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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Rafael A. Lugo Rodríguez

2018 TSPR 153

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Rafael A. Lugo Rodríguez

AB-2016-224

Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y notaría por incumplir con los requerimientos de la Oficina del Procurador General, la Oficina de Inspección de Notarías y las órdenes del Tribunal Supremo.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2018 TSPR 153

Rafael A. Lugo Rodríguez

(TS-6,587)

Número del Caso:

200 DPR ____

AB-2016-224

Fecha: 26 de julio de 2018

Abogado del promovido:

Por derecho propio.

Oficina de Inspección de Notarías:

Lcdo. Manuel Ávila De Jesús

Director

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Joseph Feldstein Del Valle

Procurador General

Lcda. Gisela Rivera Matos

Procuradora General Auxiliar

Materia: La suspensión será efectiva el 18 de agosto de 2018, fecha

en que se le notificó por correo certificado al abogado de su

suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace omo un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Rafael A. Lugo Rodríguez

(TS-6,587)

Conducta

Profesional

AB-2016-0224

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de julio de 2018.

Una vez más, nos vemos obligados a suspender a

un letrado del ejercicio de la abogacía y la notaría

por incumplir con nuestras órdenes.

I

El Lcdo. Rafael A. Lugo Rodríguez fue admitido

al ejercicio de la abogacía el 7 de noviembre de 1979.

En iguales términos, el 29 de noviembre de 1979 prestó

juramento para ejercer el notariado. El 14 de julio

de 2016, el Sr. Luis A. Lozada Tua presentó una queja

contra

el

licenciado

Lugo

Rodríguez

ante

este

Tribunal. Indicó que otorgó tres préstamos a favor de

varias

personas

preparó

tres

préstamos.

y

el

licenciado

documentos

para

Lugo

Rodríguez

garantizar

esos

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Señaló que el licenciado Lugo Rodríguez “nunca procesó los

documentos”, por lo que adujo que no se presentaron en el

Registro de la Propiedad y, como consecuencia, perdió el

capital objeto de los préstamos.

El 15 de agosto de 2016, la Subsecretaria del Tribunal

Supremo le concedió diez días al licenciado Lugo Rodríguez

para

que

contestara

la

queja.

Le

informó

que,

de

no

comparecer en el término provisto, referiría la queja al

Procurador General y a la Oficina de Inspección de Notarías

(ODIN). La notificación fue enviada por correo. El término

de diez días transcurrió, pero el letrado no contestó.

El 17 de octubre de 2016, la Subsecretaria del Tribunal

Supremo le envió al licenciado Lugo Rodríguez una segunda

notificación. Le concedió un término final de diez días para

que sometiera su contestación a la queja. Esta notificación

también fue enviada por correo a la dirección que aparece en

RUA. El término transcurrió y el licenciado Lugo Rodríguez

no compareció.

El 24 de abril de 2017, emitimos una resolución en la

que hicimos constar que el 15 de agosto de 2016 y el 17 de

octubre de 2016 se le ordenó al licenciado Lugo Rodríguez

contestar

la

queja.

Le

concedimos

un

término

final

e

improrrogable de cinco días para que contestara la queja. Se

le apercibió de que si no comparecía en el término provisto

se

le

podrían

imponer

sanciones

disciplinarias

severas,

incluyendo la suspensión del ejercicio de la profesión. El

licenciado Lugo Rodríguez tampoco cumplió con esta orden.

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Ante la incomparecencia del licenciado Lugo Rodríguez,

el 22 de mayo de 2017 le referimos el expediente de este

caso al Procurador General y le ordenamos investigar y

presentar un informe.

El 30 de junio de 2017, el Procurador General le envió

al licenciado Lugo Rodríguez un requerimiento mediante carta

certificada con acuse de recibo. Le solicitó que contestara

la

queja.

El

abogado

no

reclamó

el

requerimiento.

Consecuentemente, se recibió de vuelta en el correo.

El 31 de julio de 2017, el Procurador General le envió

al letrado un segundo requerimiento, también mediante correo

certificado. Sin embargo, el abogado Lugo Rodríguez tampoco

lo reclamó, por lo que se recibió de vuelta en el correo.

Este requerimiento además fue enviado al letrado mediante

correo electrónico.

El 23 de agosto de 2017, el Procurador General le envió

un tercer requerimiento al licenciado Lugo Rodríguez, esta

vez por correo regular. El letrado no respondió.

El

1

de

diciembre

de

2017,

el

Procurador

General

presentó su informe en relación con este caso. Recomendó que

sancionemos al licenciado Lugo Rodríguez por incumplir con

los Cánones 9 y 12 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA

Ap. IX.

Aunque el letrado Lugo Rodríguez nunca cumplió con los

requerimientos del Procurador General ni con los nuestros,

sí compareció ante la ODIN. El 12 de mayo de 2017, presentó

una contestación ante ese foro en la que negó todas las

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alegaciones contenidas en la queja y sostuvo que el señor

Lozada Tua carece de capacidad jurídica para presentar una

querella en su contra. El 2 de junio de 2017, la ODIN le

requirió al licenciado Lugo Rodríguez una copia certificada

de una de las escrituras que se mencionan en la queja. El 13

de junio de 2017, le realizó el mismo requerimiento. Ambos

requerimientos se le enviaron al licenciado Lugo Rodríguez

por correo regular y correo electrónico. El letrado nunca

contestó.

Finalmente, el Director de la ODIN presentó su informe

sobre el caso. Abundó sobre los requerimientos que le hizo

al licenciado Lugo Rodríguez por escrito y añadió que el

personal de su oficina también intentó comunicarse con el

letrado

por

vía

telefónica

para

realizarle

los

requerimientos pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Ya

que

el

licenciado

Lugo

Rodríguez

no

cumplió

con

esos

requerimientos, la ODIN no pudo culminar su investigación.

El Director de la ODIN también recomendó que sancionemos

al licenciado Lugo Rodríguez por incumplir con los Cánones

9 y 12 del Código de Ética Profesional, supra.

El 25 de mayo de 2018 emitimos una resolución en la que

le concedimos al licenciado Lugo Rodríguez treinta días para

que mostrara causa por la cual no debíamos suspenderlo del

ejercicio de la abogacía y la notaría. El letrado Lugo

Rodríguez tampoco cumplió con esta orden.

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II

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra,

dispone, en lo pertinente, que “[e]l abogado debe observar

para con los tribunales una conducta que se caracterice por

el mayor respeto”. Cónsono con ello, hemos expresado que

“[l]a naturaleza de la función del abogado requiere de este

una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes que

emiten los tribunales”. In re Dávila Toro, 179 DPR 833, 840

(2010). Además, hemos resuelto que asumir una actitud de

menosprecio e indiferencia ante nuestras órdenes, al igual

que

ante

los

organismos,

requerimientos

denota

una

de

falta

nuestros

de

respeto

funcionarios

hacia

y

nuestra

autoridad y constituye una violación del Canon 9. Véanse In

re Colón Collazo, 196 DPR 239, 242 (2016); In re Rodríguez

Zayas,

194

DPR

337,

suspensión

inmediata

profesión,

no

tan

342

e

solo

(2015).

Por

eso,

indefinida

del

ejercicio

a

desatiendan

los

que

procede

de

la

la

nuestras

órdenes, sino los requerimientos de la ODIN o del Procurador

General. Véase, In re Rodríguez Zayas, 194 DPR 337, 342

(2015).

III

En esta ocasión, un miembro de la profesión desatendió

las órdenes del Procurador General, de la ODIN y de este

Tribunal. Se ordenó al licenciado Lugo Rodríguez presentar

su contestación a la queja previo a referir su caso a la

Oficina del Procurador General. Se le cursaron tres cartas

al

respecto

y

se

le

concedió

amplia

oportunidad

para

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contestar. No obstante, nunca respondió. Referimos el asunto

al Procurador General y este le hizo tres requerimientos. El

licenciado Lugo Rodríguez los ignoró. Por otro lado, en aras

de completar su investigación, el Director de la ODIN le

solicitó

en

varias

ocasiones

que

le

remitiera

cierto

documento relacionado con la queja. Ya que el licenciado no

cumplió con esas órdenes, la ODIN no pudo finalizar su

investigación en este caso.

Finalmente, le concedimos un término de treinta días al

licenciado Lugo Rodríguez para que mostrara causa por la

cual no debíamos suspenderlo del ejercicio de la abogacía y

la notaría. También nos ignoró.

La dejadez que mostró el licenciado Lugo Rodríguez ante

todos los requerimientos que se le realizaron es prueba

fehaciente de que no le interesa continuar en el ejercicio

de la abogacía y la notaría. Su conducta indiferente ante

todas las comunicaciones que se le enviaron constituye una

falta de respeto a esta Curia, que violenta el Canon 9,

supra.

IV

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

suspendemos

inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y

la

notaría

al

licenciado

Lugo

Rodríguez.

Le

exigimos

notificar a sus clientes de su inhabilidad para seguir

representándolos,

recibidos

por

devolverles

trabajos

no

cualesquiera

realizados

honorarios

e

informar

inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y

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administrativos en los que tenga algún asunto pendiente.

Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con

lo anterior dentro del término de treinta días a partir de

la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Se

ordena

al

Alguacil

de

este

Tribunal

incautar

inmediatamente la obra y el sello notarial del señor Lugo

Rodríguez y entregarlos al Director de la ODIN para el

correspondiente examen e informe. La fianza notarial queda

automáticamente

cancelada,

pero

se

considerará

buena

y

válida por tres años después de su terminación en cuanto a

los actos realizados por el señor Lugo Rodríguez mientras la

fianza estuvo vigente.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Rafael A. Lugo Rodríguez

(TS-6,587)

AB-2016-0224

Conducta

Profesional

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de julio de 2018.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam

que antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia,

suspendemos inmediata e indefinidamente del ejercicio de la

abogacía y la notaría al licenciado Lugo Rodríguez. Le

exigimos notificar a sus clientes de su inhabilidad para

seguir representándolos, devolverles cualesquiera honorarios

recibidos

por

trabajos

no

realizados

e

informar

inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y

administrativos en los que tenga algún asunto pendiente.

Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con

lo anterior dentro del término de treinta días a partir de

la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Se ordena al Alguacil de este Tribunal incautar

inmediatamente la obra y el sello notarial del señor Lugo

Rodríguez y entregarlos al Director de la ODIN para el

correspondiente examen e informe. La fianza notarial queda

automáticamente cancelada, pero se considerará buena y válida

por tres años después de su terminación en cuanto a los actos

realizados por el señor Lugo Rodríguez mientras la fianza

estuvo vigente.

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2

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no

intervino.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo