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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Héctor R. Díaz Vanga

2018 TSPR 197

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Héctor R. Díaz Vanga

AB-2017-260 AB-2018-42 AB-2018-234

Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por incumplir con las órdenes del Tribunal Supremo.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2018 TSPR 197

Héctor R. Díaz Vanga

(Ts-15,464)

Número del Caso:

201 DPR ____

AB-2017-260

AB-2018-42

AB-2018-234

Fecha: 30 de noviembre de 2018

Abogada del promovido:

Por derecho propio

Oficina del Procurador General

Lcdo. Isaías Sánchez Báez

Procurador General

Lcda. Lorena Cortes Rivera

Subprocuradora General

Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez

Procuradora General Auxiliar

Materia: La suspensión será efectiva el 14 de diciembre de 2018,

fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Héctor R. Díaz Vanga

(TS-15,464)

AB-2017-0260

AB-2018-0042

AB-2018-0234

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2018.

El Lcdo. Héctor R. Díaz Vanga tiene tres asuntos

pendientes ante este Tribunal, todos originados por

quejas

que

fueron

presentadas

en

su

contra.

Por

ignorar las órdenes que le hemos dado con relación a

los tres asuntos, lo suspendemos de manera inmediata

e indefinida del ejercicio de la profesión legal.

I

El

licenciado

Díaz

Vanga

fue

admitido

a

la

práctica legal el 23 de agosto de 2005. En 2011 se le

amonestó por infringir los Cánones 12, 18 y 19 del

Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX (AB-20100278). El mes pasado lo censuramos enérgicamente por

AB-2017-0260, AB-2018-0042 y AB-2018-0234

2

infringir los Cánones 9, 12, 18 y 20 del Código de Ética

Profesional, supra (AB-2017-0260). Hoy tenemos tres asuntos

pendientes relacionados al licenciado Díaz Vanga y en los

tres el licenciado ha hecho caso omiso a nuestras órdenes.

AB-2017-0260

En agosto de 2017, la Sra. Haydee Reyes Rivera presentó

una

queja

contra

el

licenciado

Díaz

Vanga.

Alegó

que

desconocía el estatus de un caso de herencia en el que el

licenciado

la

representaba;

que

el

abogado

cerró

su

oficina; que no le contestaba las llamadas por teléfono y

que se negaba a entregarle el expediente del caso. El 11 de

enero

de

2018,

la

Subsecretaria

del

Tribunal

Supremo

remitió copia del expediente a la Oficina del Procurador

General

envió

para

dos

investigación

notificaciones

e

al

informe.

Hizo

constar

licenciado

Díaz

Vanga

que

a

su

dirección en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA)

para que contestara la queja, pero este no lo hizo.

El 9 de mayo de 2018, la Oficina del Procurador General

le

expidió

una

comunicación

por

correo

certificado

y

regular concediéndole un término final de una semana para

que contestara la queja. La comunicación fue devuelta como

no reclamada por el destinatario el 30 de mayo de 2018. El

1

de

junio

licenciado

Oficina

Auxiliar

de

2018,

con

relación

Díaz

Vanga

envió

un

del

Procurador

asignada

al

General.

caso

a

correo

La

otro

asunto,

electrónico

Procuradora

aprovechó

la

el

a

la

General

ocasión

para

conversar por teléfono con el licenciado y le informó sobre

AB-2017-0260, AB-2018-0042 y AB-2018-0234

la

queja.

También

le

envió

un

3

correo

electrónico

concediéndole otro término para contestarla. El licenciado

contestó

la

queja

seis

días

después

de

que

venció

el

término que le fue concedido.

El 12 de junio de 2018, el Procurador General presentó

un

informe

preliminar

para

informar

sobre

la

demora

irrazonable del licenciado Díaz Vanga en contestar la queja

y

para

solicitar

un

término

adicional

para

continuar

investigando la queja. Concedido el término solicitado, el

Procurador General sometió su informe final el 18 de julio

de 2018. El 23 de agosto de 2018, concedimos a la parte

promovente, señora Reyes Rivera, y al licenciado Díaz Vanga

un término de veinte días para expresarse sobre el informe.

Transcurrido

el

plazo

dispuesto

sin

que

las

partes

comparecieran, entendimos que se allanaron al informe. Por

ello, el 26 de octubre de 2018 censuramos enérgicamente al

licenciado Díaz Vanga por violación de los Cánones 9, 12,

18

y

20

del

Código

de

Ética

Profesional,

supra,

de

conformidad con la recomendación del Procurador General. Le

ordenamos que nos acreditara la devolución del expediente a

la señora Reyes Rivera en un plazo de quince días. El plazo

venció, mas el licenciado no compareció.

AB-2018-0042

El 5 de marzo de 2018, el Sr. Rafael Menéndez Maldonado

presentó una queja contra el licenciado Díaz Vanga. Arguyó

que

lo

contrató

para

un

caso

de

divorcio

pero

que

el

licenciado nunca emplazó a la parte demandada, no cumplió

AB-2017-0260, AB-2018-0042 y AB-2018-0234

con

las

órdenes

del

Tribunal

de

4

Primera

Instancia,

no

compareció a las vistas y no le mantuvo informado sobre el

desarrollo del caso. Finalmente, alegó que el licenciado se

negó a entregarle el expediente cuando se le solicitó, en

contravención

a

una

orden

del

Tribunal

de

Primera

Instancia.

El

20

Tribunal

de

marzo

de

envió

una

comunicación

licenciado

Díaz

Vanga

2018,

la

Subsecretaria

de

este

al

por

correo

postal

concediéndole

diez

días

para

contestar la queja. El 17 de abril de 2018, le envió una

segunda comunicación, esta vez por correo electrónico, con

un

término

final

de

diez

días

para

contestar.

Como

el

licenciado no compareció, la Subsecretaria refirió el caso

a la Oficina del Procurador General. El 15 de mayo de 2018,

la

Procuradora

General

Auxiliar

asignada

al

caso

le

escribió al licenciado por correo certificado, regular y

electrónico, y le concedió un término final para contestar

la queja, a vencer el 25 de mayo de 2018. La comunicación

por

correo

certificado

fue

devuelta

por

no

haber

sido

reclamada.

El 1 de junio de 2018, el licenciado se comunicó por

correo electrónico con la Oficina del Procurador General.

Dijo

que

recibió

la

comunicación,

pero

que

no

había

recibido la queja. Solicitó que se le enviara por correo

electrónico. Así lo hizo la Procuradora General Auxiliar, y

le concedió un nuevo término para contestar vencedero el 11

de junio de 2018. El día después de que venció el término,

AB-2017-0260, AB-2018-0042 y AB-2018-0234

5

el licenciado Díaz Vanga respondió al correo electrónico y

solicitó información de uno de los casos relacionados con

la queja, pero no contestó la queja.

El 12 de julio de 2018,

el Procurador

General

nos

presentó un informe para alertarnos sobre la conducta del

licenciado

Díaz

Vanga,

por

entenderla

violatoria

de

los

Cánones 9 y 12 del Código de Ética Profesional, supra. El

licenciado contestó el 16 de julio de 2018, mediante una

“Moción urgente sobre informe”. Primero, se disculpó por no

haber

atendido

las

solicitudes

del

Procurador

General

e

intentó desmentir las alegaciones contenidas en la queja en

su

contra.

Le

concedimos

entonces

al

Procurador

General

cuarenta días para completar su investigación y presentar

su informe final.

El Procurador General compareció el 31 de agosto de

2018 y

nos

informó

que

no

habían

recibido

copia

de

la

“Moción urgente sobre informe” que el licenciado Díaz Vanga

presentó,

a

pesar

de

que

el

licenciado

certificó

haber

enviado copia a la Oficina del Procurador General, según

señaló la Subsecretaria de este Tribunal. Por ello, el 13

de

septiembre

de

2018,

le

ordenamos

al

licenciado

Díaz

Vanga acreditarnos dentro de un término de cinco días el

envío a la Oficina del Procurador General de la “Moción

urgente sobre informe”.

El Procurador General compareció el 12 de octubre de

2018

y

nos

informó

que

no

había

recibido

la

referida

moción. Solicitó, además, que el término de cuarenta días

AB-2017-0260, AB-2018-0042 y AB-2018-0234

para

completar

su

investigación

y

6

presentar

su

informe

final no comenzara a transcurrir hasta tanto el

abogado

cumpla con la orden. Respondimos mediante Resolución el 26

de octubre de 2018. Le concedimos un término de diez días

al licenciado Díaz Vanga para que mostrara causa por la

cual no debíamos suspenderlo del ejercicio de la profesión

de la abogacía por incumplir con los requerimientos de la

Oficina del Procurador General y con las órdenes de este

Tribunal. Se le notificó personalmente nuestra Resolución

el 30 de octubre de 2018, pero el término venció sin que el

licenciado compareciera.

AB-2018-0234

El 10 de septiembre de 2018, el Sr. Alfonso Uri Ramos

Román

presentó

una

queja

en

contra

del

licenciado

Díaz

Vanga. Alegó que en diciembre de 2013 acudió a la oficina

del

licenciado

representación,

para

una

que

querella

este

en

presentara,

contra

del

en

Municipio

su

de

Guaynabo ante la Comisión Apelativa de Servicio Público.

Según

adujo,

seguimiento

al

cuando

llamaba

al

caso,

este

contestaba

le

abogado

para

que

darle

estuviera

tranquilo porque esos casos tomaban tiempo. Sin embargo,

sostuvo que en febrero de 2018 recibió copia de una orden

que indicaba que el caso se estaría archivando por falta de

trámite desde 2014.

El 18 de septiembre de 2018, la Subsecretaria de este

Tribunal le envió una comunicación al licenciado referente

a la queja. Le concedió diez días para contestarla. Ante su

AB-2017-0260, AB-2018-0042 y AB-2018-0234

7

incomparecencia, se le concedió un término final de diez

días

para

contestar.

El

26

de

octubre

de

2018,

le

concedimos un término final de cinco días para comparecer y

contestar la

queja. Se le

incumplimiento

severas,

podría

incluyendo

apercibió,

conllevar

la

además,

sanciones

suspensión

del

de que

su

disciplinarias

ejercicio

de

la

profesión. El término venció sin su comparecencia.

II

El Canon 9 del Código de Ética Profesional,

dispone

que

los

abogados

deben

“observar

para

supra,

con

los

tribunales una conducta que se caracterice por el mayor

respeto”. Como corolario de ese deber, se exige que los

abogados atiendan pronta y diligentemente las órdenes de

todos los tribunales. In re Crespo Peña, 195 DPR 318, 321

(2016).

Este

deber

también

se

extiende

a

las

entidades

públicas que intervienen en la consecución de un proceso

disciplinario, como es el caso de la Oficina del Procurador

General. In re Rodríguez Cintrón, 198 DPR 561, 565 (2017).

Al igual que cuando se ignoran los requerimientos de este

Tribunal, procede la suspensión inmediata e indefinida del

ejercicio

de

la

abogacía

del

letrado

que

ignora

los

requerimientos de la Oficina del Procurador General. Íd.

III

El patrón de incumplimiento con nuestras órdenes que el

licenciado Díaz Vanga ha desplegado a lo largo de estos

tres

procesos

autoridad

de

en

este

su

contra

Tribunal

es

un

grave

desafío

y

una

clara

violación

a

la

del

AB-2017-0260, AB-2018-0042 y AB-2018-0234

8

mandato del Canon 9. Véase In re Pestaña Segovia, 192 DPR

485, 493-494 (2015). Se mostró indiferente ante nuestros

apercibimientos

de

sanciones

disciplinarias,

lo

que

nos

lleva a pensar que no tiene interés en seguir practicando

la abogacía. El licenciado Díaz Vanga ha tenido suficientes

oportunidades

para

demostrarnos

lo

contrario,

pero

sus

actos confirman el poco celo con que practica la profesión.

Así

pues,

suspendemos

al

licenciado

Díaz

Vanga

inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía.

Se le impone el deber de notificar a sus clientes de su

inhabilidad

cualesquiera

para

seguir

honorarios

representándolos,

recibidos

por

devolverles

trabajos

no

realizados e informar inmediatamente de su suspensión a los

foros judiciales y administrativos en los que tenga algún

asunto

pendiente.

Deberá

acreditar

a

este

Tribunal

el

cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta

días a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam

y Sentencia.

Notifíquese

personalmente esta Opinión

Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Per

Curiam y

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Héctor R. Díaz Vanga

(TS-15,464)

AB-2017-0260

AB-2018-0042

AB-2018-0234

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a

2018.

30

de noviembre

de

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte de esta

Sentencia, suspendemos al licenciado Díaz Vanga

inmediata e indefinidamente del ejercicio de la

abogacía. Se le impone el deber de notificar a sus

clientes

de

su

inhabilidad

para

seguir

representándolos,

devolverles

cualesquiera

honorarios recibidos por trabajos no realizados e

informar inmediatamente de su suspensión a los

foros judiciales y administrativos en los que tenga

algún asunto pendiente. Deberá acreditar a este

Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del

término de treinta días a partir de la notificación

de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica el

Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada

señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados señor

Rivera

García

y

señor

Estrella

Martínez

no

intervinieron.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo