimiento

expedito

con

requisitos

Estado,

como

a

confiscados.

las

El

estrictos

partes

Gobierno

con

aplicables

interés

cuenta

con

tanto

en

los

un

periodo

al

bienes

de

CC-2014-0304

CC-2014-0742

8

notificación limitado para poder validar su actuación.5

Igualmente, aquellos que interesan impugnar el proceso

vienen obligados a actuar con premura al presentar su

demanda y posteriormente emplazar al Estado dentro de

términos relativamente cortos.

2. Notificación

En lo atinente a la controversia ante nos, una vez

se ordena la confiscación, existen tres (3) términos para

el Estado notificar esta determinación al dueño o parte

con

interés

en

jurisdiccionales.6

la

propiedad,

todos

ellos

Estos plazos aparecen consignados en

el Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011, supra.

Conforme

a

dicho

precepto,

como

norma

general,

deberá cursarse la notificación dentro de los treinta

(30) días siguientes a la ocupación de la propiedad.7

Por vía de excepción, en casos de vehículos de motor

ocupados en virtud de las disposiciones de la Ley para la

Protección de la Propiedad Vehicular, Ley de 5 de agosto

de 1987, según enmendada, 9 LPRA sec. 3216(3) (2013) (Ley

5

Es importante destacar que el requisito de notificación tiene como

propósito garantizarle a los dueños o partes con interés sobre la propiedad

confiscada el debido proceso de ley el cual abarca el derecho a ser

notificado

adecuadamente y la oportunidad de ser escuchado.

Reliable

Financial Services, Inc. v. Depto. de Justicia de PR et als., 2016 TSPR 140,

195 DPR ___ (2016); Flores Pérez v. ELA, 2016 TSPR 59, 195 DPR ____ (2016);

BBV v. ELA, 180 DPR 681 (2011).

6

Cabe señalar que el plazo para notificar las órdenes de confiscación

siempre será de treinta (30) días. Lo que varía es el punto de partida para

computar ese periodo de tiempo, según reglamentado en cada uno de los

esquemas provistos en el articulado.

7

Así pues, la disposición correspondiente el Art. 13 de la Ley Núm.

119-2011, 34 LPRA sec. 1724j (2016) (Ley Núm. 119-2011), dispone:

Toda confiscación se notificará por correo certificado dentro

de un término jurisdiccional de treinta (30) días, siguientes a la

fecha de la ocupación física de los bienes. (Énfasis nuestro).

CC-2014-0304

CC-2014-0742

9

Núm. 8), pueden transcurrir hasta sesenta (60) días desde

la incautación hasta la notificación.

Ello responde a

que, cuando la ocupación se lleva a cabo a tenor de lo

decretado en el mencionado esquema normativo, por mandato

estatutario los agentes del orden público cuentan con un

término

de

treinta

(30)

días

para

llevar

a

cabo

una

investigación sobre la procedencia y titularidad de los

vehículos

incautados.8

Los

treinta

(30)

días

para

notificar la confiscación comienzan a transcurrir una vez

expirado ese término.9

Por último, se instituyó un periodo de notificación

especial aplicable a situaciones muy particulares en las

que el legislador entendió se justificaba la retención de

la propiedad por tiempo adicional debido a su conexión

con otros procesos.

El Art. 13 de la Ley Uniforme de

Confiscaciones

2011,

de

inicialmente,

identificó

Primeramente,

se

propiedad

fuese

supra,

según

redactado

dos

(2)

posibles

supuestos.

autorizaba

esta

dilación

cuando

incautada

y

retenida

para

la

propósitos

8

En lo pertinente, el Art. 14 de la Ley para la Protección de la

Propiedad Vehicular, Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, 9 LPRA sec. 3213

(2013) (Ley Núm. 8), según enmendado por el Art. 1 de la Ley Núm. 95-1999,

establece lo siguiente:

Se faculta a los agentes del orden público a detener e

inspeccionar y retener para investigación por el periodo de tiempo

que razonablemente sea necesario que no exceda de treinta (30) días

calendario, cualquier vehículo o pieza cuando ocurra una o más de

las circunstancias que se mencionan a continuación[…].

(Énfasis

nuestro).

9

En estos casos, la notificación se hará dentro del plazo de treinta

(30) días, contados a partir de los treinta (30) días provistos para las

indagaciones pertinentes sobre el bien ocupado. A esos efectos, el Art. 13

de la Ley Núm. 119-2011, supra, específicamente dispone:

Un vehículo ocupado al amparo de la Ley para la Protección de la

Propiedad Vehicular [Ley Núm. 8], no será confiscado a favor del

Gobierno de Puerto Rico hasta tanto se culmine el procedimiento

dispuesto en dicha ley. El mismo se mantendrá bajo la custodia de

la Policía hasta que se culmine la investigación correspondiente.

CC-2014-0304

CC-2014-0742

10

investigativos relacionados a un caso civil, criminal o

administrativo.

Asimismo,

cuando

ésta

sirviese

como

la

Ley

Núm.

definido

para

de

estos

dos

el

término

de

evidencia física en un caso.

Sin

embargo,

el

texto

119-2011,

supra,

no

precisó

efectuar

la

notificación

bajo

escenarios.

Simplemente

dispuso

treinta

días

notificar

(30)

para

original

un

de

plazo

ninguno

que

la

confiscación

comenzaría a discurrir una vez concluyese la acción y se

expidiese la correspondiente orden de confiscación.10

Transcurrido poco más de un año de su promulgación,

a través del Art. 4 de la Ley Núm. 252-2012, se modificó

el precitado Art. 13 con el fin de establecer un término

máximo

de

noventa

investigación

(90)

relacionada

días

a

la

para

propiedad

culminar

la

incautada

y

expedir la orden de confiscación correspondiente.

Se

añadió además, como alternativa adicional para retener

los bienes durante este periodo recién fijado, aquellas

situaciones

en

que

la

propiedad

“indispensable

para

la

investigación”.

demás,

articulado

el

incautada

permaneció

Íd.

resultase

Por

lo

esencialmente

10

El Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011, supra, inicialmente disponía lo

siguiente:

En aquellos casos que se incaute y retenga cualquier

propiedad para alguna investigación relacionada a cualquier acción

penal, civil, administrativa o cualquier otra, o como evidencia

física, los treinta (30) días para notificar comenzarán a contarse

una vez concluya dicha acción y se expida la correspondiente orden

de confiscación.

CC-2014-0304

CC-2014-0742

11

inalterado.11

Este

precepto

entró

en

vigor

prospectivamente a partir del 15 de septiembre de 2012,

fecha de su aprobación.12

El propósito de esta enmienda fue aclarar ciertas

disposiciones de la Ley Uniforme de Confiscaciones de

2011, así como facilitar su implantación.

Exposición de

Motivos

inserción

de

la

Ley

Núm.

252-2012.

La

del

término de noventa (90) días en el Art. 13 de la Ley Núm.

119-2011, supra, respondió a la necesidad de establecer

un plazo fijo para concluir la etapa investigativa y así

evitar que la Policía retuviese vehículos incautados por

un

tiempo

confiscación.

indeterminado

previo

a

solicitar

su

Esta situación propendía al deterioro de

la propiedad, a la vez que se privaba al ciudadano de su

propiedad

por

tiempo

Justicia

estuvo

indefinido.

conforme

con

el

El

Departamento

periodo

propuesto

de

de

noventa (90) días por entender que resultaba suficiente

para culminar la investigación aludida en la enmienda.

El término cierto redundaría en beneficio, tanto para el

Estado como para el dueño de la propiedad.

Véanse el

Informe Conjunto Positivo sobre el P. del S. 2317 de las

11

Así pues, el Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011, supra, luego de la

enmienda decretada en virtud del Art. 4 de la Ley Núm. 252-2012, dispone

como sigue:

En aquellos casos en que se incaute y retenga cualquier

propiedad para alguna investigación relacionada con cualquier

acción penal, civil, administrativa o cuando el bien es

indispensable para la investigación o como evidencia en el caso,

el término para culminar la investigación y emitir la orden de

confiscación no excederá de noventa (90) días.

Los treinta (30)

días para notificar la confiscación comenzarán a contarse una vez

concluya dicha acción y se expida la correspondiente orden de

confiscación.

12

No se dispuso para su aplicación retroactiva.

Núm. 252-2012.

Véase Art. 7 de la Ley

CC-2014-0304

CC-2014-0742

Comisiones

12

de

Seguridad

Pública

y

Asuntos

de

la

Judicatura; y de Hacienda del Senado de Puerto Rico y el

Informe Positivo sobre el P. del S. 2317 de la Comisión

de

lo

Jurídico

de

la

Cámara

de

Representantes

de

Puerto Rico.

C. DISCUSIÓN

La

incautación

CC-2014-0304,

del

efectuada

vehículo

el

17

de

objeto

del

febrero

de

recurso

2011,

se

realizó conforme a la Ley Uniforme de Confiscaciones del

1988.

No obstante, el 12 de julio de 2011 se derogó este

estatuto y se suplantó por la Ley Núm. 119-2011, supra.

La

nueva

ley

de

confiscaciones

entró

en

vigor

inmediatamente y dispuso para su aplicación retroactiva a

todos los procedimientos pendientes a esa fecha.13

Por lo

tanto, el Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011, supra, según

promulgado

enmienda

inicialmente,

en

este

recurso.

fijando

límite

al

periodo

inaplicable

por

carecer

posterior

rige

de

La

de

la

investigación

es

vigencia

retroactiva.

Sin embargo, ello no tiene consecuencia

ulterior para nuestro dictamen en el día de hoy, ya que

disponemos del asunto a base de una de las contingencias

del

aludido

imperativo

Art.

que

13

la

que

se

retención

mantuvo

sea

inalterada:

para

el

propósitos

investigativos.

En lo relevante, el mencionado Art. 13 expresamente

limita su aplicación a aquellos casos en los que “se

13

Arts. 28 y 30 de la Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA secs. 1724w y 1724n

(2016).

CC-2014-0304

CC-2014-0742

incaute

y

13

retenga

investigación

cualquier

relacionada

(Énfasis nuestro).

con

propiedad

para

alguna

cualquier

acción

[…]”.

Como puede apreciarse, el lenguaje

del estatuto es claro sobre este particular.14

condiciones,

retención

es

decir,

para

conjuntamente.

disposición,

la

incautación,

fines

investigativos,

En

sentido,

no

es

este

menos

así

tienen

para

Ambas

como

que

fines

importante

la

darse

de

esta

determinar

la

justificación inicial para intervenir con la propiedad.

Por lo tanto, para el Estado poder justificar la

retención

de

propiedad

confiscada

a

base

del

último

supuesto del Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011, supra, es

menester

determinar

si

retenida

con

propósito

el

esa

propiedad

de

fue

incautada

asistir

investigación concerniente a un caso.

en

y

alguna

A esos efectos,

deben cumplirse los siguientes requisitos.

Primeramente,

que contemporáneamente o cercano a la incautación exista

o se inicie algún tipo de investigación de naturaleza

civil, penal o administrativa.

De otra parte, que esa

investigación esté de alguna manera vinculada a la razón

para ocupar la propiedad incautada.

que

el

motivo

inicial

para

En otras palabras,

intervenir

y

retener

la

propiedad sea relevante a la pesquisa.

14

Cabe recordar que la interpretación de los estatutos comienza

examinando su texto. Si el lenguaje allí consignado es claro e inequívoco,

refleja concluyentemente la intención del legislador y resultan redundantes

indagaciones ulteriores. Rosado Molina v. ELA, 2016 TSPR 95, 195 DPR ____

(2016); Spyder Media, Inc. v. Mun. de San Juan, 194 DPR 546 (2016); Doble

Seis Sport v. Depto. Hacienda, 190 DPR 763 (2014).

De esta forma cumplimos con la máxima consignada en el Art. 14 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 14 (2015), la cual dispone:

“[c]uando la ley es clara libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe

ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”.

CC-2014-0304

CC-2014-0742

14

Conforme esta disposición aparece redactada, no es

suficiente

aludir

investigación

en

estatuto

exige

simplemente

términos

vagos

establecer,

tanto

a

y

una

supuesta

generalizados.

la

naturaleza

de

El

la

investigación, como la necesidad de retener la propiedad

para fines asociados a esa investigación.

A

tono

con

lo

anterior,

es

preciso

que

la

investigación a llevarse a cabo esté relacionada con la

razón

Por

inicial

consiguiente,

para

el

ocupar

Estado

no

el

puede

automóvil.

justificar

la

retención una vez pasados los treinta (30) días, a base

de eventos posteriores desconectados con la incautación

inicial, tales como la inspección mandatoria decretada

por la Ley Núm. 8, supra.

rutinaria

realizada

a

De ahí que una inspección

posteriori

con

el

único

fin

de

verificar si el vehículo cumple con las exigencias de la

Ley para la Protección Vehicular es irrelevante puesto

que no guarda relación con las violaciones imputadas que

dieron base a la ocupación del vehículo en este recurso.

Debido a las implicaciones de rango constitucional

que conlleva la confiscación de propiedad, el Gobierno no

cuenta

con

discreción

absoluta

para

retener

bienes

privados por tiempo suplementario meramente a causa de

una investigación.

Cabe recordar que esta disposición

constituye una excepción al término ordinario de treinta

(30)

días

incautación.

para

la

notificación

a

partir

de

la

Por lo cual, el Gobierno únicamente podrá

CC-2014-0304

CC-2014-0742

15

aprovecharse del plazo adicional si cumple con cada una

de las exigencias enumeradas en el último postulado del

Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011, supra, que, para efectos

de este recurso, específicamente limitan este supuesto a

investigaciones vinculadas a la incautación original.

No

podemos

a

pasar

interpretar

por

las

alto

que

venimos

disposiciones

obligados

atinentes

a

las

confiscaciones de manera restrictiva.

El Gobierno ha planteado razones de política pública

que

justifican

notificación,

un

a

la

término

vez

que

más

aduce

amplio

que

el

para

la

vehículo

en

cuestión fue ocupado para fines investigativos.

Primeramente argumenta que treinta (30) días desde

la ocupación puede resultar insuficiente para concluir

investigaciones

pueden

asociadas

tornarse

a

complejas

actividades

y

que

involucran propiedad incautada.

de

delictivas

alguna

que

forma

Igualmente alude a la

necesidad de establecer un balance entre el interés del

Estado

de

investigar

adecuadamente

como

parte

de

su

función de fiscalizar el cumplimiento de las leyes del

orden público y el interés de la persona particular a no

ser

expuesta

a

un

procedimiento

o

acción

innecesaria

contra su propiedad.

Asimismo el Estado intenta utilizar

la

Inspección

de

Vehículos

Negociado

de

Investigaciones

de

notificación

para

Certificación

de

preparada

por

el

Vehículos

Hurtados

aludida

evidenciar una investigación.

en

la

de

Motor

Plantea, además, que la

CC-2014-0304

CC-2014-0742

16

Ley Núm. 119-2011, supra, no le obliga a acreditar las

gestiones investigativas como requisito previo a emitir

una orden de confiscación.

Sin

embargo,

expresiones

sus

imprecisas

afirmaciones

de

principios

constituyen

generales

abordar el punto medular de la controversia.

sin

Es decir,

la relevancia del vehículo para cualquier investigación

en progreso a raíz de la incautación.

Sus argumentos no

han pasado de ser eso; meras alegaciones sin que las

acompañe ningún tipo de prueba que establezca la conexión

entre

supuestas

investigaciones

y

la

ocupación

de

la

propiedad.

El hecho que se hayan ocupado armas en el automóvil

no implica que automáticamente el vehículo sea relevante

para alguna investigación ulterior sobre posibles cargos

criminales contra los ocupantes.

Gobierno

no

detalla

en

qué

En sus escritos, el

consistió

la

supuesta

investigación; cuál fue su propósito, y su nexo con el

vehículo.

Por ejemplo, no existe ninguna referencia en

el expediente que alerte sobre la necesidad de realizar

algún tipo de inspección ulterior para levantar huellas

dactilares,

sangre

o

DNA

o

pólvora.

residuos

de

Tampoco

sustancias

se

desprende

controladas,

que

fuera

pertinente algún examen pericial concerniente al estado o

funcionamiento de los frenos, gomas u otros componentes

del vehículo.

CC-2014-0304

CC-2014-0742

17

No existe controversia que la notificación de la

orden de confiscación en este recurso se efectuó pasados

los treinta (30) días desde la incautación del vehículo.

Tampoco se alega que se ocupó en virtud de la Ley para la

Protección Vehicular.

De hecho, la propia notificación

alerta expresamente que la ocupación obedeció a que en

esa fecha el automóvil se utilizó en contravención a las

disposiciones del Código Penal y la Ley de Armas.

No se desprende de los autos, ni tampoco el Gobierno

ha acreditado, que la decisión de retener el vehículo al

momento de su ocupación fuese para fines investigativos

relacionados a la ocupación y de este modo refrendar la

aplicación del último párrafo del Art. 13 de la Ley Núm.

119-2011, supra.

A base de lo anterior, resolvemos que el Gobierno no

presentó razones válidas suficientes para establecer que

retuvo

el

vehículo

ocupado

para

fines

investigativos

asociados a los motivos que originaron su ocupación.

Por

lo tanto, la notificación de la orden de confiscación en

este caso debió hacerse dentro de treinta (30) días a

partir del 17 de febrero de 2011, fecha de la ocupación

del automóvil.

Habida cuenta que no fue hasta el 15 de

abril de 2011, ya expirado este término, que se efectuó

tal notificación, procede declarar su nulidad.

Con el propósito de garantizar que la facultad para

incautar propiedad privada se ajuste a lo dispuesto en la

normativa provista en el Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011,

CC-2014-0304

CC-2014-0742

18

supra, en el día de hoy disponemos que la mejor práctica

es

que

los

motivos

propiedad

en

estos

personas

con

interés

incautación.

investigativos

casos

se

lo

para

revelen

más

a

retener

los

cercano

la

dueños

posible

a

y

la

De este modo, se les alerta oportunamente

que el trámite confiscatorio puede extenderse más allá de

los treinta (30) o sesenta (60) días, provistos en los

otros supuestos de este precepto de ley.

reduce

la

posibilidad

de

que

el

A la vez se

Estado

improvise

justificaciones a posteriori para la demora, vulnerando

los

derechos

pueden

propietarios

consignarse

de

los

dueños.

fehacientemente

en

Igualmente

la

orden

de

confiscación los fines investigativos que provocaron la

retención de la propiedad.

Bajo

cualquiera

de

estos

dos

(2)

supuestos,

corresponde a la parte que impugna una notificación por

tardía,

refutar

las

razones

de

índole

investigativa

aducidas por el Estado para amparar su retraso.

Así

pues, según sea el caso, el dueño o parte con interés en

la propiedad deberá probar, ya sea que no se dio tal

investigación o que, de ésta haberse realizado, dicho

trámite no guardó relación con la incautación.

Ahora bien, en ausencia de las comunicaciones antes

mencionadas,

tardía,

si

una

el

vez

Estado

impugnada

una

notificación

interesa

valerse

del

periodo

por

de

tiempo adicional consignado en la última modalidad del

Art.

13

de

la

Ley

Núm.

119-2011,

supra,

por

alegada

CC-2014-0304

CC-2014-0742

19

ocupación para fines investigativos, le corresponde el

peso de probar, mediante prueba fehaciente, la conexión

entre

el

motivo

para

la

ocupación

de

la

propiedad

retenida y la investigación correspondiente.

El hecho de que la Ley Núm. 119-2011, supra, no

disponga taxativamente para el tipo de notificación que

hoy

decretamos

razonables

no

y

nos

impide

necesarias

implementación

sea

establecer

para

cónsona

directrices

asegurar

con

los

motivos

que

su

que

la

inspiran, a la vez que se salvaguardan las garantías al

debido proceso de ley.

las

gestiones

bona

Lejos de intentar interferir con

fide

de

los

oficiales

del

orden

público, nuestra determinación en el día de hoy se centra

en evitar el posible abuso de las potestades asociadas a

la

confiscación

conferidas

a

las

autoridades

gubernamentales.

Por

lo

confiscación

tanto,

efectuada

se

en

declara

la

el

objeto

caso

nulidad

del

de

la

recurso

CC-2014-0304.

II

CC-2014-0742

A. TRASFONDO PROCESAL

El 8 de mayo de 2013 la Policía de Puerto Rico ocupó

un vehículo Mitsubishi Montero, del año 2001, tablilla

DXT-529, por presuntamente haberse utilizado en violación

al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas, 24 LPRA

sec. 2404 (2011).

CC-2014-0304

CC-2014-0742

20

El automóvil, propiedad de la Sra. Ana I. Maldonado

Rivera (señora Maldonado), estaba siendo utilizado por su

hijo, el Sr. José Ortiz Maldonado, al momento de los

hechos.

El 11 de junio de 2013 la Junta de Confiscaciones

del Departamento de Justicia le envió la notificación de

la orden de confiscación del vehículo correspondiente a

la señora Maldonado mediante la cual, en lo pertinente,

se le indicó lo siguiente:

La ocupación se llevó a cabo el 8 de mayo

de 2013, y obedeció a que el 8 de mayo de 2013 se

utilizó en violación al Artículo 404 de la Ley de

Sustancias Controladas en Santurce, Puerto Rico.

La Orden de Confiscación fue emitida 16 de mayo

de 2013.

Además, violó la Ley Núm. 8 de 5 de agosto

de 1987, según enmendada, conocida como “Ley para

la Protección Vehicular”.

[sic] El Certificado

de Inspección de Vehículos de Motor expedido el

15 de mayo de 2013, el bonete y guardalodos

frontales

fueron

reemplazados

(no

son

originales).

El 19 de julio de 2013 la señora Maldonado presentó

una

Demanda

impugnando

la

confiscación

por

haberse

desestimado los cargos presentados en contra de su hijo.

El

9

de

agosto

de

2013

se

emplazó

al

Secretario

de

Justicia en el caso.

Oportunamente el Gobierno solicitó la desestimación

de

la

Demanda

Secretario

de

aduciendo

Justicia

se

que

el

efectuó

emplazamiento

fuera

del

al

término

jurisdiccional de quince (15 días), contado a partir de

la presentación de la Demanda, según provisto en ley.

CC-2014-0304

CC-2014-0742

21

La señora Maldonado se opuso al reclamo del Gobierno

y solicitó que, en su lugar, se dictara sentencia a su

favor.

Alegó

que

el

proceso

de

confiscación

resultó

ineficaz debido a que la notificación de la orden de

confiscación resultó tardía.

El Gobierno rechazó el planteamiento de la señora

Maldonado.

término

Insistió que, dada su inobservancia con el

jurisdiccional

para

emplazar

al

Secretario

de

Justicia, el tribunal carecía de autoridad para atender

el planteamiento de nulidad de la peticionaria.

De otra

parte, rechazó que se hubiese notificado la confiscación

a destiempo.

Alegó que la incautación de la propiedad

formó parte de una investigación que concluyó el 16 de

mayo

de

2013

confiscación,

con

por

la

lo

expedición

cual

se

de

cumplió

la

con

orden

el

de

término

dispuesto en el último postulado del Art. 13 de la Ley

Núm. 119-2011, supra.

El 15 de noviembre de 2013 el Tribunal de Primera

Instancia desestimó la Demanda.

Consignó que carecía de

jurisdicción para atender el caso a causa del retraso en

emplazar al Secretario de Justicia.

La

peticionaria

Apelaciones.

El

acudió

foro

entonces

apelativo

mediante

al

Tribunal

intermedio

Sentencia

de

30

revocó

de

de

el

dictamen

recurrido

junio

de 2014.

Resolvió que no existía base para concluir que

el vehículo se hubiese retenido para alguna investigación

relacionada a un caso como alegaba el Gobierno.

Por lo

CC-2014-0304

CC-2014-0742

22

tanto, el término aplicable para la notificación de la

confiscación en este caso era de treinta (30) días a

partir de la fecha en que se ocupó el vehículo.

Conforme

a ello, declaró la nulidad de la confiscación.

Rechazó

los argumentos de falta de jurisdicción sobre la materia

por entender que, siendo nula ab initio, la confiscación

carecía de efecto jurídico alguno.

Inconforme, el Gobierno acudió ante nos y presentó

el siguiente señalamiento de error:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL CONCLUIR QUE

EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO INCUMPLIÓ

CON EL REQUISITO DE NOTIFICACIÓN DISPUESTO EN LA

LEY UNIFORME DE CONFISCACIONES DE 2011, REVOCANDO

ASÍ LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL DE

PRIMERA

INSTANCIA

DESESTIMANDO

LA

DEMANDA

PRESENTADA POR LA PARTE RECURRIDA POR HABERSE

EMPLAZADO AL SECRETARIO DE JUSTICIA FUERA DEL

TÉRMINO JURISDICCIONAL DISPUESTO PARA ELLO EN LA

LEY UNIFORME DE CONFISCACIONES DE 2011.

El 12 de diciembre de 2014 expedimos el recurso y

ordenamos su consolidación con el recurso CC-2014-0304

antes discutido.

B. DISCUSIÓN

La

acción

para

impugnar

una

confiscación

debe

iniciarse dentro de los treinta (30) días siguientes al

recibo de la notificación correspondiente, mediante una

demanda contra el Estado y el funcionario que autorizó la

ocupación.

Es

requisito

también

que

se

emplace

al

Secretario de Justicia dentro de los quince (15) días

siguientes

a

la

fecha

de

presentación

Ambos términos son jurisdiccionales.

Núm. 119-2011, supra.

de

la

demanda.

Art. 15 de la Ley

CC-2014-0304

CC-2014-0742

23

En el recurso CC-2014-0742, a pesar que la Demanda

impugnando la validez de la confiscación se presentó en

tiempo, el emplazamiento al Secretario de Justicia se

diligenció ya expirado el plazo jurisdiccional provisto

para ello.

El Tribunal de Apelaciones revocó la determinación

del foro primario por entender que la confiscación era

nula ab initio.

Razonó que, al haberse notificado tarde,

la misma carecía de efecto jurídico alguno.

A base de

ello resolvió que las condiciones aplicables al trámite

de impugnación, según consignadas en el precitado Art.

15,

tales

como

el

emplazamiento,

resultaban

inconsecuentes a su reclamación.

Es cierto que el incumplimiento del Estado con el

término

dispuesto

para

notificar

una

orden

confiscación ordinariamente conlleva su nulidad.

de

Véase,

Coop. Seguros Múltiples v. Srio. de Hacienda, 118 DPR

115,

118

(1986).

Sin

embargo,

automática,

sino

que

judicial

un

proceso

en

depende

de

esa

de

nulidad

una

impugnación.

no

es

determinación

En

otras

palabras, es contingente a que la parte afectada acuda al

tribunal y presente argumentos válidos que justifiquen su

reclamo.

Según

indicamos

anteriormente,

el

trámite

para

impugnar una confiscación está sujeto a normas procesales

rigurosas y plazos cortos que obligan a todas las partes

concernientes.

Entre esas pautas se encuentran términos

CC-2014-0304

CC-2014-0742

24

jurisdiccionales para que el dueño o persona con interés

en

la

propiedad

confiscada

presente

la

demanda

impugnatoria y posteriormente se emplace al Secretario de

Justicia.

A

diferencia

estricto,

los

de

un

términos

requisito

de

cumplimiento

jurisdiccionales

improrrogables e insubsanables.

son

fatales,

Toro Rivera et als. v.

ELA et al., 194 DPR 393 (2015); Soto Pino v. Uno Radio

Group, 189 DPR 84 (2013); Peerless Oil v. Hnos. Torres

Pérez, 186 DPR 239 (2012).

enfrentamos

al

desempeño

Por lo tanto, cuando nos

tardío

de

una

exigencia

de

naturaleza jurisdiccional, no le queda otra opción al

tribunal que no sea la desestimación del recurso.

Conforme

a

lo

anterior,

para

poder

ejercer

su

derecho a cuestionar la validez de la confiscación, la

señora Maldonado venía obligada, no solamente a acudir al

tribunal

diligenciar

el

emplazamiento dentro del plazo dispuesto para ello.

De

lo

en

tiempo,

contrario,

sino

también

a

las

gestiones

del

Estado

el

hecho

tratarse

se

presumen

correctas.

Así

pues,

de

de

una

acción

impugnatoria no exime a la parte promovente de cumplir

con todos los términos y exigencias aplicables al trámite

judicial,

incluyendo

los

requisitos

provistos

para

adquirir jurisdicción sobre la persona demandada, en este

caso,

a

Justicia.

través

del

emplazamiento

al

Secretario

de

CC-2014-0304

CC-2014-0742

25

En resumen, en este caso no existe controversia que

el emplazamiento al Secretario de Justicia se realizó

pasados los quince (15) días provistos para ello.

Habida

cuenta que ese término es de carácter jurisdiccional,

procedía desestimar la demanda.

Tribunal

de

Apelaciones

al

Erró por lo tanto el

dar

curso

a

la

acción

impugnatoria.

III

CONCLUSIÓN

De

revoca

conformidad

la

Apelaciones

con

Resolución

el

11

lo

anteriormente

emitida

de

marzo

de

por

el

2014

y

indicado,

se

Tribunal

de

se

declara

la

nulidad de la confiscación en el caso objeto del recurso

CC-2014-0304.

Además,

se

revoca

la

Sentencia

del

Tribunal

de

Apelaciones de 30 de junio de 2014 objeto del recurso

CC-2014-0742 y se ordena la desestimación de la Demanda

en el caso por falta de jurisdicción.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Roberto Feliberti Cintrón

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Reliable Financial

Services, Inc. y

Universal Insurance Company

Peticionarios

v.

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico,

Secretario de Justicia y

Superintendente Policía

de Puerto Rico

CC-2014-0304

Recurridos

Certiorari

CONSOLIDADO CON

Ana I. Maldonado Rivera

CC-2014-0742

Peticionaria

v.

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, et al.

Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero 2017.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente Sentencia, se revoca la Resolución emitida por el

Tribunal de Apelaciones el 11 de marzo de 2014 y se declara

la nulidad de la confiscación en el caso objeto del recurso

CC-2014-0304. Se revoca, además, la Sentencia del Tribunal

de Apelaciones de 30 de junio de 2014 objeto del recurso

CC-2014-0742 y se ordena la desestimación de la Demanda en

el caso por falta de jurisdicción.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

emitió una Opinión de conformidad en parte y disidente en

parte.

El Juez Asociado señor Estrella Martínez hace

constar la siguiente expresión de conformidad en parte y

disidente en parte:

CC-2014-0304

CC-2014-0742

“El Juez Asociado señor Estrella Martínez

está conforme con lo resuelto en el caso

CC-2014-304, por considerar que el Tribunal

acertadamente

expone

el

derecho

sustantivo

aplicable y pauta los requisitos que debe cumplir

el Estado cuando incaute y retenga cualquier

propiedad para fines investigativos, según lo

dispone el último párrafo del Art. 13 de la Ley

Núm. 119-2011, 34 LPRA sec. 1724(j). Cabe

destacar que está de acuerdo con la determinación

de no remitir el caso al Tribunal de Primera

Instancia para que el Estado tenga nuevamente la

oportunidad de demostrar que retuvo la propiedad

ocupada para fines investigativos asociados a los

motivos que originaron su incautación. La razón

de

ello

es

que

el

Estado,

y

así

surge

diáfanamente

del

expediente

ante

nuestra

consideración, ya tuvo esa oportunidad y no

detalló

en

qué

consistió

la

supuesta

investigación, cuál fue su propósito y su vínculo

con la propiedad incautada. En otras palabras, en

ningún momento el Estado acreditó que la decisión

de retener la propiedad respondió a fines

investigativos relacionados a la ocupación y, de

esa forma, refrendar la aplicación del último

supuesto del precitado Art. 13 de la Ley Núm.

119-2011. Tampoco se alegó que la propiedad se

ocupó al amparo de la Ley para la Protección de

la Propiedad Vehicular, Ley Núm. 8 de 5 de agosto

de 1987 (Ley Núm. 8), 9 LPRA sec. 3201 et seq.

De esta forma, opina que en consideración a

las circunstancias del caso, devolverlo al foro

primario hubiese conllevado permitir que el

Estado improvisara justificaciones a posteriori

para

la

demora

en

la

notificación

de

la

confiscación dentro del término dispuesto para

ello, infringiendo así los derechos propietarios

de los dueños. En vista de que en este caso la

notificación de la confiscación se realizó fuera

de la norma general que impone un término

jurisdiccional de treinta (30) días desde la

incautación, y de que el Estado no ocupó la

propiedad en virtud de la Ley para la Protección

de la Propiedad Vehicular ni acreditó que su

retención respondió a fines investigativos que le

permitieran extender el referido periodo de días

para cursar la notificación, sostiene que procede

–tal como lo determina el Tribunal- decretar la

nulidad de la confiscación efectuada. Véanse, por

ejemplo, Coop. Seguros Múltiples v. Srio. de

Hacienda, 118 DPR 115 (1986); Colón Medina v.

Srio. de Hacienda,

109 DPR 540 (1980); Vázquez

Fontánez v. Tribunal Superior, 102 DPR 396 (1974)

2

CC-2014-0304

CC-2014-0742

(Per Curiam). Ante el cuadro descrito, no

procedía otorgarle una segunda oportunidad al

Estado para que “demostrara” lo que a todas luces

no hizo y que bajo la norma acertadamente pautada

no podrá realizar.

Con

relación

al

caso

CC-2014-742,

respetuosamente disiente de la determinación de

revocar el dictamen del Tribunal de Apelaciones

y, por ende, desestimar la demanda de impugnación

de confiscación por motivo de haberse emplazado

al Secretario de Justicia fuera del término

jurisdiccional

establecido

en

la

Ley

Núm.

119-2011, 34 LPRA sec. 1724 et seq.

Ello pues,

al

igual

que

concluyó

el

foro

apelativo

intermedio, del expediente surge con meridiana

claridad que la confiscación efectuada es nula,

toda vez que la notificación fue remitida por el

Estado en exceso del término jurisdiccional de

treinta (30) días dispuesto en el Art. 13 de la

Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA sec. 1724(j). En

particular, en este caso la ocupación de la

propiedad ocurrió el 8 de mayo de 2013 y

específicamente respondió a que ese día se

utilizó en alegada violación a la Ley de

Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 LPRA

sec. 2101 et seq. Posteriormente, el Estado

remitió la correspondiente notificación el 11 de

junio de 2013. De ésta, no se desprende que la

confiscación se realizó para fines investigativos

o en virtud de la precitada Ley Núm. 8, para así

extender el mencionado término para remitir la

notificación.

La única referencia que se hace en la

notificación a la Ley Núm. 8 es que del

Certificado de Inspección de Vehículos de Motor

expedido el 15 de mayo de 2013, surgió que el

bonete y guardalodos frontales del vehículo

fueron reemplazados. Por tanto, esto último,

evidentemente, no fue la razón principal para la

incautación realizada el 8 de mayo de 2013. Es

una información que se obtuvo el 15 de mayo

de 2013, con posterioridad a la incautación, por

lo que no puede implicar que la confiscación se

efectuó al amparo de la Ley Núm. 8.

En consecuencia, contrario a lo resuelto en

la Opinión Mayoritaria, entiende que no procede

refrendar la confiscación en este caso, ya que al

ser nula por razón de que la notificación se

remitió

fuera

del

término

jurisdiccional

dispuesto

para

ello,

nunca

tuvo

eficacia

jurídica. Tal y como afirmó el Tribunal de

3

CC-2014-0304

CC-2014-0742

4

Apelaciones, considera que no se puede condonar

la nulidad mediante la estricta aplicación de un

estatuto con el cual el propio Estado no cumplió.

A tales efectos, es contrario a derecho sujetar a

la persona afectada a las disposiciones de un

estatuto que pierde aplicabilidad ante la nulidad

ab initio de la confiscación. Recuérdese, a modo

de analogía, que “ante la certeza de la nulidad

de una sentencia, resulta mandatorio declarar su

inexistencia jurídica; ello independientemente

del hecho de que la solicitud a tales efectos se

haga con posterioridad a haber expirado el plazo

de seis (6) meses establecido”. Montañez v.

Policía de Puerto Rico, 150 DPR 917, 922 (2000)

(Énfasis en el original). Por todo lo anterior,

sostiene que procedía confirmar al Tribunal de

Apelaciones y, por consiguiente, decretar la

nulidad de la confiscación efectuada.”

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Reliable Financial Services, Inc.

y Universal Insurance Company

Peticionarios

CC-2014-0304

v.

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico; Secretario de Justicia y

Superintendente Policía de Puerto

Rico

cons. con

Recurridos

Ana I. Maldonado Rivera

Peticionaria

CC-2014-0742

v.

Estado Libre

Rico y otros

Asociado

de

Puerto

Recurridos

Opinión de conformidad en parte y disidente

emitida por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

en

parte

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2017.

Estoy conforme con lo resuelto en el caso Reliable

Financial Services, Inc. y Universal Insurance Company v.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, CC-2014-0304,

CC-2014-0304; CC-2014-0742

2

pues precisa el efecto que acarrea que el Estado consigne

los fines investigativos que provocaron la retención de la

propiedad, así como las consecuencias de no hacerlo.

No obstante, disiento del proceder de una mayoría de

este Tribunal en el caso Ana I. Maldonado Rivera v. Estado

Libre Asociado de Puerto Rico y otros, CC-2014-0742, por

entender

que

ignora

respecto

a

que

nuestras

el

expresiones

incumplimiento

anteriores

con

un

con

término

jurisdiccional “no puede tener el efecto de frenar un decreto

de inexistencia . . . y, mucho menos, puede convertirse en

subterfugio para convalidar [actos] nulos”. Ríos v. Municipio

de

Isabela,

159

DPR

839,

849

(2003).

En

particular,

la

Opinión mayoritaria produce un absurdo jurídico al sostener

que, a pesar de que las confiscaciones que no se notifican

dentro del término jurisdiccional ordinariamente son nulas,

procede desestimar la demanda de impugnación presentada por

la

Sra.

Ana

Secretario

de

Maldonado

Rivera

porque

Justicia

dentro

del

ésta

no

término

emplazó

al

jurisdiccional

aplicable.

I

A.

En

nuestro

ordenamiento

jurídico,

el

proceso

de

confiscación está regulado por la Ley Núm. 119 de 12 de julio

de 2011, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de

Confiscaciones de 2011”, 34 LPRA secs. 1724 et. seq. (Ley de

CC-2014-0304; CC-2014-0742

Confiscaciones).15

El

fin

3

primordial

de

este

estatuto

es

garantizar un “trámite expedito, justo y uniforme para la

confiscación de bienes por parte del Estado y la disposición

de éstos”. Exposición de Motivos de la Ley de Confiscaciones.

Conviene examinar las normas aplicables a dicho proceso antes

de puntualizar mi crítica al proceder mayoritario.

i.

El Artículo 13 de la Ley de Confiscaciones, 34 LPRA sec.

1724j,

establece

las

coordenadas

del

requisito

de

notificación de la confiscación. A tales fines, éste dispone

que el Director Administrativo de la Junta deberá notificar

la confiscación y la tasación de la propiedad confiscada a

las siguientes partes:

a) la persona que tuviere la posesión física del bien

al momento de la ocupación;

b) a aquéllas que por las circunstancias, información

y creencia, el Director Administrativo considere como

dueños de dicho bien;

c) en los casos de vehículos de motor, se notificará,

además, al dueño, según consta en el Registro de

Vehículos del Departamento de Transportación y Obras

Públicas y al acreedor condicional que a la fecha de

la ocupación tenga su contrato inscrito[. . .]. 34

LPRA sec. 1724j.

15

Esta Ley derogó la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según

enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988”. A su

vez, la Ley de Confiscaciones del 1988 actualizó la Ley Uniforme de

Confiscación de Vehículos, Bestias y Embarcaciones de 1960 y amplió la

autoridad del Estado para confiscar la propiedad que se utilizara con

fines ilegales. Véanse, Coop. de Seg. Múlt. V. ELA, 180 DPR 655, 662-63

(2011), citando a Suárez v. ELA, 162 DPR 43, 53 (2004).

CC-2014-0304; CC-2014-0742

4

Además, conforme a ese artículo, “toda confiscación se

notificará

por

correo

jurisdiccional

de

certificado

treinta

(30)

dentro

días,

de

un

término

siguientes

a

la

ocupación física de los bienes”. Íd. (énfasis suplido). En el

caso de vehículos de motor que sean ocupados en virtud de la

Ley

para

la

Protección

de

la

Propiedad

Vehicular,

la

notificación se hará dentro de los treinta días siguientes al

término de treinta días dispuesto para que los oficiales del

orden

público lleven a cabo una investigación sobre el

bien ocupado. Íd.

Nótese que el término dentro del cual el Estado tiene

que

notificar

la

confiscación

es

de

naturaleza

jurisdiccional. Cónsono con ello, la falta de notificación

dentro

del

término

confiscación.16

De

aplicable

esto

se

conlleva

puede

la

colegir

nulidad

de

la

que

Ley

de

la

Confiscaciones provee un procedimiento riguroso para llevar a

cabo la confiscación y le impone al ELA requisitos estrictos

para su notificación.

16

Véanse, por ejemplo, en el contexto de las leyes de confiscaciones

anteriores Secretario de Justicia v. Tribunal Superior, 95 DPR 158,

163-64 (1967) (donde resolvimos por primera vez que el incumplimiento

con el término de diez días que establecía la Ley Uniforme de

Confiscación de Vehículos, Bestias y Embarcaciones, supra, para

notificar la confiscación a las partes conllevaba la nulidad del

procedimiento); Secretario de Justicia v. Tribunal Superior, 96 DPR

116, 121 (1968)

(donde reiteramos que el término para notificar la

confiscación es “mandatorio e improrrogable [y su incumplimiento]

produce la nulidad de la confiscación”); Cooperativa de Seguros

Múltiples v. Srio. de Hacienda, 118 DPR 115, 118 (1986) (donde

indicamos que el incumplimiento con el término de notificación entonces

vigente “conlleva la nulidad de la confiscación realizada”.).

CC-2014-0304; CC-2014-0742

5

No es para menos; según expresamos en García v. Tribunal

Superior,

91

DPR

153

(1964),17

“la

confiscación

de

un

vehículo, cualquiera que sea su justificación en protección

de la sociedad, no deja de ser una privación de la propiedad

por la autoridad pública. El hecho debe quedar revestido de

todas

aquellas

garantías

que

el

debido

proceso

de

ley

requiere”. Íd., págs. 155-156 (énfasis suplido).

El deber del Estado de notificar la confiscación a las

partes con interés es, pues, un requisito fundamental del

debido proceso de ley. Véase First Bank v. ELA, 164 DPR 835,

854 (2005). Éste “persigue el propósito de salvaguardar los

derechos

constitucionales

de

una

parte

que

tiene

algún

interés en la propiedad confiscada y brindarle la oportunidad

de levantar y probar las defensas válidas que pueda tener”.

Íd., citando a

Pueblo v. Echevarría Arroyo, 157 DPR 158

(2002).

ii.

De otra parte, la Ley de Confiscaciones establece en su

Artículo 15, 34 LPRA sec. 1724l, el procedimiento que una

parte

ha

de

seguir

para

impugnar

la

confiscación

de

un

vehículo. A tales fines, el Artículo expone:

17

Cabe destacar que este caso analizó las disposiciones de la derogada

Ley Uniforme de Confiscación de Vehículos, Bestias y Embarcaciones,

supra. No obstante, las expresiones de este Tribunal sobre las

implicaciones de la notificación en cuanto al debido proceso de ley

siguen siendo pertinentes.

CC-2014-0304; CC-2014-0742

6

Las personas notificadas, según lo dispuesto en

esta Ley y que demuestren ser dueños de la propiedad,

podrán impugnar la confiscación dentro de los treinta

(30) días siguientes a la fecha en que se reciba la

notificación, mediante la radicación de una demanda

contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y el

funcionario que autorizó la ocupación, debiéndose

emplazar al Secretario de Justicia dentro de los

quince (15) días siguientes a la fecha en que se

presentó la demanda. En aquellos casos que la

notificación sea devuelta, los términos indicados

comenzarán a computarse desde que la referida

notificación sea recibida por el Departamento de

Justicia. Estos términos son jurisdiccionales. Íd.

(énfasis suplido).

Luego, el Artículo regula el curso procesal que debe

seguir

el

caso

de

impugnación

de

confiscación.

Íd.

En

consonancia con los propósitos de celeridad que dan base a la

Ley de Confiscaciones, tal proceso es uno expedito y cuyos

términos son más cortos que los dispuestos en las Reglas de

Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V. Por ejemplo, el tribunal

tiene la obligación de adjudicar el pleito dentro de un

término de seis meses desde que se presentó la contestación

de la demanda y el descubrimiento de prueba se debe llevar a

cabo dentro de los primeros treinta días, también a partir de

la contestación de la demanda. 34 LPRA sec. 1724l.

B.

Anteriormente, hemos tenido la oportunidad de analizar

qué ocurre cuando una parte solicita tardíamente que se le

releve de los efectos de una actuación que es nula ab initio.

En particular, en Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 DPR

CC-2014-0304; CC-2014-0742

7

917 (2000), el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia

sin tener jurisdicción para hacerlo. Posteriormente, la Junta

de

Apelaciones

del

Sistema

de

Administración

de

Personal

(JASAP) –agencia cuya determinación fue objeto de la aludida

sentencia- presentó ante dicho foro una solicitud de relevo

de sentencia que fue denegada por haber sido presentada fuera

del término provisto en las Reglas de Procedimiento Civil,

supra. Inconforme, la JASAP compareció ante este Tribunal.

En tal contexto, resolvimos que “lo que es „nulo‟ no

puede ser objeto de relevo de parte de un tribunal, pues lo

nulo nunca tuvo eficacia alguna, nunca „nació‟ en derecho,

nunca existió”. Montañez v. Policía de Puerto Rico, supra,

pág. 921. Por ello, concluimos que el tribunal tenía la

obligación

de

declarar

actuación

nula

“independientemente

solicitud a tales

la

inexistencia

del

jurídica

de

una

hecho

que

la

de

efectos se haga con posterioridad a haber

expirado el plazo [aplicable]”. Íd., pág. 922.

Así también, en Ríos v. Municipio de Isabela, supra, la

Asamblea Municipal de Isabela aprobó una Resolución con la

intención de ratificar unos contratos entre los contratistas

y el Municipio que no cumplieron con lo establecido en la Ley

de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico de 1991, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 21 LPRA

secs. 4001 et seq. Basándose en

de

Primera

contratistas

Instancia

en

un

dictó

pleito

esa Resolución, el Tribunal

sentencia

que

habían

a

favor

instado

de

los

contra

el

CC-2014-0304; CC-2014-0742

8

Municipio previo a la aprobación de la Resolución. Cuando la

administración

entrante

se

enteró

de

la

sentencia,

oportunamente presentó una moción de reconsideración donde

sostuvieron la ilegalidad de los contratos. El foro primario

denegó la reconsideración por entender que la acción para

suspender la ejecución de la resolución debió instarse dentro

de los veinte días siguientes a la fecha de promulgación de

la Resolución.18 A la misma conclusión llegó el Tribunal de

Circuito

de

Apelaciones

cuando

confirmó

el

dictamen

recurrido.

Este

Tribunal,

en

cambio,

sostuvo

la

ilegalidad

del

acuerdo pactado entre los contratistas y la administración

municipal saliente. Determinamos que la “Asamblea carecía de

autoridad para darle eficacia a un convenio que adolecía de

nulidad

absoluta”.

pág. 848.

Por

Ríos

v.

Municipio

consiguiente,

de

concluimos

Isabela,

que

supra,

“habiéndose

determinado que el contrato aquí en controversia es nulo e

inexistente . . . . no había razón alguna para que los foros

inferiores entraran a discutir lo relativo al término de

caducidad dispuesto . . . para utilizarlo como fundamento

para negarse a reconsiderar”. Íd., págs. 848-49. Esto, pues,

“[d]icho

término

resulta

inmaterial

ante

ordenanzas

o

resoluciones aprobadas con el único fin de convalidar actos

nulos e inexistentes”. Íd., pág. 849. Por ello, reiteramos

que “lo inexistente nunca puede ser convalidado”, norma que

18

La Resolución se aprobó el 19 de diciembre

reconsideración se presentó el 30 de enero de 2001.

de

2000

y

la

CC-2014-0304; CC-2014-0742

“no

puede

ser

burlada

9

al

invocar

para

ello

el

término

jurisdiccional de veinte días que dispone [la Ley]”. Íd.,

págs. 849-50 (énfasis suplido).

De igual modo, en E.L.A. v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, 184

DPR 464 (2012), este Tribunal reconoció mediante Sentencia

que el aumento de sueldo al alcalde del Municipio de Villalba

fue

nulo

e

ineficaz.

Ante

el

planteamiento

de

los

peticionarios de que no se cuestionó la gestión municipal en

el término jurisdiccional de veinte días, concluimos que “los

actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley son nulos. La

nulidad de dichos actos los convierte en inexistentes. Por lo

tanto,

no

pueden

ser

objeto

de

confirmación

ni

de

prescripción sanatoria alguna, pudiéndose instar acción de

impugnación contra éstos en cualquier momento”. Íd., pág. 477

esc. 9 (énfasis suplido).

II

En el caso CC-2014-0742, el Estado confiscó la propiedad

el 8 de mayo de 2013, pero envió la notificación el 11 de

junio de 2013; es decir, fuera del término jurisdiccional de

treinta días. 34 LPRA sec. 1724j. El 19 de julio de 2013, la

señora Maldonado Rivera presentó una Demanda impugnando la

confiscación y emplazó al Secretario de Justicia el 9 de

agosto de 2013. El Estado solicitó la desestimación debido a

que el emplazamiento al Secretario de Justicia se efectuó

fuera del término jurisdiccional de quince días. 34 LPRA sec.

1724l. Una mayoría de este Tribunal sostiene que, aunque el

CC-2014-0304; CC-2014-0742

incumplimiento

confiscación

del

10

Estado

dentro

del

en

notificar

término

una

dispuesto

orden

de

ordinariamente

conlleva su nulidad, dicha “nulidad no es automática, sino

que depende de una determinación judicial en un proceso de

impugnación”.19

impugnar

la

Por

consiguiente,

confiscación

debe

si

cumplir

alguien

pretende

con

términos

los

provistos por ley independientemente del incumplimiento del

Estado.

El Tribunal parece ignorar que la notificación es “una

obligación que establece la legislación y cuyo incumplimiento

acarrea

la

nulidad

del

proceso”.

Cooperativa

de

Seguros

Múltiples v. ELA, 2016 TSPR 218, pág. 14, 196 DPR ___ (2016)

(énfasis suplido). Al ser nula, “nunca tuvo eficacia alguna,

nunca „nació‟ en derecho, nunca existió”. Montañez v. Policía

de

Puerto

Rico,

supra,

pág.

921.

Al

tratarse

de

una

confiscación nula, ningún tribunal puede negarse a decretar

su

inexistencia,

incluso

cuando

la

parte

afectada

haya

incumplido un término jurisdiccional dispuesto por ley. De lo

contrario, tal incumplimiento se utilizaría como subterfugio

para convalidar actos nulos. Ríos v. Municipio de Isabela,

supra,

pág.

848.

Por

esa

confiscaciones

nulas

momento”, pues

los actos

razón,

pueden

nulos

considero

impugnarse

que

las

“en

cualquier

“no pueden ser

objeto de

confirmación ni de prescripción sanatoria alguna”. E.L.A. v.

S.L.G. Negrón-Rodríguez, supra, pág. 477 esc. 9.

19

Opinión mayoritaria, pág. 23.

CC-2014-0304; CC-2014-0742

11

Debemos recordar que la confiscación es una privación de

la propiedad, lo cual implica que el Estado debe cumplir con

las garantías que el debido proceso de ley requiere. García

v. Tribunal Superior, supra, págs. 155-56; First Bank v. ELA,

supra.

Precisamente

para

viabilizar

la

protección

de

los

derechos constitucionales envueltos, el legislador estableció

un esquema mediante el cual el

Estado debe notificar la

confiscación en un término jurisdiccional de treinta días. 34

LPRA sec. 1724j. Que su incumplimiento dé paso a la nulidad con los efectos que esto acarrea- no solo es correcto en

derecho, sino que se justifica considerando que el Estado

pretende privar a una persona de su propiedad.

En apoyo de lo anterior, cabe destacar que el Artículo

15 de la Ley de Confiscaciones dispone que “[l]as personas

notificadas, según lo dispuesto en [esta Ley] . . . , podrán

impugnar la confiscación dentro de los treinta (30) días

siguientes a la fecha en que se reciba la notificación, . . .

debiéndose emplazar al Secretario de Justicia dentro de los

quince (15) días siguientes a la fecha en que se presentó la

demanda”. 34 LPRA sec. 1724l. De modo que son las personas

notificadas según lo dispuesto en la Ley quienes deberán

cumplir con los términos jurisdiccionales para demandar y

emplazar al Secretario de Justicia. Aquellas que no fueron

notificadas según la Ley, como la señora Maldonado Rivera, no

están

sujetas

dispuestos,

pues

a

los

al

ser

términos

nulas

jurisdiccionales

tales

confiscaciones

allí

su

impugnación puede presentarse en cualquier momento, salvo que

CC-2014-0304; CC-2014-0742

12

haya mediado incuria. Véanse, por ejemplo, Horizon v. JTA, RA

Holdings, 191 DPR 228 (2014); Molino Gronau v. Corp. P.R.

Dif. Púb.; 179 DPR 674 (2010); IM Winner, Inc. v. Junta de

Subastas, 151 DPR 30, 39 (2000).

III

Hemos

reiterado

que

la

notificación

es

“uno

de

los

requisitos claves que la propia ley exige para la legalidad,

al menos inicial, de la confiscación”. Cooperativa de Seguros

Múltiples v. ELA, supra, pág. 14. Cuando esa notificación no

se realiza la confiscación es nula y la actuación del Estado

pierde

toda

legitimidad.

Una

mayoría

de

este

Tribunal

resuelve que lo que nunca existió, lo que nunca nació en

derecho y nunca tuvo eficacia alguna, renace de sus cenizas

si

la

parte

jurisdiccional.

afectada

“incumple”

Al

actuar,

así

con

un

término

trastoca

el

esquema

estatutario a la vez que afecta las garantías del debido

proceso de ley asociadas a este proceso confiscatorio, pues

no podrá impugnarse la confiscación de ningún

Estado retendrá

todo

lo

una propiedad

anterior,

disiento

modo y el

confiscada ilegalmente. Por

de

la

Opinión

mayoritaria

y

confirmaría la Sentencia del Tribunal de Apelaciones en el

recurso CC-2014-0742.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta