LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Cedeño Aponte y otro v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de la Familia y otro

2018 TSPR 199

Poder Judicial de Puerto Rico

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Cedeño Aponte y otro v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de la Familia y otro

CC-2018-647

Resoluciones del Tribunal con Voto particular disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Sonia Cedeño Aponte y

Josué Orta Rivera

Peticionarios

v.

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto Rico, Lcda. Glorimar

Andújar

Matos

en

representación

del

Departamento de la Familia y

otro

Certiorari

2018 TSPR 199

201 DPR ____

Recurridos

Número del Caso: CC-2018-647

Fecha: 4 de diciembre de 2018

Abogado de la parte peticionaria:

Lcda. Sheila M. Torres Matías

Materia: Resoluciones del Tribunal con Voto particular disidente.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Sonia Cedeño Aponte y

Josué Orta Rivera

Peticionarios

v.

CC-2018-647

Certiorari

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, Lcda. Glorimar

Andújar Matos en representación

del Departamento de la Familia

y otro

Recurridos

RESOLUCIÓN

San Juan,

2018.

Puerto Rico, a

4 de diciembre

de

A la petición de certiorari, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza

Asociada señora Pabón Charneco y los Jueces

Asociados

señores

Rivera

García,

Estrella

Martínez y Colón Pérez hubieran expedido el

recurso de certiorari. El Juez Asociado señor

Estrella Martínez emitió un Voto particular

disidente al que se unieron la Jueza Asociada

señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor

Rivera García.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Sonia Cedeño Aponte y

Josué Orta Rivera

Peticionarios

v.

CC-2018-647

Certiorari

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, Lcda. Glorimar

Andújar Matos en representación

del Departamento de la Familia

y otro

Recurridos

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 4 de diciembre de 2018.

Examinada la Solicitud para que el Caso sea

Atendido por el Tribunal en Pleno, Solicitud de

Unión de Casos y Solicitud de Vista Oral

presentada por la Lcda. Sheila M. Torres Matías

en representación de los peticionarios, y ante

la denegatoria al recurso de certiorari, se

provee no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el

Secretario

del

Tribunal

Supremo.

El

Juez

Asociado señor Rivera García hubiese provisto ha

lugar a la consolidación de los recursos.

El

Juez Asociado señor Estrella Martínez hubiese

consolidado los recursos a la luz de lo expuesto

en su voto particular disidente en el caso de

referencia.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Sonia Cedeño Aponte & Josué

Orta Rivera

Peticionarios

CC-2018-0647

Certiorari

v.

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, Departamento

de la Familia &

Departamento de Justicia

Recurridos

Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado señor

ESTRELLA MARTÍNEZ al cual se unen la Jueza Asociada señora PABÓN

CHARNECO y el Juez Asociado señor RIVERA GARCÍA.

San Juan, Puerto Rico, a 4 de diciembre 2018.

Una vez más, el Departamento de la Familia ejerció mano

libre para violar los términos reglamentarios relacionados con

asuntos

de

menores.

Igualmente

preocupante,

excluyó

negligentemente del registro de adoptantes a las personas que se

encargaron de criar por dos años a una menor que llegó a su seno

familiar desde los cinco días de nacida, proveniente de un hogar

con padres biológicos maltratantes. A pesar de ello, los foros

inferiores le

concedieron la peligrosa deferencia excesiva e

incorrecta

Derecho.

en

legitimación

solicitar

activa

amparo

a

Como

agravante,

del

padre

y

la

la

Rama

Judicial

no

madre

y

reconocieron

de

crianza

cuestionar

la

para

estos

reprobables incumplimientos. De esta forma, dejaron en el olvido

el

principio

consecuencia,

rector

del

mejor

bienestar

del

menor.

En

DISIENTO

y

hubiese

expedido

el

recurso

de

certiorari ante nuestra consideración.

CC-2018-0647

2

Examinemos

el

trasfondo

fáctico

y

procesal

de

la

controversia de epígrafe.

I.

A tan solo cinco días de nacida, la menor DMMA fue removida

de su

hogar debido a

acusaciones de maltrato de menores en

contra de sus padres biológicos. A raíz de ello, el Departamento

de la Familia obtuvo la custodia de la menor y la ubicó en un

hogar de crianza bajo el cuido de la Sra. Sonia Cedeño Aponte y

el Sr. Josué Orta Rivera (señora Cedeño Aponte y señor Orta

Rivera

o

mediante

peticionarios).

el

cual

los

Luego

del

transcurso

peticionarios

se

de

dos

años,

responsabilizaron

y

cuidaron de la menor, la señora Cedeño Aponte y el señor Orta

Rivera decidieron adoptar a DMMA, ya que consideraron que ella

“pasó a formar parte de su familia”. 1 En virtud de lo anterior,

el

24

de

octubre

de

2016

los

peticionarios

presentaron

una

solicitud de adopción ante la Unidad de Adopción de Carolina.

El

1

de

marzo

de

2017,

casi

cinco

meses

luego

de

la

presentación de la solicitud de adopción, la Unidad de Adopción

notificó

su

contestación

a

la

petición

e

informó

a

los

peticionarios que el estudio social que se llevó a cabo resultó

favorable.2 Dicha notificación disponía que el expediente de la

señora Cedeño Aponte y del señor Orta Rivera sería tramitado a

las oficinas centrales de la Administración de Cuidado Sustituto

y Adopción, quienes en los próximos treinta días emitirían una

notificación final certificando si los peticionarios cumplían

1Certiorari,

2Apéndice

pág. 3.

del certiorari, págs. 101-102. Adviértase que, a

pesar de que el documento tiene fecha de 13 de febrero de 2017,

consta que el depósito de la notificación en el correo fue el 1

de marzo de 2017.

CC-2018-0647

con

todos

3

los

requisitos

exigidos

por

la

Ley

Núm.

86-2009,

infra, para poder ser ingresados al Registro Estatal Voluntario

de Adopción (REVA).

El 21 de junio de 2017, casi tres meses en exceso de los

treinta días señalados, la Administración de Cuidado Sustituto y

Adopción notificó a los peticionarios que carecían de ciertos

documentos para poder ser ingresados al REVA. 3 La señora Cedeño

Aponte

y

el

señor

Orta

Rivera

afirmaron

entregado

los

documentos

solicitados

original.

Sin

embargo,

aras

en

de

que

éstos

habían

junto

a

su

petición

agilizar

el

ya

dilatado

proceso, entregaron nuevamente los documentos al siguiente día

de

ser

notificados,

a

saber,

el

22

de

junio

de

2017.

En

consecuencia, la Administración de Cuidado Sustituto y Adopción

emitió una certificación ingresando a los peticionarios al REVA,

retrotrayendo su efectividad al 21 de junio de 2017.

Desafortunadamente, mientras los peticionarios pasaban por

el proceso administrativo antes descrito, el Departamento de la

Familia removió a DMMA del hogar de la señora Cedeño Aponte y

del señor Orta Rivera. Esto, pues el Panel de Selección

de

Candidatos del REVA (Panel) eligió a otra pareja como hogar

adoptivo

para

DMMA.

Posteriormente,

esa

pareja

adoptó

oficialmente a DMMA.

Ante este lamentable escenario, los peticionarios realizaron

un

sinnúmero

de

gestiones

administrativas

y

judiciales

para

paralizar el proceso de adopción, para conocer los fundamentos

que el Panel tomó en consideración en su selección y para que el

3Apéndice

del certiorari, pág. 103. Adviértase que, a pesar

de que el documento tiene fecha de 2 de marzo de 2017, consta la

firma de la Especialista de Adopción certificando que la entrega

del documento fue el 21 de junio de 2017.

CC-2018-0647

4

Departamento de la Familia les reconociera su derecho a ser

escuchados.

Eventualmente, el foro primario hizo alusión a la necesidad

de alguna resolución u orden que fundamentara la selección del

Panel de los padres adoptivos. A raíz de ello, los peticionarios

acudieron

al

Departamento

de

la

Familia

en

búsqueda

de

ese

documento. Por su parte, el Departamento de la Familia notificó

que no existe resolución alguna que documente la decisión del

Panel a favor de los que resultaron ser los padres adoptivos de

la menor.

Debido

a

nuevamente

al

lo

anterior,

Tribunal

petición

de

mandamus

Familia

como

el

de

los

peticionarios

Primera

dirigida

Departamento

Instancia

tanto

de

al

acudieron

mediante

Departamento

Justicia.

En

esa

una

de

la

ocasión,

solicitaron que se reprodujera dicha resolución y que se les

notificara

de

ello,

para

poder

así

recurrir

a

través

del

correspondiente mecanismo de revisión judicial. Por otro lado,

la parte recurrida presentó una Solicitud de sentencia sumaria

mediante

la

legitimación

cual

arguyó

activa

para

que

los

solicitar

peticionarios

no

tenían

la

del

Panel

resolución

porque, al momento de escoger a la pareja adoptiva, la señora

Cedeño Aponte y el señor Orta Rivera aun no formaban parte del

REVA.

El

Departamento

de

Justicia

fundamentó

su

postura

al

sostener que la selección de los padres adoptivos de DMMA se

realizó el 23 de mayo de 2017, mientras que los peticionarios

fueron ingresados al REVA el 21 de junio de 2017.

En

respuesta

a

ello,

los

peticionarios

presentaron

una

Moción en cumplimiento de orden en oposición a solicitud de

sentencia sumaria en la cual indicaron que la demora en incluir

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5

a éstos en el REVA se debió precisamente a la negligencia del

Departamento de la Familia. De igual forma, sostuvieron que el

Departamento nunca fundamentó o evidenció con documento alguno

que, en efecto, el 23 de mayo de 2017 el Panel seleccionó a la

pareja adoptiva. Arguyeron los peticionarios que la elección de

esa fecha es arbitraria y tiene como propósito privar a los

peticionarios de su derecho a ser notificados de la decisión

tomada

en

su

detrimento.

Asimismo,

añadieron

que,

en

la

alternativa de que el foro primario determinara que la fecha de

selección fue el 23 de mayo de 2017, los peticionarios aun

gozaban

de

legitimación

activa para ser

notificados

de

ello

porque tanto la presentación de la solicitud de adopción y la

notificación de la favorabilidad fueron antes de la referida

fecha, entiéndase, el 26 de octubre de 2016 y el 1 de marzo de

2017 respectivamente.

A esos

efectos,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia dictó

sentencia sumaria a favor de la parte recurrida. Concluyó el

foro

primario

que

debido

a

que

los

peticionarios

fueron

ingresados al REVA con posterioridad a la fecha de selección, la

señora

Cedeño

Aponte

y

el

señor

Orta

Rivera

no

ostentaban

legitimación activa para ser notificados sobre la adopción de

una menor que cuidaron desde sus cinco días de nacida.

A

la

luz

de

lo

anterior,

los

peticionarios

acudieron

mediante un recurso de apelación al Tribunal de Apelaciones. Por

su

parte,

el

Departamento

de

la

Familia

presentó

el

correspondiente Alegato en oposición. Ambas partes reiteraron,

en esencia, los mismos argumentos esbozados ante el Tribunal de

Primera

Instancia.

Departamento

de

Adviértase

Justicia

optó

que,

por

en

ser

esta

eximido

ocasión,

de

el

continuar

CC-2018-0647

6

compareciendo

en

el

caso

pues,

ante

los

distintos

pleitos

gestionados por los peticionarios, el Procurador General sostuvo

que

“existe

la

posibilidad

de

que

surjan

diferencias

de

criterios sobre cómo instrumentar los mejores intereses de la

menor entre la agencia administrativa y el Procurador”. 4

Así

las

cosas,

el

Tribunal

de

Apelaciones

confirmó

el

dictamen del Tribunal de Primera Instancia. El foro intermedio

concluyó que, a pesar de que les “llama la atención y parece ser

cuestionable la manera en que el Departamento de la Familia

manejó dicho proceso”, determinó que los peticionarios no tenían

legitimación activa al no ser parte del REVA al momento de la

determinación del Panel. 5 Asimismo, aseveró que “el hecho de que

una agencia administrativa cometa un error en la aplicación de

la ley, no crea un derecho que las partes puedan reclamar”. 6

Ante

una

Moción

de

reconsideración

de

parte

de

los

peticionarios, el Tribunal de Apelaciones proveyó no ha lugar.

Por todo lo anteriormente expuesto, la señora Cedeño Aponte

y el señor Orta Rivera acuden ante este Tribunal mediante un

recurso

de

certiorari

Departamento

de

la

arguyendo

Familia,

más

que

las

acciones

allá

de

meros

del

errores

administrativos, fueron contrarias a derecho y en contravención

del

debido

proceso

de

ley.

En

esencia,

aseveran

que

la

determinación del hecho de que la fecha de adopción de DMMA fue

el

23

de

mayo

de

2017

no

tiene

fundamento

alguno

en

el

expediente. Los peticionarios plantean que, debido a que los

4Apéndice

Certiorari, pág. 176.

5(Énfasis

suplido). Sentencia, Apéndice del Certiorari, pág.

16.

6Íd.

CC-2018-0647

7

foros descansan únicamente en esa fecha para privarlos de su día

en

corte,

la

misma

debe

estar

acompañada

de

la

debida

documentación. Además, señalan que el Departamento de la Familia

cometió un error en su interpretación del derecho al concluir

que

la

fecha

establece

la

de

ingreso

agencia.

al

REVA

Según

los

es

la

que

unilateralmente

peticionarios,

la

fecha

de

ingreso al REVA es la fecha en que se presenta una solicitud de

adopción

o,

en

la

alternativa,

cuando

se

provee

un

estudio

social favorable a la pareja adoptiva.

Ante el craso incumplimiento del Departamento de la Familia

con

las

disposiciones

legislativas

y

reglamentarias

correspondientes que redundó en la privación de un proceso justo

y adecuado para la adopción de una menor, hubiese expedido el

auto solicitado.

Ante tal cuadro fáctico y procesal, procedo a exponer los

fundamentos que sustentan mi disenso.

II

A.

Como es sabido, la doctrina de justiciabilidad exige que

los tribunales ausculten sobre la legitimación activa

de las

partes que solicitan un remedio ante sí. Hernández Torres v.

Hernández Colón

et al., 131 DPR 593, 599 (1992) (citando a

E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958)). La legitimación activa, al

igual que su equivalente de standing en Estados Unidos, es una

herramienta

de autolimitación

tribunales

abstenerse

de

“resolver

cuestiones

planteadas

dentro

un

contexto

inadecuado”.

de

judicial

que

le permite a

los

hipotéticas

Íd.

pág.

o

598

(citando a E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 DPR 394, 399 (1983)). De

esta manera, se busca garantizar que “el promovente de la acción

CC-2018-0647

8

es uno cuyo interés es de tal índole que, con toda probabilidad,

habrá de proseguir su causa de acción vigorosamente y habrá de

traer

a

la

atención

del

tribunal

las

cuestiones

en

controversia”. Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124

DPR

559,

564

(1989)

(citando

a

Hernández

Agosto

v.

Romero

Barceló, 112 DPR 407, 413 (1982)).

Debido a lo anterior, quien comparezca a un tribunal en

reclamo

de

algún

remedio

tiene

que

justificar

que

goza

de

legitimación activa para ello. En esta tarea, deberá demostrar

que (1) ha sufrido un daño claro y palpable; (2) el referido

daño es real, inmediato y preciso, y no abstracto o hipotético;

(3) existe una conexión entre el daño sufrido y la causa de

acción ejercitada, y (4) su causa de acción se ampara en la

Constitución o en algún estatuto. Hernández Torres v. Hernández

Colón,

supra (citando

a

Hernández Agosto v. Romero

Barceló,

supra, pág. 414).

B.

La revisión judicial de determinaciones administrativas le

provee a los tribunales la encomienda de delinear la discreción

de las agencias administrativas al garantizar que sus decisiones

se encuentren en el marco de los poderes delegados y que sean

consecuentes con la política pública que las origina.

Torres

Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 625-626 (2016); Mun. de

San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 279 (1999). En esa tarea, los

tribunales revisores debemos conceder cierta deferencia a las

decisiones

administrativas.

Torres

Rivera

v.

Policía

de

PR,

supra, pág. 626. Esto, pues las agencias gozan de experiencia y

conocimiento

especializado

sobre

los

asuntos

ante

su

CC-2018-0647

9

consideración, lo cual ampara sus dictámenes con una presunción

de legalidad y corrección. Íd.

De esa forma, el análisis de los tribunales al examinar las

decisiones administrativas debe ser conforme a los criterios de

razonabilidad y deferencia. Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et

al.

II,

179

DPR

923,

940

(2010).

Particularmente,

nuestra

función revisora debe enfocarse en tres criterios principales, a

saber: (1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado;

(2) si las determinaciones de hecho que realizó la agencia están

sostenidas por evidencia sustancial, y (3) si las conclusiones

de derecho fueron correctas. Íd.

Cónsono con ello, los tribunales deben intervenir en las

decisiones

administrativas

cuando

éstos

concluyan

que

se

ha

actuado arbitraria, ilegal o irrazonablemente. Rolón Martínez v.

Caldero López, res. el 27 de agosto de 2018, 2018 TSPR 157, pág.

4. “En esas circunstancias, cederá la deferencia que merecen las

agencias en las aplicaciones e interpretaciones de las leyes y

los reglamentos que administra”. Íd. (citando a JP, Plaza Santa

Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009)).

De igual forma, hemos dispuesto que, para poder ejercer

nuestra

función

fundamenten

sus

revisora,

es

necesario

que

decisiones

con

determinaciones

las

agencias

de

hecho

y

conclusiones de derecho. Mun. De San Juan v. J.C.A., supra, pág.

280.

De

esta

administrativos

manera,

lleven

fomentamos

expedientes

que

completos

los

y

organismos

fundamentados,

haciéndolos así aptos para un examen adecuado por los tribunales

revisores. Tanto es así, que “[a]un cuando no se exige una

explicación basada en determinaciones de hecho a la manera de

los

procedimientos

formales,

en

la

adjudicación

de

CC-2018-0647

10

procedimientos informales deben mediar razones suficientes que

pongan

en

conocimiento

fundamentos

que

a

las

propiciaron

partes

tal

y

al

tribunal

decisión.”.

Íd.,

de

los

pág.

281

(citando a Godreau & Co. v. Com. Servicio Público, 71 DPR 649,

655-657 (1950)).

Por un lado, las determinaciones de hecho se sostendrán por

los

tribunales

mientras

las

mismas

se

basen

en

evidencia

sustancial. A su vez, hemos dispuesto que evidencia sustancial

es

aquella

prueba

relevante

que

una

mente

razonable

podría

entender adecuada para sostener una conclusión. Rolón Martínez

v. Caldero López, supra (citando a Otero v. Toyota, 163 DPR 716,

728 (2005) (Per curiam); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 7677

(2004)).

Por

tanto,

debemos

respetar

las

resoluciones

administrativas hasta tanto no se demuestre mediante evidencia

suficiente que la presunción de legalidad ha sido superada o

invalidada. Torres Rivera v. Policía de PR, supra.

Por su parte, las determinaciones de derecho pueden ser

revisadas en su totalidad. No obstante, la revisión judicial no

equivale

a

la

interpretación

del

sustitución

automática

del

organismo

administrativo.

En

criterio

vez,

e

hemos

sostenido que el tribunal descartará el criterio de la agencia

cuando “no se pueda hallar fundamento racional que explique o

justifique

el

dictamen

administrativo”.

Rolón

Martínez

v.

Caldero López, supra (citando a Asoc. Fcias v. Caribe Specialty

et al. II, supra, pág. 941).

C.

Como es conocido, el Estado ostenta un poder de

parens

patriae, el cual lo faculta a salvaguardar y a proteger a los

menores de edad. Pena v. Pena, 164 DPR 949, 959 (2005) (citando

CC-2018-0647

a

Ortiz

11

v.

Meléndez,

164

DPR

16,

27

(2005)).

El

factor

determinante en el ejercicio del poder de parens patriae es el

bienestar de los menores. Torres, Ex parte, 118 DPR 469, 480

(1987). El bienestar del menor cobra tanta importancia, que de

haber conflicto entre éste e intereses ajenos, siempre debemos

resolver a favor del menor. Ortiz v. Meléndez, supra, pág. 28.

En esta encomienda de proteger y defender los intereses de

los menores, el poder de parens patriae del Estado le permite

utilizar

el

vehículo

de

la

adopción

para

brindar

un

hogar

estable, seguro y saludable a menores de edad. Rivera Báez, Ex

parte, 170 DPR 678, 705-706 (2007); Estrella, Monge v. Figueroa

Guerra, 170 DPR 644, 668 (2007); Vargas v. Soler, 160 DPR 790,

805-806, 810 (2003). Ante una lamentable tendencia de maltrato

de menores en Puerto Rico, donde de 9.6 niños de cada 1,000

menores sufren algún tipo de maltrato, la adopción figura una

herramienta importante del Estado en el ejercicio de su deber de

protección de los

niños. 7 Esto, pues la adopción cumple una

función social importante en nuestra sociedad de “darle a los

niños sin padres la oportunidad de criarse en un hogar donde los

puedan atender debidamente”. Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam.,

154 DPR 742, 754 (2001).

Ahora bien, la adopción es un acto

jurídico que genera

consecuencias significativas e importantes. La adopción conlleva

la desvinculación total de un menor con su familia biológica y

la consecuente filiación con aquellos que deseen ser sus padres.

Zapata et al. v. Zapata et al., 156 DPR 278, 286 (2002) (citando

7Instituto

de Estadísticas de Puerto Rico, Perfil del

maltrato de menores en Puerto Rico: Año fiscal federal 20122013,

pág.

30,

https://estadisticas.pr/files/Publicaciones/perfilMaltratoMenore

s_201507.pdf (última visita 15 de noviembre de 2018).

CC-2018-0647

12

a Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam., supra, pág. 753; Feliciano

Suárez,

Ex

parte,

117

DPR

402,

406

(1986)).

Debido

a

la

envergadura e importancia del proceso de la adopción, su uso no

debe

ser

ligero.

Toda

determinación

de

adopción

debe

“descansa[r] principalmente sobre la premisa de la conveniencia

y bienestar del menor”. Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam., supra,

pág. 754 (citando a Ex parte J.A.A., 104 DPR 551, 559 (1976).

Cónsono con ello, la adopción está rigurosamente regulada

en nuestro ordenamiento. Asimismo, ha sido objeto de numerosas

legislaciones y correspondientes enmiendas. Entre ellas, la Ley

de reforma integral de procedimientos de adopción, Ley Núm. 1862009, proveía el esquema del procedimiento de adopción de un

menor en Puerto Rico. 8 LPRA secs. 1051-1071. La Ley Núm. 1862009 fue derogada por la Ley de adopción de Puerto Rico, Ley

Núm.

61-2018,

27-Ene

http://www.oslpr.org/2017-2020/leyes/pdf/ley-61-

2018.pdf.

Sin

embargo,

los

hechos

ante

nuestra

consideración ocurrieron durante la vigencia de la Ley Núm. 1862009.

Reconociendo que “el proceso para adoptar un menor es uno

complicado, acompañado de una larga y tortuosa espera” la Ley

Núm. 186-2009 en su momento innovó el procedimiento de adopción

de menores en Puerto Rico y creó el REVA. 2009 Leyes de Puerto

Rico 1631. Mediante el REVA, se esperaba agilizar el proceso al

crear un sistema que identificara con facilidad a las personas

interesadas

en adoptar y a los menores

en necesidad de ser

adoptados.

Íd.,

forma,

pág.

1632.

De

esta

la

Asamblea

Legislativa afirmó que el REVA “garantizará a las personas que

el proceso de adopción sea uno justo y ágil, en el cual sus

CC-2018-0647

13

oportunidad y posibilidades de adoptar sean reales”. (Énfasis

suplido). Íd.

Para lograr estos objetivos, la Ley Núm. 186-2009 provee

que el Departamento de la Familia adoptará la reglamentación

necesaria para el funcionamiento del REVA. 8 LPRA sec. 1065 (ed.

2014). Debido a lo anterior, se aprobó el Reglamento para regir

los procesos y procedimientos del Departamento de la Familia en

la

atención

de

las

solicitudes

del

servicio

de

adopción,

Reglamento 7878, Departamento de la Familia, 30 de junio de

2010. A esos fines, el Reglamento 7878 provee que las personas

que deseen tramitar una adopción deberán radicar una solicitud a

esos fines en un Centro de Orientación de Adopción. Íd., Art.

IX, sec. 9.1.

Por su parte, el Departamento realizará un estudio social

durante

los

próximos

treinta

días

de

la

presentación

de

la

solicitud de adopción. Íd. Una vez conllevado el estudio social,

“se notificará a los(as) solicitantes la acción tomada, a saber:

aceptarlos(as) o denegarlos(as) como posibles candidatos(as) a

padres adoptivos”. (Énfasis suplido). Íd. Cónsono con ello, la

información que se exhibirá en el REVA en torno a las partes

adoptantes disponibles será según el orden cronológico en el

cual las

solicitudes

fueron presentadas. Íd., Art.

IX,

sec.

9.2.1. Sin embargo, el Reglamento 7878 especifica que un estudio

social favorable no garantiza la ubicación de un menor en un

hogar adoptivo determinado. Íd., Art. IX, sec. 9.1.

Una vez la información de una parte adoptante es ingresada

al REVA, la selección de los padres adoptivos la conlleva un

panel de cinco miembros conforme al Reglamento para regir los

procesos del panel de selección de candidatos para adopción,

CC-2018-0647

14

Reglamento 8597, Departamento de la Familia, 30 de junio de

2010. Así, pues, el Panel debe evaluar los hogares adoptivos

potenciales y sus capacidades de satisfacer los intereses de los

menores

en

necesidad

de

ser

adoptados.

Íd.,

Art.

15.

Particularmente, el Panel debe hacer un análisis integrado de

los

numerosos

bienestar

factores que

para

un

pueden ser

menor.

Así,

el

indicadores

Panel

podrá

del mejor

considerar

distintos aspectos de los padres adoptivos potenciales como los

antecedentes

educativo,

sociales,

solvencia

nacionales

económica,

y

culturales,

reputación

en

la

trasfondo

comunidad,

entre otros. Íd.

Sin embargo, conforme a la política pública de proteger

rigurosamente los intereses de los menores, el Panel tiene como

criterio rector “garantizar que el trámite sea uno expedito y en

observancia

(Énfasis

del

[m]ejor

suplido).

[b]ienestar

Íd.,

Art.

de

15.

En

los/as

[m]enores”.

consecuencia,

el

procedimiento de selección para la posterior adopción no debe

ser autómata ni rígido; al contrario, debe ser sensible a las

circunstancias que presente cada caso.

El

Reglamento

8597

establece

que,

para

realizar

las

correspondientes y necesarias determinaciones de adopción, el

Panel se reunirá en sesiones. Íd.,

Art. 9. Toda sesión con

propósito de llevar a cabo una selección de adopción deberá ser

documentada mediante una minuta que especifique la determinación

efectuada

en

beneficio

de

los

menores

considerados

en

la

reunión. Íd. Además, cuando la determinación sea relacionada con

un

hogar

adoptivo

potencial

que

haya

“expresado

interés

en

adoptar a un/a menor en específico”, se documentarán las razones

para elegir o rechazarlo y se emitirá un Resolución al respecto

CC-2018-0647

para

que

15

las

partes

adoptantes

afectadas

puedan

apelar

la

legislativa

de

determinación mediante revisión judicial. Íd.

En

aras

de

cumplir

con

la

intención

garantizar procedimientos “justos y ágiles”, tanto la Ley Núm.

186-2008 como el Reglamento 7878 establecen que el procedimiento

de adopción no debe excederse de un término de setenta y cinco

días “desde su inicio hasta su resolución final”. 2009 Leyes de

Puerto Rico 1658; Reglamento 7878, supra, Art. 3.

Examinado

el

derecho

aplicable,

procedo

a

exponer

las

razones de mi disenso.

III

A.

Como expusimos anteriormente,

la menor de edad DMMA fue

colocada en el hogar de la señora Cedeño Aponte y el señor Orta

Rivera a sus cinco días de nacida. En su hogar sustituto de

crianza, los peticionarios acogieron a DMMA como parte de su

propia familia y diligentemente comenzaron los trámites para su

adopción. Al presentar su solicitud de adopción el 24 de octubre

de 2016, el Departamento de la Familia contaba con un término de

treinta días para realizar la correspondiente investigación de

los

peticionarios

decisión

mediante

notificando

si

se

un

estudio

social

consideraban

un

y

emitir

hogar

una

adoptivo

potencial o no. Reglamento 7878, supra, Art. IX, sec. 9.1. Sin

embargo,

la

Unidad

de

Adopción,

en

violación

del

término

reglamentario, se demoró casi cinco meses en esta encomienda. El

1 de marzo de 2017 fue cuando finalmente notificaron a la señora

Cedeño

Aponte

y

al

señor

Orta

Rivera

su

estudio

social

favorable. Con esta determinación, según el propio Reglamento

CC-2018-0647

16

7878, los peticionarios se consideraron desde ese momento un

hogar adoptivo potencial. Íd.

No

obstante

peticionarios

lo

sobre

anterior,

la

en

la

notificación

del

estudio

favorabilidad

a

los

social,

la

Unidad de Adopción informó que estarían remitiendo su expediente

a

las

oficinas

Sustituto

y

centrales

Adopción,

de

la

Administración

quienes

en

los

de

próximos

Cuidado

treinta

días

notificarían si cumplían con todos los requisitos exigidos por

la

Ley

Núm.

Nuevamente,

86-2009

en exceso

para

poder

ser

ingresados

del término que

el

al

REVA.

mismo Departamento

dispone en la notificación y con casi cuatro meses de tardanza,

el 21 de junio de 2017 la Administración de Cuidado Sustituto y

Adopción

advirtió

a

los

peticionarios

que

su

solicitud

no

contaba con todos los documentos necesarios para cumplir con la

Ley Núm.86-2009. A pesar de que alegadamente los peticionarios

ya habían entregado esos documentos, en aras de agilizar el

proceso de DMMA, éstos sometieron nuevamente los documentos tan

pronto

como

ocasión,

la

el

día

siguiente

Administración

de

de

la

notificación.

En

Sustituto

Adopción

Cuidado

y

esta

emitió un documento certificando que los peticionarios fueron

ingresados al REVA el 21 de junio de 2017.

A raíz de las dilaciones excesivas antes expuestas, los

peticionarios actualmente no ostentan la custodia de DMMA. Esto,

pues

mientras

se

tramitaba

el

proceso

administrativo

para

catalogar a la señora Cedeño Aponte y el señor Orta Rivera como

hogar adoptivo potencial, el Panel seleccionó a otra pareja como

padres de DMMA y, posteriormente, el Departamento de la Familia

conllevó el correspondiente procedimiento de adopción ante el

tribunal.

Como

agravante

en

ese

procedimiento

judicial,

el

CC-2018-0647

Departamento

17

de

la

Familia

no

informó

las

anomalías

aquí

reseñadas y que motivan mi disenso.

Es altamente reprochable la conducta y el tracto procesal

que ha generado el Departamento de la Familia en la controversia

de epígrafe. Luego de una situación tan desafortunada en torno a

los padres biológicos de DMMA, el Departamento de la Familia

dilató excesivamente el procedimiento de adopción que intentaron

conllevar la señora Aponte Cedeño y el señor Orta Rivera. En vez

de

fomentar

la

estabilidad

del

hogar

familiar

de

DMMA,

el

Departamento de la Familia implantó un procedimiento mecánico y

autómata que culminó con la adopción de DMMA por otras personas,

privando a los peticionarios de una participación adecuada. No

solo faltaron crasamente a la política pública y a la intención

legislativa de proteger a los menores de edad mediante procesos

de adopción justos y ágiles, sino que también incumplieron una

tras otra vez con los términos reglamentarios específicos que

los

gobierna.

Todo

esto,

en

un

proceso

tan

sensitivo

e

importante como lo es la selección del hogar de una menor de

edad con un trasfondo de maltrato y abuso.

Debemos tener presente que tanto la Ley Núm. 86-2009 como

los

demás

estatutos

y

reglamentos

que

regulan

la

adopción,

tienen como médula la vida humana de menores de edad que se

encuentran

en

circunstancias

de

extrema

vulnerabilidad.

En

consecuencia, la falta de sensibilidad y diligencia con la que

han actuado el Departamento de la Familia, sus entidades y sus

funcionarios es significativamente incompatible con su función

de

proveer

la

mayor

estabilidad

y

protección

posible

a

los

menores de edad bajo su custodia. De igual forma, reflejan gran

indiferencia a las consecuencias tan directas y palpables que

CC-2018-0647

genera

un

18

procedimiento

de

esta

envergadura

en

uno

de

los

sectores más vulnerables en una sociedad: los niños y niñas.

A pesar de lo anterior, los tribunales inferiores validaron

el procedimiento de adopción descrito que mantuvo al margen los

intereses y la estabilidad de la menor DMMA. En vez de reconocer

las graves faltas del Departamento de la Familia y los daños

significativos que

foros

inferiores

éstas generaron en los peticionarios, los

otorgaron

la

administrativo.

Así,

negligente

Departamento

del

mayor

sustentan

de

deferencia

al

organismo

la

preocupante

conducta

la

Familia

mediante

la

justificación de que el Panel del REVA, al seleccionar a los

padres adoptivos de un menor de edad, solo toma en consideración

a los hogares adoptivos potenciales cuya información haya sido

incluida en el REVA. Por tanto, concluyen que, debido a que la

información de los peticionarios se ingresó en el REVA el 21 de

junio

de

2017,

éstos

no

ostentan

legitimación

activa

para

revisar la determinación del Panel, puesto que la selección de

los padres adoptivos de DMMA se generó el 23 de mayo de 2017.

Sin esbozar análisis alguno de los efectos que pueden generan

una

segunda

separación

de

su

hogar

en

DMMA,

validan

el

procedimiento de adopción.

Ante ese

principio

cuadro,

rector

del

los

foros inferiores

bienestar

del

menor

dejaron

que

atrás

debe

el

estar

inmiscuido en toda determinación de adopción. De igual forma,

validan la ejecución insensible y autómata de un procedimiento

que debe ser estrechamente dirigido hacia la protección de los

menores de edad y hacia la búsqueda de la mayor estabilidad

familiar.

El

procedimiento

de

adopción

no

es

una

fórmula

matemática ni mecánica. Por tanto, al ratificar un proceso de

CC-2018-0647

19

adopción que no tomó en consideración a las personas que criaron

a la menor desde sus cinco días de nacida, quienes sometieron

oportuna y diligentemente una solicitud de adopción de la menor,

refleja gran indiferencia e insensibilidad.8

Además, los foros inferiores despachan la controversia ante

su

consideración

al

razonar,

sin

más,

que

la

señora

Cedeño

Aponte y el señor Orta Rivera no tienen legitimación activa para

impugnar la adopción de una menor que cuidan desde sus cinco

días de vida. Sin embargo, su razonamiento limitado no contempló

los requisitos más básicos de legitimación activa.

Indudablemente, la señora Cedeño Aponte y el señor Orta

Rivera han sufrido el daño palpable e inmediato de perder la

custodia de una menor que, para todos sus efectos, ha sido su

hija

por

los

últimos

dos

años.

Asimismo,

esa

pérdida

está

directamente relacionada con la conducta negligente, arbitraria

e irrazonable del Departamento de la Familia, quien incumplió

con

los

excesiva

términos

estatutarios

dilatación

peticionarios.

del

y

reglamentarios

procedimiento

Finalmente,

la

causa

causando

una

de

adopción

de

los

de

acción

de

los

peticionarios nace de la Ley Núm. 186-2009, la cual provee que

los hogares adoptivos potenciales que no sean seleccionados por

el Panel pueden acudir en revisión judicial. Reglamento 7878,

supra,

Art.

XVI,

secs.

16.1-16.2.

Ciertamente,

para

el

Departamento de la Familia los peticionarios no eran un hogar

adoptivo potencial para propósitos del REVA. Sin embargo, como

8Es

menester destacar que la Ley Núm. 61-2018 sí reconoce el

derecho de las personas que ostentan hogares de crianza

temporeros, como el de los peticionarios, a ser escuchados

durante los procedimientos de adopción de los menores que

cuidan. Esto, sin depender de si los hogares de crianza

solicitan la adopción del menor o no.

CC-2018-0647

20

expondremos más adelante, la señora Aponte Cedeño y el señor

Orta

Rivera

debieron

considerarse

como

un

hogar

adoptivo

potencial cuya información debió estar incluida en el REVA al

momento que el Panel seleccionó a otra pareja.

B.

El Departamento de la Familia, más allá de incumplir con

los términos estatutarios y reglamentarios, actuó arbitraria e

irrazonablemente.

hechos

sin

Asimismo,

al

evidencia alguna en

realizar

determinaciones

el expediente y al

de

llegar a

conclusiones de derecho erróneas, se invalidó la presunción de

corrección y legalidad de sus decisiones. En consecuencia, los

tribunales

inferiores

debieron

intervenir

en

la

controversia

ante sí. Veamos.

En primer lugar, es menester destacar que el hecho de que

la información de los peticionarios no se encontraba en el REVA

a la fecha alegada de la selección de los padres adoptivos se

debe precisa y únicamente a las acciones del Departamento de la

Familia. Los peticionarios presentaron su solicitud el 24 de

octubre de 2016. Del Departamento de la Familia haber cumplido

con los términos correspondientes, el 24 de noviembre de 2016

los

peticionarios

hubiesen

contado

con

el

estudio

social

favorable. Conforme al Reglamento 7878, en ese momento, debieron

haber sido ingresados al REVA. Reglamento 7878, supra, Art. IX,

sec. 9.1.

Sin

embargo,

como

se

explicó

anteriormente,

en

la

notificación que hizo la Unidad de Adopción a los peticionarios

sobre la favorabilidad del estudio social, se les representó que

en los próximos treinta días se les certificaría si cumplían con

los

requisitos

de

la

Ley

Núm.

86-2009

y

procederían

a

ser

CC-2018-0647

ingresados

21

al

REVA.

A

pesar

de

que

entendemos

que

dicha

interpretación del derecho no es cónsona con las disposiciones

claras

del

Reglamento

7878,

de

haber

sido

diligente

el

Departamento de la Familia en esa encomienda, esa certificación

se hubiese emitido el 24 de diciembre de 2016. En consecuencia,

en ambos escenarios, los peticionarios hubiesen estado en el

REVA para la fecha de la selección de los padres adoptivos de

DMMA.

En segundo lugar, además de esta interpretación errónea del

Derecho, el Departamento de la Familia hizo una determinación de

hecho sin fundamento alguno en el expediente. Por tal razón, al

ser una determinación de hecho que no está basada en evidencia

sustancial, tal como lo exige nuestro ordenamiento, no podemos

sostenerlo ni validarlo. Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et al.

II, supra, pág. 940.

Particularmente, durante todo el proceso administrativo y

litigioso

que

ha

requerido

la

controversia

de

epígrafe,

el

Departamento de la Familia ha afirmado que la selección del

Panel de los padres adoptivos de DMMA se conllevó el 23 de mayo

de

2017.

Esto,

para

sostener

que

la

inclusión

de

los

peticionarios en el Registro el 21 de junio de 2017 los priva

del

derecho

de

impugnar

la

decisión.

Sin

embargo,

no

obra

documento alguno en el expediente que evidencie la fecha ni los

fundamentos para la selección de los padres adoptantes. Esto, a

pesar de que el Reglamento 8597 dispone que todas las sesiones

que

conlleven

una selección de adopción

se

deben

documentar

mediante una minuta. De igual forma, el reglamento especifica

que, si un hogar adoptivo ha expresado su interés en la adopción

de un menor y éste no es seleccionado, el Panel tiene que emitir

CC-2018-0647

22

una resolución a esos efectos para que éste pueda acudir en

revisión judicial. Aun si sostenemos el argumento de que no se

debía emitir esa resolución a favor de los peticionarios porque

aún no se consideraban un hogar adoptivo potencial, de todas

maneras, el Panel está obligado a documentar sus determinaciones

mediante minuta. En fin, hemos resuelto consecuentemente que,

por

imperativo

procedimientos

del

debido

informales

proceso

las

de

agencias

ley,

hasta

en

administrativas

los

deben

fundamentar sus decisiones. Mun. De San Juan v. J.C.A., supra,

pág. 281. Por tanto, el Departamento de la Familia no tiene

razón

alguna

para

justificar

la

falta

de

documentación

del

proceso.

Lo

anterior

es

muy

preocupante

porque

se

utilizó

precisamente esta fecha de selección por el Panel, que no se

sostiene con fundamento ni evidencia alguna, para despojar a los

peticionarios de su día en corte. De la misma manera, al no

reproducir el referido documento, el Departamento de la Familia

privó a la parte peticionaria de un debido proceso. Asimismo,

impide que los tribunales descarguen responsablemente su función

revisora.

De

igual

forma,

es

menester

resaltar

que

la

falta

de

presentación de evidencia alguna del proceso de selección de

adopción nos lleva a inferir que el Panel no generó esa minuta.

Esto significa que en un procedimiento de tanta envergadura como

lo es la selección de quienes serán los padres de un menor de

edad, el Departamento de la Familia está tomando decisiones sin

documentación ni fundamento alguno. Dicha conducta negligente y

arbitraria es reprochable e inquietante.

CC-2018-0647

Como

23

agravante,

diligencia

del

no

es

la

Departamento

primera

de

la

vez

que

Familia

la

ha

falta

de

perjudicado

significativamente el bienestar de un menor de edad. A modo de

ejemplo, en Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR 645 (2016),

este Tribunal intervino urgentemente en una controversia porque

una menor de edad estaba siendo impedida de ser transferida a

los Estados Unidos junto a su madre porque los trámites estaban

siendo dilatados por el Departamento de la Familia. Esto, pues,

entre otras gestiones, incumplieron con el término de treinta

días para presentar un informe de un estudio social. Íd., pág.

652.

En

esa

ocasión,

precisamos

que

“[e]l

dilatado

trámite

procesal de este caso devela un incumplimiento reprobable de un

procedimiento que tiene como norte brindar certeza y estabilidad

al entorno familiar de un menor de edad”. Íd., pág. 653. Hoy se

repite la historia y, por tanto, suscribo este disenso para

descargar mi responsabilidad de evitar que el rigorismo técnico

y el cuadro de negligencia procesal descrito desvíen el norte

principal que debe imperar en estos procesos: el mejor bienestar

del menor.

IV

Por

todo

certiorari

lo

ante

anterior,

nuestra

hubiese

expedido

consideración

y

el

recurso

revocaría

tanto

Tribunal de Primera Instancia como al Tribunal de Apelaciones.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

de

al