LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Hon. Gema González Rodríguez, Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo

2018 TSPR 165

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Hon. Gema González Rodríguez, Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo

AD-2015-5

Disciplina Judicial: Suspensión inmediata de cuatro meses de empleo y sueldo como jueza superior por quebrantar los Cánones 18, 19, 20, 35 y 38 de Ética Profesional.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2018 TSPR 165

Hon. Gema González Rodríguez

Jueza Superior del Tribunal

Superior de Fajardo

201 DPR ____

Número del Caso: AD-2015-5

Fecha:

3 de octubre de 2018

Comisión de Disciplina Judicial

Oficina de Asuntos Legales

Oficina de Administración de los Tribunales:

Lcda. Cristina Guerra Cáceres

Lcda. Ana Lorena Duque García

Lcda. Carmen Pesante Martínez

Abogado de la parte querellada:

Lcdo. Virgilio Mainardi Peralta

Lcdo. José Rivera Rodríguez

Lcdo. Luis M. García Tous

Materia: Disciplina Judicial: Suspensión inmediata de cuatro meses de

empleo y sueldo como jueza superior por quebrantar los Cánones 18, 19, 20,

35 y 38 de Ética Profesional.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que

está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y

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electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Hon. Gema González Rodríguez,

Juez Superior del Tribunal

de Primera Instancia, Sala

Superior de Fajardo

AD-2015-5

Disciplina

Judicial

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de octubre de 2018.

Debemos examinar, desde una perspectiva ética,

la

conducta

de

una

juez

ante

algunos

de

sus

representados durante el proceso de transición de la

práctica

privada

a

la

judicatura,

además

de

su

comportamiento frente a estos ex clientes luego de

ser confirmada a su puesto.

normativa

aplicable,

Según establecido en la

evaluaremos

las

faltas

éticas

imputadas en este caso a la luz de los preceptos

consignados, tanto en el Código de Ética Profesional,

4 LPRA Ap. IX (2012), como en el Canon 1 del Código

de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B (2012) (Canon 1).

AD-2015-5

3

I. TRASFONDO PROCESAL

El procedimiento disciplinario en contra de la juez

Gema

Rodríguez1

González

interpuestas

por

la

Sra.

se

inició

Migdalia

con

Gómez

las

quejas

Correa

(señora

Gómez Correa), la Sra. María E. Colón Rivera (señora Colón

Rivera),

el

Villafañe)

(señora

Sr.

Miguel

y la

Burgos

Villafañe

Sra. María del

Rodríguez

Carrión)

(señor

Burgos

Pilar Rodríguez Carrión

(en

conjunto,

promoventes),

todos ellos clientes de la juez González Rodríguez mientras

ésta

ejercía

como

abogada

a

los

decir,

previo

reclamos

de

en

la

práctica

privada.

juramentar

como

Juez

promoventes

son

similares

Es

Superior.

Los

entre

sí

y

surgieron como resultado del manejo de sus casos en el

proceso

utilizado

por

la

juez

González

Rodríguez

para

cerrar su oficina profesional en diciembre de 2012, por

motivo de su nombramiento judicial.

Luego de los trámites

de rigor, se presentó una Querella en contra de la juez

González

Rodríguez

donde

se

le

imputó

violación

a

los

Cánones 18, 19, 20, 27, 35 y 38 de Ética Profesional,

4 LPRA Ap. IX (2012), así como el Canon 1.

Específicamente, se le atribuyó no informarle a los

promoventes de su nombramiento y que, por lo tanto, se

vería

impedida

de

continuar

representándoles

ocupara su puesto en la judicatura.

una

vez

Igualmente, se le

imputó no completar las gestiones legales para las cuales

1

En adelante nos referiremos a la querellada como “juez González

Rodríguez" o como “licenciada González Rodríguez”, dependiendo del momento en

que ocurrieron los hechos aludidos.

AD-2015-5

4

fue contratada por los promoventes.

la

situación

Asimismo,

procesal

de

sus

no rindió cuentas de

incurridos

hasta

entonces.

Tampoco les comunicó

casos

a

ese

los gastos y

Tampoco

momento.

honorarios

reembolsó

aquellas

sumas pagadas en exceso por trabajo no realizado, y no

devolvió

los

atribuyó,

expedientes

además,

la

a

sus

cesión

ex

de

clientes.

los

Se

asuntos

de

le

los

promoventes a otra abogada, así como la custodia de los

expedientes

correspondientes,

sin

obtener

previa de los que eran sus representados.

autorización

Por último, como

parte de la Querella, se incluyeron violaciones al Canon 1

por la desidia e indiferencia mostrada hacia los reclamos

de

los

promoventes

en

torno

a

la

devolución

de

los

honorarios por los trámites no realizados.

Oportunamente se celebró una vista evidenciaria ante

la Comisión de Disciplina Judicial (Comisión).

Previo al

desfile de prueba, los representantes legales de la Oficina

de Administración de los Tribunales (OAT), así como los de

la juez González Rodríguez, estipularon: (1) una extensa

lista de hechos relevantes a las controversias asociadas al

proceso disciplinario; (2) el testimonio de tres testigos

de reputación a favor de la juez González Rodríguez quienes

dieron fe de su honestidad, integridad y rectitud moral,

así como de la imagen y reputación intachables de las que

ésta

goza

en

la

comunidad;

(3)

prueba

documental

concerniente al Contrato de Arrendamiento suscrito entre la

juez González Rodríguez y la

Lcda. Cristal

Soto Mujica

AD-2015-5

5

(licenciada Soto Mujica) el 21 de diciembre de 2012, y (4)

prueba acreditativa del pago de honorarios de abogado a la

licenciada González Rodríguez por parte de los promoventes.

Durante la vista antes indicada declararon los cuatro

promoventes y la licenciada Soto Mujica.

Al finalizar el

interrogatorio, las partes estipularon el testimonio de las

Juezas Nereida Cortés González, Lourdes Díaz Velázquez y

Ladi Buono de Jesús a los efectos de que la juez González

Rodríguez goza de una excelente reputación en la comunidad

judicial.

Una vez concluida la vista, el caso quedó sometido

ante la Comisión y las partes presentaron sus memorandos de

derecho en apoyo a sus respectivas posiciones.

La Comisión

rindió

denegó

entonces

su

Informe

y

posteriormente

la

solicitud de reconsideración de la juez González Rodríguez.

A base de las estipulaciones de hechos, el testimonio

estipulado y presencial, así como de la prueba documental

acordada

entre

Determinaciones

Informe

es

las

de

partes,

Hechos

meticuloso

y

la

Comisión

para

nuestra

recoge

con

sometió

sus

atención.

El

gran

detalle

los

incidentes relevantes a las quejas presentadas por cada uno

de los promoventes.

Consideramos, por consiguiente, que

las Determinaciones de Hechos merecen nuestra deferencia y

adoptamos, aunque no necesariamente de manera literal y con

ciertas modificaciones, aquellas que entendemos pertinentes

para disponer de los señalamientos que pesan en contra de

la

juez

González

Rodríguez.

Dada

la

seriedad

y

AD-2015-5

6

multiplicidad

de

imputaciones

éticas,

estimamos

que

los

hechos en este caso, aunque extensos, son esenciales para

cumplir de manera juiciosa con nuestra tarea disciplinaria.

Oportunamente, la juez González Rodríguez y la OAT

nos sometieron sus escritos en torno al Informe de manera

que estamos en posición de resolver.

II. DETERMINACIONES DE HECHOS

La licenciada González Rodríguez ejerce la profesión

legal desde el año 2001.

A partir de ese mismo año, y

hasta el año 2012, laboró en el Bufete Del Valle Rodríguez

y Asociados (Bufete), ubicado en el Municipio de Canóvanas.

Entre

los

años

propietaria,

2008

“sole

al

2012

fungió

practitioner”

y

como

única

dueña,

abogada

del

Bufete.

Durante ese periodo la licenciada González Rodríguez era

quien

mantenía

el

control

de

los

casos,

los

asuntos

administrativos y las gestiones pendientes en el despacho

legal.

Para ese mismo periodo, la Sra. Katherine Trenche

(señora

Trenche)

se

desempeñaba

como

Rodríguez

y,

secretaria

licenciada

González

necesario,

se

le

impartían

instrucciones

comunicase

a

los

clientes

asuntos

privilegiados.

conforme

de

la

resultara

para

que

le

y

no

específicos

Además, la asistía en tareas delegadas.

El 28 de noviembre de 2012, la licenciada González

Rodríguez fue nominada como Juez Superior y confirmada al

cargo el 10 de diciembre de 2012.

la

licenciada

Superior.

González

Rodríguez

El 11 de enero de 2013

juramentó

como

Juez

AD-2015-5

7

En diciembre de 2012, tras ser nominada para el cargo

de Juez Superior, la licenciada González Rodríguez condujo

negociaciones con la licenciada Soto Mujica con miras a

que, por una suma determinada de dinero, ésta adquiriese la

cartera de clientes con asuntos activos en el Bufete a esa

fecha

y

estaba

ubicado

Soto

Mujica

sólo

conocía a la licenciada González Rodríguez de vista.

No

mismo.

arrendara

A

ese

el

edificio

momento,

la

donde

licenciada

el

fue hasta el periodo entre noviembre y diciembre de 2012,

cuando

comenzaron

a

dialogar

sobre

la

posibilidad

de

alquilar la oficina, que la licenciada Soto Mujica tuvo

contacto más directo con la licenciada González Rodríguez.

La licenciada González Rodríguez solicitó a la señora

Trenche que la asistiera en contactar a los clientes para

notificarles sobre su inminente cesación de la práctica

privada, así como de las negociaciones con la licenciada

Soto Mujica.

Durante este proceso la licenciada González

Rodríguez no envió comunicaciones escritas a los clientes.

La licenciada González Rodríguez reconoce que no procedió

de forma uniforme en las gestiones de contacto con los

clientes con asuntos activos ni en la consignación de tales

gestiones mediante anotaciones en los expedientes legales.

Previo

a

firmar

el

contrato

de

arrendamiento,

la

licenciada González Rodríguez citó a la licenciada Soto

Mujica a su oficina con el propósito de ambas reunirse con

algunos de sus clientes e informarles que ya no continuaría

a cargo de su representación legal, pero les recomendaría

AD-2015-5

8

los servicios de la licenciada Soto Mujica.

La licenciada

González Rodríguez estuvo a cargo de coordinar esta reunión

y contactar a los clientes.

La licenciada Soto Mujica no

intervino en este trámite.

El día de la reunión se iban

atendiendo los clientes individualmente para discutir sus

asuntos.

La licenciada González Rodríguez, con expediente

en mano, les explicaba los pormenores de cada caso, el

estatus del mismo y las gestiones que quedaban pendientes.

Finalmente, les informaba que había sido nombrada juez y no

podía

continuar

con

su

representación

legal,

pero

les

recomendaba a la licenciada Soto Mujica para que asumiera

su representación a los fines de completar los trabajos

restantes.

En

ese

momento,

los

clientes

indicaban

si

estaban de acuerdo o no en aceptar a la licenciada Soto

Mujica como su abogada.

balance

pendiente

licenciada

Soto

De éstos acceder, pagarían el

por

concepto

Mujica.

La

de

honorarios

licenciada

Soto

a

la

Mujica

testificó que ese día fueron entrevistados aproximadamente

entre

doce

(12)

a

quince

(15)

clientes

y

que

todos

adeudaban alguna suma por concepto de honorarios, cantidad

que se mencionaba durante cada entrevista.

El 21 de diciembre de 2012 la licenciada González

Rodríguez

y

la

licenciada

Soto

Mujica

suscribieron

un

Contrato de Arrendamiento.

Como parte del acuerdo pactaron

que

Mujica

la

licenciada

arrendamiento

de

Soto

dos

mensuales por el local.

mil

pagaría

quinientos

un

dólares

canon

de

($2,500.00)

Acordaron además que, al firmar el

AD-2015-5

9

contrato, la licenciada Soto Mujica pagaría a la licenciada

González

Rodríguez

veinticuatro

mil dólares

($24,000.00)

por “la cartera de expedientes y clientes del Bufete”.

Durante las negociaciones previas y al otorgarse el

Contrato de Arrendamiento, ni la licenciada Soto Mujica ni

la licenciada González Rodríguez realizaron un inventario

escrito de los casos activos que compondrían “la cartera de

clientes y expedientes del bufete”.

Rodríguez

definió

el

término

La licenciada González

“cartera

de

clientes

y

expedientes del bufete” como la totalidad de las causas con

asuntos

pendientes

declaró

la

Comisión,

en

el

licenciada

el

pago

Bufete.

Soto

acordado

Mujica

de

Por

en

su

la

parte,

vista

veinticuatro

mil

según

ante

la

dólares

($24,000.00) correspondía, a su entender, a los casos de

los clientes con los que ella se había reunido previamente

junto a la licenciada González Rodríguez y que aún tenían

balance de pago pendiente por honorarios.

El Contrato de Arrendamiento estaría vigente desde el

7 de enero de 2013 hasta el 7 de enero de 2014.

Para fines

del contrato, se consideró la totalidad de clientes, casos,

gestiones y asuntos que, a esa fecha, estuviesen pendientes

de disposición final. Sin embargo, en el documento no se

identificaron clientes ni se hizo mención del número de

representados con asuntos aún pendientes de tramitar.

pues,

no

pagadas

se

en

aludió

a

los

promoventes,

calidad

de

honorarios

de

las

Así

cantidades

abogados,

o

los

trámites legales pendientes en sus respectivos asuntos.

De

AD-2015-5

10

otra parte, conforme estipulado por las partes, a pesar de

que la licenciada González Rodríguez no podía precisar con

exactitud la cantidad de clientes del Bufete con asuntos

activos a la fecha de la firma del contrato, según su mejor

recuerdo, los estimó en aproximadamente cincuenta (50).

El día en que se firmó el Contrato de Arrendamiento,

la licenciada González Rodríguez le informó a la licenciada

Soto Mujica que en el área que ella ocupaba en el Bufete

quedaban

expedientes

instrucciones

a

la

clientes

para

que

preguntó

si

tenía

inactivos

señora

pasaran

y

que

Trenche

de

a

objeción

le

contactar

recogerlos.

con

que

había

dado

a

los

Asimismo,

le

estos

expedientes

permanecieran allí.

La licenciada Soto Mujica respondió no

tener

puesto

inconveniente

espacio de la oficina.

que

no

pensaba

utilizar

ese

Más bien se encontraba habilitando

otra área para dedicarla a su práctica legal.

Además, lo

vislumbró como una oportunidad para ofrecer sus servicios a

los clientes de la licenciada González Rodríguez cuando

éstos pasaran a recoger sus expedientes.

Según declaró la licenciada Soto Mujica, el día en

que se firmó el contrato, la licenciada González Rodríguez

le indicó que los expedientes de los clientes para los

cuales

asumiría

representación

legal

serían

los

que

se

encontraban en el archivo grande de tres gavetas ubicado

detrás de la secretaria en el área de la entrada de la

oficina.

expedientes.

Éstos

constaban

Entre

los

de

casos

alrededor

que

de

pasarían

quince

a

ser

AD-2015-5

11

responsabilidad de la licenciada Soto Mujica había asuntos

que aún no se habían presentado en el tribunal tales como,

expedientes de dominio y declaratorias de herederos, debido

a que quedaba pendiente algún trámite o porque el cliente

no había entregado todos los documentos necesarios.

Para

efectos

de

la

licenciada

Soto

Mujica

sus

clientes iban a ser aquellas personas con los que ella y la

licenciada González Rodríguez se habían reunido previo a

firmar el contrato el 21 de diciembre de 2012 y únicamente

retuvo sus expedientes.

A diciembre de 2012 la licenciada

Soto Mujica no conocía a ninguno de los promoventes.

Las partes estipularon que el 7 de enero de 2013 la

licenciada González Rodríguez entregó la custodia y control

de algunos expedientes legales a la licenciada Soto Mujica.

Ese mismo día la licenciada Soto Mujica tomó posesión de la

oficina y de todo su contenido.

Aunque quedaron algunos

expedientes restantes en el despacho legal, la licenciada

Soto Mujica nunca los tocó por no ser suyos.

La señora

Trenche continuó como su secretaria una vez ésta se hizo

cargo de la oficina.

Durante su testimonio en la vista evidenciaria, la

licenciada Soto Mujica expresó estar de acuerdo en que el

contrato suscrito con la licenciada González Rodríguez se

prestaba a malas interpretaciones.

Especificó que fue la

licenciada González Rodríguez quien se hizo cargo de la

redacción del documento.

AD-2015-5

12

A. Sobre la Queja de la Sra. Migdalia Gómez Correa

La señora Gómez Correa es enfermera práctica y reside

hace más de veinte

(20) años en Jacksonville, Florida.

Tanto la señora Gómez Correa como su hermano, el Sr. José

Gómez Correa (señor Gómez Correa), interesaban formalizar

las gestiones correspondientes para que el terreno que sus

abuelos le habían regalado a su madre y la residencia en la

que

esta

última

residió

por

más

de

treinta

(30)

años,

constaran a nombre de su progenitora mediante escritura

pública.

Para ello, a finales de abril del 2012 acudieron

a la oficina de la licenciada González Rodríguez.

Luego de

una orientación, contrataron verbalmente los servicios de

la

licenciada

expediente

de

González

dominio

a

Rodríguez

favor

de

para

su

tramitar

madre

y

un

pactaron

honorarios legales de seis mil dólares ($6,000.00).

La

señora Gómez Correa testificó que la licenciada González

Rodríguez le indicó que comenzaría a trabajar en el caso

tan pronto le abonaran el cincuenta por ciento (50%) de los

honorarios acordados.

Entre

los

documentos

que

se

le

entregaron

a

la

licenciada González Rodríguez se encontraban la escritura

mediante la cual los abuelos de la señora Gómez Correa

habían

adquirido

la

división de solares.

propiedad,

así

como

un

plano

de

Al momento de contratar los servicios

de la licenciada González Rodríguez, acordaron que toda

comunicación sobre el caso se efectuaría a través de la

señora Gómez Correa debido a la avanzada edad de su mamá.

AD-2015-5

13

Después de esa primera reunión, el 7 de mayo de 2012

la señora Gómez Correa regresó al despacho para entregar un

pago parcial de honorarios de tres mil dólares ($3,000.00).

En esa ocasión la atendió la señora Trenche.

reuniones

entre

la

licenciada

González

No hubo otras

Rodríguez

y

los

miembros de la familia Gómez Correa.

Entre mayo de 2012 a diciembre de 2012, la señora

Gómez Correa no recibió ninguna llamada telefónica de parte

de la licenciada González Rodríguez, ni del personal de su

oficina.

Tampoco medió reunión alguna con la licenciada

González Rodríguez.

Por su parte, la señora Gómez Correa

sí se comunicó con la oficina de la licenciada González

Rodríguez por lo menos en dos (2) o tres (3) ocasiones en

las que habló con su secretaria, la señora Trenche, quien

siempre le indicaba que se estaba trabajando en su caso.

En diciembre de 2012 la licenciada González Rodríguez

no remitió comunicación escrita a ninguno de los miembros

de la familia Gómez Correa para notificarle que había sido

nombrada

juez,

se

encontraba

en

negociaciones

con

la

licenciada Soto Mujica o para devolverle el expediente o

los honorarios

no devengados.

Tampoco la señora Gómez

Correa tuvo comunicación o se reunió con la licenciada Soto

Mujica durante diciembre de 2012.

Para la fecha de su

nombramiento judicial, la licenciada González Rodríguez no

había culminado los trámites legales contratados con los

miembros de la familia Gómez Correa, por carecer de la

documentación complementaria necesaria.

AD-2015-5

14

En el 2013, la señora Gómez Correa se comunicó con la

oficina de la licenciada González Rodríguez y la atendió

una secretaria nueva.

La señora Gómez Correa se sorprendió

y le explicó la razón de su llamada.

En ese momento la

secretaria le informó que la licenciada González Rodríguez

ya no estaba y que la licenciada Soto Mujica era la nueva

abogada a cargo de la oficina.

La señora Gómez Correa

solicitó entonces hablar o reunirse con la licenciada Soto

Mujica para preguntarle qué había sucedido con su caso.

Para mediados de 2013, la licenciada Soto Mujica y

los miembros de la familia Gómez Correa se reunieron en

varias ocasiones para dialogar sobre su contrato con la

licenciada González Rodríguez.

La licenciada Soto Mujica

les informó que ella era la nueva abogada en la oficina y

desconocía

los

detalles

de

su

caso

y

del

arreglo

profesional con la licenciada González Rodríguez.

Al examinar el expediente, la licenciada Soto Mujica

observó que no surgía que se hubiese llevado a cabo ningún

trámite

en

el

caso

y

que

solamente

se

encontraban

un

estudio de título y la hoja con los datos de la señora

Gómez

Correa.

La

licenciada

Soto

Mujica

se

ofreció

entonces a efectuar los trámites previamente contratados

con la licenciada González Rodríguez a cambio de tres mil

dólares ($3,000.00), más costas y gastos en consideración

de que esa era la cantidad restante del acuerdo previo de

honorarios.

Además, la licenciada Soto Mujica requirió un

adelanto de seiscientos dólares ($600.00) para comenzar a

AD-2015-5

15

trabajar en el caso.

Los miembros de la familia Gómez

Correa declinaron la propuesta indicando que la licenciada

González Rodríguez les había expresado que serían solamente

seis

mil

dólares

decidieron

dejar

($6,000.00)

el

en

expediente

total.

en

No

la

obstante,

oficina

de

la

licenciada Soto Mujica pues iban a intentar comunicarse con

la juez González Rodríguez.

Expirado

el

año

de

vigencia

del

Contrato

de

Arrendamiento, la licenciada Soto Mujica mudó su despacho a

un

lugar

cercano

expedientes.

licenciada

llevándose

consigo

algunos

de

los

El resto quedó en la antigua oficina de la

González

Rodríguez.

Antes

de

marcharse,

la

licenciada Soto Mujica hizo gestiones para comunicarse con

los clientes que no tenían asuntos pendientes para que

pasaran a recoger sus expedientes.

De

otra

parte,

decidió

llevarse

clientes

con

aunque

únicamente

los

que

la

licenciada

aquellos

había

Soto

expedientes

establecido

una

Mujica

de

los

relación

contractual, optó por incluir el expediente de la señora

Gómez

Correa

pasaran

a

puesto

que

recogerlo.

conversación

le

habían

tramitara

el

expediente

pudiesen

recuperar

el

no

logró

Además,

comunicarse

durante

el

para

curso

de

la

en

que

se

a

que

a

la

manifestado

interés

de

condicionado

dominio,

dinero

que

habían

que

pagado

licenciada González Rodríguez.

En mayo de 2014, la señora Gómez Correa envió una

carta a la entonces juez González Rodríguez para inquirirle

AD-2015-5

16

sobre su caso y solicitar la devolución de los tres mil

dólares ($3,000.00) para poder tramitar el expediente de

dominio.

Envió

la

carta

por

correo

certificado

a

dirección postal conocida en Canóvanas, Puerto Rico.

comunicación

le

fue

devuelta

después de un mes y medio.

la

licenciada

nombramiento

judicial.

la

señora

Gómez

Esta

Correa

Tras recibirla, la señora Gómez

Correa se comunicó nuevamente

ocupaba

a

la

con la oficina

González

En

esa

Rodríguez

ocasión

legal

previo

le

que

a

su

contestó

la

señora Trenche, quien le explicó la razón por la cual su

carta no había sido reclamada en el correo, sugiriéndole

que la enviara nuevamente, esta vez por correo ordinario.

Así lo hizo y esa vez la carta no fue devuelta.

Sin

embargo, la señora Gómez Correa no recibió respuesta a su

misiva.

Luego de conocer la nueva ubicación de la oficina de

la licenciada Soto Mujica los miembros de la familia Gómez

Correa se reunieron nuevamente con ésta.

En esa ocasión le

informaron las gestiones realizadas para contactar a la

juez

González

Rodríguez

mediante

carta

y

llamadas

telefónicas al tribunal, sin haber logrado comunicación con

ella.

Asimismo, le hicieron saber su decisión de llevarse

el expediente del caso.

Días después, la licenciada Soto Mujica recibió una

llamada del Lcdo. Marcelino Ruiz Corujo (licenciado Ruiz

Corujo),

Correa.

de

parte

Como

de

los

resultado

miembros

de

de

dicha

la

familia

Gómez

comunicación,

la

AD-2015-5

17

licenciada Soto Mujica le envió un correo electrónico al

licenciado Ruiz Corujo explicándole el contrato entre ella

y la juez González Rodríguez.

También le indicó que no

consideraba a éstos como sus clientes.

Finalmente, no se llegó a un acuerdo entre la señora

Gómez

Correa

y

continuara con

la

licenciada

Soto

Mujica

los trámites legales que le

para

que

habían sido

encomendados a la licenciada y hoy juez González Rodríguez.

El expediente de este asunto estuvo en la oficina de

la licenciada Soto Mujica hasta el 17 de julio de 2014,

cuando se le entregó al hermano de la señora Gómez Correa.

La señora Gómez

Correa tuvo

entonces la

oportunidad de

examinarlo y pudo observar que no se había hecho nada en su

caso.

Sólo contenía la hoja de información.

Observó,

además, que ni las escrituras ni el plano de división del

terreno que ella había entregado estaban en el expediente.

El

Corujo

17

le

González

de

septiembre

remitió

Rodríguez

una

de

2014,

comunicación

solicitándole

honorarios no devengados.

la

el

licenciado

escrita

Ruiz

a

la

juez

devolución

de

los

Posteriormente, el licenciado

Ruiz Corujo y la juez González Rodríguez se comunicaron

telefónicamente.

resultado

por

Estas

lo

que

gestiones

la

señora

no

produjeron

Gómez

Correa

ningún

decidió

comunicarse directamente con la juez González Rodríguez en

el Tribunal de Ponce, donde entendía que estaba asignada.

En esa ocasión logró hablar con la secretaria de la juez

González

Rodríguez

mientras

estuvo

asignada

a

dicho

AD-2015-5

18

tribunal,

quien

le

facilitó

el

número

telefónico

Tribunal de Fajardo, donde podía localizarla.

del

La señora

Gómez Correa intentó comunicarse al Tribunal de Fajardo

para preguntarle

recibido

su

a la

juez

González Rodríguez

correspondencia

donde

le

si había

solicitaba

la

devolución del dinero pagado, pero no obtuvo respuesta.

Al

momento

de

la

vista

evidenciaria

del

presente

proceso disciplinario los servicios legales contratados con

la juez González Rodríguez no se habían realizado porque la

señora Gomez Correa no contaba con los recursos económicos

para pagarle a otro abogado.

Según declaró la señora Gómez

Correa, no tiene queja alguna en cuanto al trato que le

brindó en un principio la licenciada González Rodríguez,

sin embargo, tras haber sido nombrada juez, no se comunicó

con ellos “nos dejó como en la nada, no pudimos hacer

nada”.

Transcripción de Vista Evidenciaria, pág. 52.

B. Sobre la Queja de la Sra. María E. Colón Rivera

La

señora

Colón

Rivera

es

una

reside en el pueblo de Canóvanas.

maestra

retirada

y

La señora Colón Rivera

acudió a la oficina de la licenciada González Rodríguez

porque interesaba segregar en dos solares una finca que le

habían regalado.

En la primera visita, la señora Colón

Rivera le explicó la situación a la secretaria y luego

discutió el asunto con la licenciada González Rodríguez.

En

el

verbalmente

2012,

a

la

la

señora

licenciada

Colón

González

Rivera

contrató

Rodríguez

para

efectuar los servicios legales relacionados al otorgamiento

AD-2015-5

19

de las dos escrituras de segregación a cambio de dos mil

cuatrocientos

ocho

dólares

señora Colón Rivera pagó.

Rivera

entregó

($2,408.00),

los

cuales

la

Inicialmente, la señora Colón

quinientos

dólares

($500.00)

y

posteriormente fue haciendo abonos mensuales y realizando

gestiones relacionadas con su caso.

Le entregaba los pagos

a

preparaba

la

señora

Trenche,

quien

le

los

recibos

correspondientes.

El último pago, y con el que saldó la

totalidad

honorarios

de

los

pactados,

fue

efectuado

el

30 de octubre de 2012.

Entre el periodo comprendido desde este último pago y

diciembre

de

2012,

la

señora

Colón

comunicación

alguna

de

parte

Rodríguez.

Tampoco se reunió con ésta durante diciembre

de

la

Rivera

no

recibió

licenciada

González

de 2012.

Al 21 de diciembre de 2012, los servicios legales de

la señora Colón Rivera, los cuales habían sido previamente

pagados,

se

encontraban

pendientes

de

carecer

la

licenciada

González

Rodríguez

documentación

necesaria.

Por

lado,

González

Rodríguez

no

le

otro

remitió

realizarse

ninguna

la

de

por

la

licenciada

comunicación

escrita a la señora Colón Rivera para notificarle sobre su

nombramiento judicial y que estaba en negociaciones con la

licenciada Soto Mujica.

de Arrendamiento

Tampoco se consignó en el Contrato

la cantidad de

honorarios pagados.

A

diciembre de 2012, la licenciada González Rodríguez no le

ofreció a la señora Colón Rivera devolverle los honorarios

AD-2015-5

20

no devengados o el expediente legal.

Tampoco le informó

que

para

hiciera

falta

algún

documento

efectuar

los

trámites legales acordados.

Para septiembre de 2013, la señora Colón Rivera acudió

al local donde previamente había estado ubicada la oficina

de la licenciada González Rodríguez con el propósito de

informarle sobre las dificultades que estaba confrontando

en conseguir información necesaria para tramitar su caso.

Al

personarse,

la

señora

Trenche

le

indicó

que

la

licenciada González Rodríguez había sido nombrada juez y se

encontraba en el Tribunal de Fajardo.

En ese momento la

señora Colón Rivera le cuestionó qué iba a suceder con los

trabajos acordados y pagados en su totalidad.

La señora

Trenche le informó que la juez González Rodríguez había

pactado con la licenciada Soto Mujica para que ésta se

hiciera cargo de continuar con sus casos.

La señora Colón

Rivera expresó que eso era imposible pues no conocía a la

licenciada

Soto

Mujica,

había

pagado

el

trabajo

y

le

correspondía a ella decidir sobre la contratación de otra

abogada.

Finalmente,

número

teléfono

de

la

para

señora

que

se

Trenche

le

comunicase

proveyó

con

la

un

juez

González Rodríguez y le explicó cómo llegar a la oficina de

la licenciada Soto Mujica.

La señora Colón Rivera declaró ante la Comisión que

pudo comunicarse con la juez González Rodríguez y ésta le

indicó que la licenciada Soto Mujica continuaría con su

AD-2015-5

caso.

21

La señora Colón Rivera cuestionó esta aseveración

puesto que no conocía a la licenciada Soto Mujica.

La señora Colón Rivera visitó entonces la oficina de

la licenciada Soto Mujica.

Sin embargo, la licenciada Soto

Mujica le informó que no podía realizar gestión alguna en

aquellos casos en que se habían saldado los honorarios de

la licenciada González Rodríguez.

Por lo que, de interesar

sus servicios, tendría que pagar sus honorarios.

Debido a

que

trabajos

se

le

requirió

costear

nuevamente

los

pendientes, la señora Colón Rivera no llegó a un acuerdo

con la licenciada Soto Mujica.

Luego de la reunión con la licenciada Soto Mujica, la

señora Colón Rivera intentó comunicarse en varias ocasiones

con

la

juez

González

Rodríguez

a

través

de

llamadas

telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos.

Su

interés era conocer qué sucedería con su caso y que se le

devolviese

el

acordados.

Entre sus gestiones, la señora Colón Rivera

redactó

carta

una

dinero

y

de

se

no

realizarse

personó

al

los

Centro

trabajos

Judicial

de

Fajardo para entregarla a la juez González Rodríguez.

La

hizo llegar a través de un alguacil.

Asimismo, le entregó

una

para

copia

de

la

carta

al

alguacil

firmarse

evidencia de recibo. Se le devolvió firmada.

como

La señora

Colón Rivera testificó que, a pesar de todos sus intentos,

nunca recibió respuesta de la juez González Rodríguez.

En el año 2014 la secretaria de la licenciada Soto

Mujica le entregó el expediente a la señora Colón Rivera.

AD-2015-5

22

Al examinarlo, ésta observó que sólo contenía un papel con

la información sobre los honorarios a ser pagados.

acuerdo

con

su

evidenciaria

testimonio,

ante

la

a

Comisión

la

fecha

los

de

la

trámites

De

vista

legales

contratados con la juez González Rodríguez estaban todavía

pendientes porque no contaba con recursos económicos para

pagarle a otro abogado, además de otras dificultades que se

le habían presentado.

C. Sobre la Queja del Sr. Miguel Ángel Burgos

Villafañe

El señor Burgos Villafañe se desempeña como ministro

ordenado

y

reside

en

Lehigh

alrededor de seis (6) años.

Acres,

Florida

desde

hace

En el año 2011 el señor Burgos

Villafañe contrató verbalmente los servicios legales de la

licenciada González Rodríguez a los fines de examinar la

posibilidad de impugnar un testamento.

El señor Burgos

Villafañe le indicó a la licenciada González Rodríguez que

existía otro testamento otorgado ante el Lcdo. Juan Del

Valle, ya para entonces fallecido.

Ese mismo día el señor Burgos Villafañe contrató los

servicios de la licenciada González Rodríguez y le dio un

adelanto de dos mil dólares ($2,000.00) por concepto de

honorarios de abogado.

De igual forma, en esa fecha le

entregó todos los documentos que la licenciada González

Rodríguez

le

requirió,

tales

como

certificados

de

nacimiento, certificados de defunción, testamento, entre

otros.

AD-2015-5

23

Después de contratar los servicios de la licenciada

González Rodríguez, el señor Burgos Villafañe regresó al

estado de Florida y desde allá llamaba constantemente para

conocer el estatus de su caso.

Cuando se comunicaba, la

señora Trenche lo atendía y en todo momento le indicaba que

se estaba trabajando en el caso.

licenciada González

Rodríguez

El 7 de marzo de 2011, la

gestionó una Certificación

Negativa o Acreditativa de Testamento.

se expidió el 18 de marzo de 2011.

Dicha certificación

El 31 de marzo de 2011,

la licenciada González Rodríguez le cursó una comunicación

a la notaria autorizante del testamento que se pretendía

impugnar solicitándole una reunión.

Durante

Rodríguez

señor

diciembre

no

le

Burgos

de

remitió

la

licenciada

comunicación

Villafañe

nombramiento judicial.

2012

para

escrita

notificarle

González

alguna

al

sobre

su

Tampoco le informó que estaba en

negociaciones con la licenciada Soto Mujica.

Además, ni la

licenciada Soto Mujica ni la licenciada González Rodríguez

consignaron en el Contrato de Arrendamiento los honorarios

pagados.

momento

El señor Burgos Villafañe declaró que en ningún

la

licenciada

González

Rodríguez

solicitó

su

consentimiento para referirle su caso a la licenciada Soto

Mujica.

Ello

a

pesar

de

que

la

información necesaria para contactarlo.

letrada

tenía

la

Según estipulado,

a diciembre de 2012, la licenciada González Rodríguez no

ofreció

devolverle

expediente legal.

los

honorarios

no

devengados

ni

el

AD-2015-5

Fue

24

para

el

año

2013,

tras

comunicarse

con

su

anterior oficina legal, que el señor Burgos Villafañe tuvo

conocimiento de que la licenciada González Rodríguez había

sido nombrada juez.

Según atestó, la señora Trenche le

indicó que no se preocupara porque en adelante su caso iba

a

ser

atendido

por

la

licenciada

Soto

Mujica.

Posteriormente, el señor Burgos Vilafañe se comunicó con la

oficina de la licenciada Soto Mujica.

Lo atendió otra

secretaria quien le informó que para que la licenciada Soto

Mujica pudiera atender su caso tenía que regresar a Puerto

Rico, contratarla y pagar sus honorarios.

Tiempo

después

el

señor

Burgos

Villafañe

pudo

dialogar por teléfono con la licenciada Soto Mujica.

Ésta

le indicó que no atendía ese tipo de casos, ya no ocupaba

la

antigua

oficina

de

la

juez

González

Rodríguez

y

desconocía dónde se encontraba el expediente de su caso.

La entonces secretaria de la licenciada Soto

comunicó

con

desempeñaba

la

como

señora

Trenche,

secretaria

del

Mujica se

quien

al

momento

se

abogado

que

ocupaba

la

antigua oficina de la juez González Rodríguez, para que

verificara si el expediente del señor Burgos Villafañe se

encontraba allí.

Días después, la señora Trenche logró

localizar el expediente y se lo entregó a la secretaria de

la licenciada Soto Mujica.

Finalmente, en el año 2015 la

oficina

Soto

de

la

licenciada

Mujica

le

entregó

el

expediente del señor Burgos Villafañe a un familiar suyo.

Al examinar el expediente, el señor Burgos Villafañe pudo

AD-2015-5

25

percatarse de que sólo contenía los documentos que él le

había

facilitado

a

la

licenciada

González

alrededor de dos o tres hojas adicionales.

Rodríguez

y

El señor Burgos

Villafañe no había tenido la oportunidad de examinar el

contenido del expediente previo a recibirlo.

El

señor

Burgos

Villafañe

intentó

entonces

comunicarse con la juez González Rodríguez. Inicialmente

llamó al Tribunal de Ponce y allí dejó un mensaje en inglés

en la extensión de la juez González Rodríguez.

Proveyó su

nombre, así como la información necesaria para que se le

devolviese la llamada.

El señor Burgos Villafañe indicó

que al poco tiempo recibió una llamada del mismo número al

que había intentado contactar a la juez González Rodríguez

y

le

engancharon,

contestaron.

contactarla

secretaria.

por

Luego,

al

lo

el

Tribunal

que

llamó

nuevamente

señor

Burgos

Villafañe

de

Fajardo

donde

habló

pero

no

intentó

con

su

Le solicitó que por favor la juez González

Rodríguez se comunicara con él y le notificó su número de

teléfono en Florida y en Puerto Rico.

Además, el señor

Burgos Villafañe le envió una carta a la juez González

Rodríguez al Tribunal de Fajardo solicitando una reunión.

Nuevamente proveyó su información de contacto.

A pesar de

todas sus gestiones, la juez González Rodríguez nunca se

comunicó con él.

Finalmente, el señor Burgos Villafañe

tuvo que hacer arreglos para contratar nueva representación

legal.

AD-2015-5

26

D. Sobre la Queja de la Sra. María del Pilar Rodríguez

Carrión

La

señora

Rodríguez

Carrión

se

desempeña

como

Asistente de Servicios al Estudiante en el Programa de

Educación

Especial

y

Contrató

verbalmente

reside

los

en

el

Municipio

servicios

de

de

la

Loíza.

licenciada

González Rodríguez para que se realizaran las siguientes

gestiones: tramitación judicial de cuatro declaratorias de

herederos;

tramitación

de

cuatro

planillas

de

caudal

relicto correspondiente a cada causante; presentación de

tales declaratorias de herederos y relevos de Hacienda ante

el Registro de la Propiedad; otorgamiento de una instancia

para

inscripción

testada;

caudal

del

tramitación

relicto

derecho

de

la

hereditario

por

correspondiente

correspondiente

al

sucesión

planilla

testador

de

causante;

presentación de una instancia y Relevo de Hacienda ante el

Registro de la Propiedad; otorgamiento de escritura para

inscripción de dominio y proceso judicial de desahucio.

Los

honorarios

Rodríguez

ascendieron

de

Carrión

a

ocho

abogado

y

la

mil

pactados

licenciada

dólares

entre

la

González

($8,000.00),

señora

Rodríguez

los

cuales

fueron pagados en su totalidad.

La señora Rodríguez Carrión interesaba, además, que

se preparara una escritura de su propiedad.

Conforme a lo

anterior, la licenciada González Rodríguez la orientó sobre

las gestiones que era preciso realizar ya que la propiedad

estaba

ubicada

en

una

finca

que

no

estaba

consintió en hacerse cargo de la escritura.

segregada

y

Más adelante,

AD-2015-5

27

surgió otro asunto relacionado con otras declaratorias de

herederos.

La

accedió

hacerse

a

licenciada

cargo

González

Rodríguez

también

de

los

trámites

legales

Carrión

se

correspondientes.

La

señora

Rodríguez

comunicaba

periódicamente con la oficina de la licenciada González

Rodríguez para darle seguimiento a los casos; podía llamar

hasta

semanalmente.

informaba

que

Cada

todo

se

vez

que

encontraba

preguntaba

presentado

se

le

ante

el

Tribunal y había que esperar a que el juez dispusiera del

asunto.

Esa era la misma información que le brindaba la

propia licenciada González Rodríguez cuando coincidían en

sus visitas al Bufete.

La relación abogado cliente entre la señora Rodríguez

Carrión

y

la

licenciada

González

Rodríguez

desde el año 2008 hasta el año 2012.

se

extendió

Durante el periodo de

abril de 2012 a diciembre de 2012, la señora Rodríguez

Carrión

no

recibió

comunicación

licenciada González Rodríguez.

acordado

la

última

alguna

de

parte

de

la

Tiempo después de haberse

contratación,

la

señora

Rodríguez

Carrión se enteró, por haberlo visto en las noticias, que

la licenciada González Rodríguez iba a ser nombrada juez.

Llamó, entonces, a la oficina y la señora Trenche le indicó

que debía pasar por el despacho legal para dialogar con la

licenciada

González

Rodríguez.

Así

pues,

la

señora

Rodríguez Carrión se personó al Bufete en diciembre de 2012

y se reunió con la licenciada González Rodríguez.

En ese

AD-2015-5

28

momento la señora Rodríguez Carrión le cuestionó qué iba a

suceder

con

sus

casos

que

aún

estaban

pendientes.

La

licenciada González Rodríguez respondió que se encontraba

en el proceso de buscar quién se hiciera cargo de éstos.

La

señora

Rodríguez

Carrión

interés

en

conocer al abogado o abogada que atendería sus asuntos.

La

licenciada

vez

González

le

Rodríguez

expresó

quedó

su

en

que

una

seleccionara a esa persona, citaría a la señora Rodríguez

Carrión para informarle los acuerdos alcanzados.

Tras esta

reunión, la señora Rodríguez Carrión se mantuvo en espera

de que la licenciada González Rodríguez la citara.

embargo,

no

volvió

a

saber

de

la

licenciada

Sin

González

Rodríguez.

A diciembre de 2012, la licenciada González Rodríguez

no remitió una comunicación escrita a la señora Rodríguez

Carrión para notificarle que había sido nombrada juez y que

estaba

en

negociaciones

con

la

licenciada

Soto

Mujica.

Tampoco ofreció devolverle los honorarios no devengados o

el expediente legal.

Cuando

la

señora

Rodríguez

Carrión

regresó

a

la

oficina de la licenciada González Rodríguez para conocer

sobre

el

estatus

de

sus

casos,

se

licenciada Soto Mujica estaba a cargo.

Carrión

pidió

conocer

qué

entrevistarse

había

sucedido

encontró

que

la

La señora Rodríguez

con

ella

porque

interesaba

con

sus

asuntos.

Como

la

licenciada Soto Mujica desconocía las gestiones para las

cuales

la

licenciada

González

Rodríguez

había

sido

AD-2015-5

29

contratada, solicitó que se buscara el expediente, el cual

apareció en los archivos que pertenecían a la licenciada

González Rodríguez.

Tras examinarlo, la licenciada Soto

Mujica

no

observó

que

se

desprendía

que

se

hubiese

presentado trámite alguno en el tribunal y que sólo se

encontraban

varios

certificados

certificaciones

negativas

de

Soto Mujica le

solicitó

entonces

de

nacimiento

testamento.

y

La

licenciada

a la señora

Rodríguez

Carrión que le indicara cuáles eran los servicios acordados

con la licenciada González Rodríguez ya que no surgían del

expediente.

trataba

según

de

le

La señora Rodríguez Carrión explicó que se

unas

declaratorias

habían

informado,

tribunal.

de

herederos

estaban

las

pendientes

cuales,

ante

el

Entonces, la licenciada Soto Mujica verificó con

la señora Trenche, quien le reveló que no se había sometido

nada en el tribunal.

Una vez la licenciada Soto Mujica le

participó esta información a la señora Rodríguez Carrión,

ésta

preguntó

por

el

dinero

que

le

había

pagado

a

la

licenciada González Rodríguez puesto que siempre le habían

informado que las declaratorias de herederos se encontraban

en proceso.

Debido a que la señora Rodríguez Carrión y su familia

eran

personas

Mujica

se

de

ofreció

escasos

a

recursos,

tramitar

la

la

licenciada

instancia

Soto

registral

y

algunas declaratorias de herederos sin cobrar honorarios

adicionales

con

la

condición

gastos por concepto de sellos.

de

que

ésta

asumiera

los

La señora Rodríguez Carrión

AD-2015-5

30

objetó porque ya había pagado por esos trabajos y porque

iba

a

procurar

que

la

juez

González

Rodríguez

le

restituyera los honorarios abonados.

La señora Rodríguez Carrión llamó en varias ocasiones

a la juez González Rodríguez, pero ésta no contestó sus

llamadas.

También le envió mensajes de texto sin obtener

respuesta.

Así

las cosas, la

señora Rodríguez Carrión

decidió enviar una carta por correo certificado en la que

cuestionó

el

por

qué

su

caso

no

se

había

trabajado

e

informó que había dialogado con la licenciada Soto Mujica.

Dos

o

tres

semanas

después,

la

Rodríguez se comunicó con ella.

entonces

juez

González

Durante esta conversación

la señora Rodríguez Carrión le preguntó sobre los trámites

relacionados con su caso ya que tras visitar la oficina y

reunirse con la licenciada Soto Mujica, no aparecía que se

hubiese realizado gestión alguna.

Añadió que la propia

secretaria le había manifestado que el trabajo no se había

llevado a cabo, razón por la cual ella interesaba saber qué

iba

a

durante

suceder.

la

vista

La

señora

Rodríguez

evidenciaria

que

Carrión

testificó

la

González

juez

Rodríguez le pidió que consiguiera el expediente para ella

poder resolver los asuntos que habían quedado pendientes.

La señora Rodríguez Carrión contactó entonces a la

secretaria de la licenciada Soto Mujica para solicitar su

expediente.

Una vez

lo consiguió, la señora

Rodríguez

Carrión intentó comunicarse en varias ocasiones con la juez

AD-2015-5

31

González

Rodríguez

a

través

de

llamadas

telefónicas

y

mensajes de texto sin éxito alguno.

Aunque la juez González Rodríguez no respondió a los

intentos de comunicación de la señora Rodríguez Carrión, sí

solicitó una reunión con la licenciada Soto Mujica para

dialogar sobre los casos de la señora Rodríguez Carrión y

cómo

podían

atenderse.

licenciada

Soto

Una

Mujica

vez

reiteró

lograron

su

reunirse,

disponibilidad

la

para

gestionar pro bono las declaratorias de herederos.

A base

de

Mujica

ello,

acordaron

que

la

licenciada

Soto

descontaría del canon de arrendamiento mensual del Bufete

los gastos por concepto de sellos correspondientes a estas

gestiones.

Por último, convinieron que la licenciada Soto

Mujica no asumiría la representación legal en los asuntos

relacionados con el pleito de

desahucio

resolvieran

las

de

momento,

licenciada

la

declaratorias

Soto

hasta tanto se

herederos.

Mujica

se

En

ese

con

la

reuniría

señora Rodríguez Carrión para evaluar los pormenores del

caso y decidir: si se haría cargo de este asunto y, de así

hacerlo,

cuáles

serían

sus

honorarios.

Aclaró,

embargo, que esto sería mediante un contrato aparte.

eventualidad

de

la

licenciada

Soto

Mujica

sin

En la

asumir

la

representación en el pleito de desahucio, correspondería a

la

señora

Rodríguez

Carrión

comunicarse

con

la

juez

González Rodríguez para que ésta determinara cómo habría de

cubrir los honorarios.

Es decir, si sería a través de

cheque

crédito

o

mediante

un

al

canon

mensual

de

AD-2015-5

32

arrendamiento tal como habían

acordado

con el

gasto de

sellos.

La relación abogada cliente entre la licenciada Soto

Mujica y la señora Rodríguez Carrión surgió a partir del

año 2013, con posterioridad a que la licenciada González

Rodríguez asumiera el cargo de juez.

Para efectos de la

licenciada

profesional

Soto

Mujica,

su

relación

con

la

señora Rodríguez Carrión se concretó en el momento en que

la juez González Rodríguez cubrió los gastos en sellos.

Después de la reunión con la juez González Rodríguez,

la licenciada Soto Mujica le informó a la señora Rodríguez

Carrión que se haría cargo de gestionar las declaratorias

de herederos.

decidió

Por tal razón, la señora Rodríguez Carrión

mantener

su

expediente

en

la

oficina

de

la

licenciada Soto Mujica, pero únicamente para propósitos del

trámite de las declaratorias de herederos.

Asimismo, tuvo

que gestionar nuevamente la expedición de los documentos

requeridos

para

este

proceso.

Según

testificó

la

licenciada Soto Mujica, las declaratorias de herederos no

se habían presentado en el tribunal.

Lo único que halló en

el expediente fue un borrador de la planilla de caudal

relicto,

así

solicitarse

como

otros

nuevamente

por

documentos

haber

que

tuvieron

transcurrido

que

demasiado

tiempo desde su expedición.

A la fecha de la vista evidenciaria todavía quedaba

pendiente

la

segregación

porque

faltaban

algunas

declaratorias de herederos, aunque ya se habían tramitado

AD-2015-5

33

en su mayoría.

Las restantes gestiones necesarias para

completar los asuntos acordados originalmente con la juez

González Rodríguez no se pudieron llevar a cabo porque la

licenciada Soto Mujica requería el pago de honorarios para

efectuarlos.

La licenciada Soto Mujica señaló que desconocía si se

llegó

a

presentar

el

pleito

de

desahucio.

Indicó

que

declinó asumir la representación de la señora Rodríguez

Carrión en relación con este caso porque para entonces su

comunicación con la juez González Rodríguez había cesado

por completo.

E. Contestación de la Juez González Rodríguez Ofrecimiento de Pago

En respuesta a las quejas presentadas por las señoras

Gómez Correa, Colón Rivera y Rodríguez Carrión la juez

González

Rodríguez

indicó,

comenzar

funciones

como

en

Juez

síntesis,

que

previo

Superior

realizó

a

varias

gestiones encaminadas a cerrar su oficina como abogada en

la práctica privada.

Arrendamiento

con

Entre ellas, suscribió un Contrato de

la

licenciada

Soto

Mujica

el

21

de

diciembre de 2012 mediante el cual esta última arrendó la

propiedad donde ubicaba el despacho legal y adquirió la

cartera de expedientes y clientes del Bufete por la suma de

veinticuatro mil dólares ($24,000.00).

Expuso que dicha

transacción “consideró la totalidad de los clientes, casos,

gestiones,

y

asuntos

que,

a

pendientes de final disposición”.

esa

fecha,

estuviesen

Concluyó que, conforme a

lo anterior, los asuntos aludidos por las promoventes en

AD-2015-5

34

sus respectivas quejas formaban parte de

la

cartera de

clientes adquirida por la licenciada Soto Mujica y, por lo

tanto, le correspondía a ésta hacerse cargo de los trámites

que todavía requerían sus asuntos.

De

otra

parte,

en

la

contestación

a

la

queja

presentada por el señor Burgos Villafañe, la juez González

Rodríguez pormenorizó las gestiones que realizó, previo a

su nombramiento en la judicatura, en torno a su encomienda.

Argumentó

que

dichos

trámites,

los

cuales

fueron

exhaustivos, estuvieron cubiertos por la cantidad que pagó

el promovente.

Sostuvo, además, que desde el 2013 el señor

Burgos Villafañe conocía que los asuntos pendientes del

Bufete habían quedado a cargo de la licenciada Soto Mujica,

por lo cual, de interesar continuar con los mismos, tenía

que discutir con ésta los pasos a seguir.

Es

menester

señalar

que,

según

estipulado

por

las

partes, en febrero y marzo de 2016, es decir entre ocho

meses a un año y medio después de haberse presentado las

quejas,

la

juez

representación

totalidad

de

promoventes,

Carrión,

a

González

legal,

los

ofreció

honorarios

excepto

quien

Rodríguez,

le

en

depositar

que

cuanto

ofreció

a

le

a

sólo

la

través

de

su

en

OAT

la

pagado

los

la

habían

señora

tres

mil

Rodríguez

quinientos

dólares ($3,500.00) de los ocho mil dólares ($8,000.00) que

ésta le había entregado.

dispuesta a recibirlos.

Sin embargo, la OAT no estuvo

AD-2015-5

35

F. Conclusiones de la Comisión

La Comisión encontró probadas todas las violaciones

éticas enumeradas en la Querella.

Las atribuyó a la manera

atropellada en que la licenciada González Rodríguez llevó a

cabo la transición de abogada a juez la cual caracterizó de

desorganizada y descuidada.

Notó, además, que la

juez

González Rodríguez no efectuó las gestiones legales que

había acordado con los promoventes contraviniendo de este

modo

su

deber

depositada

carecer

por

de

de

diligencia

y

sus

clientes.

Añadió

documentación

truncando

pertinente

la

confianza

el

hecho

de

eximía

de

que,

no

le

responsabilidad frente a los promoventes puesto que cuando

éstos se comunicaban con la oficina para indagar sobre el

estatus de sus asuntos se les informaba que se estaban

trabajando.

razonables

Además,

para

tampoco

advertirles

se

que

realizaron

los

trámites

esfuerzos

no

podían

progresar sin los documentos pertinentes.

Asimismo, la Comisión determinó que la juez González

Rodríguez

incumplió

con

su

deber

de

notificarle

a

los

promoventes su inhabilidad de continuar representándoles;

informarles

la

situación

devolverles

sin

dilación

la

parte

adelantados

por

gestiones

no

realizadas,

expedientes de sus casos.

de

sus

respectivos

de

los

asuntos,

y

honorarios

así

como

los

Peor aún, una vez ocupó su cargo

de juez, ignoró los reclamos de estos ex clientes para que

les

devolviera

expedientes.

los

honorarios

Además,

la

no

inacción

devengados

en

y

sus

atender

los

AD-2015-5

36

requerimientos de quienes fueron sus representados afectó

la

tramitación

recursos

de

sus

económicos

acciones

pues

no

contaban

para

contratar

nueva

la

Comisión

concluyó

con

representación

legal.

Del

González

mismo

modo

Rodríguez

licenciada

Soto

promoventes.

cedió

Mujica

sus

sin

casos

la

y

que

la

expedientes

anuencia

previa

de

juez

a

la

los

En este sentido percibió que, en lugar de

velar por los intereses particulares de sus clientes, los

esfuerzos de la juez González Rodríguez en ese momento iban

dirigidos

más

bien

a

procurar

un

arreglo

económico

satisfactorio a cambio de su “cartera de clientes”.

En consideración a la seriedad de las violaciones, el

comportamiento antiético repetido, así como el menoscabo a

la imagen de la judicatura y a la profesión de la abogacía

el

Comité

recomendó

su

destitución

del

cargo

de

Juez

Superior y su suspensión indefinida del ejercicio de la

abogacía.

Por su parte, la juez González Rodríguez, a través de

su representación legal, sometió su respuesta al Informe de

la Comisión donde cuestionó algunas de las determinaciones

referentes a violaciones éticas, así como la severidad de

la sanción recomendada.

Planteó que la destitución del

cargo judicial, además de la separación del ejercicio de la

abogacía, no guardan correspondencia con los precedentes de

este Tribunal.

AD-2015-5

37

III. DERECHO APLICABLE

En

el

mandato

ensamblaje

gubernamental

constitucional,

la

establecido

judicatura

tiene

fundamental en su función de impartir justicia.

un

por

rol

A su vez,

la legitimidad de la institución que representan los jueces

depende,

en

gran

medida,

de

que

los

miembros

que

la

conforman exhiban una conducta ejemplar en todo momento

modelada

acorde

a

los

principios

éticos

que

comportamiento como profesionales del Derecho.

rigen

su

Los jueces

encarnan la imagen de la Rama Judicial y su comportamiento

desacertado lacera la percepción pública y la confianza en

la institución que juramentaron servir.

Dado

el

sitial

nuestro

entorno

afecta

es

privilegiado

social,

necesariamente

la

que

ocupa

reglamentación

una

rigurosa

en

un

juez

en

ética

que

le

extremo.

Su

conducta está sujeta a una fiscalización meticulosa en todo

momento y vienen llamados a modelar con su ejemplo.

Es por

ello que todo abogado que aspira a ocupar un cargo judicial

debe contar con un desempeño profesional caracterizado por

la excelencia ética.

Es decir, debe distinguirse como fiel

cumplidor de los postulados de integridad y servicio a la

justicia.

La

autoridad

procedimientos

exclusiva

disciplinarios

para

atinentes

juezas del Tribunal de Primera

atender

a

los

Instancia, así

los

jueces

y

como del

Tribunal de Apelaciones, recae sobre este Foro por mandato

constitucional.

Art. V, Sec. 11, Const. PR, LPRA, Tomo 1

AD-2015-5

(2016).

38

In re Hon. Colón Colón, 197 DPR 728 (2017); In re

González

Porrata-Doria,

Candelaria

Rosa,

197

197

DPR

DPR

445

683

(2017);

In

In

Acevedo

(2017);

re

re

Hernández, 194 DPR 344 (2015); In re Quiñones Artau, 193

DPR 356 (2015).

Acorde con este cometido, aprobamos los Cánones de

Ética Judicial donde fijamos unas reglas mínimas que rigen

la conducta de aquellos que tienen el honor de servir como

parte de la Judicatura en nuestra Isla.

tiene

como

propósito

preservar

la

Esta normativa

confianza

de

la

ciudadanía en el sistema de justicia a la vez de afianzar

la

independencia

judicial,

componente

fundamental

nuestro sistema democrático de gobierno.

de

Preámbulo de los

Cánones de Ética Judicial de 2005, 4 LPRA Ap. IV-B (2012).

Véanse,

González

además,

In

re

Porrata-Doria,

Hon.

Colón

supra;

In

Colón,

re

supra;

Candelaria

In

re

Rosa,

supra.

El Art. 6.001 de la Ley de la Judicatura del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201-2003, 4

LPRA sec. 25i (2010) (Ley Núm. 201-2003), establece que

todo juez o jueza del Tribunal de Primera Instancia y del

Tribunal

Ética

de

Apelaciones

Judicial,

reglamentación

medidas

los

a

contravenga

Cánones

de

administrativa

disciplinarias.

violaciones

que

estas

Las

normas

Ética

los

Cánones

Profesional

de

o

la

sujeto

a

aplicable

estará

sanciones

autorizadas

por

acuerdo

las

varían

de

con

circunstancias particulares de cada caso y oscilan desde la

AD-2015-5

39

destitución del cargo y suspensión de empleo

y sueldo,

hasta limitaciones al ejercicio de la abogacía, incluyendo

el desaforo, la censura, amonestación, o cualquier otra

medida correctiva.2

Según provisto en el Art. 6.006 de la Ley Núm. 2012003, 4 LPRA sec. 25n (2010), en casos de quejas iniciadas

contra estos miembros del sistema judicial, por contravenir

los esquemas éticos previamente mencionados o algún tipo de

norma

administrativa,

se

seguirá

el

procedimiento

establecido en las Reglas de Disciplina Judicial, 4 LPRA

Ap.

XV-B

(2012

y

Supl.

2018).

A

través

del

trámite

dispuesto en dicho cuerpo de normas procesales, se procura

atender

los

asuntos

disciplinarios

atinentes

a

la

judicatura de manera ágil y a la vez garantizar que se

cumpla

con

los

imperativos

del

debido

proceso

de

ley.

Regla 2 de Disciplina Judicial, 4 LPRA Ap. XV-B (2012).

Los cargos éticos imputados a un juez deberán ser

probados mediante “prueba clara, robusta y convincente”.

Regla 25 de Disciplina Judicial, 4 LPRA Ap. XV-B (2012).

A

pesar de que esta exigencia es más estricta que la de

preponderancia de la prueba normalmente utilizada en casos

civiles, se distingue igualmente del requisito de prueba

más allá de duda razonable aplicado a los procesos penales.

In re

Candelaria Rosa,

supra.

Hemos descrito su alcance de la siguiente manera:

2

supra;

In re

Acevedo Hernández,

En efecto, el trámite provisto para el procedimiento disciplinario

contra jueces o juezas aplica igualmente a violaciones al Código de Ética

Profesional. Regla 3(a) de Disciplina Judicial, 4 LPRA Ap. XV-B (Supl. 2018).

AD-2015-5

40

Tal carga probatoria es mucho más sólida que la

preponderancia

de

la

evidencia,

pero

menos

rigurosa que la prueba más allá de toda duda

razonable que exige el proceso penal. La prueba

clara, robusta y convincente es una prueba que

produce en un juzgador de hechos una convicción

duradera de que las contenciones fácticas son

altamente probables.

In re Acevedo Hernández, supra, pág. 364.

Véase, además,

In re Candelaria Rosa, supra.

A tono con el procedimiento provisto en las Reglas de

Disciplina

Judicial,

corresponde

a

la

Comisión

la

importante tarea de aquilatar la prueba recopilada durante

el

trámite

disciplinario

para

someter

a

nuestra

consideración las determinaciones de hechos, conclusiones

de derecho y recomendaciones que estime pertinentes.

Acevedo

Hernández,

supra.

Según

hemos

In re

señalado

anteriormente, las determinaciones de hechos que tenga a

bien realizar la Comisión merecen nuestra deferencia.

In

re Quiñones Capacetti, 195 DPR 281 (2016); In re Acevedo

Hernández, supra.

Consiguientemente, no alteraremos dichas

determinaciones excepto en aquellas situaciones en que se

demuestre

que

manifiesto.

medió

parcialidad,

prejuicio

o

error

In re Candelaria Rosa, supra; In re Claverol

Siaca, 175 DPR 177 (2009); In re Busó Aboy, 166 DPR 49

(2005).

La

razón

para

conferirle

esta

consideración

especial a la Comisión responde a que, en su tarea de

evaluar

si

las

imputaciones

éticas

están

debidamente

sostenidas, ésta opera similar a un juzgador de primera

instancia.

aquilatar

Consiguientemente, está en mejor posición de

la

prueba

testifical

que

se

presente

en

el

AD-2015-5

41

trámite

disciplinario.

Ahora

en

bien,

In

aquellos

re

casos

Candelaria

Rosa,

en

se

que

no

supra.

utilicen

testigos como parte de la prueba desfilada en una vista

adjudicativa, estamos en igual posición que la Comisión

para

realizar

documental

nuestra

que

disciplinario.

Sin

obre

propia

evaluación

en

expediente

el

de

la

del

prueba

proceso

In re Candelaria Rosa, supra.

embargo,

no

venimos

obligados

a

ratificar

el

informe preparado por la Comisión en torno a una querella

disciplinaria.

Queda

a

discreción

de

este

Tribunal,

conforme a su autoridad en materia disciplinaria sobre los

jueces,

adoptarlo,

González

Porrata-Doria,

supra;

In

Hernández,

re

modificarlo

Quiñones

supra.

supra;

o

rechazarlo.

In

re

Capacetti,

Esto

Candelaria

supra;

incluye,

In

acorde

In

re

Rosa,

re

Acevedo

con

nuestra

facultad reguladora, la potestad de imponer una sanción

disciplinaria distinta a la propuesta por la Comisión en su

informe y que este Foro estime adecuada a tono con las

circunstancias

que

se

presenten

caso

a

caso.

In

re

González Porrata-Doria, supra; In re Quiñones Capacetti,

supra; In re Acevedo Hernández, supra.

Además de cumplir con la normativa provista en los

Cánones de Ética Judicial, los magistrados vienen obligados

a observar los postulados que gobiernan el comportamiento

de los abogados, según éstos aparecen consignados en el

Código

de

Ética

Profesional.

Dada

su

condición

de

letrados, aun luego de juramentar a su cargo, los jueces y

AD-2015-5

42

juezas continúan sujetos a las normas éticas que rigen la

conducta

de

los

abogados.

De

manera

que,

durante

el

transcurso de su mandato, los magistrados deben acatar,

tanto las pautas éticas formuladas específicamente para la

judicatura, como aquellas aplicables a la clase togada.

In re Acevedo Hernández, supra; In re Grau Acosta, 172 DPR

159 (2007).

“El ejercicio que de la autoridad judicial

hagan el juez o la jueza – quien ocupa el cargo porque es

abogado o abogada – no le puede relevar de las normas

básicas de conducta que los valores éticos de su condición

profesional le imponen”.

In re Acevedo Hernández, supra,

pág. 372

Por

lo

facultados

tanto,

también

en

función

para,

a

de

lo

través

anterior,

del

procedimiento

los

disciplinario

diseñado

específicamente

para

examinar

conducta

de

el

la

éstos

bajo

estamos

jueces,

crisol

de

los

preceptos éticos aplicable a los abogados e imponer las

sanciones que correspondan. In re Acevedo Hernández, supra;

In re Grau Acosta, supra.

A. Canon 18 de Ética Profesional – Competencia

A tenor con el Canon 18 de Ética Profesional, 4 LPRA

Ap.

IX

(2012)

(Canon

18),

cuando

un

abogado

se

obliga

profesionalmente con un cliente es responsable de conducir

los

asuntos

diligente

delegados

de

manera

capaz,

competente

y

desplegando en todo momento el máximo de sus

habilidades

y

conocimientos.

In

re

Federico

O.

López

Santiago, 2018 TSPR 31, 199 DPR ___ (2018); In re Julio C.

AD-2015-5

43

Blain León, 2018 TSPR 11, 199 DPR ___ (2018); In re Nazario

Díaz, 198 DPR 793 (2017); In re Avilés Vega, 197 DPR 829

(2017).

Es decir, se compromete a defender los intereses

de su representado de forma capaz y expedita.

Según

explica

el

Hon.

Sigfrido

Steidel

Figueroa,

“[e]n el contexto de la gestión profesional de un abogado,

la diligencia implica que este realice las gestiones que le

fueron encomendadas en momento oportuno, en forma adecuada

y sin dilaciones que puedan afectar la pronta solución de

una

controversia”.

Juristas:

Ética

S.

Steidel

del

Abogado

Figueroa,

y

Ética

para

Responsabilidad

Disciplinaria, [s.l.], Ed. Situm, 2016, págs. 220-221.

De manera que, como parte de nuestra autoridad para

regular la profesión jurídica, venimos obligados a cotejar

que

los

abogados

responsable,

ejerzan

competente

sus

y

funciones

de

una

manera

In

re

Yanira

diligente.

Santiago Santiago, 2018 TSPR 46, 199 DPR ___ (2018).

El Canon 18 específicamente advierte a los abogados

su

obligación

de

declinar

el

aceptar

responsabilidades

profesionales cuando se vean imposibilitados de rendir una

labor idónea y competente.

de

pactar

prepararse

sus

justicia.

este

deber

servicios

adecuadamente

irrazonables

a

De igual manera, les previene

su

si

no

están

en

sin

que

ello

conlleve

cliente

o

a

la

posición

administración

de

demoras

de

la

A la luz de las consideraciones antes expuestas,

ético

resulta

incompatible

con

la

“desidia,

despreocupación, displicencia, indiferencia e inacción” al

AD-2015-5

44

atender aquellas faenas que le han sido encomendadas por su

representado.

In re Federico O. López Santiago, supra; In

re Julio C. Blain León, supra; In re Avilés Vega, supra; In

re Feliciano Rodríguez, 198 DPR 369 (2017).

Igualmente

está proscrito el abandono o desatención de la causa de

acción de un cliente.

In re Federico O. López Santiago,

supra.

Consecuentemente,

negligente

y,

por

lo

bajo

esta

normativa,

tanto,

transgrede

el

se

Canon

reputa

18

un

abogado que, luego de ser contratado, no toma acción alguna

para hacer valer los derechos de sus representados y se

desentiende del caso.

In re Avilés Vega, supra; In re

Rosario Vázquez, 197 DPR 237 (2017).

B. Canon 19 de Ética Profesional – Información al

Cliente

El Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA

Ap. IX (2012) (Canon 19), le impone a todo abogado el deber

de mantener a su cliente informado de aquellos asuntos

“importantes” que surjan durante la tramitación del asunto

para

el

cual

fue

contratado.

Esta

obligación

opera

independiente del deber de diligencia comprendido en el

Canon

18.

In

re

Nazario

Díaz,

supra;

In

re

Rosario

ética

resulta

Vázquez, supra.

Para

imperativo

viabilizar

que

el

esta

letrado

exigencia

sostenga

una

comunicación

efectiva con sus representados.

In re Nazario Díaz, supra;

In re Rosario Vázquez, supra.

A su vez, mantener ese tipo

de comunicación es inherente al compromiso de fiducia que

AD-2015-5

45

define la relación abogado cliente.

In re Rosario Vázquez,

supra.

Claro está, el cumplimiento con este canon será

viable

únicamente

si

el

abogado

accesible” a su cliente.

está

“disponible

y

In re Rodríguez Lugo, 175 DPR

1023, 1029 (2009).

De este modo se garantiza que el cliente cuente con

suficientes

elementos

de

juicio

que

le

permitan

tomar

decisiones informadas durante el trámite de los asuntos

confiados a su abogado.

lo

anterior,

resulta

In re Avilés Vega, supra.

imprescindible

que

el

Acorde

abogado

le

participe a su representado las gestiones realizadas y el

desarrollo de su caso; le consulte los asuntos que estén

fuera de su discreción como representante legal, y acate

sus

exigencias,

siempre

algún principio ético.

y

cuando

éstas

no

contravengan

In re Nazario Díaz, supra.

Por consiguiente, un abogado infringe este postulado

cuando ignora los reclamos de información de su cliente; no

le advierte sobre algún resultado desfavorable relativo al

asunto

delegado;

situación

no

procesal

le

mantiene

del

caso,

información de su caso”.

“o

al

tanto

del

simplemente

estado

le

o

niega

In re Nazario Díaz, supra, pág.

804; In re Vázquez Bernier, 198 DPR 459 (2017); In re

Hernández López, 197 DPR 340 (2017).

No podemos olvidar

que “‘los casos pertenecen a los clientes y éstos tienen

derecho a mantenerse informados de todos los asuntos y las

gestiones importantes que se susciten en la tramitación de

AD-2015-5

[los

46

mismos]’”.

In

re

Avilés

Vega,

supra,

pág.

843,

citando a In re Rosario Vázquez, supra, pág. 249.

C. Canon 20 de Ética Profesional – Renuncia de

Representación Legal

El

Canon

20

de

Ética

Profesional,

4

LPRA

Ap.

IX

(2012) (Canon 20), dicta con precisión los pasos que debe

seguir un abogado para renunciar a la representación legal

de sus clientes en armonía con sus deberes éticos.

Esta

disposición impone obligaciones taxativas a los letrados

independientemente

de

si

han

comparecido

tribunal a nombre de su cliente.

o

no

ante

el

De manera que, previo a

renunciar a la representación, todo abogado vendrá obligado

a realizar aquellas gestiones necesarias para evitar el

menoscabo

de

los

derechos

de

su

cliente

tales

como:

notificarle de su renuncia; orientarle debidamente sobre la

necesidad

de

necesario;

una

nueva

concederle

representación

tiempo

para

legal

procurar

cuando

una

sea

nueva

representación legal; y advertirle sobre fechas límites y

términos que impacten su causa de acción.

Como parte del proceso de renuncia, igualmente se le

exige

al

expediente,

caso.

abogado

así

que

como

le

entregue

todo

documento

a

su

cliente

relacionado

con

el

el

In re Federico O. López Santiago, supra; In re

García Ortiz, 198 DPR 432 (2017).

No podemos perder de

vista que, tanto el expediente, como la causa de acción,

pertenecen exclusivamente al cliente.

López Santiago, supra.

dilación.

In re Federico O.

Esta obligación debe cumplirse sin

Es decir, tan pronto el abogado renuncie a la

AD-2015-5

47

representación legal o cuando el cliente así lo solicite.

In

re

Federico

O.

López

Santiago,

20

igualmente

supra;

In

re

García

Ortiz, supra.

El

Canon

materialice

la

renuncia,

el

dispone

que,

cuando

se

abogado

debe

“reembolsar

inmediatamente cualquier cantidad adelantada que le haya

sido

pagada

prestado”.

en

honorarios

por

servicios

que

no

se

han

Véanse In re Federico O. López Santiago, supra;

In re Martí Rodríguez, 194 DPR 467 (2016); In re Pestaña

Segovia,

192

DPR

485

(2015).

Conteste

a

ello,

anteriormente hemos advertido que comete una grave falta el

abogado que retiene para sí dineros abonados por su cliente

en calidad de honorarios sin realizar la labor para la cual

fue contratado.

In re Prado Galarza, 195 DPR 894 (2016);

In re Martí Rodríguez, supra.

Por último, si a pesar de los intentos del abogado,

el cliente no coopera o deja de proveer documentación o

datos

fundamentales

encomendada,

representación

lo

para

poder

encauzar

la

gestión

renuncia

a

que

corresponde

es

la

legal.

Véase

re

Federico

In

O.

la

López

Santiago, supra.

D. Canon 27 de Ética Profesional – Colaboración

Profesional

En

consonancia

con

el

principio

de

lealtad

y

confianza que sirve de base a la relación entre un abogado

y su cliente, el Canon 27 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.

IX (2012), dispone que un letrado no puede referirle los

asuntos encomendados por su representado a otro colega sin

AD-2015-5

48

que medie el conocimiento y consentimiento del cliente.

In re Guadalupe, Colón, 155 DPR 135 (2001); In re Cardona

Vázquez, 108 DPR 6 (1978).

Esta prohibición se extiende

igualmente a la entrega del expediente del caso a otro

abogado sin haber procurado previamente la anuencia del

cliente.

In re Cardona Vázquez, supra.

El hecho del abogado encontrarse enfermo o mudarse

fuera de la jurisdicción no le exime del cumplimiento con

las exigencias del Canon 27 de Ética Profesional, supra.

In

re

Guadalupe,

Colón,

supra;

In

re

Cardona

Vázquez,

supra.

E. Canon 35 de Ética Profesional – Sinceridad y Honradez

Por su parte, el Canon 35 de Ética Profesional, 4

LPRA Ap. IX (2012) (Canon 35), destaca la importancia de

los

letrados

honradez

en

conducirse,

ante

todo,

los

con

sus

tratos

con

sinceridad

representados,

compañeros de profesión, así como con el tribunal.

y

sus

El rol

fundamental del abogado está vinculado inherentemente a la

defensa y búsqueda de la verdad.

la

verdad

resulta

Consecuentemente, el

apartarse

de

incompatible

gestión.

In re Nazario Díaz, supra.

con

esa

“A tales efectos,

hemos expresado que el compromiso de un abogado con la

verdad debe ser siempre incondicional, ello debido a que

‘más

que

un

ideal

irrealizable,

inseparable del ser abogado’”.

la

verdad

es

atributo

In re Grau Acosta, supra,

pág. 175, citando a In re Busó Aboy, supra.

De manera que,

se vulnera el Canon 35 al actuar contrario a los principios

AD-2015-5

49

de honradez y veracidad, pilares de la profesión jurídica.

In re Acevedo Hernández, supra.

Dado que la veracidad es una característica esencial

en el desempeño de la abogacía, no es necesario que medie

intención o mala fe para que se transgreda el Canon 35.

In re Pagani Padró, 198 DPR 812 (2017); In re Feliciano

Rodríguez, supra; In re Busó Aboy, supra.

F. Canon 38 de Ética Profesional – Preservación del

Honor y Dignidad de la Profesión

Por

último,

corresponde

delinear

los

postulados

éticos enunciados en el Canon 38 de Ética Profesional, 4

LPRA

Ap.

IX

(2012)

(Canon

38).

Esta

disposición

expresamente le exige a todo abogado “esforzarse, al máximo

de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de

su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios

personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta

impropia”.

Íd.

En

este

sentido

hemos

indicado

que,

conforme a la confianza depositada en él por razón del

título que ostenta y su rol en la sociedad, corresponde a

los abogados proceder de manera digna y honorable, tanto en

el ámbito de su vida privada, como en el desempeño de su

vida profesional.

In re Nazario Díaz, supra; In re Acevedo

Hernández, supra.

Por lo tanto, todo abogado que no se

conduce digna y honorablemente infringe el Canon 38 del

Código de Ética Profesional.

In re García Vega, 189 DPR

741 (2013).

Cabe destacar que la conducta de un letrado no puede

examinarse

de

manera

individual

y

aislada

del

ámbito

AD-2015-5

50

público.

El

abogado

no

puede

desligarse

de

la

trascendencia de su título que va más allá de la relación

profesional

que

tiene

con

sus

clientes.

Según

hemos

reiterado, los abogados reflejan la imagen de la profesión,

por

lo

que

vienen

obligados

a

comportarse

con

el

más

escrupuloso sentido de responsabilidad acorde la función

social que ejercen.

Vázquez

Bernier,

In re Nazario Díaz, supra; In re

supra.

De

manera

que

“la

confianza,

respeto e imagen que la sociedad deposita en cada uno de

los abogados, en la profesión y en la institución de la

justicia

desmerece

cuando

representa incorrección”.

la

actuación

del

jurista

In re Nazario Díaz, supra, pág.

806, citando a In re Irizarry Rodríguez, 193 DPR 633, 666

(2015).

G. Canon 1 de Ética Judicial – Cumplimiento de la Ley

El primero de los Cánones de Ética Judicial3 reconoce

el deber ineludible de todo juez de respetar y cumplir las

leyes en todo momento, así como ser fiel al juramento que

prestó al momento de su investidura.4

Esta normativa se

incorporó

expresa

por

primera

vez

de

manera

a

nuestro

esquema ético judicial junto a otros cambios introducidos

3

Este postulado corresponde al Canon 2A del Código Modelo de Conducta

Judicial de 1990 promulgado por la American Bar Association en lo pertinente a

la obligación de los jueces de cumplir con la ley. Véase Historial del Canon

1, 4 LPRA Ap. IV-B (2012). Años más tarde el requerimiento de que los jueces

observen la ley pasó a formar parte de la Regla 1.1 del Código Modelo de

Conducta Judicial del American Bar Association de 2007.

4

El Canon 1 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B (2012), dispone como

sigue: “Las juezas y los jueces respetarán y cumplirán la ley y serán fieles al

juramento de su cargo”.

AD-2015-5

51

en el 2005.5

Conforme refleja el Historial del Canon 1,

4 LPRA Ap. IV-B (2012), su adopción estuvo inspirada por el

Juramento de Fidelidad6 que vienen obligados a prestar los

funcionarios judiciales previo a ocupar su cargo y mediante

el cual se comprometen a defender, tanto la Constitución de

los Estados Unidos, como la Constitución y demás leyes de

Puerto Rico.

Es lógico que los postulados normativos que rigen el

cometido

de

la

judicatura

inicien

sencillo, pero de vital importancia.

con

este

mandato

La responsabilidad

fundamental de un magistrado es precisamente velar por la

aplicación justa e imparcial de las leyes con el propósito

de asegurar su observancia.

Mal podría un juez exigirle a

otros el cumplimiento con los preceptos legales cuando él

mismo se aparta de ellos.

Conforme a los comentarios del

Canon 1, esta directriz “se establece con el objetivo de

transmitir claramente la idea de que los jueces no están

por

encima

de

la

ley

y

respetarla y cumplirla”.

son

los

primeros

llamados

a

In re Candelaria Rosa, supra,

pág. 465.

“La norma ética básica que se impone sobre los

jueces

cumplir

es

con

la

ley.

No

podemos

evadir

esa

responsabilidad si pretendemos que otros la acaten […]”.

In re González Acevedo, 165 DPR 81, 104 (2005).

5

Anteriormente habíamos resuelto que el Canon I, conjuntamente al Canon

XXVI del Código de Ética Judicial de 1977, les imponían a los jueces el deber

de cumplir con la ley. Véase In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 259 (2006).

6

Art. 2A del Código Político de Puerto Rico, según enmendado, 3 LPRA

sec. 601 (2017). Este juramento es mandatorio a funcionarios de la judicatura,

así como a funcionarios en otras Ramas de Gobierno.

AD-2015-5

52

De manera que el respetar y cumplir con la ley, según

provisto en el Canon 1, emerge como uno de los compromisos

ineludibles para cada miembro de la Judicatura.

Claverol Siaca, supra.

In re

Los jueces tienen la obligación de

observar estrictamente lo dispuesto en nuestro ordenamiento

jurídico.

Íd.

“[E]s un deber consustancial al cargo de

juez cumplir también con la ley, los postulados éticos que

rigen

el

ejercicio

de

la

administrativas aplicables”.

abogacía

y

las

normas

In re Grau Acosta, supra,

pág. 173.

Aquellos miembros de la judicatura que de alguna

manera

desvíen

se

del

cumplimiento

con

el

ordenamiento

legal estarán expuestos a sanciones disciplinarias.

Así,

por ejemplo, en In re Acevedo Hernández, supra, recurrimos

a

este

postulado

en

el

caso

de

un

juez

condenado

por

delitos de conspiración y soborno.

Ahora bien, también hemos decretado que se infringen

los postulados del Canon 1 por faltar un juez a los deberes

intrínsecos de su posición.

supra,

específicamente

En In re Candelaria Rosa,

resolvimos

que

al

magistrado

utilizar el proceso de inhibición como vehículo de protesta

en contra del Tribunal de Apelaciones denotó una “seria

desobediencia a su

deber de desempeñar sus funciones y

[cumplir con] su juramento […] fielmente.

Íd., pág. 467.

El uso indebido de este mecanismo procesal con el propósito

de desligarse del caso no solamente fue errado, sino que

igualmente sirvió de subterfugio

para el juez

evadir y

descuidar obligaciones inherentes a su cargo judicial.

AD-2015-5

53

IV. DISCUSIÓN DE VIOLACIONES ÉTICAS

A. Canon 18 de Ética Profesional - Diligencia

Del Informe de la Comisión se desprende que, a la

fecha en que la juez González Rodríguez asumió su cargo,

todavía quedaban pendientes de concluir servicios legales

contratados y pagados por los promoventes.

En su defensa, la juez González Rodríguez planteó que

estaba impedida de gestionar los trámites acordados con los

promoventes por falta de documentación a ser provista por

éstos.

Sin embargo, la falta de documentos se estipuló

únicamente en lo concerniente a la señora Gómez Correa y la

señora Colón Rivera.

No se presentó prueba conducente a

establecer que los otros dos promoventes se encontraban en

igual situación.

Quiere esto decir que nada le impedía

llevar a cabo las diligencias para las cuales la señora

Rodríguez

Carrión

contrataron,

máxime

y

el

señor

Burgos

Villafañe

la

cuando

éstos

habían

adelantado

los

honorarios que le fueron requeridos como condición a la

contratación de sus servicios.

En lo que respecta a la señora Rodríguez Carrión, la

licenciada Soto Mujica testificó que del expediente no se

desprendía

que

se

hubiese

presentado

trámite

judicial

alguno asociado a los múltiples asuntos que le habían sido

delegados a la licenciada González Rodríguez.

Igualmente,

Villafañe,

según

cuando

el

testimonio

finalmente

logró

del

señor

Burgos

inspeccionar

el

expediente de su caso, aparte de la documentación que él

AD-2015-5

mismo

54

había

provisto,

únicamente

manuscrito de la señora Trenche,

encontró

un

otro de la

papel

licenciada

González Rodríguez y alrededor de dos o tres papeles más.

Por

lo

tanto,

gestiones

no

surgía

necesarias

que

para

se

hubiesen

examinar

la

efectuado

las

posibilidad

de

impugnar el testamento, según el acuerdo alcanzado entre el

promovente y la licenciada González Rodríguez.

En lo que respecta a las otras dos promoventes, es

decir, la señora Gómez Correa y la señora Colón Rivera, la

licenciada

González

responsabilidad

Rodríguez

ética

no

podía

eludir

su

la

falta

de

atribuyéndoles

información para tramitar las gestiones acordadas.

De ser

este el caso, recaía sobre la letrada la responsabilidad de

oportunamente

solicitarles

Si,

de

a

pesar

fallaban

en

sus

proveer

la

documentación

requerimientos

la

las

documentación

pertinente.

representadas

o

información

necesaria para completar su encomienda, entonces procedía

advertirles que no podría continuar con el caso bajo esas

circunstancias y renunciar a su representación legal.

Es

importante tomar en consideración que, excepto en el caso

de

la

señora

Gómez

Correa,7

los

promoventes

habían

adelantado el monto total de los honorarios requeridos por

la abogada para efectuar los diversos asuntos contratados.

A

base

licenciada

7

de

lo

anterior,

no

cabe

González

Rodríguez

falló

al

duda

de

que

la

no

atender

los

La Sra. Migdalia Gómez Correa pagó tres mil dólares ($3,000.00) del

total de seis mil dólares ($6,000.00) requeridos por la Lcda. Gema González

Rodríguez.

AD-2015-5

55

trabajos que le fueron confiados por los promoventes de

manera competente y diligente.

Conforme a los postulados

éticos consignados en el Canon 18, le estaba vedado aceptar

estos compromisos si no estaba en condiciones de atenderlos

de

forma

idónea

y

oportuna.

Además,

según

señalamos

anteriormente, tampoco podía asumir un rol pasivo en torno

a

aquellos

clientes

que

no

habían

completado

la

documentación pertinente para ultimar los trámites legales

acordados.

Cobra particular relevancia el hecho de que

estos clientes se comunicaban con cierta regularidad con el

Bufete para verificar el estatus de sus asuntos.

Además,

la prueba no refutada apunta a que la licenciada González

Rodríguez contaba con datos suficientes para contactar a

estos representados y, de este modo, darle seguimiento a la

información que necesitaba para poder cumplir con su deber

de proveerles una representación adecuada.

B. Canon 19 de Ética Profesional– Información al Cliente

Igualmente

falló

la

letrada

al

no

mantener

a

los

promoventes informados sobre el estatus de sus respectivos

casos conforme exige el Canon 19.

Éstos declararon de

forma unánime que en ningún momento la licenciada González

Rodríguez se comunicó con ellos para dejarles saber cómo

iban

las

servicios.

veían

gestiones

para

las

cuales

contrataron

sus

Por el contrario, eran los clientes quienes se

forzados

a

contactar

el

despacho

mantenerse al tanto del progreso de sus casos.

legal

para

AD-2015-5

56

El

señor

Burgos

Villafañe

testificó

que

tomó

la

iniciativa para conocer los pormenores de sus encomiendas,

así

como

las

gestiones

encaminadas

a

disponer

de

sus

asuntos, mas sin embargo, la licenciada González Rodríguez

nunca atendió personalmente sus interrogantes.

Simplemente

se le informó, a través de la señora Trenche, que sus

trámites estaban encaminados.

el

señor

Burgos

Como parte de su testimonio

Villafañe

advirtió

constantemente

al despacho legal

Florida,

reside,

caso.

donde

para

que

llamaba

desde el estado de

conocer

cómo

progresaba

la

su

La señora Trenche le respondía sus llamadas y le

comunicaba en todo momento que

se estaba trabajando el

caso.

Por su parte, la señora Gómez Correa testificó que

se

comunicó

con

la

oficina

de

la

licenciada

González

Rodríguez en al menos dos o tres ocasiones.

Siempre le

atendió

la

trabajando

secretaria

en

sus

quien

le

indicó

que

se

estaba

asuntos.

De

acuerdo

con

la

señora

Rodríguez Carrión, ella llamó a la oficina de la licenciada

González Rodríguez “[m]uchas veces, muchas veces, muchas

veces.

Yo llamaba periódicamente, semanal” con el fin de

conocer el estatus de los casos contratados.

Transcripción

de Vista Evidenciaria, pág. 106.

C. Canon 20 de Ética Profesional - Renuncia de

Representación Legal

Entre las responsabilidades impuestas a los abogados

por

el

Canon

20

como

condición

a

su

renuncia

de

la

representación legal, se destaca la obligación de informar

AD-2015-5

57

a sus clientes el estatus de los asuntos que le fueron

encomendados.

Ello

conlleva

forzosamente

la

obligación

implícita de notificarles su decisión de descontinuar la

relación abogado cliente.

trámite

pues,

de

lo

Esta gestión es fundamental al

contrario,

el

ex

cliente

estaría

descansando en la falacia de que sus casos están siendo

debidamente atendidos a pesar de que el abogado ya no le

está representando.

No podemos olvidar que con la renuncia

se da por terminada una relación establecida entre un lego

y su abogado en quien el cliente ha depositado su total

confianza para velar por sus intereses.

Asimismo, urge que

se ponga al cliente en posición de conseguir una nueva

representación

legales

que

que

aún

atienda

quedan

responsablemente

pendientes

de

los

manera

que

asuntos

no

se

afecten sus derechos.

Cónsono con lo anterior, el abogado igualmente viene

obligado

a

entregar

el

expediente

a

su

ex

cliente

sin

dilación alguna, para de este modo poder viabilizar una

transición ordenada y evitar que se lesionen los derechos

del que fuera su representado.

Además, no podemos olvidar

que el expediente le pertenece al cliente, y no al abogado,

por lo que no existe razón válida para retenerlo.

Por último, pero no menos importante, el Canon 20

exige que, al momento de la renuncia, el abogado reembolse

de

inmediato

prestados.

los

honorarios

pagados

por

servicios

no

Actúa de manera indebida un representante legal

que retiene para sí dineros que no le corresponden, puesto

AD-2015-5

58

que no ha realizado la labor encomendada.

Además, le hace

un desfavor a la justicia un letrado que interfiere con la

posibilidad del cliente de procurar nueva representación

legal si éste no cuenta con suficientes fondos para pagar

nuevamente los honorarios requeridos para ello.

(1)

Notificación de Renuncia

Las partes estipularon que, a diciembre de 2012, la

licenciada González Rodríguez no le remitió comunicación

escrita a ninguno de los promoventes ni se comunicó por vía

telefónica para notificarle que había sido nombrada juez,

lo

que

le

imposibilitaba

Tampoco les informó

licenciada

Soto

continuar

que estaba

Mujica

para

representándoles.

en negociaciones con la

que

continuara

con

la

conocieron

del

representación de los clientes del Bufete.

Así

pues,

nombramiento

tres

como

de

los

resultado

promoventes

de

sus

propias

diligencias

dirigidas a verificar el estatus de los asuntos que le

habían encargado a la licenciada González Rodríguez.

Por

su

la

parte,

noticia

a

la

señora

través

Rodríguez

de

la

Carrión

televisión,

se

enteró

la

cual

de

confirmó

posteriormente a través de la señora Trenche.

A base de lo anterior, unido al testimonio provisto

por los promoventes durante la vista, surge inequívocamente

que la licenciada González Rodríguez ignoró por completo el

imperativo de comunicarle a los promoventes su renuncia a

la

representación

contrataron

sus

de

los

servicios.

asuntos

Tampoco

para

los

cumplió

cuales

con

su

AD-2015-5

59

obligación de informarles el estatus de sus casos para esa

fecha.

En su defensa la juez González Rodríguez argumentó que

la Comisión estaba impedida de concluir que hubo ausencia

total de gestiones para contactar a todos sus clientes a

los fines de notificarles el cese de su práctica privada.8

Planteó además, que conforme las partes estipularon, le

solicitó a su secretaria que la asistiera en el proceso de

contactar a los clientes para notificarles sobre el cierre

inminente de su oficina, así como de las negociaciones con

la licenciada Soto Mujica.

No obstante, la obligación de notificar su renuncia a

los

clientes

y

hacerles

saber

en

qué

situación

se

encontraban sus respectivos casos, según exige el Canon 20,

recaía en la licenciada González Rodríguez.

su

responsabilidad

representados

transmitir

esta

Es decir, era

información

a

sus

ya fuese en persona, por teléfono, o por

escrito, dependiendo de las circunstancias particulares de

cada caso.

su

Por lo tanto, aunque podía recabar la ayuda de

secretaria

Rodríguez

en

estaba

el

proceso,

impedida

de

la

licenciada

delegar

González

enteramente

este

trámite en su empleada sin rendición de cuentas y asumir

que eso era suficiente para propósitos éticos.

Al actuar de ese modo no tomó en consideración las

posibles

8

consecuencias

de

su

omisión

en

cuanto

a

los

Sobre este particular, puntualizamos que nuestra determinación en torno

a las violaciones éticas en este caso se basa exclusivamente en las

estipulaciones sometidas por las partes y la prueba desfilada en torno a los

cuatro promoventes.

AD-2015-5

60

promoventes, quienes ni siquiera estaban al tanto de lo que

quedaba pendiente en relación a sus casos.

(2)

Honorarios

Las partes estipularon que a diciembre de 2012 los

promoventes

no

solicitaron,

ni

la

licenciada

González

Rodríguez ofreció devolver, los honorarios pagados y no

devengados.

Igualmente estipularon que, a partir del 17 de

febrero de 2016 la jueza González Rodríguez, a través de su

representación legal, puso la totalidad de los honorarios

pagados a la disposición de las señoras Gómez Correa y

Colón Rivera, así como $3,500.00 a la señora

Rodríguez

Carrión por concepto de gestiones no culminadas.

Asimismo,

a partir del 14 de marzo de 2016 le ofreció al señor Burgos

Villafañe el reembolso íntegro de los honorarios abonados

por éste.

En

otras

palabras,

quedó

admitido

por

la

juez

González Rodríguez que no fue hasta el 2016, transcurridos

más de tres años desde que ocupó la magistratura y ya

iniciado

el

trámite

disciplinario,

que

por

primera

vez

ofreció a los promoventes aquello a lo que tenían derecho

inequívocamente

disposiciones

desde

del

diciembre

Canon

20.

de

2012

Es

decir,

conforme

la

a

las

licenciada

González Rodríguez no rindió cuenta de los honorarios que

le correspondían, si alguno, por las labores realizadas a

favor de cada uno de los promoventes desde que éstos le

entregaron el dinero hasta finales del año 2012 cuando, de

facto, renunció a su representación legal.

AD-2015-5

61

(3)

Según

Devolución de Expedientes

mencionamos

anteriormente,

parte

de

las

obligaciones impuestas categóricamente por el Canon 20 es

la entrega inmediata de los expedientes a los clientes tan

pronto ocurra la renuncia a la representación legal.

no aconteció con ninguno de los promoventes.

partes

estipularon

que

a

diciembre

de

Esto

De hecho, las

2012

éstos

no

solicitaron, ni la licenciada González Rodríguez ofreció,

la

devolución

estipularon

aquellos

de

que

que

oficina legal.

sus

expedientes

legales.

estos

expedientes

se

la

licenciada

Soto

Igualmente

encontraban

Mujica

mantuvo

entre

en

la

No fue hasta que los promoventes llevaron a

cabo gestiones afirmativas al respecto, ya cuando la juez

González Rodríguez ejercía las funciones de su cargo, que

finalmente pudieron obtenerlos.

A

modo

(4)

Transición de Abogado a Juez

de

defensa,

la

juez

González

Rodríguez

igualmente atribuyó los problemas éticos asociados a la

disposición de los asuntos de los promoventes, al corto

tiempo disponible entre su nominación y la juramentación al

puesto.

Del mismo modo, adjudicó su dilema a la falta de

un esquema predeterminado por esta Curia para asistir en el

proceso de transición de abogado a juez.

Según mencionamos en In re Birriel Cardona, supra, a

diferencia de otras jurisdicciones donde se concede a los

jueces que recién ocupan su cargo un periodo de tiempo para

concluir su práctica legal, en Puerto Rico la normativa

AD-2015-5

62

ética no admite excepciones.9

Por consiguiente, una vez

juramenta, todo juez queda totalmente impedido de tener

clientes y representarlos de alguna manera.

Canon 27 de

Ética Judicial, supra.

Anteriormente tuvimos la oportunidad de expresarnos

en torno a la posición particular en que se encuentran los

abogados frente a sus clientes una vez son nombrados al

puesto de juez por el ejecutivo, pero aún están pendientes

de confirmación senatorial.

Véanse In re Birriel Cardona,

supra; In re Grau Acosta, supra.

que

la

nominación

por

parte

En estos casos señalamos

del

Gobernador

constituye

meramente un paso inicial en el trámite formal para ocupar

un

cargo

judicial.

Debido

a

que

la

iniciativa

del

ejecutivo queda sujeta a la anuencia posterior del Senado y

durante este periodo el propio nominado puede desistir de

su aspiración en cualquier momento, no existe impedimento

ético para que

clientes

el abogado continúe representando a sus

durante

esta

etapa

preliminar

de

procedimientos encaminados a ocupar un puesto judicial.

los

Es

decir, no es hasta el momento de la juramentación al cargo

que el abogado se convierte oficialmente en juez, por lo

que es a partir de entonces que queda inhabilitado para

ejercer como abogado.

9

Son pocas las jurisdicciones que permiten llevar a cabo algún tipo de

gestión legal subsiguiente a juramentar al cargo de juez.

Entre éstas se

encuentran: Mississippi, Carolina del Norte y Tennessee.

Véase C. Gray, So

You’re Going to be a Judge: Ethical Issues for New Judges, 52 Ct. Rev. 80, 83,

esc. 4 (2016). Véase además, New Judges: Winding-up a Law Practice, 30 No. 3

JCR 1 (2018).

AD-2015-5

63

Por consiguiente, una vez un abogado nominado cuenta

con

la

confirmación

senatorial

y

aún

persiste

en

su

aspiración de ocupar un puesto en la magistratura, es su

responsabilidad gestionar su renuncia a todos los asuntos

pendientes en su despacho previo a su juramentación.

Aunque

paradigma

hemos

formal

reconocido

para

que

no

sistematizar

contamos

la

con

un

transición

que

enfrenta un abogado que pasa a ocupar un cargo de juez, no

por eso los nominados quedan faltos de dirección en torno a

cómo prepararse para atender las responsabilidades éticas

que emergen en ese momento.

A esos efectos, expresamente

hemos advertido a aquellos nominados próximos a juramentar

de la necesidad de planificar con anticipación el proceso

de finalizar sus relaciones profesionales con los clientes

previo a su investidura.

“La organización temprana en ese

aspecto redundará en una mejor transición de la práctica

del

Derecho

al

ejercicio

de

la

magistratura”.

In

re

legal

va

Birriel Cardona, supra, pág. 311.

Cuando

acompañada

la

del

renuncia

a

cierre

la

de

la

representación

práctica

de

la

profesión,

independientemente de las razones que la motiven, surgen

una

serie

de

trámites

a

seguir

que

serán

más

o

menos

extensos y complicados dependiendo del volumen de trabajo

legal que quede pendiente a ese momento.10

10

Aparte del cierre de su práctica, la transición de un abogado al cargo

de juez pone de manifiesto una serie de cambios que se han de suscitar en su

vida social y profesional a partir de ese momento debido a consideraciones de

naturaleza ética. Por lo que todo abogado que aspira a ocupar un puesto en la

judicatura debe ser consciente de las exigencias éticas que va a enfrentar si

AD-2015-5

64

Para

ello

el

abogado

debe

disponer

de

una

organización interna en su oficina que le permita, como

mínimo,

y

de

manera

expedita:

identificar

cuáles

casos

tienen asuntos activos o pendientes; estar al tanto del

estatus de cada uno; calcular cuánto trabajo ha realizado y

a

cuánto

ascienden

los

honorarios

correspondientes;

verificar que los expedientes estén listos para entregarse

al cliente, y que cuenta con la información necesaria para

contactar a sus representados.11

Dadas las múltiples consideraciones éticas implicadas

en el proceso de renuncia a la representación legal cuando

va acompañada del cierre de la práctica profesional, así

_________________________________________________________________

logra su meta profesional. Únicamente de ese modo podrá estar preparado para

atenderlos oportunamente.

Para una discusión sobre estos asuntos, véanse C.

Gray, supra; C. Goldstein, Becoming a Judge: Problems with Leaving a Law

Practice, 69 Judicature 88 (1985); C. G. Geyh, J. J. Alfini, S. Lubet and J. M.

Shaman, Judicial Conduct and Ethics, 5ta ed., LexisNexis, 2013, sec. 7.09[3].

11

Existen publicaciones útiles ilustrativas de diversos métodos o

sistemas de planificación para efectuar el cierre ordenado de un despacho legal

que cumpla a la vez con los requisitos éticos pertinentes. Las recomendaciones

propuestas en estas publicaciones no se limitan a situaciones del cese de la

labor de un abogado a causa de un nombramiento judicial, puesto que el cierre

forzado de la práctica legal puede ocurrir en cualquier momento, ya sea a causa

de una condición de salud del letrado, un accidente o inclusive, su

fallecimiento.

Por lo tanto, la debida organización y una planificación

adecuada deben constituir el norte y la norma habitual de trabajo de cada

abogado practicante. De esta forma podrá prevenir problemas éticos, a la vez

de proteger efectivamente los derechos de sus representados en la eventualidad

de sobrevenir una ocurrencia que le impida continuar con su práctica legal.

Véanse, Winding up a Practice: A Checklist, updated by L. Rowntree and B.

Buchanan,

Law

Society

of

British

Columbia

(27-June-2017),

https://www.lawsociety.bc.ca/Website/media/Shared/docs/practice/resources/Windi

ngUp.pdf; Plan Ahead for Closing a Law Practice: Procedures for Retirement,

Moving to a New Firm, or Your Death or Disability, Lawyers Mutual Insurance Co.

of North Carolina (July 2016), http://files.www.lawyersmutualnc.com/riskmanagementresources/riskmanagementhandouts/closingalawpracticethroughretirement

-moving-to-a-new-firm-or-death-of-a-fellowlawyer/Closing_Practice.pdf; Planning

Guide for Winding Up a Practice, The Law Society of Manitoba (Nov.

2015),http://www.lawsociety.mb.ca/forms/membersforms/Planning_Guide_for_Winding

_Up_2015.pdf/view; S. Blackford and P. Roberts, Closing a Solo Practice: An

Exit

To-Do

List,

37

ABA

Law

Practice

Magazine

(May/June

2011),

https://www.americanbar.org/publications/law_practice_home/law_practice_archive

/lpm_magazine_archive_v37_is3_pg48.html;

Winding

Up

Your

Practice:

From

Temporary

Vacations

to

More

Permanent

Leaves

of

Absence,

https://www.capcentral.org/procedures/case_manag/docs/winding_up_your_practice.

pdf.

AD-2015-5

como

65

ante

el

riesgo

de

que

el

tiempo

disponible

para

finalizar el trámite requerido para ocupar el cargo de juez

sea uno breve, es aconsejable que tan pronto un abogado

inicie las diligencias pertinentes para ser considerado a

un puesto judicial, si es que no cuenta de antemano con un

sistema de planificación confiable, comience a poner su

oficina en orden.

Ello busca facilitar la gestión eventual

de renuncia conforme a todas y cada una de las exigencias

éticas vinculadas a esa tarea.

De lo contrario, corre el

peligro de fallar en sus responsabilidades deontológicas y

la

posibilidad

de

enfrentar,

como

en

este

caso,

consecuencias graves que pongan en riesgo su posición de

juez y su título de abogado.

Consiguientemente, advertimos a la clase togada en

general,

pero

muy

en

particular

a

aquellos

abogados

y

abogadas que aspiran a ocupar un puesto judicial en su día,

de la necesidad imperiosa de mantener en todo momento un

control

efectivo

sobre

los

asuntos

concernientes

a

su

práctica profesional de forma tal que estén preparados para

responder

diligentemente

cuando

surja

la

necesidad

de

clausurarla acorde las responsabilidades éticas que ello

supone.

perspectiva

Además,

debe

ética,

la

quedar

claro

responsabilidad

que,

desde

la

indelegable

de

prepararse adecuadamente para este cambio de carrera es

personal de todo abogado que aspira a alcanzar un puesto en

la Judicatura.

AD-2015-5

66

Rechazamos, por lo tanto, las excusas presentadas por

la juez González Rodríguez para soslayar sus deberes éticos

ante sus clientes al concluir su práctica legal, ya sea por

la alegada falta de tiempo o por la supuesta ausencia de

lineamientos para llevar a cabo el proceso.

Dados nuestros

pronunciamientos en In re Birriel Cardona, supra, e In re

Grau Acosta, supra, la juez González Rodríguez debió estar

prevenida que recaía sobre ella la obligación de tomar los

pasos necesarios para examinar todos y cada uno de los

expedientes en su despacho y así conocer de antemano si

quedaban asuntos pendientes de atender, así como honorarios

que devolver y de esta manera viabilizar una transición

acorde a las exigencias éticas de la profesión legal.

A base de lo anterior es forzoso concluir que la

licenciada González Rodríguez incumplió con el Canon 20.

Es decir, falló en: comunicarle oportunamente su renuncia a

los

clientes

e

informarles

el

estatus

de

los

asuntos

encomendados, rendir cuenta puntualmente de los honorarios

adelantados y devolver el exceso por trabajo no realizado y

hacerle entrega inmediata de sus expedientes.

D. Canon 27 de Ética Profesional – Colaboración

Profesional

La

Comisión

concluyó

que

la

licenciada

González

Rodríguez infringió también las pautas establecidas en el

Canon 27 de Ética Profesional, supra, al delegarle a la

licenciada

Soto

representación

Mujica,

legal

de

sin

la

debida

autorización,

los

promoventes

y

cederle

la

la

custodia y control de los expedientes de cada uno de ellos.

AD-2015-5

La

juez

67

González

Rodríguez

refutó

esta

determinación.

Adujo que no era posible concluir que unió a la licenciada

Soto

Mujica

como

abogada

de

los

promoventes

sin

el

consentimiento de éstos ya que sus respectivos expedientes

no se encontraban entre aquellos que la licenciada Soto

Mujica

recibió

con

el

propósito

de

continuar

con

la

representación legal.

Corresponde, por lo tanto, examinar los pormenores de

la

supuesta

cesión

de

la

representación

legal

de

los

promoventes a la licenciada Soto Mujica, así como el curso

de la custodia y control de los expedientes de éstos para

poder

disponer

analizaremos

de

esta

interrogante.

cuidadosamente el

redactado

por

respuestas

a

la

las

de

ese

fin

Contrato de Arrendamiento

licenciada

quejas

Con

González

los

Rodríguez,

promoventes,

junto

sus

al

testimonio de la licenciada Soto Mujica en la vista ante la

Comisión.

Conforme al Contrato de Arrendamiento, la transacción

entre las abogadas contemplaba la venta de “la cartera de

expedientes y clientes del Bufete” a cambio del pago de

veinticuatro

acordaron

mil

que,

de

dólares

($24,000.00).

acuerdo

con

la

Las

licenciada

partes

González

Rodríguez, el término “cartera de clientes y expedientes

del

bufete”

significa

“la

totalidad

de

las

causas

con

asuntos pendientes en el Bufete”.

En respuesta a las quejas ante nuestra consideración,

la juez González Rodríguez indicó que los asuntos de los

AD-2015-5

68

promoventes habían sido adquiridos por la licenciada Soto

Mujica como parte de la cartera de clientes del Bufete y

los expedientes pasaron a su exclusiva custodia y control

desde ese momento.

Por consiguiente, correspondía a la

licenciada Soto Mujica continuar con el trámite de estos

casos.

Trasciende de lo anterior que, para efectos de la

licenciada

González

Rodríguez,

como

parte

del

negocio

pactado con la licenciada Soto Mujica, le estaba dejando a

su cargo todos aquellos casos de su despacho legal que

tuviesen asuntos pendientes a ese momento.12

Ahora bien, las partes estipularon que el 7 de enero

de

2013

la

licenciada

custodia y control

González

de algunos

Rodríguez

entregó

la

expedientes legales a la

licenciada

Soto

Mujica,

quien

mantuvo

restantes

en el

Bufete.

Es decir,

los

expedientes

distinguieron entre

aquellos expedientes que la licenciada Soto Mujica recibió

y retuvo bajo su custodia y control de otros que ésta

meramente

mantuvo

en

licenciada

González

la

oficina

Rodríguez.

que

le

También

alquiló

surge

de

a

la

las

estipulaciones vertidas para el récord que los expedientes

de los promoventes se encontraban entre aquellos que la

licenciada Soto Mujica mantuvo en la oficina legal.

12

Vale aclarar que, según el testimonio recibido por la Comisión, ninguno

de los promoventes tenía conocimiento de la denominada venta de la cartera de

clientes a la Lcda. Cristal Soto Mujica, ni prestó, previo a la firma del

contrato, su anuencia a la sustitución de la representación legal, o a que se

le entregaran a ésta sus expedientes legales.

AD-2015-5

69

Durante

su

testimonio

la

licenciada

Soto

Mujica

ofreció su versión en torno a los clientes de la licenciada

González Rodríguez a quienes acordó representar, así como

la situación de los expedientes.

a

quienes

aceptó

aproximadamente

como

doce

a

Reiteró que a los únicos

clientes

quince

suyos

fueron

los

individuos

que

pudo

entrevistar personalmente en diciembre de 2012.

Añadió que

estas personas aceptaron contratar sus servicios y ella

conservó

únicamente

los

expedientes

de

estos

nuevos

clientes los cuales se guardaron en unos archivos ubicados

en

la

entrada

de

la

oficina

legal.

“O

sea,

esos

expedientes yo los retuve en términos de que yo tenía su

custodia física e inmediata porque eran mis expedientes,

estaban en mi archivo”.

(Énfasis nuestro).

de

pág.

Vista

Evidenciaria,

200.

En

Transcripción

otras

palabras,

únicamente se le entregaron y ejerció control sobre los

expedientes

de

aquellos

clientes

que

entrevistó

personalmente y aceptaron su representación.

Expresó que no tuvo problema con que la licenciada

González Rodríguez dejara algunos expedientes en el espacio

que anteriormente ésta ocupaba como oficina, pues no tenía

uso para ese espacio.

También quedaron otros expedientes

de la licenciada González Rodríguez en el conference room y

en un área donde estaba ubicado un escritorio pequeño y

tres o cuatro archivos grandes.

Sin embargo, la licenciada

Soto Mujica afirmó que nunca tocó los expedientes de la

licenciada González Rodríguez puesto que no eran suyos.

AD-2015-5

70

Declaró que la licenciada González Rodríguez le indicó que

le había dado instrucciones a la señora Trenche para que

llamara a los clientes y éstos pasaran a recoger esos otros

expedientes.

De lo anterior podemos colegir que, aunque la juez

González

Rodríguez

transacción

entendía

económica

que,

formalizada

como

entre

parte

ellas,

de

le

la

había

cedido a la licenciada Soto Mujica los asuntos delegados

por

los

promoventes,

no

se

produjo

la

correspondiente

aceptación de tal acuerdo por parte de esta última.

En

otras palabras, la apreciación de la licenciada Soto Mujica

sobre el alcance del negocio acordado era uno muy diferente

y así lo puntualizó en su testimonio.

sobre

este

particular

fueron

Sus declaraciones

contundentes:

únicamente

aceptó la representación legal de aquellas personas con las

que

pudo

reunirse

personalmente

y

tan

sólo

mantuvo

la

custodia y control de los expedientes de esos clientes.

Encontramos,

por

lo

tanto,

que

bajo

estas

circunstancias no se configuraron los elementos necesarios

para que se concretizara una violación al Canon 27 de Ética

Profesional, supra.

Mujica

nunca

promoventes

en

Ello, puesto que la licenciada Soto

asumió

la

diciembre

representación

de

2012

como

legal

de

los

tampoco

tomó

la

custodia y control de los expedientes de éstos al momento

de ocupar el Bufete en enero de 2013.

El hecho de que, en

el

González

local

alquilado

a

la

licenciada

Rodríguez,

permanecieran expedientes activos de personas que habían

AD-2015-5

71

sido representadas por ésta no implica que los casos y la

documentación

correspondiente

se

traspasaran

automáticamente al dominio y control de la licenciada Soto

Mujica una vez entró en vigor el arrendamiento.

E. Canon 35 de Ética Profesional – Sinceridad y Honradez

La

verdad

profesional

del

rector

cada

en

es

una

Derecho

virtud

y

momento

debe

en

inseparable

guiarle

su

como

carrera

de

todo

principio

profesional.

Reiteradamente hemos destacado que no actuar con sinceridad

y honradez, ya sea en las relaciones con los clientes, o

ante el tribunal, contraviene los preceptos del Canon 35.

Desafortunadamente en el día de hoy nos enfrentamos a

una situación altamente penosa de unos clientes a quienes

les hicieron pensar que sus respectivos asuntos estaban

siendo atendidos por la licenciada González Rodríguez e

iban en progreso.

a

preguntas

Nada más lejos de la verdad.

relacionadas

licenciada

González

llamadas

la

de

Villafañe.

al

estatus

Rodríguez

señora

Gómez

de

nunca

Correa

y

sus

Así pues,

casos,

la

respondió

a

del

Burgos

señor

las

En estos dos casos simplemente se les informó a

los promoventes, a través de la señora Trenche, que sus

asuntos estaban encaminados, aun cuando esto no era cierto.

Igualmente sucedió con la señora Rodríguez Carrión.

En

sus

múltiples

manifestó

llamadas

al

Bufete,

en todo momento que

la

secretaria

le

todo marchaba bien, pero

había que esperar por una determinación judicial.

Incluso,

la

con

señora

Rodríguez

Carrión

llegó

a

coincidir

la

AD-2015-5

72

licenciada González Rodríguez en el despacho legal y la

propia abogada le reiteró esta aseveración.

Sin embargo,

con el tiempo la señora Rodríguez Carrión se enteró que,

contrario a las afirmaciones de ambas, nunca se presentó

recurso alguno ante el tribunal relativo a sus asuntos.

A base de lo anterior, quedó firmemente establecido

que

la

licenciada

González

Rodríguez

no

fue

sincera

y

honesta en su relación profesional con los promoventes.

Este comportamiento, altamente censurable, transgrede los

postulados

del

Canon

35

que

rigen

la

conducta

de

los

profesionales del Derecho.

F. Canon 38 de Ética Profesional – Preservación del

Honor y Dignidad de la Profesión

La conducta desplegada por la juez González Rodríguez

al desentenderse por completo de sus clientes al momento de

cerrar

su

práctica

comunicación

luego

contraria

su

a

legal

de

deber

e

ignorar

juramentar

ético

de

a

sus

su

exaltar

intentos

cargo

el

de

resultó

honor

dignidad de la profesión dispuesto en el Canon 38.

y

la

La

prueba establece, sin lugar a duda, que no se condujo en

forma digna y honorable ni se esforzó al máximo de su

capacidad

por

realzar

profesión

que

ejerce.

la

buena

Por

lo

imagen

de

la

ilustre

tanto,

sus

actuaciones

igualmente conformaron una infracción al Canon 38.

Apena notar cómo los promoventes en este caso fueron

abandonados a su suerte luego de la juez González Rodríguez

asumir su cargo judicial.

Peor aún es su indiferencia

frente a sus intentos de comunicarse con ella para reclamar

AD-2015-5

73

lo que por derecho les correspondía: sus expedientes y el

dinero cobrado por trabajo no realizado.

Del testimonio vertido en la vista ante la Comisión

trasciende

la

angustia

de

los

promoventes

ante

la

incertidumbre sobre el futuro de sus respectivos asuntos

una

vez

se

enteraron

de

que

la

licenciada

Rodríguez ya no continuaría representándoles.

advertimos

las

múltiples

gestiones

que

González

Igualmente

realizaron

para

tratar de ubicar a la juez González Rodríguez en varios

tribunales

y

los

esfuerzos

repetidos

para

procurar

comunicarse con ella ya fuese por teléfono, carta, correo

electrónico o mensajes de texto.

Como respuesta se toparon

con el silencio de la magistrada quien erróneamente asumió

que

las

cesaron

obligaciones

en

el

momento

éticas

en

para

que

con

vendió

los

su

promoventes

práctica

a

la

licenciada Soto Mujica.

El hecho de ostentar el título de abogado le impone a

cada letrado la obligación de comportarse en todo momento

de

manera

digna

y

honorable

de

manera

que

exalte el honor y dignidad de la profesión.

su

conducta

Es menester

recordar que las acciones y omisiones de un abogado no sólo

se miden de manera individual, sino como representante de

la

clase

togada.

La

conducta

desplegada

por

la

juez

González Rodríguez “demuestra que dejó de exaltar el honor

y la dignidad de la profesión en clara contravención a lo

dispuesto en el Canon 38.

honorable

ni

se

esforzó

No se condujo en forma digna y

al

máximo

de

su

capacidad

por

AD-2015-5

74

realzar

la

ejerce.”

In re Nazario Díaz, supra, pág. 810.

Como

buena

imagen

justificación

intentos

de

González

Rodríguez

de

la

para

comunicación

no

de

aludió

ilustre

haber

los

profesión

respondido

promoventes

también

a

la

que

a los

la

juez

carencia

de

directrices para jueces de nuevo nombramiento en torno a

comunicaciones con sus ex clientes relacionadas a los casos

tramitados a su favor.

A esos efectos, hizo referencia al

Canon 27 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B (2012).

El Canon 27 de Ética Judicial, supra, impide a los

jueces, una vez ocupan su cargo, ejercer la abogacía y

proveer

asesoramiento

legal,

tanto

a

individuos

como

a

entidades públicas o privadas indistintamente de si cobran

o

no

por

tal

servicio.

De

manera

que,

conforme

al

mencionado Canon 27, un juez está impedido de comparecer,

ya

sea

en

persona

o

mediante

cliente

y

abogar

por

sus

judicial o administrativo.

301 (2012).

escrito,

intereses

a

en

nombre

cualquier

de

un

foro

In re Birriel Cardona, 184 DPR

Esta restricción tiene como propósito evitar

situaciones que puedan dar margen a que se cuestione la

parcialidad

de

los

jueces

y

se

afecte

la

confianza

depositada en la Judicatura en la eventualidad de que la

resolución

de

adjudicativos.

estos

Íd.

asuntos

culmine

ante

foros

Véase, además, Comentarios al Canon 27

de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B (2012).

Notamos sin embargo que, en el contexto del cierre de

la práctica legal, no todo contacto entre un juez de nuevo

AD-2015-5

75

nombramiento y un ex cliente debe necesariamente reputarse

contrario al Canon 27 de Ética Judicial, supra.

Es preciso

auscultar el tipo específico de comunicación que se genera

para determinar si, en efecto, existe el riesgo de que el

magistrado incurra en conducta vedada por esta disposición.

Conforme

aparece

redactado

en

el

Canon

27

de

Ética

Judicial, supra, el factor determinante a considerar es si

de alguna manera se le requiere al juez que ejerza la

práctica de la profesión legal o participe en asesoramiento

en materia de Derecho.13

Del

interés

expediente

de

los

de

este

promoventes

caso

en

se

desprende

comunicarse

con

que

la

el

juez

González Rodríguez se limitaba a conocer qué iba a suceder

con sus asuntos y cómo podían recuperar el dinero que le

habían adelantado para gestionarlos.

En atención a ello no

podemos concluir que los esfuerzos de comunicación en este

caso representasen alguna posibilidad de conflicto ético al

amparo

del

naturaleza

Canon

de

las

27

de

Ética

interrogantes

Judicial,

de

los

supra.

La

promoventes

no

implicaba de manera alguna el ejercicio de la profesión o

recababa de asesoría legal.

Estos antiguos clientes simple

y llanamente urgían información de hechos asociados a una

13

En varias jurisdicciones de los Estados Unidos en donde ha surgido esta

problemática se ha atendido el tema distinguiendo entre la gestión de brindar

asesoramiento legal, lo cual está prohibido una vez un juez ocupa su cargo, y

la de proveer información sobre asuntos que no surgen claramente del expediente

o la localización de documentos.

De manera que el enfoque utilizado para

disponer de este dilema se centra en que la solicitud al juez no involucre

cuestionamientos que de alguna forma estén relacionados a: procurar consejo

legal, que se brinde una opinión, que se discutan estrategias de litigación o

pasos a tomar para adelantar la causa del ex cliente. Véanse C. Gray, supra,

pág. 85; C. Goldstein, supra, y C. G. Geyh, J. J. Alfini, S. Lubet and J. M.

Shaman, op. cit.

AD-2015-5

76

relación profesional ya terminada, específicamente en lo

concerniente al estatus de sus casos y la devolución de

honorarios, un escenario sin potencial de menoscabar la

confianza pública en la imparcialidad judicial.

De todos modos, en caso de albergar dudas sobre si el

contacto

con

sus

ex

clientes

podía

infringir

alguna

disposición ética, la juez González Rodríguez pudo haber

tomado algún tipo de medida cautelar en lugar de ignorar

los intentos de comunicación de los promoventes.

tanto,

González

carece

de

Rodríguez

mérito

el

de

atender

no

planteamiento

los

de

reclamos

Por lo

la

juez

de

los

promoventes en consideración a los preceptos decretados en

el Canon 27 de Ética Judicial, supra.

mutismo

no

puede

justificarse

Por el contrario, su

especialmente

ante

la

incertidumbre en que quedaron cada uno de los promoventes

por la manera en que la magistrada les abandonó a su suerte

en total menosprecio a los postulados éticos a los que

estaba sujeta.

G. Canon 1 de Ética Judicial – Cumplimiento de la Ley

Por último, la Comisión concluyó que la juez González

Rodríguez también infringió el Canon 1 de los Cánones de

Ética Judicial.

La importancia de los jueces respetar la

ley no puede ser subestimada ya que la esencia de sus

labores

es

precisamente

nuestro ordenamiento.

exigirle

a

otros

que

observen

“[E]l deber de cumplir con la ley

[…] es una norma ética básica cuyo cumplimento no podemos

AD-2015-5

77

evadir si pretendemos que otros la acaten”.

In re Ruiz

Rivera, 168 DPR 246, 259 (2006).

El Canon 1 es el único cargo imputado en contra de la

juez González Rodríguez bajo las disposiciones del Código

de Ética Judicial.

Las alegaciones concernientes a esta

normativa aparecen consignadas en el Primer y Sexto Cargo

de

la

Querella

junto

a

las

múltiples

imputaciones

concernientes a los Cánones de Ética Profesional.

En el

Primer Cargo se le atribuyó haber incurrido en conducta

lesiva

a

la

renunciado

imagen

de

la

Rama

Judicial

a

la

representación

apropiadamente

al

no

haber

de

los

promoventes ni informarles el estatus de los procedimientos

en

los

asuntos

para

los

cuales

había

sido

contratada.

Específicamente, se señaló que dicha “conducta socavó la

integridad,

pueblo

en

el

respeto

y

los

miembros

de

la

la

confianza

profesión

que

deposita

legal

y

en

el

el

sistema de justicia” todo ello contrario a los Cánones de

Ética Profesional 18, 19, 20, 35 y 38 y el Canon 1 de Ética

Judicial.

Como

Primer Cargo de la Querella.

Sexto

y

último

cargo

se

alegó

que

la

juez

González Rodríguez ignoró los reclamos de los promoventes

para que les devolviese los honorarios pagados por trabajos

no efectuados.

Se caracterizó esta conducta como no digna

de la profesión legal y contraria a la responsabilidad y el

honor que debe representar todo abogado en contravención a

los Cánones de Ética Profesional 18, 19, 20, 35 y 38 y el

Canon 1 de Ética Judicial.

AD-2015-5

78

Por

las

razones

que

esbozamos

a

continuación,

discrepamos de la determinación de la Comisión en torno a

que la juez González Rodríguez vulneró las disposiciones

del Canon 1 de Ética Judicial, según imputado en el Primero

y último cargo de la Querella.

No hallamos que su proceder

haya infringido algún estatuto o postulado según exige el

Canon 1.

función

Tampoco se desprende que haya relegado alguna

inherente

a

su

cargo

en

relación

con

obligaciones éticas para con los promoventes.

sus

En otras

palabras, el expediente carece de prueba que establezca que

la juez González Rodríguez de alguna manera faltó a su

compromiso de defender ya sea la Constitución federal, la

local, las leyes de Puerto Rico o que no haya sido fiel

cumplidora

al

juramento

concerniente

a

las

responsabilidades propias de su puesto en la Judicatura.

Resolvemos, por lo tanto, que la juez González Rodríguez no

quebrantó los postulados consignados en el Canon 1 de los

Cánones de Ética Judicial.

Ahora

disposición

bien,

el

expresa

que

del

no

se

haya

ordenamiento

transgredido

una

ético-judicial

no

significa que la desidia desplegada por la juez González

Rodríguez frente a los promoventes luego de su investidura

pase desapercibida por esta Curia.

Su comportamiento para

con los que hasta un tiempo atrás habían sido sus clientes

fue sencillamente deplorable.

Particularmente, si tomamos

en consideración que nunca les notificó de su renuncia, ni

les

informó

del

paradero

de

sus

expedientes

y

tampoco

AD-2015-5

rindió

79

cuenta

González

de

los

honorarios

Rodríguez

no

podía

desentenderse

de

obligaciones

retenidos.

valerse

de

su

fundamentales

La

juez

toga

para

que

aún

le

ataban a estos cuatro ex clientes.

V. Sanción

A base de lo anterior, concluimos que existe “prueba

clara,

robusta

y

convincente”

de

que

la

juez

González

Rodríguez violó los Cánones 18, 19, 20, 35 y 38 de los

Cánones de Ética Profesional, mas no el Canon 27 de Ética

Profesional, ni el Canon 1 de Ética Judicial.

Corresponde

imponer.

entonces

disponer

de

la

sanción

a

En este caso la Comisión recomendó la destitución

de la juez González Rodríguez del cargo de Juez Superior,

además de la suspensión indefinida del ejercicio de la

abogacía.

Sin embargo, según señalamos anteriormente, en

consonancia con nuestra facultad disciplinaria no venimos

obligados

a

Comisión.

acoger

In

re

las

sanciones

González

propuestas

Porrata-Doria,

por

la

In

re

supra;

Quiñones Capacetti, supra; In re Acevedo Hernández, supra.

Debido

asociadas

al

a

que

nos

proceso

de

enfrentamos

a

transición

de

violaciones

un

éticas

abogado

a

la

judicatura, a modo de guía recurrimos a las dos ocasiones

previas

en

situaciones

que

tuvimos

de

disciplina

la

oportunidad

judicial

de

abordar

relacionadas

al

comportamiento de jueces de nuevo nombramiento con respecto

a sus ex clientes.

AD-2015-5

80

Sobre este tema, inicialmente atendimos el caso de In

re

Grau

Acosta,

incurrió

en

supra.

En

múltiples

esa

ocasión

faltas

éticas

el

magistrado

graves

por

comportamiento ocurrido, tanto previo a prestar juramento

en calidad de Juez Superior, como

cargo.

A

base

consideración

de

la

prueba

determinamos

mientras ocupaba

ese

presentada

ante

nuestra

el

Grau

Acosta

que

Juez

contravino los Cánones 19, 20, 21, 27 y 35 del Código de

Ética Profesional, supra, así como múltiples disposiciones

de

los

Cánones

de

Ética

Judicial

de

1977,

vigente

al

momento de los hechos, y ciertas directrices de la OAT.

Conforme

detallamos

a

continuación,

el

magistrado

primeramente incurrió en infracciones éticas asociadas a la

renuncia

de

representación

de

sus

clientes

además

de

comparecer al tribunal a nombre de sus ex clientes y el

suyo personal luego de advenir juez.

solicitud

de

renuncia

entonces

Juez

Grau

presentó

ya

defectos

constitutivos

específico,

a

Acosta

ejerciendo

el

Juez

la

representación

aparte

como

Concretamente, la

de

legal

tardía,

magistrado,

de

graves

faltas

Grau

Acosta

no

le

del

pues

se

adolecía

de

éticas.

En

informó

a

sus

clientes los planes de descontinuar su representación y su

eventual renuncia; seleccionó por su cuenta a un abogado

para sustituirle en el proceso quien, a su vez, tenía un

conflicto de interés en el asunto pues representaba a una

parte

contraria

en

el

pleito;

retuvo

indebidamente

los

AD-2015-5

81

expedientes de sus clientes y condicionó su entrega al pago

de los honorarios de abogado.

Asimismo, el Juez Grau Acosta actuó impropiamente al

comparecer durante horas laborables, tanto en su carácter

personal, como de abogado en el mismo tribunal donde se

desempeñaba como juez.

abogado

de

parte,

y

En ocasiones se identificó como

en

una

oportunidad

figuró

como

representante de clientes a los cuales había renunciado

mucho antes.

Desatendió, además, su obligación de informar

al Juez Administrador su interés personal en el caso para

que se ordenara el traslado inmediato del mismo.

Por último, contrario a las normas éticas vigentes,

declinó inhibirse en ciertos casos ante su consideración, a

pesar de haberse planteado cuestionamientos legítimos sobre

su imparcialidad para atenderlos.

El abogado que sometió

la solicitud representaba la parte contraria en un pleito

en que el juez era parte en su capacidad personal.

Más

aún, amenazó al letrado con fallar siempre en su contra de

no retirar sus mociones de inhibición.

Sumado a lo anterior, la prueba estableció sin margen

a duda que las actuaciones antiéticas del Juez Grau Acosta

estuvieron motivadas por consideraciones económicas y sus

intereses personales, obviando en todo momento su deber de

preservar el respeto y la confianza del pueblo en nuestro

sistema de justicia y la obligación de exaltar el honor y

la dignidad de la profesión.

AD-2015-5

82

El cúmulo de las transgresiones graves a las normas

de

comportamiento

ético

del

Juez

resumidas

anteriormente,

le

merecieron

inmediata

de

su

cargo

de

Juez

Grau

Acosta,

la

Superior,

según

destitución

así

como

la

suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía.

Más

adelante,

en

In

re

Birriel

Cardona,

supra,

resolvimos que la magistrada actuó contrario al Canon 27 de

Ética Judicial al comparecer ante la Junta de Personal de

la Rama Judicial (Junta) luego de haber juramentado a su

cargo de juez.

Esta comparecencia se efectuó a través de

una moción de

reconsideración

Birriel

Cardona

solicitó

que

mediante la cual

se

dejara

sin

la Juez

efecto

la

desestimación de un proceso iniciado por ella ante dicho

cuerpo administrativo.

La reclamación en cuestión se instó

a favor de un alguacil quien impugnó su traslado.

La Junta

archivó la querella por alegada falta de interés ante la

inacción

del

promovente.

Junto

con

su

solicitud

de

reconsideración la juez presentó su renuncia como abogada

en el asunto.

Luego

de

tomar

en

cuenta

los

quebrantos

de

salud

tanto del cliente como de la Juez Birriel Cardona, los

cuales dificultaron la comunicación entre ellos; el hecho

de que la juez no tenía intención de continuar como abogada

en el proceso sino más bien su único interés era preservar

los derechos de su ex cliente, y, por último, dado el

historial

profesional

intachable

de

limitamos la sanción a una amonestación.

la

magistrada,

AD-2015-5

83

Conforme

puntualizamos

a

continuación,

estos

dos

casos son distinguibles del asunto que nos ocupa en el día

de hoy para fines de la sanción a imponer.

Nos explicamos.

A pesar de que las violaciones atribuidas al Juez

Grau

Acosta

se

extendieron

desde

la

etapa

en

que

se

desempeñaba como abogado hasta luego de integrarse a la

Judicatura,

en

multiplicidad

de

su

situación

específica

transgresiones

graves

a

predominan

los

provistos en el ordenamiento ético judicial.

su

conducta

afectó

el

prestigio

y

ciudadanía en el sistema de justicia.

la

la

postulados

De este modo

confianza

de

la

La preocupación por

cobrar sus honorarios le llevó a actuar antiéticamente en

numerosas

instancias

sin

consideración

alguna

a

los

intereses de sus clientes o en deferencia a la posición que

ocupaba.

Además, mostró total menosprecio del honor debido

a su cargo en su actitud revanchista frente a un abogado

quien,

en

inhibición.

cumplimiento

con

su

deber,

le

solicitó

la

En resumen, el grueso de la conducta proscrita

despuntó luego de juramentar a su cargo de juez.

A diferencia de lo anterior, la conducta de la juez

Birriel Cardona se limitó a un solo incidente del ejercicio

de la profesión enmarcado en el Canon 27 del Código de

Ética Judicial y posterior a asumir su cargo de juez.

Al

momento de imponerle una sanción leniente a la magistrada,

tomamos en consideración una serie de factores mitigantes

que denotaban que el trámite del proceso administrativo se

vio afectado por los problemas de salud que aquejaron tanto

AD-2015-5

84

a la juez como a su representado.

Igualmente destacamos

que el interés de la juez en todo momento fue proteger los

intereses de su representado y que, de hecho, a través de

su intervención logró que se dejase sin efecto el archivo

de la querella.

Por último, ésta no tenía interés en

continuar participando en el proceso.

Contrastamos

los

caso que nos ocupa.

ante

una

situación

dos

casos

antes

señalados

con

el

Es importante destacar que estamos

novel

en

el

ejercicio

autoridad disciplinaria ético-judicial.

de

nuestra

A pesar de que las

quejas ante nuestra consideración se presentaron luego de

la juez González Rodríguez juramentar a su puesto en la

Judicatura,

la

conducta

totalidad

mientras

práctica

legal,

ésta

censurable

todavía

particularmente

ocurrió

se

casi

en

su

desempeñaba

en

la

trámite

de

durante

el

cerrar su Bufete para juramentar como juez.

Así,

pues,

su

desviación

de

los

postulados

éticos

consistió en que, aparte de la falta de diligencia en el

manejo de los asuntos de los promoventes, tampoco se les

mantuvo

informados

del

estatus

de

sus

casos.

Por

el

contrario, se les hizo creer que sus casos estaban siendo

atendidos cuando no era cierto.

De otra parte, una vez la

juez González Rodríguez cesó sus labores como abogada no

les notificó de esto a los promoventes quienes quedaron en

una especie de limbo jurídico desprovistos de su derecho a

una transición informada y ordenada de sus casos.

AD-2015-5

85

La juez González Rodríguez tampoco fue diligente en

gestionar la oportuna devolución de los expedientes de los

promoventes,

así como

realizado.

Este retraso afectó la posibilidad de sus ex

clientes

en

el dinero

adelantar

la

cobrado por trabajo no

resolución

de

sus

asuntos.

Igualmente, la desatención mostrada por la juez González

Rodríguez a los intentos de comunicación de los promoventes

luego de su juramentación como juez es altamente censurable

y atenta contra la imagen de la profesión legal y de la

Judicatura.

Cabe notar que no se trata en este caso de individuos

pudientes sino personas humildes y trabajadoras quienes,

con

grandes

sacrificios,

lograron

reunir

lo

que

les

representaba mucho dinero, con el fin de poner en orden

asuntos que tenían un gran significado en sus vidas y la de

sus familiares.

Desgraciadamente la mayor parte de los

mismos quedaron pendientes por la falta de recursos.

Atribuimos

proceso

a

la

planificación

las

faltas

éticas

falta

de

control

adecuada

por

parte

señaladas

en

este

y

ausencia

de

una

de

la

González

juez

Rodríguez en el manejo de los casos en su oficina legal.

Por

ejemplo,

los

contratos

con

los

promoventes

fueron

verbales lo que dificultaba determinar las particularidades

del asunto encomendado por los clientes, cuáles gestiones

todavía

quedaban

contabilizar

concluidos.

los

pendientes

de

realizar,

honorarios

pagados

por

así

como

servicios

no

AD-2015-5

A

86

lo

anterior

se

suma

el

proceso

precipitado

y

descuidado del cierre del Bufete de la entonces licenciada

González Rodríguez.

Al parecer no se efectuó un inventario

veraz de los casos con asuntos pendientes en su despacho

legal lo cual dio base a los dilemas éticos que atendemos

hoy.

En esta línea sobresale la parquedad de los términos

del Contrato de Arrendamiento en torno a los clientes que

pasaban a ser representados por la licenciada Soto Mujica.

El

documento

transacción.

nombres

de

carece

de

detalles

esenciales

Concretamente,

no

clientes,

asuntos

los

los

se

a

dicha

identificaron

los

delegados

los

ni

honorarios ya pagados o pendientes de pagar.

Sin embargo, no podemos pasar por alto que la juez

González

Rodríguez

sí

se

ocupó

de

hacer

los

arreglos

necesarios para asegurar la continuidad en los casos de los

doce a quince clientes

Mujica

efectivamente

para quienes

asumió

la

la licenciada Soto

representación

legal.

Tampoco se registraron deficiencias o incidentes con el

resto de los aproximadamente treinta clientes con asuntos

activos del Bufete durante el periodo de transición.14

Igualmente, no estamos ante una conducta que denote

el uso abusivo o negligente de la juez González Rodríguez

de

las

prerrogativas

responsabilidades

de

inherentes

su

cargo

a

su

o

falta

a

las

posición

en

la

Judicatura.

14

Según estipulado por las partes, la licenciada González Rodríguez

estimaba que, al momento de suscribir el Contrato de Arrendamiento, quedaban

aproximadamente cincuenta (50) clientes con asuntos activos en el Bufete.

AD-2015-5

87

Destacamos que es la primera ocasión en que la juez

González

éticos

Rodríguez

desde

de 2001.

su

se

ha

enfrentado

juramentación

a

como

cuestionamientos

abogada

en

Aparte de este caso, su desempeño en su carrera

como litigante y como juez ha sido impecable.

quedó

enero

establecido

que

la

juez

goza

de

una

personal intachable en su entorno social.

Además,

reputación

Igualmente, su

excelente reputación en la comunidad judicial fue validada

por el testimonio estipulado de las juezas Nereida Cortés

González, Lourdes Díaz Velázquez y Ladi Buono de Jesús.

Sumado a lo anterior, las juezas Cortés González y Díaz

Velázquez, Juezas Administradoras en las regiones en que la

Juez González Rodríguez estuvo asignada, indicaron que de

haber

testificado

hubiesen

acreditado

el

alto

grado

de

laboriosidad y competencia profesional demostrado por la

juez González Rodríguez en el ejercicio de su cargo.

Por último, la juez González Rodríguez ha expresado

su

sincero

suscitaron

arrepentimiento

este

trámite

por

los

disciplinario

y

incidentes

que

considera

este

proceso como una experiencia aleccionadora para su futuro

profesional.

VI. Conclusión

Luego

de

evaluar

minuciosamente

las

violaciones

concernidas en el marco de la trayectoria profesional de la

juez González Rodríguez, tanto en su fase de abogada como

en su rol de magistrada, consideramos que no estamos ante

un comportamiento de tal gravedad o magnitud que amerite

AD-2015-5

88

despojarla de la investidura judicial.

A esos efectos,

reconocemos que hemos impuesto la destitución como sanción

“de manera excepcional y ante conductas con un alto grado

de severidad”.

In re Hon. Colón Colón, supra, pág. 749.

Por lo cual decretamos su suspensión inmediata de empleo y

sueldo por un término de cuatro (4) meses.

Además, en la

medida

ordenamos

en

que

no

se

haya

efectuado

aún,

la

devolución a los promoventes de los honorarios pagados por

trabajos no realizados y que se nos acredite lo anterior en

el término de treinta (30) días contados a partir de la

notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.15

Se dictará Sentencia de conformidad.

15

Estas cantidades se desglosan de la siguiente forma: (1) Migdalia Gómez

Correa, tres mil dólares ($3,000.00); Maria E. Colón Rivera, dos mil

cuatrocientos ocho dólares ($2,408.00); Miguel Ángel Burgos Villafañe, dos mil

dólares ($2,000.00), y María del Pilar Rodríguez Carrión, ocho mil dólares

($8,000.00).

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Hon. Gema González Rodríguez,

Juez Superior del Tribunal

de Primera Instancia, Sala

Superior de Fajardo

AD-2015-5

Disciplina

Judicial

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 3 de octubre de 2018.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

de esta Sentencia, concluimos que la Juez Gema González

Rodríguez violó los Cánones 18, 19, 20, 35 y 38 de los

Cánones de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX (2012), mas

no el Canon 27 de Ética Profesional ni el Canon 1 de

los Cánones de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B (2012).

A base de lo anterior, decretamos su suspensión

inmediata de empleo y sueldo por un término de cuatro

(4) meses.

Además, en la medida en que no se haya efectuado

aún, ordenamos a la Juez Gema González Rodríguez

devolver a los promoventes los honorarios pagados por

trabajos no realizados y que se nos acredite lo

anterior en el término de treinta (30) días contado a

partir de la notificación de la Opinión Per Curiam que

antecede y de esta Sentencia.

Notifíquese personalmente por conducto

Oficina del Alguacil de este Tribunal.

de

la

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo.

La Jueza Asociada señora Pabón

Charneco hace constar que hubiese suspendido por dos

(2) meses.

El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió

una Opinión Disidente a la cual se une la Juez Asociada

AD-2015-5

2

señora Rodríguez Rodríguez. La Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez hace constar la siguiente expresión:

La

Juez

Asociada

señora

Rodríguez

Rodríguez se une a la Opinión Disidente emitida

por el Juez Asociado señor Colón Pérez para el

caso de epígrafe. Hace constar, ello no

obstante,

dos

cosas.

Primero,

que

las

“razones”, “explicaciones” o “justificaciones”

de la mayoría para la sanción que impone son

totalmente inadmisibles e ilusas y producen

sonrojo. Segundo, que la Jueza señora González

Rodríguez parece considerar que sus clientes

son bienes muebles de su propiedad, los cuales

puede vender a su antojo. Nada más lejos de la

verdad.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no interviene.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

AD-2015-5

Hon. Gema González Rodríguez

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ a la

cual se une la Juez Asociada señora RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de octubre de 2018.

Hoy, una vez más, una mayoría de este Tribunal deja a un

lado el trabajo bien hecho y bien pensado de la Comisión de

Disciplina Judicial, así como sus acertadas recomendaciones,

y opta por sancionar laxamente la conducta de una juez, que - días después de haber sido nombrada a la judicatura, pero

todavía

en

dispuesto

su

en

rol

los

de

abogada

Cánones

18

--

infringió

(competencia

gravemente

del

abogado

lo

y

consejo a su cliente), 19 (deber de mantener informado al

cliente),

20

(renuncia

(colaboración profesional),

38

a

representación

legal),

27

35

(sinceridad

honradez)

y

y

AD-2015-5

2

(preservación del honor y dignidad de la profesión) de Ética

Profesional, 4 LPRA Ap. IX, así como el Canon 1 (cumplimiento de

la ley) del Código de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B. De ese

lamentable y ya reiterado proceder, nuevamente disentimos.16

I.

Los

hechos

que

dieron

margen

al

presente

proceso

disciplinario se recogen con particular precisión en la Opinión

Per Curiam que hoy emite este Tribunal, por lo que -- para fines

de nuestro análisis -- adoptaremos los mismos por referencia.

Así pues, tan pronto examinamos detenida y cuidadosamente los

hechos allí narrados, nos percatamos de que estamos ante una

juez, en este caso la Hon. Gema González Rodríguez (en adelante

“la juez González Rodríguez”), que -- días después de haber sido

nombrada a la judicatura, pero todavía en su rol de abogada -no realizó un ejercicio reflexivo, ni un juicio autocrítico,

sobre

las

consecuencias

éticas

que

tendría

su

conducta

profesional ni sobre las repercusiones de la misma sobre cuatro

(4)

familias

quienes,

puertorriqueñas

mientras

ésta

de

fungía

escasos

como

recursos

abogada,

económicos

tocaron

a

sus

puertas en busca de justicia. Una juez que, según se desprende

de los hechos a los que hemos hecho referencia, desplegó un

total desinterés, indiferencia, insensibilidad y desidia hacia

Y es que, en los dos años que llevamos formando parte de este

Tribunal, en la gran mayoría de las instancias en que han estado ante

nuestra consideración procesos disciplinarios contra jueces o juezas el

proceder de este Foro ha sido dejar a un lado las recomendaciones de la

Comisión de Disciplina Judicial y/o el Procurador General.

16

Así por ejemplo, en In re Candelaria Rosa, 197 DPR 445 (2017), 2017

TSPR 29, la Comisión de Disciplina Judicial recomendó el archivo del caso y

este Tribunal optó por suspender al Juez Candelaria Rosa por tres (3) meses;

en In re Hon. Colón Colón, 197 DPR 728 (2017), la Comisión de Disciplina

Judicial recomendó la destitución del Juez Colón Colón y este Tribunal optó

por suspenderlo tan solo por tres meses; y, finalmente en In re Vélez Colón,

198 DPR 575 (2017), 2017 TSPR 133, la Oficina de la Procuradora General

recomendó el archivo del caso y este Tribunal optó por censurar a la Juez

Vélez Colón.

AD-2015-5

los

3

reclamos

de

quienes

hasta

el

momento

previo

a

su

nombramiento a la judicatura habían sido sus clientes.

Y es que, la evidencia testifical y documental en manos de

la Comisión de Disciplina Judicial, la cual fue detallada en el

Informe que el referido organismo le brindó a este Tribunal,

dejó meridianamente establecido que la juez González Rodríguez - días después de haber sido nombrada a la judicatura, pero

todavía

en

su

rol

de

abogada

--

no

llevó

a

cabo

esfuerzos

razonables para comunicarse con los promoventes del presente

proceso disciplinario -- sus antiguos clientes -- y advertirles

sobre su nombramiento a la judicatura, la consecuente renuncia a

la

representación

legal,

la

devolución

de

sus

expedientes

legales, y más importante aún, la devolución de los honorarios

de abogado por los servicios legales no prestados. Sobre lo

antes

expuesto,

no

existe

prueba

en

contrario.

Son

hechos

ciertos.

Particularmente, de la prueba documental y testifical que

desfiló ante la Comisión de Disciplina Judicial claramente se

desprende que, previo a su nombramiento a la judicatura, la juez

González Rodríguez a través de su secretaria legal continuamente

le informaba a sus clientes -- los promoventes del presente

proceso disciplinario -- las gestiones legales que realizaba en

su casos. Sin embargo, luego de su nombramiento a la judicatura,

--

hecho

que

sus

entonces

clientes

terceros

--,

la

referida

juez

los

conocieron

dejó

a

a

través

de

su

suerte

e

inhabilitados para contratar una nueva representación legal que

realizara

las

gestiones

legales

que

ella

no

realizó,

pues

carecían de recursos económicos para ello.

Los testimonios de los cuatro (4) promoventes del caso que

nos ocupa, los cuales le merecieron entera credibilidad a la

AD-2015-5

4

Comisión

de

Disciplina

Judicial,

dejaron

diáfanamente

establecido que éstos y éstas no recibieron comunicación alguna

de

parte

de

la

juez

González

Rodríguez

para

notificarle

el

estado de sus casos, los trámites que restaban por llevarse a

cabo, su nombramiento judicial, y/o coordinar la devolución de

sus expedientes legales y de los honorarios de abogado pagados

por servicios no prestados.

No empece a lo anterior, y a sabiendas de que no tuvo

comunicación efectiva con todos sus clientes, surge de la prueba

ante nos que la juez González Rodríguez cedió, unilateralmente y

mediante

contrato,

a

la

licenciada

Cristal

Soto

Mujica

la

custodia de expedientes legales con información personal de los

promoventes del presente litigio, haciéndole creer a ésta que

eran

expedientes

de

asuntos

terminados.

La

juez

González

Rodríguez aparentemente se concentró únicamente en los trámites

relacionados a su nombramiento judicial y utilizó el mes y medio

que

tenía

a

su

haber

–-

tiempo

transcurrido

entre

su

nombramiento y su posterior confirmación17 -- no para llevar a

cabo una ordenada transición en protección de los derechos de

sus

clientes,

sino

para

exclusivamente

planificar

el

otorgamiento de un Contrato de Arrendamiento en el que pactaría

“la venta de la cartera de clientes y expedientes del Bufete”

por la suma de $24,000. Dicho contrato tenía el claro propósito

no

sólo

de

cederle

la

17

El

28

noviembre

de

tenencia

de

física

2012

y

la

custodia

licenciada

de

los

González

Rodríguez fue nominada como Jueza Superior, el 10 de diciembre

de 2012 fue confirmada al cargo de Jueza Superior y el 11 de

enero de 2013 juramentó al cargo judicial.

AD-2015-5

5

expedientes

legales

a

la

licenciada

Soto

Mujica,

sino

de

delegarle a esta última la responsabilidad profesional sobre sus

clientes.

De

dicho

proceder

surge

de

manera

manifiesta

la

existencia de un palmario y claro ánimo de lucro de parte de la

juez González Rodríguez.

En esa dirección, y en total abstracción de la normativa

ética que regía su conducta profesional, en los comentarios

escritos

que

presentó

disciplinario,

la

como

juez

parte

de

González

este

procedimiento

Rodríguez

reafirmó

expresamente que “vendió” todos sus clientes a la licenciada

Soto Mujica por la suma global de $24,000, transfiriendo así - a su errado juicio -- su responsabilidad profesional

con los promoventes

para

del

presente proceso disciplinario.18 En la medida en que la

juez González Rodríguez no se comunicó con los promoventes del

18

Particularmente, en los comentarios presentados sobre las cuatro

quejas encontradas en su contra, la juez González Rodríguez esbozó la

siguiente argumentación:

Como es natural luego de ser nombrada y antes de

comenzar

funciones,

hice

todas

las

gestiones

encaminadas a cerrar mi oficina como abogada de la

práctica

privada.

Como

parte

de

esas

gestiones,

mediante Contrato de Arrendamiento de 21 de diciembre

de 2012 arrendé la propiedad donde ubica mi oficina

legal a la Lic. Cristal Soto Mujica. Asimismo, la

Lic.

Soto

Mujica

y

yo

acordamos

que

aquella

adquiriría “…la cartera de expedientes y clientes del

Bufete…”

por

la

suma

de

veinticuatro

mil

dólares

($24,000). Esa transacción consideró la totalidad de

los clientes, casos, gestiones y asuntos que, a esa

fecha,

estuviesen

pendientes

de

final

disposición.

AD-2015-5

6

presente proceso disciplinario previo a otorgar el Contrato de

Arrendamiento, la responsabilidad hacia éstos y éstas jamás fue

cedida a la licenciada Soto Mujica.

_________________________________________________________________

Así

pues,

para

la

fecha

en

que

las

partes

suscribieron el Contrato de Arrendamiento y venta de

cartera de clientes, el asunto que alude la [señora

Colón Rivera, señora Gómez Correa, señora Rodríguez

Carrión] en su comunicación figuraba como parte de

los

asuntos

pendientes

de

la

cartera

de

clientes

adquiridos por la Lic. Soto Mujica. Desde entonces,

todos

los

expedientes

pasaron

a

estar

bajo

la

exclusiva custodia y control de la Lic. Soto Mujica,

quien, desde ese momento se haría cargo de continuar

con

los

trámites

que

requiriesen

los

asuntos

Debemos

hacer

constar

poco

tiempo

pendientes.

después

de

que

se

suscribió

Arrendamiento”

entre

la

suscribiente,

[señora

Colón

Correa,

señora

Rodríguez

que

“Contrato

de

Soto

Mujica

y

la

Rivera,

señora

Gómez

Lic.

el

Carrión]

fue

notificada

sobre el hecho de que la Lic. Soto Mujica habría de

hacerse cargo de los casos que estaban pendientes.

Véase, Comentarios escritos de la Hon. Gema González

Rodríguez el 8 de diciembre de 2014 sobre la queja de

la señora Rodríguez Carrión, el 9 de marzo de 2015

sobre la queja de la señora Colón Rivera y el 17 de

abril

de

2015

sobre

la

queja

de

la

señora

Correa. Véase, Comparecencia Especial, pág. 31.

Gómez

AD-2015-5

7

Aceptar

como

defensa

o

eximente

de

responsabilidad

disciplinaria, tal y como la juez González Rodríguez postula,

que el proceso de nombramiento judicial fue uno acelerado y que

se dio en medio de días festivos, representaría proveerle a esta

juez una protección especial por el hecho de llevar consigo una

toga y le relevaría de la responsabilidad profesional que este

Tribunal les ha exigido, sin cortapisas, a otros miembros de la

profesión legal. Ello no es posible. No lo es, al menos para el

juez que suscribe.

En ese sentido, una vez la juez González Rodríguez se enteró

de que había sido nombrada a la judicatura, debió haber previsto

que podía ser confirmada para ocupar dicho cargo, por lo que, al

menos de manera preventiva, debió haber diseñado un proceso de

transición ordenado de su rol de abogada al cargo de juez, ello

en cumplimiento con los estándares éticos que rigen a todos los

miembros de la profesión legal. Sin embargo, ésta no lo hizo. Lo

anterior se agrava si tomamos en consideración que desde que

ésta advino en conocimiento de su nombramiento judicial hasta

que finalmente juramentó como Juez Superior, transcurrió casi un

mes

y

clientes

medio,19

y

tiempo

dar

cumplimiento

por

con

suficiente

terminada

los

la

para

comunicarse

relación

requerimientos

de

con

abogado-cliente

nuestro

sus

en

ordenamiento

deontológico.

Por último, precisa señalar también que, de los testimonios

vertidos por los promoventes del presente proceso disciplinario

durante

las

vistas

celebradas

por

la

Comisión

de

Disciplina

Judicial, claramente se desprende que éstos, en todo momento,

depositaron

19

su

entera

confianza

en

la

Véase, nota al calce núm. 2.

representación

que

al

AD-2015-5

8

momento de ser contratada le hizo la entonces licenciada Gema

González

Rodríguez.

Dicha

confianza,

según

ellos

mismos

testificaron, quedó gravemente lacerada, en la medida en que

recibieron una total desatención y/o menosprecio de parte de la

hoy juez González Rodríguez una vez ésta comenzó a ejercer sus

funciones judiciales.

Sobre este particular, y según se desprende de los hechos

que forman parte de la Opinión Per Curiam que hoy emite este

Tribunal, la juez González Rodríguez determinó cruzarse de brazos

e insistir en que la responsabilidad para con sus representados

era exclusivamente de la licenciada Soto Mujica, a quien ésta

alegadamente

le

había

cedido

expedientes

del

Bufete”.

Al

González

Rodríguez

hizo

su

“cartera

de

clientes

actuar

de

esa

manera,

la

despliegue

de

una

enorme

falta

y

juez

de

sensibilidad, consideración y empatía hacia estas personas de

escasos

recursos

económicos,

elementos

indispensables

en

el

carácter de todo miembro de la judicatura para el logro de la

consecución de la justicia.

Sin lugar a dudas, con su comportamiento, la juez González

Rodríguez afectó de forma significativa la percepción pública de

la profesión de la abogacía, así como también de la función

judicial.

Toda

vez

que

Tribunal

haya

tenido

la

similar

a

incurrida

la

preguntamos

entonces,

no

existe

un

precedente

oportunidad

de

evaluar

por

la

juez

González

¿debe

un

miembro

de

la

donde

una

este

conducta

Rodríguez,

nos

judicatura

que

incurre en un comportamiento tan perjudicial, y en detrimento de

quienes fueron sus clientes, formar parte de nuestro sistema

judicial, y tener a su cargo la encomiable función de impartir

justicia?

A

juicio

nuestro,

una

persona

que

demuestra

tal

desapego a las normas básicas de la ética profesional y judicial

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no merece continuar ocupando un cargo en nuestra judicatura, y

amerita también su suspensión del ejercicio de la abogacía.

Es, pues, por todo lo anterior que, contrario a lo que hoy

decide una mayoría de este Tribunal, somos de la opinión que en

el presente caso -- tal y como lo recomendó la Comisión de

Disciplina Judicial -- procedía la destitución de la Hon. Gema

González Rodríguez del cargo de Juez Superior y su suspensión

indefinida del ejercicio de la abogacía por su grave infracción a

lo dispuesto en los Cánones 18, 19, 20, 27, 35 y 38 de Ética

Profesional, supra, así como el Canon 1 del Código de Ética

Judicial, supra.20

20

En lo pertinente, los Cánones 18, 19, 20, 27, 35 y 38

de Ética Profesional, supra, disponen lo siguiente,

El Canon 18 de Ética Profesional postula que, “[s]erá

impropio de un abogado asumir una representación profesional

cuando está consciente de que no puede rendir una labor

idónea competente y que no puede prepararse adecuadamente

sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su

cliente o a la administración de la justicia”. Canon 18 del

Código de Ética Profesional, supra.

De

otra

parte,

el

Canon

19

de

Ética

Profesional

establece que, “[e]l abogado debe mantener a su cliente

siempre informado de todo asunto importante que surja en el

desarrollo del caso que le ha sido encomendado”. Canon 19

del Código de Ética Profesional, supra.

En cuanto a la renuncia de representación legal el Canon 20

indica que:

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10

_________________________________________________________________

Antes de renunciar la representación de

su

cliente

el

abogado

debe

tomar

aquellas

medidas razonables que eviten perjuicio a los

derechos de su cliente tales como notificar

de ello al cliente; aconsejarle debidamente

sobre

la

necesidad

de

legal

cuando

representación

una

nueva

ello

sea

necesario; concederle tiempo para conseguir

una nueva representación legal; aconsejarle

sobre la fecha límite de cualquier término de

ley que pueda afectar su causa de acción o

para la radicación de cualquier escrito que

le

pueda

favorecer;

y

el

cumplimiento

de

cualquier otra disposición legal del tribunal

al respecto, incluyendo la notificación al

tribunal de la última dirección conocida de

su representado.

Al ser efectiva la renuncia del abogado

debe

hacerle

entrega

del

expediente

a

su

cliente y de todo documento relacionado con

el caso y reembolsar inmediatamente cualquier

cantidad adelantada que le haya sido pagada

en honorarios por servicios que no se han

prestado.

Canon

20

Profesional, supra.

del

Código

de

Ética

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11

_________________________________________________________________

Por otro lado, en lo referente al deber de colaboración

profesional y diversidad de opiniones del abogado o abogada, el

Canon 27 del Código de Ética Profesional postula que, “[u]n

abogado o una firma legal no debe asociar a otro abogado en la

defensa de los intereses de su cliente sin obtener previamente

el consentimiento de éste para ello y hasta entonces no puede

divulgar

al

otro

abogado

confidencias

o

secretos

de

dicho

cliente”. Canon 27 del Código de Ética Profesional, supra.

Por su parte, el Canon 35 del Código de Ética Profesional,

sobre el deber de sinceridad y honradez, establece que, “la

conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los

tribunales, para con sus representados y en las relaciones con

sus compañeros debe ser sincera y honrada”. Canon 35 del Código

de Ética Profesional, supra.

En cuanto a la preservación del honor y dignidad de la

abogacía el Canon 38 del Código de Ética Profesional indica que,

“[e]l abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en

la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el

así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta

la apariencia de conducta profesional impropia”. Canon 38 del

Código de Ética Profesional, supra.

Finalmente, el Canon 1 del Código de Ética Judicial postula

que, “[l]as juezas y los jueces respetarán y cumplirán la ley y

serán fieles al juramento de su cargo”. Canon 1 del Código de

Ética Judicial, supra.

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12

La delicada función de impartir justicia en protección de

los derechos de la ciudadanos y ciudadanas que en nuestro País

habitan,

solamente

debe

recaer

en

quienes

hayan

tenido

un

desempeño profesional caracterizado por un despliegue continuo

de imperativos éticos como la

prudencia,

la

eficiencia,

responsabilidad, el respeto, la

la

sensibilidad

y

la

honradez,

generadores de confianza pública y, a su vez, ejes centrales y

esenciales

justicia

para

en

el

el

fortalecimiento

País.

La

de

carencia

las

de

instituciones

principios

de

éticos

fundamentales, como los aludidos, atenta no sólo contra los

cimientos del Sistema Judicial, sino que también quebranta la

imagen de la judicatura ante la ciudadanía.21

II.

Dicho ello, sólo nos resta mencionar que estamos ante otro

proceso disciplinario en contra de una juez que ejemplifica lo

que desde hace un tiempo hemos venido señalando, a saber:

[l]a falta de uniformidad y proporcionalidad

que ha permeado por años en este Alto Foro al

momento de imponer sanciones disciplinarias a

jueces y juezas, así como a abogadas y abogados, y

que, se ha sostenido, -- de una forma muy

particular --, en los últimos pronunciamientos de

este Tribunal en lo que al tema de la ética

judicial se refiere. In re Hon. Colón Colón, 197

DPR 738, 786 (2017) (Colón Pérez, op. disidente).

Véase, además, In re Carballo Nogueras, 198 DPR

739, 783 (2017), 2017 TSPR 143 (Colón Pérez, op.

disidente); In re Candelaria Rosa, 197 DPR 445,

490 (2017) (Colón Pérez, op. disidente).

Así

las

insistimos

21

cosas,

en

que

tal

es

como

momento

lo

hemos

de

hecho

estudiar

en

y

el

pasado,

repensar

el

Sigfrido Steidel Figueroa, Ética de los jueces: Apuntes

sobre su objeto y metodología, VI Ethos Gubernamental, Revista

del Centro para el Desarrollo para el Pensamiento Ético, 217

(2008-2009).

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13

ordenamiento deontológico que rige la conducta de los abogados y

abogadas, así como el de los jueces y juezas, en aras de cumplir

-- de manera uniforme y proporcional

-- con la facultad

constitucional

este

e

inherente

que

tiene

Tribunal

de

reglamentar la profesión. Estamos seguros de que los jueces y

juezas

que

componen

la

Rama

Judicial

de

Puerto

Rico,

los

abogados y abogadas que en ella practican, así como la comunidad

en general, lo agradecerán.

III.

Por los fundamentos antes expuestos, disentimos, pues, del

curso de acción seguido por una mayoría de este Tribunal y, en

consecuencia, -- tal y como recomendó la Comisión de Disciplina

Judicial -- hubiésemos decretado la destitución de la Hon. Gema

González Rodríguez del cargo de Juez Superior y su suspensión

indefinida del ejercicio de la abogacía.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado