LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico y otros v. Academia de Medicina de la Familia y otros

2018 TSPR 180

Poder Judicial de Puerto Rico

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Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico y otros v. Academia de Medicina de la Familia y otros

CC-2016-676

Derecho Administrativo – Análisis de la validez de requisitos y limitaciones impuestas a la negociación colectiva de los proveedores de salud y organizaciones de servicios de salud.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Colegio de Médicos-Cirujanos

de Puerto Rico, Asociación de

Laboratorios Clínicos, Inc.

Peticionarios

v.

Academia de Medicina de la

Familia; Academia de Medicina

General; Asociación de

Hematología y Oncología de

Puerto Rico; Asociación de

Quiropráctico de Puerto Rico;

Colegio de Cirujanos

Dentistas de Puerto Rico;

Pain Management Academy of

Puerto Rico, Inc.

Certiorari

2018 TSPR 180

201 DPR ____

Interventores

Hon. Ángela Weyne Roig, en su

capacidad de Comisionada

de Seguros; Hon. César

R. Miranda Rodríguez,

en su capacidad de Secretario

de Justicia; Hon. Ana del

C. Ríus Armendaris, en su

capacidad

de

Secretaria

de

Salud

Recurridos

Número del Caso: CC-2018-676

Fecha: 7 de noviembre de 2018

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan y Caguas

Abogados de la parte peticionaria:

Lcda. Veronica Ferraiuoli Hornedo

Lcda. Carla Ferrari Lugo

Lcdo. José E. Torres Valentín

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Luis R. Román Negrón

Procurador General

Lcdo. Isaías Sánchez Baez

Subprocurador General

Lcdo. Guillermo A. Mangual Amador.

Procurador General Auxiliar

CC-2016-676

2

Materia: Derecho Administrativo – Análisis de la validez de

requisitos y limitaciones impuestas a la negociación colectiva de

los proveedores de salud y organizaciones de servicios de salud.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Colegio de Médicos-Cirujanos

de Puerto Rico, Asociación de

Laboratorios Clínicos, Inc.

Peticionarios

v.

CC-2016-0676

Certiorari

Academia de Medicina de la

Familia; Academia de Medicina

General; Asociación de

Hematología y Oncología de

Puerto Rico; Asociación de

Quiropráctico de Puerto Rico;

Colegio de Cirujanos

Dentistas de Puerto Rico;

Pain Management Academy of

Puerto Rico, Inc.

Interventores

Hon. Ángela Weyne Roig, en su

capacidad de Comisionada

de Seguros; Hon. César

R. Miranda Rodríguez,

en su capacidad de Secretario

de Justicia; Hon. Ana del

C. Ríus Armendaris, en su

capacidad de Secretaria de Salud

Recurridos

El Juez Asociado Señor ESTRELLA MARTÍNEZ emitió la Opinión

del Tribunal.

San Juan, Puerto Rico, a 7 de noviembre de 2018.

La controversia planteada en el recurso de autos nos

lleva

a

evaluar

la

validez

de

varios

artículos

del

reglamento que enmarca la negociación colectiva de los

CC-2016-676

2

proveedores de salud, según autorizada por la Ley Núm.

203-2008, infra. Por tanto, hoy debemos resolver si los

artículos cuestionados ante este Tribunal cumplen con el

poder

delegado

y

el

propósito

de

la

política

pública

promovida en tal estatuto.

A continuación, el trasfondo fáctico y procesal de la

controversia a atender.

I

Mediante la aprobación de la Ley Núm. 203-2008, 26

LPRA sec. 3101 et seq. (Ley Núm. 203-2008), se añadió un

nuevo

capítulo

al

Código

de

Seguros

con

el

fin

de

autorizar la negociación colectiva entre los proveedores

de

salud

Ello,

y

tras

las

organizaciones

reconocer

las

de

servicios

desventajas

que

de

salud.1

sufren

los

1La

Ley Núm. 203-2008 define el término “proveedor”

de la siguiente manera:

Significa todo médico, hospital, centro de

servicios primarios, centro de diagnóstico y

tratamiento,

dentista,

laboratorios,

farmacias, servicios médicos de emergencia,

pre-hospitalarios, proveedor de equipo médico,

o cualquier otra persona autorizada en Puerto

Rico para proveer servicios de cuidado de

salud, ya sea de manera grupal o individual y

que bajo contrato con una organización de

servicios de salud y administradores de

terceros, preste servicios de cuidado de salud

a suscriptores o beneficiarios de un plan de

cuidado de salud. 26 LPRA sec. 3102(3).

Por su parte, el término “organización de servicios

de salud”, 26 LPRA sec. 3102(4), es definido a base del

Art. 19.020 del Código de Seguros el cual, a su vez, lo

define como: “cualquier persona que ofrezca o se obligue

a proveer a uno o más planes de cuidado de salud”. 26

LPRA sec. 1902(6).

CC-2016-676

3

proveedores de salud al momento de negociar sus contratos

con los planes médicos, ante la determinación legislativa

de que ciertas aseguradoras controlan el mercado y no

permiten una negociación justa entre las partes. A su vez,

el referido estatuto reconoce que esas desventajas en la

contratación repercuten en la calidad de los servicios de

salud que se ofrecen a los pacientes.

La Ley Núm. 203-2008 no sólo pretendió lidiar con la

problemática de la desventaja en la negociación, sino que

procuró

también

alejara

de

que

las

esta

normas

negociación

colectiva

antimonopolísticas.

no

se

Ello,

al

impregnarla con una supervisión activa y restringir el

alcance de la negociación colectiva de los proveedores de

salud para no afectar indebidamente el mercado de libre

competencia. Así, limitó la cantidad de proveedores que

podían

unirse

a

negociar

colectivamente

a

razón

del

porciento de especialidades por áreas geográficas.

En virtud del poder delegado en tal legislación, el

Comisionado de Seguros, el Departamento de Salud y la

Oficina de Asuntos Monopolísticos crearon y adoptaron la

Regla 91, Normas para regular el proceso de la negociación

colectiva entre las organizaciones de servicios de salud o

administradores

representantes

de

de

terceros

proveedores

y

con

los

proveedores,

la

creación

del

Panel

Revisor y la Junta Revisora de Tarifas de Planes Médicos y

CC-2016-676

4

Seguros, (Regla 91).2 A través de esta reglamentación, se

estructuró el proceso de la negociación colectiva.

Con ese trasfondo y tras varios años de implementada

la Regla 91, el 6 de marzo de 2015, el Colegio de Médicos

Cirujanos de Puerto Rico (Colegio), en representación de

sus integrantes, solicitó un injunction preliminar, uno

permanente y una sentencia declaratoria en contra de la

Oficina del Comisionado de Seguros, la Oficina de Asuntos

Monopolísticos y el Departamento de Salud. En esencia,

alegó que varios de los artículos de la Regla 91 eran

contrarios a la negociación colectiva permitida por la Ley

Núm. 203-2008. Por tanto, arguyó que tales artículos eran

ultra vires al exceder la autoridad conferida por esa ley.

A

su

vez,

arguyó

que

otros

de

los

artículos

eran

arbitrarios y caprichosos.

Particularmente,

el

Colegio

argumentó

que

los

siguientes artículos de la Regla 91 eran ultra vires: el

Art. 2.02(A) que establece como requisito preliminar para

la

negociación

colectiva

que

se

demuestre

que

hay

desbalance en la contratación a través del poder en el

mercado de la organización de servicios de salud con la

que se pretende negociar y los efectos de ello en las

prácticas de salud de los proveedores; el Art. 2.02(B) al

2Reglamento

Núm. 7646 de la Oficina del Comisionado de

Seguros de Puerto Rico, 23 de diciembre de 2008.

CC-2016-676

5

excluir el Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico de

estas

negociaciones

colectivas;

el

Art.

2.03(A)

al

requerir una representación al momento de negociar; el

Art. 2.03(B) al añadir requisitos no contemplados en la

ley para ser representante, y el Art. 3.03 al requerir la

autorización del Comisionado de Seguros para iniciar la

negociación.

En

cuanto

al

Art.

3.12,

sostuvo

que

los

criterios para aprobar el contrato final entre las partes

no guardaban relación con el propósito de la Ley Núm. 2032008,3 al igual que las áreas geográficas establecidas en

el

Art.

2.01(D).

Basado

en

estos

planteamientos,

el

Colegio presentó varias mociones de sentencia sumaria.4

En respuesta, el Estado argumentó que la Regla 91

tomó como norte lo dispuesto en la Ley Núm. 203-2008 al

estructurar el proceso de la negociación colectiva y velar

que los resultados fueran compatibles con el estatuto y

las

restantes

relacionadas

leyes

con

aplicables,

las

normas

particularmente

las

antimonopolísticas.

Específicamente, alegó que el requisito del Art. 2.02(A)

de la Regla 91, respecto a demostrar el desbalance en la

contratación antes de poder negociar colectivamente, era

3El

criterio para aprobar el contrato final entre las

partes es que el beneficio social o en pro de la

competencia supere los efectos negativos de las prácticas

anticompetitivas.

4Además

de los artículos mencionados, el Colegio

impugnó varios otros que no están en controversia ante

este Tribunal, dado que el Tribunal de Primera Instancia

los declaró nulos.

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6

precisamente reconocido en la Ley Núm. 203-2008, pues la

política pública allí proclamada era lograr un balance en

la contratación.

De otra parte, apoyó la exclusión del Plan de Salud

del Gobierno de Puerto Rico de esta negociación colectiva.

Ello, puesto que era obligatorio como consecuencia de las

disposiciones de la Ley de la Administración de Seguros de

Salud de Puerto Rico, Ley Núm. 72-1993, 24 LPRA 7001 et

seq. Explicó que la ley que regula a la Administración de

Seguros

de

Salud

de

Puerto

Rico

(ASES)

establece,

expresamente, que las organizaciones de servicios de salud

que contraten con la ASES no estarán bajo la jurisdicción

ni regulación del Comisionado de Seguros por los servicios

que les presten a sus beneficiarios, sino que estarán

sujetas a la propia ASES. De esa forma, argumentó que, al

ser la Ley Núm. 203-2008 una enmienda al Código de Seguros

y sujeta a la jurisdicción del Comisionado de Seguros, no

le es aplicable el plan de salud dirigido por la ASES. A

ello, añadió que no surgía del texto de la Ley Núm. 2032008, ni de su historial legislativo, la inclusión del

plan

de

salud

del

gobierno

en

tales

negociaciones

colectivas, ni que se tuviera la intención de enmendar la

Ley Núm. 72-1993.

Respecto al Art. 2.03(A) sobre la representación de

los proveedores, aclaró que, contrario a lo argüido por el

Colegio,

la

Regla

91

no

obligaba

a

los

proveedores a

CC-2016-676

negociar

7

mediante

un

representante,

toda

vez

que

ese

artículo reconocía que los grupos de proveedores podían

hacerlo a nombre de sus negocios, sin necesidad de un

representante. Relacionado también con la representación

de los proveedores, el Estado indicó que los requisitos

añadidos

en

el

Art.

2.03(B)

de

la

Regla

91

para

ser

representante eran razonables, a saber: mayoría de edad,

saber leer y escribir, diploma de escuela superior y no

haber

sido

convicto

deshonestidad

requisitos

partes

o

de

algún

depravación

proporcionaban

involucradas;

delito

moral.

confianza

además,

que

que

Enfatizó

y

implique

que

seguridad

se

estos

a

las

trataban

de

requerimientos mínimos y sugeridos en las vistas públicas.

Por otro lado, justificó la validez del Art. 3.03 de

la

Regla

91

que

faculta

al

Comisionado

de

Seguros

a

autorizar el inicio de la negociación colectiva entre las

partes que así lo soliciten. Lo fundamentó en virtud de la

función delegada por la Ley Núm. 203-2008 de supervisar y

fiscalizar los procesos.

Por último, planteó que los criterios esbozados en el

Art. 3.12 para la aprobación final de la negociación eran

cónsonos con el propósito mismo de la Ley Núm. 203-2008,

pues así se lograba el deber del Estado de supervisar

activamente

las

prácticas

no

competitivas.

Además,

defendió las áreas geográficas diseñadas en la Regla 91,

CC-2016-676

8

bajo la premisa de que fueron definidas acorde a los datos

del Departamento de Salud.

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia

emitió un dictamen en el cual acogió los argumentos del

Estado y, así, reconoció la validez de los mencionados

artículos. Inconformes con tal determinación, el Colegio,

junto a la Asociación de Laboratorios Clínicos, Inc.,5

presentaron

un

recurso

de

apelación.

No

obstante,

el

Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.6

A

raíz

de

ello,

recurren

ante

nos

los

peticionarios, el Colegio y la Asociación de Laboratorios

Clínicos,

Inc.,

erraron

al

y

sostienen

declarar

que

válidos

los

foros

inferiores

los

artículos

antes

mencionados. En síntesis, alegan que los artículos de la

Regla 91 a los que hacen referencia son ultra vires, por

exceder la autoridad y jurisdicción conferidas por su ley

habilitadora, Ley Núm. 203-2008. A su vez, argumentan que

tales artículos de la Regla 91 interfieren con su derecho

a la negociación colectiva reconocido en el mencionado

estatuto y los mantiene en un estado de indefensión. Más

aún, plantean que la Regla 91 imposibilita tal negociación

colectiva,

al

imponer

trabas

no

contempladas

en

el

estatuto.

5La

Asociación de Laboratorios Clínicos, Inc. fue

una de las partes interventoras en el Tribunal de

Primera Instancia.

6La

Jueza Colom García disintió sin opinión escrita.

CC-2016-676

9

Concretamente, arguyen que el requisito de demostrar

el “desequilibrio en la contratación”, pautado en el Art.

2.02 (A) de la Regla 91, no está establecido en la Ley

Núm. 203-2008 y que es contrario a la política pública

allí

establecida

a

favor

de

la

negociación

colectiva.

Plantean que el desequilibrio ya fue contemplado en la

ley, por lo que no debía exigírsele probarlo.

Por otro lado, cuestionan la exclusión del Plan de

Salud del Gobierno de Puerto Rico de la Ley Núm. 203-2008.

Aseguran que tal estatuto no provee para ello. Aclaran que

no

se

trata

de

proveedores

que

interesan

negociar

directamente con la ASES, sino con las aseguradoras que

ofrecen la cubierta Mi Salud.

En cuanto a los requisitos para ser representante de

proveedores, los peticionarios alegan que los añadidos en

el Art. 2.03 de la Regla 91 están en conflicto con los

enumerados

en

la

Ley

Núm.

203-2008,

por

ser

más

abarcadores.

Por otra parte, en referencia al Art. 3.03 de la

Regla

91,

cuestionan

la

facultad

del

Comisionado

de

Seguros para autorizar la iniciación de las negociaciones

colectivas aquí revisadas. Arguyen que al Comisionado sólo

se le dio la facultad de supervisar las negociaciones, no

así autorizar las mismas.

Asimismo,

impugnan

el

Art.

3.12

respecto

a

los

criterios para aprobar la negociación. Cuestionan que se

CC-2016-676

10

tomen en consideración los beneficios sociales y en pro de

la

competencia

en

comparación

con

los

efectos

de

las

prácticas anticompetitivas. Ello, pues razonan que la Ley

Núm.

203-2008

competitividad

precisamente

en

la

persigue

contratación

de

un

balance

de

los

servicios

de

salud y contempla los beneficios sociales. Por último,

aducen que las áreas geográficas definidas en la Regla 91

no resultan razonables ni cónsonas con la Ley Núm. 2032008.

Conforme a los asuntos planteados, procede delimitar

brevemente el trasfondo normativo aplicable al caso ante

nos.

II

A.

Las agencias administrativas solamente pueden ejercer

los poderes que su ley habilitadora expresamente les ha

otorgado y aquellos que sean indispensables para llevar a

cabo

su

encomienda

Monopolísticos

del

primordial.

Departamento

de

Oficina

de

Asuntos

Justicia

v.

Jiménez

Galarza, res. el 1 de diciembre de 2017, 2017 TSPR 194;

DACo

v.

AFSCME,

185

DPR

1,

12

(2012);

Raimundi

v.

Productora, 162 DPR 215, 224 (2004). Por lo cual, una

agencia administrativa no puede asumir jurisdicción sobre

una

actividad,

materia

o

conducta

cuando

no

está

claramente autorizada por ley. Ayala Hernández v. Consejo

CC-2016-676

11

de Titulares, 190 DPR 547, 559 (2014); DACo v. AFSCME,

supra, pág. 12.

Así pues, las agencias administrativas deben arribar

a sus decisiones sin apartarse de la ley habilitadora aun

cuando

persigan

un

aparente

propósito

legítimo.

Ayala

Hernández v. Consejo de Titulares, supra, pág. 560. Ni la

necesidad ni la conveniencia pueden sustituir a la ley en

cuanto

a

fuente

de

poder

cuasilegislativo

o

cuasiadjudicativo. Oficina de Asuntos Monopolísticos del

Departamento de Justicia v. Jiménez Galarza, supra; DACo

v. AFSCME, supra; Raimundi v. Productora, supra, pág. 225.

De modo que cualquier duda en cuanto a la existencia de

tal poder, debe resolverse en contra del ejercicio del

mismo. Ayala Hernández v. Consejo de Titulares, supra;

Raimundi v. Productora, supra. De esa forma, este Tribunal

ha

afirmado

obedezca

que

el

legislación

toda

poder

es

actuación

que

ultra

le

vires,

administrativa

fue

y

conferido

por

ende,

que

no

mediante

nula.

Ayala

Hernández v. Consejo de Titulares, supra; DACo v. AFSCME,

supra, pág. 13.

Por otro lado, hemos expresado que la ley siempre

contendrá criterios amplios y generales que servirán de

guía y limitarán el uso de los poderes cuasilegislativos y

cuasiadjudicativos

Hernández

v.

delegados

Consejo

de

a

las

Titulares,

agencias.

supra,

pág.

Ayala

561;

Bomberos Unidos v. Cuerpo Bomberos et al., 180 DPR 723,

CC-2016-676

742

12

(2011).

expresos,

Empero,

sino

que

esos

criterios

pueden

no

tienen

surgir

del

que

ser

historial

legislativo. Íd. Por lo tanto, hemos señalado que a las

leyes habilitadoras se les debe brindar una interpretación

cónsona con la intención legislativa, la política pública

y el interés social que la inspira. Ayala Hernández v.

Consejo de Titulares, supra, págs. 561-562.

Conforme a lo anterior y al poder cuasilegislativo de

las agencias, un reglamento administrativo no puede estar

en conflicto con la ley habilitadora. J.P. v. Frente Unido

I, 165 DPR 445, 469 (2005). Es decir, puede complementar

la

ley,

pero

no

puede

estar

en

contra

del

mandato

legislativo. Íd., pág. 470; Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de

Salud, 156 DPR 105, 128 (2002). Por ende, un reglamento es

nulo si claramente está en conflicto o en contra de la ley

que lo permite. Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., 177 DPR 230,

248 (2009); J.P. v. Frente Unido I, supra, pág. 470.

Así, al examinar la validez de la reglamentación de

una

agencia

administrativa,

los

tribunales

estamos

obligados a analizar lo siguiente: (1) si la actuación

administrativa está autorizada por ley; (2) si se delegó

el

poder

de

reglamentación;

(3)

si

la

reglamentación

promulgada está dentro de los poderes delegados; (4) si al

aprobarse

el

reglamento

se

cumplió

con

las

normas

procesales de la ley orgánica, y (5) si la reglamentación

CC-2016-676

13

es arbitraria o caprichosa. Vitas Health Care v. Hospicio

La Fe et al., 190 DPR 56, 66–67 (2014).

Respecto al último criterio de arbitrariedad, hemos

advertido que las agencias tienen el deber de especificar,

mediante reglamentación, los criterios generales esbozados

en la legislación delegante. Asoc. Fcias. Com. v. Depto.

de

Salud,

supra,

pág.

117.

Sin

embargo,

carecen

de

facultad para imponer requisitos adicionales a aquellos

establecidos por los estatutos que rigen la revisión de la

agencia.

Vitas

Health

Care

v.

Hospicio

La

Fe

et

al.,

supra, pág. 67.

B.

Según adelantado, la Ley Núm. 203-2008 añadió el

Capítulo XXXI al Código de Seguros con el fin de autorizar

la

negociación

organizaciones

colectiva

de

entre

servicios

de

los

proveedores

salud

y

y

las

reconocer

tal

autorización como una política pública del Gobierno de

Puerto

Rico.

El

propósito

fue

permitirles

a

los

proveedores de salud negociar colectivamente los términos

de sus contratos, como los honorarios y las tarifas por

sus servicios. Ello, por la desventaja que tienen, al

momento de negociar, ante las compañías aseguradoras. Así,

esta

legislación

competitividad

en

pretende

la

“establecer

contratación

salud”. 26 LPRA sec. 3101.

de

un

balance

de

los

servicios

de

CC-2016-676

En

14

la

Exposición

de

motivos

se

describió

la

problemática que aspira atender esta legislación. Explica

que en Puerto Rico casi el 100% de la población tiene un

plan médico, ya sea privado o de la Reforma de Salud del

Gobierno

de

Puerto

Rico,

y

que

ciertas

compañías

de

seguros controlan el mercado de los seguros y los planes

médicos.

A

honorarios

su

y

vez,

las

que

esas

compañías

tarifas

de

forma

establecen

unilateral

los

mediante

contratos de adhesión que los proveedores se ven obligados

a aceptar para poder subsistir. A ello, añade que las

tarifas

que

intactas

pagan

por

los

muchos

planes

años,

médicos

han

permanecido

mientras

que

los

costos

operacionales han aumentado vertiginosamente. Advierte que

por dicha situación, los proveedores se ven forzados a

atender

un

número

significativamente

alto

de

pacientes

para poder cubrir los costos de su práctica, lo que afecta

la calidad de los servicios que prestan.

Por

otra

proveedores

parte,

de

también

reconoce

que

les

aplican

las

salud

a

los

leyes

antimonopolísticas, por lo que no pueden organizarse para

negociar

tarifas

legislación

justas

reconoció

y

que

razonables.

Ahora

el

Supremo

Tribunal

bien,

de

la

los

Estados Unidos pautó la autoridad de los estados para

poner en vigor leyes que establezcan una política pública

contraria

a

lo

antimonopolística.

establecido

A

su

vez,

en

la

señaló

que

legislación

tal

ejercicio

CC-2016-676

sería

15

reconocido,

propia

siempre

legislación

la

y

cuando,

política

se

del

exprese

gobierno

en

y

la

esté

activamente supervisada por el Estado. Véase, Parker v.

Brown, 317 US 341 (1943); FTC v. Ticor Tile Ins. Co., 504

US

621

(1992).

Así,

la

jurisprudencia

federal

ha

reconocido, como excepción, que se puede permitir alguna

práctica

contraria

a

las

normas

antimonopolísticas

si

están presentes dos requisitos: (1) se trate de un “state

action” donde el Estado sea quien promueva la práctica

anticompetitiva en virtud de una política pública y (2)

exista una supervisión directa (“actively supervised”) del

Estado sobre esta práctica. North Carolina State Bd. of

Dental Examiners v. FTC, 135 S.Ct. 1101 (2015).

La Ley Núm. 203-2008 no sólo reconoce la negociación

colectiva

delinea

de

la

los

profesionales

misma.

De

ese

de

la

modo,

salud,

sino

que

establece

que

los

proveedores de salud podrán agruparse por especialidad o

área geográfica y que los grupos no podrán exceder del 20%

de los proveedores por especialidad o servicio en esa área

geográfica en particular. 26 LPRA sec. 3103. A su vez,

especifica

que

asesoramiento

de

el

Departamento

la

Oficina

definirá

esas

áreas

estatuye

los

términos

de

Asuntos

geográficas.

y

de

Salud,

con

el

Monopolísticos,

Íd.

De

igual

condiciones

que

pueden

modo,

ser

negociados en los contratos, tales como: los honorarios y

tarifas;

los

criterios

de

las

cubiertas;

los

CC-2016-676

16

procedimientos administrativos; los métodos de reembolso;

los programas de garantías de calidad, entre otros. Íd.

Por otro lado, la Ley Núm. 203-2008 delega en la

Oficina del Comisionado de Seguros supervisar y fiscalizar

las negociaciones. 26 LPRA sec. 3104. Asimismo, que, antes

de comenzar la negociación, se tiene que notificar a la

Oficina

de

Asuntos

Monopolísticos

del

Departamento

de

Justicia. Íd.

Además, la ley en cuestión dispuso para la creación

de

una

comisión

controversia

en

de

el

arbitraje,

proceso

de

en

la

caso

de

negociación

alguna

que

no

pudiera ser resuelta por las partes. 26 LPRA sec. 3105.

También,

creó

la

Junta

Revisora

de

Tarifas

de

Planes

Médicos y Seguros Médicos con la facultad de autorizar el

alza en primas, tarifas o copagos que pudiera resultar de

la negociación colectiva o la reducción de cubiertas. 26

LPRA

sec.

3106.

Esta

Junta

estará

compuesta

por

el

Comisionado de Seguros, la Procuradora del Paciente, el

Procurador del Ciudadano y el Departamento de Salud. Íd.

Finalmente,

Asuntos

el

estatuto

Monopolísticos,

el

delega

en

Secretario

la

Oficina

de

de

Salud

el

y

Comisionado de Seguros la reglamentación para implantar

estas

disposiciones.

mandato,

se

adoptó

26

LPRA

sec.

3108.

Conforme

tal

la

Regla

91

de

Oficina

del

Comisionado de Seguros.

C.

la

CC-2016-676

La

17

Regla

91

tiene

el

propósito

de

establecer

y

definir los procesos de la negociación colectiva, según

autorizada en la Ley Núm. 203-2008. Así también, que los

resultados de tales negociaciones sean compatibles con las

leyes estatales y federales.

El

Capítulo

II

de

la

Regla

91

regula

la

certificación de los grupos para la negociación colectiva.

De entrada, el Art. 2.01 indica, al igual que la Ley Núm.

203-2008, que los proveedores de salud podrán agruparse

por especialidad o área geográfica, pero aclara que en

cada grupo no podrá exceder el 20% de cada especialidad en

alguna área geográfica específica, según las definidas en

el inciso (D). Las áreas geográficas están divididas en

once

regiones

que,

a

su

vez,

agrupan

a

todos

los

municipios de Puerto Rico. Estas según definidas por el

Departamento de Salud con el asesoramiento de la Oficina

de Asuntos Monopolísticos.

Ahora bien, el Art. 2.02 requiere que se pruebe la

existencia de un desequilibrio en la contratación previo a

negociar. En cuanto a lo que implica un desequilibrio en

la contratación y lo que se debe probar a esos efectos,

establece lo siguiente:

A. Existe un desequilibrio en la contratación entre

una

organización

de

servicios

de

salud

o

administrador de tercero y un grupo de proveedores

cuando ocurran las siguientes dos circunstancias:

a. La organización de servicios de salud o

el administrador de tercero tiene un poder

sustancial en el negocio de los seguros o

CC-2016-676

18

planes de cuidado de salud. Existe un poder

sustancial en el negocio de seguros o

planes de cuidado de salud cuando la

participación

de

la

organización

de

servicios de salud, por si sola o junto con

sus afiliadas, exceda de veinticinco mil

(25,000) personas cubiertas por alguno de

sus planes o exceda del cinco por ciento

(5%) del total de personas cubiertas en una

determinada área geográfica. Cuando se

trate de un administrador de terceros, se

considerará el número de personas cubiertas

por la entidad o entidades a las que le

presta servicio;

b. El poder sustancial antes descrito

interviene

con

la

habilidad

de

los

proveedores para ofrecer o brindar un

cuidado de salud de calidad. A tales

efectos, el grupo podrá probar que:

i. sus miembros se hayan visto obligados a

reducir el personal que ofrece servicios

de cuidado de salud de su práctica

ordinaria;

ii. se haya reducido sustancialmente el

tiempo de contacto con los pacientes, con

el propósito de atender un mayor volumen;

iii. sus miembros se hayan visto obligados

a cerrar alguna o parte de sus prácticas;

iv. se convierte en onerosa la práctica de

realizar los procesos necesarios para

lograr un diagnóstico certero o adecuado;

v. se haya afectado la prestación de un

servicio de cuidado de salud de calidad;

vi. cualquier otra situación que pueda

afectar la habilidad de los proveedores

para ofrecer o brindar un cuidado de salud

de calidad.

La información provista por las partes, con el

propósito de cumplir con el requisito de este

sub-inciso, se mantendrá confidencial a tenor con

la Ley de Monopolios. Regla 91, supra, Art.

2.02(A).

CC-2016-676

19

Por su parte, ese mismo artículo en su inciso (B)

excluye de la negociación colectiva, entre otros, al Plan

de Salud del Gobierno de Puerto Rico. Ello, debido a que

el plan de salud del gobierno está exento del Código de

Seguros de Puerto Rico y reglamentado por la ley de la

ASES. Regla 91, supra, Art. 2.02(B).

Por otro lado, el Art. 2.03 atiende lo concerniente a

la representación del grupo de proveedores en el proceso

de la negociación colectiva. Particularmente, establece lo

siguiente:

ARTÍCULO 2.03 Representante requerido

A. Un grupo de proveedores solamente podrá

negociar con una organización de servicios de

salud por medio de un representante de proveedores

debidamente autorizado. Sin embargo, un proveedor

podrá negociar a nombre de su negocio, cuando en

dicho negocio preste servicio por lo menos otro

proveedor o se presten más de un servicio de salud

y, además, se cumpla con los requisitos del

Artículo 2.01 de este Reglamento. Los convenios

logrados por dicho representante, en los límites

de

las

facultades

conferidas

por

sus

representados,

serán

vinculantes

para

éstos

últimos.

B. El aspirante a representante de proveedores

deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Que sea mayor de edad;

b) Que sepa leer y escribir;

c) Que haya obtenido diploma de cuarto año de

escuela superior;

d) No haber sido convicto de un delito que

implique deshonestidad o depravación moral. Regla

91, supra, Art. 2.03.

Por su parte, el Capítulo III atiende los poderes del

Comisionado

de

Seguros

para

autorizar

el

inicio

de

la

negociación y dirigir el proceso en sí. Regla 91, supra,

CC-2016-676

20

Art. 3.03. Específicamente, el Art. 3.12 le reconoce al

Comisionado de Seguros la facultad de aprobar o desaprobar

el contrato que surja a raíz de la negociación. Asimismo,

éste

deberá

consecuentes

velar

con

que

el

los

Código

términos

de

del

Seguros.

contrato

La

sean

aprobación

surgirá cuando los beneficios sociales o en pro de la

competencia superen los efectos negativos de las prácticas

anticompetitivas.

ejemplos

sobre

lo

El

inciso

que

(B)

pudieran

enumera

los

siguientes

considerarse

beneficios

sociales:

a. Se establezcan o mejoren programas de salud

preventivos que redunden en la reducción de

costos

y

resulten

en

beneficio

de

los

consumidores, las organizaciones de servicios de

salud y los proveedores;

b. Se establezcan o mejoren los programas para

la detección y el manejo del fraude;

c. Se reestablezca el balance competitivo en el

mercado de servicios de salud;

d.

Se

promueva

la

inversión

infraestructura y se incentiven los

médicos. Regla 91, supra, Art. 3.12.

en

la

adelantos

Por su parte, el inciso (C) de ese mismo artículo

menciona que, al balancear los efectos anticompetitivos, el

Comisionado de Seguros podrá considerar si:

a. El contrato provee para pagos de honorarios

excesivos;

b. El pacto contribuye al aumento de los costos

de los servicios de salud;

c. El acuerdo tiende a restringir el acceso y/o

la prestación de servicios de cuidado de salud.

Regla 91, supra, Art. 3.12.

CC-2016-676

21

Dentro del marco jurídico antes enunciado, procedemos

a resolver las controversias de autos.

III

Este caso nos exige precisar si los artículos de la

Regla 91 señalados por los peticionarios son ultra vires.

Específicamente,

siguientes

los

asuntos:

artículos

(A)

la

relacionados

demarcación

con

de

las

los

áreas

geográficas; (B) el desequilibrio en la contratación como

requisito

previo

exclusión

del

para

plan

la

de

negociación

colectiva;

salud

gobierno;

del

(C)

(D)

la

los

requisitos para ser representante de proveedor; y (E) la

autoridad

del

Comisionado

de

Seguros

para

iniciar

la

negociación y aprobar el pacto final.

Debemos analizar si tales artículos reglamentarios son

cónsonos

con

el

propósito

y

los

postulados

de

su

ley

habilitadora, la Ley Núm. 203-2008, y si no exceden la

autoridad

delegada.

Ello,

requerirá

que

auscultemos

la

intención legislativa, a través del texto de la ley, su

Exposición de motivos e historial legislativo, para así

lograr un análisis íntegro, tanto del estatuto que delegó

el poder de reglamentación como del cuerpo reglamentario

que se adoptó. Además, debemos evaluar su validez a la luz

del criterio de razonabilidad, el cual funge como criterio

rector. Danosa Caribbean v. Neg. Asist. Contr., 185 DPR

1008, 1030 (2012).

CC-2016-676

22

Como vimos, el propósito de la Ley Núm. 203-2008 fue

reconocer

la

desventaja

que

tienen

los

proveedores

de

salud al momento de negociar los planes médicos, pues no

tienen la posibilidad real de lograr un acuerdo justo con

algunas

aseguradoras.

Así,

con

la

herramienta

de

la

negociación colectiva, la Ley Núm. 203-2008 pretende darle

a estos proveedores desventajados un mejor balance en los

acuerdos

y

que

ello

trascienda

a

mejores

servicios

médicos. De ese modo, se declara como política pública la

autorización

de

la

negociación

colectiva

entre

los

proveedores de salud y las organizaciones de servicios de

salud.

A los fines de implementar esa política pública, la

Ley Núm. 203-2008 delegó en el Comisionado de Seguros, el

Departamento

de

Salud

y

la

Oficina

Monopolísticos

crear

la

reglamentación

necesaria”.

LPRA

sec.

3108.

26

de

Asuntos

“conveniente

Consecuentemente,

y

estas

agencias aprobaron la Regla 91, la cual regula el proceso

de la negociación colectiva autorizada por la Ley Núm.

203-2008.

A

grandes

rasgos,

las

agencias

concernientes

cumplieron debidamente con la labor delegada. No obstante,

en ese afán, impusieron ciertos requisitos y limitaciones

que no son cónsonos con la Ley Núm. 203-2008. Por ende,

esos requisitos que exceden la autoridad delegada y que no

CC-2016-676

23

van a la par con el propósito de la ley habilitadora, nos

vemos forzados a declararlos nulos. Veamos.

A.

Los

peticionarios

alegan

que

las

áreas

geográficas

delineadas en el Art. 2.01(D) de la Regla 91 no guardan

relación

con

argumentan

la

que

concentración

Ley

tal

de

Núm.

203-2008.

distribución

los

no

proveedores

A

tales

concuerda

de

salud,

efectos,

con

la

de

la

población, del mercado de las organizaciones de servicios

de salud o de las áreas establecidas para el Plan de Salud

del Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Salud.

Por

consiguiente,

plantean

que

las

áreas

geográficas

establecidas son arbitrarias y caprichosas.

El Art. 31.030, añadido al Código de Seguros por la

Ley Núm. 203-2008, permite que los proveedores de salud se

agrupen por especialidad o área geográfica para encaminar

la negociación colectiva, pero lo limita a que los grupos

no excedan el 20% de los proveedores para la especialidad

o servicio en esa área geográfica en particular. 26 LPRA

sec. 3103. Debido a tal limitación, las áreas geográficas

juegan

un

papel

importante

al

momento

de

formarse

y

aprobarse los grupos de proveedores que interesen negociar

colectivamente.

Ahora bien, al reconocer que el Departamento de Salud

y la Oficina de Asuntos Monopolísticos son las agencias

especializadas

sobre

este

asunto,

la

Ley

Núm.

203-2008

CC-2016-676

delegó

24

expresamente

a

éstas

la

tarea

de

definir

tales

áreas geográficas. Íd. Por ende, las áreas geográficas no

sólo fueron delineadas por el Departamento de Salud, que

es la agencia con el conocimiento especializado sobre la

distribución de los servicios de salud, sino que también

por la Oficina de Asuntos Monopolísticos, que es el ente

gubernamental con el conocimiento especializado sobre las

cuestiones antimonopolísticas. De ese modo, la delegación

de poder en cuestión no sólo tuvo el fin de considerar los

servicios de salud o los proveedores por cada área a ser

definida, sino que también buscó evitar que esta práctica

anticompetitiva

afectara

el

libre

comercio

más

de

lo

debido. Por ello, no podemos avalar la comparación que

hacen

los

peticionarios

establecidas

por

asuntos,

pues

cumplen

un

las

el

que

están

colectivas

Además,

veremos,

ni

de

ante

de

estas

los

geográficas

Salud

para

proveedores

con

de

geográficas

según

otros

consideración

relacionado

áreas

caprichosas,

áreas

nuestra

particular

negociaciones

arbitrarias

las

Departamento

propósito

como

de

las

salud.

no

aducen

son

los

peticionarios.

Del Informe rendido por la Oficial Examinadora, que

recogió las incidencias de las vistas públicas sobre la

Regla 91, se desprende que las regiones geográficas fueron

establecidas tras un estudio minucioso del Departamento de

CC-2016-676

25

Salud y la Oficina de Asuntos Monopolísticos.7 Ello, según

ordenado

por

la

Ley

Núm.

203-2008.

Del

expediente

se

desprende que el criterio rector para definir las áreas

geográficas fue lograr que más especialidades tuvieran la

oportunidad de ser incluidas en las negociaciones, a base

de la limitación del 20% establecida en la Ley Núm. 2032008.8

Además,

posición

los

de

peticionarios

determinar

que

la

no

nos

han

puesto

manera

en

que

en

fueron

divididas las áreas geográficas en la Regla 91 resulta

irrazonable

o

arbitraria.

Por

el

contrario,

basan

su

argumento en una comparación con otras divisiones de áreas

geográficas que no necesariamente guardan relación con el

propósito

que

se

persigue

en

la

Ley

Núm.

2013-2008.

Asimismo, alegan que múltiples médicos-cirujanos no podrán

negociar colectivamente porque no hay más de seis en su

área geográfica, pero no proveen evidencia alguna sobre

ello.

7Informe

y recomendaciones finalizadas las vistas

públicas de la propuesta Regla 91: Normas para regular el

proceso de negociación colectiva entre las organizaciones

de servicios de salud o administradores de terceros con

los proveedores, representantes de proveedores y la

creación del Panel Revisor y la Junta Revisora de Tarifas

de Planes Médicos y Seguros (Informe de la Oficial

Examinadora), pág. 22; Apéndice de la Petición de

certiorari, pág. 108.

8Véase,

Ponencia escrita ante la Comisión de Salud,

R. de la C. 523, 1ra Sesión Ordinaria, 16ta Asamblea

Legislativa, 2009, pág. 6 (ponencia del Hon. Ramón L.

Cruz-Colón, Comisionado de Seguros).

CC-2016-676

26

Por lo tanto, ante el conocimiento especializado del

Departamento

de

Salud

y

la

Oficina

de

Asuntos

Monopolísticos, reconocida en la propia Ley Núm. 203-2008

al delegarle esta tarea, y ante el minucioso análisis

realizado

por

esas

entidades

pericia,

concluimos

que

la

en

el

descargue

división

de

de

las

esa

áreas

geográficas recogida en el Art. 2.01(D) de la Regla 91,

merece

nuestra

deferencia

y,

como

tal,

declaramos

su

validez.

B.

Por otro lado, en su Art. 2.02, la Regla 91 limita la

negociación

colectiva

a

que

las

partes

previamente

demuestren que existe un desequilibrio en la contratación.

Particularmente,

en

su

inciso

(A)

especifica

las

circunstancias en las que se considerará que habrá tal

desequilibrio.

organización

Tales

de

circunstancias

servicios

de

son:

salud

(a)

tenga

que

un

la

poder

sustancial en el negocio de seguros o planes de cuidado de

salud, lo que se demostrará si su participación excede de

25,000 personas cubiertas por alguno de sus planes o del

5% del total de personas cubiertas en una determinada área

geográfica y (b) que tal poder incida sobre la calidad de

los

cuidados

proveedores

de

que

salud

que

interesen

ofrezcan

negociar,

o

brinden

los

entiéndase,

como

reducir su práctica, personal, tiempo de contacto con los

pacientes, entre otros.

CC-2016-676

27

Los peticionarios arguyen que la Ley Núm. 203-2008 no

establece como requisito para la negociación colectiva el

que

se

pruebe

la

existencia

del

desequilibrio

en

la

contratación. Precisan que la Exposición de motivos ya

reconoce tal desequilibrio, puesto que los contratos entre

los proveedores y las organizaciones de servicios de salud

son de adhesión. Además, sostienen que la ley habilitadora

no confirió jurisdicción a las agencias involucradas para

determinar este asunto.

Ante tal planteamiento, corresponde examinar la ley

habilitadora a los fines de determinar si, en efecto,

supedita la negociación colectiva a que las partes prueben

el desequilibrio en la contratación. Un análisis detallado

y concienzudo del estatuto nos lleva a responder en la

negativa.

La

Ley

Núm.

203-2008

reconoce

que

de

por

sí

la

relación entre los proveedores de salud y las aseguradoras

que dominan el mercado es desventajada. Ello, ante la

realidad

de

que

esas

grandes

términos

de

los

contratos

de

aseguradoras

adhesión,

pautan

dejando

a

los

los

proveedores de salud huérfanos de una posibilidad real de

negociar. Así, esta desventaja en la contratación es el

propósito

estatuto

de

la

concibe

negociación

como

colectiva.

requisito

para

Por

esta

ello,

el

negociación

colectiva que esté presente el elemento del desequilibrio

en la contratación.

CC-2016-676

28

El Art. 31.010 del Código de Seguros, introducido por

la Ley Núm. 203-2008, declara que la política pública

sobre esta negociación colectiva “persigue establecer un

balance

de

servicios

competitividad

de

salud”.

26

en

LPRA

la

contratación

sec.

3101.

En

de

esa

los

misma

línea, especifica que “hay planes de salud que dominan el

mercado, a tal grado que las negociaciones justas entre

los proveedores, los administradores de terceros y las

organizaciones

de

servicios

de

salud

prácticamente

son

inexistentes e inalcanzables”. Íd. Por ello, el propio

estatuto

hace

la

médicos

impiden

salvedad

las

de

que

negociaciones

no

todos

justas,

los

sino

planes

que

lo

limita a los que dominan el mercado. A ello, añade que

“[e]n esos casos, los administradores de terceros y las

organizaciones

de

servicios

de

salud,

tienen,

esencialmente, el poder de establecer unilateralmente los

términos de los contratos de adhesión que ofrecen a los

proveedores”. (Énfasis suplido). Íd. Así, nuevamente el

estatuto hace hincapié en que la situación que se pretende

atender no es general, sino circunscrita a esos casos

donde no existe un equilibrio al momento de negociar.

Finalmente,

expone

que

“el

Gobierno

de

Puerto

Rico

encuentra apropiado y necesario autorizar la negociación

colectiva en cuanto a los honorarios y otros asuntos donde

se determine que existe un desequilibrio en la referida

contratación”. (Énfasis suplido). Íd. Por tanto, la Ley

CC-2016-676

29

Núm. 203-2008 expresamente reconoce la determinación del

desequilibrio

como

condición

para

la

negociación

colectiva.

De ese mismo modo, la Exposición de motivos indica

que alrededor de cuatro aseguradoras controlan casi la

totalidad

del

mercado

de

seguros

y

que

“esas

grandes

compañías de seguros médicos” imponen los términos de los

contratos. A su vez, reconoce la problemática de que los

proveedores de salud se ven obligados a aceptar estos

planes médicos para poder subsistir. Exposición de motivos

Ley Núm. 203-2008 (2008 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico

1175).

Además, todo ello surge del historial de la medida

legislativa,

pues

los

informes

de

ambos

cuerpos

legislativos reconocen el monopolio ejercido por algunas

aseguradoras sobre el mercado de planes de salud local y

que los proveedores que no acepten sus condiciones quedan

fuera de la red de proveedores de servicios de salud.9

Asimismo,

el

Diario

de

Sesiones

de

la

Cámara

de

Representantes refleja que la intención legislativa fue

controlar

la

9Véase,

práctica

generalizada

por

parte

de

las

Informe Positivo sobre el P. del S. 2190 de

la Comisión de lo Jurídico, Asuntos Municipales y

Financieros del Senado de Puerto Rico de 1 de noviembre

de 2007, 15ta Asamblea Legislativa, 6ta Sesión Ordinaria;

Informe Positivo Conjunto sobre el P. del S. 2190 de la

Comisión de Gobierno y la de Hacienda y Asuntos

Financieros de la Cámara de Representantes de Puerto Rico

de 22 de mayo de 2008, 15ta Asamblea Legislativa, 7ma

Sesión Ordinaria.

CC-2016-676

grandes

30

aseguradoras

deducibles

y,

por

el

de

aumentar

otro

lado,

las

primas

bajar

las

y

los

cubiertas,

restringir los servicios y ofrecer pagos no competitivos a

los

proveedores

de

salud.

Por

ello,

se

concibió

como

viable y razonable que las grandes aseguradoras bajaran un

porciento de sus millonarias ganancias en beneficio de los

servicios de salud que recibe el Pueblo de Puerto Rico.10

Por su parte, los peticionarios argumentan que la

negociación

colectiva

se

debe

extender

a

todas

las

aseguradoras, sin importar su extensión en el mercado,

pues todos los contratos son de adhesión. Sin embargo, ese

no es el único factor a considerar. Además de ello, la

organización de servicios de salud o aseguradora con la

que

se

pretenda

negociar

tiene

que

tener

un

poder

sustancial en el mercado que obligue al proveedor de salud

a

aceptar

sus

términos

porque,

de

lo

contrario,

los

servicios de salud que ofrecen se verían limitados por la

cantidad de pacientes a los que no podría tener acceso al

no formar parte de esas redes de proveedores. No se trata

de

cualquier

contrato

de

adhesión,

sino

cuando

los

proveedores se ven obligados a aceptar para sostener su

práctica médica.

Por

resultarnos

atinente

y

persuasiva

la

interpretación ofrecida por la Oficina del Comisionado de

10Véase,

Diario

de

Sesiones

de

la

Cámara

de

Representantes de 19 de junio de 2008, 15ta Asamblea

Legislativa, 7ma sesión ordinaria.

CC-2016-676

31

Seguros sobre este asunto, a continuación, transcribimos

un fragmento de una de sus ponencias escritas ante la

Cámara de Representantes, al momento de investigarse la

implantación de la Regla 91:

Hay que recordar que la Ley Núm. 203[-2008]

pretende restablecer el balance en la contratación

de servicios de salud. Para lograr este objetivo,

es

requisito

indispensable

que

exista

un

desbalance o desequilibrio que no se puede dar por

sentado, ya que no todas las organizaciones de

servicios de salud tienen el poder para dictar

unilateralmente los términos de los contratos, ni

todos los proveedores se encuentran en una

posición de desventaja. De ser este el caso, se

estaría poniendo en riesgo a los aseguradores y

organizaciones de servicios de salud con volúmenes

limitados de negocios. Por tanto, cuando la Ley

autorizó las negociaciones s[ó]lo en aquellas

circunstancias

donde

existe

un

verdadero

desequilibrio que opera en detrimento de los

servicios prestados a los pacientes, esta Oficina

lo entendió como una norma de sabia prudencia

legislativa para no crear remedios más amplios que

los que amerite el problema.

Finalmente, si la intención de la 15ta Asamblea

Legislativa hubiera sido dar por sentado el

desequilibrio, no habría utilizado el lenguaje

antes transcrito, que expresamente requiere que se

determine su existencia. Por ello, entendemos que

ante este claro lenguaje, si la intención de

[e]sta

Honorable

Asamblea

Legislativa

es

no

requerir que se demuestre el desequilibrio, debe

enmendarse el Artículo 31.010 a esos propósitos.11

De igual manera, la oficial examinadora plasmó en el

Informe de las vistas públicas de la Regla 91, que en la

Exposición de motivos de la Ley Núm. 203-2008 se reconoció

que el problema con la negociación de los proveedores era

11Ponencia

escrita ante la Comisión de Salud, R. de

la

C.

523,

1ra

Sesión

Ordinaria,

16ta

Asamblea

Legislativa, 2009, pág. 6 (ponencia del Hon. Ramón L.

Cruz-Colón, Comisionado de Seguros).

CC-2016-676

32

provocado por unas cuantas aseguradoras y no por todas. A

ello, añadió que, bajo esa premisa, la Ley Núm. 203-2008

exige

que

se

contratación.12

demuestre

A

esos

el

efectos,

desequilibrio

argumentó

lo

en

la

siguiente

sobre la interpretación del Art. 31.010 de la Ley Núm.

203-2008:

En el segundo párrafo se reconoce que hay

planes que dominan el mercado. Sin embargo, hay

que notar que no se refiere a que todos los

planes tienen un dominio del mercado, sino

menciona que hay algunos que dominan el mercado

a tal grado que provocan la situación que

pretende erradicar la Ley. La propia Exposición

de Motivos menciona que son alrededor de cuatro

(4) aseguradoras las que dominan el mercado a

tal grado que provocan la situación que atiende

la Ley. Continua diciendo, “es en esos casos”, o

sea, no en todos, que se tiene el poder de

dictaminar unilateralmente los términos de los

contratos.

. . . .

El lenguaje claro e inequívoco de la Ley no

deja lugar para dudas en cuanto a que el texto

de la Ley requiere que se haga una determinación

previa de desequilibrio para autorizar la

negociación colectiva. Siendo ello así se

establece un “test” o escrutinio de criterios

neutrales que asegura la existencia de la

situación que pretende eradicar el legislador. A

su vez, delimita la discreción administrativa y

evita

la

arbitrariedad.

(Subrayado

en

el

original).13

12Véase,

Informe y recomendaciones finalizadas las

vistas públicas de la propuesta Regla 91: Normas para

regular el proceso de negociación colectiva entre las

organizaciones de servicios de salud o administradores de

terceros

con

los

proveedores,

representantes

de

proveedores y la creación del Panel Revisor y la Junta

Revisora de Tarifas de Planes Médicos y Seguros, pág.7;

Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 93.

13Íd.,

págs. 7-8; Íd., págs. 93-94.

CC-2016-676

33

A tenor con lo dispuesto expresamente en la Ley Núm.

203-2008

y

en

su

concluir

que

se

requiere

desequilibrio

en

la

colectiva.

posición

La

de

historial

determinar

contratación

intención

los

legislativo,

la

de

forzoso

existencia

para

la

legislativa

proveedores

es

del

negociación

fue

mejorar

la

al

momento

de

salud

negociar con las aseguradoras de planes médicos que tienen

un

poder

sustancial

en

el

mercado.

Ello,

pues

los

proveedores de salud no tienen opción de negociar sus

contratos ante el desequilibrio reconocido en la Ley Núm.

203-2008.

Asimismo,

condiciones,

proveedores

pues,

de

se

ven

obligados

de

no

pertenecer

estas

grandes

a

aceptar

tales

a

la

red

de

aseguradoras,

su

práctica

profesional se volvería prácticamente inexistente. Según

discutido,

el

propósito

de

esta

legislación

fue

contrarrestar ese desequilibrio y el remedio ofrecido por

la

Asamblea

Legislativa

para

ello

fue

la

negociación

colectiva.

Al interpretar todo lo anterior, las agencias aquí

concernientes

incorporaron

en

la

Regla

91

el

desequilibrio en la contratación como un requisito para

autorizar la negociación colectiva y que el mismo debía

ser

probado

determinar

por

el

las

partes.

desequilibrio,

la

Así,

con

Regla

91

el

fin

de

impuso

dos

criterios que condicionan la negociación colectiva aquí

discutida.

Como

mencionamos,

el

primero,

que

la

CC-2016-676

organización

34

de

servicios

de

salud

con

la

que

se

pretenda negociar tenga una participación que exceda de

25,000 personas cubiertas por alguno de sus planes o

exceda el 5% del total de personas cubiertas en una

determinada área geográfica y; el segundo, que tal poder

incida

sobre

la

práctica

de

los

proveedores

evaluar

el

primer

que

interesen negociar.

Comencemos

por

requisito

que

incide sobre la influencia o dominio que tiene en el

mercado local la organización de servicios de salud con

la que se pretende negociar. Como mencionáramos, este

factor es determinante porque mientras más poder tenga

la aseguradora en el mercado, menos oportunidad tiene el

proveedor de rechazar su propuesta.

Respecto

al

margen

establecido

en

el

Artículo

2.02(A)(a) de la Regla 91, el Comisionado de Seguros

explicó lo siguiente ante la Cámara de Representantes:

Según la Exposición de Motivos, el desequilibrio

surge por el excesivo poder de mercado que poseen

ciertos aseguradores u organizaciones de servicios

de salud. Por tanto, para que un asegurador u

organización de servicios de salud tenga el poder

suficiente para crear la situación de desventaja,

al menos debe tener una participación sustancial en

el mercado. De ahí el requisito de 5% de “market

share” o de 25,000 personas cubiertas dentro de

determinada área geográfica, números que contrastan

con la afirmación de control total del mercado.

Estos criterios, al igual, que la Ley Núm. 203[2008], provienen de esquemas similares establecidos

en otras jurisdicciones, no obstante, se ajustaron

para ampliar en la medida posible el margen de la

negociación. Para incrementar el universo o la base

de donde se determina el 20% se consolidaron

regiones de servicios de salud, de manera que más

CC-2016-676

35

especialidades pudieran

establecido en la Ley.14

Además

de

cumplir

objetivo,

nos

con

parece

el

límite

razonable

este

criterio para determinar si se trata de una aseguradora

que

tiene

cierto

dominio

en

el

mercado

al

punto

de,

asimismo, dominar el proceso de la contratación de los

proveedores.

No

sólo

se

considera

el

número

total

de

participantes de ese plan médico, sino el porciento por

cada

área

geográfica.

De

ese

modo,

se

toma

en

consideración la particularidad de las áreas geográficas y

si alguna aseguradora o plan médico ha centrado su negocio

en algún área. Por ejemplo, una aseguradora que tenga

menos de 25,000 participantes en total y no represente,

tal vez, una influencia significativa para un proveedor de

salud en alguna área geográfica, pero, esa aseguradora

concentre sus participantes en otra área geográfica donde

sí podría ser significativa su participación para esos

proveedores.

Una vez reconocido que el desequilibrio tiene que

estar presente y que es cónsono con el texto y propósito

mismo de la ley habilitadora, concluimos que el criterio

de los 25,000 participantes o el 5% por área geográfica no

es

arbitrario

determinación

14Véase,

ni

caprichoso.

sobre

el

Sin

este

desequilibrio

criterio,

se

la

tornaría

Ponencia escrita ante la Comisión de Salud,

R. de la C. 523, 1ra Sesión Ordinaria, 16ta Asamblea

Legislativa, 2009, págs. 5-6 (ponencia del Hon. Ramón L.

Cruz-Colón, Comisionado de Seguros).

CC-2016-676

arbitraria.

36

Por

tanto,

declaramos

válido

este

criterio

recogido en el inciso (a) del Artículo 2.02(A) de la Regla

91.

Ahora bien, esa información sobre los negocios de

las aseguradoras está bajo su propio control, o de la

Oficina del Comisionado de Seguros. Por tanto, no está

necesariamente

bajo

el

control

de

los

proveedores

de

salud, quienes son realmente los interesados en iniciar la

negociación colectiva. Es por ello, que esa información no

debe ser requerida a los proveedores de salud que anuncien

su

interés

de

negociar

colectivamente.

Más

bien,

esta

información debe ser suplida por la entidad que fiscaliza

a las aseguradoras, entiéndase la Oficina del Comisionado

de Seguros.15 Por ello, aun cuando declaramos válido el

inciso anterior, aclaramos que la carga de probar el mismo

no debe recaer en los proveedores de salud que interesen

negociar colectivamente. Recae, pues, en la Oficina del

Comisionado de Seguros recopilar la información necesaria

para determinar si se cumple con ese criterio.

Ahora

procede

que

evaluemos

el

segundo

criterio

impuesto en la Regla 91. Particularmente, éste exige que

se pruebe cómo el desequilibrio afecta la práctica de los

proveedores. Por tanto, les impone a los proveedores una

15El

Art. 2.02(C) de la Regla 91 le impone al

Comisionado de Seguros el deber de calcular anualmente el

número de personas cubiertas por cada organización de

servicios de salud en cada área geográfica.

CC-2016-676

37

carga probatoria no reconocida en el estatuto habilitador.

Ello, pues condiciona la negociación colectiva a que los

proveedores

evidencien

las

consecuencias

habidas

en

su

práctica por el desbalance en la contratación.

Sin embargo, la propia Ley Núm. 203-2008 reconoce la

situación de desventaja que tienen los proveedores frente

a

las

aseguradoras

que

dominan

el

mercado

y

las

consecuencias de ello. En particular, la Exposición de

motivos explica que, esta situación de desventaja, afecta

de

forma

prestan

perjudicial

los

la

calidad

de

los

proveedores.

Expone

que,

servicios

ante

las

que

bajas

tarifas que pagan los planes médicos en comparación con

los costos operacionales, los proveedores de salud se han

visto

forzados

a

aumentar

el

número

de

pacientes

que

atienden y disminuir su tiempo contacto. Exposición de

motivos Ley Núm. 203-2008 (2008 (Parte 2) Leyes de Puerto

Rico 1175).

Por

ende,

propósito

resulta

legislativo

irrazonable

requerirles

a

y

contrario

al

los

proveedores

de

salud que prueben esa desventaja ya reconocida per sé en

la

ley

para

colectiva.

condicionar

Por

ser

los

su

derecho

proveedores

a

la

negociación

de

salud

el

grupo

protegido, es un contrasentido que se les requiera probar

los

efectos

de

ello

en

su

práctica.

El

resultado

de

validar este requisito sería restringir el acceso a la

negociación colectiva más allá de lo establecido en la ley

CC-2016-676

38

habilitadora.

Por

exceder

el

poder

cónsono

el

espíritu

de

la

con

delegado

Ley

y

Núm.

no

ser

203-2008,

declaramos ultra vires el criterio plasmado en el inciso

(b) del Art. 2.02(A) de la Regla 91.

A modo de recapitulación, resolvemos que el requisito

del desequilibrio en la contratación es válido, pues no

sólo está reconocido en la ley habilitadora, sino que

incide

en

su

“establecer

propósito

un

mismo.

balance

La

de

política

pública

competitividad

en

de

la

contratación de los servicios de salud” requiere que esté

presente

un

desbalance.

Véase,

26

LPRA

sec.

3101.

En

cuanto a los criterios para determinar el desequilibrio,

validamos el criterio referente al número de participantes

de las aseguradoras en el mercado local. No obstante,

advertimos

que

tal

criterio

no

puede

ser

una

carga

probatoria para los proveedores de salud, sino que es

responsabilidad

de

las

organizaciones

de

servicios

de

salud divulgar esa información y del propio Comisionado de

Seguros requerirlas y custodiar esas estadísticas, a fin

de cumplir con el mandato legislativo. Por otro lado,

invalidamos que se requiera demostrar que tal poder de las

organizaciones de servicios de salud afecta en la calidad

de los servicios de salud que ofrecen los proveedores,

pues ello ya está reconocido en la ley habilitadora.

C.

CC-2016-676

39

El Art. 2.02(B) de la Regla 91 excluye el Plan de

Salud

del

Gobierno

de

Puerto

Rico

de

la

negociación

colectiva de los proveedores con las organizaciones de

servicios de salud. La Regla 91 menciona que tal exclusión

se debe a que el plan de salud del gobierno está exonerado

del Código de Seguros de Puerto Rico, en virtud de la Ley

de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico,

supra.

En

cuanto

a

esa

exclusión,

los

peticionarios

argumentan

que

la

Ley

Núm.

203-2008

no

la

contempla.

Incluso,

arguyen

que

es

contraria

a

la

intención

legislativa. A tales efectos, hacen referencia a que en la

Exposición

de

motivos

se

hace

mención

de

este

plan.

Además, fundamentan su alegación en que su reclamo no es

en cuanto a las negociaciones directamente con la ASES,

sino a las realizadas con proveedores que tienen contratos

con las aseguradoras que ofrecen la cubierta de Mi Salud.

Así pues, los peticionarios señalan que la Ley Núm. 2032008 no aplica cuando la ASES contrata directamente con

los proveedores.

Ante tal cuadro, corresponde determinar si, acorde

con la Ley Núm. 203-2008, los proveedores de salud pueden

negociar

colectivamente

servicios

de

salud

que

Gobierno de Puerto Rico.

con

las

ofrecen

el

organizaciones

de

Plan

del

de

Salud

CC-2016-676

40

Debemos comenzar con el hecho de que la Ley Núm. 2032008 no detalla los planes de salud que estarían incluidos

en

las

negociaciones

colectivas

de

los

proveedores

de

salud. Al mantener silencio sobre la inclusión o exclusión

del plan de salud estatal, debemos auscultar el historial

legislativo.

En la Exposición de motivos de la Ley Núm. 203-2008,

se menciona el plan de salud estatal, al reconocer que

casi toda la población de este País tiene un plan médico,

ya sea privado o el que ofrece el gobierno. Sin embargo,

luego de tal mención, la Exposición de motivos desarrolla

y

centra

privadas,

su

argumento

sin

hacer

en

las

compañías

referencia

al

de

plan

seguros

de

salud

gubernamental. Más aun, como mencionáramos, resalta que

cuatro

aseguradoras

controlan

el

mercado

local

de

los

seguros y que “[e]sas grandes compañías de seguros médicos

convertidas en corporaciones, con fines de lucro, dominan

el mercado y dictan y establecen los honorarios y tarifas

de forma unilateral . . .”. (Énfasis suplido).

Ley Núm.

203-2008 (2008 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 1174). De

este

modo,

la

ley

se

refiere

a

los

planes

de

salud

privados con fines de lucro, contrario al plan de salud

del

gobierno

que

es

administrado

por

una

corporación

pública, con un fin público. 24 LPRA sec. 7001.

A su vez, del historial legislativo de la Ley Núm.

203-2008

también

se

deprende

que

no

fue

la

intención

CC-2016-676

41

incluir el plan de salud estatal en estas negociaciones.

En un momento dado, la ASES se concibió como un ente

regulador de este proceso de la negociación colectiva, al

igual

que

la

Oficina

del

Comisionado

de

Seguros

y

la

Oficina de Asuntos Monopolísticos. El Informe Positivo del

Senado sobre el Proyecto 2190 incluyó a la ASES como uno

de los entes gubernamentales que participarían del proceso

de la reglamentación y de la aprobación de las alzas de

las

primas,

junto

al

Departamento

de

Justicia

y

al

Comisionado de Seguros.16

Ahora

bien,

la

Cámara

de

Representantes

decidió

descartar la ASES como un ente regulador del proceso de la

negociación colectiva. En el Diario de Sesiones en la

Cámara de Representantes, se dejó meridianamente claro que

el

plan

de

salud

estatal

no

formaría

parte

de

estas

negociaciones colectivas. La entonces Representante, Hon.

Jenniffer González Colón, presentó y discutió el Proyecto

de ley en el hemiciclo, previo a su aprobación.17 Ante la

preocupación de uno de sus compañeros legisladores sobre

la inclusión de la ASES, entre otras entidades, en estas

negociaciones colectivas, se aclaró que el plan de salud

16Informe

Positivo sobre el P. del S. 2190 de la

Comisión

de

lo

Jurídico,

Asuntos

Municipales

y

Financieros del Senado de Puerto Rico de 1 de noviembre

de 2007, 15ta Asamblea Legislativa, 6ta Sesión Ordinaria.

17La

Hon. Jenniffer González Colón era la Presidenta

de la Comisión de Gobierno, quien junto con el Hon.

Antonio Silva Delgado, presentó el Informe Positivo

Conjunto de la Cámara de Representantes para el Proyecto

del Senado 2190.

CC-2016-676

del

42

gobierno

no

formaría

parte

de

las

mismas.

A

continuación, lo allí expresado:

SR. RIVERA AQUINO: Okey. En el caso de lo que es

la ACCA [sic], el Fondo del Seguro del Estado,

ASSES [sic], están estos también vinculados a lo

que es esa (cotización).

SRA. GONZALEZ COLON: Este Proyecto no cobija

ninguna…

SR. PRESIDENTE ACC. (JIMENEZ NEGRON): Adelante

compañera.

SRA. GONZALEZ COLON: Muchas gracias. Esta medida

no contempla ninguna de las negociaciones de la

Reforma de Salud, porque eso va a subasta. Por lo

tanto, eso es gobierno. Ni lo que es ACCA [sic],

ni lo que es el Fondo, ni lo que es ASSES [sic],

están incluidos en esto.

SR. RIVERA AQUINO: Finalmente, le pregunto…

SRA. GONZALEZ COLON: De hecho, habían unas

enmiendas del grupo de aseguradoras para que

incluyéramos a todos esos grupos, pero no fueron

aceptadas por la Comisión precisamente porque eso

pudiera generar, es un Proyecto piloto, y yo creo

que todavía no tenemos la capacidad de evaluar

cuánto, cómo va a funcionar en términos de por

ciento para aventurarnos a incluir todas las

regiones. (Énfasis suplido). Diario de Sesiones

de la Cámara de Representantes de 19 de junio de

2008, 15ta Asamblea Legislativa, 7ma sesión

ordinaria, pág. 153.

De lo anterior, es forzoso concluir que la intención

legislativa fue excluir el plan de salud del gobierno de

estas

negociaciones

consideraron

servicios

el

colectivas.

hecho

contrata

de

con

que

la

Los

ASES

organizaciones

de

legisladores

para

dar

servicios

los

de

salud, a través de un proceso de subasta. Por tanto,

concibieron

que

los

proveedores

de

salud

no

pueden

negociar con las organizaciones de servicios de salud

asuntos ya pactados por la ASES.

CC-2016-676

43

Contrario a la Ley Núm. 203-2008, una legislación

posterior, la Ley Núm. 228-2015, proveyó expresamente la

posibilidad de incluir el plan de salud del gobierno en

las negociaciones colectivas, pero en ese caso, sólo para

las cooperativas de proveedores de servicios de salud

(CPSS).

5

LPRA

sec.

4516j(b).

Esta

legislación

más

reciente incluyó al plan de salud del gobierno en las

negociaciones colectivas de las CPSS, distinto a la Ley

Núm. 203-2008 donde los legisladores diáfanamente en su

discusión lo excluyeron de las negociaciones colectivas

de los proveedores de salud. Si el legislador hubiese

querido la inclusión del plan de salud estatal en las

negociaciones colectivas de los proveedores de salud, así

lo hubiera hecho, según lo hizo en la Ley Núm. 228-2015.

Como

se

ha

reconocido,

al

legislador

no

le

podemos

atribuir actuaciones sin fin alguno. Pueblo v. Pizarro

Solís, 129 DPR 911, 928 (1992). Por consiguiente, en este

caso

en

particular,

la

inclusión

expresa

en

la

ley

posterior denota la exclusión del plan de salud en la ley

previa, que tenemos hoy ante nuestra consideración.18

18Además,

debemos recordar que la ley orgánica de la

ASES descarta la jurisdicción y reglamentación del

Comisionado de Seguros sobre las organizaciones de

servicios de salud que contratan con ella. 24 LPRA sec.

7026. Ello, pues establece que la ASES será responsable de

fiscalizar

la

capacidad

y

efectividad

de

estas

organizaciones. Íd. Mientras, la Ley Núm. 203-2008

precisamente enmienda el Código de Seguros para añadir un

nuevo capítulo sobre la negociación colectiva entre los

proveedores y las organizaciones de servicios de salud.

Además, el Comisionado de Seguros es el ente fiscalizador

CC-2016-676

44

A tenor con todo lo anterior, disponemos que el Plan

de Salud del Gobierno de Puerto Rico está excluido de las

negociaciones colectivas autorizadas por la Ley Núm. 2032008,

con

excepción

de

las

CPSS,

según

reconocido

expresamente en la Ley Núm. 228-2015.

D.

Por su parte, el Art. 2.03(B) de la Regla 91, atiende

el

asunto

de

los

representantes

de

proveedores.

Así,

aclara el marco de tal representación y los requisitos

para ser un representante. Los peticionarios plantean que

la Regla 91 impone requisitos no contemplados por la Ley

Núm.

203-2008,

alfabetismo

y

referentes

moralidad,

los

a

la

edad,

cuales,

escolaridad,

alegan,

están

en

conflicto con el propio estatuto. No les asiste la razón.

La Ley Núm. 203-2008 define el término representante

de proveedor de la siguiente manera:

[U]n tercero, autorizado por el proveedor para

negociar a su nombre, con las organizaciones de

servicios de salud, los términos y condiciones

contractuales entre las partes y el proveedor,

que deberá tener:

(a)

Autoridad

y

facultades

que

le

conferidas.

(b) Término para ejercer dicha función.

son

de tales negociaciones y tiene la responsabilidad de que

los resultados de la negociación cumplan con el Código de

Seguros. 26 LPRA 3104. Es decir, esta negociación

colectiva se rige por el Código de Seguros y su

Comisionado. Al no ser extensiva tal jurisdicción sobre

las organizaciones de servicios de salud que contraten con

la ASES, el plan de salud administrado por esta última no

debe concebirse como parte de las negociaciones colectivas

autorizadas en la Ley Núm. 203-2008.

CC-2016-676

45

(c)

Método

válido

para

hacer

constar

la

delegación de dicho poder o facultad.

(d) Persona con autoridad para conferirle

facultades.

(e) Validez del contrato.

(f) Responsabilidad civil exigible, y a quién

obliga. (Énfasis suplido). 26 LPRA sec. 3102(6).

Por

su

parte,

el

Art.

2.03(B)

de

la

Regla

91

complementa lo anterior y especifica que el aspirante a

representante debe cumplir con: ser mayor de edad; saber

leer y escribir; tener el diploma de escuela superior; no

haber

sido

convicto

de

un

delito

que

implique

deshonestidad o depravación moral.

Al examinar ambas disposiciones, es forzoso concluir

que

los

requisitos

impuestos

en

el

Art.

2.03

están

relacionados con la función de representar a un grupo de

proveedores

en

un

proceso

de

negociación

con

las

organizaciones de servicios de salud y procurar que la

persona

tenga

cierta

responsabilidad

civil

ante

tan

delicada función. A su vez, les ofrecen mayor certeza al

proceso

y

mayor

protección

a

los

mismos

proveedores,

quienes delegarán la negociación colectiva autorizada en

ese

representante.

Contrario

a

lo

argüido

por

los

peticionarios, no se trata de requisitos adicionales no

contemplados en la ley orgánica, sino que la Regla 91

ofrece especificidad a los criterios generales provistos

en

la

Ley

requisitos

Núm.

203-2008.

arbitrarios

o

Más

aun,

no

caprichosos,

razonables para el propósito de la ley.

se

tratan

de

sino

que

son

CC-2016-676

A

46

tenor

requisitos

con

lo

impuestos

anterior,

en

el

concluimos

Art.

2.03

que

los

para

ser

representantes de proveedores no son ultra vires y, por

el contrario, son cónsonos con la definición dada en la

ley habilitadora.

E.

Los Art. 3.03 y 3.12 de la Regla 91 los discutiremos

en conjunto por relacionarse ambos con la autoridad del

Comisionado

de

Seguros

sobre

el

proceso

de

las

negociaciones colectivas entre los proveedores de salud y

las organizaciones de servicios de salud. El Art. 3.03 de

la Regla 91 establece que el Comisionado de Seguros será

quien autorice el inicio de las negociaciones, siempre y

cuando, se cumplan con todos los requisitos. Además, que

impartirá las instrucciones a seguirse en el proceso. Por

su parte, el Art. 3.12 atiende la parte final de la

negociación, al establecer que el Comisionado de Seguros

deberá impartir su aprobación al contrato logrado por las

partes.

Esto

bajo

el

criterio

de

que

los

beneficios

sociales o en pro de la competencia superen los efectos

negativos

de

ejemplifica

la

práctica

ciertos

anticompetitiva.

escenarios

Comisionado para ese fin.

a

A

considerar

su

vez,

por

el

CC-2016-676

47

Los peticionarios argumentan que tal delegación de

poder al Comisionado es ultra vires, pues no se desprende

de la ley habilitadora. Sobre los criterios para aprobar

el

acuerdo

final

entre

las

partes,

los

peticionarios

arguyen que son arbitrarios por no guardar una relación

racional con la Ley Núm. 203-2008. No estamos de acuerdo.

Como muy bien reconoce su Exposición de motivos, la

Ley

Núm.

203-2008

antimonopolística,

es

una

excepción

al

permitir

la

a

la

política

agrupación

de

proveedores de salud para negociar con las organizaciones

de salud, lo cual vulnera la libre competencia en el

mercado. Asimismo, reconoce tal excepción por tratarse de

un asunto de política pública, a saber, lograr que los

proveedores

de

salud

no

continúen

en

desventaja

al

momento de negociar con las grandes aseguradoras y las

implicaciones que ello conlleva en los servicios de salud

de nuestro País. Por tratarse, precisamente, de un asunto

de

política

pública

resulta

más

que

razonable,

indispensable, la supervisión activa del Comisionado de

Seguros

en

estos

procesos.

La

propia

Exposición

de

motivos cataloga la intervención y la fiscalización del

Comisionado como “salvaguarda” del Estado. Ello, para que

se asegure que los procesos se lleven a cabo según el

propósito mismo del estatuto. A su vez, el Comisionado

tiene la obligación de proteger la naturaleza de estas

negociaciones, las cuales finalmente repercuten en los

CC-2016-676

servicios

48

de

salud

que

tendrán

a

su

disposición

los

ciudadanos. De igual modo, podemos percibir del historial

legislativo que, al conferirle al Comisionado de Seguros

la tarea de supervisar y fiscalizar las negociaciones

colectivas, se tuvo la intención de una participación

activa del Estado en estos procesos. No menos importante,

el rol del Comisionado garantiza el cumplimiento de los

requisitos

jurisprudenciales

discutidos

en

materia

de

los

beneficios

prácticas anticompetitivas.

Respecto

sociales

y

a

los

los

criterios

efectos

sobre

anticompetitivos

del

contrato

acordado entre las partes, colegimos que son razonables.

Al

tratarse

de

antimonopolísticas,

una

el

excepción

acuerdo

final

a

las

leyes

entre

las

partes

tiene que cumplir con el fin de la política pública que

establece la ley, que en este caso sería mejorar los

servicios de salud. Al ponderar estos criterios, como la

implantación

de

programas

preventivos,

el

incentivarse

adelantos médicos, la inversión en la infraestructura o

el acceso a la prestación de los servicios de salud, el

Comisionado de Seguros garantizará que estos acuerdos no

sólo mejoren la posición de los proveedores de salud al

momento de negociar, sino que incidan sobre la calidad de

los servicios de salud. Esto redunda en el objetivo final

de la Ley Núm. 203-2008, que es mejorar los servicios de

salud del Pueblo.

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49

Es por todo lo anterior, que disponemos que los Arts.

3.03 y 3.12 de la Regla 91, que tratan sobre el poder del

Comisionado

de

Seguros

en

el

proceso

de

estas

negociaciones colectivas, son válidos.

IV

Tras un análisis sosegado de todas las disposiciones

aplicables,

resulta

forzoso

concluir

que

los

Artículos

aquí examinados, excepto el Art. 2.02(A)(b) y la carga

probatoria impuesta a los proveedores en el inciso (a) de

tal Artículo, cumplen con el propósito de la Ley Núm. 2032008 y la política pública allí establecida.

En

virtud

de

lo

que

antecede,

modificamos

la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones a fin de

declarar el inciso (b) del Art. 2.02(A) de la Regla 91 del

Comisionado

de

Seguros

nulo

y

aclarar

que

la

carga

probatoria establecida en el inciso (a) del Art. 2.02(A)

no debe recaer en los proveedores de salud.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Colegio de Médicos-Cirujanos

de Puerto Rico, Asociación de

Laboratorios Clínicos, Inc.

Peticionarios

v.

Academia de Medicina de la

Familia; Academia de Medicina

General; Asociación de

Hematología y Oncología de

Puerto Rico; Asociación de

Quiropráctico de Puerto Rico;

Colegio de Cirujanos

Dentistas de Puerto Rico;

Pain Management Academy of

Puerto Rico, Inc.

Interventores

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Certiorari

Hon. Ángela Weyne Roig, en

su

capacidad de Comisionada

de Seguros; Hon. César

R. Miranda Rodríguez,

en

su

capacidad

de

Secretario

de Justicia; Hon. Ana del

C. Ríus Armendaris, en su

capacidad de Secretaria de

Salud

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 7 de noviembre de 2018.

En virtud de lo que antecede, se modifica la Sentencia

emitida por el Tribunal de Apelaciones a fin de declarar el

inciso (b) del Art. 2.02(A) de la Regla 91 del Comisionado

de Seguros nulo y aclarar que la carga probatoria

establecida en el inciso (a) del Art. 2.02(A) no debe recaer

en los proveedores de salud.

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2

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz

Rodríguez y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no

intervinieron.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo