Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Jaime M. Rivera Ortiz
2018 TSPR 207
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Jaime M. Rivera Ortiz
TS-3954
Conducta Profesional: Suspensión del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplir con el programa de Educación Jurídica Continua y las órdenes del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ex parte:
2018 TSPR 207
Jaime M. Rivera Ortiz
Número del Caso:
201 DPR ____
TS-3954
Fecha: 20 de diciembre de 2018
Programa de Educación Jurídica Continua:
Lcdo. José Ignacio Campos Pérez
Director Ejecutivo
Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 9
de enero de 2019 fecha en que se le notificó al abogado de su
suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Jaime M. Rivera Ortiz
TS-3954
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 20 de diciembre de 2018.
Una vez más, nos vemos obligados a ejercer nuestro
poder disciplinario para suspender a un miembro de la
profesión
jurídica
por
incumplir
las
órdenes
de
este
Tribunal y los requerimientos del Programa de Educación
Jurídica
Continua
suspensión
(PEJC).
inmediata
e
Por
indefinida
ello,
del
decretamos
Lcdo.
Jaime
la
M.
Rivera Ortiz (licenciado Rivera Ortiz) de la práctica de
la abogacía y la notaría.1
I
El 24 de mayo de 2011, el PEJC notificó al licenciado
Rivera Ortiz su incumplimiento con la educación jurídica
continua para el periodo del 1 de abril de 2009 al 31 de
marzo de 2011. De igual forma, el 23 de mayo de 2013 se le
notificó su incumplimiento con el periodo del 1 de abril
de 2011 al 31 de marzo de 2013 y, posteriormente, el 26 de
mayo
de
2015
se
le
notificó
su
incumplimiento
con
el
periodo del 1 de abril de 2013 al 31 de marzo de 2015.
1El
Lcdo. Jaime M. Rivera Ortiz fue admitido a la
práctica de la abogacía el 16 de diciembre de 1971 y
juramentó como notario el 10 de enero de 1972.
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Ante este cuadro, el PEJC le concedió al licenciado
Rivera Ortiz múltiples prórrogas y oportunidades para que
diligenciara
y
evidenciara
el
cumplimiento
con
la
educación jurídica continua. A pesar de ello, continuó
incumpliendo con su deber. En consecuencia, el 9 de marzo
de 2017, el entonces Director del PEJC presentó ante este
Tribunal un Informe sobre incumplimiento con requisito de
educación jurídica continua en el que nos notificó el
incumplimiento del licenciado Rivera Ortiz de los tres
referidos
periodos.
A
su
vez,
nos
advirtió
que
el
licenciado Rivera Ortiz adeudaba la correspondiente multa
por el cumplimiento tardío con el período del 1 de abril
de 2013 al 31 de marzo de 2015.
Advertidos de tal situación, el 28 de agosto de 2017,
le concedimos al licenciado Rivera Ortiz un término de
sesenta días para tomar todos los créditos necesarios para
estar en cumplimiento con el PEJC.
Ante su inacción, el
17 de abril de 2018 le concedimos un término final de diez
días
para
cumplir
nuestra
orden.
En
esa
ocasión,
licenciado
Rivera
Ortiz,
mediante
apercibimos
al
notificación
personal,
nuestra
orden
podía
de
que
el
conllevar
incumplimiento
severas
con
sanciones,
incluyendo la suspensión de la práctica de la abogacía. A
siete
meses
de
tal
notificación,
el
licenciado
Ortiz aún no ha comparecido ante este Tribunal.
II
Rivera
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3
Sabido es que desatender nuestros requerimientos es
incompatible
con
la
práctica
de
la
profesión,
ya
que
constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX, y menoscaba nuestro poder
inherente de regular la profesión jurídica. In re Canales
Pacheco, res. el 10 de mayo de 2018, 2018 TSPR 100, pág.
7. Consecuentemente, hemos sido tajantes al concluir que
tal conducta conlleva la separación inmediata e indefinida
del ejercicio de la abogacía. Íd.
Así
también,
hemos
a
requerimientos
extiende
los
operacionales,
tales
expresado
como
la
que
lo
anterior
de
nuestros
Oficina
del
se
brazos
Procurador
General, la Oficina de Inspección de Notarías y el PEJC.
In re Arocho Cruz, res. el 22 de mayo de 2018, 2018 TSPR
97,
págs.
11-12.
De
esa
forma,
hemos
suspendido
indefinidamente del ejercicio de la profesión a abogados
por
haber
desatendido
los
requerimientos
del
PEJC
y
apartarse de las exigencias concernientes a la educación
jurídica continua. Íd.
Al
amparo
de
la
normativa
jurídica
expuesta,
evaluaremos la conducta exhibida por el licenciado Rivera
Ortiz.
III
Según expuesto, el licenciado Rivera Ortiz ha hecho
caso
omiso
a
nuestras
órdenes
a
pesar
de
las
debidas
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advertencias
sobre
las
posibles
consecuencias
de
su
incumplimiento. A ello, le sumamos su inobservancia a los
requerimientos del PEJC al no cumplir con la educación
jurídica continua.
La
actitud
pasiva
antes
descrita
del
licenciado
Rivera Ortiz denota dejadez hacia sus responsabilidades
como
miembro
demuestra
activo
de
la
profesión
irreverencia
hacia
jurídica.
nuestra
Además,
autoridad
disciplinaria, lo que conlleva una violación al Canon 9
del Código de Ética Profesional, supra. Por tal motivo,
nos
vemos
obligados
a
suspenderlo
inmediata
e
indefinidamente de la práctica de la abogacía y, como tal,
de la notaría.
IV
Por
los
fundamentos
que
anteceden,
suspendemos
inmediata e indefinidamente al Lcdo. Jaime M. Rivera Ortiz
del ejercicio de la abogacía y la notaría.
Como consecuencia, se le impone el deber de notificar
a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar
representándoles.
devuelva
a
pendientes
Del
mismo
sus
clientes
los
y
cualesquiera
modo,
se
le
ordena
que
expedientes
de
los
casos
honorarios
recibidos
por
trabajos no realizados. Además, se le impone la obligación
de informar inmediatamente de su suspensión a los foros
judiciales
y
administrativos
en
los
que
tenga
asuntos
pendientes. Por último, deberá acreditar a este Tribunal
el cumplimiento con lo aquí ordenado, dentro del término
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5
de treinta días, contado a partir de la notificación de
esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Por
Tribunal
su
parte,
incautar
se
le
ordena
al
Alguacil
inmediatamente
la
obra
y
de
el
este
sello
notarial del Sr. Jaime M. Rivera Ortiz y entregarlos al
Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la
correspondiente investigación e informe. Además, en virtud
de esta suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de
la
notaría,
la
fianza
que
garantiza
las
funciones
notariales queda automáticamente cancelada. Asimismo, la
fianza se considerará buena y válida por tres años después
de
su
terminación,
en
cuanto
a
los
actos
realizados
durante el periodo en que ésta estuvo vigente.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia al Sr. Jaime M. Rivera Ortiz.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Jaime M. Rivera Ortiz
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SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 20 de diciembre de 2018.
Por los fundamentos que anteceden, se suspende
inmediata e indefinidamente al Lcdo. Jaime M. Rivera Ortiz
del ejercicio de la abogacía y la notaría.
Como consecuencia, se le impone el deber de notificar
a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar
representándoles. Del mismo modo, se le ordena que
devuelva a sus clientes los expedientes de los casos
pendientes
y
cualesquiera
honorarios
recibidos
por
trabajos no realizados. Además, se le impone la obligación
de informar inmediatamente de su suspensión a los foros
judiciales y administrativos en los que tenga asuntos
pendientes. Por último, deberá acreditar a este Tribunal
el cumplimiento con lo aquí ordenado, dentro del término
de treinta días, contado a partir de la notificación de
esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Por su parte, se le ordena al Alguacil de este
Tribunal incautar inmediatamente la obra y el sello
notarial del Sr. Jaime M. Rivera Ortiz y entregarlos al
Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la
correspondiente investigación e informe. Además, en virtud
de esta suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de
la notaría, la fianza que garantiza las funciones
notariales queda automáticamente cancelada. Asimismo, la
fianza se considerará buena y válida por tres años después
de su terminación, en cuanto a los actos realizados
durante el periodo en que ésta estuvo vigente.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia al Sr. Jaime M. Rivera Ortiz.
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Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez no intervino.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo