Tribunal Supremo de Puerto Rico
Roig Pou y otros v. Registro Demográfico de Puerto Rico
2018 TSPR 184
Poder Judicial de Puerto Rico
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Roig Pou y otros v. Registro Demográfico de Puerto Rico
CC-2018-637
Resolución con Voto particular disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rafael L. Roig Pou y otros
Ex parte
Certiorari
Peticionarios
2018 TSPR 184
v.
201 DPR ____
Registro Demográfico de
Puerto Rico
Recurrida
Número del Caso: CC-2018-637
Fecha: 15 de noviembre de 2018
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón y Carolina
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. Oscar Nieves Díaz
Lcdo. Diego J. Loinaz Martin
Materia: Resolución del Tribunal, Resolución nunc pro tunc y Voto
particular disidente.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.
Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rafael L. Roig Pou y otros
Ex parte
Peticionarios
v.
Registro Demográfico de
Puerto Rico
Certiorari
CC-2018-0637
Agencia Recurrida
RESOLUCIÓN
San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2018.
A la petición de certiorari, no ha lugar. A
la Solicitud de Relevo de Representación Legal y
Asumiendo Representación Legal presentada por la
parte peticionaria, ha lugar.
Notifíquese inmediatamente.
Lo acordó el Tribunal y certifica
el
Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado
señor Estrella Martínez emitió un Voto particular
disidente al cual se unieron la Jueza Presidenta
Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón
Pérez.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rafael L. Roig Pou y otros
Ex parte
Peticionarios
v.
Registro Demográfico de
Puerto Rico
Certiorari
CC-2018-0637
Agencia Recurrida
RESOLUCIÓN
(Nunc Pro Tunc)
San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2018.
Se enmienda nunc pro tunc nuestra Resolución
de 14 de noviembre de 2018 a los únicos fines de
hacer constar que el Juez Asociado señor Rivera
García se unió al Voto particular disidente
emitido por el Juez Asociado señor Estrella
Martínez.
Notifíquese inmediatamente.
Lo
acordó
el
Tribunal
y
Secretario del Tribunal Supremo.
certifica
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo
el
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rafael L. Roig Pou y otros
Ex parte
Peticionarios
CC-2018-0637
Certiorari
v.
Registro Demográfico de
Puerto Rico
Agencia Recurrida
Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado
señor ESTRELLA MARTÍNEZ, al cual se une la Jueza Presidenta
ORONOZ RODRÍGUEZ y los Jueces Asociados señores RIVERA
GARCÍA y COLÓN PÉREZ.
San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2018.
¿Qué necesidad tiene el Estado de inmiscuirse en el
seno familiar para impedir que unos padres solidifiquen el
vínculo
con
sus
hijos
mediante
un
guion
que
una
sus
apellidos paterno y materno? A mi juicio, no existe un
interés apremiante que lo justifique. Por ello, disiento.
En vista de lo anterior, procedo a exponer el contexto
fáctico
en
el
cual
se
desarrolló
consideración.
I
el
caso
ante
nuestra
CC-2018-0637
2
El Sr. Rafael Luis Roig Pou y la Sra. Ana Servanda
Moyka Fleytas (peticionarios o esposos Roig-Moyka) son los
padres de un par de gemelos que nacieron en San Juan,
Puerto Rico, el 25 de febrero de 2003. Conforme surge de
los certificados de nacimiento expedidos por el Registro
Demográfico de Puerto Rico, los menores aparecen inscritos
con los nombres de Carlos Daniel Roig Moyka y Rafael Andrés
Roig Moyka.
El
2
de
junio
de
2017,
los
esposos
Roig-Moyka
presentaron una Petición sobre ad perpetuam rei memoriam
ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. En
la misma, consignaron su deseo de unir por medio de un
guion los dos apellidos de sus hijos, de modo que leyeran
“Roig-Moyka”. Amparados en el procedimiento para el cambio,
adición o modificación de nombre o apellidos estatuido en
el Art. 31 de la Ley del Registro Demográfico de Puerto
Rico (Ley del Registro Demográfico), 24 LPRA sec. 1231, los
peticionarios solicitaron que se ordenara a la Directora
del Registro Demográfico a enmendar los correspondientes
certificados de nacimiento conforme al cambio solicitado.1
Así las cosas, el 28 de junio de 2017, el Registro
Demográfico compareció mediante una Moción Informativa y se
1Junto
a la Petición, los esposos Roig-Moyka también
acompañaron copia de su certificado de matrimonio y de sus
respectivos nacimientos. Además, cada uno de los cónyuges
anejó
los
siguientes
documentos:
(1)
Certificación
negativa
de
antecedentes
penales;
(2)
Certificación
negativa de caso de pensión alimentaria; (3) Certificación
negativa de deuda con el Departamento de Hacienda; (4)
Certificación
negativa
de
deuda
con
el
Centro
de
Recaudaciones de Ingresos; (5) Certificación negativa de
quiebra y (6) copia de licencia de conducir.
CC-2018-0637
3
opuso a la solicitud de los peticionarios. En primer orden,
adujo que la Ley del Registro Demográfico no reconoce ni
menciona el uso de símbolos o caracteres en la creación de
nombres
o
apellidos.
Segundo,
arguyó
que
el
uso
del
mecanismo dispuesto en el Art. 31 de la Ley del Registro
Demográfico, supra, se limitaba a la corrección de errores
u omisiones en los certificados de nacimiento. Por último,
cuestionó
las
implicaciones
que
a
su
juicio
acarreaba
acceder a lo pedido, haciendo constar que:
[L]o solicitado es usar la unión de dos
apellidos mediante símbolos o caracteres para
crear uno nuevo para el cual no se justifica
procedencia alguna [.] Aquí no hay un tracto
registral del cual surja este nuevo apellido. La
creación de este nuevo apellido rompe con todo
tracto exacto y perfecto que deben tener los
asientos registrales. Estamos ante la disyuntiva
de saber si este nuevo apellido se colocaría en
el encasillado paterno o materno [.] Una vez
roto ese tracto [,] el mismo certificado de
nacimiento se contradeciría de su propia faz,
esto porque los menores constarían con un
apellido totalmente diferente al de sus padres.2
El 18 de julio de 2017, los peticionarios replicaron. A
tal fin, trajeron al plano de la discusión lo resuelto
mediante Sentencia en Andino Torres, Ex-parte, 151 DPR 794
(2000). Ello, con el propósito de invitar al foro primario
a tener presente que el procedimiento en cuestión, aparte
de
cambios
correctivos,
también
provee
para
cambios
enmendatorios, siempre y cuando la alteración solicitada no
presuponga un cambio real y sustancial en las constancias
registrales. De ese modo, los peticionarios arguyeron que
la unión del apellido paterno y materno por un guion no
2Moción
informativa, apéndice del certiorari, pág. 70.
CC-2018-0637
4
constituía un cambio sustancial, pues de ninguna manera
suprimía la
información que ya
constaba en el
Registro
Demográfico.
El 19 de diciembre de 2017, el foro primario notificó
una Resolución denegando la solicitud de los peticionarios.
Amparado en el texto del Art. 31 de la Ley del Registro
Demográfico, supra, y lo resuelto en Delgado, ex parte, 165
DPR 170 (2005), el Tribunal de Primera Instancia razonó que
el cambio, adición o modificación de un nombre o apellido
debía responder a circunstancias excepcionales y que los
peticionarios no habían demostrado tener una justificación
válida para lo solicitado. Además, resolvió que el cambio
solicitado equivalía a la creación de un nuevo apellido,
por lo que se trataba de un cambio sustancial que no estaba
permitido.3
Oportunamente,
reconsideración
del
los
peticionarios
dictamen.
Entre
sus
solicitaron
la
planteamientos,
argumentaron que si bien en Delgado, ex parte, supra, este
Tribunal
no
había
autorizado
el
cambio
de
sexo
en
un
certificado de nacimiento, sí permitió el cambio de nombre.
Además, arguyeron que la denegatoria del cambio de apellido
solicitado incidía sobre su derecho constitucional a la
vida privada y familiar.4 La reconsideración fue denegada.
En desacuerdo, los peticionarios presentaron un recurso
de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Argumentaron
3Resolución,
4Solicitud
apéndice del certiorari, pág. 86.
de
certiorari, pág. 90.
reconsideración,
apéndice
del
CC-2018-0637
5
que lo resuelto por el foro de instancia, respecto a la
existencia
de
una
circunstancia
requisito
para
autorizar
encontraba
apoyo
Igualmente,
plantearon
el
cambio
estatutario,
que
extraordinaria
lo
como
solicitado,
ni
no
jurisprudencial.
decidido
violentaba
su
derecho a la propia identidad, a la libertad de expresión y
a la vida plena.
Luego de varios incidentes procesales, el 13 de junio
de
2018,
el
solicitado.
foro
intermedio
Oportunamente,
los
denegó
expedir
peticionarios
el
auto
presentaron
una Solicitud de Reconsideración. En la misma, trajeron a
la consideración de ese foro lo resuelto en abril de 2018
por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el
Distrito de Puerto Rico en Arroyo-González v. RossellóNevares,
305
F.
Supp.
3d
327
(D.
PR
2018),
y
las
conclusiones de derecho allí dictaminadas respecto a la
primacía del derecho constitucional a la intimidad sobre
las interpretaciones estatutarias elaboradas en Delgado, ex
parte, supra.5 El Tribunal de Apelaciones no reconsideró.
5En
Arroyo-González v. Rosselló-Nevares, 305 F. Supp.
3d 327 (D. PR 2018), el Tribunal de los Estados Unidos
para el Distrito de Puerto Rico atendió una controversia
relacionada a la validez constitucional de la prohibición
de cambio de sexo en el certificado de nacimiento de
varios peticionarios transgénero. Dicho foro invalidó tal
prohibición, disponiendo en parte que:
The Supreme Court recognizes that ‘a constitutional right
to privacy is now well established’. The majority opinion
in Ex parte Delgado Hernández, 165 DPR 170 (2005), which
defendants relied on in their opposition, is limited to
the statutory interpretation of the Demographic Registry
Law of Puerto Rico . . . and does not supersede this
CC-2018-0637
6
Inconformes, los peticionarios presentaron una petición
de
certiorari
sostienen
Instancia
que
ante
la
este
Tribunal.
determinación
violentó
sus
del
Entre
otros
Tribunal
derechos
de
asuntos,
Primera
constitucionales
reconocidos en el Art. II, Sec. 8, de nuestra Carta de
Derechos, infra.
II
A.
A nivel federal, el derecho fundamental de los padres y
madres de tomar decisiones respecto a sus hijos e hijas
está
firmemente
establecido.
Véanse,
Washington
v.
Glucksberg, 521 US 702, 720 (1997) ("In a long line of
cases,
we
have
held
that,
in
addition
to
the
specific
freedoms protected by the Bill of Rights, the 'liberty'
specially protected by the Due Process Clause includes the
right [] to . . . direct the . . . upbringing of one's
children”); Cleveland Bd. of Educ. v. LaFleur, 414 US 632,
639-640 (1974)("This Court has long recognized that freedom
of personal choice in matters of marriage and family life
____________________________
fundamental constitutional right. Íd., pág. 332. (Citas
omitidas).
A fines de implementar lo resuelto por dicho foro, el
13 de julio de 2018, el Registro Demográfico publicó la
Carta Circular Núm. 3-18 (RD) intitulada Para crear las
instrucciones para el cambio de género de transgéneros y
para otros fines, en la que se establece el procedimiento
a seguir. Además, preparó el correspondiente documento de
solicitud de cambio. Véase, Departamento de Salud de
Puerto
Rico,
Solicitud
para
cambio
de
género
en
certificaciones
de
eventos
vitales,
http://salud.gov.pr/Servicios-al-Ciudadano/Pages/RegistroDemografico.aspx (última visita, 13 de noviembre de 2018).
CC-2018-0637
7
is one of the liberties protected by the Due Process Clause
of the Fourteenth Amendment").6
Por años, se ha debatido si el derecho constitucional a
la crianza y la toma de decisiones en el ámbito familiar
protege la prerrogativa de los padres y madres de escoger o
cambiar
los
nombres
y
apellidos
de
sus
hijos
e
hijas.
Véanse, C. F. W. Larson, Naming Baby: The Constitutional
Dimensions of Parental Naming Rights, 80 Geo. Wash. L. Rev.
159 (2011); J. S. Kushner, The Right to Control One’s Name,
57 UCLA L. Rev. 313 (2009); B. S. Seng, Like Father, Like
Child: The Right of Parents in their Children’s Surname, 70
Va. L. Rev. 1303 (1984).
Algunos
tribunales
federales,
amparados
en
el
ratio
decidendi de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los
Estados Unidos en materia de derecho a la intimidad, han
reconocido
el
derecho
constitucional
de
los
padres
a
escoger el apellido de sus hijos. Así, por ejemplo, en Jech
v. Burch, 466 F. Supp. 714 (D. Haw. 1979), el Tribunal de
Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Hawaii
invalidó la actuación
de la Oficina de Investigación y
Estadísticas del Departamento de Salud de Hawaii, quien, a
tenor con la legislación entonces vigente, denegó inscribir
6Véanse
además, Santosky v. Kramer, 455 US 745, 753
(1982)("The absence of dispute reflected this Court's
historical recognition that freedom of personal choice in
matters of family life is a fundamental liberty interest
protected by the Fourteenth Amendment"); Quilloin v.
Walcott, 434 US 246, 255 (1978) ("We have recognized on
numerous occasions that the relationship between parent
and child is constitutionally protected").
CC-2018-0637
8
el apellido fusionado que unos padres interesaban dar a su
hijo.
Los padres, la señora Alena Jech y el señor Aldolf
Befurt, querían que su hijo, Adrian, llevara el apellido
fusionado de ambos, de modo que leyera “Jebef”. El Estado
negó la inscripción, amparado en que el apellido de Adrian
debía
ser
“Befurt”,
del
tipo
“Jech”,
o
autorizado
las
por
ley,
combinaciones
en
ese
caso,
“Befurt-Jech”
o
“Jech-Befurt”. Al invalidar la actuación del Estado, el
tribunal concluyó que: “[a] proper interpretation of AngloAmerican political and legal history and precedent leads to
the conclusion that parents have a common law right to give
their child any name they wish, and that the Fourteenth
Amendment protects this right from arbitrary state action”.
Íd., pág. 719.7
Igualmente, en Sydney v. Pingree, 564 F. Supp. 412
(S.D. Fla. 1983), el Tribunal de Distrito de los Estados
Unidos para el Distrito Sur de la Florida resolvió que el
concepto de libertad en la toma de decisiones en asuntos
matrimoniales y reproductivos es lo suficientemente amplio
como para reconocer el derecho de los padres a escoger el
nombre de sus hijos. Íd., pág. 413.8
7El
tribunal basó su razonamiento a partir de lo
resuelto en Smith v. Organization of Foster Families, 431
US 816 (1977); Cleveland Bd. of Educ. v. La Fleur, 414 US
632 (1974); Roe v. Wade, 410 US 113 (1973); Griswold v.
Connecticut, 381 US 479 (1965) y Meyer v. Nebraska, 262 US
390 (1923).
8Para
una
discusión
más
extensa
sobre
jurisprudencia relacionada al tema, véanse, C. F.
la
W.
CC-2018-0637
9
Por otro lado, la Carta de Derechos de la Constitución
de Puerto Rico establece la inviolabilidad de la dignidad
del ser humano como principio de interpretación cardinal
para todos los derechos reconocidos en ella. Art. II, Sec.
1, Const. ELA, LPRA, Tomo I; Rexach v. Ramírez, 162 DPR
130, 143 (2004). De ese modo, nuestra Carta de Derechos
consagra
el
protección
derecho
contra
fundamental
ataques
a
la
abusivos
intimidad
a
la
y
la
honra,
la
reputación y la vida privada o familiar. Art. II, Sec. 8,
Const. ELA, supra.
Al
interpretar
este
conjunto
de
normas
constitucionales, hemos resuelto que el Estado tiene una
doble función en proteger los mismos: “abstenerse de actuar
de
manera
tal
que
se
viole
el
ámbito
de
autonomía
e
intimidad individual y actuar afirmativamente en beneficio
del individuo”. Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová,
177 DPR 893, 910 (2010), citando a Soc. de Gananciales v.
Royal Bank de P.R., 145 DPR 178, 201 (1998). En cuanto al
derecho
a
la
intimidad,
expresado
que
este
en
derecho
reiteradas
se
ocasiones
lesiona,
“entre
hemos
otras
instancias, cuando se limita la facultad de un individuo de
tomar decisiones personales, familiares o íntimas”. Siaca
v. Bahía Beach Resort, 194 DPR 559, 585 (2016); Lozada
Tirado
et
al.
v.
Testigos
Jehová,
supra;
Soc.
de
Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra; Pueblo v. Duarte
____________________________
Larson, Naming Baby: The Constitutional Dimensions of
Parental Naming Rights, 80 Geo. Wash. L. Rev. 159 (2011);
L. A. Foggar, Parents’ Selection of Children’s Surnames,
51 Geo. Wash. L. Rev. 583 (1983).
CC-2018-0637
10
Mendoza, 109 DPR 596 (1980); Figueroa Ferrer v. ELA, 107
DPR 250 (1978).
Asimismo, este Tribunal ha reconocido que los padres y
madres tienen un derecho fundamental a criar,
cuidar y
custodiar a sus hijos, protegido tanto por la Constitución
de Puerto Rico como por la Constitución de los Estados
Unidos. Rexach v. Ramírez, supra, pág. 148. Al delinear los
contornos de este derecho, hemos indicado que la zona de
intimidad que cubre las relaciones familiares responde a
que las mismas desempeñan un rol cultural determinante en
la
transmisión
de
tradiciones
y
creencias
entre
generaciones.
Íd., pág. 146, citando a
Roberts
Jaycees,
US
Por
468
609,
618-620
(1984).
las
v. U.S.
ello,
hemos
enfatizado que “el Estado debe abstenerse de intervenir en
la
esfera
familiar
ya
que
es
ahí
donde
los
individuos
desarrollan su identidad, la cual es un elemento esencial
del concepto libertad”. Íd., págs. 146-147.
B.
La Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico, 24 LPRA
sec. 1041 et seq., creó un Registro General Demográfico en
el Departamento de Salud de Puerto Rico con el propósito de
registrar, coleccionar, custodiar, preservar, enmendar y
certificar hechos vitales de las personas que
nacen en
Puerto Rico. 24 LPRA sec. 1042(1). De ese modo, se reconoce
que su finalidad es servir de instrumento de constatación
para
quienes
entran
en
contacto
con
las
personas
registradas. Delgado, ex parte, supra, pág. 187. Entre los
CC-2018-0637
11
récords vitales contemplados por dicha ley se encuentran
los certificados de nacimiento. 24 LPRA sec. 1042(10).
Previo a la vigencia de nuestra Constitución local, en
Ex
Parte
Pérez,
65
DPR
938
(1946),
este
Tribunal
se
pronunció por primera vez en torno a la posibilidad de
cambiar un apellido en el certificado de nacimiento. La
peticionaria
en
el
caso,
cuyo
apellido
inscrito
era
“Pérez”, interesaba cambiar el mismo por “Torres”, que era
por el cual se le conocía. Al interpretar restrictivamente
las disposiciones originales del Art. 31 de la Ley del
Registro Demográfico, supra, este Tribunal resolvió que, en
ausencia
de
autorización
legislativa
expresa,
el
cambio
peticionado no estaba permitido. Íd., pág. 943.
De ese modo, a través de la Ley Núm. 119 de 26 de abril
de 1950, nuestra Asamblea Legislativa incorporó a la Ley
del Registro Demográfico un procedimiento para el cambio,
adición o modificación de un nombre o apellido. El mismo
dispone que:
[E]l cambio, adición o modificación de nombre o
apellido sólo podrá hacerse a instancia del
interesado,
quien
deberá
presentar
ante
cualquier Sala del Tribunal de Distrito la
oportuna solicitud, expresando bajo juramento
los motivos de su pretensión, acompañada de la
prueba documental pertinente en apoyo de su
solicitud. Copia de la solicitud y de toda la
prueba documental le será remitida al Ministerio
Fiscal simultáneamente con su radicación.
Transcurridos diez (10) días desde la remisión y
notificación al Ministerio Fiscal, sin que éste
haya formulado objeción alguna, el tribunal
entenderá y resolverá los méritos de la petición
sin
necesidad
de
celebrar
vista
o
discrecionalmente
podrá
celebrar
vista
de
estimarlo procedente y dictará el auto que
CC-2018-0637
12
proceda. El auto en que se autorice el cambio,
adición o modificación de nombre o apellido se
inscribirá en el antiguo Registro Civil mediante
anotación extendida al margen de la inscripción
de nacimiento del interesado y al margen de la
partida de su matrimonio. El cambio, adición o
modificación de nombre o apellido se verificará
en el Registro General Demográfico tachando en
el
certificado
de
nacimiento
y
en
la
certificación de la celebración del matrimonio
del interesado el nombre o apellido sustituido y
consignando
el
nuevo
nombre
o
apellido
autorizado por el tribunal. Las tachaduras se
harán de modo que siempre pueda leerse el nombre
o apellido suprimido. 24 LPRA sec. 1231.
Este Foro nunca ha resuelto que el procedimiento de
cambio, modificación o adición de nombre o apellido esté
condicionado
a
la
excepcionales.
Tampoco
concurrencia
ha
resuelto
de
circunstancias
que
debe
utilizarse
exclusivamente para corregir los errores en el certificado
de nacimiento. De hecho, en Delgado, ex parte, supra, este
Tribunal revocó al Tribunal de Apelaciones en cuanto a la
determinación de dejar sin efecto el cambio de nombre de
“Alexis” a “Alexandra” en el certificado de nacimiento del
señor Alexis Delgado Hernández. Ello, tras concluir que
este había cumplido “con todos los requisitos exigidos por
la Ley del Registro para autorizar un cambio de nombre”.
(Énfasis suplido). Íd., pág. 194. Igualmente, en Andino
Torres,
Ex-parte,
supra,
la
determinación
de
los
foros
inferiores de autorizar el cambio de nombre solicitado, de
“Andrés” a “Alexandra”, ni siquiera estuvo en controversia.
Ambos
casos
presentan
un
denominador
común.
En
los
mismos, las peticiones de cambio de nombre no obedecieron a
la
existencia
de
un
error
material
u
objetivo
en
los
CC-2018-0637
13
certificados de nacimientos de los solicitantes. Por el
contrario, se fundamentaron en la voluntad y deseo de éstos
en que sus certificados reflejaran el nombre por el cual
querían ser llamados.
Además,
jurídico
un
examen
tampoco
integral
permite
de
concluir
nuestro
que
el
ordenamiento
cambio
de
un
nombre o apellido en el certificado de nacimiento requiera
de circunstancias excepcionales o de la existencia de algún
error en el mismo. Así, por ejemplo, mediante la Ley de
asuntos no contenciosos ante notario, Ley Núm. 282-1999, 4
LPRA secs. 2155-2166, la Asamblea Legislativa autorizó la
competencia
tramitar,
concurrente
entre
otros
de
los
notarios
asuntos,
los
para
conocer
procedimientos
y
de
corrección de actas que obren en el Registro Demográfico y
de los cambios de nombres y apellidos. 4 LPRA sec. 2155(5).
A esos efectos, la Regla 125 del Reglamento Notarial de
Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV, establece que toda persona
interesada en cambiar su nombre o apellidos, según constan
inscritos en el Registro Demográfico, podrá tramitar el
cambio
a
través
autorizados,
se
de
un
notario.
encuentran:(1)
Entre
sustituir
los
un
cambios
nombre
por
otro; (2) añadir un nombre al que se tiene; (3) variar el
nombre en grado tal que afecte la manera de pronunciarlo;
(4) eliminar o sustituir un apellido, y (5) corregir un
alegado error en los apellidos
inscritos cuando de los
documentos que obran en el Registro Demográfico no surja
prueba
del
error.
(Énfasis
y
subrayado
nuestro).
Íd.
CC-2018-0637
14
Obsérvese que la Regla reconoce y distingue entre cambios
para eliminar, sustituir o corregir apellidos.
III
Al
considerar
la
normativa
jurídica
aplicable,
me
parece inconcebible que el Tribunal de Primera Instancia
denegara la solicitud de los peticionarios, sin más, bajo
la
tesis
de
que
el
cambio
creación
de
un
nuevo
en
cuestión
apellido”.
Ello,
implicaba
“la
ignorando
por
completo que la eliminación, sustitución o modificación de
un apellido por razones no correctivas está, como cuestión
de
derecho,
permitida.
Por
lejos
primario
debió
razonamiento,
el
fundamentos
aducidos
por
el
cambio
con
los
oponerse
al
foro
tanto,
de
ese
simple
sopesar
los
Registro
Demográfico
para
derechos
constitucionales
implicados en la solicitud de los peticionarios. Proteger
de interferencia indebida con los derechos constitucionales
es función judicial.
Con
su
solicitud,
lo
único
que
los
peticionarios
pretendían era que se autorizara a unir por medio de un
guion
el
apellido
paterno
y
materno
de
sus
hijos.
Así
habían decidido oficializar su historia familiar. Esa era
su voluntad. Se trataba, pues, de una decisión que radicaba
indudablemente en la esencia propia de su derecho a criar a
sus hijos y a escoger cómo llamarlos.
No
empece
a
la
constitucionales
que
revestían
peticionarios,
Registro
el
multiplicidad
la
Demográfico
de
derechos
decisión
se
opuso
de
los
porque
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entendió que el cambio peticionado no estaba autorizado, ya
que
su
ley
no
proveía
para
la
creación
de
apellidos
mediante el uso de símbolos o caracteres. Sin embargo, un
examen
más
profundo
del
argumento
revela
que
la
preocupación verdadera no radicaba en la posibilidad de que
un apellido lleve un guion, sino en la suposición de que
autorizar la inscripción del “nuevo apellido” suprimiría el
tracto familiar que el certificado de nacimiento pretende
publicar. Es decir, en el corazón del argumento yace la
teoría
de
que,
de
autorizarse
el
cambio,
“[e]l
mismo
certificado de nacimiento se contradeciría de su faz porque
los menores constarían con un apellido totalmente diferente
al de sus padres”.9
Sin embargo, resulta en extremo difícil concebir cómo
el cambio solicitado varía o suprime la información que, en
este
contexto,
reflejar.
De
el
haber
certificado
sido
de
autorizado
nacimiento
pretende
el
el
cambio,
dato
registral en cuestión hubiera permanecido igual: que los
menores Carlos Andrés “Roig-Moyka” y Carlos Daniel “RoigMoyka” son hijos de Rafael Luis Roig Pou y Ana Servanda
Moyka Fleitas. Teorizar que con la inclusión del susodicho
guion los menores “se quedarían sin padres” porque dejarían
de
tener
el
primer
apellido
de
ambos,
que
es
lo
que
actualmente reflejan sus certificados de nacimiento, ofende
el sentido común.
9Moción
Informativa, apéndice del certiorari, pág. 70.
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Por último, me preocupa sobremanera el planteamiento
del Registro Demográfico a los efectos de que, por ser
“Roig-Moyka” un “solo apellido”, ello los pondría en la
disyuntiva de no saber si el mismo debía ser colocado en el
encasillado
para
el
apellido
paterno
o
materno
de
los
menores. El argumento obvia que el propósito del cambio
peticionado era, precisamente, evitar tal diferenciación.
Además,
ignora
que
lo
anterior
es
un
uso
y
costumbre
legalmente aceptado a nivel mundial. Inclusive, a nivel de
los
Estados
familias
Unidos,
latinas
de
ha
cobrado
consolidar
auge
el
la
práctica
apellido
entre
paterno
y
materno de sus hijos en aras de preservar este último.
Véase, Y. M. Cherena Pacheco, Latino Surnames: Formal and
Informal
Forces
in
the
United
States
Affecting
the
Retention and Use of the Maternal Surname, 18 T. Marshall
L. Rev. 1 (1992).
Ante
los
derechos
constitucionales
fundamentales
involucrados en la situación, la “disyuntiva” planteada por
el Registro Demográfico no constituye argumento suficiente
para
negar
el
cambio.
Este
bien
podía
consignar
la
modificación en cuestión a través de un nuevo encasillado
en sus constancias registrales y expedir los certificados
de nacimientos conforme al cambio peticionado.
En fin, en nuestra sociedad, pocas decisiones son más
personales que la prerrogativa de escoger cómo llamar a un
hijo.
Para
los
peticionarios,
quienes
únicamente
interesaban unir por medio de un guion el apellido paterno
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y
materno
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de
sus
Desafortunadamente,
hijos,
esa
una
Sala
libertad
del
quedó
Tribunal
a
medias.
de
Primera
Instancia resolvió, sin mayor análisis, que en el Registro
Demográfico no había cabida para semejante petición. Por
entender
que
la
decisión
impugnada
se
basó
en
una
interpretación desajustada de la legislación pertinente y
se
abstrajo
del
marco
estatutario
y
constitucional
aplicable, disiento.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, hubiera expedido
el recurso promovido y revocado a los foros inferiores.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado