LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

FECHA OPINION

2018 TSPR 164

Poder Judicial de Puerto Rico

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FECHA OPINION

NUMERO CASO

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Junta de Licenciamiento y

Disciplina Médica

Certiorari

Peticionaria

2018 TSPR 164

V.

201 DPR ____

Denys Cabral Jiménez

Lic. #15,402

Número del Caso: CC-2016-563

Fecha: 2 de octubre de 2018

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Oficina del Procurador General

Lcdo. Luis Román Negrón

Procurador General

Lcdo. Guillermo Mangual Amador

Procurador General Auxiliar

Abogado de la parte recurrida:

Lcdo. Ramón Cestero Moscoso

Materia: Derecho administrativo: Facultad de la Junta de Licenciamiento

y Disciplina Médica para revocar una licencia provisional para ejercer

la medicina que se emitió sin cumplir con los requisitos de ley.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que

está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y

publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución

electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Junta de Licenciamiento

Disciplina Médica

y

Peticionaria

CC-2016-0563

v.

Denys Cabral Jiménez

Lic. #15,402

Recurrida

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ

TORRES

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de octubre de 2018.

Ante nosotros acude la Junta de Licenciamiento

y Disciplina Médica y nos solicita que revoquemos

una sentencia del Tribunal de Apelaciones que ordenó

la reinstalación de una licencia médica suspendida

que

fue

doctora

médicas.

alegadamente

no

En

había

vista

otorgada

aprobado

de

que

por

una

la

error,

de

pues

la

las

reválidas

Junta

determinó

válidamente que la doctora no obtuvo la nota de pase

necesaria y, por ende, no cumplía con los requisitos

de ley para ser acreedora de la licencia, revocamos

el dictamen del Tribunal de Apelaciones.

CC-2016-0563

2

I

El

22

de

junio

de

2004,

el

entonces

Tribunal

Examinador de Médicos (TEM) (desde el 1 de enero de 2009,

Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica) otorgó a la

Dra.

Denys

Cabral

Jiménez

la

licencia

para

ejercer

la

medicina general en Puerto Rico. Tres años más tarde, le

suspendió sumariamente esa licencia mediante la Resolución

2007-28, tras la querella TEM-Q-2007-51. El TEM fundamentó

su

decisión

en

que

poseía

documentación

certificada

entregada por el Dr. Rubén Vélez García, consultor a cargo

de la reválida, en donde se detalla “la puntuación real”

(pero sin especificar cuál fue ni si fue por debajo de la

nota de pase) que la doctora Cabral Jiménez obtuvo en uno

de

los

exámenes

de

reválida.

También

hizo

constar

que

posee prueba que demuestra que la doctora Cabral Jiménez

ayudó a alterar y falsificar documentos relacionados con

los resultados de la reválida.

Poco

tiempo

después,

la

fiscalía

federal

presentó

acusaciones contra varias decenas de doctores, incluyendo

a la doctora Cabral Jiménez, por cargos de: (1) fraude al

obtener

las

calificaciones

de

la

reválida

de

medicina

falsa e ilegalmente y (2) conspiración para defraudar a

los Estados Unidos de América. Sin embargo, a petición de

la fiscalía, el Tribunal Federal desestimó sin perjuicio

los

cargos.

Luego,

la

fiscalía

enmendada, que fue desestimada.

sometió

una

acusación

CC-2016-0563

3

En agosto de 2008, el TEM emitió otra resolución de

suspensión, Resolución 2008-63, bajo el número de querella

TEM-Q-2008-52. No hizo referencia a la querella anterior.

En esta resolución, el TEM mencionó expresamente que la

doctora Cabral Jiménez no aprobó la reválida de ciencias

clínicas que tomó en noviembre de 2003, por lo que no

obtuvo su licencia en conformidad con las reglas y la ley.

Hizo referencia a la acusación federal contra la doctora

Cabral Jiménez por fraude y conspiración, y citó a la

doctora a una vista administrativa.

La

doctora

Cabral

Jiménez

presentó

una

moción

de

desestimación. Sostuvo que el TEM emitió dos resoluciones

de suspensión sumaria, una en 2007 y otra en 2008, basadas

esencialmente

en

los

mismos

hechos.

Alegó

celebraron las vistas dentro del término

por

lo

que

se

encontraba

suspendida

que

no

se

reglamentario,

desde

2007,

en

violación del reglamento del TEM y del debido proceso de

ley.

Ante

la

oposición

de

la

Junta

a

la

moción

de

desestimación, se señaló una vista para el 17 de marzo de

2009. La doctora Cabral Jiménez planteó que la moción de

desestimación se podía resolver sin celebrar una vista. No

obstante,

la

Oficial

Examinadora,

Lcda.

Berta

Mainardi

Peralta, determinó escuchar la prueba de la Junta para

satisfacer

suspensión.

el

peso

de

la

prueba

requerido

para

la

CC-2016-0563

La

4

Junta

presentó

el

testimonio

del

doctor

Vélez

García, quien declaró sobre el proceso de calibración de

las

reválidas,

estricta

la

seguridad

confidencialidad

del

proceso

y

del

que

trámite,

él

es

la

la

única

persona que calibra los exámenes. Testificó que, luego de

acceder a los archivos de su computadora y de los discos

originales

que

se

generaron

de

la

lectura

óptica

del

examen, que es el expediente oficial de la Junta sobre la

reválida

de

ciencias

clínicas

de

noviembre

de

2003,

concluyó que la doctora Cabral Jiménez obtuvo un resultado

de 544 puntos, que está por debajo de la nota de pase de

700 puntos. Declaró, además, que corroboró manualmente la

puntuación

de

544

a

solicitud

de

la

Junta.

Al

ser

confrontado con el documento que la doctora presentó al

solicitar

su

licencia,

del

que

surge

que

obtuvo

719

puntos, el doctor Vélez García dijo que no lo había visto

antes,

que

no

lo

generó,

que

no

salió

de

su

archivo

electrónico y que no sabía quién lo preparó.

La

Oficial

testimonio

informe

del

Examinadora

dio

doctor

García

mantener

Vélez

vigente

la

entera

y

credibilidad

al

recomendó

en

su

sumaria

de

la

suspensión

licencia hasta la disposición del caso en sus méritos. La

Junta

acogió

2009-15,

en

esta

el

recomendación

caso

mediante

TEM-Q-2007-51.

La

la

Resolución

doctora

Cabral

Jiménez recurrió de esta resolución, pero el Tribunal de

Apelaciones confirmó el dictamen de la Junta, por medio de

una sentencia el 17 de diciembre de 2009.

CC-2016-0563

5

El foro apelativo intermedio resolvió que la decisión

de suspender sumariamente a la doctora Cabral Jiménez para

evitar que continúe ejerciendo la profesión de médico, en

lo que se ventilaba la querella administrativa y los casos

en la esfera federal, fue válida, oportuna y ampliamente

respaldada por prueba sustancial. Entendió que la Junta

pudo demostrar, a través de su perito, que la licencia

expedida a favor de la doctora Cabral Jiménez fue otorgada

erróneamente debido a que los resultados que la doctora

presentó al solicitarla eran falsos. El expediente oficial

de la Junta contradijo esos resultados.

El Tribunal de Apelaciones incluso comentó que, de un

examen visual de la hoja de papel que la doctora Cabral

Jiménez utilizó para tratar de demostrar que obtuvo 719

puntos, “surge palmariamente que su nombre consta en un

tipo de letra de molde distinta a la de la totalidad del

documento”

y

que

“demuestra

desviaciones

en

sentido

horizontal, que abonan a la conclusión de que se utilizó

el resultado impreso de la reválida de otra persona para

sobre

imponer

el

nombre

de

la

Dra.

Cabral

sobre

la

identidad de su verdadero recipiente”.

El Tribunal de Apelaciones enfatizó que el hecho de

que el Tribunal Federal haya desestimado los cargos en

contra

de

la

doctora

Cabral

Jiménez

sobre

fraude,

no

impedía que el TEM investigara respecto a los resultados

obtenidos en la reválida por la doctora. El tribunal dijo

CC-2016-0563

que

el

6

TEM

tenía

autoridad

para

actuar

a

iniciativa

propia, tal y como lo hizo.

En

cuanto

a

la

duplicidad

apelativo intermedio concluyó

de

querellas,

que la mera

el

foro

inadvertencia

procesal de no consolidar los casos, no provocó perjuicio

real

a

la

doctora

Cabral

Jiménez.

El

fin

de

ambas

querellas era el mismo: determinar si la doctora estaba

legalmente

autorizada

a

ejercer

la

profesión.

Por

eso,

ella nunca estuvo en riesgo de perder una misma licencia

dos veces.

La doctora Cabral Jiménez acudió ante este Tribunal

Supremo mediante petición de certiorari, pero proveímos no

ha lugar. Así, el dictamen del Tribunal de Apelaciones

advino final y firme.

Posteriormente, el 23 de junio de 2011, la doctora

Cabral Jiménez solicitó de la Junta la reinstalación de su

licencia. Se basó en que las acusaciones federales en su

contra fueron archivadas. Sin embargo, el archivo de las

acusaciones

federales

ocurrió

antes

de

la

decisión

del

Tribunal de Apelaciones el 17 de diciembre de 2009. El

foro

apelativo

intermedio

evaluó

ese

planteamiento

en

aquel momento y lo descartó, pues la Junta tiene facultad

para investigar por voluntad propia.

El 21 de marzo de 2012, la doctora Cabral Jiménez

presentó

una

segunda

solicitud

licencia.

La

Junta

dio

le

dos

de

reinstalación

alternativas:

de

su

tomar

la

reválida o solicitar una vista administrativa. La doctora

CC-2016-0563

7

escogió solicitar la vista. El 14 de septiembre de 2012,

el Oficial Examinador, Lcdo. Rafael Machargo Maldonado,

celebró una vista evidenciaria y recomendó la restitución

inmediata de la licencia de médico a la doctora Cabral

Jiménez.

Concluyó

que

no

existía

evidencia

creíble

que

vinculara a la doctora Cabral Jiménez con el esquema de

fraude de las reválidas ni de que esta hubiese alterado de

forma alguna el resultado del examen.

La Junta acogió, en parte, las recomendaciones del

Oficial

Examinador

y

emitió

Resolvió

extenderle

a

la

la

Resolución

doctora

Cabral

2012-88.

Jiménez

una

licencia provisional y condicionada a que trabajara en un

programa de internado de un año, completara un curso de

ética

y

licencia,

los

y

créditos

que

se

requeridos

abstuviera

de

para

recertificar

realizar

la

su

práctica

privada de la medicina. Dispuso que una vez que la doctora

cumpliera con las condiciones, se le otorgaría la licencia

permanente para practicar la medicina.

Sin

internado

embargo,

mientras

que

le

se

la

requirió,

doctora

la

realizaba

Junta

emitió

el

la

Resolución 2013-61 para iniciar una investigación de todos

los médicos sancionados por las discrepancias en las notas

de la reválida, incluso respecto a aquellos sobre los que

ya se hubiese tomado una acción. El Oficial Examinador,

Lcdo. Luis Alvarado Hernández, celebró una vista el 18 de

junio de 2014. En reunión ordinaria, y por unanimidad, la

Junta

siguió

la

recomendación

del

Oficial

Examinador

y

CC-2016-0563

8

resolvió cancelar permanentemente la licencia de médico

asignada

originalmente

Concluyó,

por

medio

“[r]esulta[ba]

a

la

doctora

de

la

Resolución

imposible

Cabral

Jiménez.

2014-376,

reinstalarle

a

la

que

parte

querellada una licencia que carece de los elementos para

ser concedida […]”.

La doctora Cabral Jiménez solicitó reconsideración.

En

síntesis,

robusta

que

adujo

que

no

existía

prueba

sostuviera

la

denegatoria

de

fehaciente

la

y

licencia,

puesto que los casos criminales en el foro federal fueron

desestimados. Criticó que la Junta basara su dictamen en

una

supuesta

documento

“nueva

evidencia”

inadmisible,

no

que

consistía

certificado

y

cuyo

de

un

origen

se

desconocía. Señaló que el representante legal de la Junta

reconoció

que,

aun

cuando

en

el

expediente

obraba

un

documento sobre la nota de la reválida que indicaba que la

doctora reprobó el examen, ese documento no refutaba ni

derrotaba

el

otro

aprobación

de

la

correcto.

Cuestionó,

procedimientos

documento

que

sí

acreditaba

y

que

se

debía

además,

la

reválida

administrativos.

pureza

La

la

presumir

de

los

solicitud

de

reconsideración no recibió respuesta de la Junta.

La doctora Cabral Jiménez recurrió ante el Tribunal

de Apelaciones y sostuvo que la Junta confiscó ilegalmente

su licencia y que estaba obligada a reinstalársela. Arguyó

que la Junta incumplió con su deber ministerial y que, con

su dejadez negligente, le violó el debido proceso de ley,

CC-2016-0563

la

igual

9

protección

de

las

leyes

y

la

presunción

de

inocencia. También reiteró los argumentos invocados en la

solicitud de reconsideración rechazada.

El Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución 2014376 por medio de una sentencia el 6 de mayo de 2016.

Razonó

que

la

Junta

actuó

arbitrariamente

porque

desde

octubre de 2012 contaba con los documentos incompatibles

en cuanto a la nota de la reválida de la doctora Cabral

Jiménez.

El

Tribunal

de

Apelaciones

argumentó

que

la

decisión final sobre esa contradicción y la legitimidad de

esos documentos debió hacerse en aquel momento. En vez, la

Junta dejó sin efecto las suspensiones previas y resolvió

otorgarle una licencia provisional y condicionada. El foro

apelativo intermedio sancionó que la Junta incumpliera el

acuerdo bajo el pretexto de que la fiscalía federal le

entregó información “nueva”, porque no lo era.

La Junta acudió ante nos mediante una petición de

certiorari y alegó que el Tribunal de Apelaciones erró al

revocar

la

resolución

de

la

Junta

automática

de

la

licencia

reinstalación

y

ordenar

médica

a

la

la

doctora Cabral Jiménez. Expedimos el auto de certiorari y

ambas partes comparecieron. Procedemos a resolver.

II

¿Actuó de forma arbitraria e irrazonable la Junta al

cancelar permanentemente a la doctora Cabral Jiménez la

licencia

para

ejercer

la

medicina

en

Puerto

Rico?

Erróneamente, el Tribunal de Apelaciones resolvió que sí.

CC-2016-0563

Razonó

10

que

la

Junta

acordó

otorgarle

la

licencia

provisional a la doctora Cabral Jiménez, sujeta a unas

condiciones que ella cumplió, y que no podía usar luego la

información

“nueva”

como

para

excusa

que

la

incumplir

fiscalía

el

federal

acuerdo.

le

entregó

Planteó

que

la

información contenida en esa nueva evidencia constaba en

el expediente y fue evaluada y descartada por la propia

Junta como insuficiente para mantener la suspensión.

Sin

embargo,

realmente

en

la

la

Resolución

nueva

2014-376

evidencia.

El

no

se

basó

Tribunal

de

Apelaciones pasó por alto que el factor determinante en la

decisión de la Junta fue el hecho -probado- de que la

doctora Cabral Jiménez no cumplió con los requisitos de

ley para que se le confiriera la licencia y que resultaba

imposible

reinstalarle

elementos

para

solicitud

de

ser

una

licencia

concedida.

reinstalación

de

En

que

carecía

la

vista

licencia,

de

los

sobre

la

los

asesores

legales de la Junta simplemente afirmaron que no contaban

con

evidencia

Cabral

Jiménez

suficiente

para

alteró

resultado

el

demostrar

de

que

la

la

doctora

reválida.

No

cuestionaron el hecho probado de que la doctora Cabral

Jiménez

no

obtuvo

la

nota

de

pase

en

la

reválida

de

ciencias clínicas. En ese hecho fue que el TEM basó la

suspensión

sumaria.

La

evidencia

que

fiscalía

federal

produjo solo ratificó ese hecho; confirmó a la Junta sus

hallazgos

anteriores.

Ya

en

2009,

la

Junta

había

determinado que, según su expediente, la doctora Cabral

CC-2016-0563

11

Jiménez obtuvo una puntuación de 544, y no de 719. Esta

información fue provista y corroborada por el doctor Vélez

García,

la

oficial

examinadora

Mainardi

Peralta

le

dio

entera credibilidad y la Junta la ratificó por medio de

una

resolución,

que

fue

confirmada

por

el

Tribunal

Apelaciones y que nosotros nos negamos a revisar.

de

CC-2016-0563

12

III

Hace

muchos

años,

señalamos

que

“practicar

la

medicina y la cirugía no es un derecho natural al que

tenga derecho cualquier persona […], dicha práctica está

subordinada al ejercicio del poder público de preservar y

proteger la salud pública”. Alonso v. Tribl. Examinador de

Médicos, 74 DPR 158, 164 (1952). El poder regulador del

Estado sobre la práctica de las profesiones tiene como fin

proteger la salud y bienestar públicos. Por eso, el Estado

puede condicionar la práctica de ciertas profesiones a que

primero se obtenga una licencia o permiso. Véase Román v.

Trib. Exam. de Médicos, 116 DPR 71, 77-79 (1985). Ello

ofrece

la

seguridad

de

que

solo

personas

capacitadas

realizarán ciertas actividades que requieren pericia.

Para cumplir con este propósito, el Estado delegó en

las juntas examinadoras la tarea de corroborar que una

persona

se

encuentra

apta

para

ejercer

determinada

profesión, y les confirió extensa discreción para fijar

las normas de admisión y certificación. Íd. Así pues, la

Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, Ley

Núm. 139-2008 (20 LPRA secs. 131 et seq.), entró en vigor

el 1 de enero de 2009 para establecer un nuevo organismo

regulador de la práctica de la medicina, derogar la Ley

Núm. 22 del 22 de abril de 1931 y disolver el TEM.

La Junta, en continuación de la gesta del TEM, tiene

poder

para

“[s]eleccionar

licenciamiento”

y

y/o

administrar

para “[e]mitir

o

exámenes

denegar

de

licencias

CC-2016-0563

13

iniciales o licencias aprobadas”. Art. 8(c) y (g), Ley

Núm. 139 (20 LPRA secs. 132e(c) y (g)). Es el organismo

responsable

de

expedir

las

licencias,

permanentes

o

provisionales, para ejercer la medicina en Puerto Rico.

Para hacerlo, debe primero cerciorase de que la persona

solicitante

cumplió

existe

razón

2(f),

Ley

Reglamento

que

Núm.

todos

los

justifique

139

General

requisitos

denegar

(20

LPRA

de

la

sec.

Junta

la

y

que

licencia.

131(f))

de

de

y

art.

no

Art.

4.7,

Licenciamiento

y

Disciplina Médica de Puerto Rico, Reglamento Núm. 7811, de

10 de febrero de 2010.

Uno de los requisitos específicos para que se expida

a un aspirante la licencia regular es “[h]aber aprobado

las

tres

partes

4.2(B)(1)(b),

del

Reglamento

examen

de

reválida

Núm.

7811,

[…]”.

supra.

La

Art.

licencia

regular solo se expide a los aspirantes luego de “haber

cumplido con todos los requisitos establecidos por esta

Ley,

luego

de

haber

aprobado

los

exámenes

correspondientes”. Art. 22 (a), Ley Núm. 139 (20 LPRA sec.

133g (a)). Estos exámenes son: Ciencias Básicas, Ciencias

Clínicas y el Examen Práctico. Art. 15, Ley Núm. 139 (20

LPRA

sec.

133).

Se

trata

miden

el

nivel

de

conocimiento

destrezas

forma

mínimas

adecuada.

para

Art.

de

pruebas

ejercer

3.1,

calificadoras

que

profesional,

aptitud

y

la

médica

de

profesión

Reglamento

Núm.

7811,

supra.

Indiscutiblemente, esto opera en beneficio de la comunidad

CC-2016-0563

14

y va dirigido a cumplir con un interés primordial del

Estado.

Naturalmente, la ley también confirió a la Junta el

poder de “denegar una licencia para ejercer la profesión

de médico u osteópata a toda persona que: (1) Trate de

obtener la misma mediante fraude o engaño; (2) no reúna

los requisitos establecidos en este capítulo; […]”. Art.

26(b), Ley Núm. 139 (20 LPRA sec. 134(b)) y Capítulo XI,

Reglamento Núm. 7811, supra. Igualmente, la Junta puede

denegar

cualquier

provisional”

y

“solicitud

cualquier

de

licencia

“solicitud

de

permanente

o

renovación

o

recertificación” por las razones mencionadas. Art. 4.8 y

7.11, Reglamento Núm. 7811, supra.

La facultad del antiguo TEM bajo la ley de 1931 era

igual en estos aspectos. El TEM tenía poder para denegar

licencias a toda persona que, entre otras, “[t]rat[ara] de

obtener

la

misma

mediante

fraude

o

engaño”

o

“[n]o

re[uniera] los requisitos establecidos en la sec. 43 de

este título” (20 LPRA sec. 52 (derog. 2008)), entre los

que

se

encontraba

“[h]aber

aprobado

los

exámenes

de

reválida ofrecidos por el Tribunal Examinador”. 20 LPRA

sec. 43 (derog. 2008).

Ciertamente, una licencia, o solicitud de licencia,

sea permanente o provisional, puede denegarse cuando se

descubre que no reúne los requisitos que la ley estableció

para ello. La no aprobación de la reválida da lugar a la

revocación de la licencia. Si, en cambio, la Junta concede

CC-2016-0563

15

una licencia sin observar la Ley y el Reglamento, realiza

un acto nulo.

“Una actuación nula es inexistente, por lo que no

genera consecuencias jurídicas. Dicho de otro modo, ‘lo

nulo nunca tuvo eficacia alguna, nunca nació en derecho,

nunca existió’”. Brown III v. J.D. Cond. Playa Grande, 154

DPR 225, 239 (2001)

(citando a

Montañez v. Policía de

Puerto Rico, 150 DPR 917, 921 (2000)). Por eso, ninguna

persona puede ampararse en una actuación administrativa

incorrecta o ilegal. Santiago v. Depto. de la Familia, 153

DPR

208

(2001).

“[L]os

errores

administrativos

no

son

susceptibles de crear intereses libertarios que activen la

protección del debido proceso de ley. A estos efectos,

hemos

expresado

en

varias

ocasiones

que

‘un

error

administrativo no crea un estado de derecho que obligue [a

una] agencia ni impida su corrección’”. González v. ELA,

167 DPR 400, 413 (2006) (citando a Santiago, supra, pág.

218 y Magriz v. Empresas Nativas, 143 DPR 63, 71 (1997)).

Hace más de cien años, este Tribunal resolvió que no

es posible, en casos “en que el interés público aparece

seriamente

afectado,

aplicar

el

precepto

legal

de

que

nadie puede ir contra sus propios actos. Este principio de

derecho puede aplicarse siempre en las relaciones civiles

de

unos

ciudadanos

para

con

otros;

pero

nunca

en

las

relaciones del ciudadano para con el Estado”. Vives v. La

Junta de Farmacia, 24 DPR 669, 672 (1916).

CC-2016-0563

16

En Vives v. La Junta de Farmacia, íd., la Junta se

negó a entregar una licencia a un solicitante, a pesar de

haberle

comunicado

que

podía

recoger

la

licencia,

pues

no

había

pasado

un

examen

las

descubrió

que

este

materias

científicas

y

literarias

mientras

de

estudiaba

farmacia. A pesar de que el solicitante fue examinado y

aprobado por la Junta, carecía de un requisito previo para

obtener su licencia. “El [solicitante] no llegó a adquirir

derecho de propiedad alguno a la licencia, porque jamás

cumplió con todos los requisitos exigidos por la ley. Y la

junta

pudo

en

certificado

cualquier

corregir

sus

momento

antes

de

expedir

el

propios

yerros

e

inspirar

su

resolución última en el estricto cumplimiento de la ley”.

Íd.

Esta

actuación

norma

no

ha

cambiado.

de

la

Administración

reencarcelar

a

un

grupo

erróneamente

dejados

en

de

En

2006,

de

Corrección

convictos

libertad

validamos

que

bajo

la

de

fueron

supervisión

electrónica por varios años. González v. ELA, supra. La

concesión de la libertad a estos convictos constituía un

error

administrativo,

susceptible

de

corregirse.

“[N]o

debemos confundir la equivocada concesión de libertad con

la existencia de un interés libertario capaz de activar la

protección

del

debido

proceso

de

ley”.

Íd.,

pág.

414.

“[L]as consecuencias de aceptar que la concesión errónea

de libertad a un convicto genera un interés libertario

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protegido

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por

el

debido

proceso

de

ley

son

claramente

lesivas al interés público y a nuestra sociedad”. Íd.

A la luz del derecho expuesto, es forzoso concluir

que, ante apremiantes intereses públicos como la seguridad

y

la

salud,

no

podemos

“congelar

en

el

tiempo

las

consecuencias nocivas de actuaciones estatales arbitrarias

o erradas”. Íd. El hecho de que la Junta haya dejado sin

efecto la suspensión sumaria y haya concedido una licencia

provisional

a

una

reinstalarle

una

persona

licencia,

a

quien

porque

resultaba

carecía

de

imposible

elementos

para ser concedida, no es óbice para que el Estado corrija

ese

error.

De

lo

contrario,

se

lesionarían

apremiantes

intereses públicos.

Bajo estas circunstancias, no es pertinente que la

Junta le haya indicado a la doctora Cabral Jiménez que le

otorgaría la licencia si esta cumplía ciertas condiciones.

La Junta no está sujeta a actuar conforme a sus propios

actos

pasados

realizados

en

contra

de

la

ley.

Su

discreción existe solo dentro de los parámetros de la ley

orgánica que la habilitó. Al negarse a validar un acto que

fue realizado en contra de la ley, la Junta no abusó de su

discreción.

Al

contrario,

no

tenía

discreción

para

validarlo.

IV

En su oposición a la petición de certiorari y en su

alegato,

la

doctora

Cabral

Jiménez

reiteró

varios

argumentos presentados ante el Tribunal de Apelaciones que

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merecen nuestra atención. Adujo que los casos federales en

su contra se archivaron; que la evidencia producida por la

fiscalía federal era inadmisible; que esa evidencia no era

capaz

de

derrotar

la

presunción

de

corrección

de

los

documentos que acreditaban que sí aprobó el examen, y que

los asesores legales de la Junta afirmaron no contar con

evidencia

suficiente

para

demostrar

que

ella

alteró

el

resultado de la reválida. Por estos fundamentos, entiende

la doctora Cabral Jiménez que la Junta está obligada a

reinstalarle su licencia. No tiene razón.

El

testimonio

acusaciones

del

federales,

doctor

Vélez

García,

y

son

base

para

la

la

que

no

las

Junta

mantuviera la suspensión y que el Tribunal de Apelaciones

confirmara

esa

actuación.

acusaciones

fueron

Por

desestimadas,

lo

tanto,

ello

no

aunque

las

debilita

los

fundamentos de la decisión de la Junta ni la obligaba a

cambiar

su

postura.

La

facultad

investigativa

y

adjudicativa de la Junta es independiente de aquella de la

fiscalía federal. Además, el quantum de prueba requerido a

ambas no es el mismo. La Junta necesita prueba clara,

robusta y convincente para denegar una licencia (Artículo

10.14, Reglamento Núm. 7811, supra); la fiscalía federal

necesita el estándar más alto de prueba más allá de duda

razonable para lograr una convicción de delito. Véase In

re Winship, 397 U.S. 358, 361 (1970).

La doctora Cabral Jiménez ha señalado varias veces

que la nueva evidencia que la fiscalía federal produjo y

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que la Junta consideró previo a realizar su determinación

final

es

un

documento

mutilado

y

no

admisible

como

evidencia. Ello es inconsecuente. Las Reglas de Evidencia

no son aplicables a las vistas administrativas. Sec. 3.13,

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 2163(e).

Además,

la

supuesta

mutilación,

consistente

en

la

tachadura de nombres y números de seguro social, respondió

al

interés

de

no

divulgar

información

de

los

demás

aspirantes que tomaron la reválida en noviembre de 2003.

La

presunción

de

corrección

de

los

documentos

que

indicaban que la doctora Cabral Jiménez aprobó la reválida

de ciencias clínicas quedó rebatida con el testimonio del

doctor

Vélez

García,

quien

corroboró

manualmente

los

resultados. Su testimonio mereció entera credibilidad por

parte de la oficial examinadora Mainardi Peralta y sus

conclusiones fueron ratificadas por la Junta. El Tribunal

de Apelaciones confirmó y nosotros nos negamos a revisar.

Al

momento

en

que

fiscalía

federal

produjo

la

nueva

evidencia, los documentos que acreditaban que la doctora

Cabral Jiménez aprobó la reválida de ciencias clínicas ya

no gozaban de presunción de corrección. Por lo tanto, la

evidencia

que

fiscalía

federal

produjo

no

hizo

sino

confirmar a la Junta sus hallazgos iniciales.

También es impertinente que los investigadores de la

Junta hayan afirmado que no contaban con evidencia creíble

ni

suficiente

para

establecer

que

la

doctora

Cabral

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Jiménez alteró el resultado de la reválida. Para retirarle

la licencia, la Junta no tenía que probar que la doctora

cometió fraude. Ciertamente, alterar los resultados de un

examen da lugar al comienzo de una investigación y a la

posible suspensión de la licencia. Sin embargo, el mero

hecho de no haber obtenido la nota de pase requerida en

una

de

las

reválidas,

es

suficiente

para

denegar

una

no

el

licencia erróneamente otorgada.

Por

último,

adecuado

para

responsabilidad

ese

proceso

administrativo

adjudicar

civil

de

es

planteamientos

la

agencia,

si

sobre

alguna.

Las

supuestas actuaciones negligentes de la Junta no se pueden

subsanar otorgando una licencia a quien no cumple con los

requisitos de ley. El interés público en garantizar la

capacidad de los profesionales en quienes el pueblo confía

su salud es primordial. Por lo tanto, sin importar cuán

irregular

la

doctora

argumente

que

el

proceso

fue,

la

Junta no puede reinstalarle la licencia. La ley establece

requisitos sin los cuales no se pueden otorgar licencias,

y ninguna junta examinadora tiene facultad para otorgar

una

licencia

que

no

cumpla

con

esos

requisitos.

Lo

contrario no sería aleccionar a la Junta por su supuesta

negligencia,

sino

balance

intereses

de

administrativos

capacidad

poner

sean

profesional

al

Pueblo

entre

lograr

que

conducidos

y

bien

de

quienes

en

peligro.

tienen

los

En

el

procesos

garantizar

la

la

del

salud

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Pueblo en sus manos, la balanza se inclina a favor de la

segunda.

V

La doctora Cabral Jiménez no puede pretender ganar

una licencia médica por medio de

un litigio basado en

alegaciones

cuenta

sustantiva

procesales,

(a

saber,

cuando

los

no

requisitos

de

con

ley),

la

base

para

ser

acreedora de esa licencia. El hecho de que la Junta haya

dejado sin efecto una suspensión sumaria y concedido una

licencia

persona

provisional

a

la

que

para

practicar

resultaba

la

imposible

medicina

a

una

reinstalarle

una

licencia médica, no impide que el Estado corrija el error

administrativo cometido.

No se violenta el debido proceso de ley al privar a

alguien del derecho a continuar ejerciendo una profesión

cuando se descubre que su ejercicio no le está permitido

por razón de incumplimiento con los requisitos impuestos

por

el

Estado

a

los

fines

de

Revocamos

la

sentencia

del

devolvemos

el

caso

la

a

proteger

Tribunal

Junta

para

a

de

que

la

sociedad.

Apelaciones

y

culmine

los

procesos de la suspensión sumaria.

Se dictará sentencia de conformidad.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Junta

de

Licenciamiento

Disciplina Médica

Peticionaria

y

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v.

Denys Cabral Jiménez

Lic. #15,402

Recurrida

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de octubre de 2018.

Por los fundamentos antes expuestos, en la

Opinión que antecede, la cual se hace formar parte

de esta Sentencia, Revocamos la sentencia del

Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso a la

Junta para que culmine los procesos de la

suspensión sumaria.

Lo

acordó

el

Tribunal

y

certifica

el

Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado

señor Colón Pérez concurre con el resultado sin

opinión escrita. La Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez no intervino. El Juez Asociado señor

Feliberti Cintrón está inhibido.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo