Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Lcdo. Nelson V. Vélez Concepción
2018 TSPR 161
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Lcdo. Nelson V. Vélez Concepción
CP-2016-15
NUMERO CASO
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2018 TSPR 161
Lcdo. Nelson V. Vélez Concepción
(TS-15,043)
Número del Caso:
201 DPR ____
CP-2016-15
Fecha: 12 de septiembre de 2018
Abogado del promovido:
Lcda. Natalia Vargas Nazario
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Karla Pacheco Álvarez
Sub Procuradora General
Lcda. Minnie H. Rodríguez López
Procuradora General Auxiliar
Materia:
La suspensión será efectiva el 27 de septiembre de 2018,
fecha en que se le notificó por al abogado de su suspensión
inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Lcdo. Nelson V. Vélez
Concepción
(TS-15,043)
CP-2016-15
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 12 de septiembre de 2018.
Este caso plasma la necesidad de reiterar que los
abogados y abogadas tienen la obligación de cumplir con
los Cánones de Ética Profesional, infra, en cuanto a su
deber de diligencia en el trámite de las encomiendas de
sus clientes y de renunciar a la representación legal
debidamente. Ello, pues no cumplir con lo anterior vulnera
los derechos y los trámites de los clientes, así como los
procesos
legales,
inyectándolos
de
incertidumbre
y
dilación.
Examinemos el trasfondo fáctico y procesal del caso
de epígrafe.
I
El Lcdo. Nelson V. Vélez Concepción (licenciado Vélez
Concepción) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 13
CP-2016-15
2
de julio de 2004 y juramentó como notario el 19 de junio
de 2006.
En marzo de 2012, el Sr. Rainiero Torres Lugo (señor
Torres) presentó una queja en contra de varios abogados,
incluido
el
licenciado
Vélez
Concepción
(AB-2012-104).
Alegó que contrató los servicios legales del Bufete Vélez
Lugo en el que laboraban éstos, ante una acción de daños y
perjuicios incoada en su contra. Indicó que, al momento en
que el licenciado Vélez Concepción fungía como su abogado
de récord, éste no compareció al señalamiento del juicio y
que,
por
tal
razón,
se
le
anotó
la
rebeldía
y,
posteriormente, se dictó una sentencia en rebeldía en su
contra. Añadió que, tras la sentencia, los abogados se
negaron
a
recibirlo
y
dejaron
pasar
el
término
para
apelar, lo que provocó la ejecución de la sentencia. A su
vez, adujo que la actuación negligente de estos abogados
le ocasionó grandes pérdidas económicas.
En respuesta, el licenciado Vélez Concepción explicó
que inicialmente, quien asumió la representación legal del
señor Torres fue su padre, el Lcdo. Nelson Vélez Lugo
(licenciado
Vélez
Lugo).
Empero,
ante
la
separación
temporal de este último de la profesión legal,1 asumió la
representación del señor Torres. Agregó que, como tal,
realizó varias gestiones en el caso. Detalló que, ante la
reinstalación de su padre a la abogacía, el señor Torres
1En
In re Vélez Lugo, 175 DPR 854 (2009), el Lcdo.
Nelson Vélez Lugo fue suspendido de la abogacía por tres
meses.
CP-2016-15
3
optó que éste continuara como su abogado, razón por la
cual le devolvió el expediente al cliente. Así, indicó
que, a ese momento, cesaron sus funciones en el Bufete
Vélez Lugo. Además, resaltó que el señor Torres fue poco
diligente al no contratar una nueva representación legal.
Ante tal relato, este Tribunal ordenó a la Oficina
del
Procurador
General
investigar
el
asunto,
lo
cual
cumplió. Tanto de su Informe Preliminar como del Informe
Final
se
desprende
que
el
licenciado
Vélez
Concepción
asumió la representación legal del señor Torres en el
pleito
de
daños
y
perjuicios,
una
vez
su
padre,
el
licenciado Vélez Lugo, fue suspendido del ejercicio de la
abogacía.
Entre
otras
gestiones
licenciado
Vélez
Concepción
en
el
pleito,
el
la
celebración
del
acordó
juicio para el 9 de junio de 2010. No obstante, llegada la
fecha,
no
compareció
al
juicio
ni
a
los
siguientes
señalamientos del tribunal. De ese modo, el licenciado
Vélez Concepción no ejerció la representación del señor
Torres, aun cuando no tenía una autorización del tribunal
para renunciar a ello. Al no cumplirse las órdenes del
tribunal para que el Bufete Vélez Lugo o el señor Torres
aclararan la representación legal o anunciaran una nueva,
el foro primario optó por anotar la rebeldía y eliminar
las
alegaciones.
Procurador
General
Ante
tales
concluyó
hechos,
la
que
licenciado
el
Oficina
del
Vélez
Concepción incurrió en violaciones a los Cánones 18, 20 y
38 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.
CP-2016-15
4
Evaluado
Oficina
del
lo
anterior,
Procurador
correspondiente.
En
su
este
Tribunal
ordenó
General
presentar
la
contestación
a
la
a
la
querella
querella,
el
licenciado Vélez Concepción negó cualquier violación a los
Cánones
de
Ética
Profesional,
por
lo
que
solicitó
el
archivo de la querella. Insistió que fue el propio quejoso
quien le solicitó su renuncia, pues interesaba que el
licenciado Vélez Lugo asumiera su representación legal. A
ello,
agregó
representación
que
redactó
legal,
pero
la
que
moción
de
el
Torres
señor
relevo
de
exigió
radicar tal escrito por lo que le delegó tal encomienda y
le devolvió su expediente, lo que reconoció fue incorrecto
y una inobservancia indebida. Asimismo, indicó que en la
moción se notificaba al tribunal su nueva dirección, razón
por la que no tuvo conocimiento de las notificaciones
posteriores. Además, señaló que el tiempo en que asumió
tal representación legal lo hizo de manera diligente y
competente; y que el propio señor Torres fue negligente al
no contratar una nueva representación legal, aun cuando el
tribunal le concedió un amplio término para ello.
Así las cosas, designamos al Hon. Carlos Rodríguez
Muñiz como Comisionado Especial y referimos el asunto a su
consideración. En la vista en su fondo, testificaron el
licenciado
Vélez
Lugo
y
el
Lcdo.
Arnaldo
Irizarry
Irizarry, quienes fueron inicialmente parte de la queja.
Una vez evaluada la prueba, el Comisionado Especial rindió
su Informe. En éste, concluyó que el licenciado Vélez
CP-2016-15
5
Concepción violó los Cánones 18 y 20 de Ética Profesional,
supra. Ello, al no comparecer al señalamiento del juicio
para el 9 de junio de 2010, fecha acordada por él mismo, y
lo cual inició la cadena de eventos que culminó con una
sentencia en rebeldía,
representación
del
y
por
señor
renunciar
Torres
sin
de facto
a la
notificarlo
al
tribunal ni tomar las medidas necesarias para evitarle
algún perjuicio a su cliente. Respecto a la sanción, el
Comisionado Especial recomendó la suspensión inmediata del
ejercicio de la abogacía por el término de tres meses.
A tales efectos, el Comisionado Especial tomó en
consideración
reputación
los
del
siguientes
licenciado
factores:
Vélez
(1)
la
buena
Concepción;
(2)
aunque
tenía quejas anteriores, no había sido objeto de sanción
disciplinaria; (3) causó perjuicio al cliente quejoso; (4)
aceptó
parte
arrepentimiento;
de
los
hechos,
(5)
su
defensa
pero
fue
no
frívola;
demostró
(6)
no
constituyó una conducta aislada y, (7) su conducta no fue
motivada por ánimos de lucro.
Por
su
parte,
el
licenciado
Vélez
Concepción,
a
través de su representante legal, objetó algunos de los
factores considerados por el Comisionado Especial, tales
como: que se trataba de una conducta aislada, resaltó su
buena reputación, demostró arrepentimiento y puntualizó
que su defensa no fue frívola.
CP-2016-15
6
II
A.
El Canon 18 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C.
18, establece que “[e]s deber del abogado defender los
intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada
caso
su
más
profundo
saber
y
habilidad
y
actuando
en
aquella forma que la profesión jurídica en general estima
adecuada y responsable”. Íd. Así, requiere que todos los
abogados y abogadas sean especialmente diligentes en el
cumplimiento de sus obligaciones. In re Medina Torres,
res. el 22 de junio de 2018, 2018 TSPR 123.
El abogado o la abogada incurre en una falta al Canon
18, supra, cuando, a pesar de asumir la representación
legal de un cliente, demuestra una capacitación inadecuada
o presta una atención indebida a la causa encomendada. In
re López Santiago, res. el 21 de febrero de 2018, 2018
TSPR 31; In re Roldán González, 195 DPR 414, 422 (2016).
De ese modo, cualquier actuación que pueda conllevar, o
que en efecto conlleve, la desestimación o el archivo de
un caso constituye una infracción a este Canon. In re
Vázquez Bernier, 198 DPR 459, 467 (2017).
Entre las conductas que infringen lo preceptuado en
el Canon 18, supra, se han reconocido, entre otras: no
comparecer a los señalamientos del tribunal; desatender o
abandonar el caso; y cualquier tipo de acción negligente
que
pueda
conllevar
o,
en
efecto,
que
resulte
en
la
desestimación o el archivo del caso. In re Otero Calero,
CP-2016-15
7
res. el 15 de junio de 2018, 2018 TSPR 112. Por tanto,
hemos reafirmado que en la profesión legal no hay espacio
para actuar con desidia, despreocupación, displicencia,
indiferencia e inacción. In re López Santiago, supra; In
re Nazario Díaz, 198 DPR 793, 803 (2017).
B.
Por
otra
parte,
el
Canon
20
del
Código
de
Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 20, dicta el procedimiento
y los preceptos éticos que deben seguir los abogados al
renunciar a la representación legal de un cliente.
particular,
dispone
que
comparecido
ante
un
tribunal
cliente
puede
ni
debe
no
“[c]uando
en
el
abogado
representación
renunciar
la
En
haya
de
un
representación
profesional de su cliente sin obtener primero permiso del
tribunal y debe solicitarlo solamente cuando exista una
razón justificada e imprevista para ello”. Íd. A ello,
agrega que el abogado o abogada debe tomar las medidas
razonables para evitar algún perjuicio a su cliente. Íd.
Por consiguiente, viola este Canon el abogado o la
abogada que abandona o se desliga por completo del asunto
encomendado sin antes solicitarle al tribunal el relevo de
la representación legal. In re Blain León, res. el 20 de
diciembre de 2017, 2018 TSPR 11. Así pues, se quebranta
este
precepto
cuando
se
representación
legal,
sin
establecido para ello. Íd.
renuncia
cumplir
tácitamente
con
el
a
la
procedimiento
CP-2016-15
8
Asimismo, el Canon 20, supra, exige que, al renunciar
a
la
encomienda
legal,
el
abogado
o
la
abogada
debe
entregar el expediente y los documentos del caso, así como
reembolsar
inmediatamente
cualquier
cuantía
pagada
por
adelantado por servicios que no se hayan prestado. In re
Blain León, supra.
A la luz del marco jurídico expuesto, procedemos a
evaluar la conducta desplegada por el licenciado Vélez
Concepción.
III
Al
evaluar
consideración,
el
expediente
determinamos
que
el
ante
nuestra
licenciado
Vélez
Concepción violó los Cánones 18 y 20 de Ética Profesional,
supra.
El
licenciado
Vélez
Concepción
asumió
la
representación legal del señor Torres, una vez el padre
del primero (licenciado Vélez Lugo) fue suspendido de la
práctica legal. Aun cuando el licenciado Vélez Concepción
hizo la salvedad al Tribunal de Primera Instancia que tal
representación
sería,
hasta
tanto,
su
padre
fuera
reinstalado al ejercicio de la abogacía, la realidad es
que al asumir tal representación legal, también asumió las
responsabilidades
representación
y
las
conllevaba.
representación
legal
autorice
renuncia,
una
obligaciones
continúa
no
El
éticas
deber
que
tal
ético
de
hasta
que
el
tribunal
puede
ser
condicionado
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9
unilateralmente a priori por el abogado o la abogada que
asume la representación legal de un cliente.
Como
representante
legal
del
señor
Torres,
el
licenciado Vélez Concepción realizó varias gestiones en el
pleito judicial. Dentro de tales gestiones, coordinó con
la abogada de la otra parte la fecha en que se celebraría
el juicio, a saber, el 9 de junio de 2010. Ahora bien,
llegada
la
fecha
del
juicio,
el
licenciado
Vélez
Concepción no compareció, lo que provocó un disloque en el
trámite
del
caso
ante
la
confusión
de
quién
sería
la
representación legal del señor Torres. Ello, pues días
antes de la fecha pautada para la celebración del juicio
otro
abogado
del
Bufete
Vélez
Lugo,
el
Lcdo.
Arnaldo
Irizarry Irizarry, presentó una moción en la que informó
que el licenciado Vélez Concepción era el abogado del
señor Torres, pero que ya no laboraba para el mencionado
bufete, por lo que le solicitó renunciara al caso. Asunto
que el licenciado Vélez Concepción no hizo. Además, el
licenciado Irizarry Irizarry advirtió que no podía asumir
la representación del señor Torres toda vez que intervino
en
varios
casos
del
señor
Torres
cuando
era
juez
municipal.
Ante tal confusión, el foro primario concedió varios
términos al señor Torres para que anunciara una nueva
representación
legal,
con
el
apercibimiento
de
que
incumplir tal orden podía acarear la eliminación de las
alegaciones y la anotación de la rebeldía. El señor Torres
CP-2016-15
10
presentó una moción por derecho propio en la que explicó
que entendía que estaba representado por el licenciado
Vélez Concepción y que éste se encontraba trabajando su
caso. A tales fines, el Tribunal de Primera Instancia le
concedió
un
término
final
para
anunciar
una
nueva
representación legal y acudir a la oficina del Bufete
Vélez Lugo para que le aclararan la situación. Al señor
Torres
no
cumplir
con
lo
ordenado,
se
le
anotó
la
rebeldía.2
En su defensa, el licenciado Vélez Concepción alegó
que el propio señor Torres le informó que no deseaba su
representación
legal.
No
obstante,
el
licenciado
Vélez
Concepción aduce que delegó en el cliente la encomienda de
presentar la moción de relevo de representación legal.
Ello,
sin
cerciorarse
que,
en
efecto,
la
misma
fuese
presentada. Acorde con los postulados del Canon 20, supra,
era responsabilidad del abogado, no del cliente, solicitar
tal relevo y cerciorarse de recibir la autorización del
tribunal para ello. Sin tal autorización, el licenciado
Vélez
Concepción
aún
tenía
la
responsabilidad
de
representar al señor Torres con la debida diligencia y
personarse el día del juicio. Ante la envergadura de la
moción de renuncia, hemos recomendado que los abogados y
las
abogadas
2Al
la
presenten
personalmente
o
por
correo
celebrarse el juicio en rebeldía ya el licenciado
Vélez Lugo (padre) era el abogado del señor Torres, pero
tampoco compareció. A raíz de ello, se dictó una sentencia
en rebeldía en contra del señor Torres.
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certificado, para así asegurar su llegada al tribunal. In
re Amill Acosta, 181 DPR 934, 943 (2011).3
El mal manejo del asunto por parte del licenciado
Vélez Concepción colocó a su cliente en un estado de
vulnerabilidad,
representación
pues
legal
lo
dejó
precisamente
a
desprovisto
de
la
que
fecha
en
estaba anunciado el inicio del juicio. Ello, conllevó una
violación al Canon 18, supra, pues el licenciado Vélez
Concepción no fue diligente en la encomienda dada por el
señor Torres. A su vez, violó el Canon 20, supra, al
renunciar de facto a la representación del señor Torres,
sin
obtener
anunciar
el
permiso
debidamente
la
del
tribunal.
renuncia
a
El
la
hecho
de
no
representación
legal ni obtener la autorización del tribunal para tal
relevo,
según
lo
requiere
el
Canon
20
de
Ética
Profesional, supra, propició una confusión tal que el
foro
primario
aclarara
quién
Torres.
A
solicitó
en
era
representante
raíz
de
el
no
varias
responderse
ocasiones
legal
lo
que
del
se
señor
anterior
ni
anunciarse una nueva representación legal, le fue anotada
la rebeldía al señor Torres. Cónsono con la moción por
derecho
propio
presentada
por
el
señor
Torres,
se
desprende que éste no fue debidamente orientado por el
licenciado
3Véase,
Vélez
Concepción,
pues
el
señor
Torres
In re García Ortiz, 198 DPR 432, 445 (2017).
(acorde con lo que dispone el Canon 20, es el abogado
quien debe solicitar la renuncia al tribunal si se
percata que no puede continuar rindiendo un servicio
competente.)
CP-2016-15
12
entendía que aún contaba con su representación legal. Más
importante
aún,
el
licenciado
Vélez
Concepción
no
se
cercioró de que el tribunal autorizara su renuncia.
Una
vez
establecido
que
el
licenciado
Vélez
Concepción violó los Cánones 18 y 20 del Código de Ética
Profesional,
supra,
procedemos
a
determinar
la
correspondiente sanción disciplinaria. A tales efectos,
debemos
considerar
los
siguientes
factores:
(1)
la
reputación del abogado en su comunidad; (2) su historial;
(3) si es su primera falta; (4) si ninguna parte resultó
perjudicada con su proceder; (5) la aceptación de la falta
y su arrepentimiento; (6) si es un comportamiento aislado;
y (7) cualquier otra consideración, ya sea atenuante o
agravante, que surja de los hechos particulares del caso.
In re Otero Calero, supra; In re López Santiago, supra; In
re Rivera Grau, 196 DPR 522, 539 (2016).
En el caso ante nuestra consideración, la inacción
del licenciado Vélez Concepción fue un factor determinante
para
que
su
representación
cliente
legal
se
y,
quedara
finalmente,
desprovisto
de
le
la
se
anotara
rebeldía. No obstante, debemos reconocer que tal resultado
tuvo
otros
abogados
elementos,
involucrados
como
la
y
propio
del
inacción
de
señor
los
otros
Torres.
Por
consiguiente, la actuación del licenciado Vélez Concepción
incidió en la anotación de la rebeldía de su cliente, pero
no
fue
el
único
causante
de
tal
resultado.
Asimismo,
destacamos que, al momento de dictarse la sentencia en
CP-2016-15
13
rebeldía, el señor Torres contaba con otra representación
legal. A su vez, el licenciado Vélez Concepción aceptó los
hechos, pero, a pesar de que no asumió responsabilidad por
los
mismos,
reconoció
que
no
actuó
correctamente
al
delegar en el cliente la responsabilidad de presentar la
moción de relevo de representación legal. Por último, el
licenciado Vélez Concepción tiene otra queja en su contra
pendiente,
dado
que
está
paralizada
en
virtud
de
una
acción civil (AB-2011-150).4
Al evaluar los anteriores factores y acorde con la
recomendación
procede
del
imponerle
Comisionado
al
Especial,
licenciado
Vélez
concluimos
que
Concepción
una
suspensión del ejercicio de la abogacía por el término de
tres meses.
IV
Por
los
fundamentos
que
anteceden,
suspendemos
inmediatamente al Lcdo. Nelson V. Vélez Concepción del
ejercicio de la abogacía y la notaría en Puerto Rico por
el término de tres meses.
Como consecuencia, se le impone el deber de notificar
a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar
representándoles.
devuelva
a
pendientes
Del
mismo
sus
clientes
los
y
cualesquiera
modo,
se
le
ordena
que
expedientes
de
los
casos
honorarios
recibidos
por
trabajos no realizados. Además, se le impone la obligación
4En
su Informe, el Comisionado Especial indica que
en la vista se presentó prueba de la buena reputación del
licenciado Vélez Concepción.
CP-2016-15
14
de informar inmediatamente de su suspensión a los foros
judiciales
y
administrativos
en
los
que
tenga
asuntos
pendientes. Por último, deberá acreditar a este Tribunal
el cumplimiento con lo aquí ordenado, dentro del término
de treinta días contado a partir de la notificación de
esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Por
Tribunal
su
parte,
incautar
se
le
ordena
al
Alguacil
inmediatamente
la
obra
y
de
el
este
sello
notarial del Sr. Nelson V. Vélez Concepción y entregarlos
al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para
la correspondiente investigación e informe. Además, en
virtud de esta suspensión, la fianza que garantiza las
funciones
notariales
queda
automáticamente
cancelada.
Asimismo, la fianza se considerará buena y válida por
tres años después de su terminación, en cuanto a los
actos realizados durante el periodo en que ésta estuvo
vigente.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia al Sr. Nelson V. Vélez Concepción.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Lcdo.Nelson V. Vélez
Concepción
(TS-15,043)
CP-2016-15
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 12 de septiembre de 2018.
Por las razones expuestas en la Opinión Per Curiam que
antecede, la cual se hace formar parte de la presente
Sentencia, se suspende inmediatamente al Lcdo. Nelson V.
Vélez Concepción del ejercicio de la abogacía y la notaría
en Puerto Rico por el término de tres meses.
En consecuencia, se le impone el deber de notificar a
todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar
representándoles. Del mismo modo, se le ordena que devuelva
a sus clientes los expedientes de los casos pendientes y
cualesquiera
honorarios
recibidos
por
trabajos
no
realizados. Además, se le impone la obligación de informar
inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y
administrativos en los que tenga asuntos pendientes. Por
último, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento
con lo aquí ordenado, dentro del término de treinta días
contado a partir de la notificación de esta Opinión Per
Curiam y Sentencia.
Se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar
inmediatamente la obra y el sello notarial del Sr. Nelson
V. Vélez Concepción y entregarlos al Director de la Oficina
de
Inspección
de
Notarías
para
la
correspondiente
investigación e informe.
CP-2016-15
2
Además, en virtud de esta suspensión, la fianza que garantiza
las
funciones
notariales
queda
automáticamente
cancelada.
Asimismo, la fianza se considerará buena y válida por tres años
después de su terminación, en cuanto a los actos realizados
durante el periodo en que ésta estuvo vigente.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo