Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Designación de la Directora Ejecutiva de la Comisión de Evaluación Judicial
2018 TSPR 158
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Designación de la Directora Ejecutiva de la Comisión de Evaluación Judicial
EN-2018-5
Resolución del Tribunal con Voto de Conformidad y Voto Particular Disidente.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2018 TSPR 158
Designación de la Directora
Ejecutiva de la Comisión de
Evaluación Judicial
201 DPR ____
Número del Caso: EN-2018-5
Fecha: 28 de agosto de 2018
Materia: Resolución del Tribunal con Voto de Conformidad y Voto
Particular Disidente.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Designación de la Directora
Ejecutiva de la Comisión de
Evaluación Judicial
EN-2018-5
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2018.
En virtud de la Regla 5 del Reglamento para la
Evaluación de Jueces y Juezas del Tribunal de Primera
Instancia, 2018 TSPR 34, 199 DPR ___ (2018), el Tribunal
Supremo designa a la Lcda. Claudette Fernández Rosario
como Directora Ejecutiva de la Comisión de Evaluación
Judicial, efectivo el 17 de septiembre de 2018.
Publíquese.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo.
El Juez Asociado señor Martínez
Torres emitió Voto de Conformidad. La Juez Asociada
señora Rodríguez Rodríguez emitió Voto Particular
Disidente.
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez
disiente y hace constar la siguiente expresión:
Discrepo de la acción que realiza hoy una
Mayoría de este Tribunal por los fundamentos
expuestos en el Voto particular disidente que
emití en In re Aprobación de Reglamento para la
Evaluación de Jueces y Juezas del Tribunal de
Primera Instancia, 2018 TSPR 34, 28, 199 DPR ___
(2018).
EN-2018-5
2
El Juez Asociado señor Colón Pérez disiente y hace constar
la siguiente expresión:
El Juez Asociado señor Colón Pérez, sin pasar
juicio sobre si la Lcda. Claudette Fernández Rosario
-- de quien puede dar fe de sus credenciales
académicas y profesionales -- debió ser la persona
designada para ocupar el cargo de Directora Ejecutiva
de la Comisión de Evaluación Judicial, discrepa del
curso de acción seguido por una mayoría de este
Tribunal para realizar el referido nombramiento, ello
por considerar que -- de conformidad con lo dispuesto
en el Art. V, Sec. 7, de la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico -- la facultad de
designar los funcionarios o funcionarias que se
desempeñan en cargos como el que está aquí en
controversia
es
una
tarea
inherentemente
administrativa que le corresponde exclusivamente a
la Jueza Presidenta de esta Curia, Hon. Maite D.
Oronoz Rodríguez.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
Designación de la Directora
Ejecutiva de la Comisión de
Evaluación Judicial
EN-2018-5
Voto de Conformidad emitido por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2018.
Voto conforme con el nombramiento de la Lcda.
Claudette Fernández Rosario como Directora Ejecutiva
de
la
Comisión
nombramiento
de
está
Evaluación
dentro
de
los
Judicial.
Ese
delegados
por
reglamento al Pleno de este Tribunal. Ha estado ante
nuestra consideración desde hace varias semanas.
Nuestra facultad para nombrar una funcionaria
que dirige una comisión creada por el Pleno del
Tribunal para auxiliarle en su tarea de supervisar el
desempeño de los integrantes de la Rama Judicial no
está en duda. Es lógico que sea el Tribunal en pleno
quien la nombre.
Como señalé en mi voto de
EN-2018-5
2
conformidad
en
Reglamento
del
In
re:
Tribunal
Aprobación
de
de
Apelaciones,
enmiendas
al
199
___
DPR
(2018), 2018 TSPR 33:
Puntualizo que el Art. V, Sec. 7, de la
Constitución de Puerto Rico, 1 LPRA, establece
que
la
Juez
Presidenta
“dirigirá
la
administración de los tribunales...”; no dice
que será la administradora plenipotenciaria, ni
que actuará por su cuenta, o sin pesos y
contrapesos. La Constitución tampoco dice que el
Tribunal Supremo está impedido de reglamentar
criterios para la asignación de jueces en los
tribunales de Puerto Rico. Por el contrario, la
misma Sec. 7 de la Constitución reconoce
expresamente la facultad de adoptar “reglas para
la administración de los tribunales…”. Por eso,
no es posible reclamar al mismo tiempo que la
designación de jueces en los paneles del
Tribunal
de
Apelaciones
es
un
acto
de
administración y, acto seguido, que el Pleno
carece de autoridad para reglamentar ese acto de
administración.
En
el
pasado,
hemos
delimitado
los
contornos de los poderes de reglamentación del
Pleno del Tribunal. Véase, In re Aprobación de
las
Reglas
para
los
Procedimientos
de
Investigaciones,
184
DPR
575
(2012).
El
análisis, basado en un estudio del texto de la
Constitución, el Diario de Sesiones de la
Asamblea Constituyente y las ponencias que allí
se consideraron, nos lleva, en síntesis, a la
conclusión
siguiente:
En
nuestro
sistema
republicano de gobierno, nadie tiene facultades
omnímodas o absolutas. El Pleno del Tribunal
Supremo
tiene
facultad
de
supervisar
y
reglamentar la administración de la Rama
Judicial, como freno o contrapeso de la facultad
de
la
Juez
Presidenta
para
dirigir
la
administración de nuestros tribunales. En el
gobierno no tenemos monarcas ni emperadores. Por
eso este Tribunal ha rechazado todo revisionismo
de esta historia constitucional.
La designación de los funcionarios que auxilian a este
Tribunal
y
sus
administración,
cuerpos
como
auxiliares
tampoco
lo
es
no
es
-por
un
acto
de
ejemplo-
la
EN-2018-5
3
designación
de
un
funcionario
del
gabinete
en
la
Rama
Ejecutiva. Es un acto que requiere el voto afirmativo del
cuerpo colegiado, por mayoría. Esa distribución de autoridad
evita la concentración del poder en una sola persona.
El acto de administración es supervisar el trabajo
diario
de
estos
funcionarios.
Esa
labor
es
de
quien
administra que, en nuestro caso, por mandato constitucional,
es la Juez Presidenta. El nombramiento de funcionarios que
laboran para el Tribunal en pleno o los organismos que hemos
creado, es otra cosa distinta. Es una facultad del Tribunal,
para poder cumplir con su encomienda constitucional de
supervisar
y
reglamentar
la
Judicial,
como
contrapeso
Presidenta
para
dirigir
la
administración
de
la
Rama
facultad
de
la
Juez
administración
de
nuestros
de
la
tribunales. La designación que hacemos hoy recoge estos
principios.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Designación de la Directora
Ejecutiva de la Comisión de
Evaluación Judicial
Núm. EN-2018-05
Voto Particular Disidente emitido por la Juez Asociada
señora Rodríguez Rodríguez
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2018.
Apenas a inicios de este año, advertí sobre los
peligros
de
despojar
a
la
Jueza
Presidenta
de
este
Tribunal de funciones inherentemente administrativas.1 En
aquel momento, denuncié enérgicamente el afán de una
mayoría por atribuirse, en total contravención a nuestra
Constitución, el poder de administrar la Rama Judicial.
Asimismo, expresé cómo el poder de administrar un sistema
de justicia requería “destreza, capacidad y la habilidad
de estudiar detenidamente su funcionamiento antes de
implementar cambios en el mismo”. In re Aprobación de
Reglamento para la Evaluación de Jueces y Juezas del
Tribunal de Primera Instancia, 2018 TSPR 34, en la pág.
Véase In re Aprobación de Enmiendas al Reglamento del
Tribunal de Apelaciones, 2018 TSPR 33 (Rodríguez,
Rodríguez J., Voto Particular Disidente); In re Aprobación
de Reglamento para la Evaluación de Jueces y Juezas del
Tribunal de Primera Instancia, 2018 TSPR 34 (Rodríguez,
Rodríguez J., Voto Particular Disidente).
1
EN-2018-5
2
2 (Rodríguez, Rodríguez J., Voto Particular Disidente).
Por último, señalé cómo el nuevo sistema de evaluación
que se instituía mediante el nuevo reglamento reflejaba
la ligereza e impremeditación con las que la mayoría
asumía
las
funciones
administrativas
que
inconstitucionalmente se arrogaba.2 El nombramiento que
hoy certifica una mayoría de los integrantes de este Foro
concreta de forma evidente ese presagio de desaciertos,
esa “advertencia de lo por venir”. In re Aprobación de
Enmiendas al Reglamento del Tribunal de Apelaciones,
2018 TSPR 33.
Previo a esgrimir los fundamentos que sustentan mi
disenso, estimo preciso aclarar que ninguno de éstos
versa sobre
profesionales
los
méritos
–como
Lcda. Claudette
abogada
Fernández
académicos,
y
personales
administradora-
Rosario,
nueva
de
y
la
Directora
Ejecutiva de la Comisión de Evaluación Judicial. Más
bien,
mi
oposición
al
proceder
de
una
mayoría
se
fundamenta, en primer lugar, en que este nombramiento le
compete –en función de una delegación constitucional
Específicamente, acoté cómo una comparación entre el
reglamento que se aprobaba y aquel que quedaba derogado
demostraba que el único cambio al sistema de evaluación
consistía en la sustitución generalizada del término
“Jueza Presidenta” por “el Pleno del Tribunal”. A esos
efectos, señalé cómo la preocupación de una mayoría no
giraba en torno a “transformar o modernizar el estado
actual de las cosas para lograr mayor eficiencia, sino más
bien en torno a poseer la autoridad (y autoría) sobre lo
que ya había sido creado por otros”. In re Aprobación de
Reglamento para la Evaluación de Jueces y Juezas del
Tribunal de Primera Instancia, 2018 TSPR 34, en la pág. 4
(Rodríguez, Rodríguez, J., Voto Particular Disidente).
2
EN-2018-5
3
expresa– a la Jueza Presidenta de este Tribunal. En
segundo lugar, esta es una designación que se propone de
un día para otro, y sin el beneficio de una discusión
ponderada por el Pleno del Tribunal sobre las cualidades
y experiencias profesionales de la candidata y por qué
es necesario destituir a quien hasta ahora ostenta el
cargo. Este proceder, revela la manera precipitada e
irreflexiva con la que los integrantes de una mayoría han
decidido ejercer “un poder” ilegítimamente usurpado a la
Jueza Presidenta inmiscuyéndose inconstitucionalmente en
la administración de la Rama Judicial. En tercer lugar,
dado que la Ley Núm. 120-2017 y el Reglamento aprobado
en
virtud
de
ésta
tuvieron
el
efecto
de
remover
inopinadamente a la mayoría de los integrantes de la
Comisión y, por consiguiente, suprimir gran parte de su
memoria histórica, estimo improcedente un cambio en su
dirección sin que tan siquiera se evalúen los méritos de
otros posibles candidatos o
–como mínimo- se discuta en
pleno la única designación que resultó ser objeto de esta
Resolución y que se nos presentó, a algunos miembros de
este Tribunal, como un fait accompli.
Lamentablemente,
evidencia
que
consideraciones
el
sus
que
proceder
acciones
en
nada
se
de
una
obedecen
relacionan
mayoría
a
otras
al
buen
funcionamiento de la Comisión de Evaluación Judicial,
cuya función es esencial para la sana administración de
nuestro
sistema
de
justicia.
Por
entender
que
EN-2018-5
4
correspondía a la Jueza Presidenta designar a la persona
con quien trabajará directamente en esta Comisión y por
no albergar duda que ésta, en su rol de administradora,
hubiese
sopesado
las
cualidades
y
los
méritos
de
distintos candidatos si consideraba necesario sustituir
a quien se desempeña hasta ahora en el cargo de Directora
Ejecutiva de la Comisión de Evaluación Judicial, disiento
del nombramiento que hoy realiza una mayoría.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada