Tribunal Supremo de Puerto Rico
Cedeño Aponte y otro v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de la Familia y otro
2018 TSPR 199
Poder Judicial de Puerto Rico
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Cedeño Aponte y otro v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de la Familia y otro
CC-2018-647
Resoluciones del Tribunal con Voto particular disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sonia Cedeño Aponte y
Josué Orta Rivera
Peticionarios
v.
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto Rico, Lcda. Glorimar
Andújar
Matos
en
representación
del
Departamento de la Familia y
otro
Certiorari
2018 TSPR 199
201 DPR ____
Recurridos
Número del Caso: CC-2018-647
Fecha: 4 de diciembre de 2018
Abogado de la parte peticionaria:
Lcda. Sheila M. Torres Matías
Materia: Resoluciones del Tribunal con Voto particular disidente.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sonia Cedeño Aponte y
Josué Orta Rivera
Peticionarios
v.
CC-2018-647
Certiorari
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, Lcda. Glorimar
Andújar Matos en representación
del Departamento de la Familia
y otro
Recurridos
RESOLUCIÓN
San Juan,
2018.
Puerto Rico, a
4 de diciembre
de
A la petición de certiorari, no ha lugar.
Lo acordó el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza
Asociada señora Pabón Charneco y los Jueces
Asociados
señores
Rivera
García,
Estrella
Martínez y Colón Pérez hubieran expedido el
recurso de certiorari. El Juez Asociado señor
Estrella Martínez emitió un Voto particular
disidente al que se unieron la Jueza Asociada
señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor
Rivera García.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sonia Cedeño Aponte y
Josué Orta Rivera
Peticionarios
v.
CC-2018-647
Certiorari
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, Lcda. Glorimar
Andújar Matos en representación
del Departamento de la Familia
y otro
Recurridos
RESOLUCIÓN
San Juan, Puerto Rico, a 4 de diciembre de 2018.
Examinada la Solicitud para que el Caso sea
Atendido por el Tribunal en Pleno, Solicitud de
Unión de Casos y Solicitud de Vista Oral
presentada por la Lcda. Sheila M. Torres Matías
en representación de los peticionarios, y ante
la denegatoria al recurso de certiorari, se
provee no ha lugar.
Lo acordó el Tribunal y certifica el
Secretario
del
Tribunal
Supremo.
El
Juez
Asociado señor Rivera García hubiese provisto ha
lugar a la consolidación de los recursos.
El
Juez Asociado señor Estrella Martínez hubiese
consolidado los recursos a la luz de lo expuesto
en su voto particular disidente en el caso de
referencia.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sonia Cedeño Aponte & Josué
Orta Rivera
Peticionarios
CC-2018-0647
Certiorari
v.
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, Departamento
de la Familia &
Departamento de Justicia
Recurridos
Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado señor
ESTRELLA MARTÍNEZ al cual se unen la Jueza Asociada señora PABÓN
CHARNECO y el Juez Asociado señor RIVERA GARCÍA.
San Juan, Puerto Rico, a 4 de diciembre 2018.
Una vez más, el Departamento de la Familia ejerció mano
libre para violar los términos reglamentarios relacionados con
asuntos
de
menores.
Igualmente
preocupante,
excluyó
negligentemente del registro de adoptantes a las personas que se
encargaron de criar por dos años a una menor que llegó a su seno
familiar desde los cinco días de nacida, proveniente de un hogar
con padres biológicos maltratantes. A pesar de ello, los foros
inferiores le
concedieron la peligrosa deferencia excesiva e
incorrecta
Derecho.
en
legitimación
solicitar
activa
amparo
a
Como
agravante,
del
padre
y
la
la
Rama
Judicial
no
madre
y
reconocieron
de
crianza
cuestionar
la
para
estos
reprobables incumplimientos. De esta forma, dejaron en el olvido
el
principio
consecuencia,
rector
del
mejor
bienestar
del
menor.
En
DISIENTO
y
hubiese
expedido
el
recurso
de
certiorari ante nuestra consideración.
CC-2018-0647
2
Examinemos
el
trasfondo
fáctico
y
procesal
de
la
controversia de epígrafe.
I.
A tan solo cinco días de nacida, la menor DMMA fue removida
de su
hogar debido a
acusaciones de maltrato de menores en
contra de sus padres biológicos. A raíz de ello, el Departamento
de la Familia obtuvo la custodia de la menor y la ubicó en un
hogar de crianza bajo el cuido de la Sra. Sonia Cedeño Aponte y
el Sr. Josué Orta Rivera (señora Cedeño Aponte y señor Orta
Rivera
o
mediante
peticionarios).
el
cual
los
Luego
del
transcurso
peticionarios
se
de
dos
años,
responsabilizaron
y
cuidaron de la menor, la señora Cedeño Aponte y el señor Orta
Rivera decidieron adoptar a DMMA, ya que consideraron que ella
“pasó a formar parte de su familia”. 1 En virtud de lo anterior,
el
24
de
octubre
de
2016
los
peticionarios
presentaron
una
solicitud de adopción ante la Unidad de Adopción de Carolina.
El
1
de
marzo
de
2017,
casi
cinco
meses
luego
de
la
presentación de la solicitud de adopción, la Unidad de Adopción
notificó
su
contestación
a
la
petición
e
informó
a
los
peticionarios que el estudio social que se llevó a cabo resultó
favorable.2 Dicha notificación disponía que el expediente de la
señora Cedeño Aponte y del señor Orta Rivera sería tramitado a
las oficinas centrales de la Administración de Cuidado Sustituto
y Adopción, quienes en los próximos treinta días emitirían una
notificación final certificando si los peticionarios cumplían
1Certiorari,
2Apéndice
pág. 3.
del certiorari, págs. 101-102. Adviértase que, a
pesar de que el documento tiene fecha de 13 de febrero de 2017,
consta que el depósito de la notificación en el correo fue el 1
de marzo de 2017.
CC-2018-0647
con
todos
3
los
requisitos
exigidos
por
la
Ley
Núm.
86-2009,
infra, para poder ser ingresados al Registro Estatal Voluntario
de Adopción (REVA).
El 21 de junio de 2017, casi tres meses en exceso de los
treinta días señalados, la Administración de Cuidado Sustituto y
Adopción notificó a los peticionarios que carecían de ciertos
documentos para poder ser ingresados al REVA. 3 La señora Cedeño
Aponte
y
el
señor
Orta
Rivera
afirmaron
entregado
los
documentos
solicitados
original.
Sin
embargo,
aras
en
de
que
éstos
habían
junto
a
su
petición
agilizar
el
ya
dilatado
proceso, entregaron nuevamente los documentos al siguiente día
de
ser
notificados,
a
saber,
el
22
de
junio
de
2017.
En
consecuencia, la Administración de Cuidado Sustituto y Adopción
emitió una certificación ingresando a los peticionarios al REVA,
retrotrayendo su efectividad al 21 de junio de 2017.
Desafortunadamente, mientras los peticionarios pasaban por
el proceso administrativo antes descrito, el Departamento de la
Familia removió a DMMA del hogar de la señora Cedeño Aponte y
del señor Orta Rivera. Esto, pues el Panel de Selección
de
Candidatos del REVA (Panel) eligió a otra pareja como hogar
adoptivo
para
DMMA.
Posteriormente,
esa
pareja
adoptó
oficialmente a DMMA.
Ante este lamentable escenario, los peticionarios realizaron
un
sinnúmero
de
gestiones
administrativas
y
judiciales
para
paralizar el proceso de adopción, para conocer los fundamentos
que el Panel tomó en consideración en su selección y para que el
3Apéndice
del certiorari, pág. 103. Adviértase que, a pesar
de que el documento tiene fecha de 2 de marzo de 2017, consta la
firma de la Especialista de Adopción certificando que la entrega
del documento fue el 21 de junio de 2017.
CC-2018-0647
4
Departamento de la Familia les reconociera su derecho a ser
escuchados.
Eventualmente, el foro primario hizo alusión a la necesidad
de alguna resolución u orden que fundamentara la selección del
Panel de los padres adoptivos. A raíz de ello, los peticionarios
acudieron
al
Departamento
de
la
Familia
en
búsqueda
de
ese
documento. Por su parte, el Departamento de la Familia notificó
que no existe resolución alguna que documente la decisión del
Panel a favor de los que resultaron ser los padres adoptivos de
la menor.
Debido
a
nuevamente
al
lo
anterior,
Tribunal
petición
de
mandamus
Familia
como
el
de
los
peticionarios
Primera
dirigida
Departamento
Instancia
tanto
de
al
acudieron
mediante
Departamento
Justicia.
En
esa
una
de
la
ocasión,
solicitaron que se reprodujera dicha resolución y que se les
notificara
de
ello,
para
poder
así
recurrir
a
través
del
correspondiente mecanismo de revisión judicial. Por otro lado,
la parte recurrida presentó una Solicitud de sentencia sumaria
mediante
la
legitimación
cual
arguyó
activa
para
que
los
solicitar
peticionarios
no
tenían
la
del
Panel
resolución
porque, al momento de escoger a la pareja adoptiva, la señora
Cedeño Aponte y el señor Orta Rivera aun no formaban parte del
REVA.
El
Departamento
de
Justicia
fundamentó
su
postura
al
sostener que la selección de los padres adoptivos de DMMA se
realizó el 23 de mayo de 2017, mientras que los peticionarios
fueron ingresados al REVA el 21 de junio de 2017.
En
respuesta
a
ello,
los
peticionarios
presentaron
una
Moción en cumplimiento de orden en oposición a solicitud de
sentencia sumaria en la cual indicaron que la demora en incluir
CC-2018-0647
5
a éstos en el REVA se debió precisamente a la negligencia del
Departamento de la Familia. De igual forma, sostuvieron que el
Departamento nunca fundamentó o evidenció con documento alguno
que, en efecto, el 23 de mayo de 2017 el Panel seleccionó a la
pareja adoptiva. Arguyeron los peticionarios que la elección de
esa fecha es arbitraria y tiene como propósito privar a los
peticionarios de su derecho a ser notificados de la decisión
tomada
en
su
detrimento.
Asimismo,
añadieron
que,
en
la
alternativa de que el foro primario determinara que la fecha de
selección fue el 23 de mayo de 2017, los peticionarios aun
gozaban
de
legitimación
activa para ser
notificados
de
ello
porque tanto la presentación de la solicitud de adopción y la
notificación de la favorabilidad fueron antes de la referida
fecha, entiéndase, el 26 de octubre de 2016 y el 1 de marzo de
2017 respectivamente.
A esos
efectos,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia dictó
sentencia sumaria a favor de la parte recurrida. Concluyó el
foro
primario
que
debido
a
que
los
peticionarios
fueron
ingresados al REVA con posterioridad a la fecha de selección, la
señora
Cedeño
Aponte
y
el
señor
Orta
Rivera
no
ostentaban
legitimación activa para ser notificados sobre la adopción de
una menor que cuidaron desde sus cinco días de nacida.
A
la
luz
de
lo
anterior,
los
peticionarios
acudieron
mediante un recurso de apelación al Tribunal de Apelaciones. Por
su
parte,
el
Departamento
de
la
Familia
presentó
el
correspondiente Alegato en oposición. Ambas partes reiteraron,
en esencia, los mismos argumentos esbozados ante el Tribunal de
Primera
Instancia.
Departamento
de
Adviértase
Justicia
optó
que,
por
en
ser
esta
eximido
ocasión,
de
el
continuar
CC-2018-0647
6
compareciendo
en
el
caso
pues,
ante
los
distintos
pleitos
gestionados por los peticionarios, el Procurador General sostuvo
que
“existe
la
posibilidad
de
que
surjan
diferencias
de
criterios sobre cómo instrumentar los mejores intereses de la
menor entre la agencia administrativa y el Procurador”. 4
Así
las
cosas,
el
Tribunal
de
Apelaciones
confirmó
el
dictamen del Tribunal de Primera Instancia. El foro intermedio
concluyó que, a pesar de que les “llama la atención y parece ser
cuestionable la manera en que el Departamento de la Familia
manejó dicho proceso”, determinó que los peticionarios no tenían
legitimación activa al no ser parte del REVA al momento de la
determinación del Panel. 5 Asimismo, aseveró que “el hecho de que
una agencia administrativa cometa un error en la aplicación de
la ley, no crea un derecho que las partes puedan reclamar”. 6
Ante
una
Moción
de
reconsideración
de
parte
de
los
peticionarios, el Tribunal de Apelaciones proveyó no ha lugar.
Por todo lo anteriormente expuesto, la señora Cedeño Aponte
y el señor Orta Rivera acuden ante este Tribunal mediante un
recurso
de
certiorari
Departamento
de
la
arguyendo
Familia,
más
que
las
acciones
allá
de
meros
del
errores
administrativos, fueron contrarias a derecho y en contravención
del
debido
proceso
de
ley.
En
esencia,
aseveran
que
la
determinación del hecho de que la fecha de adopción de DMMA fue
el
23
de
mayo
de
2017
no
tiene
fundamento
alguno
en
el
expediente. Los peticionarios plantean que, debido a que los
4Apéndice
Certiorari, pág. 176.
5(Énfasis
suplido). Sentencia, Apéndice del Certiorari, pág.
16.
6Íd.
CC-2018-0647
7
foros descansan únicamente en esa fecha para privarlos de su día
en
corte,
la
misma
debe
estar
acompañada
de
la
debida
documentación. Además, señalan que el Departamento de la Familia
cometió un error en su interpretación del derecho al concluir
que
la
fecha
establece
la
de
ingreso
agencia.
al
REVA
Según
los
es
la
que
unilateralmente
peticionarios,
la
fecha
de
ingreso al REVA es la fecha en que se presenta una solicitud de
adopción
o,
en
la
alternativa,
cuando
se
provee
un
estudio
social favorable a la pareja adoptiva.
Ante el craso incumplimiento del Departamento de la Familia
con
las
disposiciones
legislativas
y
reglamentarias
correspondientes que redundó en la privación de un proceso justo
y adecuado para la adopción de una menor, hubiese expedido el
auto solicitado.
Ante tal cuadro fáctico y procesal, procedo a exponer los
fundamentos que sustentan mi disenso.
II
A.
Como es sabido, la doctrina de justiciabilidad exige que
los tribunales ausculten sobre la legitimación activa
de las
partes que solicitan un remedio ante sí. Hernández Torres v.
Hernández Colón
et al., 131 DPR 593, 599 (1992) (citando a
E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958)). La legitimación activa, al
igual que su equivalente de standing en Estados Unidos, es una
herramienta
de autolimitación
tribunales
abstenerse
de
“resolver
cuestiones
planteadas
dentro
un
contexto
inadecuado”.
de
judicial
que
le permite a
los
hipotéticas
Íd.
pág.
o
598
(citando a E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 DPR 394, 399 (1983)). De
esta manera, se busca garantizar que “el promovente de la acción
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8
es uno cuyo interés es de tal índole que, con toda probabilidad,
habrá de proseguir su causa de acción vigorosamente y habrá de
traer
a
la
atención
del
tribunal
las
cuestiones
en
controversia”. Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124
DPR
559,
564
(1989)
(citando
a
Hernández
Agosto
v.
Romero
Barceló, 112 DPR 407, 413 (1982)).
Debido a lo anterior, quien comparezca a un tribunal en
reclamo
de
algún
remedio
tiene
que
justificar
que
goza
de
legitimación activa para ello. En esta tarea, deberá demostrar
que (1) ha sufrido un daño claro y palpable; (2) el referido
daño es real, inmediato y preciso, y no abstracto o hipotético;
(3) existe una conexión entre el daño sufrido y la causa de
acción ejercitada, y (4) su causa de acción se ampara en la
Constitución o en algún estatuto. Hernández Torres v. Hernández
Colón,
supra (citando
a
Hernández Agosto v. Romero
Barceló,
supra, pág. 414).
B.
La revisión judicial de determinaciones administrativas le
provee a los tribunales la encomienda de delinear la discreción
de las agencias administrativas al garantizar que sus decisiones
se encuentren en el marco de los poderes delegados y que sean
consecuentes con la política pública que las origina.
Torres
Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 625-626 (2016); Mun. de
San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 279 (1999). En esa tarea, los
tribunales revisores debemos conceder cierta deferencia a las
decisiones
administrativas.
Torres
Rivera
v.
Policía
de
PR,
supra, pág. 626. Esto, pues las agencias gozan de experiencia y
conocimiento
especializado
sobre
los
asuntos
ante
su
CC-2018-0647
9
consideración, lo cual ampara sus dictámenes con una presunción
de legalidad y corrección. Íd.
De esa forma, el análisis de los tribunales al examinar las
decisiones administrativas debe ser conforme a los criterios de
razonabilidad y deferencia. Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et
al.
II,
179
DPR
923,
940
(2010).
Particularmente,
nuestra
función revisora debe enfocarse en tres criterios principales, a
saber: (1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado;
(2) si las determinaciones de hecho que realizó la agencia están
sostenidas por evidencia sustancial, y (3) si las conclusiones
de derecho fueron correctas. Íd.
Cónsono con ello, los tribunales deben intervenir en las
decisiones
administrativas
cuando
éstos
concluyan
que
se
ha
actuado arbitraria, ilegal o irrazonablemente. Rolón Martínez v.
Caldero López, res. el 27 de agosto de 2018, 2018 TSPR 157, pág.
4. “En esas circunstancias, cederá la deferencia que merecen las
agencias en las aplicaciones e interpretaciones de las leyes y
los reglamentos que administra”. Íd. (citando a JP, Plaza Santa
Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009)).
De igual forma, hemos dispuesto que, para poder ejercer
nuestra
función
fundamenten
sus
revisora,
es
necesario
que
decisiones
con
determinaciones
las
agencias
de
hecho
y
conclusiones de derecho. Mun. De San Juan v. J.C.A., supra, pág.
280.
De
esta
administrativos
manera,
lleven
fomentamos
expedientes
que
completos
los
y
organismos
fundamentados,
haciéndolos así aptos para un examen adecuado por los tribunales
revisores. Tanto es así, que “[a]un cuando no se exige una
explicación basada en determinaciones de hecho a la manera de
los
procedimientos
formales,
en
la
adjudicación
de
CC-2018-0647
10
procedimientos informales deben mediar razones suficientes que
pongan
en
conocimiento
fundamentos
que
a
las
propiciaron
partes
tal
y
al
tribunal
decisión.”.
Íd.,
de
los
pág.
281
(citando a Godreau & Co. v. Com. Servicio Público, 71 DPR 649,
655-657 (1950)).
Por un lado, las determinaciones de hecho se sostendrán por
los
tribunales
mientras
las
mismas
se
basen
en
evidencia
sustancial. A su vez, hemos dispuesto que evidencia sustancial
es
aquella
prueba
relevante
que
una
mente
razonable
podría
entender adecuada para sostener una conclusión. Rolón Martínez
v. Caldero López, supra (citando a Otero v. Toyota, 163 DPR 716,
728 (2005) (Per curiam); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 7677
(2004)).
Por
tanto,
debemos
respetar
las
resoluciones
administrativas hasta tanto no se demuestre mediante evidencia
suficiente que la presunción de legalidad ha sido superada o
invalidada. Torres Rivera v. Policía de PR, supra.
Por su parte, las determinaciones de derecho pueden ser
revisadas en su totalidad. No obstante, la revisión judicial no
equivale
a
la
interpretación
del
sustitución
automática
del
organismo
administrativo.
En
criterio
vez,
e
hemos
sostenido que el tribunal descartará el criterio de la agencia
cuando “no se pueda hallar fundamento racional que explique o
justifique
el
dictamen
administrativo”.
Rolón
Martínez
v.
Caldero López, supra (citando a Asoc. Fcias v. Caribe Specialty
et al. II, supra, pág. 941).
C.
Como es conocido, el Estado ostenta un poder de
parens
patriae, el cual lo faculta a salvaguardar y a proteger a los
menores de edad. Pena v. Pena, 164 DPR 949, 959 (2005) (citando
CC-2018-0647
a
Ortiz
11
v.
Meléndez,
164
DPR
16,
27
(2005)).
El
factor
determinante en el ejercicio del poder de parens patriae es el
bienestar de los menores. Torres, Ex parte, 118 DPR 469, 480
(1987). El bienestar del menor cobra tanta importancia, que de
haber conflicto entre éste e intereses ajenos, siempre debemos
resolver a favor del menor. Ortiz v. Meléndez, supra, pág. 28.
En esta encomienda de proteger y defender los intereses de
los menores, el poder de parens patriae del Estado le permite
utilizar
el
vehículo
de
la
adopción
para
brindar
un
hogar
estable, seguro y saludable a menores de edad. Rivera Báez, Ex
parte, 170 DPR 678, 705-706 (2007); Estrella, Monge v. Figueroa
Guerra, 170 DPR 644, 668 (2007); Vargas v. Soler, 160 DPR 790,
805-806, 810 (2003). Ante una lamentable tendencia de maltrato
de menores en Puerto Rico, donde de 9.6 niños de cada 1,000
menores sufren algún tipo de maltrato, la adopción figura una
herramienta importante del Estado en el ejercicio de su deber de
protección de los
niños. 7 Esto, pues la adopción cumple una
función social importante en nuestra sociedad de “darle a los
niños sin padres la oportunidad de criarse en un hogar donde los
puedan atender debidamente”. Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam.,
154 DPR 742, 754 (2001).
Ahora bien, la adopción es un acto
jurídico que genera
consecuencias significativas e importantes. La adopción conlleva
la desvinculación total de un menor con su familia biológica y
la consecuente filiación con aquellos que deseen ser sus padres.
Zapata et al. v. Zapata et al., 156 DPR 278, 286 (2002) (citando
7Instituto
de Estadísticas de Puerto Rico, Perfil del
maltrato de menores en Puerto Rico: Año fiscal federal 20122013,
pág.
30,
https://estadisticas.pr/files/Publicaciones/perfilMaltratoMenore
s_201507.pdf (última visita 15 de noviembre de 2018).
CC-2018-0647
12
a Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam., supra, pág. 753; Feliciano
Suárez,
Ex
parte,
117
DPR
402,
406
(1986)).
Debido
a
la
envergadura e importancia del proceso de la adopción, su uso no
debe
ser
ligero.
Toda
determinación
de
adopción
debe
“descansa[r] principalmente sobre la premisa de la conveniencia
y bienestar del menor”. Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam., supra,
pág. 754 (citando a Ex parte J.A.A., 104 DPR 551, 559 (1976).
Cónsono con ello, la adopción está rigurosamente regulada
en nuestro ordenamiento. Asimismo, ha sido objeto de numerosas
legislaciones y correspondientes enmiendas. Entre ellas, la Ley
de reforma integral de procedimientos de adopción, Ley Núm. 1862009, proveía el esquema del procedimiento de adopción de un
menor en Puerto Rico. 8 LPRA secs. 1051-1071. La Ley Núm. 1862009 fue derogada por la Ley de adopción de Puerto Rico, Ley
Núm.
61-2018,
27-Ene
http://www.oslpr.org/2017-2020/leyes/pdf/ley-61-
2018.pdf.
Sin
embargo,
los
hechos
ante
nuestra
consideración ocurrieron durante la vigencia de la Ley Núm. 1862009.
Reconociendo que “el proceso para adoptar un menor es uno
complicado, acompañado de una larga y tortuosa espera” la Ley
Núm. 186-2009 en su momento innovó el procedimiento de adopción
de menores en Puerto Rico y creó el REVA. 2009 Leyes de Puerto
Rico 1631. Mediante el REVA, se esperaba agilizar el proceso al
crear un sistema que identificara con facilidad a las personas
interesadas
en adoptar y a los menores
en necesidad de ser
adoptados.
Íd.,
forma,
pág.
1632.
De
esta
la
Asamblea
Legislativa afirmó que el REVA “garantizará a las personas que
el proceso de adopción sea uno justo y ágil, en el cual sus
CC-2018-0647
13
oportunidad y posibilidades de adoptar sean reales”. (Énfasis
suplido). Íd.
Para lograr estos objetivos, la Ley Núm. 186-2009 provee
que el Departamento de la Familia adoptará la reglamentación
necesaria para el funcionamiento del REVA. 8 LPRA sec. 1065 (ed.
2014). Debido a lo anterior, se aprobó el Reglamento para regir
los procesos y procedimientos del Departamento de la Familia en
la
atención
de
las
solicitudes
del
servicio
de
adopción,
Reglamento 7878, Departamento de la Familia, 30 de junio de
2010. A esos fines, el Reglamento 7878 provee que las personas
que deseen tramitar una adopción deberán radicar una solicitud a
esos fines en un Centro de Orientación de Adopción. Íd., Art.
IX, sec. 9.1.
Por su parte, el Departamento realizará un estudio social
durante
los
próximos
treinta
días
de
la
presentación
de
la
solicitud de adopción. Íd. Una vez conllevado el estudio social,
“se notificará a los(as) solicitantes la acción tomada, a saber:
aceptarlos(as) o denegarlos(as) como posibles candidatos(as) a
padres adoptivos”. (Énfasis suplido). Íd. Cónsono con ello, la
información que se exhibirá en el REVA en torno a las partes
adoptantes disponibles será según el orden cronológico en el
cual las
solicitudes
fueron presentadas. Íd., Art.
IX,
sec.
9.2.1. Sin embargo, el Reglamento 7878 especifica que un estudio
social favorable no garantiza la ubicación de un menor en un
hogar adoptivo determinado. Íd., Art. IX, sec. 9.1.
Una vez la información de una parte adoptante es ingresada
al REVA, la selección de los padres adoptivos la conlleva un
panel de cinco miembros conforme al Reglamento para regir los
procesos del panel de selección de candidatos para adopción,
CC-2018-0647
14
Reglamento 8597, Departamento de la Familia, 30 de junio de
2010. Así, pues, el Panel debe evaluar los hogares adoptivos
potenciales y sus capacidades de satisfacer los intereses de los
menores
en
necesidad
de
ser
adoptados.
Íd.,
Art.
15.
Particularmente, el Panel debe hacer un análisis integrado de
los
numerosos
bienestar
factores que
para
un
pueden ser
menor.
Así,
el
indicadores
Panel
podrá
del mejor
considerar
distintos aspectos de los padres adoptivos potenciales como los
antecedentes
educativo,
sociales,
solvencia
nacionales
económica,
y
culturales,
reputación
en
la
trasfondo
comunidad,
entre otros. Íd.
Sin embargo, conforme a la política pública de proteger
rigurosamente los intereses de los menores, el Panel tiene como
criterio rector “garantizar que el trámite sea uno expedito y en
observancia
(Énfasis
del
[m]ejor
suplido).
[b]ienestar
Íd.,
Art.
de
15.
En
los/as
[m]enores”.
consecuencia,
el
procedimiento de selección para la posterior adopción no debe
ser autómata ni rígido; al contrario, debe ser sensible a las
circunstancias que presente cada caso.
El
Reglamento
8597
establece
que,
para
realizar
las
correspondientes y necesarias determinaciones de adopción, el
Panel se reunirá en sesiones. Íd.,
Art. 9. Toda sesión con
propósito de llevar a cabo una selección de adopción deberá ser
documentada mediante una minuta que especifique la determinación
efectuada
en
beneficio
de
los
menores
considerados
en
la
reunión. Íd. Además, cuando la determinación sea relacionada con
un
hogar
adoptivo
potencial
que
haya
“expresado
interés
en
adoptar a un/a menor en específico”, se documentarán las razones
para elegir o rechazarlo y se emitirá un Resolución al respecto
CC-2018-0647
para
que
15
las
partes
adoptantes
afectadas
puedan
apelar
la
legislativa
de
determinación mediante revisión judicial. Íd.
En
aras
de
cumplir
con
la
intención
garantizar procedimientos “justos y ágiles”, tanto la Ley Núm.
186-2008 como el Reglamento 7878 establecen que el procedimiento
de adopción no debe excederse de un término de setenta y cinco
días “desde su inicio hasta su resolución final”. 2009 Leyes de
Puerto Rico 1658; Reglamento 7878, supra, Art. 3.
Examinado
el
derecho
aplicable,
procedo
a
exponer
las
razones de mi disenso.
III
A.
Como expusimos anteriormente,
la menor de edad DMMA fue
colocada en el hogar de la señora Cedeño Aponte y el señor Orta
Rivera a sus cinco días de nacida. En su hogar sustituto de
crianza, los peticionarios acogieron a DMMA como parte de su
propia familia y diligentemente comenzaron los trámites para su
adopción. Al presentar su solicitud de adopción el 24 de octubre
de 2016, el Departamento de la Familia contaba con un término de
treinta días para realizar la correspondiente investigación de
los
peticionarios
decisión
mediante
notificando
si
se
un
estudio
social
consideraban
un
y
emitir
hogar
una
adoptivo
potencial o no. Reglamento 7878, supra, Art. IX, sec. 9.1. Sin
embargo,
la
Unidad
de
Adopción,
en
violación
del
término
reglamentario, se demoró casi cinco meses en esta encomienda. El
1 de marzo de 2017 fue cuando finalmente notificaron a la señora
Cedeño
Aponte
y
al
señor
Orta
Rivera
su
estudio
social
favorable. Con esta determinación, según el propio Reglamento
CC-2018-0647
16
7878, los peticionarios se consideraron desde ese momento un
hogar adoptivo potencial. Íd.
No
obstante
peticionarios
lo
sobre
anterior,
la
en
la
notificación
del
estudio
favorabilidad
a
los
social,
la
Unidad de Adopción informó que estarían remitiendo su expediente
a
las
oficinas
Sustituto
y
centrales
Adopción,
de
la
Administración
quienes
en
los
de
próximos
Cuidado
treinta
días
notificarían si cumplían con todos los requisitos exigidos por
la
Ley
Núm.
Nuevamente,
86-2009
en exceso
para
poder
ser
ingresados
del término que
el
al
REVA.
mismo Departamento
dispone en la notificación y con casi cuatro meses de tardanza,
el 21 de junio de 2017 la Administración de Cuidado Sustituto y
Adopción
advirtió
a
los
peticionarios
que
su
solicitud
no
contaba con todos los documentos necesarios para cumplir con la
Ley Núm.86-2009. A pesar de que alegadamente los peticionarios
ya habían entregado esos documentos, en aras de agilizar el
proceso de DMMA, éstos sometieron nuevamente los documentos tan
pronto
como
ocasión,
la
el
día
siguiente
Administración
de
de
la
notificación.
En
Sustituto
Adopción
Cuidado
y
esta
emitió un documento certificando que los peticionarios fueron
ingresados al REVA el 21 de junio de 2017.
A raíz de las dilaciones excesivas antes expuestas, los
peticionarios actualmente no ostentan la custodia de DMMA. Esto,
pues
mientras
se
tramitaba
el
proceso
administrativo
para
catalogar a la señora Cedeño Aponte y el señor Orta Rivera como
hogar adoptivo potencial, el Panel seleccionó a otra pareja como
padres de DMMA y, posteriormente, el Departamento de la Familia
conllevó el correspondiente procedimiento de adopción ante el
tribunal.
Como
agravante
en
ese
procedimiento
judicial,
el
CC-2018-0647
Departamento
17
de
la
Familia
no
informó
las
anomalías
aquí
reseñadas y que motivan mi disenso.
Es altamente reprochable la conducta y el tracto procesal
que ha generado el Departamento de la Familia en la controversia
de epígrafe. Luego de una situación tan desafortunada en torno a
los padres biológicos de DMMA, el Departamento de la Familia
dilató excesivamente el procedimiento de adopción que intentaron
conllevar la señora Aponte Cedeño y el señor Orta Rivera. En vez
de
fomentar
la
estabilidad
del
hogar
familiar
de
DMMA,
el
Departamento de la Familia implantó un procedimiento mecánico y
autómata que culminó con la adopción de DMMA por otras personas,
privando a los peticionarios de una participación adecuada. No
solo faltaron crasamente a la política pública y a la intención
legislativa de proteger a los menores de edad mediante procesos
de adopción justos y ágiles, sino que también incumplieron una
tras otra vez con los términos reglamentarios específicos que
los
gobierna.
Todo
esto,
en
un
proceso
tan
sensitivo
e
importante como lo es la selección del hogar de una menor de
edad con un trasfondo de maltrato y abuso.
Debemos tener presente que tanto la Ley Núm. 86-2009 como
los
demás
estatutos
y
reglamentos
que
regulan
la
adopción,
tienen como médula la vida humana de menores de edad que se
encuentran
en
circunstancias
de
extrema
vulnerabilidad.
En
consecuencia, la falta de sensibilidad y diligencia con la que
han actuado el Departamento de la Familia, sus entidades y sus
funcionarios es significativamente incompatible con su función
de
proveer
la
mayor
estabilidad
y
protección
posible
a
los
menores de edad bajo su custodia. De igual forma, reflejan gran
indiferencia a las consecuencias tan directas y palpables que
CC-2018-0647
genera
un
18
procedimiento
de
esta
envergadura
en
uno
de
los
sectores más vulnerables en una sociedad: los niños y niñas.
A pesar de lo anterior, los tribunales inferiores validaron
el procedimiento de adopción descrito que mantuvo al margen los
intereses y la estabilidad de la menor DMMA. En vez de reconocer
las graves faltas del Departamento de la Familia y los daños
significativos que
foros
inferiores
éstas generaron en los peticionarios, los
otorgaron
la
administrativo.
Así,
negligente
Departamento
del
mayor
sustentan
de
deferencia
al
organismo
la
preocupante
conducta
la
Familia
mediante
la
justificación de que el Panel del REVA, al seleccionar a los
padres adoptivos de un menor de edad, solo toma en consideración
a los hogares adoptivos potenciales cuya información haya sido
incluida en el REVA. Por tanto, concluyen que, debido a que la
información de los peticionarios se ingresó en el REVA el 21 de
junio
de
2017,
éstos
no
ostentan
legitimación
activa
para
revisar la determinación del Panel, puesto que la selección de
los padres adoptivos de DMMA se generó el 23 de mayo de 2017.
Sin esbozar análisis alguno de los efectos que pueden generan
una
segunda
separación
de
su
hogar
en
DMMA,
validan
el
procedimiento de adopción.
Ante ese
principio
cuadro,
rector
del
los
foros inferiores
bienestar
del
menor
dejaron
que
atrás
debe
el
estar
inmiscuido en toda determinación de adopción. De igual forma,
validan la ejecución insensible y autómata de un procedimiento
que debe ser estrechamente dirigido hacia la protección de los
menores de edad y hacia la búsqueda de la mayor estabilidad
familiar.
El
procedimiento
de
adopción
no
es
una
fórmula
matemática ni mecánica. Por tanto, al ratificar un proceso de
CC-2018-0647
19
adopción que no tomó en consideración a las personas que criaron
a la menor desde sus cinco días de nacida, quienes sometieron
oportuna y diligentemente una solicitud de adopción de la menor,
refleja gran indiferencia e insensibilidad.8
Además, los foros inferiores despachan la controversia ante
su
consideración
al
razonar,
sin
más,
que
la
señora
Cedeño
Aponte y el señor Orta Rivera no tienen legitimación activa para
impugnar la adopción de una menor que cuidan desde sus cinco
días de vida. Sin embargo, su razonamiento limitado no contempló
los requisitos más básicos de legitimación activa.
Indudablemente, la señora Cedeño Aponte y el señor Orta
Rivera han sufrido el daño palpable e inmediato de perder la
custodia de una menor que, para todos sus efectos, ha sido su
hija
por
los
últimos
dos
años.
Asimismo,
esa
pérdida
está
directamente relacionada con la conducta negligente, arbitraria
e irrazonable del Departamento de la Familia, quien incumplió
con
los
excesiva
términos
estatutarios
dilatación
peticionarios.
del
y
reglamentarios
procedimiento
Finalmente,
la
causa
causando
una
de
adopción
de
los
de
acción
de
los
peticionarios nace de la Ley Núm. 186-2009, la cual provee que
los hogares adoptivos potenciales que no sean seleccionados por
el Panel pueden acudir en revisión judicial. Reglamento 7878,
supra,
Art.
XVI,
secs.
16.1-16.2.
Ciertamente,
para
el
Departamento de la Familia los peticionarios no eran un hogar
adoptivo potencial para propósitos del REVA. Sin embargo, como
8Es
menester destacar que la Ley Núm. 61-2018 sí reconoce el
derecho de las personas que ostentan hogares de crianza
temporeros, como el de los peticionarios, a ser escuchados
durante los procedimientos de adopción de los menores que
cuidan. Esto, sin depender de si los hogares de crianza
solicitan la adopción del menor o no.
CC-2018-0647
20
expondremos más adelante, la señora Aponte Cedeño y el señor
Orta
Rivera
debieron
considerarse
como
un
hogar
adoptivo
potencial cuya información debió estar incluida en el REVA al
momento que el Panel seleccionó a otra pareja.
B.
El Departamento de la Familia, más allá de incumplir con
los términos estatutarios y reglamentarios, actuó arbitraria e
irrazonablemente.
hechos
sin
Asimismo,
al
evidencia alguna en
realizar
determinaciones
el expediente y al
de
llegar a
conclusiones de derecho erróneas, se invalidó la presunción de
corrección y legalidad de sus decisiones. En consecuencia, los
tribunales
inferiores
debieron
intervenir
en
la
controversia
ante sí. Veamos.
En primer lugar, es menester destacar que el hecho de que
la información de los peticionarios no se encontraba en el REVA
a la fecha alegada de la selección de los padres adoptivos se
debe precisa y únicamente a las acciones del Departamento de la
Familia. Los peticionarios presentaron su solicitud el 24 de
octubre de 2016. Del Departamento de la Familia haber cumplido
con los términos correspondientes, el 24 de noviembre de 2016
los
peticionarios
hubiesen
contado
con
el
estudio
social
favorable. Conforme al Reglamento 7878, en ese momento, debieron
haber sido ingresados al REVA. Reglamento 7878, supra, Art. IX,
sec. 9.1.
Sin
embargo,
como
se
explicó
anteriormente,
en
la
notificación que hizo la Unidad de Adopción a los peticionarios
sobre la favorabilidad del estudio social, se les representó que
en los próximos treinta días se les certificaría si cumplían con
los
requisitos
de
la
Ley
Núm.
86-2009
y
procederían
a
ser
CC-2018-0647
ingresados
21
al
REVA.
A
pesar
de
que
entendemos
que
dicha
interpretación del derecho no es cónsona con las disposiciones
claras
del
Reglamento
7878,
de
haber
sido
diligente
el
Departamento de la Familia en esa encomienda, esa certificación
se hubiese emitido el 24 de diciembre de 2016. En consecuencia,
en ambos escenarios, los peticionarios hubiesen estado en el
REVA para la fecha de la selección de los padres adoptivos de
DMMA.
En segundo lugar, además de esta interpretación errónea del
Derecho, el Departamento de la Familia hizo una determinación de
hecho sin fundamento alguno en el expediente. Por tal razón, al
ser una determinación de hecho que no está basada en evidencia
sustancial, tal como lo exige nuestro ordenamiento, no podemos
sostenerlo ni validarlo. Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et al.
II, supra, pág. 940.
Particularmente, durante todo el proceso administrativo y
litigioso
que
ha
requerido
la
controversia
de
epígrafe,
el
Departamento de la Familia ha afirmado que la selección del
Panel de los padres adoptivos de DMMA se conllevó el 23 de mayo
de
2017.
Esto,
para
sostener
que
la
inclusión
de
los
peticionarios en el Registro el 21 de junio de 2017 los priva
del
derecho
de
impugnar
la
decisión.
Sin
embargo,
no
obra
documento alguno en el expediente que evidencie la fecha ni los
fundamentos para la selección de los padres adoptantes. Esto, a
pesar de que el Reglamento 8597 dispone que todas las sesiones
que
conlleven
una selección de adopción
se
deben
documentar
mediante una minuta. De igual forma, el reglamento especifica
que, si un hogar adoptivo ha expresado su interés en la adopción
de un menor y éste no es seleccionado, el Panel tiene que emitir
CC-2018-0647
22
una resolución a esos efectos para que éste pueda acudir en
revisión judicial. Aun si sostenemos el argumento de que no se
debía emitir esa resolución a favor de los peticionarios porque
aún no se consideraban un hogar adoptivo potencial, de todas
maneras, el Panel está obligado a documentar sus determinaciones
mediante minuta. En fin, hemos resuelto consecuentemente que,
por
imperativo
procedimientos
del
debido
informales
proceso
las
de
agencias
ley,
hasta
en
administrativas
los
deben
fundamentar sus decisiones. Mun. De San Juan v. J.C.A., supra,
pág. 281. Por tanto, el Departamento de la Familia no tiene
razón
alguna
para
justificar
la
falta
de
documentación
del
proceso.
Lo
anterior
es
muy
preocupante
porque
se
utilizó
precisamente esta fecha de selección por el Panel, que no se
sostiene con fundamento ni evidencia alguna, para despojar a los
peticionarios de su día en corte. De la misma manera, al no
reproducir el referido documento, el Departamento de la Familia
privó a la parte peticionaria de un debido proceso. Asimismo,
impide que los tribunales descarguen responsablemente su función
revisora.
De
igual
forma,
es
menester
resaltar
que
la
falta
de
presentación de evidencia alguna del proceso de selección de
adopción nos lleva a inferir que el Panel no generó esa minuta.
Esto significa que en un procedimiento de tanta envergadura como
lo es la selección de quienes serán los padres de un menor de
edad, el Departamento de la Familia está tomando decisiones sin
documentación ni fundamento alguno. Dicha conducta negligente y
arbitraria es reprochable e inquietante.
CC-2018-0647
Como
23
agravante,
diligencia
del
no
es
la
Departamento
primera
de
la
vez
que
Familia
la
ha
falta
de
perjudicado
significativamente el bienestar de un menor de edad. A modo de
ejemplo, en Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR 645 (2016),
este Tribunal intervino urgentemente en una controversia porque
una menor de edad estaba siendo impedida de ser transferida a
los Estados Unidos junto a su madre porque los trámites estaban
siendo dilatados por el Departamento de la Familia. Esto, pues,
entre otras gestiones, incumplieron con el término de treinta
días para presentar un informe de un estudio social. Íd., pág.
652.
En
esa
ocasión,
precisamos
que
“[e]l
dilatado
trámite
procesal de este caso devela un incumplimiento reprobable de un
procedimiento que tiene como norte brindar certeza y estabilidad
al entorno familiar de un menor de edad”. Íd., pág. 653. Hoy se
repite la historia y, por tanto, suscribo este disenso para
descargar mi responsabilidad de evitar que el rigorismo técnico
y el cuadro de negligencia procesal descrito desvíen el norte
principal que debe imperar en estos procesos: el mejor bienestar
del menor.
IV
Por
todo
certiorari
lo
ante
anterior,
nuestra
hubiese
expedido
consideración
y
el
recurso
revocaría
tanto
Tribunal de Primera Instancia como al Tribunal de Apelaciones.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado
de
al