Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Héctor R. Díaz Vanga
2018 TSPR 197
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Héctor R. Díaz Vanga
AB-2017-260 AB-2018-42 AB-2018-234
Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por incumplir con las órdenes del Tribunal Supremo.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2018 TSPR 197
Héctor R. Díaz Vanga
(Ts-15,464)
Número del Caso:
201 DPR ____
AB-2017-260
AB-2018-42
AB-2018-234
Fecha: 30 de noviembre de 2018
Abogada del promovido:
Por derecho propio
Oficina del Procurador General
Lcdo. Isaías Sánchez Báez
Procurador General
Lcda. Lorena Cortes Rivera
Subprocuradora General
Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez
Procuradora General Auxiliar
Materia: La suspensión será efectiva el 14 de diciembre de 2018,
fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Héctor R. Díaz Vanga
(TS-15,464)
AB-2017-0260
AB-2018-0042
AB-2018-0234
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2018.
El Lcdo. Héctor R. Díaz Vanga tiene tres asuntos
pendientes ante este Tribunal, todos originados por
quejas
que
fueron
presentadas
en
su
contra.
Por
ignorar las órdenes que le hemos dado con relación a
los tres asuntos, lo suspendemos de manera inmediata
e indefinida del ejercicio de la profesión legal.
I
El
licenciado
Díaz
Vanga
fue
admitido
a
la
práctica legal el 23 de agosto de 2005. En 2011 se le
amonestó por infringir los Cánones 12, 18 y 19 del
Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX (AB-20100278). El mes pasado lo censuramos enérgicamente por
AB-2017-0260, AB-2018-0042 y AB-2018-0234
2
infringir los Cánones 9, 12, 18 y 20 del Código de Ética
Profesional, supra (AB-2017-0260). Hoy tenemos tres asuntos
pendientes relacionados al licenciado Díaz Vanga y en los
tres el licenciado ha hecho caso omiso a nuestras órdenes.
AB-2017-0260
En agosto de 2017, la Sra. Haydee Reyes Rivera presentó
una
queja
contra
el
licenciado
Díaz
Vanga.
Alegó
que
desconocía el estatus de un caso de herencia en el que el
licenciado
la
representaba;
que
el
abogado
cerró
su
oficina; que no le contestaba las llamadas por teléfono y
que se negaba a entregarle el expediente del caso. El 11 de
enero
de
2018,
la
Subsecretaria
del
Tribunal
Supremo
remitió copia del expediente a la Oficina del Procurador
General
envió
para
dos
investigación
notificaciones
e
al
informe.
Hizo
constar
licenciado
Díaz
Vanga
que
a
su
dirección en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA)
para que contestara la queja, pero este no lo hizo.
El 9 de mayo de 2018, la Oficina del Procurador General
le
expidió
una
comunicación
por
correo
certificado
y
regular concediéndole un término final de una semana para
que contestara la queja. La comunicación fue devuelta como
no reclamada por el destinatario el 30 de mayo de 2018. El
1
de
junio
licenciado
Oficina
Auxiliar
de
2018,
con
relación
Díaz
Vanga
envió
un
del
Procurador
asignada
al
General.
caso
a
correo
La
otro
asunto,
electrónico
Procuradora
aprovechó
la
el
a
la
General
ocasión
para
conversar por teléfono con el licenciado y le informó sobre
AB-2017-0260, AB-2018-0042 y AB-2018-0234
la
queja.
También
le
envió
un
3
correo
electrónico
concediéndole otro término para contestarla. El licenciado
contestó
la
queja
seis
días
después
de
que
venció
el
término que le fue concedido.
El 12 de junio de 2018, el Procurador General presentó
un
informe
preliminar
para
informar
sobre
la
demora
irrazonable del licenciado Díaz Vanga en contestar la queja
y
para
solicitar
un
término
adicional
para
continuar
investigando la queja. Concedido el término solicitado, el
Procurador General sometió su informe final el 18 de julio
de 2018. El 23 de agosto de 2018, concedimos a la parte
promovente, señora Reyes Rivera, y al licenciado Díaz Vanga
un término de veinte días para expresarse sobre el informe.
Transcurrido
el
plazo
dispuesto
sin
que
las
partes
comparecieran, entendimos que se allanaron al informe. Por
ello, el 26 de octubre de 2018 censuramos enérgicamente al
licenciado Díaz Vanga por violación de los Cánones 9, 12,
18
y
20
del
Código
de
Ética
Profesional,
supra,
de
conformidad con la recomendación del Procurador General. Le
ordenamos que nos acreditara la devolución del expediente a
la señora Reyes Rivera en un plazo de quince días. El plazo
venció, mas el licenciado no compareció.
AB-2018-0042
El 5 de marzo de 2018, el Sr. Rafael Menéndez Maldonado
presentó una queja contra el licenciado Díaz Vanga. Arguyó
que
lo
contrató
para
un
caso
de
divorcio
pero
que
el
licenciado nunca emplazó a la parte demandada, no cumplió
AB-2017-0260, AB-2018-0042 y AB-2018-0234
con
las
órdenes
del
Tribunal
de
4
Primera
Instancia,
no
compareció a las vistas y no le mantuvo informado sobre el
desarrollo del caso. Finalmente, alegó que el licenciado se
negó a entregarle el expediente cuando se le solicitó, en
contravención
a
una
orden
del
Tribunal
de
Primera
Instancia.
El
20
Tribunal
de
marzo
de
envió
una
comunicación
licenciado
Díaz
Vanga
2018,
la
Subsecretaria
de
este
al
por
correo
postal
concediéndole
diez
días
para
contestar la queja. El 17 de abril de 2018, le envió una
segunda comunicación, esta vez por correo electrónico, con
un
término
final
de
diez
días
para
contestar.
Como
el
licenciado no compareció, la Subsecretaria refirió el caso
a la Oficina del Procurador General. El 15 de mayo de 2018,
la
Procuradora
General
Auxiliar
asignada
al
caso
le
escribió al licenciado por correo certificado, regular y
electrónico, y le concedió un término final para contestar
la queja, a vencer el 25 de mayo de 2018. La comunicación
por
correo
certificado
fue
devuelta
por
no
haber
sido
reclamada.
El 1 de junio de 2018, el licenciado se comunicó por
correo electrónico con la Oficina del Procurador General.
Dijo
que
recibió
la
comunicación,
pero
que
no
había
recibido la queja. Solicitó que se le enviara por correo
electrónico. Así lo hizo la Procuradora General Auxiliar, y
le concedió un nuevo término para contestar vencedero el 11
de junio de 2018. El día después de que venció el término,
AB-2017-0260, AB-2018-0042 y AB-2018-0234
5
el licenciado Díaz Vanga respondió al correo electrónico y
solicitó información de uno de los casos relacionados con
la queja, pero no contestó la queja.
El 12 de julio de 2018,
el Procurador
General
nos
presentó un informe para alertarnos sobre la conducta del
licenciado
Díaz
Vanga,
por
entenderla
violatoria
de
los
Cánones 9 y 12 del Código de Ética Profesional, supra. El
licenciado contestó el 16 de julio de 2018, mediante una
“Moción urgente sobre informe”. Primero, se disculpó por no
haber
atendido
las
solicitudes
del
Procurador
General
e
intentó desmentir las alegaciones contenidas en la queja en
su
contra.
Le
concedimos
entonces
al
Procurador
General
cuarenta días para completar su investigación y presentar
su informe final.
El Procurador General compareció el 31 de agosto de
2018 y
nos
informó
que
no
habían
recibido
copia
de
la
“Moción urgente sobre informe” que el licenciado Díaz Vanga
presentó,
a
pesar
de
que
el
licenciado
certificó
haber
enviado copia a la Oficina del Procurador General, según
señaló la Subsecretaria de este Tribunal. Por ello, el 13
de
septiembre
de
2018,
le
ordenamos
al
licenciado
Díaz
Vanga acreditarnos dentro de un término de cinco días el
envío a la Oficina del Procurador General de la “Moción
urgente sobre informe”.
El Procurador General compareció el 12 de octubre de
2018
y
nos
informó
que
no
había
recibido
la
referida
moción. Solicitó, además, que el término de cuarenta días
AB-2017-0260, AB-2018-0042 y AB-2018-0234
para
completar
su
investigación
y
6
presentar
su
informe
final no comenzara a transcurrir hasta tanto el
abogado
cumpla con la orden. Respondimos mediante Resolución el 26
de octubre de 2018. Le concedimos un término de diez días
al licenciado Díaz Vanga para que mostrara causa por la
cual no debíamos suspenderlo del ejercicio de la profesión
de la abogacía por incumplir con los requerimientos de la
Oficina del Procurador General y con las órdenes de este
Tribunal. Se le notificó personalmente nuestra Resolución
el 30 de octubre de 2018, pero el término venció sin que el
licenciado compareciera.
AB-2018-0234
El 10 de septiembre de 2018, el Sr. Alfonso Uri Ramos
Román
presentó
una
queja
en
contra
del
licenciado
Díaz
Vanga. Alegó que en diciembre de 2013 acudió a la oficina
del
licenciado
representación,
para
una
que
querella
este
en
presentara,
contra
del
en
Municipio
su
de
Guaynabo ante la Comisión Apelativa de Servicio Público.
Según
adujo,
seguimiento
al
cuando
llamaba
al
caso,
este
contestaba
le
abogado
para
que
darle
estuviera
tranquilo porque esos casos tomaban tiempo. Sin embargo,
sostuvo que en febrero de 2018 recibió copia de una orden
que indicaba que el caso se estaría archivando por falta de
trámite desde 2014.
El 18 de septiembre de 2018, la Subsecretaria de este
Tribunal le envió una comunicación al licenciado referente
a la queja. Le concedió diez días para contestarla. Ante su
AB-2017-0260, AB-2018-0042 y AB-2018-0234
7
incomparecencia, se le concedió un término final de diez
días
para
contestar.
El
26
de
octubre
de
2018,
le
concedimos un término final de cinco días para comparecer y
contestar la
queja. Se le
incumplimiento
severas,
podría
incluyendo
apercibió,
conllevar
la
además,
sanciones
suspensión
del
de que
su
disciplinarias
ejercicio
de
la
profesión. El término venció sin su comparecencia.
II
El Canon 9 del Código de Ética Profesional,
dispone
que
los
abogados
deben
“observar
para
supra,
con
los
tribunales una conducta que se caracterice por el mayor
respeto”. Como corolario de ese deber, se exige que los
abogados atiendan pronta y diligentemente las órdenes de
todos los tribunales. In re Crespo Peña, 195 DPR 318, 321
(2016).
Este
deber
también
se
extiende
a
las
entidades
públicas que intervienen en la consecución de un proceso
disciplinario, como es el caso de la Oficina del Procurador
General. In re Rodríguez Cintrón, 198 DPR 561, 565 (2017).
Al igual que cuando se ignoran los requerimientos de este
Tribunal, procede la suspensión inmediata e indefinida del
ejercicio
de
la
abogacía
del
letrado
que
ignora
los
requerimientos de la Oficina del Procurador General. Íd.
III
El patrón de incumplimiento con nuestras órdenes que el
licenciado Díaz Vanga ha desplegado a lo largo de estos
tres
procesos
autoridad
de
en
este
su
contra
Tribunal
es
un
grave
desafío
y
una
clara
violación
a
la
del
AB-2017-0260, AB-2018-0042 y AB-2018-0234
8
mandato del Canon 9. Véase In re Pestaña Segovia, 192 DPR
485, 493-494 (2015). Se mostró indiferente ante nuestros
apercibimientos
de
sanciones
disciplinarias,
lo
que
nos
lleva a pensar que no tiene interés en seguir practicando
la abogacía. El licenciado Díaz Vanga ha tenido suficientes
oportunidades
para
demostrarnos
lo
contrario,
pero
sus
actos confirman el poco celo con que practica la profesión.
Así
pues,
suspendemos
al
licenciado
Díaz
Vanga
inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía.
Se le impone el deber de notificar a sus clientes de su
inhabilidad
cualesquiera
para
seguir
honorarios
representándolos,
recibidos
por
devolverles
trabajos
no
realizados e informar inmediatamente de su suspensión a los
foros judiciales y administrativos en los que tenga algún
asunto
pendiente.
Deberá
acreditar
a
este
Tribunal
el
cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta
días a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam
y Sentencia.
Notifíquese
personalmente esta Opinión
Sentencia.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Per
Curiam y
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Héctor R. Díaz Vanga
(TS-15,464)
AB-2017-0260
AB-2018-0042
AB-2018-0234
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a
2018.
30
de noviembre
de
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte de esta
Sentencia, suspendemos al licenciado Díaz Vanga
inmediata e indefinidamente del ejercicio de la
abogacía. Se le impone el deber de notificar a sus
clientes
de
su
inhabilidad
para
seguir
representándolos,
devolverles
cualesquiera
honorarios recibidos por trabajos no realizados e
informar inmediatamente de su suspensión a los
foros judiciales y administrativos en los que tenga
algún asunto pendiente. Deberá acreditar a este
Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del
término de treinta días a partir de la notificación
de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica el
Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada
señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados señor
Rivera
García
y
señor
Estrella
Martínez
no
intervinieron.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo