Tribunal Supremo de Puerto Rico
Saldaña Egozcue, et al. v. Junta de Administración Central del Condominio Park Terrace, et al.
2018 TSPR 203
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
Saldaña Egozcue, et al. v. Junta de Administración Central del Condominio Park Terrace, et al.
AC-2017-28
Derecho Administrativo: Cómputo del término para acudir en revisión judicial de una moción de reconsideración no atendida por una agencia administrativa en aquellos casos en los que el término vence sábado, domingo o día feriado.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor Saldaña Egozcue, Enid P.
de Saldaña, la Sociedad de Bienes
Gananciales compuesta por ambos e
Invesa Incorporado
Peticionarios
Certiorari
2018 TSPR 203
v.
201 DPR ____
Junta de Administración Central
del Condominio Park Terrace, et
al.
Recurridos
Número del Caso: AC-2017-28
Fecha: 14 de diciembre de 2018
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan y Fajardo
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. Carlos Lugo Fiol
Lcda. Bárbara M. Rivera Sánchez
Abogados de la parte Recurrida:
Lcdo. Iván A. Colón Morales
Lcdo. Gerardo A. Quirós López
Lcda. Alexandra T. Nolla Acosta
Lcda. Teresita Mercado Vizcarrondo
Lcdo. Mario R. Oronoz Rodríguez
Lcdo. Roberto A. Rivera Ruiz
Materia: Derecho Administrativo - Cómputo del término para acudir en
revisión judicial de una moción de reconsideración no atendida por
una agencia administrativa en aquellos casos en los que el término
vence sábado, domingo o día feriado.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor Saldaña Egozcue,
Enid P. de Saldaña, la
Sociedad
de
Bienes
Gananciales
compuesta
por
ambos
e
Invesa
Incorporado
AC-2017-0028
Peticionarios
Apelación
v.
Junta de Administración
Central del Condominio
Park Terrace, et al.
Recurridos
El Juez Asociado señor
Opinión del Tribunal.
ESTRELLA
MARTÍNEZ
emitió
la
San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2018.
En esta ocasión tenemos la necesidad de aclarar cómo se
computa el término para acudir en revisión judicial de una
moción
de
reconsideración
no
atendida
por
una
agencia
administrativa, en aquellos casos en que los quince días
que
concede
la
Ley
de
Procedimiento
Administrativo
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), infra, venzan
un sábado, domingo o día feriado.
AC-2017-0028
Con
lo
2
anterior
en
mente,
pasemos
a
examinar
el
trasfondo fáctico y procesal que originó la controversia
del caso de epígrafe.
I
El
Sr.
Héctor
Saldaña
Egozcue,
la
Sra.
Enid
P.
de
Saldaña, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por
ambos
e
Invesa
Incorporado
(peticionarios)
presentaron
cinco querellas en contra del Consejo de Titulares del
Condominio
Park
Terrace,
Condominio
(Junta)
carácter personal
y
la
Junta
varios
de
miembros
(recurridos),
Directores
de
ésta
del
en
su
ante el Departamento
de
Asuntos del Consumidor (DACo), a los fines de impugnar
varias
acciones
incumplimientos
establecimiento
realizadas
por
con:
manejo
del
el
presupuesto
la
Junta.
de
anual,
Alegaron
cuentas,
los
mandatos
el
de
asambleas realizadas y los nombramientos de los miembros
de la Junta. Por ello, impugnaron los presupuestos anuales
y solicitaron la remoción de varios miembros de la Junta
por incurrir en negligencia crasa, entre otras cosas.
Posteriormente, el DACo consolidó las cinco querellas e
inició
un
sinnúmero
de
trámites
procesales
que
se
extendieron por varios años. Finalmente, el 3 de octubre
de 2016, la agencia emitió una Resolución, notificada el 4
de octubre de 2016, mediante la cual desestimó varias de
las causas de acción presentadas en las querellas, salvo
una de ellas.
AC-2017-0028
En
3
desacuerdo,
peticionarios
el
21
presentaron
de
una
octubre
Moción
de
de
2016,
los
Reconsideración
Parcial ante el DACo. Ahora bien, toda vez que el DACo no
acogió
ni
se
expresó
sobre
la
referida
moción,
los
peticionarios la tuvieron por rechazada de plano. Así, el
7 de diciembre de 2016, presentaron un recurso de revisión
judicial
ante
impugnaron
el
los
Tribunal
méritos
de
del
Apelaciones
dictamen
del
en
el
que
DACo.
En
lo
pertinente a la controversia ante nos, los peticionarios
justificaron que conforme a la Sección 3.15 de la LPAU,
Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3
LPRA sec. 2165, y el Artículo 388 del Código Político, 1
LPRA sec. 72, el término de quince días que el DACo tenía
“para
expresarse
en
cuanto
a
dicha
Solicitud
de
Reconsideración Parcial expiró el 7 de noviembre de 2016”.1
En respuesta, los recurridos presentaron ante el foro
apelativo intermedio una Moción de desestimación por falta
de jurisdicción, en la que plantearon que el recurso de
revisión judicial se presentó tardíamente. Sostuvieron que
la Regla 68.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32
LPRA
Ap.
V,
R.
68.1,
y
el
Artículo
388
del
Código
Político, supra, eran inaplicables, por lo que el término
de quince días que otorga la Sección 3.15 de la LPAU,
supra, a la agencia administrativa para actuar sobre la
moción
de
1Revisión
reconsideración,
venció
el
sábado,
5
de
Judicial de Decisión Administrativa, Apéndice
de la apelación, pág. 220.
AC-2017-0028
4
noviembre de 2016. Ante ello, plantearon que el término
para
recurrir
en
revisión
judicial
al
foro
apelativo
intermedio que establece la Sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA
sec.
2172,
comenzó
a
transcurrir
el
domingo,
6
de
noviembre de 2016, y venció el lunes, 5 de diciembre de
2016.
Por
su
Oposición
parte,
los
peticionarios
presentaron
Moción
de
Desestimación.
En
a
su
una
escrito,
arguyeron que la Regla 68.1 de las Reglas de Procedimiento
Civil,
supra,
y
el
Artículo
388
del
Código
Político,
supra, eran aplicables al cómputo de “cualquier término
concedido por cualquier estatuto o ley aplicable”.2 Por
tanto, señalaron que el término de quince días que otorga
la
Sección
3.15
de
la
LPAU,
supra,
a
la
agencia
administrativa, se extendió hasta el lunes, 7 de noviembre
de 2016, como el próximo día laborable. Adujeron, además,
que
la
propuesta
de
los
recurridos
provocaría
una
reducción del término de quince días que el legislador
otorgó
al
DACo
reconsideración.
determinaba
para
Es
actuar
actuar
decir,
sobre
sobre
una
moción
de
si
el
DACo
decidía
o
moción
de
reconsideración
que
la
debía hacerlo el viernes, 4 de noviembre de 2016, un día
antes de vencer el término de quince días que otorga la
Sección 3.15 de la LPAU, supra.
Posteriormente,
las
partes
presentaron
numerosos
escritos ante el Tribunal de Apelaciones. En síntesis, los
2Oposición
a Moción de Desestimación, Apéndice de la
apelación, pág. 191.
AC-2017-0028
5
recurridos alegaron que la Regla 68.1 de las Reglas de
Procedimiento Civil, supra, y el Artículo 388 del Código
Político,
supra, eran
aplicables cuando “el vencimiento
del plazo o el término para que una parte realice un acto
cae sábado, domingo o día feriado”. (énfasis suplido).3
Conforme a ello, plantearon que el DACo no era parte en el
pleito. Además, adujeron que los peticionarios buscaban
aplicar las disposiciones legales para prorrogar el inicio
del término para presentar un recurso de revisión judicial
ante el foro apelativo intermedio.
Por su parte, los peticionarios sostuvieron que las
disposiciones
legales
mencionadas
no
establecían
limitación
de
aplicación
a
las
partes
Reiteraron
que
acoger
solicitud
de
la
del
los
una
pleito.
recurridos
implicaba una reducción del término que la Sección 3.15 de
la LPAU, supra, otorgó a las agencias administrativas para
actuar.
Ponderados
apelativo
judicial
los
argumentos
intermedio
por falta
desestimó
de
las
el
de jurisdicción.
partes,
recurso
de
el
foro
revisión
Específicamente,
el
foro apelativo intermedio concluyó lo siguiente:
Adviértase que la Resolución original en este
caso se notificó el 4 de octubre de 2016. La
Reconsideración
que
presentaron
los
querellantes-recurrentes se radicó el 21 de
octubre de 2016. Según expusimos anteriormente,
DACo tenía quince (15) días para acoger la
solicitud de reconsideración. Ese término venció
el [sábado,] 5 de noviembre de 2016. Por tanto,
3Réplica
198.
a Oposición, Apéndice de la apelación, pág.
AC-2017-0028
6
el término jurisdiccional para presentar un
recurso
de
revisión
judicial
comenzó
a
[decursar] el día siguiente, domingo 6 de
noviembre de 2016. Es a partir del 6 de
noviembre que comenzó el término de 30 [días]
para recurrir en revisión judicial. Culminando
este el 5 de diciembre de 2016. La parte
recurrente tenía que presentar su recurso dentro
del término jurisdiccional. Habida cuenta de que
lo presentó el 7 de diciembre de 2016, el
recurso
fue
radicado
vencido
el
término
4
jurisdiccional.
En
desacuerdo,
los
peticionarios
solicitaron
la
reconsideración del dictamen, la cual fue declarada “no ha
lugar” por el foro apelativo intermedio.
Inconformes aún, los peticionarios recurren ante nos
mediante
un
revoquemos
recurso
el
de
dictamen
apelación
emitido
por
solicitando
que
el
de
Tribunal
Apelaciones. En resumen, plantean que el foro apelativo
intermedio erró al no computar los términos dispuestos en
la
Sección
3.15
de
la
LPAU,
supra,
conforme
a
lo
establecido en el Artículo 388 del Código Político, supra,
y la Regla 68.1 de
las Reglas de Procedimiento
Civil,
supra.
Una vez expedido el recurso acogido como un certiorari
y
con
el
beneficio
de
los
alegatos
de
ambas
partes,
procedemos a exponer el derecho aplicable para atender el
asunto ante nuestra consideración.5
4Sentencia,
5Conforme
Apéndice de la apelación, pág. 7.
a la Regla 30 (6) del Reglamento del Tribunal
Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, que establece como fundamento
para expedir un recurso de certiorari, la existencia de un
conflicto “entre paneles del Tribunal de Apelaciones sobre
el asunto en cuestión”, concluimos que esta controversia ha
generado dictámenes contradictorios por lo que existe la
AC-2017-0028
7
A la luz del cuadro fáctico y procesal que antecede,
procedemos a exponer el derecho aplicable.
II
A.
La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), supra, tuvo
el
propósito
de
uniformar
los
procedimientos
administrativos ante las agencias.6 De esta forma, la
precitada
para
ley
estableció
gobernar
los
un
cuerpo
procesos
de
de
reglas
mínimas
adjudicación
y
reglamentación en la administración pública. Exposición
de Motivos de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988,
Leyes de Puerto Rico, págs. 825-826; Vitas Health Care
v. La Fe et al., 190 DPR 56, 65 (2014). Véanse, además:
necesidad de precisar el cómputo del término que nos ocupa.
Véanse: B. Induveca, S.A. v. Departamento de Estado de
Puerto Rico, KLRA200801272; Gooden v. Departamento de la
Familia, KLRA200100225; Ex-Agente Ángel Pacheco Quiñones v.
Policía de Puerto Rico, KLRA0000188.
6Los hechos de este caso surgen en el año 2008. En ese
momento, aún estaba vigente la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, cuyas
disposiciones hacemos referencia. No obstante, a pesar de
que las secciones pertinentes a la controversia presentan
un lenguaje prácticamente idéntico, debemos mencionar que
fue enmendada el 1 de julio de 2017, por la Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de
Puerto Rico, Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017. Compárese
3 LPRA secs. 2165 y 2172, con 3 LPRA secs. 9655 y 9672.
Véase, también, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
v. Unión Independiente Auténtica de Empleados de la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, res. el 6 de
agosto de 2018, 2018 TSPR 146.
AC-2017-0028
8
Cordero Vargas v. Pérez Pérez, 198 DPR 848, 857 (2017);
Pagán
Román
v.
F.S.E.,
129
DPR
888,
897
(1992);
Hernández v. Golden Tower Dev. Corp., 125 DPR 744, 748
(1990) (Per curiam). Así, el legislador estableció un
procedimiento uniforme, tanto para la presentación de
una moción de reconsideración ante las agencias, como
para recurrir en revisión judicial ante el Tribunal de
Apelaciones. Fonte Elizondo v. F & R Const., 196 DPR
353, 358 (2016).
B.
En
lo
pertinente
a
la
controversia
ante
nuestra
consideración, la Sección 4.2 de la LPAU, supra, sec.
2172, regula la solicitud de revisión judicial ante el
Tribunal de Apelaciones, al establecer que:
Cualquier parte podrá presentar una revisión
judicial ante el Tribunal de Apelaciones dentro
de un término de treinta (30) días contados a
partir de la fecha del archivo en autos de la
copia de la notificación de la orden o
resolución final de la agencia o a partir de la
fecha aplicable de las dispuestas en la sec.
2165 de este título cuando el término para
solicitar
la
revisión
judicial
haya
sido
interrumpido mediante la presentación oportuna
de una moción de reconsideración . . . ..Íd.
(énfasis suplido).
Por otro lado, nos concierne que la Sección 3.15 de
la
LPAU,
solicitar
supra,
la
provee
para
que
reconsideración
una
ante
parte
una
pueda
agencia
administrativa. A esos efectos, dispone lo siguiente:
La
parte
adversamente
afectada
por
una
resolución u orden parcial o final podrá,
dentro del término de veinte (20) días desde la
AC-2017-0028
9
fecha de archivo en autos de la notificación de
la resolución u orden, presentar una moción de
reconsideración de la resolución u orden. La
agencia dentro de los quince (15) días de
haberse
presentado
dicha
moción
deberá
considerarla. Si la rechazare de plano o no
actuare dentro de los quince (15) días, el
término para solicitar revisión comenzará a
correr nuevamente desde que se notifique dicha
denegatoria o desde que expiren esos quince
(15) días, según sea el caso . . . . Íd.
(énfasis suplido).7
Es decir, lo anterior deja claro que las agencias
administrativas tienen el poder en virtud de la LPAU de
revisar
los
dictámenes
que
éstas
emitan.
Según
lo
explica el Profesor Echevarría Vargas, de ordinario, en
nuestro
poseen
ordenamiento
la
autoridad
“los
para
organismos
reconsiderar
administrativos
sus
órdenes
en
cualquier momento siempre que ejerzan esa acción antes
[de perder] jurisdicción sobre el caso”. J. Echevarría
Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, San Juan,
4ta ed. revisada, San Juan, Ed. Situm, 2017, pág. 281,
(citando a Kelly Temporary Services v. F.S.E., 142 DPR
290 (1997)). Este mecanismo provee a las agencias la
oportunidad para corregir sus errores cuando lo entiende
necesario, lo que contribuye a reducir la presentación
de recursos de revisión judicial, “procurando [de esta
forma,] alcanzar los postulados de justicia y economía,
7La
Regla
29.1
del
Reglamento
de
Procedimientos
Adjudicativos del DACo (Reglamento Núm. 8034), establece un
esquema equivalente al de la Sección 3.15 de la LPAU, Ley
Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA
sec. 2101 et seq.
AC-2017-0028
10
enmarcados en la declaración de política pública de la
LPAU”. Fonte Elizondo v. F & R Const., supra. Asimismo,
la moción de reconsideración tiene como finalidad “que
la
agencia
argumentos
tenga
que
la
le
oportunidad
permitan
de
enfrentarse
reconsiderar
[y
a
además,
pueda] agotar todos los argumentos posibles para que el
tribunal
reciba
una
Fernández
Quiñones,
decisión
Derecho
bien
depurada”.
Administrativo
y
Ley
D.
de
Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra ed., Forum,
2013, sec. 8.10, pág. 638.
C.
Es menester recordar que “como regla general, las
Reglas de Procedimiento Civil no aplican automáticamente
en procedimientos administrativos”. Flores Concepción v.
Taíno Motors, 168 DPR 504, 518 (2006); Otero v. Toyota,
163
DPR
Motors
716,
735
(2005)
Corp.,
152
DPR
(Per
475,
curiam);
484
Pérez
(2000)
(Per
v.
VPH
curiam);
Berríos v. Comisión de Minería, 102 DPR 228, 229-230
(1974).
Ello,
pues
la
norma
general
necesidad
de
que
los
organismos
funcionen
sin
la
inflexibilidad
responde
a
la
administrativos
que
generalmente
caracteriza a los tribunales. Flores Concepción v. Taíno
Motors,
supra,
pág.
521;
Pérez
v.
VPH
Motors
Corp.,
supra; JRT v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805, 812, n.3
(1971) (citando a Martínez v. Tribunal Superior, 83 DPR
717 (1961)). El proceso administrativo debe ser uno de
carácter
ágil
y
sencillo
que
propicie
el
uso
por
AC-2017-0028
11
personas legas. Sin embargo, este Tribunal ha resuelto
que nada impide que las Reglas de Procedimiento Civil se
adopten para guiar el curso del proceso administrativo,
siempre y cuando las mismas no sean incompatibles con el
proceso
y
económica.
propicien
Flores
una
solución
Concepción
v.
justa,
Taíno
rápida
Motors,
y
supra,
págs. 518-519; Florenciani v. Retiro, 162 DPR 365, 370
(2004); Pérez v. VPH Motor Corp., supra, pág. 485; Ortiz
v. Adm. Sist. Retiro Emp. Gob., 147 DPR 816, 822 (1999);
Industria Cortinera, Inc. v. P.R.
DPR
654,
660
(1993);
Pérez
Telephone Co., 132
Rodríguez
v.
P.R.
Park.
Systems, Inc., 119 DPR 634, 639–640 (1987). Como ejemplo
de esto, en lo relacionado a la solicitud de una moción
de reconsideración en el Derecho Administrativo, hemos
aplicado, consecuentemente, la Regla 47 de las Reglas de
Procedimiento
Civil,
32
LPRA
procedimientos
administrativos.
Ap.
Véanse,
V,
R.
47,
a
Florenciani
v.
Retiro, supra; Febles v. Romar, 159 DPR 714 (2003) (Per
curiam); Ortiz v. Adm. Sist. de Retiro Emp. Gob., supra.
Ahora
bien,
su
aplicación
no
procede
cuando
la
extensión de las reglas judiciales acarrea trabas que
obstaculizan la flexibilidad, agilidad y sencillez que
deben tener los procedimientos administrativos. Flores
Concepción v. Taíno Motors, supra, pág. 519; Florenciani
v. Retiro, supra, pág. 371. Véase, también, Pérez v. VPH
Motor Corp., supra, págs. 484-485.
D.
AC-2017-0028
12
En lo pertinente a la controversia ante nos, la
Regla 68.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra,
dispone lo siguiente:
En el cómputo de cualquier término concedido
por estas reglas, o por orden del tribunal o
por
cualquier
estatuto
aplicable,
no
se
contará el día en que se realice el acto,
evento o incumplimiento después del cual el
término fijado empieza a transcurrir. El
último día del término así computado se
incluirá siempre que no sea sábado, domingo ni
día de fiesta legal, extendiéndose entonces el
plazo hasta el fin del próximo día que no sea
sábado, domingo ni día legalmente feriado […].
(énfasis suplido). Íd.
Por otro lado, el Artículo 388 del Código Político,
supra, establece que:
El tiempo en que cualquier acto prescrito por
la ley debe cumplirse, se computará excluyendo
el primer día e incluyendo el último, a menos
que éste sea día de fiesta, en cuyo caso será
también excluido. Íd. (énfasis suplido).
El caso ante nuestra consideración, requiere que
analicemos las precitadas disposiciones legales a la luz
de las interpretaciones realizadas por este Tribunal.
Veamos.
En cuanto a los trámites apelativos, en Building
Services Inc. v. Asoc. Condominio Borinquen Towers, 147
DPR 874 (1999) (Per curiam), este Tribunal aplicó la
Regla 68.1 de Procedimiento Civil, supra, al término de
treinta
días
apelación
dispuesto
ante
el
para
foro
presentar
un
apelativo
recurso
de
intermedio.
Determinamos que, cuando el último día del término sea
un día feriado, el término será extendido al próximo día
laborable, es decir, que no sea sábado, domingo o día
AC-2017-0028
feriado.
13
De
igual
modo,
en
García
Claudio
v.
García
Guevara, 145 DPR 659 (1998) (Per curiam), este Tribunal
aplicó
la
Regla
68.1
de
las
Reglas
de
Procedimiento
Civil, supra, al término para presentar una apelación
ante el foro apelativo intermedio, tras concluir que el
inicio del referido término debía computarse desde el
depósito de la notificación de la determinación en el
correo. Ello, pues la tardanza de la notificación por
correo,
catorce
aplicable
a
Administración
(14)
días
después,
redujo
casi
la
mitad.
Recientemente,
Pública
v.
de
Vivienda
el
Vega
término
en
Martínez,
res. el 10 de mayo de 2018, 2018 TSPR 84, concluimos que
la referida Regla 68.1 de las Reglas de Procedimiento
Civil, supra, es aplicable al cálculo del término de
cinco días que establece el Artículo 629 del Código de
Enjuiciamiento
recurrir
al
Civil,
foro
32
LPRA
apelativo
sec.
2831,
intermedio
a
para
poder
apelar
una
acción de desahucio.
En
lo
relacionado
al
perfeccionamiento
recurso
ante
el
de
Apelaciones,
Tribunal
en
de
un
Coss
v.
Hospital Interamericano, 159 DPR 53 (2003) (Per curiam),
este Tribunal aplicó la precitada regla al término que
establece la Regla 14 del Reglamento del Tribunal de
Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A y la Regla 53.1(b) de
Procedimiento
Civil
de
1979,
32
LPRA
Ap.
III,
R.
53.1(b), para la notificación de un escrito de apelación
al foro de primera instancia dentro de cuarenta y ocho
AC-2017-0028
14
horas después de presentarse el recurso. De esa manera,
determinamos
que
los
términos
establecidos
en
horas
comenzaban a transcurrir el próximo día hábil y que, por
tratarse de un término de menos de 7 días, se excluían
del correspondiente cómputo los sábados, domingos o días
festivos.
Recientemente, en Hernández Jiménez v. AEE, 194 DPR
378 (2015), avalamos lo resuelto en Coss v. Hospital
Interamericano, supra, y resolvimos que para el trámite
de
recursos
de
certiorari,
el
cómputo
que
provee
la
Regla 68.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra,
en conjunto con el Artículo 388 del Código Político,
supra, aplican al computar los términos en horas que
provee el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Por
ello, decretamos que el término de setenta y dos horas
que provee la Regla 33(A) del Reglamento del Tribunal de
Apelaciones, supra, para notificar al foro de instancia
“[debe computarse] como 3 días, de conformidad con el
mecanismo
de
cómputo
que
provee
Procedimiento
Civil”.
Íd.,
pág.
la
390.
Regla
De
68.1
esta
de
forma,
excluimos del cómputo los sábados, domingos o días de
fiesta cuando el plazo concedido es menor de siete días.
Los
términos
antes
explicados,
también,
son
de
aplicación al procedimiento administrativo. En Ortiz v.
Adm. Sist. de Retiro Emp. Gob., 147 DPR 816 (1999), este
Tribunal calculó el inicio del término de treinta días
para recurrir en recurso de revisión judicial, el día
AC-2017-0028
15
después de culminar el término de noventa días que posee
la agencia administrativa para resolver una moción de
reconsideración que acogió según la Sección 3.15 de la
LPAU, supra. Así, aplicó el término de la Regla 68.1 de
Procedimiento Civil, supra, y el Artículo 388 del Código
Político, supra, para determinar el inicio del término
de
treinta
determinación
días
para
recurrir
administrativa
en
ante
revisión
el
foro
de
una
apelativo
intermedio. Conforme a ello, en Fonte Elizondo v. F & R
Const., 196 DPR 353, 364, n.4 (2016), resulta pertinente
recordar que, calculamos el término de treinta días para
recurrir
en
Apelaciones
revisión
desde
judicial
la
fecha
ante
el
Tribunal
del
depósito
de
de
la
notificación en el correo, según la Sección 4.2 de la
LPAU, supra. Por lo tanto, concluimos que el término de
treinta días para recurrir en revisión judicial inició
el 1 de agosto de 2013 y culminó el sábado, 31 de agosto
de 2013, por lo que se extendió hasta el martes, 3 de
septiembre de 2013, como el próximo día laborable, ya
que el lunes fue un día feriado.
En lo relacionado a un término otorgado por ley
para que una parte o un funcionario del Estado realice
una
acción,
en
Coop.
Seguros
Múltiples
v.
Srio.
de
Hacienda, 118 DPR 115 (1986), este Tribunal aplicó la
Regla 68.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra,
y el Art. 388 del Código Político, supra, al término que
tenía
el
Secretario
de
Hacienda
para
notificar
una
AC-2017-0028
16
confiscación al amparo del Art. 2(a) de la Ley Uniforme
de Confiscación de Vehículos, Bestias y Embarcaciones,
34 LPRA sec. 1722(a) (derogada). Este Tribunal aclaró
que
el
“no
aplicar
significaría
que
las
el
referidas
funcionario
disposiciones
que
realice
la
confiscación tendría menos del término estatutario de
diez (10) días para actuar en todo caso en que el décimo
día venza sábado, domingo o día feriado”. Coop. Seguros
Múltiples v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 119. Así,
entendió
que
resultaría
ilógico
e
irrazonable.
Íd.
Conforme al razonamiento presentado por este Tribunal
ante
la
reducción
de
un
término
otorgado
por
ley,
debemos mencionar que anteriormente, en Sosa v. Tribunal
de Distrito, 70 DPR 62, 64 (1949), decidimos excluir el
último día del cálculo del término para presentar un
escrito
de
apelación,
cuando
sean
sábados
y
domingos
fundamentado en que los tribunales estaban cerrados los
sábados, por lo que las partes estaban imposibilitadas
de acudir a ese foro.
En lo que atañe al término de quince días para que
una agencia pueda reconsiderar o no, debe tomarse en
cuenta
que
sostener
el
razonamiento
Apelaciones
equivaldría
a
legislativo
del
dispuesto8
pública
no
de
8Nótese
término
limitar
el
del
menoscabar
acceso
de
y
a
las
Tribunal
de
el
mandato
la
política
partes
para
que, a diferencia de otras leyes, el legislador
no excluyó en la LPAU las disposiciones del Código Político
y la Regla de Procedimiento Civil que nos ocupa.
AC-2017-0028
impugnar
17
en
el
administrativa.
foro
judicial
Además,
una
determinación
conllevaría
ignorar
los
lineamientos jurisprudenciales aquí expuestos.
Ante ese cuadro, resolvemos que si los quince días
que concede la Sección 3.15 de la LPAU, supra, para que
una agencia administrativa acoja, rechace de plano o no
actúe
sobre
una
moción
de
reconsideración
presentada
oportunamente vencen un sábado, domingo o día feriado,
dicho
término
deberá
extenderse
hasta
el
próximo
día
laborable. Para ello, debemos aplicar la Regla 68.1 de
las Reglas de Procedimiento Civil, supra, y el Artículo
388
del
Código
Político,
supra,
al
cómputo
de
ese
término. De ese modo, también se le brinda la totalidad
del término a la agencia para que actúe respecto a la
moción que se haya presentado ante ésta.
Tras
exponer
el
marco
jurídico
enunciado,
procedemos a resolver la controversia.
III
Los
peticionarios
plantean
que
el
Tribunal
de
Apelaciones erró al desestimar el recurso presentado sin
aplicar la Regla 68.1 de las Reglas de Procedimiento
Civil, supra, y el Artículo 388 del Código Político,
supra, al término de quince días que la Sección 3.15 de
la LPAU, supra, otorgó a las agencias administrativas
para actuar sobre una moción de reconsideración.
Por
su
parte,
los
recurridos
sostienen
que
lo
establecido en las disposiciones legales mencionadas no
AC-2017-0028
18
es aplicable a todo tipo de términos. A su vez, arguyen
que van dirigidas a los términos en que las partes de un
pleito
realicen
algún
acto,
mas
no
Regla
68.1
a
las
agencias
administrativas.
Según
expuesto,
la
de
las
Reglas
de
Procedimiento Civil, supra, y el Artículo 388 del Código
Político, supra, son de aplicación al cómputo de quince
días establecido en la sección 3.15 de la LPAU, supra,
para
que
una
agencia
actúe
sobre
una
moción
de
reconsideración presentada oportunamente. Apliquemos el
estado de derecho pautado a la controversia ante nos.
El
4
de
Resolución,
octubre
mediante
de
la
2016,
DACo
dispuso
de
cual
el
notificó
las
causas
una
de
acción presentadas por los peticionarios en las querellas
en
contra
de
los
recurridos.
Oportunamente,
el
21
de
octubre de 2016, los peticionarios presentaron una moción
de reconsideración ante el DACo.
Según señalamos, la Sección 3.15 de la LPAU, supra,
provee un término de quince días para que las agencias
administrativas
puedan
actuar
sobre
la
moción
de
reconsideración. Dicho término, inició el 21 de octubre de
2016, con la presentación de la moción de reconsideración.
Asimismo, la Sección 3.15 de la LPAU, supra, establece
que, en la eventualidad de que la agencia administrativa
no actúe en el mencionado plazo, el término para solicitar
la revisión judicial comenzará a transcurrir nuevamente al
expirar los quince días.
AC-2017-0028
19
En el caso de autos, el DACo no actuó dentro de los
quince días de presentada la moción de reconsideración con
la particularidad de que el término de quince días venció
un
sábado.
Ante
tal
escenario,
el
foro
apelativo
intermedio concluyó que el término de quince días no era
extensivo al próximo día laborable, por lo que venció el
sábado, 5 de noviembre de 2016. Consecuentemente, entendió
que el término de treinta días para presentar el recurso
de
revisión
judicial
ante
el
foro
apelativo
intermedio
inició el domingo, 6 de noviembre de 2016 y culminó el
lunes,
5
de
diciembre
de
2016.
Razón
desestimó
el
recurso
de
revisión
por
la
judicial
cual,
de
los
peticionarios presentado el 7 de diciembre de 2016.
Ahora bien, como mencionamos, la determinación del
Tribunal
de
Apelaciones
alteración
del
implicaría,
término
que
claramente,
posee
una
una
agencia
administrativa para actuar sobre una oportuna moción de
reconsideración.
Conforme a lo aquí pautado, en el caso ante nos, el
término
culminó
el
sábado,
pero
quedó
extendido
al
lunes, 7 de noviembre de 2016. Así, el término para
recurrir en revisión administrativa inició el martes, 8
de
noviembre
de
2016
y
culminó
el
miércoles,
7
de
diciembre de 2016. Por tanto, los peticionarios tenían
hasta
el
recurso
7
de
de
diciembre
revisión
de
2016,
para
judicial
ante
el
recurrir
foro
en
apelativo
intermedio. Así lo hicieron, por lo que resolvemos que
AC-2017-0028
20
los peticionarios acudieron oportunamente al Tribunal de
Apelaciones. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones
erró al desestimar el recurso.
IV.
Por
los
Sentencia
fundamentos
emitida
por
antes
el
expuestos,
Tribunal
de
revocamos
la
Apelaciones
y
devolvemos el caso a ese foro para que atienda en los
méritos el recurso presentado por los peticionarios.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor Saldaña Egozcue,
Enid P. de Saldaña, la
Sociedad
de
Bienes
Gananciales compuesta por
ambos
e
Invesa
Incorporado
AC-2017-0028
Peticionarios
v.
Junta
de
Administración
Central
del
Condominio
Park Terrace, et al.
Recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2018.
Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la
Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se
devuelve el caso a ese foro para que atienda en los
méritos el recurso presentado por los peticionarios.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez no intervino. La Jueza Presidenta
Oronoz Rodríguez está inhibida.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo