Tribunal Supremo de Puerto Rico
FECHA OPINION
2018 TSPR 164
Poder Judicial de Puerto Rico
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FECHA OPINION
NUMERO CASO
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Junta de Licenciamiento y
Disciplina Médica
Certiorari
Peticionaria
2018 TSPR 164
V.
201 DPR ____
Denys Cabral Jiménez
Lic. #15,402
Número del Caso: CC-2016-563
Fecha: 2 de octubre de 2018
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan
Oficina del Procurador General
Lcdo. Luis Román Negrón
Procurador General
Lcdo. Guillermo Mangual Amador
Procurador General Auxiliar
Abogado de la parte recurrida:
Lcdo. Ramón Cestero Moscoso
Materia: Derecho administrativo: Facultad de la Junta de Licenciamiento
y Disciplina Médica para revocar una licencia provisional para ejercer
la medicina que se emitió sin cumplir con los requisitos de ley.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que
está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y
publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución
electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Junta de Licenciamiento
Disciplina Médica
y
Peticionaria
CC-2016-0563
v.
Denys Cabral Jiménez
Lic. #15,402
Recurrida
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ
TORRES
En San Juan, Puerto Rico, a 2 de octubre de 2018.
Ante nosotros acude la Junta de Licenciamiento
y Disciplina Médica y nos solicita que revoquemos
una sentencia del Tribunal de Apelaciones que ordenó
la reinstalación de una licencia médica suspendida
que
fue
doctora
médicas.
alegadamente
no
En
había
vista
otorgada
aprobado
de
que
por
una
la
error,
de
pues
la
las
reválidas
Junta
determinó
válidamente que la doctora no obtuvo la nota de pase
necesaria y, por ende, no cumplía con los requisitos
de ley para ser acreedora de la licencia, revocamos
el dictamen del Tribunal de Apelaciones.
CC-2016-0563
2
I
El
22
de
junio
de
2004,
el
entonces
Tribunal
Examinador de Médicos (TEM) (desde el 1 de enero de 2009,
Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica) otorgó a la
Dra.
Denys
Cabral
Jiménez
la
licencia
para
ejercer
la
medicina general en Puerto Rico. Tres años más tarde, le
suspendió sumariamente esa licencia mediante la Resolución
2007-28, tras la querella TEM-Q-2007-51. El TEM fundamentó
su
decisión
en
que
poseía
documentación
certificada
entregada por el Dr. Rubén Vélez García, consultor a cargo
de la reválida, en donde se detalla “la puntuación real”
(pero sin especificar cuál fue ni si fue por debajo de la
nota de pase) que la doctora Cabral Jiménez obtuvo en uno
de
los
exámenes
de
reválida.
También
hizo
constar
que
posee prueba que demuestra que la doctora Cabral Jiménez
ayudó a alterar y falsificar documentos relacionados con
los resultados de la reválida.
Poco
tiempo
después,
la
fiscalía
federal
presentó
acusaciones contra varias decenas de doctores, incluyendo
a la doctora Cabral Jiménez, por cargos de: (1) fraude al
obtener
las
calificaciones
de
la
reválida
de
medicina
falsa e ilegalmente y (2) conspiración para defraudar a
los Estados Unidos de América. Sin embargo, a petición de
la fiscalía, el Tribunal Federal desestimó sin perjuicio
los
cargos.
Luego,
la
fiscalía
enmendada, que fue desestimada.
sometió
una
acusación
CC-2016-0563
3
En agosto de 2008, el TEM emitió otra resolución de
suspensión, Resolución 2008-63, bajo el número de querella
TEM-Q-2008-52. No hizo referencia a la querella anterior.
En esta resolución, el TEM mencionó expresamente que la
doctora Cabral Jiménez no aprobó la reválida de ciencias
clínicas que tomó en noviembre de 2003, por lo que no
obtuvo su licencia en conformidad con las reglas y la ley.
Hizo referencia a la acusación federal contra la doctora
Cabral Jiménez por fraude y conspiración, y citó a la
doctora a una vista administrativa.
La
doctora
Cabral
Jiménez
presentó
una
moción
de
desestimación. Sostuvo que el TEM emitió dos resoluciones
de suspensión sumaria, una en 2007 y otra en 2008, basadas
esencialmente
en
los
mismos
hechos.
Alegó
celebraron las vistas dentro del término
por
lo
que
se
encontraba
suspendida
que
no
se
reglamentario,
desde
2007,
en
violación del reglamento del TEM y del debido proceso de
ley.
Ante
la
oposición
de
la
Junta
a
la
moción
de
desestimación, se señaló una vista para el 17 de marzo de
2009. La doctora Cabral Jiménez planteó que la moción de
desestimación se podía resolver sin celebrar una vista. No
obstante,
la
Oficial
Examinadora,
Lcda.
Berta
Mainardi
Peralta, determinó escuchar la prueba de la Junta para
satisfacer
suspensión.
el
peso
de
la
prueba
requerido
para
la
CC-2016-0563
La
4
Junta
presentó
el
testimonio
del
doctor
Vélez
García, quien declaró sobre el proceso de calibración de
las
reválidas,
estricta
la
seguridad
confidencialidad
del
proceso
y
del
que
trámite,
él
es
la
la
única
persona que calibra los exámenes. Testificó que, luego de
acceder a los archivos de su computadora y de los discos
originales
que
se
generaron
de
la
lectura
óptica
del
examen, que es el expediente oficial de la Junta sobre la
reválida
de
ciencias
clínicas
de
noviembre
de
2003,
concluyó que la doctora Cabral Jiménez obtuvo un resultado
de 544 puntos, que está por debajo de la nota de pase de
700 puntos. Declaró, además, que corroboró manualmente la
puntuación
de
544
a
solicitud
de
la
Junta.
Al
ser
confrontado con el documento que la doctora presentó al
solicitar
su
licencia,
del
que
surge
que
obtuvo
719
puntos, el doctor Vélez García dijo que no lo había visto
antes,
que
no
lo
generó,
que
no
salió
de
su
archivo
electrónico y que no sabía quién lo preparó.
La
Oficial
testimonio
informe
del
Examinadora
dio
doctor
García
mantener
Vélez
vigente
la
entera
y
credibilidad
al
recomendó
en
su
sumaria
de
la
suspensión
licencia hasta la disposición del caso en sus méritos. La
Junta
acogió
2009-15,
en
esta
el
recomendación
caso
mediante
TEM-Q-2007-51.
La
la
Resolución
doctora
Cabral
Jiménez recurrió de esta resolución, pero el Tribunal de
Apelaciones confirmó el dictamen de la Junta, por medio de
una sentencia el 17 de diciembre de 2009.
CC-2016-0563
5
El foro apelativo intermedio resolvió que la decisión
de suspender sumariamente a la doctora Cabral Jiménez para
evitar que continúe ejerciendo la profesión de médico, en
lo que se ventilaba la querella administrativa y los casos
en la esfera federal, fue válida, oportuna y ampliamente
respaldada por prueba sustancial. Entendió que la Junta
pudo demostrar, a través de su perito, que la licencia
expedida a favor de la doctora Cabral Jiménez fue otorgada
erróneamente debido a que los resultados que la doctora
presentó al solicitarla eran falsos. El expediente oficial
de la Junta contradijo esos resultados.
El Tribunal de Apelaciones incluso comentó que, de un
examen visual de la hoja de papel que la doctora Cabral
Jiménez utilizó para tratar de demostrar que obtuvo 719
puntos, “surge palmariamente que su nombre consta en un
tipo de letra de molde distinta a la de la totalidad del
documento”
y
que
“demuestra
desviaciones
en
sentido
horizontal, que abonan a la conclusión de que se utilizó
el resultado impreso de la reválida de otra persona para
sobre
imponer
el
nombre
de
la
Dra.
Cabral
sobre
la
identidad de su verdadero recipiente”.
El Tribunal de Apelaciones enfatizó que el hecho de
que el Tribunal Federal haya desestimado los cargos en
contra
de
la
doctora
Cabral
Jiménez
sobre
fraude,
no
impedía que el TEM investigara respecto a los resultados
obtenidos en la reválida por la doctora. El tribunal dijo
CC-2016-0563
que
el
6
TEM
tenía
autoridad
para
actuar
a
iniciativa
propia, tal y como lo hizo.
En
cuanto
a
la
duplicidad
apelativo intermedio concluyó
de
querellas,
que la mera
el
foro
inadvertencia
procesal de no consolidar los casos, no provocó perjuicio
real
a
la
doctora
Cabral
Jiménez.
El
fin
de
ambas
querellas era el mismo: determinar si la doctora estaba
legalmente
autorizada
a
ejercer
la
profesión.
Por
eso,
ella nunca estuvo en riesgo de perder una misma licencia
dos veces.
La doctora Cabral Jiménez acudió ante este Tribunal
Supremo mediante petición de certiorari, pero proveímos no
ha lugar. Así, el dictamen del Tribunal de Apelaciones
advino final y firme.
Posteriormente, el 23 de junio de 2011, la doctora
Cabral Jiménez solicitó de la Junta la reinstalación de su
licencia. Se basó en que las acusaciones federales en su
contra fueron archivadas. Sin embargo, el archivo de las
acusaciones
federales
ocurrió
antes
de
la
decisión
del
Tribunal de Apelaciones el 17 de diciembre de 2009. El
foro
apelativo
intermedio
evaluó
ese
planteamiento
en
aquel momento y lo descartó, pues la Junta tiene facultad
para investigar por voluntad propia.
El 21 de marzo de 2012, la doctora Cabral Jiménez
presentó
una
segunda
solicitud
licencia.
La
Junta
dio
le
dos
de
reinstalación
alternativas:
de
su
tomar
la
reválida o solicitar una vista administrativa. La doctora
CC-2016-0563
7
escogió solicitar la vista. El 14 de septiembre de 2012,
el Oficial Examinador, Lcdo. Rafael Machargo Maldonado,
celebró una vista evidenciaria y recomendó la restitución
inmediata de la licencia de médico a la doctora Cabral
Jiménez.
Concluyó
que
no
existía
evidencia
creíble
que
vinculara a la doctora Cabral Jiménez con el esquema de
fraude de las reválidas ni de que esta hubiese alterado de
forma alguna el resultado del examen.
La Junta acogió, en parte, las recomendaciones del
Oficial
Examinador
y
emitió
Resolvió
extenderle
a
la
la
Resolución
doctora
Cabral
2012-88.
Jiménez
una
licencia provisional y condicionada a que trabajara en un
programa de internado de un año, completara un curso de
ética
y
licencia,
los
y
créditos
que
se
requeridos
abstuviera
de
para
recertificar
realizar
la
su
práctica
privada de la medicina. Dispuso que una vez que la doctora
cumpliera con las condiciones, se le otorgaría la licencia
permanente para practicar la medicina.
Sin
internado
embargo,
mientras
que
le
se
la
requirió,
doctora
la
realizaba
Junta
emitió
el
la
Resolución 2013-61 para iniciar una investigación de todos
los médicos sancionados por las discrepancias en las notas
de la reválida, incluso respecto a aquellos sobre los que
ya se hubiese tomado una acción. El Oficial Examinador,
Lcdo. Luis Alvarado Hernández, celebró una vista el 18 de
junio de 2014. En reunión ordinaria, y por unanimidad, la
Junta
siguió
la
recomendación
del
Oficial
Examinador
y
CC-2016-0563
8
resolvió cancelar permanentemente la licencia de médico
asignada
originalmente
Concluyó,
por
medio
“[r]esulta[ba]
a
la
doctora
de
la
Resolución
imposible
Cabral
Jiménez.
2014-376,
reinstalarle
a
la
que
parte
querellada una licencia que carece de los elementos para
ser concedida […]”.
La doctora Cabral Jiménez solicitó reconsideración.
En
síntesis,
robusta
que
adujo
que
no
existía
prueba
sostuviera
la
denegatoria
de
fehaciente
la
y
licencia,
puesto que los casos criminales en el foro federal fueron
desestimados. Criticó que la Junta basara su dictamen en
una
supuesta
documento
“nueva
evidencia”
inadmisible,
no
que
consistía
certificado
y
cuyo
de
un
origen
se
desconocía. Señaló que el representante legal de la Junta
reconoció
que,
aun
cuando
en
el
expediente
obraba
un
documento sobre la nota de la reválida que indicaba que la
doctora reprobó el examen, ese documento no refutaba ni
derrotaba
el
otro
aprobación
de
la
correcto.
Cuestionó,
procedimientos
documento
que
sí
acreditaba
y
que
se
debía
además,
la
reválida
administrativos.
pureza
La
la
presumir
de
los
solicitud
de
reconsideración no recibió respuesta de la Junta.
La doctora Cabral Jiménez recurrió ante el Tribunal
de Apelaciones y sostuvo que la Junta confiscó ilegalmente
su licencia y que estaba obligada a reinstalársela. Arguyó
que la Junta incumplió con su deber ministerial y que, con
su dejadez negligente, le violó el debido proceso de ley,
CC-2016-0563
la
igual
9
protección
de
las
leyes
y
la
presunción
de
inocencia. También reiteró los argumentos invocados en la
solicitud de reconsideración rechazada.
El Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución 2014376 por medio de una sentencia el 6 de mayo de 2016.
Razonó
que
la
Junta
actuó
arbitrariamente
porque
desde
octubre de 2012 contaba con los documentos incompatibles
en cuanto a la nota de la reválida de la doctora Cabral
Jiménez.
El
Tribunal
de
Apelaciones
argumentó
que
la
decisión final sobre esa contradicción y la legitimidad de
esos documentos debió hacerse en aquel momento. En vez, la
Junta dejó sin efecto las suspensiones previas y resolvió
otorgarle una licencia provisional y condicionada. El foro
apelativo intermedio sancionó que la Junta incumpliera el
acuerdo bajo el pretexto de que la fiscalía federal le
entregó información “nueva”, porque no lo era.
La Junta acudió ante nos mediante una petición de
certiorari y alegó que el Tribunal de Apelaciones erró al
revocar
la
resolución
de
la
Junta
automática
de
la
licencia
reinstalación
y
ordenar
médica
a
la
la
doctora Cabral Jiménez. Expedimos el auto de certiorari y
ambas partes comparecieron. Procedemos a resolver.
II
¿Actuó de forma arbitraria e irrazonable la Junta al
cancelar permanentemente a la doctora Cabral Jiménez la
licencia
para
ejercer
la
medicina
en
Puerto
Rico?
Erróneamente, el Tribunal de Apelaciones resolvió que sí.
CC-2016-0563
Razonó
10
que
la
Junta
acordó
otorgarle
la
licencia
provisional a la doctora Cabral Jiménez, sujeta a unas
condiciones que ella cumplió, y que no podía usar luego la
información
“nueva”
como
para
excusa
que
la
incumplir
fiscalía
el
federal
acuerdo.
le
entregó
Planteó
que
la
información contenida en esa nueva evidencia constaba en
el expediente y fue evaluada y descartada por la propia
Junta como insuficiente para mantener la suspensión.
Sin
embargo,
realmente
en
la
la
Resolución
nueva
2014-376
evidencia.
El
no
se
basó
Tribunal
de
Apelaciones pasó por alto que el factor determinante en la
decisión de la Junta fue el hecho -probado- de que la
doctora Cabral Jiménez no cumplió con los requisitos de
ley para que se le confiriera la licencia y que resultaba
imposible
reinstalarle
elementos
para
solicitud
de
ser
una
licencia
concedida.
reinstalación
de
En
que
carecía
la
vista
licencia,
de
los
sobre
la
los
asesores
legales de la Junta simplemente afirmaron que no contaban
con
evidencia
Cabral
Jiménez
suficiente
para
alteró
resultado
el
demostrar
de
que
la
la
doctora
reválida.
No
cuestionaron el hecho probado de que la doctora Cabral
Jiménez
no
obtuvo
la
nota
de
pase
en
la
reválida
de
ciencias clínicas. En ese hecho fue que el TEM basó la
suspensión
sumaria.
La
evidencia
que
fiscalía
federal
produjo solo ratificó ese hecho; confirmó a la Junta sus
hallazgos
anteriores.
Ya
en
2009,
la
Junta
había
determinado que, según su expediente, la doctora Cabral
CC-2016-0563
11
Jiménez obtuvo una puntuación de 544, y no de 719. Esta
información fue provista y corroborada por el doctor Vélez
García,
la
oficial
examinadora
Mainardi
Peralta
le
dio
entera credibilidad y la Junta la ratificó por medio de
una
resolución,
que
fue
confirmada
por
el
Tribunal
Apelaciones y que nosotros nos negamos a revisar.
de
CC-2016-0563
12
III
Hace
muchos
años,
señalamos
que
“practicar
la
medicina y la cirugía no es un derecho natural al que
tenga derecho cualquier persona […], dicha práctica está
subordinada al ejercicio del poder público de preservar y
proteger la salud pública”. Alonso v. Tribl. Examinador de
Médicos, 74 DPR 158, 164 (1952). El poder regulador del
Estado sobre la práctica de las profesiones tiene como fin
proteger la salud y bienestar públicos. Por eso, el Estado
puede condicionar la práctica de ciertas profesiones a que
primero se obtenga una licencia o permiso. Véase Román v.
Trib. Exam. de Médicos, 116 DPR 71, 77-79 (1985). Ello
ofrece
la
seguridad
de
que
solo
personas
capacitadas
realizarán ciertas actividades que requieren pericia.
Para cumplir con este propósito, el Estado delegó en
las juntas examinadoras la tarea de corroborar que una
persona
se
encuentra
apta
para
ejercer
determinada
profesión, y les confirió extensa discreción para fijar
las normas de admisión y certificación. Íd. Así pues, la
Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, Ley
Núm. 139-2008 (20 LPRA secs. 131 et seq.), entró en vigor
el 1 de enero de 2009 para establecer un nuevo organismo
regulador de la práctica de la medicina, derogar la Ley
Núm. 22 del 22 de abril de 1931 y disolver el TEM.
La Junta, en continuación de la gesta del TEM, tiene
poder
para
“[s]eleccionar
licenciamiento”
y
y/o
administrar
para “[e]mitir
o
exámenes
denegar
de
licencias
CC-2016-0563
13
iniciales o licencias aprobadas”. Art. 8(c) y (g), Ley
Núm. 139 (20 LPRA secs. 132e(c) y (g)). Es el organismo
responsable
de
expedir
las
licencias,
permanentes
o
provisionales, para ejercer la medicina en Puerto Rico.
Para hacerlo, debe primero cerciorase de que la persona
solicitante
cumplió
existe
razón
2(f),
Ley
Reglamento
que
Núm.
todos
los
justifique
139
General
requisitos
denegar
(20
LPRA
de
la
sec.
Junta
la
y
que
licencia.
131(f))
de
de
y
art.
no
Art.
4.7,
Licenciamiento
y
Disciplina Médica de Puerto Rico, Reglamento Núm. 7811, de
10 de febrero de 2010.
Uno de los requisitos específicos para que se expida
a un aspirante la licencia regular es “[h]aber aprobado
las
tres
partes
4.2(B)(1)(b),
del
Reglamento
examen
de
reválida
Núm.
7811,
[…]”.
supra.
La
Art.
licencia
regular solo se expide a los aspirantes luego de “haber
cumplido con todos los requisitos establecidos por esta
Ley,
luego
de
haber
aprobado
los
exámenes
correspondientes”. Art. 22 (a), Ley Núm. 139 (20 LPRA sec.
133g (a)). Estos exámenes son: Ciencias Básicas, Ciencias
Clínicas y el Examen Práctico. Art. 15, Ley Núm. 139 (20
LPRA
sec.
133).
Se
trata
miden
el
nivel
de
conocimiento
destrezas
forma
mínimas
adecuada.
para
Art.
de
pruebas
ejercer
3.1,
calificadoras
que
profesional,
aptitud
y
la
médica
de
profesión
Reglamento
Núm.
7811,
supra.
Indiscutiblemente, esto opera en beneficio de la comunidad
CC-2016-0563
14
y va dirigido a cumplir con un interés primordial del
Estado.
Naturalmente, la ley también confirió a la Junta el
poder de “denegar una licencia para ejercer la profesión
de médico u osteópata a toda persona que: (1) Trate de
obtener la misma mediante fraude o engaño; (2) no reúna
los requisitos establecidos en este capítulo; […]”. Art.
26(b), Ley Núm. 139 (20 LPRA sec. 134(b)) y Capítulo XI,
Reglamento Núm. 7811, supra. Igualmente, la Junta puede
denegar
cualquier
provisional”
y
“solicitud
cualquier
de
licencia
“solicitud
de
permanente
o
renovación
o
recertificación” por las razones mencionadas. Art. 4.8 y
7.11, Reglamento Núm. 7811, supra.
La facultad del antiguo TEM bajo la ley de 1931 era
igual en estos aspectos. El TEM tenía poder para denegar
licencias a toda persona que, entre otras, “[t]rat[ara] de
obtener
la
misma
mediante
fraude
o
engaño”
o
“[n]o
re[uniera] los requisitos establecidos en la sec. 43 de
este título” (20 LPRA sec. 52 (derog. 2008)), entre los
que
se
encontraba
“[h]aber
aprobado
los
exámenes
de
reválida ofrecidos por el Tribunal Examinador”. 20 LPRA
sec. 43 (derog. 2008).
Ciertamente, una licencia, o solicitud de licencia,
sea permanente o provisional, puede denegarse cuando se
descubre que no reúne los requisitos que la ley estableció
para ello. La no aprobación de la reválida da lugar a la
revocación de la licencia. Si, en cambio, la Junta concede
CC-2016-0563
15
una licencia sin observar la Ley y el Reglamento, realiza
un acto nulo.
“Una actuación nula es inexistente, por lo que no
genera consecuencias jurídicas. Dicho de otro modo, ‘lo
nulo nunca tuvo eficacia alguna, nunca nació en derecho,
nunca existió’”. Brown III v. J.D. Cond. Playa Grande, 154
DPR 225, 239 (2001)
(citando a
Montañez v. Policía de
Puerto Rico, 150 DPR 917, 921 (2000)). Por eso, ninguna
persona puede ampararse en una actuación administrativa
incorrecta o ilegal. Santiago v. Depto. de la Familia, 153
DPR
208
(2001).
“[L]os
errores
administrativos
no
son
susceptibles de crear intereses libertarios que activen la
protección del debido proceso de ley. A estos efectos,
hemos
expresado
en
varias
ocasiones
que
‘un
error
administrativo no crea un estado de derecho que obligue [a
una] agencia ni impida su corrección’”. González v. ELA,
167 DPR 400, 413 (2006) (citando a Santiago, supra, pág.
218 y Magriz v. Empresas Nativas, 143 DPR 63, 71 (1997)).
Hace más de cien años, este Tribunal resolvió que no
es posible, en casos “en que el interés público aparece
seriamente
afectado,
aplicar
el
precepto
legal
de
que
nadie puede ir contra sus propios actos. Este principio de
derecho puede aplicarse siempre en las relaciones civiles
de
unos
ciudadanos
para
con
otros;
pero
nunca
en
las
relaciones del ciudadano para con el Estado”. Vives v. La
Junta de Farmacia, 24 DPR 669, 672 (1916).
CC-2016-0563
16
En Vives v. La Junta de Farmacia, íd., la Junta se
negó a entregar una licencia a un solicitante, a pesar de
haberle
comunicado
que
podía
recoger
la
licencia,
pues
no
había
pasado
un
examen
las
descubrió
que
este
materias
científicas
y
literarias
mientras
de
estudiaba
farmacia. A pesar de que el solicitante fue examinado y
aprobado por la Junta, carecía de un requisito previo para
obtener su licencia. “El [solicitante] no llegó a adquirir
derecho de propiedad alguno a la licencia, porque jamás
cumplió con todos los requisitos exigidos por la ley. Y la
junta
pudo
en
certificado
cualquier
corregir
sus
momento
antes
de
expedir
el
propios
yerros
e
inspirar
su
resolución última en el estricto cumplimiento de la ley”.
Íd.
Esta
actuación
norma
no
ha
cambiado.
de
la
Administración
reencarcelar
a
un
grupo
erróneamente
dejados
en
de
En
2006,
de
Corrección
convictos
libertad
validamos
que
bajo
la
de
fueron
supervisión
electrónica por varios años. González v. ELA, supra. La
concesión de la libertad a estos convictos constituía un
error
administrativo,
susceptible
de
corregirse.
“[N]o
debemos confundir la equivocada concesión de libertad con
la existencia de un interés libertario capaz de activar la
protección
del
debido
proceso
de
ley”.
Íd.,
pág.
414.
“[L]as consecuencias de aceptar que la concesión errónea
de libertad a un convicto genera un interés libertario
CC-2016-0563
protegido
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por
el
debido
proceso
de
ley
son
claramente
lesivas al interés público y a nuestra sociedad”. Íd.
A la luz del derecho expuesto, es forzoso concluir
que, ante apremiantes intereses públicos como la seguridad
y
la
salud,
no
podemos
“congelar
en
el
tiempo
las
consecuencias nocivas de actuaciones estatales arbitrarias
o erradas”. Íd. El hecho de que la Junta haya dejado sin
efecto la suspensión sumaria y haya concedido una licencia
provisional
a
una
reinstalarle
una
persona
licencia,
a
quien
porque
resultaba
carecía
de
imposible
elementos
para ser concedida, no es óbice para que el Estado corrija
ese
error.
De
lo
contrario,
se
lesionarían
apremiantes
intereses públicos.
Bajo estas circunstancias, no es pertinente que la
Junta le haya indicado a la doctora Cabral Jiménez que le
otorgaría la licencia si esta cumplía ciertas condiciones.
La Junta no está sujeta a actuar conforme a sus propios
actos
pasados
realizados
en
contra
de
la
ley.
Su
discreción existe solo dentro de los parámetros de la ley
orgánica que la habilitó. Al negarse a validar un acto que
fue realizado en contra de la ley, la Junta no abusó de su
discreción.
Al
contrario,
no
tenía
discreción
para
validarlo.
IV
En su oposición a la petición de certiorari y en su
alegato,
la
doctora
Cabral
Jiménez
reiteró
varios
argumentos presentados ante el Tribunal de Apelaciones que
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merecen nuestra atención. Adujo que los casos federales en
su contra se archivaron; que la evidencia producida por la
fiscalía federal era inadmisible; que esa evidencia no era
capaz
de
derrotar
la
presunción
de
corrección
de
los
documentos que acreditaban que sí aprobó el examen, y que
los asesores legales de la Junta afirmaron no contar con
evidencia
suficiente
para
demostrar
que
ella
alteró
el
resultado de la reválida. Por estos fundamentos, entiende
la doctora Cabral Jiménez que la Junta está obligada a
reinstalarle su licencia. No tiene razón.
El
testimonio
acusaciones
del
federales,
doctor
Vélez
García,
y
son
base
para
la
la
que
no
las
Junta
mantuviera la suspensión y que el Tribunal de Apelaciones
confirmara
esa
actuación.
acusaciones
fueron
Por
desestimadas,
lo
tanto,
ello
no
aunque
las
debilita
los
fundamentos de la decisión de la Junta ni la obligaba a
cambiar
su
postura.
La
facultad
investigativa
y
adjudicativa de la Junta es independiente de aquella de la
fiscalía federal. Además, el quantum de prueba requerido a
ambas no es el mismo. La Junta necesita prueba clara,
robusta y convincente para denegar una licencia (Artículo
10.14, Reglamento Núm. 7811, supra); la fiscalía federal
necesita el estándar más alto de prueba más allá de duda
razonable para lograr una convicción de delito. Véase In
re Winship, 397 U.S. 358, 361 (1970).
La doctora Cabral Jiménez ha señalado varias veces
que la nueva evidencia que la fiscalía federal produjo y
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que la Junta consideró previo a realizar su determinación
final
es
un
documento
mutilado
y
no
admisible
como
evidencia. Ello es inconsecuente. Las Reglas de Evidencia
no son aplicables a las vistas administrativas. Sec. 3.13,
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 2163(e).
Además,
la
supuesta
mutilación,
consistente
en
la
tachadura de nombres y números de seguro social, respondió
al
interés
de
no
divulgar
información
de
los
demás
aspirantes que tomaron la reválida en noviembre de 2003.
La
presunción
de
corrección
de
los
documentos
que
indicaban que la doctora Cabral Jiménez aprobó la reválida
de ciencias clínicas quedó rebatida con el testimonio del
doctor
Vélez
García,
quien
corroboró
manualmente
los
resultados. Su testimonio mereció entera credibilidad por
parte de la oficial examinadora Mainardi Peralta y sus
conclusiones fueron ratificadas por la Junta. El Tribunal
de Apelaciones confirmó y nosotros nos negamos a revisar.
Al
momento
en
que
fiscalía
federal
produjo
la
nueva
evidencia, los documentos que acreditaban que la doctora
Cabral Jiménez aprobó la reválida de ciencias clínicas ya
no gozaban de presunción de corrección. Por lo tanto, la
evidencia
que
fiscalía
federal
produjo
no
hizo
sino
confirmar a la Junta sus hallazgos iniciales.
También es impertinente que los investigadores de la
Junta hayan afirmado que no contaban con evidencia creíble
ni
suficiente
para
establecer
que
la
doctora
Cabral
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Jiménez alteró el resultado de la reválida. Para retirarle
la licencia, la Junta no tenía que probar que la doctora
cometió fraude. Ciertamente, alterar los resultados de un
examen da lugar al comienzo de una investigación y a la
posible suspensión de la licencia. Sin embargo, el mero
hecho de no haber obtenido la nota de pase requerida en
una
de
las
reválidas,
es
suficiente
para
denegar
una
no
el
licencia erróneamente otorgada.
Por
último,
adecuado
para
responsabilidad
ese
proceso
administrativo
adjudicar
civil
de
es
planteamientos
la
agencia,
si
sobre
alguna.
Las
supuestas actuaciones negligentes de la Junta no se pueden
subsanar otorgando una licencia a quien no cumple con los
requisitos de ley. El interés público en garantizar la
capacidad de los profesionales en quienes el pueblo confía
su salud es primordial. Por lo tanto, sin importar cuán
irregular
la
doctora
argumente
que
el
proceso
fue,
la
Junta no puede reinstalarle la licencia. La ley establece
requisitos sin los cuales no se pueden otorgar licencias,
y ninguna junta examinadora tiene facultad para otorgar
una
licencia
que
no
cumpla
con
esos
requisitos.
Lo
contrario no sería aleccionar a la Junta por su supuesta
negligencia,
sino
balance
intereses
de
administrativos
capacidad
poner
sean
profesional
al
Pueblo
entre
lograr
que
conducidos
y
bien
de
quienes
en
peligro.
tienen
los
En
el
procesos
garantizar
la
la
del
salud
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Pueblo en sus manos, la balanza se inclina a favor de la
segunda.
V
La doctora Cabral Jiménez no puede pretender ganar
una licencia médica por medio de
un litigio basado en
alegaciones
cuenta
sustantiva
procesales,
(a
saber,
cuando
los
no
requisitos
de
con
ley),
la
base
para
ser
acreedora de esa licencia. El hecho de que la Junta haya
dejado sin efecto una suspensión sumaria y concedido una
licencia
persona
provisional
a
la
que
para
practicar
resultaba
la
imposible
medicina
a
una
reinstalarle
una
licencia médica, no impide que el Estado corrija el error
administrativo cometido.
No se violenta el debido proceso de ley al privar a
alguien del derecho a continuar ejerciendo una profesión
cuando se descubre que su ejercicio no le está permitido
por razón de incumplimiento con los requisitos impuestos
por
el
Estado
a
los
fines
de
Revocamos
la
sentencia
del
devolvemos
el
caso
la
a
proteger
Tribunal
Junta
para
a
de
que
la
sociedad.
Apelaciones
y
culmine
los
procesos de la suspensión sumaria.
Se dictará sentencia de conformidad.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Junta
de
Licenciamiento
Disciplina Médica
Peticionaria
y
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v.
Denys Cabral Jiménez
Lic. #15,402
Recurrida
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 2 de octubre de 2018.
Por los fundamentos antes expuestos, en la
Opinión que antecede, la cual se hace formar parte
de esta Sentencia, Revocamos la sentencia del
Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso a la
Junta para que culmine los procesos de la
suspensión sumaria.
Lo
acordó
el
Tribunal
y
certifica
el
Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado
señor Colón Pérez concurre con el resultado sin
opinión escrita. La Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez no intervino. El Juez Asociado señor
Feliberti Cintrón está inhibido.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo