LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Blas de Illescas v. Hon. Ismael L. Purcell Soler, Registrador de la Propiedad de Guayama

2018 TSPR 196

Poder Judicial de Puerto Rico

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Cooperativa de Ahorro y Crédito San Blas de Illescas v. Hon. Ismael L. Purcell Soler, Registrador de la Propiedad de Guayama

RG-2017-2

Derecho Registral: Exención contributiva registral provista a las cooperativas en la Ley de Cooperativas y la Ley de Aranceles del Registro de la Propiedad. Sólo aplica cuando los documentos presentados para inscripción en el Registro sean a favor de las cooperativas y sus subsidiarios.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Cooperativa de Ahorro y Crédito

San Blas de Illescas

Peticionario

v.

Hon. Ismael L. Purcell Soler,

Registrador de la Propiedad de

Guayama

Certiorari

2018 TSPR 196

201 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: RG-2017-0002

Fecha: 6 de diciembre de 2018

Abogado de la parte peticionaria:

Lcdo. Lemuel Negrón Colón

Registrador de la Propiedad:

Hon. Ismael L. Purcell Soler

Materia: Derecho Registral: Exención contributiva registral provista

a las cooperativas en la Ley de Cooperativas y la Ley de Aranceles

del Registro de la Propiedad.

Sólo aplica cuando los documentos

presentados para inscripción en el Registro sean a favor de las

cooperativas y sus subsidiarios.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Cooperativa de Ahorro y

Crédito San Blas de

Illescas

Peticionarios

v.

Núm. RG-2017-0002

Hon. Ismael L. Purcell

Soler, Registrador de la

Propiedad de Guayama

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 6 de diciembre de 2018.

En

esta

ocasión,

nos

corresponde

ejercer

nuestra

jurisdicción gubernativa para determinar si la exención provista

en el Art. 6.08 de la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y

Crédito, Ley Núm. 255 de 28 de octubre de 2002, según enmendada,

7 LPRA sec. 1361 et seq. (Ley de Cooperativas) y la Ley de

Aranceles del Registro de la Propiedad, Ley Núm. 91 de 30 de mayo

de 1970, según enmendada, 30 LPRA sec. 1767a et seq., (Ley de

aranceles registrales), exime del pago de arancel a un tercero

cuando se presenta en el Registro de la Propiedad una escritura

de compraventa mediante la cual el tercero adquiere un inmueble

de una cooperativa de la cual es socio cooperativista.

I.

El 28 de marzo de 2017, la Cooperativa de Ahorro y Crédito

San Blas de Illescas (Cooperativa y/o Peticionaria) y la Sra.

Wanda Enid González de Jesús, socia cooperativista,

suscribieron la escritura de compraventa Núm. 8 de 28 de marzo de

2017 ante el notario Lemuel Negrón Colón en Santa Isabel, Puerto

RG-2017-0002

2

Rico. En ésta, la Cooperativa vendió un inmueble de su propiedad

adquirido mediante el proceso de ejecución de hipoteca, a la

señora González de Jesús. El inmueble objeto de la escritura se

describe registralmente de la siguiente manera:

RÚSTICA: Solar número Diez (10): Parcela de terreno

radicada en el Barrio Jauca Segunda del término

municipal de Santa Isabel, Puerto Rico, compuesta de

NOVECIENTOS

CINCUENTA

Y

SIETE

PUNTO

DOS

MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (957.2488

MC), equivalentes a CERO PUNTO DOS MIL CUATROCIENTOS

TREINTA Y CINCO CUERDAS (0.2435). En lindes por el

NORTE, con solar número nueve (9); por el SUR, con el

camino municipal; por el ESTE, con la parcela número

setenta y ocho (78); por el OESTE, con faja de terreno

para uso público.

La cláusula J de la escritura de compraventa dispuso lo siguiente:

J. Pago de Sellos de Rentas Internas, de Asistencia

Legal y Comprobantes de presentación al Registro de la

Propiedad. Según estipula el Artículo 1344 del Código

Civil de Puerto Rico, los gastos de otorgamiento de

escritura serán de cuenta del vendedor y los de la

primera copia y los demás posteriores a la venta será

de cuenta del comprador, salvo pacto en contrario. En

el presente otorgamiento no se ha hecho pacto en

contrario por el cual el Vendedor pagará los honorarios

notariales, los sellos de rentas internas y de

asistencia legal correspondientes al original de esta

escritura de compraventa, al igual que cualquier otro

gasto relacionado con la cancelación de cualquier

gravamen.

El

Comprador

pagará

los

honorarios

notariales, los sellos de rentas internas, los sellos

de asistencia legal y los comprobantes de inscripción

y presentación en el Registro de la Propiedad, según

requiere la ley, correspondientes a la primera copia

certificada de esta escritura de compraventa. La parte

vendedora ha reclamado su exención del pago de aranceles

en virtud del “artículo 6.08 de la Ley 255 de 28 de

octubre de 2002, según enmendada 7 LPRA 1366g” de la

Ley de Sociedades Cooperativas.

El 29 de marzo de 2017, la Cooperativa presentó para su

inscripción ante el Registro de la Propiedad la escritura de

compraventa, a la cual se le asignó el asiento registral 2017034936-GA01. El 2 de junio de 2017, el Hon. Ismael L. Purcell

Soler, Registrador de la Propiedad de Guayama (Registrador),

notificó varias faltas que impedían la calificación e inscripción

RG-2017-0002

3

del documento. Señaló que la escritura de compraventa se presentó

sin los aranceles correspondientes para el pago de la inscripción

y

presentación.

En

su

comunicación

hizo

referencia

a

las

disposiciones aplicables de la Ley del Registro de la Propiedad

Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como

también a la Ley de Aranceles del Registro de la Propiedad

Inmobiliaria y a la Ley de Cooperativas. Indicó específicamente

que

la

exención

Cooperativas,

“del

no

es

pago

de

aranceles

transferible

a

un

de

la

Ley

de

las

Carta

de

escrito

de

tercero.”

Notificación, Apéndice, en la pág. 9.

Oportunamente,

la

Cooperativa

presentó

su

recalificación. En éste arguyó que el Art. 6.08 de la Ley de

Cooperativas

y

las

disposiciones

de

la

ley

que

regulan

los

aranceles registrales, eximen a toda cooperativa del pago de

cualquier contribución impuesta, incluyendo, el “pago de toda

clase de derechos prescritos para la inscripción de documentos y

demás operaciones en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico.”

30

LPRA

sec.

1770d.1

La

Cooperativa

señaló,

además,

que

la

La disposición que regula la exención de los aranceles

registrales y notariales de las cooperativas, está codificada en

30 LPRA sec. 1770d. La primera oración de la sección corresponde

a la Ley Núm. 114 de 12 de julio de 1960 y regula lo concerniente

al arancel registral. La segunda oración es una enmienda que se

introdujo a la Ley Núm. 114 mediante la Ley Núm. 24 del 13 de

junio de 1966, para recoger la exención del arancel notarial. El

texto codificado lee:

1

Se exime a las sociedades cooperativas organizadas con

arreglo a las leyes de Puerto Rico y aquellas sociedades

y corporaciones extranjeras que operen como sociedades

cooperativas según se definen en el Artículo 2 de la

Ley 291 del 9 de abril de 1946, del pago de toda clase

de

derechos

prescritos

para

la

presentación

e

inscripción de documentos y demás operaciones en el

Registro de la Propiedad de Puerto Rico. Se exime a

dichas sociedades cooperativas, además, del pago de los

derechos prescritos por las secs. 851 a 858 del Título

4, en toda contratación en que disponga de, grave, o

enajene sus bienes, así como en toda contratación con

RG-2017-0002

4

escritura de compraventa se presentó conforme exigen los estatutos

arancelarios aplicables y que debía estar exenta del pago de los

derechos y aranceles correspondientes. Indicó fundamentalmente,

que

la

exención

que

gozan

las

cooperativas

relacionadas

al

“arancel registral” beneficia a un tercero, en este caso a la

socia cooperativista. Específicamente, señaló lo siguiente:

Según el referido artículo 6.08 de la [Ley de

Cooperativas], la ley es clara a los fines de que se

incluye la exención del pago de derechos, sellos o

comprobantes

de

rentas

internas

relativos

al

otorgamiento de toda clase de documentos públicos y

privados, del pago de cargos, derechos, sellos o

comprobantes de rentas internas relativos a la

inscripción de los mismos en el Registro de la

Propiedad. Id., en la pág. 4. (Énfasis en original.)

Atendido el escrito, el Registrador denegó nuevamente la

inscripción solicitada. Fundamentó su posición en que ni de la

Ley de Cooperativas ni de la Ley de aranceles registrales se

desprendía

que

la

exención

provista

a

las

cooperativas

se

extendiera igual a terceras personas que hicieran negocios con

éstas. Por lo que, tratándose de una legislación de naturaleza

contributiva, la exención debía aparecer expresamente en el texto

de la ley. En ausencia de ello, no podía reconocerse la exención

reclamada.

Específicamente, al interpretar las leyes que eximen

del pago de aranceles, el Registrador concluyó: “[ni del] texto,

ni de la exposición surge de ‘forma expresa’ que la intención de

la Asamblea Legislativa haya sido que la exención del pago del

arancel

registral

esté

disponible

en

transacciones

donde

el

derecho que se pretende inscribir es a favor de un tercero.”

Denegatoria a Escrito de Recalificación, en la pág. 3.

sus socios que se relacione con los fines para los

cuales

se

hayan

organizado

tales

sociedades

cooperativas.

RG-2017-0002

5

Inconforme con tal proceder, la Cooperativa recurrió ante

este Tribunal e interpuso el correspondiente recurso gubernativo.

Mediante éste, la Cooperativa discrepó de la nota del Registrador

y arguyó, en esencia, que:

[L]a situación planteada es que el documento notificado

es un documento público otorgado por la cooperativa

para transferir el inmueble, no le transfiere la

exención al tercero. La cooperativa mantiene interés en

que el inmueble cese de estar inscrito a su nombre e

inevitablemente es el mismo documento en el que se

inscribirá a favor del tercero. El documento presentado

no es susceptible de considerarse como un documento

distinto por el hecho de que a una escritura de

compraventa comparezca de una parte la cooperativa

vendedora y de la otra parte un socio comprador. Según

el referido artículo 6.08 de la Ley de Sociedades

Cooperativas, la ley es clara a los fines de que se

incluye la exención del pago de derechos, sellos o

comprobantes

de

rentas

internas

relativos

al

otorgamiento de toda clase de documentos públicos y

privados, del pago de cargos, derechos, sellos o

comprobantes de rentas internas relativos a la

inscripción de los mismos en el Registro de la

Propiedad. Recurso Gubernativo, en la págs. 3-4.

(Énfasis en original.)

Según planteó la Cooperativa, el documento de compraventa se

presentó

“de

la

manera

correspondiente

bajo

el

sistema

de

informática registral en la nueva Ley [Núm.] 210 el cual provee

para la presentación de documentos exentos de aranceles”. Recurso

Gubernativo, en la pág. 3.

Trabada así la controversia, procedemos a resolver.

II.

A.

La Exposición de Motivos de la Ley de Cooperativas expresa

claramente que es la política pública del Estado Libre Asociado

“encaminar el desarrollo social y económico de Puerto Rico al

amparo de los principios de justicia social, esfuerzo propio ...

control

democrático,

valores

todos

que

...

igualdad,

caracterizan

el

equidad

movimiento

y

solidaridad,”

cooperativista.

RG-2017-0002

6

Exposición de Motivos de la Ley de Sociedades Cooperativas de

Ahorro y Crédito de 2002, Ley Núm. 255 de 28 de octubre de 2002.

Por lo que se declara que el movimiento cooperativo es “una pieza

integral y un fuerte pilar para el desarrollo económico y social

del país.” Id. Por tanto, el crecimiento y fortalecimiento del

cooperativismo en Puerto Rico está revestido de alto interés

público.

Así, se explica en la exposición de motivos que el propósito

de la ley es facilitar la creación de estructuras cooperativas

para potenciar la incursión de las cooperativas en las actividades

permitidas a los demás participantes del mercado financiero;

procurar la integración económica del sector cooperativista con

otros sectores productivos; y adelantar, promover y facilitar la

integración

del

sector

de

ahorro

y

crédito

cooperativo,

especialmente a través de estructuras de integración operacional.

Id.

Para alcanzar este objetivo, el legislador detalló en la Ley

varias

exenciones

contributivas.

En

lo

pertinente

a

la

controversia ante nuestra consideración, el Art. 6.08(c) dispone

que:

(c)

Las

cooperativas

y

sus

subsidiarias

o

afiliadas

estarán exentas del pago de derechos,

arbitrios

o

aranceles

estatales

o

municipales,

incluyendo el pago de cargos por licencias, patentes,

permisos y registros, del pago de cargos, derechos,

sellos o comprobantes de rentas internas relativos al

otorgamiento de toda clase de documentos públicos y

privados, del pago de cargos, derechos, sellos o

comprobantes de rentas internas relativos a la

inscripción de los mismos en el Registro de la Propiedad

o

cualquier

otro

registro

público

u

oficina

gubernamental y del pago de cargos, derechos, sellos o

comprobantes de rentas internas relativos a la

expedición de certificaciones por dichos registros o

por

cualquier

otra

oficina

gubernamental.

Las

cooperativas y sus subsidiarias o afiliadas estarán

exentas, además, del pago de cargos, derechos, sellos

o comprobantes de rentas internas, arbitrios o

RG-2017-0002

7

aranceles requeridos en el Tribunal General de Justicia

de

Puerto

Rico

o

por

cualquier

agencia,

instrumentalidad, corporación pública del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico o cualquier subdivisión

política de éste. 7 LPRA sec. 1366g(c). (Énfasis

nuestro.)

De

manera

complementaria,

el

Reglamento

de

la

Ley

de

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002, Reglamento

Núm. 7051, en su sección 14(a), sobre la exención contributiva

dispone:

a. Las cooperativas, las subsidiarias cien por ciento

(100%)

poseídas

por

cooperativas,

las

empresas

financieras

de

segundo

grado

y

las

empresas

cooperativas

no

financieras

estarán

exentas

de

contribuciones sobre ingresos, propiedad, arbitrio,

patente o cualquier otra contribución impuesta por el

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus subdivisiones

políticas o por cualquiera de sus municipios. Las

exenciones aquí dispuestas incluirán también los

derechos, sellos, comprobantes de rentas internas

relativos

al

otorgamiento,

inscripción

y

certificaciones

del

Registro

de

la

Propiedad

relacionadas con documentos públicos y privados y los

arbitrios o aranceles estatales o municipales de todo

tipo o clasificación. (Énfasis nuestro.)

Por

otro

lado,

y

cónsono

con

lo

anterior,

en

materia

registral, la Ley para Eximir a las Sociedades Cooperativas del

Pago de Aranceles en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico,

Ley Núm. 114 de 12 de julio de 1960, según enmendada, exime a las

cooperativas “... del pago de toda clase de derechos prescritos

para

la

presentación

e

inscripción

de

documentos

y

demás

operaciones en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico”. 30

LPRA sec. 1770d (énfasis nuestro.) Además, en virtud de la Ley

Núm. 24 del 13 de junio de 1966, que enmendó la Ley Núm. 114, se

exime

también

a

las

Cooperativas

del

pago

de

los

derechos

dispuestos en la Ley de Arancel Notarial (Ley Núm. 101 de 12 de

mayo de 1943, 4 LPRA sec. 851-58), “en toda contratación en que

disponga de, grave, o enajene sus bienes, así como en toda

contratación con sus socios que se relacione con los fines para

RG-2017-0002

8

los cuales se hayan organizado tales sociedades cooperativas”. 30

LPRA sec. 1770d.

B.

De otra parte, en materia de gastos de otorgamiento de una

escritura, el Artículo 1344 del Código Civil de Puerto Rico, 31

LPRA

sec.

3751,

dispone:

“[l]os

gastos

de

otorgamiento

de

escritura serán de cuenta del vendedor, y los de la primera copia

y los demás posteriores a la venta serán de cuenta del comprador,

salvo pacto en contrario.” Cod. Civ. P.R. Art. 1344, 31 LPRA Sec.

3751.

Como sabemos, “el original de las escrituras públicas ...

que autoriza el Notario permanece en el protocolo de instrumentos

públicos que éste conserva en su oficina notarial.” Sarah Torres

Peralta, El Derecho Notarial Puertorriqueño, 12.1 (1995); Emilio

Menéndez, Lecciones de Derecho Notarial, sec. 23, pág. 42 (1967).

La copia certificada de un instrumento público recoge “el traslado

literal, total o parcial [del] documento otorgado ante Notario,

... con certificación respecto a la exactitud de su contenido ...

así como la firma, signo y rúbrica, y en todos los folios el sello

y

rúbrica

Notarial,

del

4

Notario

LPRA

sec.

autorizante.”

2061.

Artículo

Véase,

además,

39

de

la

Ley

Regla

49

del

Reglamento Notarial, 4 LPRA Ap. XXIV.

El derecho a obtener copias de las escrituras que guarda el

notario no es general. El Artículo 43 de la Ley Notarial limita

quiénes tienen derecho a obtener copia.

obtener

copia:

los

otorgantes,

sus

Entre éstos, pueden

causahabientes

o

representantes, las personas a cuyo favor resulta de la escritura

cualquier

derecho,

el

representante

de

cualquiera

de

los

otorgantes al momento de solicitar la copia, etc. 4 LPRA sec.

RG-2017-0002

9

2065. Véase también, Regla 47 del Reglamento Notarial. La copia

certificada goza de particular importancia pues, como nos indica

la profesora Torres Peralta, es ésta la que el Registrador de la

Propiedad utiliza para estudiar “en su fondo y en su forma” la

escritura presentada, para calificarla y si procede, inscribirla

en el Registro de la Propiedad. Torres Peralta, op. cit., 12.1.

Véase también, Menéndez, op. cit., págs. 64-67.

Del texto del Artículo 1344 del Código Civil surge claramente

que los cargos de otorgamiento por las partes de una escritura

pública corren por cuenta del vendedor, mientras que los que

surjan posterior al otorgamiento corresponden al comprador. Por

lo

tanto,

escritura

hay

y

que

qué

distinguir

gastos

ello

entre

el

acto

de

otorgar

supone

y

los

incidentes

una

post

otorgamiento y los gastos que en esta etapa se generan.

Sobre el Artículo 1455 del Código Civil Español, homólogo de

nuestro Artículo 1344, el profesor O’Callaghan Muñoz en sus

comentarios al Código Civil Español nos señala: “[s]i tampoco

nada se ha pactado, es obligación del comprador el pago de los

gastos posteriores a la perfección del contrato de compraventa:

de primera copia de la escritura, y ‘demás posteriores’ dice este

artículo,

que

serán

esencialmente

los

de

inscripción

en

el

Registro de la Propiedad y el pago del impuesto de transmisiones

patrimoniales o del IVA”. Xavier O’Callaghan Muñoz, Código Civil

comentado y con jurisprudencia, 1558 (8va ed. Rev. 2016) (énfasis

nuestro).

La Regla 34 del Reglamento Notarial por su parte, describe

el otorgamiento como el momento en que las partes comparecen ante

un notario y el negocio jurídico que éstos están realizando queda

recogido en el instrumento que autoriza el notario. Los gastos

RG-2017-0002

10

relacionados

honorarios

al

del

otorgamiento

notario

y

los

incluyen,

entre

otros,

aranceles

correspondientes

los

al

otorgamiento, así como cualquier gasto incidental al acto de

otorgar. Véase, Enrique Giménez Arnau, Derecho Notarial (2nda

ed., 1976), cap. XLV. Por otro lado, los gastos relacionados con

los incidentes post otorgamiento y que el Código Civil ordena

corran por cuenta del comprador incluyen, entre otros, el costo

de la copia certificada -que es la que se remite al Registro de

la Propiedad para su calificación- y los aranceles de presentación

y los de inscripción. Véase, Artículo 10 de la Ley Notarial, 4

LPRA sec. 2021; Reglas 14, 49(c)(3), Reglamento Notarial. Véase

también, O´Callaghan Muñoz, op. cit.; Menéndez, op. cit., págs.

42, 84-85; Giménez Arnau, op. cit., págs. 827-832.

C.

Según

el

proceso

de

inscripción

en

el

Registro,

el

Registrador está impedido de inscribir un documento que contenga

defectos que se originen por disposiciones de ley. 30 LPRA sec.

6387. Conforme a lo cual, al calificar, el Registrador pasa juicio

sobre el cumplimiento con el pago de los derechos arancelarios

dispuesto en las leyes aplicables, así como con otros requisitos

estatutarios que apliquen al negocio jurídico que se pretende

inscribir.

La Ley de aranceles registrales por su parte, regula los

derechos que se pagarán por las operaciones en el Registro de la

Propiedad,

incluyendo

anotación,

cancelación

Registrador,

150

DPR

el

o

298

acto

de

solicitar

una

inscripción,

liberación.

ESJ

Towers,

(2000).

el

Registrador

Así,

Inc.

de

v.

la

Propiedad tiene el deber en ley de exigir el pago del arancel

correspondiente.

Correa

Sánchez

v.

Registrador,

113

DPR

581

RG-2017-0002

11

(1982). De esta manera, se fomenta el cobro de derechos de

aranceles por cada finca o derecho comprendido en la operación

registral efectuada. Id. A tenor con esto, en el Artículo 5, la

Ley de aranceles registrales establece:

No se aceptará para presentación en el Registro de la

Propiedad de Puerto Rico ningún documento al cual no se

acompañe los correspondientes comprobantes de pago del

total de los derechos devengados por esta Ley, debiendo

el registrador poner constancia escrita de ello al pie

del documento, si así lo solicitare el interesado. De

la actuación del registrador podrá recurrirse al

Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante la radicación

del correspondiente recurso gubernativo; Disponiéndose,

que si el interesado deseare acogerse a la protección

de sus derechos registrales deberá radicar el pago total

de los derechos exigidos por el registrador de la

propiedad

antes

de

perfeccionarse

el

recurso

gubernativo. 30 LPRA sec. 1767d. (Énfasis nuestro.)

Como

hemos

indicado

en

el

pasado,

la

Ley

de

aranceles

registrales es un estatuto tributario, por lo que los aranceles

tienen el carácter de contribución. Véase Pagán Rodríguez v.

Registradora, 177 DPR 522, 537-538 (2009); Díaz v. Registrador,

107 DPR 233 (1978); Luis R. Rivera Rivera, Derecho Registral

Inmobiliario

Puertorriqueño

258

(Jurídica

Ed.

2012).

También

hemos indicado que los estatutos contributivos no se interpretarán

de forma expansiva, sino de una manera justa para hacer realidad

su

objetivo.

Además,

cuando

la

imposición

de

un

canon

contributivo no surja claro de la ley, debemos interpretarlo de

manera

favorable

al

contribuyente.

Véase,

B.B.C.

Realty

v.

Secretario Hacienda, 166 DPR 498 (2005). Véase, además R. Elfren

Bernier y otros, Aprobación e interpretación de las leyes en

Puerto Rico, San Juan, Pubs. J.T.S, 1987, pág. 464.

Antes

bien,

sobre

las

exenciones

contributivas

que

los

estatutos contributivos otorgan hemos sido claros al pautar que

éstas deben interpretarse restrictivamente. Es decir, que en caso

RG-2017-0002

12

de duda sobre si aplica una exención, tenemos que resolver en

contra

de

su

existencia,

habida

cuenta

de

que

éstas

son

privilegios excepcionales o gracias que concede el Estado para

negar los efectos de las normas tributarias generales. Véase

Pfizer Pharm. v. Mun. de Vega Baja, 182 DPR 267, 279 (2011). Este

Tribunal ha dispuesto que por ser las exenciones contributivas

“derogaciones del poder del soberano, no deben extenderse más

allá de los términos expresos y exactos del estatuto que las

otorga y toda duda debe resolverse en contra de la existencia.”

Texas Co. (P.R.) Inc. v. Trib. de Contribuciones, 82 DPR 134,

160–161

(1961).

Véanse,

además,

Ortiz

Chévere

v.

Srio.

de

Hacienda, 186 DPR 951 (2012); Interior Developers v. Mun. de San

Juan,

177

DPR

693

(2009); Director

of.

Inspección

Notarías

v. Colón, 131 DPR 102 (1992); Gotay Lanuza v. Srio. de Hacienda,

122 DPR 850 (1988). Esto, siempre y cuando no se frustre la

intención legislativa. Pfizer Pharm. v. Mun. de Vega Baja, ante.

III.

a.

Según surge de los hechos reseñados, en el caso que nos ocupa

la Cooperativa le vendió a la señora González de Jesús un bien

inmueble. De acuerdo con el principio de la autonomía contractual,

las

partes

pactaron

en

la

cláusula

J

de

la

escritura

de

compraventa el pago de los derechos arancelarios conforme dispone

el Artículo 1344 del Código Civil de Puerto Rico. 31 LPRA sec.

3751.

Es

decir,

los

cargos

de

otorgamiento

de

la

escritura

correspondían al vendedor, la Cooperativa, y la señora González

de Jesús asumía el pago de la primera escritura certificada y

cualquier otro cargo post otorgamiento. En esta cláusula, además,

la Cooperativa reclamó “su exención del pago de aranceles en

RG-2017-0002

13

virtud del ‘artículo 6.08 de la Ley 255 de 28 de octubre de 2002,

según

enmendada

7

LPRA

1366g,

de

la

Ley

de

Sociedades

Cooperativas”. Este lenguaje contractual sería suficiente para

rechazar los planteamientos de la Cooperativa. Véase discusión,

infra.

En

el

recurso

gubernativo

presentado

ante

nosotros,

el

notario que autoriza la escritura de compraventa y quien suscribe

el recurso, indica, sorpresivamente, que “[n]o es correcto que

ese fue el pacto entre las partes.” Asevera que “incurrimos en un

error o ambivalencia en cuanto a lo pactado por las partes sobre

la distribución de los gastos de escritura.” De la explicación

que ofrece, tal parece que se trata de un error por un “cortar y

pegar”, cut and paste, que provocó que en la escritura ante

nuestra consideración se incluyera el texto de otra escritura. Su

“explicación”

va

dirigida,

a

todas

luces

a

que

obviemos

la

referencia al Artículo 1344 del Código Civil. No nos convence el

Peticionario.

El notario es un profesional del Derecho y es el único

funcionario “autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las

leyes,

los

contratos

...

que

en

su

presencia

se

realicen.”

Artículo 2 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2002. “La sociedad

debe tener en todo notario una garantía de certeza y limpieza en

los actos y contratos cuya autenticación le encomienda...”. In re

Meléndez

Pérez,

104

DPR

770,

776

(1976).

La

dación

de

fe,

“condición esencial que inviste al notario como funcionario”, le

imparte

al

documento

o

al

acto

en

que

éste

interviene

una

presunción de verdad. Menéndez, op. cit., sec. 18, pág. 31.

Conviene recordar lo que indicamos en In re Jesús Rivera Arvelo,

132 DPR 840, 863 (1983) (citas omitidas):

RG-2017-0002

14

Como custodio de la fe pública, cuando un notario

autoriza un documento presuntamente da fe y ´asegura

que ese documento cumple con todas las formalidades de

ley, formal y sustantivamente, que el documento es legal

y verdadero, y que se trata de una transacción válida

y legítima'. ... Faltar a la veracidad de los hechos

es, por lo tanto, una de las faltas más graves

que como custodio de

dicha

fe

puede

cometer

un

notario. ... No sólo quebranta la fe pública notarial,

sino también socava la integridad de la profesión al

incumplir con el deber de honradez y sinceridad que a

todo abogado le impone el Canon 35 del Código de Ética

Profesional.

Todo lo cual nos lleva a rechazar el argumento del Peticionario

de que la escritura de compraventa hay que leerla e interpretarla

al

margen

de

lo

Desafortunadamente

que

en

ella

se

para

el

notario,

indica

los

expresamente.

errores

tienen

consecuencias.

b.

La profesora Torres Peralta nos señala correctamente que,

“la inmensa mayoría de las escrituras públicas se otorgan con el

propósito de su inscripción en el Registro de la Propiedad”.

Torres Peralta, op. cit., 12.1. A esos efectos, la escritura de

compraventa Núm. 8 de 28 de marzo de 2017 se presentó en el

Registro de la Propiedad para su calificación e inscripción. La

Cooperativa,

ente

presentante,

no

incluyó

los

aranceles

correspondientes a los cargos por presentación e inscripción en

el

Registro.

Ello

provocó

las

faltas

notificadas

por

el

Registrador y eventualmente el recurso gubernativo ante nuestra

consideración.

Como señalamos anteriormente, la Cooperativa sostiene que,

contrario a lo expuesto por el Registrador, ésta no transfirió su

exención del pago del arancel registral a un tercero al amparo de

la Ley de Cooperativas. Por el contrario, alega que el mero hecho

de ser la parte vendedora en la escritura de compraventa es

RG-2017-0002

15

suficiente para que se active la exención provista en el Artículo

6.08 de la Ley de Cooperativas. En otras palabras, la contención

de la Cooperativa es que su exención arancelaria registral se

activa para todos los negocios jurídicos inscribibles en el

Registro en los que una cooperativa es parte, independientemente

de que la inscripción sea o no a su favor. Esta postura no nos

convence.

Según reseñamos, el Artículo 1344 del Código Civil establece

la

obligación

de

la

parte

compradora

en

una

escritura

de

compraventa de pagar los gastos posteriores al otorgamiento. 31

LPRA sec. 3751. Ello incluye, entre otros, los gastos de la copia

certificada de la escritura que el notario expide, así como los

costes

de

presentación

e

inscripción

en

el

Registro

de

la

Propiedad. Las partes en la transacción objeto de este recurso

gubernativo

invocaron

dicho

articulado

como

el

acuerdo

que

pactaban referente al pago de los derechos arancelarios. Queda

meridianamente claro que conforme el acuerdo entre las partes es

a la señora González de Jesús a quien le corresponde satisfacer

el pago de los derechos post otorgamiento de la escritura de

compraventa,

lo

que

evidentemente

incluye

los

aranceles

de

presentación e inscripción en el Registro de la Propiedad. Para

efectos de la Ley de Cooperativas, la señora González de Jesús,

la compradora, es un tercero que no se beneficia de la exención

que la ley le confiere a la cooperativa del pago del arancel

registral.

El hecho que la Cooperativa haya invocado en la cláusula J

su

exención

del

pago

de

aranceles

acorde

con

la

Ley

de

Cooperativas en nada afecta nuestra conclusión. Al haber invocado

el Art. 1344 del Código Civil, cuyo texto le impone al comprador

RG-2017-0002

16

el pago de los gastos relacionados con la inscripción de la

escritura en el Registro de la Propiedad, la Cooperativa estaba

imposibilitada de invocar esa exención.

La exención arancelaria provista por la Ley de Cooperativas

aplica cuando el negocio jurídico que se inscribirá en el Registro

de la Propiedad sea a favor de la cooperativa. Nada hay en la Ley

de Cooperativas que nos permita concluir que la Peticionaria puede

“transferir” o que su exención arancelaria sea extensible a un

tercero. Como indicamos, este Tribunal ha resuelto, que cuando se

trata

de

una

exención

contributiva,

ésta

tiene

que

surgir

expresamente en la ley. En caso de duda, debemos resolver en

contra de su existencia ya que, como se indicó, las exenciones

son privilegios excepcionales concedidos por el Estado. Pfizer

Pharm. v. Mun. de Vega Baja, ante.

Aquí conviene reseñar brevemente lo que resolvimos en Estados

Unidos v. Registrador de la Propiedad, 116 DPR 269 (1985), en un

contexto similar. En ese caso, la Administración de Hogares para

Agricultores, agencia del gobierno de Estados Unidos, vendió un

inmueble

a

un

matrimonio.

Oportunamente,

la

escritura

de

compraventa se presentó en el Registro de la Propiedad para su

inscripción, pero el Registrador se negó a inscribir “por no

haberse depositado los comprobantes acreditativos del pago de los

gastos de sellos notariales e inscripción en el Registro.” Estados

Unidos

v.

Registrador

compradores

acudieron

gubernativo.

Éstos

de

la

ante

adujeron

Propiedad,

ante,

pág.

270.

este

Tribunal

en

un

en

escrito

que

procedía

su

Los

recurso

la

inscripción de la escritura libre del pago de derechos ya que el

gobierno de Estados Unidos “está exento de la obligación” de pagar

los aranceles correspondientes, a tenor con la Ley Núm. 81 de 22

RG-2017-0002

17

de junio de 1954, 32 LPRA sec. 1492 ss.2 Indicaron que la exención

del gobierno de Estados Unidos “cobija también a sus compradores,

aun cuando exista, como aquí, pacto en contrario.” Estados Unidos,

ante, pág. 271.

Al

confirmar

al

Registrador

de

la

Propiedad

indicamos

primero, que en la escritura de compraventa en ese caso la

compradora

se

había

comprometido

a

asumir

los

gastos

de

la

escritura, su copia certificada y los de su inscripción en el

Registro de la Propiedad, lo que era suficiente para confirmar la

nota del Registrador. Reconocimos sin embargo la necesidad de

aclarar los conflictos que surgían sobre si las exenciones que la

2

El Art. 1 de la Ley Núm. 81 dispone:

Todo documento público o privado otorgado para los

efectos

de

contratar

y

garantizar

préstamos

hipotecarios, de refacción agrícola o de cualquier otra

naturaleza, por el Gobierno de los Estados Unidos de

América

o

por

cualquiera

de

sus

agencias

o

instrumentalidades, así como todo otro documento

público o privado otorgado para comprobar la entrega

del importe del préstamo, o el pago de dicho préstamo

en todo o en parte, así como la cancelación total o

parcial de las garantías correspondientes, y todo otro

documento público o privado que sea necesario otorgarse

en

relación

con

dichos

préstamos

y

garantías

correspondientes serán autenticados por cualquier

notario de Puerto Rico o funcionario público en su caso,

libre de los derechos prescritos por las leyes. 32 LPRA

sec. 1492. (Énfasis nuestro.)

El Art. 2 de dicha ley dispone:

Las escrituras y otros documentos a que se refiere la

sec. 1492 de este título serán inscritos en los

registros de la propiedad de Puerto Rico libres de

derechos, contribuciones o impuestos de cualquier

naturaleza

prescritos

por

las

leyes

para

las

operaciones de esos registros. Los procedimientos

judiciales que fuere necesario o indispensable tramitar

por el Gobierno de los Estados Unidos o por sus agencias

o instrumentalidades en relación con los procedimientos

señalados en la sec. 1492 de este título estarán exentos

del pago de todos los derechos arancelarios que las

leyes exijan. 32 LPRA sec. 1492. (Énfasis nuestro.)

RG-2017-0002

18

ley le confería al gobierno de Estados Unidos se extendían a

terceras personas.

Luego

de

analizar

la

concluimos

que

no

razón

había

ley

y

o

su

historial

explicación

legislativo

alguna

que

nos

permitiese una lectura laxa de la Ley Núm. 81 para extender los

beneficios arancelarios del gobierno de Estados Unidos a terceros.

Rechazamos así el planteamiento concluyendo que “[c]uando la

Asamblea Legislativa ha querido eximir del pago de derechos de

inscripción a agencias estatales, federales o a cualquier persona

o entidad particular lo ha hecho en forma expresa.” Estados Unidos

v. Registrador de la Propiedad, ante.

Al

igual

que

en

Estados

Unidos

v.

Registrador

de

la

Propiedad, ante, en este caso no hemos encontrado nada en la ley

o su historial que nos permita concluir que en efecto la intención

de la Asamblea Legislativa fue hacer extensiva a terceros las

exenciones

vehículo

arancelarias

para

fomentar

concedidas

su

a

las

crecimiento.

No

cooperativas

como

hay

una

duda

que

escritura de compraventa mediante la cual una cooperativa adquiere

un inmueble estará exenta del pago de aranceles en el Registro de

la Propiedad. Sin embargo, la Ley guarda silencio en torno a si

dichas exenciones son extensibles a quienes adquieran de una

cooperativa un inmueble y presentar la escritura para inscripción.

Al revisar el historial legislativo de la Ley Núm. 24 del 13

de junio de 1966, que como vimos enmendó la Ley Núm. 114 añadiendo

una

segunda

oración

para

eximir

a

las

cooperativas

de

los

aranceles notariales, surge que la Comisión de lo Judicial de la

Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

al comentar el P. del S. 264, que se convirtió en la Ley Núm. 24,

afirmó lo siguiente:

RG-2017-0002

19

La enmienda que recomienda vuestra Comisión tiene el

propósito de fijar con claridad suficiente, el tipo de

contratación que quedará exento del pago de tales

derechos evitando así que posibles terceras personas

que puedan negociar con las cooperativas, se beneficien

de las disposiciones de la medida, más allá de la

intención legislativa. (Énfasis nuestro.)

Estas expresiones, si algo, militan en contra de la postura

asumida por la Cooperativa ante el Registrador y este Tribunal.

De éstas se desprende diáfanamente que la intención del legislador

fue que las exenciones relacionadas con los aranceles notariales

aplicasen

exclusivamente

a

las

cooperativas

y

no

a

quienes

negocian con éstas. No es irrazonable concluir también que lo

dispuesto en la primera oración de ese articulado referente a los

aranceles registrales, sólo está disponible para las cooperativas

cuando inscriben un negocio a su favor y no a terceras personas

que

negocian

con

éstas.

Consideramos

que

sólo

de

esa

forma

adelantamos los propósitos y la política pública que se establece

en la Ley de Cooperativas.3

Para resumir, la Ley de Cooperativas y la Ley de aranceles

registrales, están huérfanas de expresión alguna indicativa de

que su propósito haya sido proveerle a toda persona que haga

negocios con una cooperativa el derecho a beneficiarse de una

exención contributiva registral que por gracia del Estado se le

concedió a las cooperativas. A fin de cuentas, el propósito de

una exención es favorecer la inscripción de bienes inmuebles a

favor de las cooperativas como mecanismo que permite desarrollar

el potencial adquisitivo de estas entidades y de esta forma su

El argumento de la Cooperativa de que tiene interés “en que el

inmueble cese de estar inscrito a su nombre”, es insuficiente

para dejar a un lado el texto de la ley y leer una exención donde

no la hay. Después de todo, como hemos dicho tantas veces, el

Registro ni quita ni da derechos.

3

RG-2017-0002

20

inserción en el mercado. Cobijar a un tercero con dicha extensión

en nada abona a ese claro objetivo.

Evaluadas las contenciones de las partes a la luz del Derecho

aplicable

y

predicado

en

ello,

concluimos

que

el

argumento

esgrimido por la Cooperativa no encuentra apoyo ni en el texto de

las leyes que hemos interpretado ni en su historial legislativo.

Tal lectura no es cónsona con el objetivo que persigue la exención

concedida.

contributiva

Por

todo

registral

lo

cual,

sólo

resolvemos

aplicará

que

cuando

la

los

exención

documentos

presentados para inscribirse en el Registro sean a favor de las

Cooperativas y sus subsidiarias.4

En mérito de la discusión que antecede, se confirma la nota

del Registrador de la Propiedad. Se devuelve el caso al Registro

de la Propiedad para el trámite que corresponda.

Se dictará sentencia de conformidad.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

Claro está, nada impide que, en el futuro, la Asamblea

Legislativa enmiende la ley para atender la situación que la

cooperativa plantea en su recurso gubernativo. Ese sería el

vehículo adecuado para atender su reclamo.

4

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Cooperativa de Ahorro y

Crédito San Blas de

Illescas

Peticionarios

v.

Núm. RG-2017-0002

Hon. Ismael L. Purcell

Soler, Registrador de la

Propiedad de Guayama

Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de diciembre de 2018.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia, se

confirma la nota del Registrador de la Propiedad. Se devuelve

el caso al Registro de la Propiedad para el trámite que

corresponda.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez

Asociado señor Estrella Martínez concurre con las siguientes

expresiones:

“El Juez Asociado señor Estrella Martínez

concurre con el resultado al cual llega la Mayoría,

pues entiende que la Asamblea Legislativa no ha

sido expresa en eximir a las cooperativas del pago

de aranceles registrales por instrumentos públicos

a favor de terceros. Esto, pues conforme al

precedente en materia de contribuciones, las

exenciones de aranceles deben ser claras y

expresas. Véase, Estados Unidos v. Registrador de

la Propiedad, 116 DPR 269, 274 (1985), donde

interpretamos que las exenciones contributivas de

las agencias federales del “pago de toda clase de

derechos

prescritos

para

la

inscripción

de

documentos y demás operaciones en el Registro de la

Propiedad de Puerto Rico” no es lo suficientemente

expresa como para extenderse a los compradores. En

consecuencia, cuando el documento a inscribirse sea

a favor de un tercero -como un comprador- la

cooperativa que presente un documento ante el

Registro de la Propiedad deberá pagar los aranceles

RG-2017-0002

registrales

correspondientes,

entiéndase,

comprobante de presentación, el comprobante

inscripción y el sello del Código Político.

2

el

de

Sin embargo, la Asamblea Legislativa sí ha

sido clara al disponer que las cooperativas están

exentas de pagar aranceles notariales “en toda

contratación en que disponga de, grave, o enajene

sus bienes, así como en toda contratación con sus

socios que se relacione con los fines para los

cuales se hayan organizado tales sociedades

corporativas”. (Énfasis suplido). Ley para eximir

a las sociedades cooperativas del pago de aranceles

en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico, Ley

Núm. 114 de 12 de julio de 1960, según enmendada,

4 LPRA sec. 1770d. Por tanto, las cooperativas no

están obligadas a abonar los aranceles notariales

que se deben en el otorgamiento de la escritura, a

saber, el sello de rentas internas, el sello de

impuesto notarial y el sello de la Sociedad para la

Asistencia Legal. A raíz de ello, de la intención

legislativa se desprende que “la medida amplía la

exención del pago de derechos para incluir todos

los derechos arancelarios (rentas internas) en

relación con el otorgamiento de toda clase de

documentos e instrumentos autorizados por notario

público, que hayan de ser protocolizados en los

cuales sea una cooperativa una de las partes”.

(Énfasis suplido). P. del S. 264 de 12 de enero de

1966, Informe Comisión de lo Jurídico Civil del

Senado, pág. 1. Cónsono con ello, la Comisión de lo

Judicial de la Cámara de Representantes interpretó

que las cooperativas:

[Q]uedarán exentas de pagar los derechos

que

por

ley

se

cancelan

de

los

instrumentos públicos que se otorgan ante

notario en Puerto Rico siempre que:

1. La contratación sea para enajenar los

bienes de la cooperativa o disponer de

ellos;

2.

la

contratación

sea

entre

la

cooperativa y sus socios y responda a los

fines para los cuales fue[sic] creada la

cooperativa. (Énfasis suplido). P. del S.

264 de 12 de enero de 1966, Informe

Comisión de lo Judicial de la Cámara de

Representantes, 2da Sesión Ordinaria,

5ta Asamblea Legislativa, pág. 1.

Por todo lo anterior, a diferencia de lo

plasmado en la Opinión, opino que la Cooperativa de

Ahorro y Crédito San Blas de Illescas del caso de

epígrafe sí está exenta de pagar los aranceles

RG-2017-0002

3

notariales. Esto, pues la Cooperativa es parte del

negocio jurídico reflejado en la escritura, el

instrumento

público

tiene

como

efecto

la

enajenación de un bien de la Cooperativa y la

contratación fue con una socia de la Cooperativa.

No obstante, por no incidir en el resultado en

cuánto a los aranceles registrales, concurro.”

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo