LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Roig Pou y otros v. Registro Demográfico de Puerto Rico

2018 TSPR 184

Poder Judicial de Puerto Rico

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Roig Pou y otros v. Registro Demográfico de Puerto Rico

CC-2018-637

Resolución con Voto particular disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rafael L. Roig Pou y otros

Ex parte

Certiorari

Peticionarios

2018 TSPR 184

v.

201 DPR ____

Registro Demográfico de

Puerto Rico

Recurrida

Número del Caso: CC-2018-637

Fecha: 15 de noviembre de 2018

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón y Carolina

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Oscar Nieves Díaz

Lcdo. Diego J. Loinaz Martin

Materia: Resolución del Tribunal, Resolución nunc pro tunc y Voto

particular disidente.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rafael L. Roig Pou y otros

Ex parte

Peticionarios

v.

Registro Demográfico de

Puerto Rico

Certiorari

CC-2018-0637

Agencia Recurrida

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2018.

A la petición de certiorari, no ha lugar. A

la Solicitud de Relevo de Representación Legal y

Asumiendo Representación Legal presentada por la

parte peticionaria, ha lugar.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y certifica

el

Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado

señor Estrella Martínez emitió un Voto particular

disidente al cual se unieron la Jueza Presidenta

Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón

Pérez.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rafael L. Roig Pou y otros

Ex parte

Peticionarios

v.

Registro Demográfico de

Puerto Rico

Certiorari

CC-2018-0637

Agencia Recurrida

RESOLUCIÓN

(Nunc Pro Tunc)

San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2018.

Se enmienda nunc pro tunc nuestra Resolución

de 14 de noviembre de 2018 a los únicos fines de

hacer constar que el Juez Asociado señor Rivera

García se unió al Voto particular disidente

emitido por el Juez Asociado señor Estrella

Martínez.

Notifíquese inmediatamente.

Lo

acordó

el

Tribunal

y

Secretario del Tribunal Supremo.

certifica

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

el

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rafael L. Roig Pou y otros

Ex parte

Peticionarios

CC-2018-0637

Certiorari

v.

Registro Demográfico de

Puerto Rico

Agencia Recurrida

Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado

señor ESTRELLA MARTÍNEZ, al cual se une la Jueza Presidenta

ORONOZ RODRÍGUEZ y los Jueces Asociados señores RIVERA

GARCÍA y COLÓN PÉREZ.

San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2018.

¿Qué necesidad tiene el Estado de inmiscuirse en el

seno familiar para impedir que unos padres solidifiquen el

vínculo

con

sus

hijos

mediante

un

guion

que

una

sus

apellidos paterno y materno? A mi juicio, no existe un

interés apremiante que lo justifique. Por ello, disiento.

En vista de lo anterior, procedo a exponer el contexto

fáctico

en

el

cual

se

desarrolló

consideración.

I

el

caso

ante

nuestra

CC-2018-0637

2

El Sr. Rafael Luis Roig Pou y la Sra. Ana Servanda

Moyka Fleytas (peticionarios o esposos Roig-Moyka) son los

padres de un par de gemelos que nacieron en San Juan,

Puerto Rico, el 25 de febrero de 2003. Conforme surge de

los certificados de nacimiento expedidos por el Registro

Demográfico de Puerto Rico, los menores aparecen inscritos

con los nombres de Carlos Daniel Roig Moyka y Rafael Andrés

Roig Moyka.

El

2

de

junio

de

2017,

los

esposos

Roig-Moyka

presentaron una Petición sobre ad perpetuam rei memoriam

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. En

la misma, consignaron su deseo de unir por medio de un

guion los dos apellidos de sus hijos, de modo que leyeran

“Roig-Moyka”. Amparados en el procedimiento para el cambio,

adición o modificación de nombre o apellidos estatuido en

el Art. 31 de la Ley del Registro Demográfico de Puerto

Rico (Ley del Registro Demográfico), 24 LPRA sec. 1231, los

peticionarios solicitaron que se ordenara a la Directora

del Registro Demográfico a enmendar los correspondientes

certificados de nacimiento conforme al cambio solicitado.1

Así las cosas, el 28 de junio de 2017, el Registro

Demográfico compareció mediante una Moción Informativa y se

1Junto

a la Petición, los esposos Roig-Moyka también

acompañaron copia de su certificado de matrimonio y de sus

respectivos nacimientos. Además, cada uno de los cónyuges

anejó

los

siguientes

documentos:

(1)

Certificación

negativa

de

antecedentes

penales;

(2)

Certificación

negativa de caso de pensión alimentaria; (3) Certificación

negativa de deuda con el Departamento de Hacienda; (4)

Certificación

negativa

de

deuda

con

el

Centro

de

Recaudaciones de Ingresos; (5) Certificación negativa de

quiebra y (6) copia de licencia de conducir.

CC-2018-0637

3

opuso a la solicitud de los peticionarios. En primer orden,

adujo que la Ley del Registro Demográfico no reconoce ni

menciona el uso de símbolos o caracteres en la creación de

nombres

o

apellidos.

Segundo,

arguyó

que

el

uso

del

mecanismo dispuesto en el Art. 31 de la Ley del Registro

Demográfico, supra, se limitaba a la corrección de errores

u omisiones en los certificados de nacimiento. Por último,

cuestionó

las

implicaciones

que

a

su

juicio

acarreaba

acceder a lo pedido, haciendo constar que:

[L]o solicitado es usar la unión de dos

apellidos mediante símbolos o caracteres para

crear uno nuevo para el cual no se justifica

procedencia alguna [.] Aquí no hay un tracto

registral del cual surja este nuevo apellido. La

creación de este nuevo apellido rompe con todo

tracto exacto y perfecto que deben tener los

asientos registrales. Estamos ante la disyuntiva

de saber si este nuevo apellido se colocaría en

el encasillado paterno o materno [.] Una vez

roto ese tracto [,] el mismo certificado de

nacimiento se contradeciría de su propia faz,

esto porque los menores constarían con un

apellido totalmente diferente al de sus padres.2

El 18 de julio de 2017, los peticionarios replicaron. A

tal fin, trajeron al plano de la discusión lo resuelto

mediante Sentencia en Andino Torres, Ex-parte, 151 DPR 794

(2000). Ello, con el propósito de invitar al foro primario

a tener presente que el procedimiento en cuestión, aparte

de

cambios

correctivos,

también

provee

para

cambios

enmendatorios, siempre y cuando la alteración solicitada no

presuponga un cambio real y sustancial en las constancias

registrales. De ese modo, los peticionarios arguyeron que

la unión del apellido paterno y materno por un guion no

2Moción

informativa, apéndice del certiorari, pág. 70.

CC-2018-0637

4

constituía un cambio sustancial, pues de ninguna manera

suprimía la

información que ya

constaba en el

Registro

Demográfico.

El 19 de diciembre de 2017, el foro primario notificó

una Resolución denegando la solicitud de los peticionarios.

Amparado en el texto del Art. 31 de la Ley del Registro

Demográfico, supra, y lo resuelto en Delgado, ex parte, 165

DPR 170 (2005), el Tribunal de Primera Instancia razonó que

el cambio, adición o modificación de un nombre o apellido

debía responder a circunstancias excepcionales y que los

peticionarios no habían demostrado tener una justificación

válida para lo solicitado. Además, resolvió que el cambio

solicitado equivalía a la creación de un nuevo apellido,

por lo que se trataba de un cambio sustancial que no estaba

permitido.3

Oportunamente,

reconsideración

del

los

peticionarios

dictamen.

Entre

sus

solicitaron

la

planteamientos,

argumentaron que si bien en Delgado, ex parte, supra, este

Tribunal

no

había

autorizado

el

cambio

de

sexo

en

un

certificado de nacimiento, sí permitió el cambio de nombre.

Además, arguyeron que la denegatoria del cambio de apellido

solicitado incidía sobre su derecho constitucional a la

vida privada y familiar.4 La reconsideración fue denegada.

En desacuerdo, los peticionarios presentaron un recurso

de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Argumentaron

3Resolución,

4Solicitud

apéndice del certiorari, pág. 86.

de

certiorari, pág. 90.

reconsideración,

apéndice

del

CC-2018-0637

5

que lo resuelto por el foro de instancia, respecto a la

existencia

de

una

circunstancia

requisito

para

autorizar

encontraba

apoyo

Igualmente,

plantearon

el

cambio

estatutario,

que

extraordinaria

lo

como

solicitado,

ni

no

jurisprudencial.

decidido

violentaba

su

derecho a la propia identidad, a la libertad de expresión y

a la vida plena.

Luego de varios incidentes procesales, el 13 de junio

de

2018,

el

solicitado.

foro

intermedio

Oportunamente,

los

denegó

expedir

peticionarios

el

auto

presentaron

una Solicitud de Reconsideración. En la misma, trajeron a

la consideración de ese foro lo resuelto en abril de 2018

por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el

Distrito de Puerto Rico en Arroyo-González v. RossellóNevares,

305

F.

Supp.

3d

327

(D.

PR

2018),

y

las

conclusiones de derecho allí dictaminadas respecto a la

primacía del derecho constitucional a la intimidad sobre

las interpretaciones estatutarias elaboradas en Delgado, ex

parte, supra.5 El Tribunal de Apelaciones no reconsideró.

5En

Arroyo-González v. Rosselló-Nevares, 305 F. Supp.

3d 327 (D. PR 2018), el Tribunal de los Estados Unidos

para el Distrito de Puerto Rico atendió una controversia

relacionada a la validez constitucional de la prohibición

de cambio de sexo en el certificado de nacimiento de

varios peticionarios transgénero. Dicho foro invalidó tal

prohibición, disponiendo en parte que:

The Supreme Court recognizes that ‘a constitutional right

to privacy is now well established’. The majority opinion

in Ex parte Delgado Hernández, 165 DPR 170 (2005), which

defendants relied on in their opposition, is limited to

the statutory interpretation of the Demographic Registry

Law of Puerto Rico . . . and does not supersede this

CC-2018-0637

6

Inconformes, los peticionarios presentaron una petición

de

certiorari

sostienen

Instancia

que

ante

la

este

Tribunal.

determinación

violentó

sus

del

Entre

otros

Tribunal

derechos

de

asuntos,

Primera

constitucionales

reconocidos en el Art. II, Sec. 8, de nuestra Carta de

Derechos, infra.

II

A.

A nivel federal, el derecho fundamental de los padres y

madres de tomar decisiones respecto a sus hijos e hijas

está

firmemente

establecido.

Véanse,

Washington

v.

Glucksberg, 521 US 702, 720 (1997) ("In a long line of

cases,

we

have

held

that,

in

addition

to

the

specific

freedoms protected by the Bill of Rights, the 'liberty'

specially protected by the Due Process Clause includes the

right [] to . . . direct the . . . upbringing of one's

children”); Cleveland Bd. of Educ. v. LaFleur, 414 US 632,

639-640 (1974)("This Court has long recognized that freedom

of personal choice in matters of marriage and family life

____________________________

fundamental constitutional right. Íd., pág. 332. (Citas

omitidas).

A fines de implementar lo resuelto por dicho foro, el

13 de julio de 2018, el Registro Demográfico publicó la

Carta Circular Núm. 3-18 (RD) intitulada Para crear las

instrucciones para el cambio de género de transgéneros y

para otros fines, en la que se establece el procedimiento

a seguir. Además, preparó el correspondiente documento de

solicitud de cambio. Véase, Departamento de Salud de

Puerto

Rico,

Solicitud

para

cambio

de

género

en

certificaciones

de

eventos

vitales,

http://salud.gov.pr/Servicios-al-Ciudadano/Pages/RegistroDemografico.aspx (última visita, 13 de noviembre de 2018).

CC-2018-0637

7

is one of the liberties protected by the Due Process Clause

of the Fourteenth Amendment").6

Por años, se ha debatido si el derecho constitucional a

la crianza y la toma de decisiones en el ámbito familiar

protege la prerrogativa de los padres y madres de escoger o

cambiar

los

nombres

y

apellidos

de

sus

hijos

e

hijas.

Véanse, C. F. W. Larson, Naming Baby: The Constitutional

Dimensions of Parental Naming Rights, 80 Geo. Wash. L. Rev.

159 (2011); J. S. Kushner, The Right to Control One’s Name,

57 UCLA L. Rev. 313 (2009); B. S. Seng, Like Father, Like

Child: The Right of Parents in their Children’s Surname, 70

Va. L. Rev. 1303 (1984).

Algunos

tribunales

federales,

amparados

en

el

ratio

decidendi de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los

Estados Unidos en materia de derecho a la intimidad, han

reconocido

el

derecho

constitucional

de

los

padres

a

escoger el apellido de sus hijos. Así, por ejemplo, en Jech

v. Burch, 466 F. Supp. 714 (D. Haw. 1979), el Tribunal de

Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Hawaii

invalidó la actuación

de la Oficina de Investigación y

Estadísticas del Departamento de Salud de Hawaii, quien, a

tenor con la legislación entonces vigente, denegó inscribir

6Véanse

además, Santosky v. Kramer, 455 US 745, 753

(1982)("The absence of dispute reflected this Court's

historical recognition that freedom of personal choice in

matters of family life is a fundamental liberty interest

protected by the Fourteenth Amendment"); Quilloin v.

Walcott, 434 US 246, 255 (1978) ("We have recognized on

numerous occasions that the relationship between parent

and child is constitutionally protected").

CC-2018-0637

8

el apellido fusionado que unos padres interesaban dar a su

hijo.

Los padres, la señora Alena Jech y el señor Aldolf

Befurt, querían que su hijo, Adrian, llevara el apellido

fusionado de ambos, de modo que leyera “Jebef”. El Estado

negó la inscripción, amparado en que el apellido de Adrian

debía

ser

“Befurt”,

del

tipo

“Jech”,

o

autorizado

las

por

ley,

combinaciones

en

ese

caso,

“Befurt-Jech”

o

“Jech-Befurt”. Al invalidar la actuación del Estado, el

tribunal concluyó que: “[a] proper interpretation of AngloAmerican political and legal history and precedent leads to

the conclusion that parents have a common law right to give

their child any name they wish, and that the Fourteenth

Amendment protects this right from arbitrary state action”.

Íd., pág. 719.7

Igualmente, en Sydney v. Pingree, 564 F. Supp. 412

(S.D. Fla. 1983), el Tribunal de Distrito de los Estados

Unidos para el Distrito Sur de la Florida resolvió que el

concepto de libertad en la toma de decisiones en asuntos

matrimoniales y reproductivos es lo suficientemente amplio

como para reconocer el derecho de los padres a escoger el

nombre de sus hijos. Íd., pág. 413.8

7El

tribunal basó su razonamiento a partir de lo

resuelto en Smith v. Organization of Foster Families, 431

US 816 (1977); Cleveland Bd. of Educ. v. La Fleur, 414 US

632 (1974); Roe v. Wade, 410 US 113 (1973); Griswold v.

Connecticut, 381 US 479 (1965) y Meyer v. Nebraska, 262 US

390 (1923).

8Para

una

discusión

más

extensa

sobre

jurisprudencia relacionada al tema, véanse, C. F.

la

W.

CC-2018-0637

9

Por otro lado, la Carta de Derechos de la Constitución

de Puerto Rico establece la inviolabilidad de la dignidad

del ser humano como principio de interpretación cardinal

para todos los derechos reconocidos en ella. Art. II, Sec.

1, Const. ELA, LPRA, Tomo I; Rexach v. Ramírez, 162 DPR

130, 143 (2004). De ese modo, nuestra Carta de Derechos

consagra

el

protección

derecho

contra

fundamental

ataques

a

la

abusivos

intimidad

a

la

y

la

honra,

la

reputación y la vida privada o familiar. Art. II, Sec. 8,

Const. ELA, supra.

Al

interpretar

este

conjunto

de

normas

constitucionales, hemos resuelto que el Estado tiene una

doble función en proteger los mismos: “abstenerse de actuar

de

manera

tal

que

se

viole

el

ámbito

de

autonomía

e

intimidad individual y actuar afirmativamente en beneficio

del individuo”. Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová,

177 DPR 893, 910 (2010), citando a Soc. de Gananciales v.

Royal Bank de P.R., 145 DPR 178, 201 (1998). En cuanto al

derecho

a

la

intimidad,

expresado

que

este

en

derecho

reiteradas

se

ocasiones

lesiona,

“entre

hemos

otras

instancias, cuando se limita la facultad de un individuo de

tomar decisiones personales, familiares o íntimas”. Siaca

v. Bahía Beach Resort, 194 DPR 559, 585 (2016); Lozada

Tirado

et

al.

v.

Testigos

Jehová,

supra;

Soc.

de

Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra; Pueblo v. Duarte

____________________________

Larson, Naming Baby: The Constitutional Dimensions of

Parental Naming Rights, 80 Geo. Wash. L. Rev. 159 (2011);

L. A. Foggar, Parents’ Selection of Children’s Surnames,

51 Geo. Wash. L. Rev. 583 (1983).

CC-2018-0637

10

Mendoza, 109 DPR 596 (1980); Figueroa Ferrer v. ELA, 107

DPR 250 (1978).

Asimismo, este Tribunal ha reconocido que los padres y

madres tienen un derecho fundamental a criar,

cuidar y

custodiar a sus hijos, protegido tanto por la Constitución

de Puerto Rico como por la Constitución de los Estados

Unidos. Rexach v. Ramírez, supra, pág. 148. Al delinear los

contornos de este derecho, hemos indicado que la zona de

intimidad que cubre las relaciones familiares responde a

que las mismas desempeñan un rol cultural determinante en

la

transmisión

de

tradiciones

y

creencias

entre

generaciones.

Íd., pág. 146, citando a

Roberts

Jaycees,

US

Por

468

609,

618-620

(1984).

las

v. U.S.

ello,

hemos

enfatizado que “el Estado debe abstenerse de intervenir en

la

esfera

familiar

ya

que

es

ahí

donde

los

individuos

desarrollan su identidad, la cual es un elemento esencial

del concepto libertad”. Íd., págs. 146-147.

B.

La Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico, 24 LPRA

sec. 1041 et seq., creó un Registro General Demográfico en

el Departamento de Salud de Puerto Rico con el propósito de

registrar, coleccionar, custodiar, preservar, enmendar y

certificar hechos vitales de las personas que

nacen en

Puerto Rico. 24 LPRA sec. 1042(1). De ese modo, se reconoce

que su finalidad es servir de instrumento de constatación

para

quienes

entran

en

contacto

con

las

personas

registradas. Delgado, ex parte, supra, pág. 187. Entre los

CC-2018-0637

11

récords vitales contemplados por dicha ley se encuentran

los certificados de nacimiento. 24 LPRA sec. 1042(10).

Previo a la vigencia de nuestra Constitución local, en

Ex

Parte

Pérez,

65

DPR

938

(1946),

este

Tribunal

se

pronunció por primera vez en torno a la posibilidad de

cambiar un apellido en el certificado de nacimiento. La

peticionaria

en

el

caso,

cuyo

apellido

inscrito

era

“Pérez”, interesaba cambiar el mismo por “Torres”, que era

por el cual se le conocía. Al interpretar restrictivamente

las disposiciones originales del Art. 31 de la Ley del

Registro Demográfico, supra, este Tribunal resolvió que, en

ausencia

de

autorización

legislativa

expresa,

el

cambio

peticionado no estaba permitido. Íd., pág. 943.

De ese modo, a través de la Ley Núm. 119 de 26 de abril

de 1950, nuestra Asamblea Legislativa incorporó a la Ley

del Registro Demográfico un procedimiento para el cambio,

adición o modificación de un nombre o apellido. El mismo

dispone que:

[E]l cambio, adición o modificación de nombre o

apellido sólo podrá hacerse a instancia del

interesado,

quien

deberá

presentar

ante

cualquier Sala del Tribunal de Distrito la

oportuna solicitud, expresando bajo juramento

los motivos de su pretensión, acompañada de la

prueba documental pertinente en apoyo de su

solicitud. Copia de la solicitud y de toda la

prueba documental le será remitida al Ministerio

Fiscal simultáneamente con su radicación.

Transcurridos diez (10) días desde la remisión y

notificación al Ministerio Fiscal, sin que éste

haya formulado objeción alguna, el tribunal

entenderá y resolverá los méritos de la petición

sin

necesidad

de

celebrar

vista

o

discrecionalmente

podrá

celebrar

vista

de

estimarlo procedente y dictará el auto que

CC-2018-0637

12

proceda. El auto en que se autorice el cambio,

adición o modificación de nombre o apellido se

inscribirá en el antiguo Registro Civil mediante

anotación extendida al margen de la inscripción

de nacimiento del interesado y al margen de la

partida de su matrimonio. El cambio, adición o

modificación de nombre o apellido se verificará

en el Registro General Demográfico tachando en

el

certificado

de

nacimiento

y

en

la

certificación de la celebración del matrimonio

del interesado el nombre o apellido sustituido y

consignando

el

nuevo

nombre

o

apellido

autorizado por el tribunal. Las tachaduras se

harán de modo que siempre pueda leerse el nombre

o apellido suprimido. 24 LPRA sec. 1231.

Este Foro nunca ha resuelto que el procedimiento de

cambio, modificación o adición de nombre o apellido esté

condicionado

a

la

excepcionales.

Tampoco

concurrencia

ha

resuelto

de

circunstancias

que

debe

utilizarse

exclusivamente para corregir los errores en el certificado

de nacimiento. De hecho, en Delgado, ex parte, supra, este

Tribunal revocó al Tribunal de Apelaciones en cuanto a la

determinación de dejar sin efecto el cambio de nombre de

“Alexis” a “Alexandra” en el certificado de nacimiento del

señor Alexis Delgado Hernández. Ello, tras concluir que

este había cumplido “con todos los requisitos exigidos por

la Ley del Registro para autorizar un cambio de nombre”.

(Énfasis suplido). Íd., pág. 194. Igualmente, en Andino

Torres,

Ex-parte,

supra,

la

determinación

de

los

foros

inferiores de autorizar el cambio de nombre solicitado, de

“Andrés” a “Alexandra”, ni siquiera estuvo en controversia.

Ambos

casos

presentan

un

denominador

común.

En

los

mismos, las peticiones de cambio de nombre no obedecieron a

la

existencia

de

un

error

material

u

objetivo

en

los

CC-2018-0637

13

certificados de nacimientos de los solicitantes. Por el

contrario, se fundamentaron en la voluntad y deseo de éstos

en que sus certificados reflejaran el nombre por el cual

querían ser llamados.

Además,

jurídico

un

examen

tampoco

integral

permite

de

concluir

nuestro

que

el

ordenamiento

cambio

de

un

nombre o apellido en el certificado de nacimiento requiera

de circunstancias excepcionales o de la existencia de algún

error en el mismo. Así, por ejemplo, mediante la Ley de

asuntos no contenciosos ante notario, Ley Núm. 282-1999, 4

LPRA secs. 2155-2166, la Asamblea Legislativa autorizó la

competencia

tramitar,

concurrente

entre

otros

de

los

notarios

asuntos,

los

para

conocer

procedimientos

y

de

corrección de actas que obren en el Registro Demográfico y

de los cambios de nombres y apellidos. 4 LPRA sec. 2155(5).

A esos efectos, la Regla 125 del Reglamento Notarial de

Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV, establece que toda persona

interesada en cambiar su nombre o apellidos, según constan

inscritos en el Registro Demográfico, podrá tramitar el

cambio

a

través

autorizados,

se

de

un

notario.

encuentran:(1)

Entre

sustituir

los

un

cambios

nombre

por

otro; (2) añadir un nombre al que se tiene; (3) variar el

nombre en grado tal que afecte la manera de pronunciarlo;

(4) eliminar o sustituir un apellido, y (5) corregir un

alegado error en los apellidos

inscritos cuando de los

documentos que obran en el Registro Demográfico no surja

prueba

del

error.

(Énfasis

y

subrayado

nuestro).

Íd.

CC-2018-0637

14

Obsérvese que la Regla reconoce y distingue entre cambios

para eliminar, sustituir o corregir apellidos.

III

Al

considerar

la

normativa

jurídica

aplicable,

me

parece inconcebible que el Tribunal de Primera Instancia

denegara la solicitud de los peticionarios, sin más, bajo

la

tesis

de

que

el

cambio

creación

de

un

nuevo

en

cuestión

apellido”.

Ello,

implicaba

“la

ignorando

por

completo que la eliminación, sustitución o modificación de

un apellido por razones no correctivas está, como cuestión

de

derecho,

permitida.

Por

lejos

primario

debió

razonamiento,

el

fundamentos

aducidos

por

el

cambio

con

los

oponerse

al

foro

tanto,

de

ese

simple

sopesar

los

Registro

Demográfico

para

derechos

constitucionales

implicados en la solicitud de los peticionarios. Proteger

de interferencia indebida con los derechos constitucionales

es función judicial.

Con

su

solicitud,

lo

único

que

los

peticionarios

pretendían era que se autorizara a unir por medio de un

guion

el

apellido

paterno

y

materno

de

sus

hijos.

Así

habían decidido oficializar su historia familiar. Esa era

su voluntad. Se trataba, pues, de una decisión que radicaba

indudablemente en la esencia propia de su derecho a criar a

sus hijos y a escoger cómo llamarlos.

No

empece

a

la

constitucionales

que

revestían

peticionarios,

Registro

el

multiplicidad

la

Demográfico

de

derechos

decisión

se

opuso

de

los

porque

CC-2018-0637

15

entendió que el cambio peticionado no estaba autorizado, ya

que

su

ley

no

proveía

para

la

creación

de

apellidos

mediante el uso de símbolos o caracteres. Sin embargo, un

examen

más

profundo

del

argumento

revela

que

la

preocupación verdadera no radicaba en la posibilidad de que

un apellido lleve un guion, sino en la suposición de que

autorizar la inscripción del “nuevo apellido” suprimiría el

tracto familiar que el certificado de nacimiento pretende

publicar. Es decir, en el corazón del argumento yace la

teoría

de

que,

de

autorizarse

el

cambio,

“[e]l

mismo

certificado de nacimiento se contradeciría de su faz porque

los menores constarían con un apellido totalmente diferente

al de sus padres”.9

Sin embargo, resulta en extremo difícil concebir cómo

el cambio solicitado varía o suprime la información que, en

este

contexto,

reflejar.

De

el

haber

certificado

sido

de

autorizado

nacimiento

pretende

el

el

cambio,

dato

registral en cuestión hubiera permanecido igual: que los

menores Carlos Andrés “Roig-Moyka” y Carlos Daniel “RoigMoyka” son hijos de Rafael Luis Roig Pou y Ana Servanda

Moyka Fleitas. Teorizar que con la inclusión del susodicho

guion los menores “se quedarían sin padres” porque dejarían

de

tener

el

primer

apellido

de

ambos,

que

es

lo

que

actualmente reflejan sus certificados de nacimiento, ofende

el sentido común.

9Moción

Informativa, apéndice del certiorari, pág. 70.

CC-2018-0637

16

Por último, me preocupa sobremanera el planteamiento

del Registro Demográfico a los efectos de que, por ser

“Roig-Moyka” un “solo apellido”, ello los pondría en la

disyuntiva de no saber si el mismo debía ser colocado en el

encasillado

para

el

apellido

paterno

o

materno

de

los

menores. El argumento obvia que el propósito del cambio

peticionado era, precisamente, evitar tal diferenciación.

Además,

ignora

que

lo

anterior

es

un

uso

y

costumbre

legalmente aceptado a nivel mundial. Inclusive, a nivel de

los

Estados

familias

Unidos,

latinas

de

ha

cobrado

consolidar

auge

el

la

práctica

apellido

entre

paterno

y

materno de sus hijos en aras de preservar este último.

Véase, Y. M. Cherena Pacheco, Latino Surnames: Formal and

Informal

Forces

in

the

United

States

Affecting

the

Retention and Use of the Maternal Surname, 18 T. Marshall

L. Rev. 1 (1992).

Ante

los

derechos

constitucionales

fundamentales

involucrados en la situación, la “disyuntiva” planteada por

el Registro Demográfico no constituye argumento suficiente

para

negar

el

cambio.

Este

bien

podía

consignar

la

modificación en cuestión a través de un nuevo encasillado

en sus constancias registrales y expedir los certificados

de nacimientos conforme al cambio peticionado.

En fin, en nuestra sociedad, pocas decisiones son más

personales que la prerrogativa de escoger cómo llamar a un

hijo.

Para

los

peticionarios,

quienes

únicamente

interesaban unir por medio de un guion el apellido paterno

CC-2018-0637

y

materno

17

de

sus

Desafortunadamente,

hijos,

esa

una

Sala

libertad

del

quedó

Tribunal

a

medias.

de

Primera

Instancia resolvió, sin mayor análisis, que en el Registro

Demográfico no había cabida para semejante petición. Por

entender

que

la

decisión

impugnada

se

basó

en

una

interpretación desajustada de la legislación pertinente y

se

abstrajo

del

marco

estatutario

y

constitucional

aplicable, disiento.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, hubiera expedido

el recurso promovido y revocado a los foros inferiores.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado