Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Hon. Gema González Rodríguez, Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo
2018 TSPR 165
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Hon. Gema González Rodríguez, Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo
AD-2015-5
Disciplina Judicial: Suspensión inmediata de cuatro meses de empleo y sueldo como jueza superior por quebrantar los Cánones 18, 19, 20, 35 y 38 de Ética Profesional.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2018 TSPR 165
Hon. Gema González Rodríguez
Jueza Superior del Tribunal
Superior de Fajardo
201 DPR ____
Número del Caso: AD-2015-5
Fecha:
3 de octubre de 2018
Comisión de Disciplina Judicial
Oficina de Asuntos Legales
Oficina de Administración de los Tribunales:
Lcda. Cristina Guerra Cáceres
Lcda. Ana Lorena Duque García
Lcda. Carmen Pesante Martínez
Abogado de la parte querellada:
Lcdo. Virgilio Mainardi Peralta
Lcdo. José Rivera Rodríguez
Lcdo. Luis M. García Tous
Materia: Disciplina Judicial: Suspensión inmediata de cuatro meses de
empleo y sueldo como jueza superior por quebrantar los Cánones 18, 19, 20,
35 y 38 de Ética Profesional.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que
está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y
publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución
electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Hon. Gema González Rodríguez,
Juez Superior del Tribunal
de Primera Instancia, Sala
Superior de Fajardo
AD-2015-5
Disciplina
Judicial
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de octubre de 2018.
Debemos examinar, desde una perspectiva ética,
la
conducta
de
una
juez
ante
algunos
de
sus
representados durante el proceso de transición de la
práctica
privada
a
la
judicatura,
además
de
su
comportamiento frente a estos ex clientes luego de
ser confirmada a su puesto.
normativa
aplicable,
Según establecido en la
evaluaremos
las
faltas
éticas
imputadas en este caso a la luz de los preceptos
consignados, tanto en el Código de Ética Profesional,
4 LPRA Ap. IX (2012), como en el Canon 1 del Código
de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B (2012) (Canon 1).
AD-2015-5
3
I. TRASFONDO PROCESAL
El procedimiento disciplinario en contra de la juez
Gema
Rodríguez1
González
interpuestas
por
la
Sra.
se
inició
Migdalia
con
Gómez
las
quejas
Correa
(señora
Gómez Correa), la Sra. María E. Colón Rivera (señora Colón
Rivera),
el
Villafañe)
(señora
Sr.
Miguel
y la
Burgos
Villafañe
Sra. María del
Rodríguez
Carrión)
(señor
Burgos
Pilar Rodríguez Carrión
(en
conjunto,
promoventes),
todos ellos clientes de la juez González Rodríguez mientras
ésta
ejercía
como
abogada
a
los
decir,
previo
reclamos
de
en
la
práctica
privada.
juramentar
como
Juez
promoventes
son
similares
Es
Superior.
Los
entre
sí
y
surgieron como resultado del manejo de sus casos en el
proceso
utilizado
por
la
juez
González
Rodríguez
para
cerrar su oficina profesional en diciembre de 2012, por
motivo de su nombramiento judicial.
Luego de los trámites
de rigor, se presentó una Querella en contra de la juez
González
Rodríguez
donde
se
le
imputó
violación
a
los
Cánones 18, 19, 20, 27, 35 y 38 de Ética Profesional,
4 LPRA Ap. IX (2012), así como el Canon 1.
Específicamente, se le atribuyó no informarle a los
promoventes de su nombramiento y que, por lo tanto, se
vería
impedida
de
continuar
representándoles
ocupara su puesto en la judicatura.
una
vez
Igualmente, se le
imputó no completar las gestiones legales para las cuales
1
En adelante nos referiremos a la querellada como “juez González
Rodríguez" o como “licenciada González Rodríguez”, dependiendo del momento en
que ocurrieron los hechos aludidos.
AD-2015-5
4
fue contratada por los promoventes.
la
situación
Asimismo,
procesal
de
sus
no rindió cuentas de
incurridos
hasta
entonces.
Tampoco les comunicó
casos
a
ese
los gastos y
Tampoco
momento.
honorarios
reembolsó
aquellas
sumas pagadas en exceso por trabajo no realizado, y no
devolvió
los
atribuyó,
expedientes
además,
la
a
sus
cesión
ex
de
clientes.
los
Se
asuntos
de
le
los
promoventes a otra abogada, así como la custodia de los
expedientes
correspondientes,
sin
obtener
previa de los que eran sus representados.
autorización
Por último, como
parte de la Querella, se incluyeron violaciones al Canon 1
por la desidia e indiferencia mostrada hacia los reclamos
de
los
promoventes
en
torno
a
la
devolución
de
los
honorarios por los trámites no realizados.
Oportunamente se celebró una vista evidenciaria ante
la Comisión de Disciplina Judicial (Comisión).
Previo al
desfile de prueba, los representantes legales de la Oficina
de Administración de los Tribunales (OAT), así como los de
la juez González Rodríguez, estipularon: (1) una extensa
lista de hechos relevantes a las controversias asociadas al
proceso disciplinario; (2) el testimonio de tres testigos
de reputación a favor de la juez González Rodríguez quienes
dieron fe de su honestidad, integridad y rectitud moral,
así como de la imagen y reputación intachables de las que
ésta
goza
en
la
comunidad;
(3)
prueba
documental
concerniente al Contrato de Arrendamiento suscrito entre la
juez González Rodríguez y la
Lcda. Cristal
Soto Mujica
AD-2015-5
5
(licenciada Soto Mujica) el 21 de diciembre de 2012, y (4)
prueba acreditativa del pago de honorarios de abogado a la
licenciada González Rodríguez por parte de los promoventes.
Durante la vista antes indicada declararon los cuatro
promoventes y la licenciada Soto Mujica.
Al finalizar el
interrogatorio, las partes estipularon el testimonio de las
Juezas Nereida Cortés González, Lourdes Díaz Velázquez y
Ladi Buono de Jesús a los efectos de que la juez González
Rodríguez goza de una excelente reputación en la comunidad
judicial.
Una vez concluida la vista, el caso quedó sometido
ante la Comisión y las partes presentaron sus memorandos de
derecho en apoyo a sus respectivas posiciones.
La Comisión
rindió
denegó
entonces
su
Informe
y
posteriormente
la
solicitud de reconsideración de la juez González Rodríguez.
A base de las estipulaciones de hechos, el testimonio
estipulado y presencial, así como de la prueba documental
acordada
entre
Determinaciones
Informe
es
las
de
partes,
Hechos
meticuloso
y
la
Comisión
para
nuestra
recoge
con
sometió
sus
atención.
El
gran
detalle
los
incidentes relevantes a las quejas presentadas por cada uno
de los promoventes.
Consideramos, por consiguiente, que
las Determinaciones de Hechos merecen nuestra deferencia y
adoptamos, aunque no necesariamente de manera literal y con
ciertas modificaciones, aquellas que entendemos pertinentes
para disponer de los señalamientos que pesan en contra de
la
juez
González
Rodríguez.
Dada
la
seriedad
y
AD-2015-5
6
multiplicidad
de
imputaciones
éticas,
estimamos
que
los
hechos en este caso, aunque extensos, son esenciales para
cumplir de manera juiciosa con nuestra tarea disciplinaria.
Oportunamente, la juez González Rodríguez y la OAT
nos sometieron sus escritos en torno al Informe de manera
que estamos en posición de resolver.
II. DETERMINACIONES DE HECHOS
La licenciada González Rodríguez ejerce la profesión
legal desde el año 2001.
A partir de ese mismo año, y
hasta el año 2012, laboró en el Bufete Del Valle Rodríguez
y Asociados (Bufete), ubicado en el Municipio de Canóvanas.
Entre
los
años
propietaria,
2008
“sole
al
2012
fungió
practitioner”
y
como
única
dueña,
abogada
del
Bufete.
Durante ese periodo la licenciada González Rodríguez era
quien
mantenía
el
control
de
los
casos,
los
asuntos
administrativos y las gestiones pendientes en el despacho
legal.
Para ese mismo periodo, la Sra. Katherine Trenche
(señora
Trenche)
se
desempeñaba
como
Rodríguez
y,
secretaria
licenciada
González
necesario,
se
le
impartían
instrucciones
comunicase
a
los
clientes
asuntos
privilegiados.
conforme
de
la
resultara
para
que
le
y
no
específicos
Además, la asistía en tareas delegadas.
El 28 de noviembre de 2012, la licenciada González
Rodríguez fue nominada como Juez Superior y confirmada al
cargo el 10 de diciembre de 2012.
la
licenciada
Superior.
González
Rodríguez
El 11 de enero de 2013
juramentó
como
Juez
AD-2015-5
7
En diciembre de 2012, tras ser nominada para el cargo
de Juez Superior, la licenciada González Rodríguez condujo
negociaciones con la licenciada Soto Mujica con miras a
que, por una suma determinada de dinero, ésta adquiriese la
cartera de clientes con asuntos activos en el Bufete a esa
fecha
y
estaba
ubicado
Soto
Mujica
sólo
conocía a la licenciada González Rodríguez de vista.
No
mismo.
arrendara
A
ese
el
edificio
momento,
la
donde
licenciada
el
fue hasta el periodo entre noviembre y diciembre de 2012,
cuando
comenzaron
a
dialogar
sobre
la
posibilidad
de
alquilar la oficina, que la licenciada Soto Mujica tuvo
contacto más directo con la licenciada González Rodríguez.
La licenciada González Rodríguez solicitó a la señora
Trenche que la asistiera en contactar a los clientes para
notificarles sobre su inminente cesación de la práctica
privada, así como de las negociaciones con la licenciada
Soto Mujica.
Durante este proceso la licenciada González
Rodríguez no envió comunicaciones escritas a los clientes.
La licenciada González Rodríguez reconoce que no procedió
de forma uniforme en las gestiones de contacto con los
clientes con asuntos activos ni en la consignación de tales
gestiones mediante anotaciones en los expedientes legales.
Previo
a
firmar
el
contrato
de
arrendamiento,
la
licenciada González Rodríguez citó a la licenciada Soto
Mujica a su oficina con el propósito de ambas reunirse con
algunos de sus clientes e informarles que ya no continuaría
a cargo de su representación legal, pero les recomendaría
AD-2015-5
8
los servicios de la licenciada Soto Mujica.
La licenciada
González Rodríguez estuvo a cargo de coordinar esta reunión
y contactar a los clientes.
La licenciada Soto Mujica no
intervino en este trámite.
El día de la reunión se iban
atendiendo los clientes individualmente para discutir sus
asuntos.
La licenciada González Rodríguez, con expediente
en mano, les explicaba los pormenores de cada caso, el
estatus del mismo y las gestiones que quedaban pendientes.
Finalmente, les informaba que había sido nombrada juez y no
podía
continuar
con
su
representación
legal,
pero
les
recomendaba a la licenciada Soto Mujica para que asumiera
su representación a los fines de completar los trabajos
restantes.
En
ese
momento,
los
clientes
indicaban
si
estaban de acuerdo o no en aceptar a la licenciada Soto
Mujica como su abogada.
balance
pendiente
licenciada
Soto
De éstos acceder, pagarían el
por
concepto
Mujica.
La
de
honorarios
licenciada
Soto
a
la
Mujica
testificó que ese día fueron entrevistados aproximadamente
entre
doce
(12)
a
quince
(15)
clientes
y
que
todos
adeudaban alguna suma por concepto de honorarios, cantidad
que se mencionaba durante cada entrevista.
El 21 de diciembre de 2012 la licenciada González
Rodríguez
y
la
licenciada
Soto
Mujica
suscribieron
un
Contrato de Arrendamiento.
Como parte del acuerdo pactaron
que
Mujica
la
licenciada
arrendamiento
de
Soto
dos
mensuales por el local.
mil
pagaría
quinientos
un
dólares
canon
de
($2,500.00)
Acordaron además que, al firmar el
AD-2015-5
9
contrato, la licenciada Soto Mujica pagaría a la licenciada
González
Rodríguez
veinticuatro
mil dólares
($24,000.00)
por “la cartera de expedientes y clientes del Bufete”.
Durante las negociaciones previas y al otorgarse el
Contrato de Arrendamiento, ni la licenciada Soto Mujica ni
la licenciada González Rodríguez realizaron un inventario
escrito de los casos activos que compondrían “la cartera de
clientes y expedientes del bufete”.
Rodríguez
definió
el
término
La licenciada González
“cartera
de
clientes
y
expedientes del bufete” como la totalidad de las causas con
asuntos
pendientes
declaró
la
Comisión,
en
el
licenciada
el
pago
Bufete.
Soto
acordado
Mujica
de
Por
en
su
la
parte,
vista
veinticuatro
mil
según
ante
la
dólares
($24,000.00) correspondía, a su entender, a los casos de
los clientes con los que ella se había reunido previamente
junto a la licenciada González Rodríguez y que aún tenían
balance de pago pendiente por honorarios.
El Contrato de Arrendamiento estaría vigente desde el
7 de enero de 2013 hasta el 7 de enero de 2014.
Para fines
del contrato, se consideró la totalidad de clientes, casos,
gestiones y asuntos que, a esa fecha, estuviesen pendientes
de disposición final. Sin embargo, en el documento no se
identificaron clientes ni se hizo mención del número de
representados con asuntos aún pendientes de tramitar.
pues,
no
pagadas
se
en
aludió
a
los
promoventes,
calidad
de
honorarios
de
las
Así
cantidades
abogados,
o
los
trámites legales pendientes en sus respectivos asuntos.
De
AD-2015-5
10
otra parte, conforme estipulado por las partes, a pesar de
que la licenciada González Rodríguez no podía precisar con
exactitud la cantidad de clientes del Bufete con asuntos
activos a la fecha de la firma del contrato, según su mejor
recuerdo, los estimó en aproximadamente cincuenta (50).
El día en que se firmó el Contrato de Arrendamiento,
la licenciada González Rodríguez le informó a la licenciada
Soto Mujica que en el área que ella ocupaba en el Bufete
quedaban
expedientes
instrucciones
a
la
clientes
para
que
preguntó
si
tenía
inactivos
señora
pasaran
y
que
Trenche
de
a
objeción
le
contactar
recogerlos.
con
que
había
dado
a
los
Asimismo,
le
estos
expedientes
permanecieran allí.
La licenciada Soto Mujica respondió no
tener
puesto
inconveniente
espacio de la oficina.
que
no
pensaba
utilizar
ese
Más bien se encontraba habilitando
otra área para dedicarla a su práctica legal.
Además, lo
vislumbró como una oportunidad para ofrecer sus servicios a
los clientes de la licenciada González Rodríguez cuando
éstos pasaran a recoger sus expedientes.
Según declaró la licenciada Soto Mujica, el día en
que se firmó el contrato, la licenciada González Rodríguez
le indicó que los expedientes de los clientes para los
cuales
asumiría
representación
legal
serían
los
que
se
encontraban en el archivo grande de tres gavetas ubicado
detrás de la secretaria en el área de la entrada de la
oficina.
expedientes.
Éstos
constaban
Entre
los
de
casos
alrededor
que
de
pasarían
quince
a
ser
AD-2015-5
11
responsabilidad de la licenciada Soto Mujica había asuntos
que aún no se habían presentado en el tribunal tales como,
expedientes de dominio y declaratorias de herederos, debido
a que quedaba pendiente algún trámite o porque el cliente
no había entregado todos los documentos necesarios.
Para
efectos
de
la
licenciada
Soto
Mujica
sus
clientes iban a ser aquellas personas con los que ella y la
licenciada González Rodríguez se habían reunido previo a
firmar el contrato el 21 de diciembre de 2012 y únicamente
retuvo sus expedientes.
A diciembre de 2012 la licenciada
Soto Mujica no conocía a ninguno de los promoventes.
Las partes estipularon que el 7 de enero de 2013 la
licenciada González Rodríguez entregó la custodia y control
de algunos expedientes legales a la licenciada Soto Mujica.
Ese mismo día la licenciada Soto Mujica tomó posesión de la
oficina y de todo su contenido.
Aunque quedaron algunos
expedientes restantes en el despacho legal, la licenciada
Soto Mujica nunca los tocó por no ser suyos.
La señora
Trenche continuó como su secretaria una vez ésta se hizo
cargo de la oficina.
Durante su testimonio en la vista evidenciaria, la
licenciada Soto Mujica expresó estar de acuerdo en que el
contrato suscrito con la licenciada González Rodríguez se
prestaba a malas interpretaciones.
Especificó que fue la
licenciada González Rodríguez quien se hizo cargo de la
redacción del documento.
AD-2015-5
12
A. Sobre la Queja de la Sra. Migdalia Gómez Correa
La señora Gómez Correa es enfermera práctica y reside
hace más de veinte
(20) años en Jacksonville, Florida.
Tanto la señora Gómez Correa como su hermano, el Sr. José
Gómez Correa (señor Gómez Correa), interesaban formalizar
las gestiones correspondientes para que el terreno que sus
abuelos le habían regalado a su madre y la residencia en la
que
esta
última
residió
por
más
de
treinta
(30)
años,
constaran a nombre de su progenitora mediante escritura
pública.
Para ello, a finales de abril del 2012 acudieron
a la oficina de la licenciada González Rodríguez.
Luego de
una orientación, contrataron verbalmente los servicios de
la
licenciada
expediente
de
González
dominio
a
Rodríguez
favor
de
para
su
tramitar
madre
y
un
pactaron
honorarios legales de seis mil dólares ($6,000.00).
La
señora Gómez Correa testificó que la licenciada González
Rodríguez le indicó que comenzaría a trabajar en el caso
tan pronto le abonaran el cincuenta por ciento (50%) de los
honorarios acordados.
Entre
los
documentos
que
se
le
entregaron
a
la
licenciada González Rodríguez se encontraban la escritura
mediante la cual los abuelos de la señora Gómez Correa
habían
adquirido
la
división de solares.
propiedad,
así
como
un
plano
de
Al momento de contratar los servicios
de la licenciada González Rodríguez, acordaron que toda
comunicación sobre el caso se efectuaría a través de la
señora Gómez Correa debido a la avanzada edad de su mamá.
AD-2015-5
13
Después de esa primera reunión, el 7 de mayo de 2012
la señora Gómez Correa regresó al despacho para entregar un
pago parcial de honorarios de tres mil dólares ($3,000.00).
En esa ocasión la atendió la señora Trenche.
reuniones
entre
la
licenciada
González
No hubo otras
Rodríguez
y
los
miembros de la familia Gómez Correa.
Entre mayo de 2012 a diciembre de 2012, la señora
Gómez Correa no recibió ninguna llamada telefónica de parte
de la licenciada González Rodríguez, ni del personal de su
oficina.
Tampoco medió reunión alguna con la licenciada
González Rodríguez.
Por su parte, la señora Gómez Correa
sí se comunicó con la oficina de la licenciada González
Rodríguez por lo menos en dos (2) o tres (3) ocasiones en
las que habló con su secretaria, la señora Trenche, quien
siempre le indicaba que se estaba trabajando en su caso.
En diciembre de 2012 la licenciada González Rodríguez
no remitió comunicación escrita a ninguno de los miembros
de la familia Gómez Correa para notificarle que había sido
nombrada
juez,
se
encontraba
en
negociaciones
con
la
licenciada Soto Mujica o para devolverle el expediente o
los honorarios
no devengados.
Tampoco la señora Gómez
Correa tuvo comunicación o se reunió con la licenciada Soto
Mujica durante diciembre de 2012.
Para la fecha de su
nombramiento judicial, la licenciada González Rodríguez no
había culminado los trámites legales contratados con los
miembros de la familia Gómez Correa, por carecer de la
documentación complementaria necesaria.
AD-2015-5
14
En el 2013, la señora Gómez Correa se comunicó con la
oficina de la licenciada González Rodríguez y la atendió
una secretaria nueva.
La señora Gómez Correa se sorprendió
y le explicó la razón de su llamada.
En ese momento la
secretaria le informó que la licenciada González Rodríguez
ya no estaba y que la licenciada Soto Mujica era la nueva
abogada a cargo de la oficina.
La señora Gómez Correa
solicitó entonces hablar o reunirse con la licenciada Soto
Mujica para preguntarle qué había sucedido con su caso.
Para mediados de 2013, la licenciada Soto Mujica y
los miembros de la familia Gómez Correa se reunieron en
varias ocasiones para dialogar sobre su contrato con la
licenciada González Rodríguez.
La licenciada Soto Mujica
les informó que ella era la nueva abogada en la oficina y
desconocía
los
detalles
de
su
caso
y
del
arreglo
profesional con la licenciada González Rodríguez.
Al examinar el expediente, la licenciada Soto Mujica
observó que no surgía que se hubiese llevado a cabo ningún
trámite
en
el
caso
y
que
solamente
se
encontraban
un
estudio de título y la hoja con los datos de la señora
Gómez
Correa.
La
licenciada
Soto
Mujica
se
ofreció
entonces a efectuar los trámites previamente contratados
con la licenciada González Rodríguez a cambio de tres mil
dólares ($3,000.00), más costas y gastos en consideración
de que esa era la cantidad restante del acuerdo previo de
honorarios.
Además, la licenciada Soto Mujica requirió un
adelanto de seiscientos dólares ($600.00) para comenzar a
AD-2015-5
15
trabajar en el caso.
Los miembros de la familia Gómez
Correa declinaron la propuesta indicando que la licenciada
González Rodríguez les había expresado que serían solamente
seis
mil
dólares
decidieron
dejar
($6,000.00)
el
en
expediente
total.
en
No
la
obstante,
oficina
de
la
licenciada Soto Mujica pues iban a intentar comunicarse con
la juez González Rodríguez.
Expirado
el
año
de
vigencia
del
Contrato
de
Arrendamiento, la licenciada Soto Mujica mudó su despacho a
un
lugar
cercano
expedientes.
licenciada
llevándose
consigo
algunos
de
los
El resto quedó en la antigua oficina de la
González
Rodríguez.
Antes
de
marcharse,
la
licenciada Soto Mujica hizo gestiones para comunicarse con
los clientes que no tenían asuntos pendientes para que
pasaran a recoger sus expedientes.
De
otra
parte,
decidió
llevarse
clientes
con
aunque
únicamente
los
que
la
licenciada
aquellos
había
Soto
expedientes
establecido
una
Mujica
de
los
relación
contractual, optó por incluir el expediente de la señora
Gómez
Correa
pasaran
a
puesto
que
recogerlo.
conversación
le
habían
tramitara
el
expediente
pudiesen
recuperar
el
no
logró
Además,
comunicarse
durante
el
para
curso
de
la
en
que
se
a
que
a
la
manifestado
interés
de
condicionado
dominio,
dinero
que
habían
que
pagado
licenciada González Rodríguez.
En mayo de 2014, la señora Gómez Correa envió una
carta a la entonces juez González Rodríguez para inquirirle
AD-2015-5
16
sobre su caso y solicitar la devolución de los tres mil
dólares ($3,000.00) para poder tramitar el expediente de
dominio.
Envió
la
carta
por
correo
certificado
a
dirección postal conocida en Canóvanas, Puerto Rico.
comunicación
le
fue
devuelta
después de un mes y medio.
la
licenciada
nombramiento
judicial.
la
señora
Gómez
Esta
Correa
Tras recibirla, la señora Gómez
Correa se comunicó nuevamente
ocupaba
a
la
con la oficina
González
En
esa
Rodríguez
ocasión
legal
previo
le
que
a
su
contestó
la
señora Trenche, quien le explicó la razón por la cual su
carta no había sido reclamada en el correo, sugiriéndole
que la enviara nuevamente, esta vez por correo ordinario.
Así lo hizo y esa vez la carta no fue devuelta.
Sin
embargo, la señora Gómez Correa no recibió respuesta a su
misiva.
Luego de conocer la nueva ubicación de la oficina de
la licenciada Soto Mujica los miembros de la familia Gómez
Correa se reunieron nuevamente con ésta.
En esa ocasión le
informaron las gestiones realizadas para contactar a la
juez
González
Rodríguez
mediante
carta
y
llamadas
telefónicas al tribunal, sin haber logrado comunicación con
ella.
Asimismo, le hicieron saber su decisión de llevarse
el expediente del caso.
Días después, la licenciada Soto Mujica recibió una
llamada del Lcdo. Marcelino Ruiz Corujo (licenciado Ruiz
Corujo),
Correa.
de
parte
Como
de
los
resultado
miembros
de
de
dicha
la
familia
Gómez
comunicación,
la
AD-2015-5
17
licenciada Soto Mujica le envió un correo electrónico al
licenciado Ruiz Corujo explicándole el contrato entre ella
y la juez González Rodríguez.
También le indicó que no
consideraba a éstos como sus clientes.
Finalmente, no se llegó a un acuerdo entre la señora
Gómez
Correa
y
continuara con
la
licenciada
Soto
Mujica
los trámites legales que le
para
que
habían sido
encomendados a la licenciada y hoy juez González Rodríguez.
El expediente de este asunto estuvo en la oficina de
la licenciada Soto Mujica hasta el 17 de julio de 2014,
cuando se le entregó al hermano de la señora Gómez Correa.
La señora Gómez
Correa tuvo
entonces la
oportunidad de
examinarlo y pudo observar que no se había hecho nada en su
caso.
Sólo contenía la hoja de información.
Observó,
además, que ni las escrituras ni el plano de división del
terreno que ella había entregado estaban en el expediente.
El
Corujo
17
le
González
de
septiembre
remitió
Rodríguez
una
de
2014,
comunicación
solicitándole
honorarios no devengados.
la
el
licenciado
escrita
Ruiz
a
la
juez
devolución
de
los
Posteriormente, el licenciado
Ruiz Corujo y la juez González Rodríguez se comunicaron
telefónicamente.
resultado
por
Estas
lo
que
gestiones
la
señora
no
produjeron
Gómez
Correa
ningún
decidió
comunicarse directamente con la juez González Rodríguez en
el Tribunal de Ponce, donde entendía que estaba asignada.
En esa ocasión logró hablar con la secretaria de la juez
González
Rodríguez
mientras
estuvo
asignada
a
dicho
AD-2015-5
18
tribunal,
quien
le
facilitó
el
número
telefónico
Tribunal de Fajardo, donde podía localizarla.
del
La señora
Gómez Correa intentó comunicarse al Tribunal de Fajardo
para preguntarle
recibido
su
a la
juez
González Rodríguez
correspondencia
donde
le
si había
solicitaba
la
devolución del dinero pagado, pero no obtuvo respuesta.
Al
momento
de
la
vista
evidenciaria
del
presente
proceso disciplinario los servicios legales contratados con
la juez González Rodríguez no se habían realizado porque la
señora Gomez Correa no contaba con los recursos económicos
para pagarle a otro abogado.
Según declaró la señora Gómez
Correa, no tiene queja alguna en cuanto al trato que le
brindó en un principio la licenciada González Rodríguez,
sin embargo, tras haber sido nombrada juez, no se comunicó
con ellos “nos dejó como en la nada, no pudimos hacer
nada”.
Transcripción de Vista Evidenciaria, pág. 52.
B. Sobre la Queja de la Sra. María E. Colón Rivera
La
señora
Colón
Rivera
es
una
reside en el pueblo de Canóvanas.
maestra
retirada
y
La señora Colón Rivera
acudió a la oficina de la licenciada González Rodríguez
porque interesaba segregar en dos solares una finca que le
habían regalado.
En la primera visita, la señora Colón
Rivera le explicó la situación a la secretaria y luego
discutió el asunto con la licenciada González Rodríguez.
En
el
verbalmente
2012,
a
la
la
señora
licenciada
Colón
González
Rivera
contrató
Rodríguez
para
efectuar los servicios legales relacionados al otorgamiento
AD-2015-5
19
de las dos escrituras de segregación a cambio de dos mil
cuatrocientos
ocho
dólares
señora Colón Rivera pagó.
Rivera
entregó
($2,408.00),
los
cuales
la
Inicialmente, la señora Colón
quinientos
dólares
($500.00)
y
posteriormente fue haciendo abonos mensuales y realizando
gestiones relacionadas con su caso.
Le entregaba los pagos
a
preparaba
la
señora
Trenche,
quien
le
los
recibos
correspondientes.
El último pago, y con el que saldó la
totalidad
honorarios
de
los
pactados,
fue
efectuado
el
30 de octubre de 2012.
Entre el periodo comprendido desde este último pago y
diciembre
de
2012,
la
señora
Colón
comunicación
alguna
de
parte
Rodríguez.
Tampoco se reunió con ésta durante diciembre
de
la
Rivera
no
recibió
licenciada
González
de 2012.
Al 21 de diciembre de 2012, los servicios legales de
la señora Colón Rivera, los cuales habían sido previamente
pagados,
se
encontraban
pendientes
de
carecer
la
licenciada
González
Rodríguez
documentación
necesaria.
Por
lado,
González
Rodríguez
no
le
otro
remitió
realizarse
ninguna
la
de
por
la
licenciada
comunicación
escrita a la señora Colón Rivera para notificarle sobre su
nombramiento judicial y que estaba en negociaciones con la
licenciada Soto Mujica.
de Arrendamiento
Tampoco se consignó en el Contrato
la cantidad de
honorarios pagados.
A
diciembre de 2012, la licenciada González Rodríguez no le
ofreció a la señora Colón Rivera devolverle los honorarios
AD-2015-5
20
no devengados o el expediente legal.
Tampoco le informó
que
para
hiciera
falta
algún
documento
efectuar
los
trámites legales acordados.
Para septiembre de 2013, la señora Colón Rivera acudió
al local donde previamente había estado ubicada la oficina
de la licenciada González Rodríguez con el propósito de
informarle sobre las dificultades que estaba confrontando
en conseguir información necesaria para tramitar su caso.
Al
personarse,
la
señora
Trenche
le
indicó
que
la
licenciada González Rodríguez había sido nombrada juez y se
encontraba en el Tribunal de Fajardo.
En ese momento la
señora Colón Rivera le cuestionó qué iba a suceder con los
trabajos acordados y pagados en su totalidad.
La señora
Trenche le informó que la juez González Rodríguez había
pactado con la licenciada Soto Mujica para que ésta se
hiciera cargo de continuar con sus casos.
La señora Colón
Rivera expresó que eso era imposible pues no conocía a la
licenciada
Soto
Mujica,
había
pagado
el
trabajo
y
le
correspondía a ella decidir sobre la contratación de otra
abogada.
Finalmente,
número
teléfono
de
la
para
señora
que
se
Trenche
le
comunicase
proveyó
con
la
un
juez
González Rodríguez y le explicó cómo llegar a la oficina de
la licenciada Soto Mujica.
La señora Colón Rivera declaró ante la Comisión que
pudo comunicarse con la juez González Rodríguez y ésta le
indicó que la licenciada Soto Mujica continuaría con su
AD-2015-5
caso.
21
La señora Colón Rivera cuestionó esta aseveración
puesto que no conocía a la licenciada Soto Mujica.
La señora Colón Rivera visitó entonces la oficina de
la licenciada Soto Mujica.
Sin embargo, la licenciada Soto
Mujica le informó que no podía realizar gestión alguna en
aquellos casos en que se habían saldado los honorarios de
la licenciada González Rodríguez.
Por lo que, de interesar
sus servicios, tendría que pagar sus honorarios.
Debido a
que
trabajos
se
le
requirió
costear
nuevamente
los
pendientes, la señora Colón Rivera no llegó a un acuerdo
con la licenciada Soto Mujica.
Luego de la reunión con la licenciada Soto Mujica, la
señora Colón Rivera intentó comunicarse en varias ocasiones
con
la
juez
González
Rodríguez
a
través
de
llamadas
telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos.
Su
interés era conocer qué sucedería con su caso y que se le
devolviese
el
acordados.
Entre sus gestiones, la señora Colón Rivera
redactó
carta
una
dinero
y
de
se
no
realizarse
personó
al
los
Centro
trabajos
Judicial
de
Fajardo para entregarla a la juez González Rodríguez.
La
hizo llegar a través de un alguacil.
Asimismo, le entregó
una
para
copia
de
la
carta
al
alguacil
firmarse
evidencia de recibo. Se le devolvió firmada.
como
La señora
Colón Rivera testificó que, a pesar de todos sus intentos,
nunca recibió respuesta de la juez González Rodríguez.
En el año 2014 la secretaria de la licenciada Soto
Mujica le entregó el expediente a la señora Colón Rivera.
AD-2015-5
22
Al examinarlo, ésta observó que sólo contenía un papel con
la información sobre los honorarios a ser pagados.
acuerdo
con
su
evidenciaria
testimonio,
ante
la
a
Comisión
la
fecha
los
de
la
trámites
De
vista
legales
contratados con la juez González Rodríguez estaban todavía
pendientes porque no contaba con recursos económicos para
pagarle a otro abogado, además de otras dificultades que se
le habían presentado.
C. Sobre la Queja del Sr. Miguel Ángel Burgos
Villafañe
El señor Burgos Villafañe se desempeña como ministro
ordenado
y
reside
en
Lehigh
alrededor de seis (6) años.
Acres,
Florida
desde
hace
En el año 2011 el señor Burgos
Villafañe contrató verbalmente los servicios legales de la
licenciada González Rodríguez a los fines de examinar la
posibilidad de impugnar un testamento.
El señor Burgos
Villafañe le indicó a la licenciada González Rodríguez que
existía otro testamento otorgado ante el Lcdo. Juan Del
Valle, ya para entonces fallecido.
Ese mismo día el señor Burgos Villafañe contrató los
servicios de la licenciada González Rodríguez y le dio un
adelanto de dos mil dólares ($2,000.00) por concepto de
honorarios de abogado.
De igual forma, en esa fecha le
entregó todos los documentos que la licenciada González
Rodríguez
le
requirió,
tales
como
certificados
de
nacimiento, certificados de defunción, testamento, entre
otros.
AD-2015-5
23
Después de contratar los servicios de la licenciada
González Rodríguez, el señor Burgos Villafañe regresó al
estado de Florida y desde allá llamaba constantemente para
conocer el estatus de su caso.
Cuando se comunicaba, la
señora Trenche lo atendía y en todo momento le indicaba que
se estaba trabajando en el caso.
licenciada González
Rodríguez
El 7 de marzo de 2011, la
gestionó una Certificación
Negativa o Acreditativa de Testamento.
se expidió el 18 de marzo de 2011.
Dicha certificación
El 31 de marzo de 2011,
la licenciada González Rodríguez le cursó una comunicación
a la notaria autorizante del testamento que se pretendía
impugnar solicitándole una reunión.
Durante
Rodríguez
señor
diciembre
no
le
Burgos
de
remitió
la
licenciada
comunicación
Villafañe
nombramiento judicial.
2012
para
escrita
notificarle
González
alguna
al
sobre
su
Tampoco le informó que estaba en
negociaciones con la licenciada Soto Mujica.
Además, ni la
licenciada Soto Mujica ni la licenciada González Rodríguez
consignaron en el Contrato de Arrendamiento los honorarios
pagados.
momento
El señor Burgos Villafañe declaró que en ningún
la
licenciada
González
Rodríguez
solicitó
su
consentimiento para referirle su caso a la licenciada Soto
Mujica.
Ello
a
pesar
de
que
la
información necesaria para contactarlo.
letrada
tenía
la
Según estipulado,
a diciembre de 2012, la licenciada González Rodríguez no
ofreció
devolverle
expediente legal.
los
honorarios
no
devengados
ni
el
AD-2015-5
Fue
24
para
el
año
2013,
tras
comunicarse
con
su
anterior oficina legal, que el señor Burgos Villafañe tuvo
conocimiento de que la licenciada González Rodríguez había
sido nombrada juez.
Según atestó, la señora Trenche le
indicó que no se preocupara porque en adelante su caso iba
a
ser
atendido
por
la
licenciada
Soto
Mujica.
Posteriormente, el señor Burgos Vilafañe se comunicó con la
oficina de la licenciada Soto Mujica.
Lo atendió otra
secretaria quien le informó que para que la licenciada Soto
Mujica pudiera atender su caso tenía que regresar a Puerto
Rico, contratarla y pagar sus honorarios.
Tiempo
después
el
señor
Burgos
Villafañe
pudo
dialogar por teléfono con la licenciada Soto Mujica.
Ésta
le indicó que no atendía ese tipo de casos, ya no ocupaba
la
antigua
oficina
de
la
juez
González
Rodríguez
y
desconocía dónde se encontraba el expediente de su caso.
La entonces secretaria de la licenciada Soto
comunicó
con
desempeñaba
la
como
señora
Trenche,
secretaria
del
Mujica se
quien
al
momento
se
abogado
que
ocupaba
la
antigua oficina de la juez González Rodríguez, para que
verificara si el expediente del señor Burgos Villafañe se
encontraba allí.
Días después, la señora Trenche logró
localizar el expediente y se lo entregó a la secretaria de
la licenciada Soto Mujica.
Finalmente, en el año 2015 la
oficina
Soto
de
la
licenciada
Mujica
le
entregó
el
expediente del señor Burgos Villafañe a un familiar suyo.
Al examinar el expediente, el señor Burgos Villafañe pudo
AD-2015-5
25
percatarse de que sólo contenía los documentos que él le
había
facilitado
a
la
licenciada
González
alrededor de dos o tres hojas adicionales.
Rodríguez
y
El señor Burgos
Villafañe no había tenido la oportunidad de examinar el
contenido del expediente previo a recibirlo.
El
señor
Burgos
Villafañe
intentó
entonces
comunicarse con la juez González Rodríguez. Inicialmente
llamó al Tribunal de Ponce y allí dejó un mensaje en inglés
en la extensión de la juez González Rodríguez.
Proveyó su
nombre, así como la información necesaria para que se le
devolviese la llamada.
El señor Burgos Villafañe indicó
que al poco tiempo recibió una llamada del mismo número al
que había intentado contactar a la juez González Rodríguez
y
le
engancharon,
contestaron.
contactarla
secretaria.
por
Luego,
al
lo
el
Tribunal
que
llamó
nuevamente
señor
Burgos
Villafañe
de
Fajardo
donde
habló
pero
no
intentó
con
su
Le solicitó que por favor la juez González
Rodríguez se comunicara con él y le notificó su número de
teléfono en Florida y en Puerto Rico.
Además, el señor
Burgos Villafañe le envió una carta a la juez González
Rodríguez al Tribunal de Fajardo solicitando una reunión.
Nuevamente proveyó su información de contacto.
A pesar de
todas sus gestiones, la juez González Rodríguez nunca se
comunicó con él.
Finalmente, el señor Burgos Villafañe
tuvo que hacer arreglos para contratar nueva representación
legal.
AD-2015-5
26
D. Sobre la Queja de la Sra. María del Pilar Rodríguez
Carrión
La
señora
Rodríguez
Carrión
se
desempeña
como
Asistente de Servicios al Estudiante en el Programa de
Educación
Especial
y
Contrató
verbalmente
reside
los
en
el
Municipio
servicios
de
de
la
Loíza.
licenciada
González Rodríguez para que se realizaran las siguientes
gestiones: tramitación judicial de cuatro declaratorias de
herederos;
tramitación
de
cuatro
planillas
de
caudal
relicto correspondiente a cada causante; presentación de
tales declaratorias de herederos y relevos de Hacienda ante
el Registro de la Propiedad; otorgamiento de una instancia
para
inscripción
testada;
caudal
del
tramitación
relicto
derecho
de
la
hereditario
por
correspondiente
correspondiente
al
sucesión
planilla
testador
de
causante;
presentación de una instancia y Relevo de Hacienda ante el
Registro de la Propiedad; otorgamiento de escritura para
inscripción de dominio y proceso judicial de desahucio.
Los
honorarios
Rodríguez
ascendieron
de
Carrión
a
ocho
abogado
y
la
mil
pactados
licenciada
dólares
entre
la
González
($8,000.00),
señora
Rodríguez
los
cuales
fueron pagados en su totalidad.
La señora Rodríguez Carrión interesaba, además, que
se preparara una escritura de su propiedad.
Conforme a lo
anterior, la licenciada González Rodríguez la orientó sobre
las gestiones que era preciso realizar ya que la propiedad
estaba
ubicada
en
una
finca
que
no
estaba
consintió en hacerse cargo de la escritura.
segregada
y
Más adelante,
AD-2015-5
27
surgió otro asunto relacionado con otras declaratorias de
herederos.
La
accedió
hacerse
a
licenciada
cargo
González
Rodríguez
también
de
los
trámites
legales
Carrión
se
correspondientes.
La
señora
Rodríguez
comunicaba
periódicamente con la oficina de la licenciada González
Rodríguez para darle seguimiento a los casos; podía llamar
hasta
semanalmente.
informaba
que
Cada
todo
se
vez
que
encontraba
preguntaba
presentado
se
le
ante
el
Tribunal y había que esperar a que el juez dispusiera del
asunto.
Esa era la misma información que le brindaba la
propia licenciada González Rodríguez cuando coincidían en
sus visitas al Bufete.
La relación abogado cliente entre la señora Rodríguez
Carrión
y
la
licenciada
González
Rodríguez
desde el año 2008 hasta el año 2012.
se
extendió
Durante el periodo de
abril de 2012 a diciembre de 2012, la señora Rodríguez
Carrión
no
recibió
comunicación
licenciada González Rodríguez.
acordado
la
última
alguna
de
parte
de
la
Tiempo después de haberse
contratación,
la
señora
Rodríguez
Carrión se enteró, por haberlo visto en las noticias, que
la licenciada González Rodríguez iba a ser nombrada juez.
Llamó, entonces, a la oficina y la señora Trenche le indicó
que debía pasar por el despacho legal para dialogar con la
licenciada
González
Rodríguez.
Así
pues,
la
señora
Rodríguez Carrión se personó al Bufete en diciembre de 2012
y se reunió con la licenciada González Rodríguez.
En ese
AD-2015-5
28
momento la señora Rodríguez Carrión le cuestionó qué iba a
suceder
con
sus
casos
que
aún
estaban
pendientes.
La
licenciada González Rodríguez respondió que se encontraba
en el proceso de buscar quién se hiciera cargo de éstos.
La
señora
Rodríguez
Carrión
interés
en
conocer al abogado o abogada que atendería sus asuntos.
La
licenciada
vez
González
le
Rodríguez
expresó
quedó
su
en
que
una
seleccionara a esa persona, citaría a la señora Rodríguez
Carrión para informarle los acuerdos alcanzados.
Tras esta
reunión, la señora Rodríguez Carrión se mantuvo en espera
de que la licenciada González Rodríguez la citara.
embargo,
no
volvió
a
saber
de
la
licenciada
Sin
González
Rodríguez.
A diciembre de 2012, la licenciada González Rodríguez
no remitió una comunicación escrita a la señora Rodríguez
Carrión para notificarle que había sido nombrada juez y que
estaba
en
negociaciones
con
la
licenciada
Soto
Mujica.
Tampoco ofreció devolverle los honorarios no devengados o
el expediente legal.
Cuando
la
señora
Rodríguez
Carrión
regresó
a
la
oficina de la licenciada González Rodríguez para conocer
sobre
el
estatus
de
sus
casos,
se
licenciada Soto Mujica estaba a cargo.
Carrión
pidió
conocer
qué
entrevistarse
había
sucedido
encontró
que
la
La señora Rodríguez
con
ella
porque
interesaba
con
sus
asuntos.
Como
la
licenciada Soto Mujica desconocía las gestiones para las
cuales
la
licenciada
González
Rodríguez
había
sido
AD-2015-5
29
contratada, solicitó que se buscara el expediente, el cual
apareció en los archivos que pertenecían a la licenciada
González Rodríguez.
Tras examinarlo, la licenciada Soto
Mujica
no
observó
que
se
desprendía
que
se
hubiese
presentado trámite alguno en el tribunal y que sólo se
encontraban
varios
certificados
certificaciones
negativas
de
Soto Mujica le
solicitó
entonces
de
nacimiento
testamento.
y
La
licenciada
a la señora
Rodríguez
Carrión que le indicara cuáles eran los servicios acordados
con la licenciada González Rodríguez ya que no surgían del
expediente.
trataba
según
de
le
La señora Rodríguez Carrión explicó que se
unas
declaratorias
habían
informado,
tribunal.
de
herederos
estaban
las
pendientes
cuales,
ante
el
Entonces, la licenciada Soto Mujica verificó con
la señora Trenche, quien le reveló que no se había sometido
nada en el tribunal.
Una vez la licenciada Soto Mujica le
participó esta información a la señora Rodríguez Carrión,
ésta
preguntó
por
el
dinero
que
le
había
pagado
a
la
licenciada González Rodríguez puesto que siempre le habían
informado que las declaratorias de herederos se encontraban
en proceso.
Debido a que la señora Rodríguez Carrión y su familia
eran
personas
Mujica
se
de
ofreció
escasos
a
recursos,
tramitar
la
la
licenciada
instancia
Soto
registral
y
algunas declaratorias de herederos sin cobrar honorarios
adicionales
con
la
condición
gastos por concepto de sellos.
de
que
ésta
asumiera
los
La señora Rodríguez Carrión
AD-2015-5
30
objetó porque ya había pagado por esos trabajos y porque
iba
a
procurar
que
la
juez
González
Rodríguez
le
restituyera los honorarios abonados.
La señora Rodríguez Carrión llamó en varias ocasiones
a la juez González Rodríguez, pero ésta no contestó sus
llamadas.
También le envió mensajes de texto sin obtener
respuesta.
Así
las cosas, la
señora Rodríguez Carrión
decidió enviar una carta por correo certificado en la que
cuestionó
el
por
qué
su
caso
no
se
había
trabajado
e
informó que había dialogado con la licenciada Soto Mujica.
Dos
o
tres
semanas
después,
la
Rodríguez se comunicó con ella.
entonces
juez
González
Durante esta conversación
la señora Rodríguez Carrión le preguntó sobre los trámites
relacionados con su caso ya que tras visitar la oficina y
reunirse con la licenciada Soto Mujica, no aparecía que se
hubiese realizado gestión alguna.
Añadió que la propia
secretaria le había manifestado que el trabajo no se había
llevado a cabo, razón por la cual ella interesaba saber qué
iba
a
durante
suceder.
la
vista
La
señora
Rodríguez
evidenciaria
que
Carrión
testificó
la
González
juez
Rodríguez le pidió que consiguiera el expediente para ella
poder resolver los asuntos que habían quedado pendientes.
La señora Rodríguez Carrión contactó entonces a la
secretaria de la licenciada Soto Mujica para solicitar su
expediente.
Una vez
lo consiguió, la señora
Rodríguez
Carrión intentó comunicarse en varias ocasiones con la juez
AD-2015-5
31
González
Rodríguez
a
través
de
llamadas
telefónicas
y
mensajes de texto sin éxito alguno.
Aunque la juez González Rodríguez no respondió a los
intentos de comunicación de la señora Rodríguez Carrión, sí
solicitó una reunión con la licenciada Soto Mujica para
dialogar sobre los casos de la señora Rodríguez Carrión y
cómo
podían
atenderse.
licenciada
Soto
Una
Mujica
vez
reiteró
lograron
su
reunirse,
disponibilidad
la
para
gestionar pro bono las declaratorias de herederos.
A base
de
Mujica
ello,
acordaron
que
la
licenciada
Soto
descontaría del canon de arrendamiento mensual del Bufete
los gastos por concepto de sellos correspondientes a estas
gestiones.
Por último, convinieron que la licenciada Soto
Mujica no asumiría la representación legal en los asuntos
relacionados con el pleito de
desahucio
resolvieran
las
de
momento,
licenciada
la
declaratorias
Soto
hasta tanto se
herederos.
Mujica
se
En
ese
con
la
reuniría
señora Rodríguez Carrión para evaluar los pormenores del
caso y decidir: si se haría cargo de este asunto y, de así
hacerlo,
cuáles
serían
sus
honorarios.
Aclaró,
embargo, que esto sería mediante un contrato aparte.
eventualidad
de
la
licenciada
Soto
Mujica
sin
En la
asumir
la
representación en el pleito de desahucio, correspondería a
la
señora
Rodríguez
Carrión
comunicarse
con
la
juez
González Rodríguez para que ésta determinara cómo habría de
cubrir los honorarios.
Es decir, si sería a través de
cheque
crédito
o
mediante
un
al
canon
mensual
de
AD-2015-5
32
arrendamiento tal como habían
acordado
con el
gasto de
sellos.
La relación abogada cliente entre la licenciada Soto
Mujica y la señora Rodríguez Carrión surgió a partir del
año 2013, con posterioridad a que la licenciada González
Rodríguez asumiera el cargo de juez.
Para efectos de la
licenciada
profesional
Soto
Mujica,
su
relación
con
la
señora Rodríguez Carrión se concretó en el momento en que
la juez González Rodríguez cubrió los gastos en sellos.
Después de la reunión con la juez González Rodríguez,
la licenciada Soto Mujica le informó a la señora Rodríguez
Carrión que se haría cargo de gestionar las declaratorias
de herederos.
decidió
Por tal razón, la señora Rodríguez Carrión
mantener
su
expediente
en
la
oficina
de
la
licenciada Soto Mujica, pero únicamente para propósitos del
trámite de las declaratorias de herederos.
Asimismo, tuvo
que gestionar nuevamente la expedición de los documentos
requeridos
para
este
proceso.
Según
testificó
la
licenciada Soto Mujica, las declaratorias de herederos no
se habían presentado en el tribunal.
Lo único que halló en
el expediente fue un borrador de la planilla de caudal
relicto,
así
solicitarse
como
otros
nuevamente
por
documentos
haber
que
tuvieron
transcurrido
que
demasiado
tiempo desde su expedición.
A la fecha de la vista evidenciaria todavía quedaba
pendiente
la
segregación
porque
faltaban
algunas
declaratorias de herederos, aunque ya se habían tramitado
AD-2015-5
33
en su mayoría.
Las restantes gestiones necesarias para
completar los asuntos acordados originalmente con la juez
González Rodríguez no se pudieron llevar a cabo porque la
licenciada Soto Mujica requería el pago de honorarios para
efectuarlos.
La licenciada Soto Mujica señaló que desconocía si se
llegó
a
presentar
el
pleito
de
desahucio.
Indicó
que
declinó asumir la representación de la señora Rodríguez
Carrión en relación con este caso porque para entonces su
comunicación con la juez González Rodríguez había cesado
por completo.
E. Contestación de la Juez González Rodríguez Ofrecimiento de Pago
En respuesta a las quejas presentadas por las señoras
Gómez Correa, Colón Rivera y Rodríguez Carrión la juez
González
Rodríguez
indicó,
comenzar
funciones
como
en
Juez
síntesis,
que
previo
Superior
realizó
a
varias
gestiones encaminadas a cerrar su oficina como abogada en
la práctica privada.
Arrendamiento
con
Entre ellas, suscribió un Contrato de
la
licenciada
Soto
Mujica
el
21
de
diciembre de 2012 mediante el cual esta última arrendó la
propiedad donde ubicaba el despacho legal y adquirió la
cartera de expedientes y clientes del Bufete por la suma de
veinticuatro mil dólares ($24,000.00).
Expuso que dicha
transacción “consideró la totalidad de los clientes, casos,
gestiones,
y
asuntos
que,
a
pendientes de final disposición”.
esa
fecha,
estuviesen
Concluyó que, conforme a
lo anterior, los asuntos aludidos por las promoventes en
AD-2015-5
34
sus respectivas quejas formaban parte de
la
cartera de
clientes adquirida por la licenciada Soto Mujica y, por lo
tanto, le correspondía a ésta hacerse cargo de los trámites
que todavía requerían sus asuntos.
De
otra
parte,
en
la
contestación
a
la
queja
presentada por el señor Burgos Villafañe, la juez González
Rodríguez pormenorizó las gestiones que realizó, previo a
su nombramiento en la judicatura, en torno a su encomienda.
Argumentó
que
dichos
trámites,
los
cuales
fueron
exhaustivos, estuvieron cubiertos por la cantidad que pagó
el promovente.
Sostuvo, además, que desde el 2013 el señor
Burgos Villafañe conocía que los asuntos pendientes del
Bufete habían quedado a cargo de la licenciada Soto Mujica,
por lo cual, de interesar continuar con los mismos, tenía
que discutir con ésta los pasos a seguir.
Es
menester
señalar
que,
según
estipulado
por
las
partes, en febrero y marzo de 2016, es decir entre ocho
meses a un año y medio después de haberse presentado las
quejas,
la
juez
representación
totalidad
de
promoventes,
Carrión,
a
González
legal,
los
ofreció
honorarios
excepto
quien
Rodríguez,
le
en
depositar
que
cuanto
ofreció
a
le
a
sólo
la
través
de
su
en
OAT
la
pagado
los
la
habían
señora
tres
mil
Rodríguez
quinientos
dólares ($3,500.00) de los ocho mil dólares ($8,000.00) que
ésta le había entregado.
dispuesta a recibirlos.
Sin embargo, la OAT no estuvo
AD-2015-5
35
F. Conclusiones de la Comisión
La Comisión encontró probadas todas las violaciones
éticas enumeradas en la Querella.
Las atribuyó a la manera
atropellada en que la licenciada González Rodríguez llevó a
cabo la transición de abogada a juez la cual caracterizó de
desorganizada y descuidada.
Notó, además, que la
juez
González Rodríguez no efectuó las gestiones legales que
había acordado con los promoventes contraviniendo de este
modo
su
deber
depositada
carecer
por
de
de
diligencia
y
sus
clientes.
Añadió
documentación
truncando
pertinente
la
confianza
el
hecho
de
eximía
de
que,
no
le
responsabilidad frente a los promoventes puesto que cuando
éstos se comunicaban con la oficina para indagar sobre el
estatus de sus asuntos se les informaba que se estaban
trabajando.
razonables
Además,
para
tampoco
advertirles
se
que
realizaron
los
trámites
esfuerzos
no
podían
progresar sin los documentos pertinentes.
Asimismo, la Comisión determinó que la juez González
Rodríguez
incumplió
con
su
deber
de
notificarle
a
los
promoventes su inhabilidad de continuar representándoles;
informarles
la
situación
devolverles
sin
dilación
la
parte
adelantados
por
gestiones
no
realizadas,
expedientes de sus casos.
de
sus
respectivos
de
los
asuntos,
y
honorarios
así
como
los
Peor aún, una vez ocupó su cargo
de juez, ignoró los reclamos de estos ex clientes para que
les
devolviera
expedientes.
los
honorarios
Además,
la
no
inacción
devengados
en
y
sus
atender
los
AD-2015-5
36
requerimientos de quienes fueron sus representados afectó
la
tramitación
recursos
de
sus
económicos
acciones
pues
no
contaban
para
contratar
nueva
la
Comisión
concluyó
con
representación
legal.
Del
González
mismo
modo
Rodríguez
licenciada
Soto
promoventes.
cedió
Mujica
sus
sin
casos
la
y
que
la
expedientes
anuencia
previa
de
juez
a
la
los
En este sentido percibió que, en lugar de
velar por los intereses particulares de sus clientes, los
esfuerzos de la juez González Rodríguez en ese momento iban
dirigidos
más
bien
a
procurar
un
arreglo
económico
satisfactorio a cambio de su “cartera de clientes”.
En consideración a la seriedad de las violaciones, el
comportamiento antiético repetido, así como el menoscabo a
la imagen de la judicatura y a la profesión de la abogacía
el
Comité
recomendó
su
destitución
del
cargo
de
Juez
Superior y su suspensión indefinida del ejercicio de la
abogacía.
Por su parte, la juez González Rodríguez, a través de
su representación legal, sometió su respuesta al Informe de
la Comisión donde cuestionó algunas de las determinaciones
referentes a violaciones éticas, así como la severidad de
la sanción recomendada.
Planteó que la destitución del
cargo judicial, además de la separación del ejercicio de la
abogacía, no guardan correspondencia con los precedentes de
este Tribunal.
AD-2015-5
37
III. DERECHO APLICABLE
En
el
mandato
ensamblaje
gubernamental
constitucional,
la
establecido
judicatura
tiene
fundamental en su función de impartir justicia.
un
por
rol
A su vez,
la legitimidad de la institución que representan los jueces
depende,
en
gran
medida,
de
que
los
miembros
que
la
conforman exhiban una conducta ejemplar en todo momento
modelada
acorde
a
los
principios
éticos
que
comportamiento como profesionales del Derecho.
rigen
su
Los jueces
encarnan la imagen de la Rama Judicial y su comportamiento
desacertado lacera la percepción pública y la confianza en
la institución que juramentaron servir.
Dado
el
sitial
nuestro
entorno
afecta
es
privilegiado
social,
necesariamente
la
que
ocupa
reglamentación
una
rigurosa
en
un
juez
en
ética
que
le
extremo.
Su
conducta está sujeta a una fiscalización meticulosa en todo
momento y vienen llamados a modelar con su ejemplo.
Es por
ello que todo abogado que aspira a ocupar un cargo judicial
debe contar con un desempeño profesional caracterizado por
la excelencia ética.
Es decir, debe distinguirse como fiel
cumplidor de los postulados de integridad y servicio a la
justicia.
La
autoridad
procedimientos
exclusiva
disciplinarios
para
atinentes
juezas del Tribunal de Primera
atender
a
los
Instancia, así
los
jueces
y
como del
Tribunal de Apelaciones, recae sobre este Foro por mandato
constitucional.
Art. V, Sec. 11, Const. PR, LPRA, Tomo 1
AD-2015-5
(2016).
38
In re Hon. Colón Colón, 197 DPR 728 (2017); In re
González
Porrata-Doria,
Candelaria
Rosa,
197
197
DPR
DPR
445
683
(2017);
In
In
Acevedo
(2017);
re
re
Hernández, 194 DPR 344 (2015); In re Quiñones Artau, 193
DPR 356 (2015).
Acorde con este cometido, aprobamos los Cánones de
Ética Judicial donde fijamos unas reglas mínimas que rigen
la conducta de aquellos que tienen el honor de servir como
parte de la Judicatura en nuestra Isla.
tiene
como
propósito
preservar
la
Esta normativa
confianza
de
la
ciudadanía en el sistema de justicia a la vez de afianzar
la
independencia
judicial,
componente
fundamental
nuestro sistema democrático de gobierno.
de
Preámbulo de los
Cánones de Ética Judicial de 2005, 4 LPRA Ap. IV-B (2012).
Véanse,
González
además,
In
re
Porrata-Doria,
Hon.
Colón
supra;
In
Colón,
re
supra;
Candelaria
In
re
Rosa,
supra.
El Art. 6.001 de la Ley de la Judicatura del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201-2003, 4
LPRA sec. 25i (2010) (Ley Núm. 201-2003), establece que
todo juez o jueza del Tribunal de Primera Instancia y del
Tribunal
Ética
de
Apelaciones
Judicial,
reglamentación
medidas
los
a
contravenga
Cánones
de
administrativa
disciplinarias.
violaciones
que
estas
Las
normas
Ética
los
Cánones
Profesional
de
o
la
sujeto
a
aplicable
estará
sanciones
autorizadas
por
acuerdo
las
varían
de
con
circunstancias particulares de cada caso y oscilan desde la
AD-2015-5
39
destitución del cargo y suspensión de empleo
y sueldo,
hasta limitaciones al ejercicio de la abogacía, incluyendo
el desaforo, la censura, amonestación, o cualquier otra
medida correctiva.2
Según provisto en el Art. 6.006 de la Ley Núm. 2012003, 4 LPRA sec. 25n (2010), en casos de quejas iniciadas
contra estos miembros del sistema judicial, por contravenir
los esquemas éticos previamente mencionados o algún tipo de
norma
administrativa,
se
seguirá
el
procedimiento
establecido en las Reglas de Disciplina Judicial, 4 LPRA
Ap.
XV-B
(2012
y
Supl.
2018).
A
través
del
trámite
dispuesto en dicho cuerpo de normas procesales, se procura
atender
los
asuntos
disciplinarios
atinentes
a
la
judicatura de manera ágil y a la vez garantizar que se
cumpla
con
los
imperativos
del
debido
proceso
de
ley.
Regla 2 de Disciplina Judicial, 4 LPRA Ap. XV-B (2012).
Los cargos éticos imputados a un juez deberán ser
probados mediante “prueba clara, robusta y convincente”.
Regla 25 de Disciplina Judicial, 4 LPRA Ap. XV-B (2012).
A
pesar de que esta exigencia es más estricta que la de
preponderancia de la prueba normalmente utilizada en casos
civiles, se distingue igualmente del requisito de prueba
más allá de duda razonable aplicado a los procesos penales.
In re
Candelaria Rosa,
supra.
Hemos descrito su alcance de la siguiente manera:
2
supra;
In re
Acevedo Hernández,
En efecto, el trámite provisto para el procedimiento disciplinario
contra jueces o juezas aplica igualmente a violaciones al Código de Ética
Profesional. Regla 3(a) de Disciplina Judicial, 4 LPRA Ap. XV-B (Supl. 2018).
AD-2015-5
40
Tal carga probatoria es mucho más sólida que la
preponderancia
de
la
evidencia,
pero
menos
rigurosa que la prueba más allá de toda duda
razonable que exige el proceso penal. La prueba
clara, robusta y convincente es una prueba que
produce en un juzgador de hechos una convicción
duradera de que las contenciones fácticas son
altamente probables.
In re Acevedo Hernández, supra, pág. 364.
Véase, además,
In re Candelaria Rosa, supra.
A tono con el procedimiento provisto en las Reglas de
Disciplina
Judicial,
corresponde
a
la
Comisión
la
importante tarea de aquilatar la prueba recopilada durante
el
trámite
disciplinario
para
someter
a
nuestra
consideración las determinaciones de hechos, conclusiones
de derecho y recomendaciones que estime pertinentes.
Acevedo
Hernández,
supra.
Según
hemos
In re
señalado
anteriormente, las determinaciones de hechos que tenga a
bien realizar la Comisión merecen nuestra deferencia.
In
re Quiñones Capacetti, 195 DPR 281 (2016); In re Acevedo
Hernández, supra.
Consiguientemente, no alteraremos dichas
determinaciones excepto en aquellas situaciones en que se
demuestre
que
manifiesto.
medió
parcialidad,
prejuicio
o
error
In re Candelaria Rosa, supra; In re Claverol
Siaca, 175 DPR 177 (2009); In re Busó Aboy, 166 DPR 49
(2005).
La
razón
para
conferirle
esta
consideración
especial a la Comisión responde a que, en su tarea de
evaluar
si
las
imputaciones
éticas
están
debidamente
sostenidas, ésta opera similar a un juzgador de primera
instancia.
aquilatar
Consiguientemente, está en mejor posición de
la
prueba
testifical
que
se
presente
en
el
AD-2015-5
41
trámite
disciplinario.
Ahora
en
bien,
In
aquellos
re
casos
Candelaria
Rosa,
en
se
que
no
supra.
utilicen
testigos como parte de la prueba desfilada en una vista
adjudicativa, estamos en igual posición que la Comisión
para
realizar
documental
nuestra
que
disciplinario.
Sin
obre
propia
evaluación
en
expediente
el
de
la
del
prueba
proceso
In re Candelaria Rosa, supra.
embargo,
no
venimos
obligados
a
ratificar
el
informe preparado por la Comisión en torno a una querella
disciplinaria.
Queda
a
discreción
de
este
Tribunal,
conforme a su autoridad en materia disciplinaria sobre los
jueces,
adoptarlo,
González
Porrata-Doria,
supra;
In
Hernández,
re
modificarlo
Quiñones
supra.
supra;
o
rechazarlo.
In
re
Capacetti,
Esto
Candelaria
supra;
incluye,
In
acorde
In
re
Rosa,
re
Acevedo
con
nuestra
facultad reguladora, la potestad de imponer una sanción
disciplinaria distinta a la propuesta por la Comisión en su
informe y que este Foro estime adecuada a tono con las
circunstancias
que
se
presenten
caso
a
caso.
In
re
González Porrata-Doria, supra; In re Quiñones Capacetti,
supra; In re Acevedo Hernández, supra.
Además de cumplir con la normativa provista en los
Cánones de Ética Judicial, los magistrados vienen obligados
a observar los postulados que gobiernan el comportamiento
de los abogados, según éstos aparecen consignados en el
Código
de
Ética
Profesional.
Dada
su
condición
de
letrados, aun luego de juramentar a su cargo, los jueces y
AD-2015-5
42
juezas continúan sujetos a las normas éticas que rigen la
conducta
de
los
abogados.
De
manera
que,
durante
el
transcurso de su mandato, los magistrados deben acatar,
tanto las pautas éticas formuladas específicamente para la
judicatura, como aquellas aplicables a la clase togada.
In re Acevedo Hernández, supra; In re Grau Acosta, 172 DPR
159 (2007).
“El ejercicio que de la autoridad judicial
hagan el juez o la jueza – quien ocupa el cargo porque es
abogado o abogada – no le puede relevar de las normas
básicas de conducta que los valores éticos de su condición
profesional le imponen”.
In re Acevedo Hernández, supra,
pág. 372
Por
lo
facultados
tanto,
también
en
función
para,
a
de
lo
través
anterior,
del
procedimiento
los
disciplinario
diseñado
específicamente
para
examinar
conducta
de
el
la
éstos
bajo
estamos
jueces,
crisol
de
los
preceptos éticos aplicable a los abogados e imponer las
sanciones que correspondan. In re Acevedo Hernández, supra;
In re Grau Acosta, supra.
A. Canon 18 de Ética Profesional – Competencia
A tenor con el Canon 18 de Ética Profesional, 4 LPRA
Ap.
IX
(2012)
(Canon
18),
cuando
un
abogado
se
obliga
profesionalmente con un cliente es responsable de conducir
los
asuntos
diligente
delegados
de
manera
capaz,
competente
y
desplegando en todo momento el máximo de sus
habilidades
y
conocimientos.
In
re
Federico
O.
López
Santiago, 2018 TSPR 31, 199 DPR ___ (2018); In re Julio C.
AD-2015-5
43
Blain León, 2018 TSPR 11, 199 DPR ___ (2018); In re Nazario
Díaz, 198 DPR 793 (2017); In re Avilés Vega, 197 DPR 829
(2017).
Es decir, se compromete a defender los intereses
de su representado de forma capaz y expedita.
Según
explica
el
Hon.
Sigfrido
Steidel
Figueroa,
“[e]n el contexto de la gestión profesional de un abogado,
la diligencia implica que este realice las gestiones que le
fueron encomendadas en momento oportuno, en forma adecuada
y sin dilaciones que puedan afectar la pronta solución de
una
controversia”.
Juristas:
Ética
S.
Steidel
del
Abogado
Figueroa,
y
Ética
para
Responsabilidad
Disciplinaria, [s.l.], Ed. Situm, 2016, págs. 220-221.
De manera que, como parte de nuestra autoridad para
regular la profesión jurídica, venimos obligados a cotejar
que
los
abogados
responsable,
ejerzan
competente
sus
y
funciones
de
una
manera
In
re
Yanira
diligente.
Santiago Santiago, 2018 TSPR 46, 199 DPR ___ (2018).
El Canon 18 específicamente advierte a los abogados
su
obligación
de
declinar
el
aceptar
responsabilidades
profesionales cuando se vean imposibilitados de rendir una
labor idónea y competente.
de
pactar
prepararse
sus
justicia.
este
deber
servicios
adecuadamente
irrazonables
a
De igual manera, les previene
su
si
no
están
en
sin
que
ello
conlleve
cliente
o
a
la
posición
administración
de
demoras
de
la
A la luz de las consideraciones antes expuestas,
ético
resulta
incompatible
con
la
“desidia,
despreocupación, displicencia, indiferencia e inacción” al
AD-2015-5
44
atender aquellas faenas que le han sido encomendadas por su
representado.
In re Federico O. López Santiago, supra; In
re Julio C. Blain León, supra; In re Avilés Vega, supra; In
re Feliciano Rodríguez, 198 DPR 369 (2017).
Igualmente
está proscrito el abandono o desatención de la causa de
acción de un cliente.
In re Federico O. López Santiago,
supra.
Consecuentemente,
negligente
y,
por
lo
bajo
esta
normativa,
tanto,
transgrede
el
se
Canon
reputa
18
un
abogado que, luego de ser contratado, no toma acción alguna
para hacer valer los derechos de sus representados y se
desentiende del caso.
In re Avilés Vega, supra; In re
Rosario Vázquez, 197 DPR 237 (2017).
B. Canon 19 de Ética Profesional – Información al
Cliente
El Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA
Ap. IX (2012) (Canon 19), le impone a todo abogado el deber
de mantener a su cliente informado de aquellos asuntos
“importantes” que surjan durante la tramitación del asunto
para
el
cual
fue
contratado.
Esta
obligación
opera
independiente del deber de diligencia comprendido en el
Canon
18.
In
re
Nazario
Díaz,
supra;
In
re
Rosario
ética
resulta
Vázquez, supra.
Para
imperativo
viabilizar
que
el
esta
letrado
exigencia
sostenga
una
comunicación
efectiva con sus representados.
In re Nazario Díaz, supra;
In re Rosario Vázquez, supra.
A su vez, mantener ese tipo
de comunicación es inherente al compromiso de fiducia que
AD-2015-5
45
define la relación abogado cliente.
In re Rosario Vázquez,
supra.
Claro está, el cumplimiento con este canon será
viable
únicamente
si
el
abogado
accesible” a su cliente.
está
“disponible
y
In re Rodríguez Lugo, 175 DPR
1023, 1029 (2009).
De este modo se garantiza que el cliente cuente con
suficientes
elementos
de
juicio
que
le
permitan
tomar
decisiones informadas durante el trámite de los asuntos
confiados a su abogado.
lo
anterior,
resulta
In re Avilés Vega, supra.
imprescindible
que
el
Acorde
abogado
le
participe a su representado las gestiones realizadas y el
desarrollo de su caso; le consulte los asuntos que estén
fuera de su discreción como representante legal, y acate
sus
exigencias,
siempre
algún principio ético.
y
cuando
éstas
no
contravengan
In re Nazario Díaz, supra.
Por consiguiente, un abogado infringe este postulado
cuando ignora los reclamos de información de su cliente; no
le advierte sobre algún resultado desfavorable relativo al
asunto
delegado;
situación
no
procesal
le
mantiene
del
caso,
información de su caso”.
“o
al
tanto
del
simplemente
estado
le
o
niega
In re Nazario Díaz, supra, pág.
804; In re Vázquez Bernier, 198 DPR 459 (2017); In re
Hernández López, 197 DPR 340 (2017).
No podemos olvidar
que “‘los casos pertenecen a los clientes y éstos tienen
derecho a mantenerse informados de todos los asuntos y las
gestiones importantes que se susciten en la tramitación de
AD-2015-5
[los
46
mismos]’”.
In
re
Avilés
Vega,
supra,
pág.
843,
citando a In re Rosario Vázquez, supra, pág. 249.
C. Canon 20 de Ética Profesional – Renuncia de
Representación Legal
El
Canon
20
de
Ética
Profesional,
4
LPRA
Ap.
IX
(2012) (Canon 20), dicta con precisión los pasos que debe
seguir un abogado para renunciar a la representación legal
de sus clientes en armonía con sus deberes éticos.
Esta
disposición impone obligaciones taxativas a los letrados
independientemente
de
si
han
comparecido
tribunal a nombre de su cliente.
o
no
ante
el
De manera que, previo a
renunciar a la representación, todo abogado vendrá obligado
a realizar aquellas gestiones necesarias para evitar el
menoscabo
de
los
derechos
de
su
cliente
tales
como:
notificarle de su renuncia; orientarle debidamente sobre la
necesidad
de
necesario;
una
nueva
concederle
representación
tiempo
para
legal
procurar
cuando
una
sea
nueva
representación legal; y advertirle sobre fechas límites y
términos que impacten su causa de acción.
Como parte del proceso de renuncia, igualmente se le
exige
al
expediente,
caso.
abogado
así
que
como
le
entregue
todo
documento
a
su
cliente
relacionado
con
el
el
In re Federico O. López Santiago, supra; In re
García Ortiz, 198 DPR 432 (2017).
No podemos perder de
vista que, tanto el expediente, como la causa de acción,
pertenecen exclusivamente al cliente.
López Santiago, supra.
dilación.
In re Federico O.
Esta obligación debe cumplirse sin
Es decir, tan pronto el abogado renuncie a la
AD-2015-5
47
representación legal o cuando el cliente así lo solicite.
In
re
Federico
O.
López
Santiago,
20
igualmente
supra;
In
re
García
Ortiz, supra.
El
Canon
materialice
la
renuncia,
el
dispone
que,
cuando
se
abogado
debe
“reembolsar
inmediatamente cualquier cantidad adelantada que le haya
sido
pagada
prestado”.
en
honorarios
por
servicios
que
no
se
han
Véanse In re Federico O. López Santiago, supra;
In re Martí Rodríguez, 194 DPR 467 (2016); In re Pestaña
Segovia,
192
DPR
485
(2015).
Conteste
a
ello,
anteriormente hemos advertido que comete una grave falta el
abogado que retiene para sí dineros abonados por su cliente
en calidad de honorarios sin realizar la labor para la cual
fue contratado.
In re Prado Galarza, 195 DPR 894 (2016);
In re Martí Rodríguez, supra.
Por último, si a pesar de los intentos del abogado,
el cliente no coopera o deja de proveer documentación o
datos
fundamentales
encomendada,
representación
lo
para
poder
encauzar
la
gestión
renuncia
a
que
corresponde
es
la
legal.
Véase
re
Federico
In
O.
la
López
Santiago, supra.
D. Canon 27 de Ética Profesional – Colaboración
Profesional
En
consonancia
con
el
principio
de
lealtad
y
confianza que sirve de base a la relación entre un abogado
y su cliente, el Canon 27 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.
IX (2012), dispone que un letrado no puede referirle los
asuntos encomendados por su representado a otro colega sin
AD-2015-5
48
que medie el conocimiento y consentimiento del cliente.
In re Guadalupe, Colón, 155 DPR 135 (2001); In re Cardona
Vázquez, 108 DPR 6 (1978).
Esta prohibición se extiende
igualmente a la entrega del expediente del caso a otro
abogado sin haber procurado previamente la anuencia del
cliente.
In re Cardona Vázquez, supra.
El hecho del abogado encontrarse enfermo o mudarse
fuera de la jurisdicción no le exime del cumplimiento con
las exigencias del Canon 27 de Ética Profesional, supra.
In
re
Guadalupe,
Colón,
supra;
In
re
Cardona
Vázquez,
supra.
E. Canon 35 de Ética Profesional – Sinceridad y Honradez
Por su parte, el Canon 35 de Ética Profesional, 4
LPRA Ap. IX (2012) (Canon 35), destaca la importancia de
los
letrados
honradez
en
conducirse,
ante
todo,
los
con
sus
tratos
con
sinceridad
representados,
compañeros de profesión, así como con el tribunal.
y
sus
El rol
fundamental del abogado está vinculado inherentemente a la
defensa y búsqueda de la verdad.
la
verdad
resulta
Consecuentemente, el
apartarse
de
incompatible
gestión.
In re Nazario Díaz, supra.
con
esa
“A tales efectos,
hemos expresado que el compromiso de un abogado con la
verdad debe ser siempre incondicional, ello debido a que
‘más
que
un
ideal
irrealizable,
inseparable del ser abogado’”.
la
verdad
es
atributo
In re Grau Acosta, supra,
pág. 175, citando a In re Busó Aboy, supra.
De manera que,
se vulnera el Canon 35 al actuar contrario a los principios
AD-2015-5
49
de honradez y veracidad, pilares de la profesión jurídica.
In re Acevedo Hernández, supra.
Dado que la veracidad es una característica esencial
en el desempeño de la abogacía, no es necesario que medie
intención o mala fe para que se transgreda el Canon 35.
In re Pagani Padró, 198 DPR 812 (2017); In re Feliciano
Rodríguez, supra; In re Busó Aboy, supra.
F. Canon 38 de Ética Profesional – Preservación del
Honor y Dignidad de la Profesión
Por
último,
corresponde
delinear
los
postulados
éticos enunciados en el Canon 38 de Ética Profesional, 4
LPRA
Ap.
IX
(2012)
(Canon
38).
Esta
disposición
expresamente le exige a todo abogado “esforzarse, al máximo
de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de
su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios
personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta
impropia”.
Íd.
En
este
sentido
hemos
indicado
que,
conforme a la confianza depositada en él por razón del
título que ostenta y su rol en la sociedad, corresponde a
los abogados proceder de manera digna y honorable, tanto en
el ámbito de su vida privada, como en el desempeño de su
vida profesional.
In re Nazario Díaz, supra; In re Acevedo
Hernández, supra.
Por lo tanto, todo abogado que no se
conduce digna y honorablemente infringe el Canon 38 del
Código de Ética Profesional.
In re García Vega, 189 DPR
741 (2013).
Cabe destacar que la conducta de un letrado no puede
examinarse
de
manera
individual
y
aislada
del
ámbito
AD-2015-5
50
público.
El
abogado
no
puede
desligarse
de
la
trascendencia de su título que va más allá de la relación
profesional
que
tiene
con
sus
clientes.
Según
hemos
reiterado, los abogados reflejan la imagen de la profesión,
por
lo
que
vienen
obligados
a
comportarse
con
el
más
escrupuloso sentido de responsabilidad acorde la función
social que ejercen.
Vázquez
Bernier,
In re Nazario Díaz, supra; In re
supra.
De
manera
que
“la
confianza,
respeto e imagen que la sociedad deposita en cada uno de
los abogados, en la profesión y en la institución de la
justicia
desmerece
cuando
representa incorrección”.
la
actuación
del
jurista
In re Nazario Díaz, supra, pág.
806, citando a In re Irizarry Rodríguez, 193 DPR 633, 666
(2015).
G. Canon 1 de Ética Judicial – Cumplimiento de la Ley
El primero de los Cánones de Ética Judicial3 reconoce
el deber ineludible de todo juez de respetar y cumplir las
leyes en todo momento, así como ser fiel al juramento que
prestó al momento de su investidura.4
Esta normativa se
incorporó
expresa
por
primera
vez
de
manera
a
nuestro
esquema ético judicial junto a otros cambios introducidos
3
Este postulado corresponde al Canon 2A del Código Modelo de Conducta
Judicial de 1990 promulgado por la American Bar Association en lo pertinente a
la obligación de los jueces de cumplir con la ley. Véase Historial del Canon
1, 4 LPRA Ap. IV-B (2012). Años más tarde el requerimiento de que los jueces
observen la ley pasó a formar parte de la Regla 1.1 del Código Modelo de
Conducta Judicial del American Bar Association de 2007.
4
El Canon 1 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B (2012), dispone como
sigue: “Las juezas y los jueces respetarán y cumplirán la ley y serán fieles al
juramento de su cargo”.
AD-2015-5
51
en el 2005.5
Conforme refleja el Historial del Canon 1,
4 LPRA Ap. IV-B (2012), su adopción estuvo inspirada por el
Juramento de Fidelidad6 que vienen obligados a prestar los
funcionarios judiciales previo a ocupar su cargo y mediante
el cual se comprometen a defender, tanto la Constitución de
los Estados Unidos, como la Constitución y demás leyes de
Puerto Rico.
Es lógico que los postulados normativos que rigen el
cometido
de
la
judicatura
inicien
sencillo, pero de vital importancia.
con
este
mandato
La responsabilidad
fundamental de un magistrado es precisamente velar por la
aplicación justa e imparcial de las leyes con el propósito
de asegurar su observancia.
Mal podría un juez exigirle a
otros el cumplimiento con los preceptos legales cuando él
mismo se aparta de ellos.
Conforme a los comentarios del
Canon 1, esta directriz “se establece con el objetivo de
transmitir claramente la idea de que los jueces no están
por
encima
de
la
ley
y
respetarla y cumplirla”.
son
los
primeros
llamados
a
In re Candelaria Rosa, supra,
pág. 465.
“La norma ética básica que se impone sobre los
jueces
cumplir
es
con
la
ley.
No
podemos
evadir
esa
responsabilidad si pretendemos que otros la acaten […]”.
In re González Acevedo, 165 DPR 81, 104 (2005).
5
Anteriormente habíamos resuelto que el Canon I, conjuntamente al Canon
XXVI del Código de Ética Judicial de 1977, les imponían a los jueces el deber
de cumplir con la ley. Véase In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 259 (2006).
6
Art. 2A del Código Político de Puerto Rico, según enmendado, 3 LPRA
sec. 601 (2017). Este juramento es mandatorio a funcionarios de la judicatura,
así como a funcionarios en otras Ramas de Gobierno.
AD-2015-5
52
De manera que el respetar y cumplir con la ley, según
provisto en el Canon 1, emerge como uno de los compromisos
ineludibles para cada miembro de la Judicatura.
Claverol Siaca, supra.
In re
Los jueces tienen la obligación de
observar estrictamente lo dispuesto en nuestro ordenamiento
jurídico.
Íd.
“[E]s un deber consustancial al cargo de
juez cumplir también con la ley, los postulados éticos que
rigen
el
ejercicio
de
la
administrativas aplicables”.
abogacía
y
las
normas
In re Grau Acosta, supra,
pág. 173.
Aquellos miembros de la judicatura que de alguna
manera
desvíen
se
del
cumplimiento
con
el
ordenamiento
legal estarán expuestos a sanciones disciplinarias.
Así,
por ejemplo, en In re Acevedo Hernández, supra, recurrimos
a
este
postulado
en
el
caso
de
un
juez
condenado
por
delitos de conspiración y soborno.
Ahora bien, también hemos decretado que se infringen
los postulados del Canon 1 por faltar un juez a los deberes
intrínsecos de su posición.
supra,
específicamente
En In re Candelaria Rosa,
resolvimos
que
al
magistrado
utilizar el proceso de inhibición como vehículo de protesta
en contra del Tribunal de Apelaciones denotó una “seria
desobediencia a su
deber de desempeñar sus funciones y
[cumplir con] su juramento […] fielmente.
Íd., pág. 467.
El uso indebido de este mecanismo procesal con el propósito
de desligarse del caso no solamente fue errado, sino que
igualmente sirvió de subterfugio
para el juez
evadir y
descuidar obligaciones inherentes a su cargo judicial.
AD-2015-5
53
IV. DISCUSIÓN DE VIOLACIONES ÉTICAS
A. Canon 18 de Ética Profesional - Diligencia
Del Informe de la Comisión se desprende que, a la
fecha en que la juez González Rodríguez asumió su cargo,
todavía quedaban pendientes de concluir servicios legales
contratados y pagados por los promoventes.
En su defensa, la juez González Rodríguez planteó que
estaba impedida de gestionar los trámites acordados con los
promoventes por falta de documentación a ser provista por
éstos.
Sin embargo, la falta de documentos se estipuló
únicamente en lo concerniente a la señora Gómez Correa y la
señora Colón Rivera.
No se presentó prueba conducente a
establecer que los otros dos promoventes se encontraban en
igual situación.
Quiere esto decir que nada le impedía
llevar a cabo las diligencias para las cuales la señora
Rodríguez
Carrión
contrataron,
máxime
y
el
señor
Burgos
Villafañe
la
cuando
éstos
habían
adelantado
los
honorarios que le fueron requeridos como condición a la
contratación de sus servicios.
En lo que respecta a la señora Rodríguez Carrión, la
licenciada Soto Mujica testificó que del expediente no se
desprendía
que
se
hubiese
presentado
trámite
judicial
alguno asociado a los múltiples asuntos que le habían sido
delegados a la licenciada González Rodríguez.
Igualmente,
Villafañe,
según
cuando
el
testimonio
finalmente
logró
del
señor
Burgos
inspeccionar
el
expediente de su caso, aparte de la documentación que él
AD-2015-5
mismo
54
había
provisto,
únicamente
manuscrito de la señora Trenche,
encontró
un
otro de la
papel
licenciada
González Rodríguez y alrededor de dos o tres papeles más.
Por
lo
tanto,
gestiones
no
surgía
necesarias
que
para
se
hubiesen
examinar
la
efectuado
las
posibilidad
de
impugnar el testamento, según el acuerdo alcanzado entre el
promovente y la licenciada González Rodríguez.
En lo que respecta a las otras dos promoventes, es
decir, la señora Gómez Correa y la señora Colón Rivera, la
licenciada
González
responsabilidad
Rodríguez
ética
no
podía
eludir
su
la
falta
de
atribuyéndoles
información para tramitar las gestiones acordadas.
De ser
este el caso, recaía sobre la letrada la responsabilidad de
oportunamente
solicitarles
Si,
de
a
pesar
fallaban
en
sus
proveer
la
documentación
requerimientos
la
las
documentación
pertinente.
representadas
o
información
necesaria para completar su encomienda, entonces procedía
advertirles que no podría continuar con el caso bajo esas
circunstancias y renunciar a su representación legal.
Es
importante tomar en consideración que, excepto en el caso
de
la
señora
Gómez
Correa,7
los
promoventes
habían
adelantado el monto total de los honorarios requeridos por
la abogada para efectuar los diversos asuntos contratados.
A
base
licenciada
7
de
lo
anterior,
no
cabe
González
Rodríguez
falló
al
duda
de
que
la
no
atender
los
La Sra. Migdalia Gómez Correa pagó tres mil dólares ($3,000.00) del
total de seis mil dólares ($6,000.00) requeridos por la Lcda. Gema González
Rodríguez.
AD-2015-5
55
trabajos que le fueron confiados por los promoventes de
manera competente y diligente.
Conforme a los postulados
éticos consignados en el Canon 18, le estaba vedado aceptar
estos compromisos si no estaba en condiciones de atenderlos
de
forma
idónea
y
oportuna.
Además,
según
señalamos
anteriormente, tampoco podía asumir un rol pasivo en torno
a
aquellos
clientes
que
no
habían
completado
la
documentación pertinente para ultimar los trámites legales
acordados.
Cobra particular relevancia el hecho de que
estos clientes se comunicaban con cierta regularidad con el
Bufete para verificar el estatus de sus asuntos.
Además,
la prueba no refutada apunta a que la licenciada González
Rodríguez contaba con datos suficientes para contactar a
estos representados y, de este modo, darle seguimiento a la
información que necesitaba para poder cumplir con su deber
de proveerles una representación adecuada.
B. Canon 19 de Ética Profesional– Información al Cliente
Igualmente
falló
la
letrada
al
no
mantener
a
los
promoventes informados sobre el estatus de sus respectivos
casos conforme exige el Canon 19.
Éstos declararon de
forma unánime que en ningún momento la licenciada González
Rodríguez se comunicó con ellos para dejarles saber cómo
iban
las
servicios.
veían
gestiones
para
las
cuales
contrataron
sus
Por el contrario, eran los clientes quienes se
forzados
a
contactar
el
despacho
mantenerse al tanto del progreso de sus casos.
legal
para
AD-2015-5
56
El
señor
Burgos
Villafañe
testificó
que
tomó
la
iniciativa para conocer los pormenores de sus encomiendas,
así
como
las
gestiones
encaminadas
a
disponer
de
sus
asuntos, mas sin embargo, la licenciada González Rodríguez
nunca atendió personalmente sus interrogantes.
Simplemente
se le informó, a través de la señora Trenche, que sus
trámites estaban encaminados.
el
señor
Burgos
Como parte de su testimonio
Villafañe
advirtió
constantemente
al despacho legal
Florida,
reside,
caso.
donde
para
que
llamaba
desde el estado de
conocer
cómo
progresaba
la
su
La señora Trenche le respondía sus llamadas y le
comunicaba en todo momento que
se estaba trabajando el
caso.
Por su parte, la señora Gómez Correa testificó que
se
comunicó
con
la
oficina
de
la
licenciada
González
Rodríguez en al menos dos o tres ocasiones.
Siempre le
atendió
la
trabajando
secretaria
en
sus
quien
le
indicó
que
se
estaba
asuntos.
De
acuerdo
con
la
señora
Rodríguez Carrión, ella llamó a la oficina de la licenciada
González Rodríguez “[m]uchas veces, muchas veces, muchas
veces.
Yo llamaba periódicamente, semanal” con el fin de
conocer el estatus de los casos contratados.
Transcripción
de Vista Evidenciaria, pág. 106.
C. Canon 20 de Ética Profesional - Renuncia de
Representación Legal
Entre las responsabilidades impuestas a los abogados
por
el
Canon
20
como
condición
a
su
renuncia
de
la
representación legal, se destaca la obligación de informar
AD-2015-5
57
a sus clientes el estatus de los asuntos que le fueron
encomendados.
Ello
conlleva
forzosamente
la
obligación
implícita de notificarles su decisión de descontinuar la
relación abogado cliente.
trámite
pues,
de
lo
Esta gestión es fundamental al
contrario,
el
ex
cliente
estaría
descansando en la falacia de que sus casos están siendo
debidamente atendidos a pesar de que el abogado ya no le
está representando.
No podemos olvidar que con la renuncia
se da por terminada una relación establecida entre un lego
y su abogado en quien el cliente ha depositado su total
confianza para velar por sus intereses.
Asimismo, urge que
se ponga al cliente en posición de conseguir una nueva
representación
legales
que
que
aún
atienda
quedan
responsablemente
pendientes
de
los
manera
que
asuntos
no
se
afecten sus derechos.
Cónsono con lo anterior, el abogado igualmente viene
obligado
a
entregar
el
expediente
a
su
ex
cliente
sin
dilación alguna, para de este modo poder viabilizar una
transición ordenada y evitar que se lesionen los derechos
del que fuera su representado.
Además, no podemos olvidar
que el expediente le pertenece al cliente, y no al abogado,
por lo que no existe razón válida para retenerlo.
Por último, pero no menos importante, el Canon 20
exige que, al momento de la renuncia, el abogado reembolse
de
inmediato
prestados.
los
honorarios
pagados
por
servicios
no
Actúa de manera indebida un representante legal
que retiene para sí dineros que no le corresponden, puesto
AD-2015-5
58
que no ha realizado la labor encomendada.
Además, le hace
un desfavor a la justicia un letrado que interfiere con la
posibilidad del cliente de procurar nueva representación
legal si éste no cuenta con suficientes fondos para pagar
nuevamente los honorarios requeridos para ello.
(1)
Notificación de Renuncia
Las partes estipularon que, a diciembre de 2012, la
licenciada González Rodríguez no le remitió comunicación
escrita a ninguno de los promoventes ni se comunicó por vía
telefónica para notificarle que había sido nombrada juez,
lo
que
le
imposibilitaba
Tampoco les informó
licenciada
Soto
continuar
que estaba
Mujica
para
representándoles.
en negociaciones con la
que
continuara
con
la
conocieron
del
representación de los clientes del Bufete.
Así
pues,
nombramiento
tres
como
de
los
resultado
promoventes
de
sus
propias
diligencias
dirigidas a verificar el estatus de los asuntos que le
habían encargado a la licenciada González Rodríguez.
Por
su
la
parte,
noticia
a
la
señora
través
Rodríguez
de
la
Carrión
televisión,
se
enteró
la
cual
de
confirmó
posteriormente a través de la señora Trenche.
A base de lo anterior, unido al testimonio provisto
por los promoventes durante la vista, surge inequívocamente
que la licenciada González Rodríguez ignoró por completo el
imperativo de comunicarle a los promoventes su renuncia a
la
representación
contrataron
sus
de
los
servicios.
asuntos
Tampoco
para
los
cumplió
cuales
con
su
AD-2015-5
59
obligación de informarles el estatus de sus casos para esa
fecha.
En su defensa la juez González Rodríguez argumentó que
la Comisión estaba impedida de concluir que hubo ausencia
total de gestiones para contactar a todos sus clientes a
los fines de notificarles el cese de su práctica privada.8
Planteó además, que conforme las partes estipularon, le
solicitó a su secretaria que la asistiera en el proceso de
contactar a los clientes para notificarles sobre el cierre
inminente de su oficina, así como de las negociaciones con
la licenciada Soto Mujica.
No obstante, la obligación de notificar su renuncia a
los
clientes
y
hacerles
saber
en
qué
situación
se
encontraban sus respectivos casos, según exige el Canon 20,
recaía en la licenciada González Rodríguez.
su
responsabilidad
representados
transmitir
esta
Es decir, era
información
a
sus
ya fuese en persona, por teléfono, o por
escrito, dependiendo de las circunstancias particulares de
cada caso.
su
Por lo tanto, aunque podía recabar la ayuda de
secretaria
Rodríguez
en
estaba
el
proceso,
impedida
de
la
licenciada
delegar
González
enteramente
este
trámite en su empleada sin rendición de cuentas y asumir
que eso era suficiente para propósitos éticos.
Al actuar de ese modo no tomó en consideración las
posibles
8
consecuencias
de
su
omisión
en
cuanto
a
los
Sobre este particular, puntualizamos que nuestra determinación en torno
a las violaciones éticas en este caso se basa exclusivamente en las
estipulaciones sometidas por las partes y la prueba desfilada en torno a los
cuatro promoventes.
AD-2015-5
60
promoventes, quienes ni siquiera estaban al tanto de lo que
quedaba pendiente en relación a sus casos.
(2)
Honorarios
Las partes estipularon que a diciembre de 2012 los
promoventes
no
solicitaron,
ni
la
licenciada
González
Rodríguez ofreció devolver, los honorarios pagados y no
devengados.
Igualmente estipularon que, a partir del 17 de
febrero de 2016 la jueza González Rodríguez, a través de su
representación legal, puso la totalidad de los honorarios
pagados a la disposición de las señoras Gómez Correa y
Colón Rivera, así como $3,500.00 a la señora
Rodríguez
Carrión por concepto de gestiones no culminadas.
Asimismo,
a partir del 14 de marzo de 2016 le ofreció al señor Burgos
Villafañe el reembolso íntegro de los honorarios abonados
por éste.
En
otras
palabras,
quedó
admitido
por
la
juez
González Rodríguez que no fue hasta el 2016, transcurridos
más de tres años desde que ocupó la magistratura y ya
iniciado
el
trámite
disciplinario,
que
por
primera
vez
ofreció a los promoventes aquello a lo que tenían derecho
inequívocamente
disposiciones
desde
del
diciembre
Canon
20.
de
2012
Es
decir,
conforme
la
a
las
licenciada
González Rodríguez no rindió cuenta de los honorarios que
le correspondían, si alguno, por las labores realizadas a
favor de cada uno de los promoventes desde que éstos le
entregaron el dinero hasta finales del año 2012 cuando, de
facto, renunció a su representación legal.
AD-2015-5
61
(3)
Según
Devolución de Expedientes
mencionamos
anteriormente,
parte
de
las
obligaciones impuestas categóricamente por el Canon 20 es
la entrega inmediata de los expedientes a los clientes tan
pronto ocurra la renuncia a la representación legal.
no aconteció con ninguno de los promoventes.
partes
estipularon
que
a
diciembre
de
Esto
De hecho, las
2012
éstos
no
solicitaron, ni la licenciada González Rodríguez ofreció,
la
devolución
estipularon
aquellos
de
que
que
oficina legal.
sus
expedientes
legales.
estos
expedientes
se
la
licenciada
Soto
Igualmente
encontraban
Mujica
mantuvo
entre
en
la
No fue hasta que los promoventes llevaron a
cabo gestiones afirmativas al respecto, ya cuando la juez
González Rodríguez ejercía las funciones de su cargo, que
finalmente pudieron obtenerlos.
A
modo
(4)
Transición de Abogado a Juez
de
defensa,
la
juez
González
Rodríguez
igualmente atribuyó los problemas éticos asociados a la
disposición de los asuntos de los promoventes, al corto
tiempo disponible entre su nominación y la juramentación al
puesto.
Del mismo modo, adjudicó su dilema a la falta de
un esquema predeterminado por esta Curia para asistir en el
proceso de transición de abogado a juez.
Según mencionamos en In re Birriel Cardona, supra, a
diferencia de otras jurisdicciones donde se concede a los
jueces que recién ocupan su cargo un periodo de tiempo para
concluir su práctica legal, en Puerto Rico la normativa
AD-2015-5
62
ética no admite excepciones.9
Por consiguiente, una vez
juramenta, todo juez queda totalmente impedido de tener
clientes y representarlos de alguna manera.
Canon 27 de
Ética Judicial, supra.
Anteriormente tuvimos la oportunidad de expresarnos
en torno a la posición particular en que se encuentran los
abogados frente a sus clientes una vez son nombrados al
puesto de juez por el ejecutivo, pero aún están pendientes
de confirmación senatorial.
Véanse In re Birriel Cardona,
supra; In re Grau Acosta, supra.
que
la
nominación
por
parte
En estos casos señalamos
del
Gobernador
constituye
meramente un paso inicial en el trámite formal para ocupar
un
cargo
judicial.
Debido
a
que
la
iniciativa
del
ejecutivo queda sujeta a la anuencia posterior del Senado y
durante este periodo el propio nominado puede desistir de
su aspiración en cualquier momento, no existe impedimento
ético para que
clientes
el abogado continúe representando a sus
durante
esta
etapa
preliminar
de
procedimientos encaminados a ocupar un puesto judicial.
los
Es
decir, no es hasta el momento de la juramentación al cargo
que el abogado se convierte oficialmente en juez, por lo
que es a partir de entonces que queda inhabilitado para
ejercer como abogado.
9
Son pocas las jurisdicciones que permiten llevar a cabo algún tipo de
gestión legal subsiguiente a juramentar al cargo de juez.
Entre éstas se
encuentran: Mississippi, Carolina del Norte y Tennessee.
Véase C. Gray, So
You’re Going to be a Judge: Ethical Issues for New Judges, 52 Ct. Rev. 80, 83,
esc. 4 (2016). Véase además, New Judges: Winding-up a Law Practice, 30 No. 3
JCR 1 (2018).
AD-2015-5
63
Por consiguiente, una vez un abogado nominado cuenta
con
la
confirmación
senatorial
y
aún
persiste
en
su
aspiración de ocupar un puesto en la magistratura, es su
responsabilidad gestionar su renuncia a todos los asuntos
pendientes en su despacho previo a su juramentación.
Aunque
paradigma
hemos
formal
reconocido
para
que
no
sistematizar
contamos
la
con
un
transición
que
enfrenta un abogado que pasa a ocupar un cargo de juez, no
por eso los nominados quedan faltos de dirección en torno a
cómo prepararse para atender las responsabilidades éticas
que emergen en ese momento.
A esos efectos, expresamente
hemos advertido a aquellos nominados próximos a juramentar
de la necesidad de planificar con anticipación el proceso
de finalizar sus relaciones profesionales con los clientes
previo a su investidura.
“La organización temprana en ese
aspecto redundará en una mejor transición de la práctica
del
Derecho
al
ejercicio
de
la
magistratura”.
In
re
legal
va
Birriel Cardona, supra, pág. 311.
Cuando
acompañada
la
del
renuncia
a
cierre
la
de
la
representación
práctica
de
la
profesión,
independientemente de las razones que la motiven, surgen
una
serie
de
trámites
a
seguir
que
serán
más
o
menos
extensos y complicados dependiendo del volumen de trabajo
legal que quede pendiente a ese momento.10
10
Aparte del cierre de su práctica, la transición de un abogado al cargo
de juez pone de manifiesto una serie de cambios que se han de suscitar en su
vida social y profesional a partir de ese momento debido a consideraciones de
naturaleza ética. Por lo que todo abogado que aspira a ocupar un puesto en la
judicatura debe ser consciente de las exigencias éticas que va a enfrentar si
AD-2015-5
64
Para
ello
el
abogado
debe
disponer
de
una
organización interna en su oficina que le permita, como
mínimo,
y
de
manera
expedita:
identificar
cuáles
casos
tienen asuntos activos o pendientes; estar al tanto del
estatus de cada uno; calcular cuánto trabajo ha realizado y
a
cuánto
ascienden
los
honorarios
correspondientes;
verificar que los expedientes estén listos para entregarse
al cliente, y que cuenta con la información necesaria para
contactar a sus representados.11
Dadas las múltiples consideraciones éticas implicadas
en el proceso de renuncia a la representación legal cuando
va acompañada del cierre de la práctica profesional, así
_________________________________________________________________
logra su meta profesional. Únicamente de ese modo podrá estar preparado para
atenderlos oportunamente.
Para una discusión sobre estos asuntos, véanse C.
Gray, supra; C. Goldstein, Becoming a Judge: Problems with Leaving a Law
Practice, 69 Judicature 88 (1985); C. G. Geyh, J. J. Alfini, S. Lubet and J. M.
Shaman, Judicial Conduct and Ethics, 5ta ed., LexisNexis, 2013, sec. 7.09[3].
11
Existen publicaciones útiles ilustrativas de diversos métodos o
sistemas de planificación para efectuar el cierre ordenado de un despacho legal
que cumpla a la vez con los requisitos éticos pertinentes. Las recomendaciones
propuestas en estas publicaciones no se limitan a situaciones del cese de la
labor de un abogado a causa de un nombramiento judicial, puesto que el cierre
forzado de la práctica legal puede ocurrir en cualquier momento, ya sea a causa
de una condición de salud del letrado, un accidente o inclusive, su
fallecimiento.
Por lo tanto, la debida organización y una planificación
adecuada deben constituir el norte y la norma habitual de trabajo de cada
abogado practicante. De esta forma podrá prevenir problemas éticos, a la vez
de proteger efectivamente los derechos de sus representados en la eventualidad
de sobrevenir una ocurrencia que le impida continuar con su práctica legal.
Véanse, Winding up a Practice: A Checklist, updated by L. Rowntree and B.
Buchanan,
Law
Society
of
British
Columbia
(27-June-2017),
https://www.lawsociety.bc.ca/Website/media/Shared/docs/practice/resources/Windi
ngUp.pdf; Plan Ahead for Closing a Law Practice: Procedures for Retirement,
Moving to a New Firm, or Your Death or Disability, Lawyers Mutual Insurance Co.
of North Carolina (July 2016), http://files.www.lawyersmutualnc.com/riskmanagementresources/riskmanagementhandouts/closingalawpracticethroughretirement
-moving-to-a-new-firm-or-death-of-a-fellowlawyer/Closing_Practice.pdf; Planning
Guide for Winding Up a Practice, The Law Society of Manitoba (Nov.
2015),http://www.lawsociety.mb.ca/forms/membersforms/Planning_Guide_for_Winding
_Up_2015.pdf/view; S. Blackford and P. Roberts, Closing a Solo Practice: An
Exit
To-Do
List,
37
ABA
Law
Practice
Magazine
(May/June
2011),
https://www.americanbar.org/publications/law_practice_home/law_practice_archive
/lpm_magazine_archive_v37_is3_pg48.html;
Winding
Up
Your
Practice:
From
Temporary
Vacations
to
More
Permanent
Leaves
of
Absence,
https://www.capcentral.org/procedures/case_manag/docs/winding_up_your_practice.
pdf.
AD-2015-5
como
65
ante
el
riesgo
de
que
el
tiempo
disponible
para
finalizar el trámite requerido para ocupar el cargo de juez
sea uno breve, es aconsejable que tan pronto un abogado
inicie las diligencias pertinentes para ser considerado a
un puesto judicial, si es que no cuenta de antemano con un
sistema de planificación confiable, comience a poner su
oficina en orden.
Ello busca facilitar la gestión eventual
de renuncia conforme a todas y cada una de las exigencias
éticas vinculadas a esa tarea.
De lo contrario, corre el
peligro de fallar en sus responsabilidades deontológicas y
la
posibilidad
de
enfrentar,
como
en
este
caso,
consecuencias graves que pongan en riesgo su posición de
juez y su título de abogado.
Consiguientemente, advertimos a la clase togada en
general,
pero
muy
en
particular
a
aquellos
abogados
y
abogadas que aspiran a ocupar un puesto judicial en su día,
de la necesidad imperiosa de mantener en todo momento un
control
efectivo
sobre
los
asuntos
concernientes
a
su
práctica profesional de forma tal que estén preparados para
responder
diligentemente
cuando
surja
la
necesidad
de
clausurarla acorde las responsabilidades éticas que ello
supone.
perspectiva
Además,
debe
ética,
la
quedar
claro
responsabilidad
que,
desde
la
indelegable
de
prepararse adecuadamente para este cambio de carrera es
personal de todo abogado que aspira a alcanzar un puesto en
la Judicatura.
AD-2015-5
66
Rechazamos, por lo tanto, las excusas presentadas por
la juez González Rodríguez para soslayar sus deberes éticos
ante sus clientes al concluir su práctica legal, ya sea por
la alegada falta de tiempo o por la supuesta ausencia de
lineamientos para llevar a cabo el proceso.
Dados nuestros
pronunciamientos en In re Birriel Cardona, supra, e In re
Grau Acosta, supra, la juez González Rodríguez debió estar
prevenida que recaía sobre ella la obligación de tomar los
pasos necesarios para examinar todos y cada uno de los
expedientes en su despacho y así conocer de antemano si
quedaban asuntos pendientes de atender, así como honorarios
que devolver y de esta manera viabilizar una transición
acorde a las exigencias éticas de la profesión legal.
A base de lo anterior es forzoso concluir que la
licenciada González Rodríguez incumplió con el Canon 20.
Es decir, falló en: comunicarle oportunamente su renuncia a
los
clientes
e
informarles
el
estatus
de
los
asuntos
encomendados, rendir cuenta puntualmente de los honorarios
adelantados y devolver el exceso por trabajo no realizado y
hacerle entrega inmediata de sus expedientes.
D. Canon 27 de Ética Profesional – Colaboración
Profesional
La
Comisión
concluyó
que
la
licenciada
González
Rodríguez infringió también las pautas establecidas en el
Canon 27 de Ética Profesional, supra, al delegarle a la
licenciada
Soto
representación
Mujica,
legal
de
sin
la
debida
autorización,
los
promoventes
y
cederle
la
la
custodia y control de los expedientes de cada uno de ellos.
AD-2015-5
La
juez
67
González
Rodríguez
refutó
esta
determinación.
Adujo que no era posible concluir que unió a la licenciada
Soto
Mujica
como
abogada
de
los
promoventes
sin
el
consentimiento de éstos ya que sus respectivos expedientes
no se encontraban entre aquellos que la licenciada Soto
Mujica
recibió
con
el
propósito
de
continuar
con
la
representación legal.
Corresponde, por lo tanto, examinar los pormenores de
la
supuesta
cesión
de
la
representación
legal
de
los
promoventes a la licenciada Soto Mujica, así como el curso
de la custodia y control de los expedientes de éstos para
poder
disponer
analizaremos
de
esta
interrogante.
cuidadosamente el
redactado
por
respuestas
a
la
las
de
ese
fin
Contrato de Arrendamiento
licenciada
quejas
Con
González
los
Rodríguez,
promoventes,
junto
sus
al
testimonio de la licenciada Soto Mujica en la vista ante la
Comisión.
Conforme al Contrato de Arrendamiento, la transacción
entre las abogadas contemplaba la venta de “la cartera de
expedientes y clientes del Bufete” a cambio del pago de
veinticuatro
acordaron
mil
que,
de
dólares
($24,000.00).
acuerdo
con
la
Las
licenciada
partes
González
Rodríguez, el término “cartera de clientes y expedientes
del
bufete”
significa
“la
totalidad
de
las
causas
con
asuntos pendientes en el Bufete”.
En respuesta a las quejas ante nuestra consideración,
la juez González Rodríguez indicó que los asuntos de los
AD-2015-5
68
promoventes habían sido adquiridos por la licenciada Soto
Mujica como parte de la cartera de clientes del Bufete y
los expedientes pasaron a su exclusiva custodia y control
desde ese momento.
Por consiguiente, correspondía a la
licenciada Soto Mujica continuar con el trámite de estos
casos.
Trasciende de lo anterior que, para efectos de la
licenciada
González
Rodríguez,
como
parte
del
negocio
pactado con la licenciada Soto Mujica, le estaba dejando a
su cargo todos aquellos casos de su despacho legal que
tuviesen asuntos pendientes a ese momento.12
Ahora bien, las partes estipularon que el 7 de enero
de
2013
la
licenciada
custodia y control
González
de algunos
Rodríguez
entregó
la
expedientes legales a la
licenciada
Soto
Mujica,
quien
mantuvo
restantes
en el
Bufete.
Es decir,
los
expedientes
distinguieron entre
aquellos expedientes que la licenciada Soto Mujica recibió
y retuvo bajo su custodia y control de otros que ésta
meramente
mantuvo
en
licenciada
González
la
oficina
Rodríguez.
que
le
También
alquiló
surge
de
a
la
las
estipulaciones vertidas para el récord que los expedientes
de los promoventes se encontraban entre aquellos que la
licenciada Soto Mujica mantuvo en la oficina legal.
12
Vale aclarar que, según el testimonio recibido por la Comisión, ninguno
de los promoventes tenía conocimiento de la denominada venta de la cartera de
clientes a la Lcda. Cristal Soto Mujica, ni prestó, previo a la firma del
contrato, su anuencia a la sustitución de la representación legal, o a que se
le entregaran a ésta sus expedientes legales.
AD-2015-5
69
Durante
su
testimonio
la
licenciada
Soto
Mujica
ofreció su versión en torno a los clientes de la licenciada
González Rodríguez a quienes acordó representar, así como
la situación de los expedientes.
a
quienes
aceptó
aproximadamente
como
doce
a
Reiteró que a los únicos
clientes
quince
suyos
fueron
los
individuos
que
pudo
entrevistar personalmente en diciembre de 2012.
Añadió que
estas personas aceptaron contratar sus servicios y ella
conservó
únicamente
los
expedientes
de
estos
nuevos
clientes los cuales se guardaron en unos archivos ubicados
en
la
entrada
de
la
oficina
legal.
“O
sea,
esos
expedientes yo los retuve en términos de que yo tenía su
custodia física e inmediata porque eran mis expedientes,
estaban en mi archivo”.
(Énfasis nuestro).
de
pág.
Vista
Evidenciaria,
200.
En
Transcripción
otras
palabras,
únicamente se le entregaron y ejerció control sobre los
expedientes
de
aquellos
clientes
que
entrevistó
personalmente y aceptaron su representación.
Expresó que no tuvo problema con que la licenciada
González Rodríguez dejara algunos expedientes en el espacio
que anteriormente ésta ocupaba como oficina, pues no tenía
uso para ese espacio.
También quedaron otros expedientes
de la licenciada González Rodríguez en el conference room y
en un área donde estaba ubicado un escritorio pequeño y
tres o cuatro archivos grandes.
Sin embargo, la licenciada
Soto Mujica afirmó que nunca tocó los expedientes de la
licenciada González Rodríguez puesto que no eran suyos.
AD-2015-5
70
Declaró que la licenciada González Rodríguez le indicó que
le había dado instrucciones a la señora Trenche para que
llamara a los clientes y éstos pasaran a recoger esos otros
expedientes.
De lo anterior podemos colegir que, aunque la juez
González
Rodríguez
transacción
entendía
económica
que,
formalizada
como
entre
parte
ellas,
de
le
la
había
cedido a la licenciada Soto Mujica los asuntos delegados
por
los
promoventes,
no
se
produjo
la
correspondiente
aceptación de tal acuerdo por parte de esta última.
En
otras palabras, la apreciación de la licenciada Soto Mujica
sobre el alcance del negocio acordado era uno muy diferente
y así lo puntualizó en su testimonio.
sobre
este
particular
fueron
Sus declaraciones
contundentes:
únicamente
aceptó la representación legal de aquellas personas con las
que
pudo
reunirse
personalmente
y
tan
sólo
mantuvo
la
custodia y control de los expedientes de esos clientes.
Encontramos,
por
lo
tanto,
que
bajo
estas
circunstancias no se configuraron los elementos necesarios
para que se concretizara una violación al Canon 27 de Ética
Profesional, supra.
Mujica
nunca
promoventes
en
Ello, puesto que la licenciada Soto
asumió
la
diciembre
representación
de
2012
como
legal
de
los
tampoco
tomó
la
custodia y control de los expedientes de éstos al momento
de ocupar el Bufete en enero de 2013.
El hecho de que, en
el
González
local
alquilado
a
la
licenciada
Rodríguez,
permanecieran expedientes activos de personas que habían
AD-2015-5
71
sido representadas por ésta no implica que los casos y la
documentación
correspondiente
se
traspasaran
automáticamente al dominio y control de la licenciada Soto
Mujica una vez entró en vigor el arrendamiento.
E. Canon 35 de Ética Profesional – Sinceridad y Honradez
La
verdad
profesional
del
rector
cada
en
es
una
Derecho
virtud
y
momento
debe
en
inseparable
guiarle
su
como
carrera
de
todo
principio
profesional.
Reiteradamente hemos destacado que no actuar con sinceridad
y honradez, ya sea en las relaciones con los clientes, o
ante el tribunal, contraviene los preceptos del Canon 35.
Desafortunadamente en el día de hoy nos enfrentamos a
una situación altamente penosa de unos clientes a quienes
les hicieron pensar que sus respectivos asuntos estaban
siendo atendidos por la licenciada González Rodríguez e
iban en progreso.
a
preguntas
Nada más lejos de la verdad.
relacionadas
licenciada
González
llamadas
la
de
Villafañe.
al
estatus
Rodríguez
señora
Gómez
de
nunca
Correa
y
sus
Así pues,
casos,
la
respondió
a
del
Burgos
señor
las
En estos dos casos simplemente se les informó a
los promoventes, a través de la señora Trenche, que sus
asuntos estaban encaminados, aun cuando esto no era cierto.
Igualmente sucedió con la señora Rodríguez Carrión.
En
sus
múltiples
manifestó
llamadas
al
Bufete,
en todo momento que
la
secretaria
le
todo marchaba bien, pero
había que esperar por una determinación judicial.
Incluso,
la
con
señora
Rodríguez
Carrión
llegó
a
coincidir
la
AD-2015-5
72
licenciada González Rodríguez en el despacho legal y la
propia abogada le reiteró esta aseveración.
Sin embargo,
con el tiempo la señora Rodríguez Carrión se enteró que,
contrario a las afirmaciones de ambas, nunca se presentó
recurso alguno ante el tribunal relativo a sus asuntos.
A base de lo anterior, quedó firmemente establecido
que
la
licenciada
González
Rodríguez
no
fue
sincera
y
honesta en su relación profesional con los promoventes.
Este comportamiento, altamente censurable, transgrede los
postulados
del
Canon
35
que
rigen
la
conducta
de
los
profesionales del Derecho.
F. Canon 38 de Ética Profesional – Preservación del
Honor y Dignidad de la Profesión
La conducta desplegada por la juez González Rodríguez
al desentenderse por completo de sus clientes al momento de
cerrar
su
práctica
comunicación
luego
contraria
su
a
legal
de
deber
e
ignorar
juramentar
ético
de
a
sus
su
exaltar
intentos
cargo
el
de
resultó
honor
dignidad de la profesión dispuesto en el Canon 38.
y
la
La
prueba establece, sin lugar a duda, que no se condujo en
forma digna y honorable ni se esforzó al máximo de su
capacidad
por
realzar
profesión
que
ejerce.
la
buena
Por
lo
imagen
de
la
ilustre
tanto,
sus
actuaciones
igualmente conformaron una infracción al Canon 38.
Apena notar cómo los promoventes en este caso fueron
abandonados a su suerte luego de la juez González Rodríguez
asumir su cargo judicial.
Peor aún es su indiferencia
frente a sus intentos de comunicarse con ella para reclamar
AD-2015-5
73
lo que por derecho les correspondía: sus expedientes y el
dinero cobrado por trabajo no realizado.
Del testimonio vertido en la vista ante la Comisión
trasciende
la
angustia
de
los
promoventes
ante
la
incertidumbre sobre el futuro de sus respectivos asuntos
una
vez
se
enteraron
de
que
la
licenciada
Rodríguez ya no continuaría representándoles.
advertimos
las
múltiples
gestiones
que
González
Igualmente
realizaron
para
tratar de ubicar a la juez González Rodríguez en varios
tribunales
y
los
esfuerzos
repetidos
para
procurar
comunicarse con ella ya fuese por teléfono, carta, correo
electrónico o mensajes de texto.
Como respuesta se toparon
con el silencio de la magistrada quien erróneamente asumió
que
las
cesaron
obligaciones
en
el
momento
éticas
en
para
que
con
vendió
los
su
promoventes
práctica
a
la
licenciada Soto Mujica.
El hecho de ostentar el título de abogado le impone a
cada letrado la obligación de comportarse en todo momento
de
manera
digna
y
honorable
de
manera
que
exalte el honor y dignidad de la profesión.
su
conducta
Es menester
recordar que las acciones y omisiones de un abogado no sólo
se miden de manera individual, sino como representante de
la
clase
togada.
La
conducta
desplegada
por
la
juez
González Rodríguez “demuestra que dejó de exaltar el honor
y la dignidad de la profesión en clara contravención a lo
dispuesto en el Canon 38.
honorable
ni
se
esforzó
No se condujo en forma digna y
al
máximo
de
su
capacidad
por
AD-2015-5
74
realzar
la
ejerce.”
In re Nazario Díaz, supra, pág. 810.
Como
buena
imagen
justificación
intentos
de
González
Rodríguez
de
la
para
comunicación
no
de
aludió
ilustre
haber
los
profesión
respondido
promoventes
también
a
la
que
a los
la
juez
carencia
de
directrices para jueces de nuevo nombramiento en torno a
comunicaciones con sus ex clientes relacionadas a los casos
tramitados a su favor.
A esos efectos, hizo referencia al
Canon 27 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B (2012).
El Canon 27 de Ética Judicial, supra, impide a los
jueces, una vez ocupan su cargo, ejercer la abogacía y
proveer
asesoramiento
legal,
tanto
a
individuos
como
a
entidades públicas o privadas indistintamente de si cobran
o
no
por
tal
servicio.
De
manera
que,
conforme
al
mencionado Canon 27, un juez está impedido de comparecer,
ya
sea
en
persona
o
mediante
cliente
y
abogar
por
sus
judicial o administrativo.
301 (2012).
escrito,
intereses
a
en
nombre
cualquier
de
un
foro
In re Birriel Cardona, 184 DPR
Esta restricción tiene como propósito evitar
situaciones que puedan dar margen a que se cuestione la
parcialidad
de
los
jueces
y
se
afecte
la
confianza
depositada en la Judicatura en la eventualidad de que la
resolución
de
adjudicativos.
estos
Íd.
asuntos
culmine
ante
foros
Véase, además, Comentarios al Canon 27
de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B (2012).
Notamos sin embargo que, en el contexto del cierre de
la práctica legal, no todo contacto entre un juez de nuevo
AD-2015-5
75
nombramiento y un ex cliente debe necesariamente reputarse
contrario al Canon 27 de Ética Judicial, supra.
Es preciso
auscultar el tipo específico de comunicación que se genera
para determinar si, en efecto, existe el riesgo de que el
magistrado incurra en conducta vedada por esta disposición.
Conforme
aparece
redactado
en
el
Canon
27
de
Ética
Judicial, supra, el factor determinante a considerar es si
de alguna manera se le requiere al juez que ejerza la
práctica de la profesión legal o participe en asesoramiento
en materia de Derecho.13
Del
interés
expediente
de
los
de
este
promoventes
caso
en
se
desprende
comunicarse
con
que
la
el
juez
González Rodríguez se limitaba a conocer qué iba a suceder
con sus asuntos y cómo podían recuperar el dinero que le
habían adelantado para gestionarlos.
En atención a ello no
podemos concluir que los esfuerzos de comunicación en este
caso representasen alguna posibilidad de conflicto ético al
amparo
del
naturaleza
Canon
de
las
27
de
Ética
interrogantes
Judicial,
de
los
supra.
La
promoventes
no
implicaba de manera alguna el ejercicio de la profesión o
recababa de asesoría legal.
Estos antiguos clientes simple
y llanamente urgían información de hechos asociados a una
13
En varias jurisdicciones de los Estados Unidos en donde ha surgido esta
problemática se ha atendido el tema distinguiendo entre la gestión de brindar
asesoramiento legal, lo cual está prohibido una vez un juez ocupa su cargo, y
la de proveer información sobre asuntos que no surgen claramente del expediente
o la localización de documentos.
De manera que el enfoque utilizado para
disponer de este dilema se centra en que la solicitud al juez no involucre
cuestionamientos que de alguna forma estén relacionados a: procurar consejo
legal, que se brinde una opinión, que se discutan estrategias de litigación o
pasos a tomar para adelantar la causa del ex cliente. Véanse C. Gray, supra,
pág. 85; C. Goldstein, supra, y C. G. Geyh, J. J. Alfini, S. Lubet and J. M.
Shaman, op. cit.
AD-2015-5
76
relación profesional ya terminada, específicamente en lo
concerniente al estatus de sus casos y la devolución de
honorarios, un escenario sin potencial de menoscabar la
confianza pública en la imparcialidad judicial.
De todos modos, en caso de albergar dudas sobre si el
contacto
con
sus
ex
clientes
podía
infringir
alguna
disposición ética, la juez González Rodríguez pudo haber
tomado algún tipo de medida cautelar en lugar de ignorar
los intentos de comunicación de los promoventes.
tanto,
González
carece
de
Rodríguez
mérito
el
de
atender
no
planteamiento
los
de
reclamos
Por lo
la
juez
de
los
promoventes en consideración a los preceptos decretados en
el Canon 27 de Ética Judicial, supra.
mutismo
no
puede
justificarse
Por el contrario, su
especialmente
ante
la
incertidumbre en que quedaron cada uno de los promoventes
por la manera en que la magistrada les abandonó a su suerte
en total menosprecio a los postulados éticos a los que
estaba sujeta.
G. Canon 1 de Ética Judicial – Cumplimiento de la Ley
Por último, la Comisión concluyó que la juez González
Rodríguez también infringió el Canon 1 de los Cánones de
Ética Judicial.
La importancia de los jueces respetar la
ley no puede ser subestimada ya que la esencia de sus
labores
es
precisamente
nuestro ordenamiento.
exigirle
a
otros
que
observen
“[E]l deber de cumplir con la ley
[…] es una norma ética básica cuyo cumplimento no podemos
AD-2015-5
77
evadir si pretendemos que otros la acaten”.
In re Ruiz
Rivera, 168 DPR 246, 259 (2006).
El Canon 1 es el único cargo imputado en contra de la
juez González Rodríguez bajo las disposiciones del Código
de Ética Judicial.
Las alegaciones concernientes a esta
normativa aparecen consignadas en el Primer y Sexto Cargo
de
la
Querella
junto
a
las
múltiples
imputaciones
concernientes a los Cánones de Ética Profesional.
En el
Primer Cargo se le atribuyó haber incurrido en conducta
lesiva
a
la
renunciado
imagen
de
la
Rama
Judicial
a
la
representación
apropiadamente
al
no
haber
de
los
promoventes ni informarles el estatus de los procedimientos
en
los
asuntos
para
los
cuales
había
sido
contratada.
Específicamente, se señaló que dicha “conducta socavó la
integridad,
pueblo
en
el
respeto
y
los
miembros
de
la
la
confianza
profesión
que
deposita
legal
y
en
el
el
sistema de justicia” todo ello contrario a los Cánones de
Ética Profesional 18, 19, 20, 35 y 38 y el Canon 1 de Ética
Judicial.
Como
Primer Cargo de la Querella.
Sexto
y
último
cargo
se
alegó
que
la
juez
González Rodríguez ignoró los reclamos de los promoventes
para que les devolviese los honorarios pagados por trabajos
no efectuados.
Se caracterizó esta conducta como no digna
de la profesión legal y contraria a la responsabilidad y el
honor que debe representar todo abogado en contravención a
los Cánones de Ética Profesional 18, 19, 20, 35 y 38 y el
Canon 1 de Ética Judicial.
AD-2015-5
78
Por
las
razones
que
esbozamos
a
continuación,
discrepamos de la determinación de la Comisión en torno a
que la juez González Rodríguez vulneró las disposiciones
del Canon 1 de Ética Judicial, según imputado en el Primero
y último cargo de la Querella.
No hallamos que su proceder
haya infringido algún estatuto o postulado según exige el
Canon 1.
función
Tampoco se desprende que haya relegado alguna
inherente
a
su
cargo
en
relación
con
obligaciones éticas para con los promoventes.
sus
En otras
palabras, el expediente carece de prueba que establezca que
la juez González Rodríguez de alguna manera faltó a su
compromiso de defender ya sea la Constitución federal, la
local, las leyes de Puerto Rico o que no haya sido fiel
cumplidora
al
juramento
concerniente
a
las
responsabilidades propias de su puesto en la Judicatura.
Resolvemos, por lo tanto, que la juez González Rodríguez no
quebrantó los postulados consignados en el Canon 1 de los
Cánones de Ética Judicial.
Ahora
disposición
bien,
el
expresa
que
del
no
se
haya
ordenamiento
transgredido
una
ético-judicial
no
significa que la desidia desplegada por la juez González
Rodríguez frente a los promoventes luego de su investidura
pase desapercibida por esta Curia.
Su comportamiento para
con los que hasta un tiempo atrás habían sido sus clientes
fue sencillamente deplorable.
Particularmente, si tomamos
en consideración que nunca les notificó de su renuncia, ni
les
informó
del
paradero
de
sus
expedientes
y
tampoco
AD-2015-5
rindió
79
cuenta
González
de
los
honorarios
Rodríguez
no
podía
desentenderse
de
obligaciones
retenidos.
valerse
de
su
fundamentales
La
juez
toga
para
que
aún
le
ataban a estos cuatro ex clientes.
V. Sanción
A base de lo anterior, concluimos que existe “prueba
clara,
robusta
y
convincente”
de
que
la
juez
González
Rodríguez violó los Cánones 18, 19, 20, 35 y 38 de los
Cánones de Ética Profesional, mas no el Canon 27 de Ética
Profesional, ni el Canon 1 de Ética Judicial.
Corresponde
imponer.
entonces
disponer
de
la
sanción
a
En este caso la Comisión recomendó la destitución
de la juez González Rodríguez del cargo de Juez Superior,
además de la suspensión indefinida del ejercicio de la
abogacía.
Sin embargo, según señalamos anteriormente, en
consonancia con nuestra facultad disciplinaria no venimos
obligados
a
Comisión.
acoger
In
re
las
sanciones
González
propuestas
Porrata-Doria,
por
la
In
re
supra;
Quiñones Capacetti, supra; In re Acevedo Hernández, supra.
Debido
asociadas
al
a
que
nos
proceso
de
enfrentamos
a
transición
de
violaciones
un
éticas
abogado
a
la
judicatura, a modo de guía recurrimos a las dos ocasiones
previas
en
situaciones
que
tuvimos
de
disciplina
la
oportunidad
judicial
de
abordar
relacionadas
al
comportamiento de jueces de nuevo nombramiento con respecto
a sus ex clientes.
AD-2015-5
80
Sobre este tema, inicialmente atendimos el caso de In
re
Grau
Acosta,
incurrió
en
supra.
En
múltiples
esa
ocasión
faltas
éticas
el
magistrado
graves
por
comportamiento ocurrido, tanto previo a prestar juramento
en calidad de Juez Superior, como
cargo.
A
base
consideración
de
la
prueba
determinamos
mientras ocupaba
ese
presentada
ante
nuestra
el
Grau
Acosta
que
Juez
contravino los Cánones 19, 20, 21, 27 y 35 del Código de
Ética Profesional, supra, así como múltiples disposiciones
de
los
Cánones
de
Ética
Judicial
de
1977,
vigente
al
momento de los hechos, y ciertas directrices de la OAT.
Conforme
detallamos
a
continuación,
el
magistrado
primeramente incurrió en infracciones éticas asociadas a la
renuncia
de
representación
de
sus
clientes
además
de
comparecer al tribunal a nombre de sus ex clientes y el
suyo personal luego de advenir juez.
solicitud
de
renuncia
entonces
Juez
Grau
presentó
ya
defectos
constitutivos
específico,
a
Acosta
ejerciendo
el
Juez
la
representación
aparte
como
Concretamente, la
de
legal
tardía,
magistrado,
de
graves
faltas
Grau
Acosta
no
le
del
pues
se
adolecía
de
éticas.
En
informó
a
sus
clientes los planes de descontinuar su representación y su
eventual renuncia; seleccionó por su cuenta a un abogado
para sustituirle en el proceso quien, a su vez, tenía un
conflicto de interés en el asunto pues representaba a una
parte
contraria
en
el
pleito;
retuvo
indebidamente
los
AD-2015-5
81
expedientes de sus clientes y condicionó su entrega al pago
de los honorarios de abogado.
Asimismo, el Juez Grau Acosta actuó impropiamente al
comparecer durante horas laborables, tanto en su carácter
personal, como de abogado en el mismo tribunal donde se
desempeñaba como juez.
abogado
de
parte,
y
En ocasiones se identificó como
en
una
oportunidad
figuró
como
representante de clientes a los cuales había renunciado
mucho antes.
Desatendió, además, su obligación de informar
al Juez Administrador su interés personal en el caso para
que se ordenara el traslado inmediato del mismo.
Por último, contrario a las normas éticas vigentes,
declinó inhibirse en ciertos casos ante su consideración, a
pesar de haberse planteado cuestionamientos legítimos sobre
su imparcialidad para atenderlos.
El abogado que sometió
la solicitud representaba la parte contraria en un pleito
en que el juez era parte en su capacidad personal.
Más
aún, amenazó al letrado con fallar siempre en su contra de
no retirar sus mociones de inhibición.
Sumado a lo anterior, la prueba estableció sin margen
a duda que las actuaciones antiéticas del Juez Grau Acosta
estuvieron motivadas por consideraciones económicas y sus
intereses personales, obviando en todo momento su deber de
preservar el respeto y la confianza del pueblo en nuestro
sistema de justicia y la obligación de exaltar el honor y
la dignidad de la profesión.
AD-2015-5
82
El cúmulo de las transgresiones graves a las normas
de
comportamiento
ético
del
Juez
resumidas
anteriormente,
le
merecieron
inmediata
de
su
cargo
de
Juez
Grau
Acosta,
la
Superior,
según
destitución
así
como
la
suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía.
Más
adelante,
en
In
re
Birriel
Cardona,
supra,
resolvimos que la magistrada actuó contrario al Canon 27 de
Ética Judicial al comparecer ante la Junta de Personal de
la Rama Judicial (Junta) luego de haber juramentado a su
cargo de juez.
Esta comparecencia se efectuó a través de
una moción de
reconsideración
Birriel
Cardona
solicitó
que
mediante la cual
se
dejara
sin
la Juez
efecto
la
desestimación de un proceso iniciado por ella ante dicho
cuerpo administrativo.
La reclamación en cuestión se instó
a favor de un alguacil quien impugnó su traslado.
La Junta
archivó la querella por alegada falta de interés ante la
inacción
del
promovente.
Junto
con
su
solicitud
de
reconsideración la juez presentó su renuncia como abogada
en el asunto.
Luego
de
tomar
en
cuenta
los
quebrantos
de
salud
tanto del cliente como de la Juez Birriel Cardona, los
cuales dificultaron la comunicación entre ellos; el hecho
de que la juez no tenía intención de continuar como abogada
en el proceso sino más bien su único interés era preservar
los derechos de su ex cliente, y, por último, dado el
historial
profesional
intachable
de
limitamos la sanción a una amonestación.
la
magistrada,
AD-2015-5
83
Conforme
puntualizamos
a
continuación,
estos
dos
casos son distinguibles del asunto que nos ocupa en el día
de hoy para fines de la sanción a imponer.
Nos explicamos.
A pesar de que las violaciones atribuidas al Juez
Grau
Acosta
se
extendieron
desde
la
etapa
en
que
se
desempeñaba como abogado hasta luego de integrarse a la
Judicatura,
en
multiplicidad
de
su
situación
específica
transgresiones
graves
a
predominan
los
provistos en el ordenamiento ético judicial.
su
conducta
afectó
el
prestigio
y
ciudadanía en el sistema de justicia.
la
la
postulados
De este modo
confianza
de
la
La preocupación por
cobrar sus honorarios le llevó a actuar antiéticamente en
numerosas
instancias
sin
consideración
alguna
a
los
intereses de sus clientes o en deferencia a la posición que
ocupaba.
Además, mostró total menosprecio del honor debido
a su cargo en su actitud revanchista frente a un abogado
quien,
en
inhibición.
cumplimiento
con
su
deber,
le
solicitó
la
En resumen, el grueso de la conducta proscrita
despuntó luego de juramentar a su cargo de juez.
A diferencia de lo anterior, la conducta de la juez
Birriel Cardona se limitó a un solo incidente del ejercicio
de la profesión enmarcado en el Canon 27 del Código de
Ética Judicial y posterior a asumir su cargo de juez.
Al
momento de imponerle una sanción leniente a la magistrada,
tomamos en consideración una serie de factores mitigantes
que denotaban que el trámite del proceso administrativo se
vio afectado por los problemas de salud que aquejaron tanto
AD-2015-5
84
a la juez como a su representado.
Igualmente destacamos
que el interés de la juez en todo momento fue proteger los
intereses de su representado y que, de hecho, a través de
su intervención logró que se dejase sin efecto el archivo
de la querella.
Por último, ésta no tenía interés en
continuar participando en el proceso.
Contrastamos
los
caso que nos ocupa.
ante
una
situación
dos
casos
antes
señalados
con
el
Es importante destacar que estamos
novel
en
el
ejercicio
autoridad disciplinaria ético-judicial.
de
nuestra
A pesar de que las
quejas ante nuestra consideración se presentaron luego de
la juez González Rodríguez juramentar a su puesto en la
Judicatura,
la
conducta
totalidad
mientras
práctica
legal,
ésta
censurable
todavía
particularmente
ocurrió
se
casi
en
su
desempeñaba
en
la
trámite
de
durante
el
cerrar su Bufete para juramentar como juez.
Así,
pues,
su
desviación
de
los
postulados
éticos
consistió en que, aparte de la falta de diligencia en el
manejo de los asuntos de los promoventes, tampoco se les
mantuvo
informados
del
estatus
de
sus
casos.
Por
el
contrario, se les hizo creer que sus casos estaban siendo
atendidos cuando no era cierto.
De otra parte, una vez la
juez González Rodríguez cesó sus labores como abogada no
les notificó de esto a los promoventes quienes quedaron en
una especie de limbo jurídico desprovistos de su derecho a
una transición informada y ordenada de sus casos.
AD-2015-5
85
La juez González Rodríguez tampoco fue diligente en
gestionar la oportuna devolución de los expedientes de los
promoventes,
así como
realizado.
Este retraso afectó la posibilidad de sus ex
clientes
en
el dinero
adelantar
la
cobrado por trabajo no
resolución
de
sus
asuntos.
Igualmente, la desatención mostrada por la juez González
Rodríguez a los intentos de comunicación de los promoventes
luego de su juramentación como juez es altamente censurable
y atenta contra la imagen de la profesión legal y de la
Judicatura.
Cabe notar que no se trata en este caso de individuos
pudientes sino personas humildes y trabajadoras quienes,
con
grandes
sacrificios,
lograron
reunir
lo
que
les
representaba mucho dinero, con el fin de poner en orden
asuntos que tenían un gran significado en sus vidas y la de
sus familiares.
Desgraciadamente la mayor parte de los
mismos quedaron pendientes por la falta de recursos.
Atribuimos
proceso
a
la
planificación
las
faltas
éticas
falta
de
control
adecuada
por
parte
señaladas
en
este
y
ausencia
de
una
de
la
González
juez
Rodríguez en el manejo de los casos en su oficina legal.
Por
ejemplo,
los
contratos
con
los
promoventes
fueron
verbales lo que dificultaba determinar las particularidades
del asunto encomendado por los clientes, cuáles gestiones
todavía
quedaban
contabilizar
concluidos.
los
pendientes
de
realizar,
honorarios
pagados
por
así
como
servicios
no
AD-2015-5
A
86
lo
anterior
se
suma
el
proceso
precipitado
y
descuidado del cierre del Bufete de la entonces licenciada
González Rodríguez.
Al parecer no se efectuó un inventario
veraz de los casos con asuntos pendientes en su despacho
legal lo cual dio base a los dilemas éticos que atendemos
hoy.
En esta línea sobresale la parquedad de los términos
del Contrato de Arrendamiento en torno a los clientes que
pasaban a ser representados por la licenciada Soto Mujica.
El
documento
transacción.
nombres
de
carece
de
detalles
esenciales
Concretamente,
no
clientes,
asuntos
los
los
se
a
dicha
identificaron
los
delegados
los
ni
honorarios ya pagados o pendientes de pagar.
Sin embargo, no podemos pasar por alto que la juez
González
Rodríguez
sí
se
ocupó
de
hacer
los
arreglos
necesarios para asegurar la continuidad en los casos de los
doce a quince clientes
Mujica
efectivamente
para quienes
asumió
la
la licenciada Soto
representación
legal.
Tampoco se registraron deficiencias o incidentes con el
resto de los aproximadamente treinta clientes con asuntos
activos del Bufete durante el periodo de transición.14
Igualmente, no estamos ante una conducta que denote
el uso abusivo o negligente de la juez González Rodríguez
de
las
prerrogativas
responsabilidades
de
inherentes
su
cargo
a
su
o
falta
a
las
posición
en
la
Judicatura.
14
Según estipulado por las partes, la licenciada González Rodríguez
estimaba que, al momento de suscribir el Contrato de Arrendamiento, quedaban
aproximadamente cincuenta (50) clientes con asuntos activos en el Bufete.
AD-2015-5
87
Destacamos que es la primera ocasión en que la juez
González
éticos
Rodríguez
desde
de 2001.
su
se
ha
enfrentado
juramentación
a
como
cuestionamientos
abogada
en
Aparte de este caso, su desempeño en su carrera
como litigante y como juez ha sido impecable.
quedó
enero
establecido
que
la
juez
goza
de
una
personal intachable en su entorno social.
Además,
reputación
Igualmente, su
excelente reputación en la comunidad judicial fue validada
por el testimonio estipulado de las juezas Nereida Cortés
González, Lourdes Díaz Velázquez y Ladi Buono de Jesús.
Sumado a lo anterior, las juezas Cortés González y Díaz
Velázquez, Juezas Administradoras en las regiones en que la
Juez González Rodríguez estuvo asignada, indicaron que de
haber
testificado
hubiesen
acreditado
el
alto
grado
de
laboriosidad y competencia profesional demostrado por la
juez González Rodríguez en el ejercicio de su cargo.
Por último, la juez González Rodríguez ha expresado
su
sincero
suscitaron
arrepentimiento
este
trámite
por
los
disciplinario
y
incidentes
que
considera
este
proceso como una experiencia aleccionadora para su futuro
profesional.
VI. Conclusión
Luego
de
evaluar
minuciosamente
las
violaciones
concernidas en el marco de la trayectoria profesional de la
juez González Rodríguez, tanto en su fase de abogada como
en su rol de magistrada, consideramos que no estamos ante
un comportamiento de tal gravedad o magnitud que amerite
AD-2015-5
88
despojarla de la investidura judicial.
A esos efectos,
reconocemos que hemos impuesto la destitución como sanción
“de manera excepcional y ante conductas con un alto grado
de severidad”.
In re Hon. Colón Colón, supra, pág. 749.
Por lo cual decretamos su suspensión inmediata de empleo y
sueldo por un término de cuatro (4) meses.
Además, en la
medida
ordenamos
en
que
no
se
haya
efectuado
aún,
la
devolución a los promoventes de los honorarios pagados por
trabajos no realizados y que se nos acredite lo anterior en
el término de treinta (30) días contados a partir de la
notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.15
Se dictará Sentencia de conformidad.
15
Estas cantidades se desglosan de la siguiente forma: (1) Migdalia Gómez
Correa, tres mil dólares ($3,000.00); Maria E. Colón Rivera, dos mil
cuatrocientos ocho dólares ($2,408.00); Miguel Ángel Burgos Villafañe, dos mil
dólares ($2,000.00), y María del Pilar Rodríguez Carrión, ocho mil dólares
($8,000.00).
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Hon. Gema González Rodríguez,
Juez Superior del Tribunal
de Primera Instancia, Sala
Superior de Fajardo
AD-2015-5
Disciplina
Judicial
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico a 3 de octubre de 2018.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
de esta Sentencia, concluimos que la Juez Gema González
Rodríguez violó los Cánones 18, 19, 20, 35 y 38 de los
Cánones de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX (2012), mas
no el Canon 27 de Ética Profesional ni el Canon 1 de
los Cánones de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B (2012).
A base de lo anterior, decretamos su suspensión
inmediata de empleo y sueldo por un término de cuatro
(4) meses.
Además, en la medida en que no se haya efectuado
aún, ordenamos a la Juez Gema González Rodríguez
devolver a los promoventes los honorarios pagados por
trabajos no realizados y que se nos acredite lo
anterior en el término de treinta (30) días contado a
partir de la notificación de la Opinión Per Curiam que
antecede y de esta Sentencia.
Notifíquese personalmente por conducto
Oficina del Alguacil de este Tribunal.
de
la
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario
del Tribunal Supremo.
La Jueza Asociada señora Pabón
Charneco hace constar que hubiese suspendido por dos
(2) meses.
El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió
una Opinión Disidente a la cual se une la Juez Asociada
AD-2015-5
2
señora Rodríguez Rodríguez. La Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez hace constar la siguiente expresión:
La
Juez
Asociada
señora
Rodríguez
Rodríguez se une a la Opinión Disidente emitida
por el Juez Asociado señor Colón Pérez para el
caso de epígrafe. Hace constar, ello no
obstante,
dos
cosas.
Primero,
que
las
“razones”, “explicaciones” o “justificaciones”
de la mayoría para la sanción que impone son
totalmente inadmisibles e ilusas y producen
sonrojo. Segundo, que la Jueza señora González
Rodríguez parece considerar que sus clientes
son bienes muebles de su propiedad, los cuales
puede vender a su antojo. Nada más lejos de la
verdad.
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no interviene.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
AD-2015-5
Hon. Gema González Rodríguez
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ a la
cual se une la Juez Asociada señora RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de octubre de 2018.
Hoy, una vez más, una mayoría de este Tribunal deja a un
lado el trabajo bien hecho y bien pensado de la Comisión de
Disciplina Judicial, así como sus acertadas recomendaciones,
y opta por sancionar laxamente la conducta de una juez, que - días después de haber sido nombrada a la judicatura, pero
todavía
en
dispuesto
su
en
rol
los
de
abogada
Cánones
18
--
infringió
(competencia
gravemente
del
abogado
lo
y
consejo a su cliente), 19 (deber de mantener informado al
cliente),
20
(renuncia
(colaboración profesional),
38
a
representación
legal),
27
35
(sinceridad
honradez)
y
y
AD-2015-5
2
(preservación del honor y dignidad de la profesión) de Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX, así como el Canon 1 (cumplimiento de
la ley) del Código de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B. De ese
lamentable y ya reiterado proceder, nuevamente disentimos.16
I.
Los
hechos
que
dieron
margen
al
presente
proceso
disciplinario se recogen con particular precisión en la Opinión
Per Curiam que hoy emite este Tribunal, por lo que -- para fines
de nuestro análisis -- adoptaremos los mismos por referencia.
Así pues, tan pronto examinamos detenida y cuidadosamente los
hechos allí narrados, nos percatamos de que estamos ante una
juez, en este caso la Hon. Gema González Rodríguez (en adelante
“la juez González Rodríguez”), que -- días después de haber sido
nombrada a la judicatura, pero todavía en su rol de abogada -no realizó un ejercicio reflexivo, ni un juicio autocrítico,
sobre
las
consecuencias
éticas
que
tendría
su
conducta
profesional ni sobre las repercusiones de la misma sobre cuatro
(4)
familias
quienes,
puertorriqueñas
mientras
ésta
de
fungía
escasos
como
recursos
abogada,
económicos
tocaron
a
sus
puertas en busca de justicia. Una juez que, según se desprende
de los hechos a los que hemos hecho referencia, desplegó un
total desinterés, indiferencia, insensibilidad y desidia hacia
Y es que, en los dos años que llevamos formando parte de este
Tribunal, en la gran mayoría de las instancias en que han estado ante
nuestra consideración procesos disciplinarios contra jueces o juezas el
proceder de este Foro ha sido dejar a un lado las recomendaciones de la
Comisión de Disciplina Judicial y/o el Procurador General.
16
Así por ejemplo, en In re Candelaria Rosa, 197 DPR 445 (2017), 2017
TSPR 29, la Comisión de Disciplina Judicial recomendó el archivo del caso y
este Tribunal optó por suspender al Juez Candelaria Rosa por tres (3) meses;
en In re Hon. Colón Colón, 197 DPR 728 (2017), la Comisión de Disciplina
Judicial recomendó la destitución del Juez Colón Colón y este Tribunal optó
por suspenderlo tan solo por tres meses; y, finalmente en In re Vélez Colón,
198 DPR 575 (2017), 2017 TSPR 133, la Oficina de la Procuradora General
recomendó el archivo del caso y este Tribunal optó por censurar a la Juez
Vélez Colón.
AD-2015-5
los
3
reclamos
de
quienes
hasta
el
momento
previo
a
su
nombramiento a la judicatura habían sido sus clientes.
Y es que, la evidencia testifical y documental en manos de
la Comisión de Disciplina Judicial, la cual fue detallada en el
Informe que el referido organismo le brindó a este Tribunal,
dejó meridianamente establecido que la juez González Rodríguez - días después de haber sido nombrada a la judicatura, pero
todavía
en
su
rol
de
abogada
--
no
llevó
a
cabo
esfuerzos
razonables para comunicarse con los promoventes del presente
proceso disciplinario -- sus antiguos clientes -- y advertirles
sobre su nombramiento a la judicatura, la consecuente renuncia a
la
representación
legal,
la
devolución
de
sus
expedientes
legales, y más importante aún, la devolución de los honorarios
de abogado por los servicios legales no prestados. Sobre lo
antes
expuesto,
no
existe
prueba
en
contrario.
Son
hechos
ciertos.
Particularmente, de la prueba documental y testifical que
desfiló ante la Comisión de Disciplina Judicial claramente se
desprende que, previo a su nombramiento a la judicatura, la juez
González Rodríguez a través de su secretaria legal continuamente
le informaba a sus clientes -- los promoventes del presente
proceso disciplinario -- las gestiones legales que realizaba en
su casos. Sin embargo, luego de su nombramiento a la judicatura,
--
hecho
que
sus
entonces
clientes
terceros
--,
la
referida
juez
los
conocieron
dejó
a
a
través
de
su
suerte
e
inhabilitados para contratar una nueva representación legal que
realizara
las
gestiones
legales
que
ella
no
realizó,
pues
carecían de recursos económicos para ello.
Los testimonios de los cuatro (4) promoventes del caso que
nos ocupa, los cuales le merecieron entera credibilidad a la
AD-2015-5
4
Comisión
de
Disciplina
Judicial,
dejaron
diáfanamente
establecido que éstos y éstas no recibieron comunicación alguna
de
parte
de
la
juez
González
Rodríguez
para
notificarle
el
estado de sus casos, los trámites que restaban por llevarse a
cabo, su nombramiento judicial, y/o coordinar la devolución de
sus expedientes legales y de los honorarios de abogado pagados
por servicios no prestados.
No empece a lo anterior, y a sabiendas de que no tuvo
comunicación efectiva con todos sus clientes, surge de la prueba
ante nos que la juez González Rodríguez cedió, unilateralmente y
mediante
contrato,
a
la
licenciada
Cristal
Soto
Mujica
la
custodia de expedientes legales con información personal de los
promoventes del presente litigio, haciéndole creer a ésta que
eran
expedientes
de
asuntos
terminados.
La
juez
González
Rodríguez aparentemente se concentró únicamente en los trámites
relacionados a su nombramiento judicial y utilizó el mes y medio
que
tenía
a
su
haber
–-
tiempo
transcurrido
entre
su
nombramiento y su posterior confirmación17 -- no para llevar a
cabo una ordenada transición en protección de los derechos de
sus
clientes,
sino
para
exclusivamente
planificar
el
otorgamiento de un Contrato de Arrendamiento en el que pactaría
“la venta de la cartera de clientes y expedientes del Bufete”
por la suma de $24,000. Dicho contrato tenía el claro propósito
no
sólo
de
cederle
la
17
El
28
noviembre
de
tenencia
de
física
2012
y
la
custodia
licenciada
de
los
González
Rodríguez fue nominada como Jueza Superior, el 10 de diciembre
de 2012 fue confirmada al cargo de Jueza Superior y el 11 de
enero de 2013 juramentó al cargo judicial.
AD-2015-5
5
expedientes
legales
a
la
licenciada
Soto
Mujica,
sino
de
delegarle a esta última la responsabilidad profesional sobre sus
clientes.
De
dicho
proceder
surge
de
manera
manifiesta
la
existencia de un palmario y claro ánimo de lucro de parte de la
juez González Rodríguez.
En esa dirección, y en total abstracción de la normativa
ética que regía su conducta profesional, en los comentarios
escritos
que
presentó
disciplinario,
la
como
juez
parte
de
González
este
procedimiento
Rodríguez
reafirmó
expresamente que “vendió” todos sus clientes a la licenciada
Soto Mujica por la suma global de $24,000, transfiriendo así - a su errado juicio -- su responsabilidad profesional
con los promoventes
para
del
presente proceso disciplinario.18 En la medida en que la
juez González Rodríguez no se comunicó con los promoventes del
18
Particularmente, en los comentarios presentados sobre las cuatro
quejas encontradas en su contra, la juez González Rodríguez esbozó la
siguiente argumentación:
Como es natural luego de ser nombrada y antes de
comenzar
funciones,
hice
todas
las
gestiones
encaminadas a cerrar mi oficina como abogada de la
práctica
privada.
Como
parte
de
esas
gestiones,
mediante Contrato de Arrendamiento de 21 de diciembre
de 2012 arrendé la propiedad donde ubica mi oficina
legal a la Lic. Cristal Soto Mujica. Asimismo, la
Lic.
Soto
Mujica
y
yo
acordamos
que
aquella
adquiriría “…la cartera de expedientes y clientes del
Bufete…”
por
la
suma
de
veinticuatro
mil
dólares
($24,000). Esa transacción consideró la totalidad de
los clientes, casos, gestiones y asuntos que, a esa
fecha,
estuviesen
pendientes
de
final
disposición.
AD-2015-5
6
presente proceso disciplinario previo a otorgar el Contrato de
Arrendamiento, la responsabilidad hacia éstos y éstas jamás fue
cedida a la licenciada Soto Mujica.
_________________________________________________________________
Así
pues,
para
la
fecha
en
que
las
partes
suscribieron el Contrato de Arrendamiento y venta de
cartera de clientes, el asunto que alude la [señora
Colón Rivera, señora Gómez Correa, señora Rodríguez
Carrión] en su comunicación figuraba como parte de
los
asuntos
pendientes
de
la
cartera
de
clientes
adquiridos por la Lic. Soto Mujica. Desde entonces,
todos
los
expedientes
pasaron
a
estar
bajo
la
exclusiva custodia y control de la Lic. Soto Mujica,
quien, desde ese momento se haría cargo de continuar
con
los
trámites
que
requiriesen
los
asuntos
Debemos
hacer
constar
poco
tiempo
pendientes.
después
de
que
se
suscribió
Arrendamiento”
entre
la
suscribiente,
[señora
Colón
Correa,
señora
Rodríguez
que
“Contrato
de
Soto
Mujica
y
la
Rivera,
señora
Gómez
Lic.
el
Carrión]
fue
notificada
sobre el hecho de que la Lic. Soto Mujica habría de
hacerse cargo de los casos que estaban pendientes.
Véase, Comentarios escritos de la Hon. Gema González
Rodríguez el 8 de diciembre de 2014 sobre la queja de
la señora Rodríguez Carrión, el 9 de marzo de 2015
sobre la queja de la señora Colón Rivera y el 17 de
abril
de
2015
sobre
la
queja
de
la
señora
Correa. Véase, Comparecencia Especial, pág. 31.
Gómez
AD-2015-5
7
Aceptar
como
defensa
o
eximente
de
responsabilidad
disciplinaria, tal y como la juez González Rodríguez postula,
que el proceso de nombramiento judicial fue uno acelerado y que
se dio en medio de días festivos, representaría proveerle a esta
juez una protección especial por el hecho de llevar consigo una
toga y le relevaría de la responsabilidad profesional que este
Tribunal les ha exigido, sin cortapisas, a otros miembros de la
profesión legal. Ello no es posible. No lo es, al menos para el
juez que suscribe.
En ese sentido, una vez la juez González Rodríguez se enteró
de que había sido nombrada a la judicatura, debió haber previsto
que podía ser confirmada para ocupar dicho cargo, por lo que, al
menos de manera preventiva, debió haber diseñado un proceso de
transición ordenado de su rol de abogada al cargo de juez, ello
en cumplimiento con los estándares éticos que rigen a todos los
miembros de la profesión legal. Sin embargo, ésta no lo hizo. Lo
anterior se agrava si tomamos en consideración que desde que
ésta advino en conocimiento de su nombramiento judicial hasta
que finalmente juramentó como Juez Superior, transcurrió casi un
mes
y
clientes
medio,19
y
tiempo
dar
cumplimiento
por
con
suficiente
terminada
los
la
para
comunicarse
relación
requerimientos
de
con
abogado-cliente
nuestro
sus
en
ordenamiento
deontológico.
Por último, precisa señalar también que, de los testimonios
vertidos por los promoventes del presente proceso disciplinario
durante
las
vistas
celebradas
por
la
Comisión
de
Disciplina
Judicial, claramente se desprende que éstos, en todo momento,
depositaron
19
su
entera
confianza
en
la
Véase, nota al calce núm. 2.
representación
que
al
AD-2015-5
8
momento de ser contratada le hizo la entonces licenciada Gema
González
Rodríguez.
Dicha
confianza,
según
ellos
mismos
testificaron, quedó gravemente lacerada, en la medida en que
recibieron una total desatención y/o menosprecio de parte de la
hoy juez González Rodríguez una vez ésta comenzó a ejercer sus
funciones judiciales.
Sobre este particular, y según se desprende de los hechos
que forman parte de la Opinión Per Curiam que hoy emite este
Tribunal, la juez González Rodríguez determinó cruzarse de brazos
e insistir en que la responsabilidad para con sus representados
era exclusivamente de la licenciada Soto Mujica, a quien ésta
alegadamente
le
había
cedido
expedientes
del
Bufete”.
Al
González
Rodríguez
hizo
su
“cartera
de
clientes
actuar
de
esa
manera,
la
despliegue
de
una
enorme
falta
y
juez
de
sensibilidad, consideración y empatía hacia estas personas de
escasos
recursos
económicos,
elementos
indispensables
en
el
carácter de todo miembro de la judicatura para el logro de la
consecución de la justicia.
Sin lugar a dudas, con su comportamiento, la juez González
Rodríguez afectó de forma significativa la percepción pública de
la profesión de la abogacía, así como también de la función
judicial.
Toda
vez
que
Tribunal
haya
tenido
la
similar
a
incurrida
la
preguntamos
entonces,
no
existe
un
precedente
oportunidad
de
evaluar
por
la
juez
González
¿debe
un
miembro
de
la
donde
una
este
conducta
Rodríguez,
nos
judicatura
que
incurre en un comportamiento tan perjudicial, y en detrimento de
quienes fueron sus clientes, formar parte de nuestro sistema
judicial, y tener a su cargo la encomiable función de impartir
justicia?
A
juicio
nuestro,
una
persona
que
demuestra
tal
desapego a las normas básicas de la ética profesional y judicial
AD-2015-5
9
no merece continuar ocupando un cargo en nuestra judicatura, y
amerita también su suspensión del ejercicio de la abogacía.
Es, pues, por todo lo anterior que, contrario a lo que hoy
decide una mayoría de este Tribunal, somos de la opinión que en
el presente caso -- tal y como lo recomendó la Comisión de
Disciplina Judicial -- procedía la destitución de la Hon. Gema
González Rodríguez del cargo de Juez Superior y su suspensión
indefinida del ejercicio de la abogacía por su grave infracción a
lo dispuesto en los Cánones 18, 19, 20, 27, 35 y 38 de Ética
Profesional, supra, así como el Canon 1 del Código de Ética
Judicial, supra.20
20
En lo pertinente, los Cánones 18, 19, 20, 27, 35 y 38
de Ética Profesional, supra, disponen lo siguiente,
El Canon 18 de Ética Profesional postula que, “[s]erá
impropio de un abogado asumir una representación profesional
cuando está consciente de que no puede rendir una labor
idónea competente y que no puede prepararse adecuadamente
sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su
cliente o a la administración de la justicia”. Canon 18 del
Código de Ética Profesional, supra.
De
otra
parte,
el
Canon
19
de
Ética
Profesional
establece que, “[e]l abogado debe mantener a su cliente
siempre informado de todo asunto importante que surja en el
desarrollo del caso que le ha sido encomendado”. Canon 19
del Código de Ética Profesional, supra.
En cuanto a la renuncia de representación legal el Canon 20
indica que:
AD-2015-5
10
_________________________________________________________________
Antes de renunciar la representación de
su
cliente
el
abogado
debe
tomar
aquellas
medidas razonables que eviten perjuicio a los
derechos de su cliente tales como notificar
de ello al cliente; aconsejarle debidamente
sobre
la
necesidad
de
legal
cuando
representación
una
nueva
ello
sea
necesario; concederle tiempo para conseguir
una nueva representación legal; aconsejarle
sobre la fecha límite de cualquier término de
ley que pueda afectar su causa de acción o
para la radicación de cualquier escrito que
le
pueda
favorecer;
y
el
cumplimiento
de
cualquier otra disposición legal del tribunal
al respecto, incluyendo la notificación al
tribunal de la última dirección conocida de
su representado.
Al ser efectiva la renuncia del abogado
debe
hacerle
entrega
del
expediente
a
su
cliente y de todo documento relacionado con
el caso y reembolsar inmediatamente cualquier
cantidad adelantada que le haya sido pagada
en honorarios por servicios que no se han
prestado.
Canon
20
Profesional, supra.
del
Código
de
Ética
AD-2015-5
11
_________________________________________________________________
Por otro lado, en lo referente al deber de colaboración
profesional y diversidad de opiniones del abogado o abogada, el
Canon 27 del Código de Ética Profesional postula que, “[u]n
abogado o una firma legal no debe asociar a otro abogado en la
defensa de los intereses de su cliente sin obtener previamente
el consentimiento de éste para ello y hasta entonces no puede
divulgar
al
otro
abogado
confidencias
o
secretos
de
dicho
cliente”. Canon 27 del Código de Ética Profesional, supra.
Por su parte, el Canon 35 del Código de Ética Profesional,
sobre el deber de sinceridad y honradez, establece que, “la
conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los
tribunales, para con sus representados y en las relaciones con
sus compañeros debe ser sincera y honrada”. Canon 35 del Código
de Ética Profesional, supra.
En cuanto a la preservación del honor y dignidad de la
abogacía el Canon 38 del Código de Ética Profesional indica que,
“[e]l abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en
la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el
así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta
la apariencia de conducta profesional impropia”. Canon 38 del
Código de Ética Profesional, supra.
Finalmente, el Canon 1 del Código de Ética Judicial postula
que, “[l]as juezas y los jueces respetarán y cumplirán la ley y
serán fieles al juramento de su cargo”. Canon 1 del Código de
Ética Judicial, supra.
AD-2015-5
12
La delicada función de impartir justicia en protección de
los derechos de la ciudadanos y ciudadanas que en nuestro País
habitan,
solamente
debe
recaer
en
quienes
hayan
tenido
un
desempeño profesional caracterizado por un despliegue continuo
de imperativos éticos como la
prudencia,
la
eficiencia,
responsabilidad, el respeto, la
la
sensibilidad
y
la
honradez,
generadores de confianza pública y, a su vez, ejes centrales y
esenciales
justicia
para
en
el
el
fortalecimiento
País.
La
de
carencia
las
de
instituciones
principios
de
éticos
fundamentales, como los aludidos, atenta no sólo contra los
cimientos del Sistema Judicial, sino que también quebranta la
imagen de la judicatura ante la ciudadanía.21
II.
Dicho ello, sólo nos resta mencionar que estamos ante otro
proceso disciplinario en contra de una juez que ejemplifica lo
que desde hace un tiempo hemos venido señalando, a saber:
[l]a falta de uniformidad y proporcionalidad
que ha permeado por años en este Alto Foro al
momento de imponer sanciones disciplinarias a
jueces y juezas, así como a abogadas y abogados, y
que, se ha sostenido, -- de una forma muy
particular --, en los últimos pronunciamientos de
este Tribunal en lo que al tema de la ética
judicial se refiere. In re Hon. Colón Colón, 197
DPR 738, 786 (2017) (Colón Pérez, op. disidente).
Véase, además, In re Carballo Nogueras, 198 DPR
739, 783 (2017), 2017 TSPR 143 (Colón Pérez, op.
disidente); In re Candelaria Rosa, 197 DPR 445,
490 (2017) (Colón Pérez, op. disidente).
Así
las
insistimos
21
cosas,
en
que
tal
es
como
momento
lo
hemos
de
hecho
estudiar
en
y
el
pasado,
repensar
el
Sigfrido Steidel Figueroa, Ética de los jueces: Apuntes
sobre su objeto y metodología, VI Ethos Gubernamental, Revista
del Centro para el Desarrollo para el Pensamiento Ético, 217
(2008-2009).
AD-2015-5
13
ordenamiento deontológico que rige la conducta de los abogados y
abogadas, así como el de los jueces y juezas, en aras de cumplir
-- de manera uniforme y proporcional
-- con la facultad
constitucional
este
e
inherente
que
tiene
Tribunal
de
reglamentar la profesión. Estamos seguros de que los jueces y
juezas
que
componen
la
Rama
Judicial
de
Puerto
Rico,
los
abogados y abogadas que en ella practican, así como la comunidad
en general, lo agradecerán.
III.
Por los fundamentos antes expuestos, disentimos, pues, del
curso de acción seguido por una mayoría de este Tribunal y, en
consecuencia, -- tal y como recomendó la Comisión de Disciplina
Judicial -- hubiésemos decretado la destitución de la Hon. Gema
González Rodríguez del cargo de Juez Superior y su suspensión
indefinida del ejercicio de la abogacía.
Ángel Colón Pérez
Juez Asociado