LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Lcdo. Nelson V. Vélez Concepción

2018 TSPR 161

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Lcdo. Nelson V. Vélez Concepción

CP-2016-15

NUMERO CASO

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2018 TSPR 161

Lcdo. Nelson V. Vélez Concepción

(TS-15,043)

Número del Caso:

201 DPR ____

CP-2016-15

Fecha: 12 de septiembre de 2018

Abogado del promovido:

Lcda. Natalia Vargas Nazario

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Karla Pacheco Álvarez

Sub Procuradora General

Lcda. Minnie H. Rodríguez López

Procuradora General Auxiliar

Materia:

La suspensión será efectiva el 27 de septiembre de 2018,

fecha en que se le notificó por al abogado de su suspensión

inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Lcdo. Nelson V. Vélez

Concepción

(TS-15,043)

CP-2016-15

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 12 de septiembre de 2018.

Este caso plasma la necesidad de reiterar que los

abogados y abogadas tienen la obligación de cumplir con

los Cánones de Ética Profesional, infra, en cuanto a su

deber de diligencia en el trámite de las encomiendas de

sus clientes y de renunciar a la representación legal

debidamente. Ello, pues no cumplir con lo anterior vulnera

los derechos y los trámites de los clientes, así como los

procesos

legales,

inyectándolos

de

incertidumbre

y

dilación.

Examinemos el trasfondo fáctico y procesal del caso

de epígrafe.

I

El Lcdo. Nelson V. Vélez Concepción (licenciado Vélez

Concepción) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 13

CP-2016-15

2

de julio de 2004 y juramentó como notario el 19 de junio

de 2006.

En marzo de 2012, el Sr. Rainiero Torres Lugo (señor

Torres) presentó una queja en contra de varios abogados,

incluido

el

licenciado

Vélez

Concepción

(AB-2012-104).

Alegó que contrató los servicios legales del Bufete Vélez

Lugo en el que laboraban éstos, ante una acción de daños y

perjuicios incoada en su contra. Indicó que, al momento en

que el licenciado Vélez Concepción fungía como su abogado

de récord, éste no compareció al señalamiento del juicio y

que,

por

tal

razón,

se

le

anotó

la

rebeldía

y,

posteriormente, se dictó una sentencia en rebeldía en su

contra. Añadió que, tras la sentencia, los abogados se

negaron

a

recibirlo

y

dejaron

pasar

el

término

para

apelar, lo que provocó la ejecución de la sentencia. A su

vez, adujo que la actuación negligente de estos abogados

le ocasionó grandes pérdidas económicas.

En respuesta, el licenciado Vélez Concepción explicó

que inicialmente, quien asumió la representación legal del

señor Torres fue su padre, el Lcdo. Nelson Vélez Lugo

(licenciado

Vélez

Lugo).

Empero,

ante

la

separación

temporal de este último de la profesión legal,1 asumió la

representación del señor Torres. Agregó que, como tal,

realizó varias gestiones en el caso. Detalló que, ante la

reinstalación de su padre a la abogacía, el señor Torres

1En

In re Vélez Lugo, 175 DPR 854 (2009), el Lcdo.

Nelson Vélez Lugo fue suspendido de la abogacía por tres

meses.

CP-2016-15

3

optó que éste continuara como su abogado, razón por la

cual le devolvió el expediente al cliente. Así, indicó

que, a ese momento, cesaron sus funciones en el Bufete

Vélez Lugo. Además, resaltó que el señor Torres fue poco

diligente al no contratar una nueva representación legal.

Ante tal relato, este Tribunal ordenó a la Oficina

del

Procurador

General

investigar

el

asunto,

lo

cual

cumplió. Tanto de su Informe Preliminar como del Informe

Final

se

desprende

que

el

licenciado

Vélez

Concepción

asumió la representación legal del señor Torres en el

pleito

de

daños

y

perjuicios,

una

vez

su

padre,

el

licenciado Vélez Lugo, fue suspendido del ejercicio de la

abogacía.

Entre

otras

gestiones

licenciado

Vélez

Concepción

en

el

pleito,

el

la

celebración

del

acordó

juicio para el 9 de junio de 2010. No obstante, llegada la

fecha,

no

compareció

al

juicio

ni

a

los

siguientes

señalamientos del tribunal. De ese modo, el licenciado

Vélez Concepción no ejerció la representación del señor

Torres, aun cuando no tenía una autorización del tribunal

para renunciar a ello. Al no cumplirse las órdenes del

tribunal para que el Bufete Vélez Lugo o el señor Torres

aclararan la representación legal o anunciaran una nueva,

el foro primario optó por anotar la rebeldía y eliminar

las

alegaciones.

Procurador

General

Ante

tales

concluyó

hechos,

la

que

licenciado

el

Oficina

del

Vélez

Concepción incurrió en violaciones a los Cánones 18, 20 y

38 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

CP-2016-15

4

Evaluado

Oficina

del

lo

anterior,

Procurador

correspondiente.

En

su

este

Tribunal

ordenó

General

presentar

la

contestación

a

la

a

la

querella

querella,

el

licenciado Vélez Concepción negó cualquier violación a los

Cánones

de

Ética

Profesional,

por

lo

que

solicitó

el

archivo de la querella. Insistió que fue el propio quejoso

quien le solicitó su renuncia, pues interesaba que el

licenciado Vélez Lugo asumiera su representación legal. A

ello,

agregó

representación

que

redactó

legal,

pero

la

que

moción

de

el

Torres

señor

relevo

de

exigió

radicar tal escrito por lo que le delegó tal encomienda y

le devolvió su expediente, lo que reconoció fue incorrecto

y una inobservancia indebida. Asimismo, indicó que en la

moción se notificaba al tribunal su nueva dirección, razón

por la que no tuvo conocimiento de las notificaciones

posteriores. Además, señaló que el tiempo en que asumió

tal representación legal lo hizo de manera diligente y

competente; y que el propio señor Torres fue negligente al

no contratar una nueva representación legal, aun cuando el

tribunal le concedió un amplio término para ello.

Así las cosas, designamos al Hon. Carlos Rodríguez

Muñiz como Comisionado Especial y referimos el asunto a su

consideración. En la vista en su fondo, testificaron el

licenciado

Vélez

Lugo

y

el

Lcdo.

Arnaldo

Irizarry

Irizarry, quienes fueron inicialmente parte de la queja.

Una vez evaluada la prueba, el Comisionado Especial rindió

su Informe. En éste, concluyó que el licenciado Vélez

CP-2016-15

5

Concepción violó los Cánones 18 y 20 de Ética Profesional,

supra. Ello, al no comparecer al señalamiento del juicio

para el 9 de junio de 2010, fecha acordada por él mismo, y

lo cual inició la cadena de eventos que culminó con una

sentencia en rebeldía,

representación

del

y

por

señor

renunciar

Torres

sin

de facto

a la

notificarlo

al

tribunal ni tomar las medidas necesarias para evitarle

algún perjuicio a su cliente. Respecto a la sanción, el

Comisionado Especial recomendó la suspensión inmediata del

ejercicio de la abogacía por el término de tres meses.

A tales efectos, el Comisionado Especial tomó en

consideración

reputación

los

del

siguientes

licenciado

factores:

Vélez

(1)

la

buena

Concepción;

(2)

aunque

tenía quejas anteriores, no había sido objeto de sanción

disciplinaria; (3) causó perjuicio al cliente quejoso; (4)

aceptó

parte

arrepentimiento;

de

los

hechos,

(5)

su

defensa

pero

fue

no

frívola;

demostró

(6)

no

constituyó una conducta aislada y, (7) su conducta no fue

motivada por ánimos de lucro.

Por

su

parte,

el

licenciado

Vélez

Concepción,

a

través de su representante legal, objetó algunos de los

factores considerados por el Comisionado Especial, tales

como: que se trataba de una conducta aislada, resaltó su

buena reputación, demostró arrepentimiento y puntualizó

que su defensa no fue frívola.

CP-2016-15

6

II

A.

El Canon 18 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C.

18, establece que “[e]s deber del abogado defender los

intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada

caso

su

más

profundo

saber

y

habilidad

y

actuando

en

aquella forma que la profesión jurídica en general estima

adecuada y responsable”. Íd. Así, requiere que todos los

abogados y abogadas sean especialmente diligentes en el

cumplimiento de sus obligaciones. In re Medina Torres,

res. el 22 de junio de 2018, 2018 TSPR 123.

El abogado o la abogada incurre en una falta al Canon

18, supra, cuando, a pesar de asumir la representación

legal de un cliente, demuestra una capacitación inadecuada

o presta una atención indebida a la causa encomendada. In

re López Santiago, res. el 21 de febrero de 2018, 2018

TSPR 31; In re Roldán González, 195 DPR 414, 422 (2016).

De ese modo, cualquier actuación que pueda conllevar, o

que en efecto conlleve, la desestimación o el archivo de

un caso constituye una infracción a este Canon. In re

Vázquez Bernier, 198 DPR 459, 467 (2017).

Entre las conductas que infringen lo preceptuado en

el Canon 18, supra, se han reconocido, entre otras: no

comparecer a los señalamientos del tribunal; desatender o

abandonar el caso; y cualquier tipo de acción negligente

que

pueda

conllevar

o,

en

efecto,

que

resulte

en

la

desestimación o el archivo del caso. In re Otero Calero,

CP-2016-15

7

res. el 15 de junio de 2018, 2018 TSPR 112. Por tanto,

hemos reafirmado que en la profesión legal no hay espacio

para actuar con desidia, despreocupación, displicencia,

indiferencia e inacción. In re López Santiago, supra; In

re Nazario Díaz, 198 DPR 793, 803 (2017).

B.

Por

otra

parte,

el

Canon

20

del

Código

de

Ética

Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 20, dicta el procedimiento

y los preceptos éticos que deben seguir los abogados al

renunciar a la representación legal de un cliente.

particular,

dispone

que

comparecido

ante

un

tribunal

cliente

puede

ni

debe

no

“[c]uando

en

el

abogado

representación

renunciar

la

En

haya

de

un

representación

profesional de su cliente sin obtener primero permiso del

tribunal y debe solicitarlo solamente cuando exista una

razón justificada e imprevista para ello”. Íd. A ello,

agrega que el abogado o abogada debe tomar las medidas

razonables para evitar algún perjuicio a su cliente. Íd.

Por consiguiente, viola este Canon el abogado o la

abogada que abandona o se desliga por completo del asunto

encomendado sin antes solicitarle al tribunal el relevo de

la representación legal. In re Blain León, res. el 20 de

diciembre de 2017, 2018 TSPR 11. Así pues, se quebranta

este

precepto

cuando

se

representación

legal,

sin

establecido para ello. Íd.

renuncia

cumplir

tácitamente

con

el

a

la

procedimiento

CP-2016-15

8

Asimismo, el Canon 20, supra, exige que, al renunciar

a

la

encomienda

legal,

el

abogado

o

la

abogada

debe

entregar el expediente y los documentos del caso, así como

reembolsar

inmediatamente

cualquier

cuantía

pagada

por

adelantado por servicios que no se hayan prestado. In re

Blain León, supra.

A la luz del marco jurídico expuesto, procedemos a

evaluar la conducta desplegada por el licenciado Vélez

Concepción.

III

Al

evaluar

consideración,

el

expediente

determinamos

que

el

ante

nuestra

licenciado

Vélez

Concepción violó los Cánones 18 y 20 de Ética Profesional,

supra.

El

licenciado

Vélez

Concepción

asumió

la

representación legal del señor Torres, una vez el padre

del primero (licenciado Vélez Lugo) fue suspendido de la

práctica legal. Aun cuando el licenciado Vélez Concepción

hizo la salvedad al Tribunal de Primera Instancia que tal

representación

sería,

hasta

tanto,

su

padre

fuera

reinstalado al ejercicio de la abogacía, la realidad es

que al asumir tal representación legal, también asumió las

responsabilidades

representación

y

las

conllevaba.

representación

legal

autorice

renuncia,

una

obligaciones

continúa

no

El

éticas

deber

que

tal

ético

de

hasta

que

el

tribunal

puede

ser

condicionado

CP-2016-15

9

unilateralmente a priori por el abogado o la abogada que

asume la representación legal de un cliente.

Como

representante

legal

del

señor

Torres,

el

licenciado Vélez Concepción realizó varias gestiones en el

pleito judicial. Dentro de tales gestiones, coordinó con

la abogada de la otra parte la fecha en que se celebraría

el juicio, a saber, el 9 de junio de 2010. Ahora bien,

llegada

la

fecha

del

juicio,

el

licenciado

Vélez

Concepción no compareció, lo que provocó un disloque en el

trámite

del

caso

ante

la

confusión

de

quién

sería

la

representación legal del señor Torres. Ello, pues días

antes de la fecha pautada para la celebración del juicio

otro

abogado

del

Bufete

Vélez

Lugo,

el

Lcdo.

Arnaldo

Irizarry Irizarry, presentó una moción en la que informó

que el licenciado Vélez Concepción era el abogado del

señor Torres, pero que ya no laboraba para el mencionado

bufete, por lo que le solicitó renunciara al caso. Asunto

que el licenciado Vélez Concepción no hizo. Además, el

licenciado Irizarry Irizarry advirtió que no podía asumir

la representación del señor Torres toda vez que intervino

en

varios

casos

del

señor

Torres

cuando

era

juez

municipal.

Ante tal confusión, el foro primario concedió varios

términos al señor Torres para que anunciara una nueva

representación

legal,

con

el

apercibimiento

de

que

incumplir tal orden podía acarear la eliminación de las

alegaciones y la anotación de la rebeldía. El señor Torres

CP-2016-15

10

presentó una moción por derecho propio en la que explicó

que entendía que estaba representado por el licenciado

Vélez Concepción y que éste se encontraba trabajando su

caso. A tales fines, el Tribunal de Primera Instancia le

concedió

un

término

final

para

anunciar

una

nueva

representación legal y acudir a la oficina del Bufete

Vélez Lugo para que le aclararan la situación. Al señor

Torres

no

cumplir

con

lo

ordenado,

se

le

anotó

la

rebeldía.2

En su defensa, el licenciado Vélez Concepción alegó

que el propio señor Torres le informó que no deseaba su

representación

legal.

No

obstante,

el

licenciado

Vélez

Concepción aduce que delegó en el cliente la encomienda de

presentar la moción de relevo de representación legal.

Ello,

sin

cerciorarse

que,

en

efecto,

la

misma

fuese

presentada. Acorde con los postulados del Canon 20, supra,

era responsabilidad del abogado, no del cliente, solicitar

tal relevo y cerciorarse de recibir la autorización del

tribunal para ello. Sin tal autorización, el licenciado

Vélez

Concepción

aún

tenía

la

responsabilidad

de

representar al señor Torres con la debida diligencia y

personarse el día del juicio. Ante la envergadura de la

moción de renuncia, hemos recomendado que los abogados y

las

abogadas

2Al

la

presenten

personalmente

o

por

correo

celebrarse el juicio en rebeldía ya el licenciado

Vélez Lugo (padre) era el abogado del señor Torres, pero

tampoco compareció. A raíz de ello, se dictó una sentencia

en rebeldía en contra del señor Torres.

CP-2016-15

11

certificado, para así asegurar su llegada al tribunal. In

re Amill Acosta, 181 DPR 934, 943 (2011).3

El mal manejo del asunto por parte del licenciado

Vélez Concepción colocó a su cliente en un estado de

vulnerabilidad,

representación

pues

legal

lo

dejó

precisamente

a

desprovisto

de

la

que

fecha

en

estaba anunciado el inicio del juicio. Ello, conllevó una

violación al Canon 18, supra, pues el licenciado Vélez

Concepción no fue diligente en la encomienda dada por el

señor Torres. A su vez, violó el Canon 20, supra, al

renunciar de facto a la representación del señor Torres,

sin

obtener

anunciar

el

permiso

debidamente

la

del

tribunal.

renuncia

a

El

la

hecho

de

no

representación

legal ni obtener la autorización del tribunal para tal

relevo,

según

lo

requiere

el

Canon

20

de

Ética

Profesional, supra, propició una confusión tal que el

foro

primario

aclarara

quién

Torres.

A

solicitó

en

era

representante

raíz

de

el

no

varias

responderse

ocasiones

legal

lo

que

del

se

señor

anterior

ni

anunciarse una nueva representación legal, le fue anotada

la rebeldía al señor Torres. Cónsono con la moción por

derecho

propio

presentada

por

el

señor

Torres,

se

desprende que éste no fue debidamente orientado por el

licenciado

3Véase,

Vélez

Concepción,

pues

el

señor

Torres

In re García Ortiz, 198 DPR 432, 445 (2017).

(acorde con lo que dispone el Canon 20, es el abogado

quien debe solicitar la renuncia al tribunal si se

percata que no puede continuar rindiendo un servicio

competente.)

CP-2016-15

12

entendía que aún contaba con su representación legal. Más

importante

aún,

el

licenciado

Vélez

Concepción

no

se

cercioró de que el tribunal autorizara su renuncia.

Una

vez

establecido

que

el

licenciado

Vélez

Concepción violó los Cánones 18 y 20 del Código de Ética

Profesional,

supra,

procedemos

a

determinar

la

correspondiente sanción disciplinaria. A tales efectos,

debemos

considerar

los

siguientes

factores:

(1)

la

reputación del abogado en su comunidad; (2) su historial;

(3) si es su primera falta; (4) si ninguna parte resultó

perjudicada con su proceder; (5) la aceptación de la falta

y su arrepentimiento; (6) si es un comportamiento aislado;

y (7) cualquier otra consideración, ya sea atenuante o

agravante, que surja de los hechos particulares del caso.

In re Otero Calero, supra; In re López Santiago, supra; In

re Rivera Grau, 196 DPR 522, 539 (2016).

En el caso ante nuestra consideración, la inacción

del licenciado Vélez Concepción fue un factor determinante

para

que

su

representación

cliente

legal

se

y,

quedara

finalmente,

desprovisto

de

le

la

se

anotara

rebeldía. No obstante, debemos reconocer que tal resultado

tuvo

otros

abogados

elementos,

involucrados

como

la

y

propio

del

inacción

de

señor

los

otros

Torres.

Por

consiguiente, la actuación del licenciado Vélez Concepción

incidió en la anotación de la rebeldía de su cliente, pero

no

fue

el

único

causante

de

tal

resultado.

Asimismo,

destacamos que, al momento de dictarse la sentencia en

CP-2016-15

13

rebeldía, el señor Torres contaba con otra representación

legal. A su vez, el licenciado Vélez Concepción aceptó los

hechos, pero, a pesar de que no asumió responsabilidad por

los

mismos,

reconoció

que

no

actuó

correctamente

al

delegar en el cliente la responsabilidad de presentar la

moción de relevo de representación legal. Por último, el

licenciado Vélez Concepción tiene otra queja en su contra

pendiente,

dado

que

está

paralizada

en

virtud

de

una

acción civil (AB-2011-150).4

Al evaluar los anteriores factores y acorde con la

recomendación

procede

del

imponerle

Comisionado

al

Especial,

licenciado

Vélez

concluimos

que

Concepción

una

suspensión del ejercicio de la abogacía por el término de

tres meses.

IV

Por

los

fundamentos

que

anteceden,

suspendemos

inmediatamente al Lcdo. Nelson V. Vélez Concepción del

ejercicio de la abogacía y la notaría en Puerto Rico por

el término de tres meses.

Como consecuencia, se le impone el deber de notificar

a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar

representándoles.

devuelva

a

pendientes

Del

mismo

sus

clientes

los

y

cualesquiera

modo,

se

le

ordena

que

expedientes

de

los

casos

honorarios

recibidos

por

trabajos no realizados. Además, se le impone la obligación

4En

su Informe, el Comisionado Especial indica que

en la vista se presentó prueba de la buena reputación del

licenciado Vélez Concepción.

CP-2016-15

14

de informar inmediatamente de su suspensión a los foros

judiciales

y

administrativos

en

los

que

tenga

asuntos

pendientes. Por último, deberá acreditar a este Tribunal

el cumplimiento con lo aquí ordenado, dentro del término

de treinta días contado a partir de la notificación de

esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Por

Tribunal

su

parte,

incautar

se

le

ordena

al

Alguacil

inmediatamente

la

obra

y

de

el

este

sello

notarial del Sr. Nelson V. Vélez Concepción y entregarlos

al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para

la correspondiente investigación e informe. Además, en

virtud de esta suspensión, la fianza que garantiza las

funciones

notariales

queda

automáticamente

cancelada.

Asimismo, la fianza se considerará buena y válida por

tres años después de su terminación, en cuanto a los

actos realizados durante el periodo en que ésta estuvo

vigente.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y

Sentencia al Sr. Nelson V. Vélez Concepción.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Lcdo.Nelson V. Vélez

Concepción

(TS-15,043)

CP-2016-15

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 12 de septiembre de 2018.

Por las razones expuestas en la Opinión Per Curiam que

antecede, la cual se hace formar parte de la presente

Sentencia, se suspende inmediatamente al Lcdo. Nelson V.

Vélez Concepción del ejercicio de la abogacía y la notaría

en Puerto Rico por el término de tres meses.

En consecuencia, se le impone el deber de notificar a

todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar

representándoles. Del mismo modo, se le ordena que devuelva

a sus clientes los expedientes de los casos pendientes y

cualesquiera

honorarios

recibidos

por

trabajos

no

realizados. Además, se le impone la obligación de informar

inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y

administrativos en los que tenga asuntos pendientes. Por

último, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento

con lo aquí ordenado, dentro del término de treinta días

contado a partir de la notificación de esta Opinión Per

Curiam y Sentencia.

Se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar

inmediatamente la obra y el sello notarial del Sr. Nelson

V. Vélez Concepción y entregarlos al Director de la Oficina

de

Inspección

de

Notarías

para

la

correspondiente

investigación e informe.

CP-2016-15

2

Además, en virtud de esta suspensión, la fianza que garantiza

las

funciones

notariales

queda

automáticamente

cancelada.

Asimismo, la fianza se considerará buena y válida por tres años

después de su terminación, en cuanto a los actos realizados

durante el periodo en que ésta estuvo vigente.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo