LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Saldaña Egozcue, et al. v. Junta de Administración Central del Condominio Park Terrace, et al.

2018 TSPR 203

Poder Judicial de Puerto Rico

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Saldaña Egozcue, et al. v. Junta de Administración Central del Condominio Park Terrace, et al.

AC-2017-28

Derecho Administrativo: Cómputo del término para acudir en revisión judicial de una moción de reconsideración no atendida por una agencia administrativa en aquellos casos en los que el término vence sábado, domingo o día feriado.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Héctor Saldaña Egozcue, Enid P.

de Saldaña, la Sociedad de Bienes

Gananciales compuesta por ambos e

Invesa Incorporado

Peticionarios

Certiorari

2018 TSPR 203

v.

201 DPR ____

Junta de Administración Central

del Condominio Park Terrace, et

al.

Recurridos

Número del Caso: AC-2017-28

Fecha: 14 de diciembre de 2018

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan y Fajardo

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Carlos Lugo Fiol

Lcda. Bárbara M. Rivera Sánchez

Abogados de la parte Recurrida:

Lcdo. Iván A. Colón Morales

Lcdo. Gerardo A. Quirós López

Lcda. Alexandra T. Nolla Acosta

Lcda. Teresita Mercado Vizcarrondo

Lcdo. Mario R. Oronoz Rodríguez

Lcdo. Roberto A. Rivera Ruiz

Materia: Derecho Administrativo - Cómputo del término para acudir en

revisión judicial de una moción de reconsideración no atendida por

una agencia administrativa en aquellos casos en los que el término

vence sábado, domingo o día feriado.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Héctor Saldaña Egozcue,

Enid P. de Saldaña, la

Sociedad

de

Bienes

Gananciales

compuesta

por

ambos

e

Invesa

Incorporado

AC-2017-0028

Peticionarios

Apelación

v.

Junta de Administración

Central del Condominio

Park Terrace, et al.

Recurridos

El Juez Asociado señor

Opinión del Tribunal.

ESTRELLA

MARTÍNEZ

emitió

la

San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2018.

En esta ocasión tenemos la necesidad de aclarar cómo se

computa el término para acudir en revisión judicial de una

moción

de

reconsideración

no

atendida

por

una

agencia

administrativa, en aquellos casos en que los quince días

que

concede

la

Ley

de

Procedimiento

Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), infra, venzan

un sábado, domingo o día feriado.

AC-2017-0028

Con

lo

2

anterior

en

mente,

pasemos

a

examinar

el

trasfondo fáctico y procesal que originó la controversia

del caso de epígrafe.

I

El

Sr.

Héctor

Saldaña

Egozcue,

la

Sra.

Enid

P.

de

Saldaña, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por

ambos

e

Invesa

Incorporado

(peticionarios)

presentaron

cinco querellas en contra del Consejo de Titulares del

Condominio

Park

Terrace,

Condominio

(Junta)

carácter personal

y

la

Junta

varios

de

miembros

(recurridos),

Directores

de

ésta

del

en

su

ante el Departamento

de

Asuntos del Consumidor (DACo), a los fines de impugnar

varias

acciones

incumplimientos

establecimiento

realizadas

por

con:

manejo

del

el

presupuesto

la

Junta.

de

anual,

Alegaron

cuentas,

los

mandatos

el

de

asambleas realizadas y los nombramientos de los miembros

de la Junta. Por ello, impugnaron los presupuestos anuales

y solicitaron la remoción de varios miembros de la Junta

por incurrir en negligencia crasa, entre otras cosas.

Posteriormente, el DACo consolidó las cinco querellas e

inició

un

sinnúmero

de

trámites

procesales

que

se

extendieron por varios años. Finalmente, el 3 de octubre

de 2016, la agencia emitió una Resolución, notificada el 4

de octubre de 2016, mediante la cual desestimó varias de

las causas de acción presentadas en las querellas, salvo

una de ellas.

AC-2017-0028

En

3

desacuerdo,

peticionarios

el

21

presentaron

de

una

octubre

Moción

de

de

2016,

los

Reconsideración

Parcial ante el DACo. Ahora bien, toda vez que el DACo no

acogió

ni

se

expresó

sobre

la

referida

moción,

los

peticionarios la tuvieron por rechazada de plano. Así, el

7 de diciembre de 2016, presentaron un recurso de revisión

judicial

ante

impugnaron

el

los

Tribunal

méritos

de

del

Apelaciones

dictamen

del

en

el

que

DACo.

En

lo

pertinente a la controversia ante nos, los peticionarios

justificaron que conforme a la Sección 3.15 de la LPAU,

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3

LPRA sec. 2165, y el Artículo 388 del Código Político, 1

LPRA sec. 72, el término de quince días que el DACo tenía

“para

expresarse

en

cuanto

a

dicha

Solicitud

de

Reconsideración Parcial expiró el 7 de noviembre de 2016”.1

En respuesta, los recurridos presentaron ante el foro

apelativo intermedio una Moción de desestimación por falta

de jurisdicción, en la que plantearon que el recurso de

revisión judicial se presentó tardíamente. Sostuvieron que

la Regla 68.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32

LPRA

Ap.

V,

R.

68.1,

y

el

Artículo

388

del

Código

Político, supra, eran inaplicables, por lo que el término

de quince días que otorga la Sección 3.15 de la LPAU,

supra, a la agencia administrativa para actuar sobre la

moción

de

1Revisión

reconsideración,

venció

el

sábado,

5

de

Judicial de Decisión Administrativa, Apéndice

de la apelación, pág. 220.

AC-2017-0028

4

noviembre de 2016. Ante ello, plantearon que el término

para

recurrir

en

revisión

judicial

al

foro

apelativo

intermedio que establece la Sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA

sec.

2172,

comenzó

a

transcurrir

el

domingo,

6

de

noviembre de 2016, y venció el lunes, 5 de diciembre de

2016.

Por

su

Oposición

parte,

los

peticionarios

presentaron

Moción

de

Desestimación.

En

a

su

una

escrito,

arguyeron que la Regla 68.1 de las Reglas de Procedimiento

Civil,

supra,

y

el

Artículo

388

del

Código

Político,

supra, eran aplicables al cómputo de “cualquier término

concedido por cualquier estatuto o ley aplicable”.2 Por

tanto, señalaron que el término de quince días que otorga

la

Sección

3.15

de

la

LPAU,

supra,

a

la

agencia

administrativa, se extendió hasta el lunes, 7 de noviembre

de 2016, como el próximo día laborable. Adujeron, además,

que

la

propuesta

de

los

recurridos

provocaría

una

reducción del término de quince días que el legislador

otorgó

al

DACo

reconsideración.

determinaba

para

Es

actuar

actuar

decir,

sobre

sobre

una

moción

de

si

el

DACo

decidía

o

moción

de

reconsideración

que

la

debía hacerlo el viernes, 4 de noviembre de 2016, un día

antes de vencer el término de quince días que otorga la

Sección 3.15 de la LPAU, supra.

Posteriormente,

las

partes

presentaron

numerosos

escritos ante el Tribunal de Apelaciones. En síntesis, los

2Oposición

a Moción de Desestimación, Apéndice de la

apelación, pág. 191.

AC-2017-0028

5

recurridos alegaron que la Regla 68.1 de las Reglas de

Procedimiento Civil, supra, y el Artículo 388 del Código

Político,

supra, eran

aplicables cuando “el vencimiento

del plazo o el término para que una parte realice un acto

cae sábado, domingo o día feriado”. (énfasis suplido).3

Conforme a ello, plantearon que el DACo no era parte en el

pleito. Además, adujeron que los peticionarios buscaban

aplicar las disposiciones legales para prorrogar el inicio

del término para presentar un recurso de revisión judicial

ante el foro apelativo intermedio.

Por su parte, los peticionarios sostuvieron que las

disposiciones

legales

mencionadas

no

establecían

limitación

de

aplicación

a

las

partes

Reiteraron

que

acoger

solicitud

de

la

del

los

una

pleito.

recurridos

implicaba una reducción del término que la Sección 3.15 de

la LPAU, supra, otorgó a las agencias administrativas para

actuar.

Ponderados

apelativo

judicial

los

argumentos

intermedio

por falta

desestimó

de

las

el

de jurisdicción.

partes,

recurso

de

el

foro

revisión

Específicamente,

el

foro apelativo intermedio concluyó lo siguiente:

Adviértase que la Resolución original en este

caso se notificó el 4 de octubre de 2016. La

Reconsideración

que

presentaron

los

querellantes-recurrentes se radicó el 21 de

octubre de 2016. Según expusimos anteriormente,

DACo tenía quince (15) días para acoger la

solicitud de reconsideración. Ese término venció

el [sábado,] 5 de noviembre de 2016. Por tanto,

3Réplica

198.

a Oposición, Apéndice de la apelación, pág.

AC-2017-0028

6

el término jurisdiccional para presentar un

recurso

de

revisión

judicial

comenzó

a

[decursar] el día siguiente, domingo 6 de

noviembre de 2016. Es a partir del 6 de

noviembre que comenzó el término de 30 [días]

para recurrir en revisión judicial. Culminando

este el 5 de diciembre de 2016. La parte

recurrente tenía que presentar su recurso dentro

del término jurisdiccional. Habida cuenta de que

lo presentó el 7 de diciembre de 2016, el

recurso

fue

radicado

vencido

el

término

4

jurisdiccional.

En

desacuerdo,

los

peticionarios

solicitaron

la

reconsideración del dictamen, la cual fue declarada “no ha

lugar” por el foro apelativo intermedio.

Inconformes aún, los peticionarios recurren ante nos

mediante

un

revoquemos

recurso

el

de

dictamen

apelación

emitido

por

solicitando

que

el

de

Tribunal

Apelaciones. En resumen, plantean que el foro apelativo

intermedio erró al no computar los términos dispuestos en

la

Sección

3.15

de

la

LPAU,

supra,

conforme

a

lo

establecido en el Artículo 388 del Código Político, supra,

y la Regla 68.1 de

las Reglas de Procedimiento

Civil,

supra.

Una vez expedido el recurso acogido como un certiorari

y

con

el

beneficio

de

los

alegatos

de

ambas

partes,

procedemos a exponer el derecho aplicable para atender el

asunto ante nuestra consideración.5

4Sentencia,

5Conforme

Apéndice de la apelación, pág. 7.

a la Regla 30 (6) del Reglamento del Tribunal

Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, que establece como fundamento

para expedir un recurso de certiorari, la existencia de un

conflicto “entre paneles del Tribunal de Apelaciones sobre

el asunto en cuestión”, concluimos que esta controversia ha

generado dictámenes contradictorios por lo que existe la

AC-2017-0028

7

A la luz del cuadro fáctico y procesal que antecede,

procedemos a exponer el derecho aplicable.

II

A.

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), supra, tuvo

el

propósito

de

uniformar

los

procedimientos

administrativos ante las agencias.6 De esta forma, la

precitada

para

ley

estableció

gobernar

los

un

cuerpo

procesos

de

de

reglas

mínimas

adjudicación

y

reglamentación en la administración pública. Exposición

de Motivos de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988,

Leyes de Puerto Rico, págs. 825-826; Vitas Health Care

v. La Fe et al., 190 DPR 56, 65 (2014). Véanse, además:

necesidad de precisar el cómputo del término que nos ocupa.

Véanse: B. Induveca, S.A. v. Departamento de Estado de

Puerto Rico, KLRA200801272; Gooden v. Departamento de la

Familia, KLRA200100225; Ex-Agente Ángel Pacheco Quiñones v.

Policía de Puerto Rico, KLRA0000188.

6Los hechos de este caso surgen en el año 2008. En ese

momento, aún estaba vigente la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, cuyas

disposiciones hacemos referencia. No obstante, a pesar de

que las secciones pertinentes a la controversia presentan

un lenguaje prácticamente idéntico, debemos mencionar que

fue enmendada el 1 de julio de 2017, por la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

Puerto Rico, Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017. Compárese

3 LPRA secs. 2165 y 2172, con 3 LPRA secs. 9655 y 9672.

Véase, también, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

v. Unión Independiente Auténtica de Empleados de la

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, res. el 6 de

agosto de 2018, 2018 TSPR 146.

AC-2017-0028

8

Cordero Vargas v. Pérez Pérez, 198 DPR 848, 857 (2017);

Pagán

Román

v.

F.S.E.,

129

DPR

888,

897

(1992);

Hernández v. Golden Tower Dev. Corp., 125 DPR 744, 748

(1990) (Per curiam). Así, el legislador estableció un

procedimiento uniforme, tanto para la presentación de

una moción de reconsideración ante las agencias, como

para recurrir en revisión judicial ante el Tribunal de

Apelaciones. Fonte Elizondo v. F & R Const., 196 DPR

353, 358 (2016).

B.

En

lo

pertinente

a

la

controversia

ante

nuestra

consideración, la Sección 4.2 de la LPAU, supra, sec.

2172, regula la solicitud de revisión judicial ante el

Tribunal de Apelaciones, al establecer que:

Cualquier parte podrá presentar una revisión

judicial ante el Tribunal de Apelaciones dentro

de un término de treinta (30) días contados a

partir de la fecha del archivo en autos de la

copia de la notificación de la orden o

resolución final de la agencia o a partir de la

fecha aplicable de las dispuestas en la sec.

2165 de este título cuando el término para

solicitar

la

revisión

judicial

haya

sido

interrumpido mediante la presentación oportuna

de una moción de reconsideración . . . ..Íd.

(énfasis suplido).

Por otro lado, nos concierne que la Sección 3.15 de

la

LPAU,

solicitar

supra,

la

provee

para

que

reconsideración

una

ante

parte

una

pueda

agencia

administrativa. A esos efectos, dispone lo siguiente:

La

parte

adversamente

afectada

por

una

resolución u orden parcial o final podrá,

dentro del término de veinte (20) días desde la

AC-2017-0028

9

fecha de archivo en autos de la notificación de

la resolución u orden, presentar una moción de

reconsideración de la resolución u orden. La

agencia dentro de los quince (15) días de

haberse

presentado

dicha

moción

deberá

considerarla. Si la rechazare de plano o no

actuare dentro de los quince (15) días, el

término para solicitar revisión comenzará a

correr nuevamente desde que se notifique dicha

denegatoria o desde que expiren esos quince

(15) días, según sea el caso . . . . Íd.

(énfasis suplido).7

Es decir, lo anterior deja claro que las agencias

administrativas tienen el poder en virtud de la LPAU de

revisar

los

dictámenes

que

éstas

emitan.

Según

lo

explica el Profesor Echevarría Vargas, de ordinario, en

nuestro

poseen

ordenamiento

la

autoridad

“los

para

organismos

reconsiderar

administrativos

sus

órdenes

en

cualquier momento siempre que ejerzan esa acción antes

[de perder] jurisdicción sobre el caso”. J. Echevarría

Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, San Juan,

4ta ed. revisada, San Juan, Ed. Situm, 2017, pág. 281,

(citando a Kelly Temporary Services v. F.S.E., 142 DPR

290 (1997)). Este mecanismo provee a las agencias la

oportunidad para corregir sus errores cuando lo entiende

necesario, lo que contribuye a reducir la presentación

de recursos de revisión judicial, “procurando [de esta

forma,] alcanzar los postulados de justicia y economía,

7La

Regla

29.1

del

Reglamento

de

Procedimientos

Adjudicativos del DACo (Reglamento Núm. 8034), establece un

esquema equivalente al de la Sección 3.15 de la LPAU, Ley

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA

sec. 2101 et seq.

AC-2017-0028

10

enmarcados en la declaración de política pública de la

LPAU”. Fonte Elizondo v. F & R Const., supra. Asimismo,

la moción de reconsideración tiene como finalidad “que

la

agencia

argumentos

tenga

que

la

le

oportunidad

permitan

de

enfrentarse

reconsiderar

[y

a

además,

pueda] agotar todos los argumentos posibles para que el

tribunal

reciba

una

Fernández

Quiñones,

decisión

Derecho

bien

depurada”.

Administrativo

y

Ley

D.

de

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra ed., Forum,

2013, sec. 8.10, pág. 638.

C.

Es menester recordar que “como regla general, las

Reglas de Procedimiento Civil no aplican automáticamente

en procedimientos administrativos”. Flores Concepción v.

Taíno Motors, 168 DPR 504, 518 (2006); Otero v. Toyota,

163

DPR

Motors

716,

735

(2005)

Corp.,

152

DPR

(Per

475,

curiam);

484

Pérez

(2000)

(Per

v.

VPH

curiam);

Berríos v. Comisión de Minería, 102 DPR 228, 229-230

(1974).

Ello,

pues

la

norma

general

necesidad

de

que

los

organismos

funcionen

sin

la

inflexibilidad

responde

a

la

administrativos

que

generalmente

caracteriza a los tribunales. Flores Concepción v. Taíno

Motors,

supra,

pág.

521;

Pérez

v.

VPH

Motors

Corp.,

supra; JRT v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805, 812, n.3

(1971) (citando a Martínez v. Tribunal Superior, 83 DPR

717 (1961)). El proceso administrativo debe ser uno de

carácter

ágil

y

sencillo

que

propicie

el

uso

por

AC-2017-0028

11

personas legas. Sin embargo, este Tribunal ha resuelto

que nada impide que las Reglas de Procedimiento Civil se

adopten para guiar el curso del proceso administrativo,

siempre y cuando las mismas no sean incompatibles con el

proceso

y

económica.

propicien

Flores

una

solución

Concepción

v.

justa,

Taíno

rápida

Motors,

y

supra,

págs. 518-519; Florenciani v. Retiro, 162 DPR 365, 370

(2004); Pérez v. VPH Motor Corp., supra, pág. 485; Ortiz

v. Adm. Sist. Retiro Emp. Gob., 147 DPR 816, 822 (1999);

Industria Cortinera, Inc. v. P.R.

DPR

654,

660

(1993);

Pérez

Telephone Co., 132

Rodríguez

v.

P.R.

Park.

Systems, Inc., 119 DPR 634, 639–640 (1987). Como ejemplo

de esto, en lo relacionado a la solicitud de una moción

de reconsideración en el Derecho Administrativo, hemos

aplicado, consecuentemente, la Regla 47 de las Reglas de

Procedimiento

Civil,

32

LPRA

procedimientos

administrativos.

Ap.

Véanse,

V,

R.

47,

a

Florenciani

v.

Retiro, supra; Febles v. Romar, 159 DPR 714 (2003) (Per

curiam); Ortiz v. Adm. Sist. de Retiro Emp. Gob., supra.

Ahora

bien,

su

aplicación

no

procede

cuando

la

extensión de las reglas judiciales acarrea trabas que

obstaculizan la flexibilidad, agilidad y sencillez que

deben tener los procedimientos administrativos. Flores

Concepción v. Taíno Motors, supra, pág. 519; Florenciani

v. Retiro, supra, pág. 371. Véase, también, Pérez v. VPH

Motor Corp., supra, págs. 484-485.

D.

AC-2017-0028

12

En lo pertinente a la controversia ante nos, la

Regla 68.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra,

dispone lo siguiente:

En el cómputo de cualquier término concedido

por estas reglas, o por orden del tribunal o

por

cualquier

estatuto

aplicable,

no

se

contará el día en que se realice el acto,

evento o incumplimiento después del cual el

término fijado empieza a transcurrir. El

último día del término así computado se

incluirá siempre que no sea sábado, domingo ni

día de fiesta legal, extendiéndose entonces el

plazo hasta el fin del próximo día que no sea

sábado, domingo ni día legalmente feriado […].

(énfasis suplido). Íd.

Por otro lado, el Artículo 388 del Código Político,

supra, establece que:

El tiempo en que cualquier acto prescrito por

la ley debe cumplirse, se computará excluyendo

el primer día e incluyendo el último, a menos

que éste sea día de fiesta, en cuyo caso será

también excluido. Íd. (énfasis suplido).

El caso ante nuestra consideración, requiere que

analicemos las precitadas disposiciones legales a la luz

de las interpretaciones realizadas por este Tribunal.

Veamos.

En cuanto a los trámites apelativos, en Building

Services Inc. v. Asoc. Condominio Borinquen Towers, 147

DPR 874 (1999) (Per curiam), este Tribunal aplicó la

Regla 68.1 de Procedimiento Civil, supra, al término de

treinta

días

apelación

dispuesto

ante

el

para

foro

presentar

un

apelativo

recurso

de

intermedio.

Determinamos que, cuando el último día del término sea

un día feriado, el término será extendido al próximo día

laborable, es decir, que no sea sábado, domingo o día

AC-2017-0028

feriado.

13

De

igual

modo,

en

García

Claudio

v.

García

Guevara, 145 DPR 659 (1998) (Per curiam), este Tribunal

aplicó

la

Regla

68.1

de

las

Reglas

de

Procedimiento

Civil, supra, al término para presentar una apelación

ante el foro apelativo intermedio, tras concluir que el

inicio del referido término debía computarse desde el

depósito de la notificación de la determinación en el

correo. Ello, pues la tardanza de la notificación por

correo,

catorce

aplicable

a

Administración

(14)

días

después,

redujo

casi

la

mitad.

Recientemente,

Pública

v.

de

Vivienda

el

Vega

término

en

Martínez,

res. el 10 de mayo de 2018, 2018 TSPR 84, concluimos que

la referida Regla 68.1 de las Reglas de Procedimiento

Civil, supra, es aplicable al cálculo del término de

cinco días que establece el Artículo 629 del Código de

Enjuiciamiento

recurrir

al

Civil,

foro

32

LPRA

apelativo

sec.

2831,

intermedio

a

para

poder

apelar

una

acción de desahucio.

En

lo

relacionado

al

perfeccionamiento

recurso

ante

el

de

Apelaciones,

Tribunal

en

de

un

Coss

v.

Hospital Interamericano, 159 DPR 53 (2003) (Per curiam),

este Tribunal aplicó la precitada regla al término que

establece la Regla 14 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A y la Regla 53.1(b) de

Procedimiento

Civil

de

1979,

32

LPRA

Ap.

III,

R.

53.1(b), para la notificación de un escrito de apelación

al foro de primera instancia dentro de cuarenta y ocho

AC-2017-0028

14

horas después de presentarse el recurso. De esa manera,

determinamos

que

los

términos

establecidos

en

horas

comenzaban a transcurrir el próximo día hábil y que, por

tratarse de un término de menos de 7 días, se excluían

del correspondiente cómputo los sábados, domingos o días

festivos.

Recientemente, en Hernández Jiménez v. AEE, 194 DPR

378 (2015), avalamos lo resuelto en Coss v. Hospital

Interamericano, supra, y resolvimos que para el trámite

de

recursos

de

certiorari,

el

cómputo

que

provee

la

Regla 68.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra,

en conjunto con el Artículo 388 del Código Político,

supra, aplican al computar los términos en horas que

provee el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Por

ello, decretamos que el término de setenta y dos horas

que provee la Regla 33(A) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra, para notificar al foro de instancia

“[debe computarse] como 3 días, de conformidad con el

mecanismo

de

cómputo

que

provee

Procedimiento

Civil”.

Íd.,

pág.

la

390.

Regla

De

68.1

esta

de

forma,

excluimos del cómputo los sábados, domingos o días de

fiesta cuando el plazo concedido es menor de siete días.

Los

términos

antes

explicados,

también,

son

de

aplicación al procedimiento administrativo. En Ortiz v.

Adm. Sist. de Retiro Emp. Gob., 147 DPR 816 (1999), este

Tribunal calculó el inicio del término de treinta días

para recurrir en recurso de revisión judicial, el día

AC-2017-0028

15

después de culminar el término de noventa días que posee

la agencia administrativa para resolver una moción de

reconsideración que acogió según la Sección 3.15 de la

LPAU, supra. Así, aplicó el término de la Regla 68.1 de

Procedimiento Civil, supra, y el Artículo 388 del Código

Político, supra, para determinar el inicio del término

de

treinta

determinación

días

para

recurrir

administrativa

en

ante

revisión

el

foro

de

una

apelativo

intermedio. Conforme a ello, en Fonte Elizondo v. F & R

Const., 196 DPR 353, 364, n.4 (2016), resulta pertinente

recordar que, calculamos el término de treinta días para

recurrir

en

Apelaciones

revisión

desde

judicial

la

fecha

ante

el

Tribunal

del

depósito

de

de

la

notificación en el correo, según la Sección 4.2 de la

LPAU, supra. Por lo tanto, concluimos que el término de

treinta días para recurrir en revisión judicial inició

el 1 de agosto de 2013 y culminó el sábado, 31 de agosto

de 2013, por lo que se extendió hasta el martes, 3 de

septiembre de 2013, como el próximo día laborable, ya

que el lunes fue un día feriado.

En lo relacionado a un término otorgado por ley

para que una parte o un funcionario del Estado realice

una

acción,

en

Coop.

Seguros

Múltiples

v.

Srio.

de

Hacienda, 118 DPR 115 (1986), este Tribunal aplicó la

Regla 68.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra,

y el Art. 388 del Código Político, supra, al término que

tenía

el

Secretario

de

Hacienda

para

notificar

una

AC-2017-0028

16

confiscación al amparo del Art. 2(a) de la Ley Uniforme

de Confiscación de Vehículos, Bestias y Embarcaciones,

34 LPRA sec. 1722(a) (derogada). Este Tribunal aclaró

que

el

“no

aplicar

significaría

que

las

el

referidas

funcionario

disposiciones

que

realice

la

confiscación tendría menos del término estatutario de

diez (10) días para actuar en todo caso en que el décimo

día venza sábado, domingo o día feriado”. Coop. Seguros

Múltiples v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 119. Así,

entendió

que

resultaría

ilógico

e

irrazonable.

Íd.

Conforme al razonamiento presentado por este Tribunal

ante

la

reducción

de

un

término

otorgado

por

ley,

debemos mencionar que anteriormente, en Sosa v. Tribunal

de Distrito, 70 DPR 62, 64 (1949), decidimos excluir el

último día del cálculo del término para presentar un

escrito

de

apelación,

cuando

sean

sábados

y

domingos

fundamentado en que los tribunales estaban cerrados los

sábados, por lo que las partes estaban imposibilitadas

de acudir a ese foro.

En lo que atañe al término de quince días para que

una agencia pueda reconsiderar o no, debe tomarse en

cuenta

que

sostener

el

razonamiento

Apelaciones

equivaldría

a

legislativo

del

dispuesto8

pública

no

de

8Nótese

término

limitar

el

del

menoscabar

acceso

de

y

a

las

Tribunal

de

el

mandato

la

política

partes

para

que, a diferencia de otras leyes, el legislador

no excluyó en la LPAU las disposiciones del Código Político

y la Regla de Procedimiento Civil que nos ocupa.

AC-2017-0028

impugnar

17

en

el

administrativa.

foro

judicial

Además,

una

determinación

conllevaría

ignorar

los

lineamientos jurisprudenciales aquí expuestos.

Ante ese cuadro, resolvemos que si los quince días

que concede la Sección 3.15 de la LPAU, supra, para que

una agencia administrativa acoja, rechace de plano o no

actúe

sobre

una

moción

de

reconsideración

presentada

oportunamente vencen un sábado, domingo o día feriado,

dicho

término

deberá

extenderse

hasta

el

próximo

día

laborable. Para ello, debemos aplicar la Regla 68.1 de

las Reglas de Procedimiento Civil, supra, y el Artículo

388

del

Código

Político,

supra,

al

cómputo

de

ese

término. De ese modo, también se le brinda la totalidad

del término a la agencia para que actúe respecto a la

moción que se haya presentado ante ésta.

Tras

exponer

el

marco

jurídico

enunciado,

procedemos a resolver la controversia.

III

Los

peticionarios

plantean

que

el

Tribunal

de

Apelaciones erró al desestimar el recurso presentado sin

aplicar la Regla 68.1 de las Reglas de Procedimiento

Civil, supra, y el Artículo 388 del Código Político,

supra, al término de quince días que la Sección 3.15 de

la LPAU, supra, otorgó a las agencias administrativas

para actuar sobre una moción de reconsideración.

Por

su

parte,

los

recurridos

sostienen

que

lo

establecido en las disposiciones legales mencionadas no

AC-2017-0028

18

es aplicable a todo tipo de términos. A su vez, arguyen

que van dirigidas a los términos en que las partes de un

pleito

realicen

algún

acto,

mas

no

Regla

68.1

a

las

agencias

administrativas.

Según

expuesto,

la

de

las

Reglas

de

Procedimiento Civil, supra, y el Artículo 388 del Código

Político, supra, son de aplicación al cómputo de quince

días establecido en la sección 3.15 de la LPAU, supra,

para

que

una

agencia

actúe

sobre

una

moción

de

reconsideración presentada oportunamente. Apliquemos el

estado de derecho pautado a la controversia ante nos.

El

4

de

Resolución,

octubre

mediante

de

la

2016,

DACo

dispuso

de

cual

el

notificó

las

causas

una

de

acción presentadas por los peticionarios en las querellas

en

contra

de

los

recurridos.

Oportunamente,

el

21

de

octubre de 2016, los peticionarios presentaron una moción

de reconsideración ante el DACo.

Según señalamos, la Sección 3.15 de la LPAU, supra,

provee un término de quince días para que las agencias

administrativas

puedan

actuar

sobre

la

moción

de

reconsideración. Dicho término, inició el 21 de octubre de

2016, con la presentación de la moción de reconsideración.

Asimismo, la Sección 3.15 de la LPAU, supra, establece

que, en la eventualidad de que la agencia administrativa

no actúe en el mencionado plazo, el término para solicitar

la revisión judicial comenzará a transcurrir nuevamente al

expirar los quince días.

AC-2017-0028

19

En el caso de autos, el DACo no actuó dentro de los

quince días de presentada la moción de reconsideración con

la particularidad de que el término de quince días venció

un

sábado.

Ante

tal

escenario,

el

foro

apelativo

intermedio concluyó que el término de quince días no era

extensivo al próximo día laborable, por lo que venció el

sábado, 5 de noviembre de 2016. Consecuentemente, entendió

que el término de treinta días para presentar el recurso

de

revisión

judicial

ante

el

foro

apelativo

intermedio

inició el domingo, 6 de noviembre de 2016 y culminó el

lunes,

5

de

diciembre

de

2016.

Razón

desestimó

el

recurso

de

revisión

por

la

judicial

cual,

de

los

peticionarios presentado el 7 de diciembre de 2016.

Ahora bien, como mencionamos, la determinación del

Tribunal

de

Apelaciones

alteración

del

implicaría,

término

que

claramente,

posee

una

una

agencia

administrativa para actuar sobre una oportuna moción de

reconsideración.

Conforme a lo aquí pautado, en el caso ante nos, el

término

culminó

el

sábado,

pero

quedó

extendido

al

lunes, 7 de noviembre de 2016. Así, el término para

recurrir en revisión administrativa inició el martes, 8

de

noviembre

de

2016

y

culminó

el

miércoles,

7

de

diciembre de 2016. Por tanto, los peticionarios tenían

hasta

el

recurso

7

de

de

diciembre

revisión

de

2016,

para

judicial

ante

el

recurrir

foro

en

apelativo

intermedio. Así lo hicieron, por lo que resolvemos que

AC-2017-0028

20

los peticionarios acudieron oportunamente al Tribunal de

Apelaciones. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones

erró al desestimar el recurso.

IV.

Por

los

Sentencia

fundamentos

emitida

por

antes

el

expuestos,

Tribunal

de

revocamos

la

Apelaciones

y

devolvemos el caso a ese foro para que atienda en los

méritos el recurso presentado por los peticionarios.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Héctor Saldaña Egozcue,

Enid P. de Saldaña, la

Sociedad

de

Bienes

Gananciales compuesta por

ambos

e

Invesa

Incorporado

AC-2017-0028

Peticionarios

v.

Junta

de

Administración

Central

del

Condominio

Park Terrace, et al.

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2018.

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se

devuelve el caso a ese foro para que atienda en los

méritos el recurso presentado por los peticionarios.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez no intervino. La Jueza Presidenta

Oronoz Rodríguez está inhibida.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo