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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Designación de la Directora Ejecutiva de la Comisión de Evaluación Judicial

2018 TSPR 158

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Designación de la Directora Ejecutiva de la Comisión de Evaluación Judicial

EN-2018-5

Resolución del Tribunal con Voto de Conformidad y Voto Particular Disidente.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2018 TSPR 158

Designación de la Directora

Ejecutiva de la Comisión de

Evaluación Judicial

201 DPR ____

Número del Caso: EN-2018-5

Fecha: 28 de agosto de 2018

Materia: Resolución del Tribunal con Voto de Conformidad y Voto

Particular Disidente.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Designación de la Directora

Ejecutiva de la Comisión de

Evaluación Judicial

EN-2018-5

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2018.

En virtud de la Regla 5 del Reglamento para la

Evaluación de Jueces y Juezas del Tribunal de Primera

Instancia, 2018 TSPR 34, 199 DPR ___ (2018), el Tribunal

Supremo designa a la Lcda. Claudette Fernández Rosario

como Directora Ejecutiva de la Comisión de Evaluación

Judicial, efectivo el 17 de septiembre de 2018.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor Martínez

Torres emitió Voto de Conformidad. La Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez emitió Voto Particular

Disidente.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

disiente y hace constar la siguiente expresión:

Discrepo de la acción que realiza hoy una

Mayoría de este Tribunal por los fundamentos

expuestos en el Voto particular disidente que

emití en In re Aprobación de Reglamento para la

Evaluación de Jueces y Juezas del Tribunal de

Primera Instancia, 2018 TSPR 34, 28, 199 DPR ___

(2018).

EN-2018-5

2

El Juez Asociado señor Colón Pérez disiente y hace constar

la siguiente expresión:

El Juez Asociado señor Colón Pérez, sin pasar

juicio sobre si la Lcda. Claudette Fernández Rosario

-- de quien puede dar fe de sus credenciales

académicas y profesionales -- debió ser la persona

designada para ocupar el cargo de Directora Ejecutiva

de la Comisión de Evaluación Judicial, discrepa del

curso de acción seguido por una mayoría de este

Tribunal para realizar el referido nombramiento, ello

por considerar que -- de conformidad con lo dispuesto

en el Art. V, Sec. 7, de la Constitución del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico -- la facultad de

designar los funcionarios o funcionarias que se

desempeñan en cargos como el que está aquí en

controversia

es

una

tarea

inherentemente

administrativa que le corresponde exclusivamente a

la Jueza Presidenta de esta Curia, Hon. Maite D.

Oronoz Rodríguez.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

Designación de la Directora

Ejecutiva de la Comisión de

Evaluación Judicial

EN-2018-5

Voto de Conformidad emitido por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2018.

Voto conforme con el nombramiento de la Lcda.

Claudette Fernández Rosario como Directora Ejecutiva

de

la

Comisión

nombramiento

de

está

Evaluación

dentro

de

los

Judicial.

Ese

delegados

por

reglamento al Pleno de este Tribunal. Ha estado ante

nuestra consideración desde hace varias semanas.

Nuestra facultad para nombrar una funcionaria

que dirige una comisión creada por el Pleno del

Tribunal para auxiliarle en su tarea de supervisar el

desempeño de los integrantes de la Rama Judicial no

está en duda. Es lógico que sea el Tribunal en pleno

quien la nombre.

Como señalé en mi voto de

EN-2018-5

2

conformidad

en

Reglamento

del

In

re:

Tribunal

Aprobación

de

de

Apelaciones,

enmiendas

al

199

___

DPR

(2018), 2018 TSPR 33:

Puntualizo que el Art. V, Sec. 7, de la

Constitución de Puerto Rico, 1 LPRA, establece

que

la

Juez

Presidenta

“dirigirá

la

administración de los tribunales...”; no dice

que será la administradora plenipotenciaria, ni

que actuará por su cuenta, o sin pesos y

contrapesos. La Constitución tampoco dice que el

Tribunal Supremo está impedido de reglamentar

criterios para la asignación de jueces en los

tribunales de Puerto Rico. Por el contrario, la

misma Sec. 7 de la Constitución reconoce

expresamente la facultad de adoptar “reglas para

la administración de los tribunales…”. Por eso,

no es posible reclamar al mismo tiempo que la

designación de jueces en los paneles del

Tribunal

de

Apelaciones

es

un

acto

de

administración y, acto seguido, que el Pleno

carece de autoridad para reglamentar ese acto de

administración.

En

el

pasado,

hemos

delimitado

los

contornos de los poderes de reglamentación del

Pleno del Tribunal. Véase, In re Aprobación de

las

Reglas

para

los

Procedimientos

de

Investigaciones,

184

DPR

575

(2012).

El

análisis, basado en un estudio del texto de la

Constitución, el Diario de Sesiones de la

Asamblea Constituyente y las ponencias que allí

se consideraron, nos lleva, en síntesis, a la

conclusión

siguiente:

En

nuestro

sistema

republicano de gobierno, nadie tiene facultades

omnímodas o absolutas. El Pleno del Tribunal

Supremo

tiene

facultad

de

supervisar

y

reglamentar la administración de la Rama

Judicial, como freno o contrapeso de la facultad

de

la

Juez

Presidenta

para

dirigir

la

administración de nuestros tribunales. En el

gobierno no tenemos monarcas ni emperadores. Por

eso este Tribunal ha rechazado todo revisionismo

de esta historia constitucional.

La designación de los funcionarios que auxilian a este

Tribunal

y

sus

administración,

cuerpos

como

auxiliares

tampoco

lo

es

no

es

-por

un

acto

de

ejemplo-

la

EN-2018-5

3

designación

de

un

funcionario

del

gabinete

en

la

Rama

Ejecutiva. Es un acto que requiere el voto afirmativo del

cuerpo colegiado, por mayoría. Esa distribución de autoridad

evita la concentración del poder en una sola persona.

El acto de administración es supervisar el trabajo

diario

de

estos

funcionarios.

Esa

labor

es

de

quien

administra que, en nuestro caso, por mandato constitucional,

es la Juez Presidenta. El nombramiento de funcionarios que

laboran para el Tribunal en pleno o los organismos que hemos

creado, es otra cosa distinta. Es una facultad del Tribunal,

para poder cumplir con su encomienda constitucional de

supervisar

y

reglamentar

la

Judicial,

como

contrapeso

Presidenta

para

dirigir

la

administración

de

la

Rama

facultad

de

la

Juez

administración

de

nuestros

de

la

tribunales. La designación que hacemos hoy recoge estos

principios.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Designación de la Directora

Ejecutiva de la Comisión de

Evaluación Judicial

Núm. EN-2018-05

Voto Particular Disidente emitido por la Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2018.

Apenas a inicios de este año, advertí sobre los

peligros

de

despojar

a

la

Jueza

Presidenta

de

este

Tribunal de funciones inherentemente administrativas.1 En

aquel momento, denuncié enérgicamente el afán de una

mayoría por atribuirse, en total contravención a nuestra

Constitución, el poder de administrar la Rama Judicial.

Asimismo, expresé cómo el poder de administrar un sistema

de justicia requería “destreza, capacidad y la habilidad

de estudiar detenidamente su funcionamiento antes de

implementar cambios en el mismo”. In re Aprobación de

Reglamento para la Evaluación de Jueces y Juezas del

Tribunal de Primera Instancia, 2018 TSPR 34, en la pág.

Véase In re Aprobación de Enmiendas al Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 2018 TSPR 33 (Rodríguez,

Rodríguez J., Voto Particular Disidente); In re Aprobación

de Reglamento para la Evaluación de Jueces y Juezas del

Tribunal de Primera Instancia, 2018 TSPR 34 (Rodríguez,

Rodríguez J., Voto Particular Disidente).

1

EN-2018-5

2

2 (Rodríguez, Rodríguez J., Voto Particular Disidente).

Por último, señalé cómo el nuevo sistema de evaluación

que se instituía mediante el nuevo reglamento reflejaba

la ligereza e impremeditación con las que la mayoría

asumía

las

funciones

administrativas

que

inconstitucionalmente se arrogaba.2 El nombramiento que

hoy certifica una mayoría de los integrantes de este Foro

concreta de forma evidente ese presagio de desaciertos,

esa “advertencia de lo por venir”. In re Aprobación de

Enmiendas al Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

2018 TSPR 33.

Previo a esgrimir los fundamentos que sustentan mi

disenso, estimo preciso aclarar que ninguno de éstos

versa sobre

profesionales

los

méritos

–como

Lcda. Claudette

abogada

Fernández

académicos,

y

personales

administradora-

Rosario,

nueva

de

y

la

Directora

Ejecutiva de la Comisión de Evaluación Judicial. Más

bien,

mi

oposición

al

proceder

de

una

mayoría

se

fundamenta, en primer lugar, en que este nombramiento le

compete –en función de una delegación constitucional

Específicamente, acoté cómo una comparación entre el

reglamento que se aprobaba y aquel que quedaba derogado

demostraba que el único cambio al sistema de evaluación

consistía en la sustitución generalizada del término

“Jueza Presidenta” por “el Pleno del Tribunal”. A esos

efectos, señalé cómo la preocupación de una mayoría no

giraba en torno a “transformar o modernizar el estado

actual de las cosas para lograr mayor eficiencia, sino más

bien en torno a poseer la autoridad (y autoría) sobre lo

que ya había sido creado por otros”. In re Aprobación de

Reglamento para la Evaluación de Jueces y Juezas del

Tribunal de Primera Instancia, 2018 TSPR 34, en la pág. 4

(Rodríguez, Rodríguez, J., Voto Particular Disidente).

2

EN-2018-5

3

expresa– a la Jueza Presidenta de este Tribunal. En

segundo lugar, esta es una designación que se propone de

un día para otro, y sin el beneficio de una discusión

ponderada por el Pleno del Tribunal sobre las cualidades

y experiencias profesionales de la candidata y por qué

es necesario destituir a quien hasta ahora ostenta el

cargo. Este proceder, revela la manera precipitada e

irreflexiva con la que los integrantes de una mayoría han

decidido ejercer “un poder” ilegítimamente usurpado a la

Jueza Presidenta inmiscuyéndose inconstitucionalmente en

la administración de la Rama Judicial. En tercer lugar,

dado que la Ley Núm. 120-2017 y el Reglamento aprobado

en

virtud

de

ésta

tuvieron

el

efecto

de

remover

inopinadamente a la mayoría de los integrantes de la

Comisión y, por consiguiente, suprimir gran parte de su

memoria histórica, estimo improcedente un cambio en su

dirección sin que tan siquiera se evalúen los méritos de

otros posibles candidatos o

–como mínimo- se discuta en

pleno la única designación que resultó ser objeto de esta

Resolución y que se nos presentó, a algunos miembros de

este Tribunal, como un fait accompli.

Lamentablemente,

evidencia

que

consideraciones

el

sus

que

proceder

acciones

en

nada

se

de

una

obedecen

relacionan

mayoría

a

otras

al

buen

funcionamiento de la Comisión de Evaluación Judicial,

cuya función es esencial para la sana administración de

nuestro

sistema

de

justicia.

Por

entender

que

EN-2018-5

4

correspondía a la Jueza Presidenta designar a la persona

con quien trabajará directamente en esta Comisión y por

no albergar duda que ésta, en su rol de administradora,

hubiese

sopesado

las

cualidades

y

los

méritos

de

distintos candidatos si consideraba necesario sustituir

a quien se desempeña hasta ahora en el cargo de Directora

Ejecutiva de la Comisión de Evaluación Judicial, disiento

del nombramiento que hoy realiza una mayoría.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada