LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Asociación de Maestros v. Departamento de Educación

2018 TSPR 150

Poder Judicial de Puerto Rico

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Asociación de Maestros v. Departamento de Educación

CT-2018-6

Sentencia con Opiniones de Conformidad y Opiniones Disientes

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Maestros,

su sindicato Asociación de

Maestros de Puerto Rico-Local

Sindical, por sí y en

representación de sus miembros

Parte Recurrida

Certiorari

v.

2018 TSPR 150

Departamento de Educación;

Hon. Julia Keleher, en su

carácter oficial como Secretaria

del Departamento de Educación

del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

200 DPR ____

Parte Peticionaria

Número del Caso: CT-2018-6

Fecha: 9 de agosto de 2018

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Isaías Sánchez Báez

Procurador General

Lcda. Amir C. Nieves Villegas

Procuradora General Auxiliar

Abogados de la parte recurrida:

Lcdo. Rafael Nadal Arcelay

Lcda. Melissa López Díaz

Lcdo. Edgardo Pabón Rodríguez

Lcdo. Salvador Antonetti Sutts

Materia: Sentencia del

Opiniones Disidentes.

Tribunal

con

Opiniones

de

Conformidad

y

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Maestros,

su sindicato Asociación

de Maestros de Puerto

Rico-Local Sindical, por

sí y en representación de

sus miembros

Parte Recurrida

v.

Departamento de

Educación;

Hon. Julia Keleher, en su

carácter oficial como

Secretaria del

Departamento de Educación

del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico

CT-2018-0006

Parte Peticionaria

SENTENCIA

(REGLA 50)

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de agosto de 2018.

Examinado

el

recurso

de

certificación

intrajurisdiccional, así como los escritos presentados por

la parte recurrida y la parte interventora, revocamos la

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia

mediante la cual se decretó la inconstitucionalidad de los

Artículos 13.05 (a) (4) (5) (6) (7) (8) (9) de la Ley de

Reforma Educativa de Puerto Rico, Ley Núm. 85-2018, sobre

el Programa de Escuelas Públicas Alianza y el Artículo

14.02 (c) del Programa de Libre Selección de Escuelas. Como

consecuencia, se desestima la demanda de autos.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres

emitió una Opinión de conformidad. El Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo emitió una Opinión de conformidad. El

Juez Asociado señor Rivera García emitió una Opinión de

conformidad a la cual se une la Jueza Asociada señora Pabón

CT-2018-0006

2

Charneco y los Jueces Asociados señores Kolthoff Caraballo

y Estrella Martínez. El Juez Asociado señor Estrella

Martínez emitió una Opinión de conformidad a la cual se une

el Juez Asociado señor Rivera García. La Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez disintió con opinión escrita a

la cual se unió la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el

Juez Asociado señor Colón Pérez. El Juez Asociado señor

Colón Pérez emitió una Opinión disidente. El Juez Asociado

señor Feliberti Cintrón está inhibido.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Maestros, su

sindicato

Asociación

de

Maestros de Puerto RicoLocal Sindical, por sí y en

representación

de

sus

miembros

Recurridos

CT-2018-0006

v.

Departamento de Educación;

Hon. Julia Keleher, en su

carácter

oficial

como

Secretaria del Departamento

de

Educación

del

Estado

Libre Asociado de Puerto

Rico

Peticionarios

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor

MARTÍNEZ TORRES.

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de agosto de 2018.

Como la Asociación de Maestros no logró establecer su

legitimación

activa

para

incoar

la

acción

por

sí

o

en

representación de sus miembros, estoy conforme con revocar

la

determinación

del

Tribunal

de

Primera

Instancia

sin

entrar en los méritos. Sin embargo, entiendo que debimos

también revocar nuestra Opinión en Asoc. Maestros P.R. v.

Srio. Educación, 137 DPR 528 (1994). Esa Opinión, que el

foro primario utilizó para reconocer legitimación activa a

la Asociación en este pleito, adolece de varios defectos y

CT-2018-0006

2

no es cónsona con la jurisprudencia de este Tribunal en

materia de legitimación activa.

I

La legitimación activa es uno de los requisitos del

principio de justiciabilidad que los tribunales tienen que

tomar en consideración antes de adjudicar una controversia

en

los

méritos.

Véase

Asoc.

Fotoperiodistas

v.

Rivera

Schatz, 180 DPR 920 (2011). Para demostrar su legitimación

activa, un demandante debe probar: (1) que ha sufrido un

daño claro y palpable; (2) que el daño es inmediato y

preciso, no abstracto ni hipotético; (3) que existe una

conexión entre la causa de acción ejercitada y el daño

alegado, y (4) que la causa de acción surge al amparo de la

Constitución o de alguna ley. Hernández Torres v. Hernández

Colón et al., 131 DPR 593, 599 (1992). Todo demandante

tiene que demostrar que posee, no solamente la capacidad

para demandar, sino además un interés legítimo en el caso.

Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 DPR 559,

564 (1989). Cuando una parte reclama ante un tribunal sin

cumplir con estos criterios, su reclamo no es justiciable y

procede

la

desestimación.

Véanse

Lozada

Sánchez

et

al.

v. JCA, 184 DPR 898 (2012); Fund. Surfrider y otros v.

A.R.Pe., 178 DPR 563 (2010).

Estos criterios son más rigurosos cuando se pretende

reclamar

Torres

los

v.

derechos

de

terceras

Gobernador,

129

DPR

personas.

824,

836

Hernández

(1992).

Esto

responde al precepto de que un litigante no puede impugnar

la

constitucionalidad

de

una

ley

aduciendo

que

esta

CT-2018-0006

3

infringe los derechos constitucionales de terceros que no

son parte en la acción. Íd.

Por ello, para que una agrupación pueda reclamar los

derechos de sus miembros, le exigimos demostrar: (1) que

los miembros de la agrupación tienen legitimación activa

para demandar a nombre propio; (2) que los intereses que se

pretenden proteger están relacionados con los objetivos de

la

agrupación,

y

(3)

que

la

reclamación

y

el

remedio

solicitado no requieren la participación individual de los

miembros. Col.

Ópticos

de

P.R.

v.

Vani

Visual

Center,

supra, págs. 565-566. En cambio, si la agrupación desea

demandar

en

defensa

de

demostrar

un

daño

claro,

sus

intereses

palpable,

propios,

real,

debe

inmediato,

preciso, no abstracto o hipotético a su colectividad. Fund.

Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, págs. 572-573.

Nuestra Resolución en Alvarado Pacheco y otros v. ELA,

188

DPR

594,

619-620

(2013),

provee

un

buen

y

breve

recuento de la norma:

[E]l concepto “acceso a la justicia” no significa

que cualquiera puede plantear cualquier cosa en

un tribunal, cuando le plazca. Tiene que haber un

caso y controversia justiciable. Lozada Sánchez

et al. v. JCA, 184 DPR 898 (2012) (Martínez

Torres, J.); Acevedo Vilá v. Meléndez, 164 DPR

875 (2005) (Hernández Denton, J.); E.L.A. v.

Aguayo, 80 DPR 552, 584 (1958) (Serrano Geyls,

J.). Por ello, el caso no puede ser académico ni

prematuro. Asoc.

Fotoperiodistas

v.

Rivera

Schatz, 180 DPR 920, 933 (2011) (Martínez Torres,

J.); San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., 174

DPR 640, 652 (2008) (Hernández Denton, J.). Para

que un litigante pueda instar una acción en el

Tribunal General de Justicia de Puerto Rico es

necesario que ostente legitimación activa. Lozada

Sánchez et al. v. JCA, supra; Fund. Surfrider y

otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563 (2010) (Martínez

Torres, J.); Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR

CT-2018-0006

4

460, 506 (2006) (Op. disidente de Rodríguez

Rodríguez,

J.); Acevedo Vilá

v.

Meléndez,

supra; Hernández Torres v. Hernández Colón et

al., 131 DPR 593 (1992) (Hernández Denton,

J.); Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824

(1992) (Hernández Denton, J.). Para determinar si

una parte tiene legitimación activa, tiene que

demostrar que “[ha sufrido] un daño claro y

palpable; que éste es real, inmediato y preciso,

y no abstracto e hipotético; que existe conexión

entre el daño sufrido y la causa de acción

ejercitada; y que la causa de acción surge bajo

el palio de la constitución o de una ley”. Mun.

Fajardo v. Srio. Justicia et al., 187 DPR 245,

255

(2012)(Martínez

Torres,

J.).

Véanse,

además: Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová,

177 DPR 893, 924 (2010) (Hernández Denton,

J.); Col. Peritos Elec. v. A.E.E., 150 DPR 327,

331

(2000) (Hernández

Denton,

J.); Asoc. Maestros P.R. v. Srio. Educación, 137

DPR 528, 535 (1994)(Hernández Denton, J.).

Por ende, la liberalidad con la que, en ocasiones, se

han interpretado los requisitos sobre legitimación activa,

“no quiere decir que la puerta esté abierta de par en par

para la consideración de cualquier caso que desee incoar

cualquier ciudadano en alegada protección de una política

pública”. Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 DPR 716,

723-724 (1974). En

Fund. Surfrider y otros v.

A.R.Pe.,

supra, pág. 585, lo reiteramos:

Claro está, hemos reconocido que los requisitos

de legitimación activa deben interpretarse de

forma flexible y liberal, particularmente al

atender reclamos dirigidos contra las agencias y

funcionarios gubernamentales. García v. Junta de

Planificación,

140

D.P.R.

649

(1996).

Sin

embargo, esto no implica que se haya abandonado

“el requisito de que todo litigante tiene que

demostrar que ha sufrido un daño concreto y

palpable para que los tribunales consideren su

reclamo en los méritos”. Romero Barceló v.

E.L.A., 169 D.P.R. 460, 511 (2006), opinión

disidente de la Juez Asociada Señora Rodríguez

Rodríguez.

CT-2018-0006

5

Por eso, hemos dejado claro que no intervendremos en

casos donde los daños alegados se presentan en el abstracto

o mediante controversias hipotéticas. Véase Lozada Sánchez

et al. v. JCA, supra.

De

las

claramente

propias

que

legitimación

la

alegaciones

Asociación

activa.

En

la

de

de

la

demanda

Maestros

Solicitud

surge

carece

de

de

sentencia

declaratoria que dio inicio a este pleito, alegó que su

reclamación pretende proteger intereses de la Asociación y

de sus miembros que “se ven seriamente vulnerados con las

acciones y omisiones de los demandados”. Solicitud de sentencia

declaratoria, 2 de abril de 2018, pág. 2. Fundamentó sus reclamos en la

cláusula

constitucional

que

prohíbe

la

utilización

de

fondos públicos para el sostenimiento de escuelas privadas.

Art. II, Sec. 5, Const. ELA, LPRA, Tomo I. Sin embargo, no

especificó

cuál

es

el

daño

que

supuestamente

estarían

expuestos a sufrir la Asociación y sus miembros.

Además, alegó que la ley impugnada afecta “derechos

constitucionales, aplicados al ámbito laboral”. Solicitud

de sentencia declaratoria, 2 de abril de 2018, pág. 2.

Aunque la Asociación expuso correctamente que tiene, como

grupo sindical, la facultad para representar a los miembros

de la Unidad Apropiada Magisterial ante el Departamento de

Educación,

sus

alegaciones

no

le

confieren

legitimación

activa, pues no especifican cómo se afectarían los términos

y condiciones de empleo de los maestros. Ninguna de las

alegaciones de

la Asociación argumenta un daño claro y

CT-2018-0006

6

palpable, no abstracto o hipotético, ni la conexión entre

el supuesto daño y la acción ejercitada.

Cuando el Gobierno solicitó la desestimación por falta

de legitimación activa, entre otras, la Asociación ripostó.

Alegó que la creación de los Programas de Escuelas Públicas

Alianza y de Libre selección de escuelas les ocasionarían

daños a la Asociación y a sus miembros porque parte del

presupuesto

asignado

al

Departamento

de

Educación

sería

ahora compartido con las Escuelas Públicas Alianza, lo que

reduciría los fondos para las escuelas donde trabajan los

maestros.

Igualmente,

sindical,

se

vería

adujo

afectada

que,

al

no

como

organización

poder

negociar

los

términos y condiciones de empleo del personal docente que

trabajaría en esas nuevas instituciones, pues no serían

empleados del Departamento de Educación.

Coincido con el Procurador General en que, bajo esas

teorías, tendría que reconocérsele legitimación activa a

todo

empleado

gubernamental

que

trabaja

en

agencias

de

gobierno para impugnar las leyes o reglamentos que permitan

a entidades sin fines de lucro o privadas contratadas para

la prestación de servicios al público, por el mero hecho de

que esos empleados no son públicos. Urgente petición de

auto de certificación intrajurisdiccional, 11 de julio de

2018, pág. 20. Además, el daño alegado es hipotético y

especulativo,

pues

transferencia

de

de

la

personal

misma

ley

surge

que

la

docente

del

Departamento

de

Educación a las Escuelas Públicas Alianza será voluntaria.

Por lo tanto, de un análisis de la ley de su faz, no puede

CT-2018-0006

7

concluirse que los maestros se exponen a un daño claro y

palpable. Si la ley pudiera provocar tales daños en su

aplicación,

eso

consideración.

es

otro

caso

que

En

esta

ocasión

no

está

solo

ante

se

nuestra

impugnó

la

inconstitucionalidad de la ley de su faz, y para ello, la

Asociación no ha logrado establecer su legitimación activa

por sí ni en representación de sus miembros.

II

La

Opinión

de

Rivera

García

argumentó

legitimación

conformidad

activa

del

que

porque

Juez

Asociado

señor

la

Asociación

tenía

los

maestros,

como

contribuyentes, pueden hacer reclamos de violación a la

cláusula de sostenimiento y por ello, la Asociación puede

representarlos en esta calidad. Respetuosamente, discrepo

de ese argumento.

En Flast v. Cohen, 392 U.S. 83 (1968), el Tribunal

Supremo federal resolvió que la Constitución de los Estados

Unidos no prohíbe de manera absoluta que los contribuyentes

federales

impugnen

programas

federales

con

gastos

o

recolectas alegadamente inconstitucionales. Lo crucial para

efectos de legitimación activa es si la parte tiene “un

interés personal en el resultado de la controversia” y si

esta gira en torno a “las relaciones legales entre las

partes

con

intereses

(citas

omitidas

contribuyente

legales

adversos”.

Íd.,

pág.

101

y

traducción

nuestra).1

Por

eso,

ser

no

otorga

legitimación

activa

“a personal stake in the outcome of the controversy […] the legal

relations of parties having adverse legal interests”.

1

CT-2018-0006

8

automáticamente. Es decir, “un contribuyente puede o no

tener el interés personal requerido en el resultado de la

controversia, dependiendo de las circunstancias del caso

particular”. Íd. (traducción nuestra).2

El análisis de Flast v. Cohen, supra, para determinar

si una parte cumple los requisitos mencionados, tiene dos

etapas:

“Primero,

el

contribuyente

debe

establecer

un

vínculo lógico entre ese estatus y el tipo de legislación

cuestionada.

[...]

establecer

nexo

un

Segundo,

entre

el

ese

contribuyente

estatus

y

la

debe

naturaleza

precisa de la infracción constitucional alegada” Íd., pág.

102

(traducción

nuestra).3

El

Tribunal

Supremo

federal

entendió que los demandantes en ese caso cumplieron con los

requisitos

porque

“su

cuestionamiento

constitucional

se

hizo contra un ejercicio por el Congreso de su poder bajo

el art. I, § 8, [...] y el programa cuestionado implica un

gasto sustancial de fondos de impuestos federales”. Íd.,

pág. 103 (traducción nuestra).4 En aquel momento, en 1965,

el

desembolso

de

dinero

federal

ascendía

a

casi

mil

millones de dólares. Íd., pág. 103 esc. 23. “Además, los

apelantes han alegado que los gastos impugnados violan las

cláusulas

de

establecimiento

y

libre

ejercicio

de

la

“[a] taxpayer may or may not have the requisite personal stake in the

outcome, depending upon the circumstances of the particular case”.

2

“First, the taxpayer must establish a logical link between that

status and the type of legislative enactment attacked. […] Secondly,

the taxpayer must establish a nexus between that status and the precise

nature of the constitutional infringement alleged”.

3

“[t]heir constitutional challenge is made to an exercise by Congress

of its power under Art. I, § 8, […] and the challenged program involves

a substantial expenditure of federal tax funds”.

4

CT-2018-0006

9

Primera Enmienda”. Íd. (traducción nuestra).5 Según analizó

el

Tribunal,

uno

de

los

miedos

específicos

de

los

redactores de la cláusula de establecimiento fue que el

Congreso

usara

su

poder

de

impuestos

y

gastos

para

favorecer una religión sobre otra o para sostener a las

religiones en general.

Aunque

pudiera

la

ser

Opinión

dice

extensible

a

constitución,

se

ha

expresamente

otras

que

la

disposiciones

interpretado

norma

de

limitadamente.

la

Véase

Arizona Christian School Tuition Organization v. Winn, 563

US 125 (2011). El Juez Fortas, en su opinión concurrente en

Flast v. Cohen, supra, había precisamente abogado por una

interpretación limitada a la cláusula de establecimiento.

“Hay

suficiente

en

la

historia

constitucional

de

la

cláusula de establecimiento para apoyar la tesis de que

esta cláusula incluye una prohibición específica sobre el

uso

del

poder

de

imponer

establecimiento

de

religión.

impuestos

No

hay

para

ninguna

apoyar

un

razón

para

sugerir […] que pueda haber otros tipos de gastos en el

Congreso

que

puedan

ser

cuestionados

por

un

litigante

únicamente sobre la base de su estatus de contribuyente”.

Íd., pág. 115 (traducción nuestra).6

“[i]n addition, appellants have alleged that the challenged

expenditures violate the Establishment and Free Exercise Clauses of the

First Amendment”.

5

“[T]here is enough in the constitutional history of the Establishment

Clause to support the thesis that this Clause includes a specific

prohibition upon the use of the power to tax to support an

establishment of religion. There is no reason to suggest […] that there

may be other types of congressional expenditures which may be attacked

by a litigant solely on the basis of his status as a taxpayer”.

6

CT-2018-0006

10

En 1994, “[e]ncontramos persuasivo el argumento del

Tribunal Supremo federal y del

Juez Fortas en Flast v.

Cohen”. Asoc. Maestros P.R. v. Srio. Educación, supra, pág.

539. Así, adoptamos esa norma para casos en que se alegue

una violación a la Sección 3 del Artículo II de nuestra

Constitución,

relativa

a

la

separación

entre

Iglesia

y

Estado. Decidimos también extenderla a reclamos bajo la

Sección 5 del Artículo II de nuestra Constitución, que

prohíbe el sostenimiento de escuelas privadas por parte del

Estado.

Explicamos

disposición

que

uno

constitucional

de

fue

los

propósitos

evitar

que

se

de

esta

utilizaran

fondos públicos para sostener escuelas privadas operadas

por

distintas

dependencias

religiosas

y,

de

este

modo,

salvaguardar la separación entre Iglesia y Estado. Asoc.

Maestros P.R. v. Srio. Educación, supra, págs. 539-540.

Nuestras

expresiones

a

lo

largo

de

gran

parte

de

aquella Opinión parecían indicar que estábamos adoptando

una versión restrictiva de la norma de Flast v. Cohen,

supra, limitada a proteger la separación entre Iglesia y

Estado. “El reclamo de la Asociación está fundamentado en

la cláusula de establecimiento de la Primera Enmienda de la

Constitución

federal,

así

como

en

las

cláusulas

de

separación y sostenimiento de nuestra Constitución. Como ya

discutimos, los principios constitucionales de separación

entre

Iglesia

y

Estado

cualquier

contribuyente

plantear

una

violación

permiten

tenga

a

que,

por

legitimación

una

de

las

excepción,

activa

para

anteriores

CT-2018-0006

11

disposiciones”.

Asoc.

Maestros

P.R.

v.

Srio.

Educación,

supra, pág. 543.

Sin embargo, sin mayor fundamento, mencionamos luego

que la cláusula de sostenimiento “también inclu[ye] en su

ámbito a las instituciones privadas no religiosas” y que

“[s]u objetivo va más allá de la separación de Iglesia y

Estado,

pretendiendo

nuestro

sistema

institución

Srio.

de

y

instrucción

educativa

Educación,

proteger

pública

privada”.

supra,

pág.

fortalecer

Asoc.

547.

al

frente

Maestros

Este

máximo

a

toda

P.R.

v.

de

esa

defecto

Opinión es insubsanable. La excepción de contribuyente para

reclamos

bajo

la

cláusula

de

sostenimiento

no

independizarse

del

tema

la

separación

Iglesia

de

de

podía

y

Estado, pues fue precisamente la separación de Iglesia y

Estado la que dio pie a extender la norma de Flast v.

Cohen, supra, a la cláusula de sostenimiento.

El Juez Asociado señor Negrón García así lo cuestionó

en su Opinión disidente: “Carece de toda lógica decisoria

que la mayoría confiera legitimación a la Asociación bajo

una rígida doctrina de contribuyentes —casi en desuso— que

se apuntala

exclusivamente en

Establecimiento, y

luego

la

secularizar

Cláusula

de

completamente

el

análisis en los méritos, desligándose por completo de la

Cláusula

de

Establecimiento,

no

obstante

estrecho’

que

dicha

cláusula

guardaba

legitimación”.

Asoc.

Maestros

P.R.

v.

el

en

Srio.

‘vínculo

materia

de

Educación,

supra, pág. 588 (Op. disidente de Negrón García, J.). “De

la nada, de repente, aparece fantasmalmente la Cláusula de

CT-2018-0006

12

Sostenimiento con un ‘contenido independiente y adicional

al de la cláusula de establecimiento de la Primera Enmienda

de la Constitución federal’”. Íd., pág. 587.

Por otro lado, la Ley de pleitos contra el Estado, Ley

Núm. 2 de 25 de febrero de 1946 (32 LPRA sec. 3075), priva

de

jurisdicción

atender

acciones

a

los

tribunales

en

que

se

de

Puerto

impugne

la

Rico

para

validez

o

constitucionalidad de cualquier ley o la actuación de un

funcionario público autorizada por ley cuando el demandante

no alegue otro interés en la acción o procedimiento. En

Asoc. Maestros P.R. v. Srio. Educación, supra, dijimos que

esa disposición no era impedimento para que adoptáramos la

norma de Flast v. Cohen, supra. El Juez Asociado señor

Negrón García también criticó este proceder, pues “se sirve

de una doctrina de contornos restrictivos y capa caída para

crear una excepción a una ley cuyo texto claro e inequívoco

prohíbe

los

pleitos

de

contribuyentes,

sin

excepciones, y cuya constitucionalidad no ha sido atacada”.

Asoc. Maestros P.R. v. Srio. Educación, supra, pág. 586

(Op. disidente de Negrón García, J.).

III

Por otra parte, constantemente enfatizamos el

valor del precedente en nuestro ordenamiento. No

obstante, nuestras decisiones no son un dogma

escrito

en

piedra.

Por

eso,

“cuando

el

razonamiento de una decisión ya no resiste un

análisis cuidadoso, no estamos obligados a

seguirla”. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo,

supra, pág. 391. “[E]l propósito inspirador de la

doctrina de stare decisis es lograr estabilidad y

certidumbre en la ley, mas nunca perpetuar

errores”.

Am.

Railroad

Co.

v.

Comisión

Industrial, 61 DPR 314, 326 (1943). Ahora bien,

CT-2018-0006

13

solo procederá dejar a un lado precedentes “(1)

si la decisión anterior era claramente errónea;

(2)

si

sus

efectos

sobre

el

resto

del

ordenamiento son adversos, y (3) si la cantidad

de personas que confiaron en ésta es limitada”.

Pueblo v. Camacho Delgado, 175 DPR 1, 20 esc. 4

(2008). Véase, además, González v. Merck, 166 DPR

659, 688 (2006). Rivera Ruiz et al. v. Mun. De

Ponce et al., 196 DPR 410, 429 (2016).

Reconocerle vigencia a la Opinión de Asoc. Maestros

P.R. v. Srio. Educación, supra, y leerla como si le otorga

a la Asociación de Maestros una llave maestra de acceso a

los tribunales para protestar ciertas políticas públicas

que no son de su agrado, “tiene el efecto de perpetuar una

lectura errónea del Derecho”. Rivera Ruiz et al. v. Mun. De

Ponce et al., supra, pág. 430 (Expresión de conformidad de

Rodríguez Rodríguez, J.).

Además, va en contra de los

principios mismos de autolimitación judicial y separación

de poderes. “El principio de justiciabilidad es tal vez la

limitación más importante al ejercicio del Poder Judicial”.

Romero Barceló v. ELA, 169 DPR 460, 508-509 (Op. disidente

de Rodríguez Rodríguez, J.).

Debemos mirar las consecuencias de reconocerle a la

Asociación legitimación activa para este pleito, como hacen

los demás miembros de esta Curia. Estamos abriendo una

puerta

peligrosa

que

parecía

corrosiva

porque

pretende

política

pública

con

cerrada.

maniatar

tan

solo

la

Es

peligrosa

ejecución

presentar

de

y

la

reclamos

generalizados en los tribunales. Aunque sean improcedentes

en los méritos, declarar justiciables esos casos entorpece

la agilidad que el pueblo reclama en la ejecución de la

CT-2018-0006

14

política pública. Después de todo, ningún caso se resuelve

en

un

día.

El

mejor

ejemplo

es

este

recurso.

La

incertidumbre en espera de nuestra decisión ha durado hasta

el inicio del año escolar, aun con la celeridad con la que

atendimos este asunto.

Más

aun,

nuestra

decisión

levanta

cuestionamientos

serios sobre el rol de los tribunales en nuestra sociedad.

Cumplimos

con

nuestro

deber

y

gozamos

de

la

confianza

pública cuando protegemos a los individuos frente a las

violaciones de los derechos que la Constitución y las leyes

les

garantizan.

Pero

si

permitimos

pleitos

que

no

son

justiciables para expresarnos sobre el tema de moda, ¿somos

obstáculos procesales en la implantación de medidas que

buscan ayudar a esos mismos individuos y no infringen la

Constitución?

También cumplimos nuestro rol constitucional y gozamos

de

la

confianza

pública

cuando,

en

ausencia

de

una

violación de esos derechos, respetamos la separación de

poderes y permitimos que los funcionarios que el pueblo

eligió ejerzan las facultades que la Constitución les da

para

diseñar

la

política

pública.

No

olvidemos

que

el

pueblo podrá avalar o rechazar eventualmente esa política

pública con su voto a favor o en contra de los incumbentes.

En

cambio,

voluntad

de

limitaciones

nuestras

los

a

decisiones

electores.

nuestra

Si

facultad

no

están

ahora

sujetas

a

descartamos

revisora

y

en

la

las

cambio

declaramos justiciables reclamos como el de hoy, ¿tendremos

un gobierno por injunction? ¿Estará el pueblo a la merced

CT-2018-0006

15

de que una mayoría en este Tribunal esté de acuerdo con la

medida

impugnada?

En

otras

palabras:

¿Respetaremos

la

separación de poderes constitucionales o nos convertiremos

en un estorbo público?

Vale recordar nuestras palabras en Hernández Torres v.

Gobernador, supra, págs. 848-849:

[N]o podemos ceder a la tentación de obviar los

principios

de

legitimación

activa

expuestos

anteriormente para adjudicar los méritos de este

recurso […]. Por razón de “interés público” no

podemos olvidar que a través de la historia de la

revisión judicial en Estados Unidos y Puerto

Rico,

los

tribunales

han

“establecido

valiosísimos

criterios

de

autolimitación

(judicial) para guiar su conducta en situaciones

que requieren el ejercicio de su ‘grave y

delicada

función’

de

juzgar

la

validez

constitucional de las medidas legislativas ....

Factores determinantes de estas normas son la

falibilidad del juicio humano, la condición

negativa del poder judicial que no posee la

autoridad directa que adviene a las otras dos

ramas por ser electas por el pueblo, y la

convicción de que la corte perdería su influencia

y prestigio y finalmente su autoridad, si, a

diario, y fuera de los estrictos límites de un

genuino procedimiento judicial, estuviese pasando

juicio sobre la validez constitucional de las

actuaciones legislativas y ejecutivas”. (Énfasis

suplido y escolio omitido.) E.L.A. v. Aguayo,

supra, págs. 595–597.

Si descartásemos este principio histórico de

prudencia judicial, socavaríamos la doctrina

constitucional

de

separación

de

poderes,

faltaríamos el respeto a la soberanía del pueblo

y asumiríamos la función que Platón asignó a los

filósofos

reyes

en

su

monumental

obra

La

República. Aceptar esta función violaría los

principios

rectores

de

nuestro

ordenamiento

democrático que juramos defender al asumir

nuestros cargos.

Me preocupa que el resto de esta Curia haya demostrado

“voluntad —rayana en descoordinada proeza quijotesca— de

abrir las puertas judiciales” para discutir los méritos de

CT-2018-0006

un

caso

no

16

justiciable.

Asoc.

Maestros

P.R.

v.

Srio.

Educación, supra, pág. 588 (Op. disidente de Negrón García,

J.). Dependiendo del color del cristal con que se miren los

programas en controversia, unos intervienen para proclamar

su constitucionalidad y otros para declarar lo contrario.

En este proceder, hemos desperdiciado una oportunidad de

dar coherencia a nuestra doctrina de legitimación activa.

La consecuencia de este proceder errático se verá pronto:

La presentación reiterada de casos en los tribunales con la

pretensión de que la política pública se revise y controle

por orden judicial.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Maestros, su

sindicato Asociación de

Maestros de Puerto RicoLocal Sindical, por sí y

en representación de sus

miembros

Parte Recurrida

CT-2018-0006

Certificación

Intrajurisdiccional

v.

Departamento de Educación;

Hon. Julia Keleher, en su

carácter oficial como

Secretaria del

Departamento de Educación

del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico

Parte Peticionaria

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor

RIVERA GARCÍA a la cual se unen la Jueza Asociada señora

Pabón Charneco y los Jueces Asociados señores Kolthoff

Caraballo y Estrella Martínez

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de agosto de 2018.

Este

examinar

caso

nos

ciertas

brindaba

la

disposiciones

de

trascendental

la

Ley

tarea

Núm.

de

85-2018,

conocida como la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico.

En particular, nos correspondería determinar si el Art.

13.05,

relacionado

Alianza,

y

el

Art.

al

Programa

14.02

sobre

de

la

Escuelas

Libre

Públicas

Selección

de

Escuelas Públicas, infringen la cláusula de sostenimiento

de

la

Constitución

debíamos

auscultar

de

Puerto

si

son

Rico.

En

otros

constitucionales

términos,

en

cuanto

permiten el establecimiento de escuelas que serán operadas

CT-2018-0006

2

y administradas por una entidad certificada autorizada por

el

Secretario

y,

por

otro

lado,

las

que

permiten

la

otorgación de certificados a padres de estudiantes para que

estos seleccionen la escuela que prefieran que sus hijos

asistan.

Al

emprender

esta

difícil

tarea,

resulta

imprescindible reafirmar nuestra obligación de esforzarnos

por lograr una interpretación que sea compatible con el

mantenimiento

de

la

constitucionalidad

de

una

ley,

en

virtud de la deferencia que siempre hemos expresado merecen

las

otras

ramas

de

gobierno.

Así

las

cosas,

luego

de

revisar la normativa establecida en Asoc. Maestros P.R. v.

Srio.

Educación,

interpretación

137

que

DPR

allí

528

(1994),

hicimos

sobre

en

cuanto

a

la

la

cláusula

de

sostenimiento en el contexto de otro modelo de legislación,

por los fundamentos que expondremos a continuación, estoy

conforme con revocar la Sentencia del Tribunal de Primera

Instancia y desestimar la demanda de autos.7

I

Alarma sobremanera que varios compañeros de este Tribunal

tergiversen el razonamiento que se hace en esta Opinión de conformidad

e induzcan a error a la ciudadanía en cuanto a lo que aquí expresamos.

Entre otras cosas, confunden y desvirtúan el razonamiento que hacemos

al adjudicar las controversias ante nuestra consideración en cuanto a

los Programas de Escuelas Públicas Alianza y de Libre Selección de

Escuelas. Además, nos imputan que para arribar a esta conclusión

enmendamos

nuestra

Constitución

y

reemplazamos

la

palabra

“sostenimiento” por “sustitución” cuando, como veremos, fueron estos

conceptos los que la Convención Constituyente estableció que regirían

la Cláusula de Sostenimiento. Asimismo, como de costumbre, recurren a

incesantes ataques, insultos, burlas y ofensas infundadas para sostener

lo que a todas luces carece de fundamentos jurídicos. La historia se

encargará de juzgar a aquellos que, para adelantar sus causas, se

prestan a interpretar el estado de derecho a su conveniencia.

7

CT-2018-0006

3

El 3 de abril de 2018, la Asociación de Maestros de

Puerto

Rico

y

su

sindicato

(Asociación)

presentó

una

Solicitud de sentencia declaratoria ante el Tribunal de

Primera

Instancia.8

Alegó

que

los

programas

de

las

Escuelas Públicas Alianza y de Libre Selección de Escuelas

establecidos en la Ley Núm. 85-2018 conocida como la Ley

de Reforma Educativa de Puerto Rico (en adelante Ley Núm.

85), eran inconstitucionales. Arguyó que en la medida en

que

el

Estado

sostener,

destine

sufragar

y

fondos

y

propiedad

sustentar

pública

entidades

para

educativas

privadas o religiosas, infringe la Sección 5 del Artículo

II

de

la

Constitución

de

Puerto

Rico

que

prohíbe

la

utilización de fondos públicos para el sostenimiento de

escuelas que no sean las del Estado.9

De otra parte, el 31 de mayo de 2018 un grupo de

madres10

(parte

interventora)

presentó

una

Solicitud

de

Apéndice de la petición de certificación intrajurisdiccional,

Anejo II, págs. 57-69.

8

9

Íd. pág. 60.

10 La Sra. Jennifer González Muñoz es madre de dos niños, de dos

y seis años. Aunque ella y su esposo trabajan tienen escasos recursos

económicos para el sostenimiento de su familia. El hijo mayor de ambos

tiene problemas del habla y por ello ha sido víctima de bullying en la

escuela a la que asiste. A ambos le preocupa el entorno de violencia

que existe en la escuela, pues sostienen que los estudiantes le faltan

el respeto a los maestros sin que ello acarree ninguna consecuencia.

Además, aducen que, a menudo, se cancelan las clases sin previo aviso;

afectando el progreso académico de sus hijos.

Por su parte, la Sra.

Danitza González Carrión es madre de tres niños que asisten a la

escuela del barrio donde residen. Expresó que tiene una niña de siete

años y tiene un promedio académico de cuatro puntos. Señaló que la niña

ha demostrado tener una pasión para aprender el inglés. Sin embargo, la

escuela le brinda poco o nada de instrucción en ese idioma.

Finalmente, la Sra. Jessica Ñeco tiene una hija de catorce años que es

dotada y en la escuela a la que asiste a pesar de ser una de las

escuelas públicas más prestigiosas, no está satisfaciendo las

necesidades de su hija. Señaló que comparte ciertas frustraciones con

su hija, ya que al ser una estudiante tan sobresaliente con frecuencia

se aburre en las clases. Entiende que se beneficiaría del programa si

pudiera estudiar en una escuela que tenga un currículo más abarcador y

en un entorno estudiantil más competitivo.

CT-2018-0006

4

intervención. Adujeron que sus hijos estudian en escuelas

públicas

y

tienen

un

interés

individual,

personal

y

tangible de beneficiarse de los programas. Afirmaron que si

la Ley Núm. 85 se declara inconstitucional sus hijos se

verían privados de los beneficios que esta concede. Por

ello, solicitaron comparecer como parte interventora.

Luego

de

múltiples

trámites

procesales

y

la

celebración de una vista argumentativa, celebrada el 13 de

junio de 2018, el Tribunal de Primera Instancia emitió una

Sentencia

en

la

que

resolvió

que

la

Asociación

tenía

legitimación activa ya que, como representante exclusivo de

los maestros del sistema de educación pública, persigue

defender el sistema de enseñanza pública y vindicar los

derechos y objetivos de la organización. Consignó que la

implementación de los referidos programas afectará a los

miembros al diluirse el dinero que será asignado a las

escuelas públicas y a los maestros para lograr sus deberes.

Determinó que se podrían alterar los términos y condiciones

laborales

de

los

maestros

del

sistema

público

si

son

transferidos a una Escuela Pública Alianza. Entendió que la

Asociación

poseía

legitimación

activa

conforme

a

lo

resuelto en Asoc. Maestros P.R. v. Srio. Educación, supra,

el cual permitió que un contribuyente cuestione leyes o

acciones estatales ante la violación de las cláusulas de

establecimiento y de sostenimiento de la Constitución de

Puerto Rico. En cuanto a la solicitud de intervención, la

declaró ha lugar al concluir que las madres demostraron

tener un interés legítimo.

CT-2018-0006

5

Finalmente,

determinó

que

las

Escuelas

Públicas

Alianza son un modelo de escuelas privadas financiadas por

el Estado cuya operación es contraria a la cláusula de

sostenimiento

de

nuestra

Constitución.

En

consecuencia,

decretó la inconstitucionalidad parcial11 del Art. 13.05 (a)

(5-9) de la Ley Núm. 85, que autoriza el establecimiento de

las Escuelas Públicas Alianza como parte de nuestro sistema

de educación pública, y el Art. 13.05 (a) (4), el cual

establece

el

concepto

de

Escuelas

Públicas

Alianza

en

instituciones que no son del Estado. También, decretó la

inconstitucionalidad

del

Art.

Programa de Libre Selección de

14.02

(c)

que

creó

el

Escuelas al razonar que

dicha disposición infringe la cláusula de sostenimiento.

Inconforme,

compareció

ante

el

el

11

de

Tribunal

julio

de

de

2018

Apelaciones

el

Estado

mediante

un

Escrito de Apelación.12 Señaló la comisión de los errores

siguientes:

(1) Erró el Tribunal de Primera Instancia al

reconocerle legitimación activa a la asociación

demandante para instar la acción de epígrafe.

(2) Erró el Tribunal de Primera Instancia al

concluir que las disposiciones de la Ley 85-2018

que establecen el Programa de Escuelas Públicas

Alianza infringen la cláusula de Sostenimiento

contenida

en

el

Art.

II,

Sec.

5

de

la

Constitución de Puerto Rico.

(3) Erró el Tribunal de Primera Instancia al

concluir que las disposiciones de la Ley 85-2018

11 Parcial en la medida en que “la prohibición no se extiende a

aquellas

Escuelas

Alianza

manejadas

por

municipios,

consorcios

municipales o la universidad pública, ya que estas entidades son

extensiones del Estado que están bajo su supervisión, sobretodo bajo su

control”. Véase Sentencia Declaratoria, pág. 35.

Apéndice de la petición de certificación intrajurisdiccional,

Anejo I, págs. 1-282.

12

CT-2018-0006

6

que establecen el Programa Libre Selección de

Escuelas infringen la cláusula de Sostenimiento

contenida

en

el

Art.

II,

Sec.

5

de

la

Constitución de Puerto Rico.

El mismo día presentó ante esta Curia una

Urgente

petición de auto de certificación intrajurisdiccional y una

Urgente moción en auxilio de jurisdicción. En esta última

planteó que el asunto es uno del más alto interés público

puesto

que

“el

efecto

de

lo

decidido

por

el

foro

de

instancia trastoca el mandato legislativo dirigido a la

implantación integral de la Ley de Reforma Educativa, uno

de los estatutos más trascendentales en nuestra historia

reciente”.13 Además, sostuvo que la “errónea decisión del

Tribunal

de

Primera

Instancia

educativo

y

a

estudiantes,

maestros

que

los

lo

componen,

coloca

a

[los]

en

un

nuestro

padres

estado

sistema

y

[los]

de

total

incertidumbre de cara al inminente comienzo del próximo año

escolar, lo cual ocurrirá en menos de un (1) mes”.14 A tales

efectos,

adujo

que

ha

llevado

a

cabo

un

sinnúmero

de

trámites encaminados a poner en vigor el programa y que de

no

adjudicarse

la

disputa

no

se

podría

efectuar

la

encomienda legislativa. Además, arguyó que continuaría el

estado de incertidumbre jurídica que provoca el dictamen

del Tribunal de Primera Instancia y la preparación para el

comienzo del próximo año escolar. Por ello, solicitó que

adelantemos el trámite judicial por la importancia y pronta

atención que requiere este conflicto.

13

Urgente Moción en auxilio de jurisdicción, pág. 3.

14

Íd.

CT-2018-0006

7

Sobre los méritos de la controversia, en síntesis, el

Estado sostuvo que el Programa de Escuelas Públicas Alianza

es

un

concepto

de

escuelas

públicas,

creado

por

autorización legislativa y que operan con cierto grado de

autonomía

Entendió

administrativa,

que

en

el

curricular

foro

federal

y

operacional.

se

validó

su

constitucionalidad siempre que la enseñanza que se imparta

sea gratuita, no sectaria ni discriminatoria. En cuanto al

Programa de Libre Selección de Escuelas, aseveró que es una

ayuda

económica

concedida

a

las

familias

y

no

a

las

instituciones educativas privadas. En ese sentido, señaló

que

la

ley

es

neutral

y

que

no

concede

privilegios

particulares a las escuelas privadas sobre las públicas.

Finalmente,

argumentó

que

la

Asociación

carece

de

legitimación activa para incoar la acción ya que no logró

establecer en qué manera la creación de los programas en

controversia le ocasionan un daño real, palpable, y preciso

tanto en su carácter individual como a sus miembros. Esbozó

que esta tampoco logró establecer la conexión

entre el

alegado daño y las disposiciones de la Ley Núm. 85.

El 13 de julio de 2018 emitimos una Resolución en la

cual

expedimos

el

recurso

de

certificación

intrajurisdiccional, paralizamos los efectos del dictamen

emitido por el Tribunal de Primera Instancia y concedimos a

las partes un término de cinco días para que se expresaran

en cuanto a los señalamientos de error que presentó el

Estado.

CT-2018-0006

La

8

parte

interventora

compareció

y,

en

esencia,

argumentó que debemos reevaluar y revocar nuestra decisión

en

Asoc.

Maestros

principalmente,

P.R.

porque

v.

los

Srio.

cambios

Educación,

significativos

supra,

en

el

ámbito legal la convirtieron en una obsoleta. En esencia,

sostuvo que sus hijos se han visto afectados por la crisis

actual del sistema educativo de Puerto Rico.

Por ello,

consideró que los programas en, todos sus extremos, están

diseñados

para

brindarles,

a

ellos

como

padres,

la

oportunidad de escoger la escuela adecuada para sus hijos

y,

a

estos

últimos,

tener

acceso

a

una

educación

de

calidad. Aseveró que, de no validarse, limitaríamos a todas

las familias de escasos recursos la oportunidad de atender

sus necesidades académicas individuales.

Por

su

parte,

la

Asociación,

amparándose

en

lo

resuelto por este Tribunal en Asoc. Maestros P.R. v. Srio.

Educación, supra, alegó que tiene legitimación activa para

impugnar bajo la cláusula de sostenimiento ya que este

Tribunal hizo extensiva la excepción establecida en Flast

v.

Cohen,

392

US

83

(1968),

sobre

acciones

de

contribuyentes al amparo de la cláusula de establecimiento.

En aquella ocasión, reconocimos que por estar relacionadas

la una con la otra, la excepción establecida en ese caso

aplica a impugnaciones de contribuyentes al amparo de la

cláusula de establecimiento y a la de sostenimiento.

Señaló

defender

los

que

como

derechos

entidad

se

laborales

dedica

de

todos

a

“promover

sus

y

miembros,

promover condiciones óptimas para ofrecer educación pública

CT-2018-0006

gratuita

y

9

a

fomentar

el

desarrollo

intelectual

y

profesional sindical de los trabajadores de la educación”.15

Razonó, además, que como organización tiene una larga y

probada

trayectoria

en

reclamar

la

reivindicación

de

derechos de la organización y en proteger los intereses

relacionados al quehacer educativo, la educación pública y

los derechos de los maestros. Planteó, que el uso de fondos

públicos del presupuesto del Departamento de Educación para

la

administración

de

entidades

privadas

y

para

la

otorgación de certificados que tienen el fin de sufragar la

educación en instituciones privadas, afectan al magisterio

y a la educación pública ya que al quitarles una porción

del presupuesto destinado al Departamento incidirá en el

mejoramiento y en la operación de las escuelas del sistema

de

educación

alterar

los

pública.

También,

términos

y

consignó

condiciones

que

se

laborales

podrían

de

los

maestros que se transfieran a una Escuela Pública Alianza.

En cuanto a los méritos de la controversia, aclaró que

sus planteamientos se fundamentan únicamente en la cláusula

de sostenimiento y no en la de establecimiento. Señaló que

se

infringe

la

cláusula

de

sostenimiento

puesto

que

mediante las Escuelas Públicas Alianza se transfiere dinero

público a una entidad privada para promover la educación

pública. Sostuvo que estas escuelas estarán administradas

por entidades privadas y serán estos entes quienes estarán

a

cargo

15

de

tomar

las

decisiones

Alegato de la parte recurrida, pág. 5.

operacionales

y

CT-2018-0006

10

administrativas. Igualmente, argumentó que, si alguna de

estas entidades “tiene base religiosa, será incluida la

educación religiosa en la misma, siendo entonces sufragada

por fondos públicos”.16 Arguyó que en el caso de que operen

en facilidades que sean del Estado y no paguen una renta

por el uso, ello constituiría

un traspaso de

propiedad

pública a manos de entes privados. Planteó, además, que el

Estado se limitaría a “supervisa[r] ciertos aspectos de las

escuelas

privadas

organización,

pero

su

finanzas,

operación,

empleomanía

administración,

y

filosofía

son

privadas”.17

Sobre

el

Programa

de

Libre

Selección

de

Escuelas,

cuestionó únicamente la constitucionalidad de aquellos que,

mediante

certificados,

privada

con

autorizan

el

pago

de

educación

resto

fondos

públicos

y

no

el

modalidades.

A

esos

efectos,

adujo

que

se

infringe

la

Constitución

de

Puerto

ya

el

fin

último

del

Rico

que

de

las

programa es sufragar los costos y sostener la educación

privada. Añadió que ello constituye un traspaso de dinero

público a terceros privados. Ante esta situación, esbozó

que el Estado pretende viabilizar un sistema becario para

sustituir el sistema de enseñanza pública para ponerlo en

control de entes privados. Por ello, concluyó que ambos

programas

son

cláusula

de

inconstitucionales

sostenimiento

busca

de

su

que

los

16

Alegato de la parte recurrida, pág. 11.

17

Íd., pág. 12.

faz,

pues

la

servicios

de

CT-2018-0006

11

educación pública estén únicamente en control del Estado y

ninguno de los dos programas tienen esa finalidad.

Examinados los argumentos de ambas partes, procedemos

a resolver.

II

A. La legitimación activa

Sabido es que “los tribunales existen únicamente para

resolver

controversias

genuinas

surgidas

entre

partes

opuestas que tienen un interés real de obtener un remedio

que haya de afectar sus relaciones jurídicas”.18 Por ello,

se requiere “la presencia de una controversia genuina y

viva, en la cual estén presentes intereses opuestos, y que

al ser resuelta afecte las reclamaciones jurídicas de los

litigantes”.19

Esto

garantiza

que

el

promovente

de

una

acción tenga un interés en el pleito “de tal índole que,

con

toda

probabilidad,

habrá

de

proseguir

su

causa

de

acción vigorosamente y habrá de traer a la atención del

tribunal las cuestiones en controversia”.20

Desde que adoptamos jurisprudencialmente el requisito

de

“caso

judicial

o

controversia”

está

supeditado

el

ejercicio

a

la

de

la

existencia

función

de

una

E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 558–559 (1958). Véase, además,

Fund. Surfrider y otros v. A.R.P.E., 178 DPR 563, 572 (2010); Asoc.

Alcaldes v. Contralor, 176 DPR 150, 157 (2009); Hernández Torres v.

Gobernador, 129 DPR 824 (1992).

18

19

E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 584.

Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 427 (1994), al citar

a Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 413 (1982).

20

CT-2018-0006

12

controversia justiciable.21 Esta doctrina de justiciabilidad

consiste, a su vez, en un conjunto de doctrinas que nos

guiarán en nuestra función de

atender

la

asunto

particular.

subyacentes

validez

que

determinar si es preciso

estatutaria

Es

motivan

o

decir,

en

constitucional

si

realidad

existen

la

de

un

“fuerzas

abstención

o

intervención judicial en una situación dada”.22 Entre esos

principios

está

la

legitimación

activa

(standing)

de

quienes acuden a los tribunales a vindicar sus derechos.23

En consecuencia, para determinar si una parte tiene

legitimación activa es indispensable que el promovente de

una causa de acción, en ausencia de un estatuto que la

confiera, satisfaga los requisitos siguientes: (1) que ha

sufrido un daño claro y palpable; (2) que el daño es real,

inmediato y preciso, y no abstracto o hipotético; (3) que

existe una conexión entre el daño sufrido y la causa de

acción ejercitada, y (4) que el reclamo surja bajo el palio

de la Constitución o de una ley.24

En términos generales, el principio de legitimación

activa

consiste

en

determinar

quién

puede

acudir

al

Fundación Arqueológica v. Depto de la Vivienda, 109 DPR 387,

391 (1980). Véase, además, Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180

DPR 920, 942 (2011); Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124

DPR 559 (1989).

21

E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 DPR 394, 399 (1983); Hernández

Agosto v. Romero Barceló, supra, pág. 413.

22

23

Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, supra, pág. 563.

24

Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 943.

Véase, además, Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 470-471 (2006);

Col. Peritos Elec. v. A.E.E., 150 DPR 327, 341 (2000); P.P.D. v.

Gobernador I, 139 DPR 643 (1995); Hernández Torres v. Gobernador,

supra; Hernández Agosto v. Romero Barceló, supra.

CT-2018-0006

13

tribunal en búsqueda de vindicar sus derechos.25 Como regla

general, hemos establecido que las partes “tienen capacidad

tan solo para plantear sus propios derechos contra actos

alegadamente

ilegales

del

gobierno”.26

Sin

embargo,

jurisprudencialmente se han reconocido varias excepciones a

esta norma. Este es el caso de las asociaciones.

1) Asociaciones

A las asociaciones se les ha reconocido legitimación

activa para demandar en dos instancias, ya sea, a nombre

propio o a nombre de sus miembros o integrantes. Es decir,

esta puede solicitar intervención judicial por los daños

sufridos por la agrupación y para defender los derechos de

la entidad.27 A tales efectos, hemos sostenido que cuando la

acción la insta “una asociación, ésta tiene legitimación

para incoar una acción judicial por daños sufridos por la

agrupación y para vindicar los

derechos de la

entidad.

Cuando una organización esté demandando en defensa de sus

intereses colectivos, le corresponde alegar un daño claro y

preciso

a

demostrar

sus

un

actividades”.28

daño

claro,

En

otros

palpable,

términos,

real,

debe

inmediato,

preciso, no abstracto ni hipotético a su colectividad.29

Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra,

Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, supra, pág. 563.

25

942;

Col.

Íd., pág. 943. Véase, además, C.E.S. U.P.R. v. Gobernador, 137

DPR 83, 106 (1994); E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 DPR 394, 396 (1983).

26

27

Col. Peritos Elec. v. A.E.E., supra, pág. 341.

28

Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, supra, pág. 565.

Íd.; Col. Peritos Elec. v. A.E.E., supra; Noriega v. Hernández

Colón, supra.

29

CT-2018-0006

14

En cambio, cuando lo hace en representación de sus

miembros

no

tiene

que

demostrar

que

ha

sufrido

daños

propios.30 En este escenario contará con legitimación activa

siempre que cumpla con tres requisitos, a saber: (1) que el

miembro tiene legitimación activa para demandar a nombre

propio; (2) que los intereses que se pretenden proteger

están relacionados con los objetivos de la organización; y

(3) que la reclamación y el remedio solicitado no requieren

la participación individual de los miembros en el pleito.31

Al

resolver

un

caso

que

se

presente

ante

nuestra

consideración, según E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958),

debemos

desplegar

nuestra

facultad

constitucional

de

revisar las leyes conforme a los preceptos constitucionales

que exigen que esta únicamente sea ejercida dentro de los

linderos

intereses

de

una

controversia

opuestos

que

real

permitan

un

y

sustancial

remedio

entre

judicial.

Debemos examinar, entonces, si la parte demandante tiene

legitimación activa conforme a los parámetros establecidos

para

acciones

incoadas

por

las

asociaciones,

ya

sea

a

nombre propio o en representación de sus miembros.

Cabe resaltar que en Asoc. de Maestros de P.R. v.

Srio. Educación, supra, adoptamos la excepción preceptuada

en Flast v. Cohen, supra, para reclamos de contribuyentes

que

impugnan

la

constitucionalidad

de

una

ley

o

una

Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, supra. Véase,

además, Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 DPR 122, 133 (2014); Col.

Peritos Elec. v. A.E.E., supra, pág. 342; García Oyola v. J.C.A., 142

DPR 532 (1997); Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 DPR 716

(1974).

30

31

Col. Peritos Elec. v. A.E.E., supra.

CT-2018-0006

actuación

15

gubernamental

establecimiento.

En

bajo

la

el

Máximo

Flast,

cláusula

Foro

de

judicial

consideró que, al amparo de la cláusula de establecimiento,

una persona sufre un daño como contribuyente al extraerse y

utilizarse su dinero como contribuyente para apoyar una

religión.32 Así las cosas, en Asoc. de Maestros de P.R. v.

Srio.

Educación,

supra,

dijimos

que

“por

el

vínculo

estrecho que existe entre esa sección y la que prohíbe el

sostenimiento de escuelas privadas por parte del estado

debíamos adoptar la norma de Flast v. Cohen, supra, basada

en la cláusula de establecimiento, para reclamos bajo la

Sec. 5 del Art. II, supra”.33 El razonamiento utilizado en

ese momento fue

que era “cónsono con nuestro

historial

constitucional y, particularmente, con la preocupación de

nuestra

Convención

separación

entre

Constituyente

la

Iglesia

y

por

el

salvaguardar

Estado”.

la

(Énfasis

suplido).34 Ante ese escenario, reconocimos que los miembros

de la Asociación tenían legitimación activa para incoar una

causa

de

acción

como

contribuyente,

al

amparo

de

la

cláusula de sostenimiento.

Al examinar si se cumplen los demás requisitos para

que esta pueda demandar en representación de los maestros

en

calidad

de

contribuyentes,

observamos

que

entre

los

“The taxpayer's allegation in such cases would be that his tax

money is being extracted and spent in violation of specific

constitutional protections against such abuses of legislative power”.

Ariz. Christian School Tuition Org. v. Winn, 563 US 125, 140 (2011);

Flast v. Cohen, 392 US 83 (1968).

32

33

Asoc. de Maestros P.R. v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 539

(1994).

34

Íd.

CT-2018-0006

16

intereses que la Asociación, como organización, persigue

están

el

defender

los

derechos

laborales

de

todos

sus

miembros, velar por que se ofrezca una educación pública

gratuita

y

a

fomentar

profesional

de

los

el

desarrollo

maestros

del

intelectual

sistema

de

y

enseñanza

pública. En sus argumentos exponen que la Ley Núm. 85,

destina parte de los fondos públicos del Departamento y los

utiliza para escuelas privadas, por tanto, afectaría sus

condiciones de trabajo y la operación de las escuelas. En

este sentido, los intereses que se pretenden proteger, en

cuanto a los derechos de los maestros, están relacionados

con los objetivos que persigue salvaguardar la Asociación.

Finalmente, esta última estableció que la reclamación

y

el

remedio

solicitado

no

requieren

la

participación

individual de los miembros en el pleito, ya que se trata de

una

controversia

estrictamente

de

derecho

en

la

cual

únicamente debemos examinar si ciertas disposiciones de la

Ley

Núm.

85

infringen

de

su

faz

la

cláusula

de

sostenimiento de nuestra Constitución. Por lo anterior, la

Asociación

entablar

posee

el

la

legitimación

presente

pleito

en

activa

necesaria

representación

para

de

los

maestros del sistema de educación pública de Puerto Rico.

Resuelto esto, procederemos a determinar si la Ley

Núm.

85

establece

mecanismos

para

el

sostenimiento

de

escuelas privadas en contravención con la Constitución de

Puerto Rico al crear el Programa de Libre Selección de

Escuelas

para

ciertos

estudiantes

participantes

establecer las Escuelas Públicas Alianza.

y

al

CT-2018-0006

17

III

A. La constitucionalidad de una ley

Está firmemente establecido que una ley se presume

constitucional

hasta

que

se

resuelva

lo

contrario.

Un

estatuto puede ser declarado inconstitucional de su faz o

en su aplicación.35 Bajo la primera doctrina, el análisis se

circunscribe a determinar si del texto de la ley surge el

vicio que la hace inconstitucional.36 En la segunda, es

preciso analizar el contexto en el que la ley ha sido

aplicada para auscultar si en su aplicación tiene el efecto

de infringir alguna disposición constitucional.37

A tales efectos, estamos llamados a armonizar, entre

otras cosas, el historial legislativo y el propósito que

tuvo la Asamblea Legislativa para promulgar el estatuto en

cuestión con las disposiciones en controversia.38 Con ello

en mente, debemos buscar la manera de conciliar, en lo

posible, el fin perseguido de manera que podamos llegar a

un resultado lógico y razonable.39 Con este marco doctrinal

en mente, analizaremos las disposiciones de la Ley Núm. 85

que impugna la parte recurrida para determinar si de su faz

35

Asoc.

Ctrl.

Acc.

C.

Maracaibo

v.

Cardona,

144

DPR

1,

22

(1997).

36

Íd.

37

Íd., pág. 23.

Pérez v. Mun. de Lares, 155 DPR 697, 706 (2001). Véase,

además, Irizarry v. J & J Cons. Prods., Co., Inc., 150 DPR 155 (2000);

Dorante v. Wrangler of P.R., 145 DPR 408 (1998); Vázquez v. A.R.Pe.,

128 DPR 513 (1991).

38

39

Íd.

CT-2018-0006

18

surge algún indicio que tenga visos de inconstitucionalidad

a la luz de la cláusula de sostenimiento.

B. La cláusula de sostenimiento

De

establecida

entrada,

y

la

debemos

señalar

interpretación

que

que

la

hicimos

normativa

sobre

la

cláusula de sostenimiento en Asoc. Maestros P.R. v. Srio.

Educación,

supra,

es

claramente

errónea.40

Ello,

independientemente del modelo de legislación educativa bajo

revisión.

Específicamente,

por

la

interpretación

y

el

derecho expuesto en torno a la cláusula de sostenimiento.

Para saber si la Ley Núm. 85 infringe esa disposición

constitucional es imperativo que delimitemos adecuadamente

el significado que tiene el término “sostenimiento”. En

primer lugar, el Diccionario de la Lengua Española define

este concepto como la “[a]cción y efecto de sostener o

sostenerse”41

palabra

o

como

“sostener”

la

“[m]antenimiento

define

como

o

sustento”.42

“prestar

apoyo,

La

dar

aliento o auxilio” o “[d]ar a alguien lo necesario para su

40

Como excepción, existen tres circunstancias que justifican

dejar a un lado un precedente: “(1) si la decisión anterior era

claramente errónea; (2) si sus efectos sobre el resto del ordenamiento

son adversos, y (3) si la cantidad de personas que confiaron en ésta es

limitada”. Pueblo v. Sánchez Valle, 192 DPR 594, 645-646 (2015), al

citar Pueblo v. Camacho Delgado, 175 DPR 1, 20 esc. 4 (2008). Véanse,

además, Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 391 (2012);

E.L.A. v. Crespo Torres, 180 DPR 776, 796–797 (2011); Pueblo v. Díaz de

León, 176 DPR 913, 920 (2009); San Miguel, etc. & Cía. v. Guevara, 64

DPR 966, 974 (1945).

41 Real

Academia Española, Diccionario de la lengua española,

16ta ed., Madrid, pág. 1178 (1939). Véase, además, Julio Casares,

Diccionario ideológico de la lengua española, 2da ed., Editorial

Gustavo Gili, S.A., Barcelona, pág. 783 (1959). Al día de hoy se le ha

dado la misma interpretación al término sostenimiento. Véase, Real

Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23ra ed. (Edición

del Tricentenario), México, Espasa Libros, pág. 2043 (2014).

42

Íd.

CT-2018-0006

19

manutención”.43 Según los diccionarios citados, el término

sostenimiento

equivale

a

proporcionar

lo

necesario

para

subsistir. A tales efectos, en la medida en que se dé a

alguien

lo

necesario

para

subsistir,

es

decir,

para

mantenerse, permanecer o conservarse implica que se le está

sosteniendo.

En el ámbito jurídico, el término tiene su origen en

la jurisprudencia federal que considera el sostenimiento

(support) como una forma de establecimiento.44 Es decir, los

precedentes

judiciales

cláusula

establecimiento

de

federales

como

han

una

interpretado

forma

de

la

sostener

entidades religiosas. Esta premisa está sustentada en los

motivos

que

Constitución

tuvieron

Federal

impuestas

por

ciudadanos

a

los

para

algunos

apoyar

Padres

luchar

estados

Fundadores

contra

que

económicamente

las

de

la

acciones

obligaban

a

a

grupos

ciertos

los

religiosos.45

La Constitución de Puerto Rico en el Art. II, Sec. 5,

establece lo siguiente:

Habrá un sistema de instrucción pública el cual

será

libre

y

enteramente

no

sectario.

La

Real Academia Española, Diccionario de la lengua española,

23ra ed., (Edición del Tricentenario), México, Espasa Libros, pág. 2042

(2014).

43

Véase, por ejemplo, Everson v. Board of Education, 330 US 1

(1947). Véase, además, Ignacio Rivera García, Diccionario jurídico

según la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Vol. III:

A-Z 1989-2000, Ediciones SITUM, págs. 454-455 (2008). Véase, además,

Ignacio Rivera García, Diccionario de términos jurídicos, Lexis

Publishing, 3ra ed. rev., pág. 267 (2000).

44

45 Everson v. Board of Education, supra. Véase, además, James

Madison, Memorial and Remonstrance Against Religious Assesment, Bill of

Rights

Institute

http://billofrightsinstitute.org/wpcontent/uploads/2011/12/MemorialofRemonstrance.pdf (última visita 9 de

agosto de 2018).

CT-2018-0006

20

enseñanza será gratuita en la escuela primaria y

secundaria y, hasta donde las facilidades lo

permitan, se hará obligatoria para las escuelas

públicas primarias. La asistencia obligatoria a

las escuelas públicas primarias, hasta donde las

facilidades del Estado lo permitan, según se

dispone en la presente, no se interpretará como

aplicable a aquellos que reciban instrucción

primaria en escuelas establecidas bajo auspicios

no gubernamentales.

No se utilizará propiedad ni fondos públicos para

el sostenimiento de escuelas o instituciones

educativas que no sean las del Estado. Nada de lo

contenido en esta disposición impedirá que el

Estado pueda prestar a cualquier niño servicios

no

educativos

establecidos

por

ley

para

protección o bienestar de la niñez. (Énfasis

suplido).46

Esta disposición constitucional tuvo su antecedente en

el Art. 2 de la Ley Orgánica de 1917, conocida como la Ley

Jones, la cual disponía que “[n]o se dictará ninguna ley

relativa al establecimiento de cualquiera religión o que

prohíba el libre ejercicio de la misma”47 y que “[j]amás se

asignará,

aplicará,

donará,

usará,

directa

ni

indirectamente, dinero o propiedad pública para el uso,

beneficio

o

sostenimiento

de

ninguna

secta,

iglesia,

denominación, institución o asociación sectaria, o sistema

religioso, o para el uso,

beneficio o sostenimiento de

ningún sacerdote, predicador, ministro u otro instructor o

dignatario religioso, como tal”.48

46

Art. II, Sec. 5, Const. PR, LPRA, Tomo I, ed. 2008, pág. 292.

Acta Jones, 39 Stat. 951, Documentos Históricos, Sec. 2, LPRA,

Tomo 1, ed. 1982, pág. 63. Véase, además, Raúl Serrano Geyls, Derecho

constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, Programa de Educación

Jurídica Continua Universidad Interamericana de Puerto Rico Facultad de

Derecho, Vol. II, págs. 1611, 1613 (1988).

47

48

Acta Jones, 39 Stat. 951, Documentos Históricos, Sec. 2,

supra. Es oportuno señalar que el Art. 34 de la referida ley dispone

que el proyecto de presupuesto general no comprenderá nada más que

CT-2018-0006

21

Así, al redactar nuestra Carta de Derechos, durante el

cuadragésimo

atendieron

primer

una

día

de

sesión,

los

constituyentes

propuesta

de

enmienda

presentada

por

el

señor José Trías Monge para que se eliminaran las palabras

“la

enseñanza

en”

sostenimiento

de”.

y

se

sustituyan

(Énfasis

por

suplido).49

la

Así,

frase

la

“el

oración

leería de la manera siguiente: “No se utilizará propiedad

ni fondos públicos para

el sostenimiento de

instituciones

que

educativas

no

sean

las

escuelas o

del

Estado”

(Énfasis suplido).50

El

Delegado

Sr.

Virgilio

Brunet

propuso

que

se

incluyera la frase “o beneficio”. (Énfasis suplido).51 No

obstante, al Delegado Sr. Celestino Iriarte le preocupó que

el término “beneficio” trajera confusión. El Delegado Sr.

José Trías Monge añadió que, al proponerla, su intención

era que quedara clara “la distinción entre la obligación

del Estado para atender al sostenimiento o beneficio de

escuelas, únicamente escuelas que estén bajo el dominio

exclusivo del Estado”.52

Subsiguientemente, el señor Trías Monge expresó que

aceptaba

la

enmienda

entonces

entre

pues

escuelas

“[l]a

o

intención

instituciones,

es

más

bien

intercalar

o

enseñanzas y niños, quedando debidamente salvaguardado el

asignaciones para gastos ordinarios de los departamentos ejecutivo,

legislativo y judicial, para el pago de intereses de la deuda pública y

para escuelas públicas.

49

2

Diario

de

(1952).

50

Íd.

51

Íd., pág. 1477.

52

Íd.

Sesiones

de

la

Convención

Constituyente

1476

CT-2018-0006

derecho

de

22

los

niños

a

recibir

aquellas

ayudas

que

el

Estado ofrezca”.53 Además, entendió que se trataba de una

enmienda

de

estilo

que

“no

expand[ía]

el

concepto

indicado”.(Énfasis suplido).54 Lo importante para él era que

quedara clara “la obligación del Estado para atender al

sostenimiento o beneficio de escuelas, únicamente escuelas

que estén bajo el dominio exclusivo del Estado”.55 Es decir,

que

los

fondos

públicos,

no

deben

utilizarse

para

el

sostenimiento o beneficio de escuelas que no estuvieran

bajo el dominio exclusivo del Estado.

Sin embargo, el señor Iriarte se opuso a la enmienda

porque entendió que en el futuro podría haber “oposición a

que

se

fueren

beneficiaran

las

del

malinterpretara

indirectamente

Estado”.56

que

En

se

instituciones

que

no

términos,

que

se

beneficio

a

otros

prohibía

el

a

“instituciones que no fueran del gobierno de Puerto Rico o

de Estados Unidos o instituciones privadas, administradas o

dirigidas

por

preocupó

el

sectas

hecho

indirectamente

religiosas”.57

de

estaban

que

pudiera

recibiendo

En

particular,

le

“interpretarse

que

beneficios

esas

instituciones por el hecho de asignarse becas a estudiantes

que

estuvieran

matriculados

53

Íd.

54

Íd.

55

Íd.

56

Íd., pág. 1478.

57

Íd.

en

esas

instituciones

CT-2018-0006

23

religiosas”, lo cual “podría prestarse a discrímenes”, y

ese no era el significado que se pretendía dar.58

La razón detrás había sido que años antes, el Tribunal

Supremo federal había resuelto que no había ningún indicio

de

inconstitucionalidad

en

un

estatuto

que

permitía

el

reembolso que hacía el estado para gastos de transportación

a los padres de estudiantes que enviaban a sus hijos a

cualquier escuela, fuera religiosa o no. Específicamente,

en

el

debate

se

hizo

alusión

a

Everson

(1947),

un

caso

Education,

330

US

1

demandante,

en

su

carácter

contra

el

estado

demanda

de

de

v.

en

Jersey

of

que

el

incoó

una

impugnó

la

el

contribuyente,

Nueva

Board

e

constitucionalidad de una ley que autorizaba el reembolso,

por parte de las juntas escolares locales, de los costos de

transporte

hacia

y

desde

las

escuelas,

incluyendo

las

privadas. Alegó que esta ayuda indirecta violaba tanto la

constitución del estado de Nueva Jersey como la Primera

Enmienda.59 El noventa y seis por ciento (96 %) de las

escuelas que se

privadas

beneficiaron de esta ley eran

católicas.

En

la

Opinión

escrita

por

escuelas

el

Juez

Black, el Tribunal Supremo federal resolvió que el Estado

no estaba sosteniendo a ninguna escuela en particular, sino

que

ayudaba

a

los

independientemente

de

padres

su

a

sufragar

religión.

Así,

estos

gastos,

estableció

que

“[t]he State contributes no money to the schools. It does

not support them. Its legislation, as applied, does no more

58

Íd.

59

Everson v. Board of Education, supra, pág. 18.

CT-2018-0006

24

than provide a general program to help parents get their

children,

regardless

of

their

religion,

safely

and

expeditiously to and from accredited schools”. (Énfasis y

subrayado suplido).60

De esta manera, el delegado Iriarte, para evitar, más

que confusión, discrimen, votó en contra de incluir dicho

término. Finalmente, luego de un intercambio de criterios

que discutiremos más adelante, la frase “o beneficio” quedó

excluida

de

la

disposición

que

alude

a

la

cláusula

de

sostenimiento para no limitar aquellos aspectos que fueron

objeto del debate.61

Entonces, se debatió si el Gobierno de Puerto Rico

podía, por medio de alguna ley o de algunos fondos, pagar

la matrícula a niños puertorriqueños de escuelas privadas.

Subsiguientemente, el Delegado Sr. Jaime Benítez contestó

que su criterio era que “el gobierno de Puerto Rico no

puede

establecer

un

sistema

becario

que

sustituya

el

sistema de instrucción pública que tiene la obligación el

Estado de establecer, y que tiene la obligación de ser

completamente no sectario” (Énfasis y subrayado suplido).62

Nótese que entre los objetivos principales de la cláusula

se consignó que el Estado no podía sustituir el sistema de

enseñanza por uno que no fuera público y sectario.

La idea del señor Trías Monge con su propuesta fue

“hacer más clara la idea de la separación entre la Iglesia

60

Íd.

61

Diario de Sesiones, supra, pág. 1482.

62

Íd., pág. 1483.

CT-2018-0006

25

y el Estado” sin afectar los servicios no educativos que el

Estado provee a la niñez. Su propósito fue mantener los

principios

constitucionales

establecidos

por

la

Constitución Federal en cuanto a la separación de Iglesia y

Estado

y

prestar

la

libertad

a

cualquier

de

culto

niño

sin

impedirle

servicios

no

al

Estado

educativos

establecidos por ley para protección o bienestar de la

niñez.63

Así, antes de aprobarse la enmienda objeto del debate,

el señor Trías Monge concluyó su planteamiento de la manera

siguiente:

[e]sos son los dos grandes principios que se

establecen en esta sección y, naturalmente,

muchas veces no se podrá predecir exactamente el

impacto en ciertas áreas, en ciertos problemas

que

podrán

desarrollarse;

pero

ahí

están,

naturalmente, las decisiones del Tribunal Supremo

de los Estados Unidos, y sus decisiones sobre

esta área tan importante de los derechos humanos

privarán y regirán a Puerto Rico en este

sentido.64

Finalizada la discusión, la enmienda sugerida por el señor

Trías

Monge

se

aprobó

y

con

ello

quedó

establecida

la

Cláusula de Sostenimiento, según la conocemos.

Un examen de los planteamientos allí suscitados nos

lleva a concluir que la razón para no incluir la frase “o

beneficio” era porque si se incluía, en el futuro podía

surgir algún impedimento para que las instituciones que no

fueren las del Estado se beneficiaran indirectamente. Para

los

delegados,

a

base

63

Íd., págs. 1483-1484.

64

Íd.

de

los

precedentes

judiciales

CT-2018-0006

26

federales “podría prestarse a discrímenes” contra el sector

religioso. Además, podría entenderse como una prohibición a

que un estudiante reciba una ayuda económica por parte del

Estado que bien éste podía utilizar para su educación, cosa

que no estaba prohibido por nuestra Constitución.

Es importante resaltar el contexto histórico en que se

suscitó este debate. Luego del cambio de soberanía, Puerto

Rico pasó del gobierno español a manos del gobierno de

Estados Unidos de América. El sistema de enseñanza bajo el

dominio español estaba a cargo de la Iglesia Católica, por

lo

que

la

currículo

educación

escolar.

religiosa

De

absorbía

otra

parte,

gran

bajo

parte

el

del

régimen

norteamericano se implementaron las bases del sistema de

enseñanza pública y se independizó completamente la escuela

pública

de

la

tutela

eclesiástica,

conforme

a

los

principios de separación de Iglesia y Estado.65

Ciertamente, Everson v. Board of Education, supra, fue

una

decisión

histórica

que

marcó

una

desviación

en

la

interpretación que hasta el momento se había hecho sobre la

cláusula de establecimiento y su alcance en cuanto a los

que es constitucionalmente permisible. Así, el Máximo Foro

encontró

que,

aunque

esta

cláusula

cuanto

exige

al

Estado

Estado

mantenerse

neutral

en

a

la

religión,

el

únicamente

estaba

implementando

un

programa

general

ayuda

económica

que

no

tenía

el

propósito

de

de

dar

65 Ana Helvia Quintero, Historia de la educación en Puerto Rico,

Fundación

Puertorriqueña

de

las

Humanidades,

https://enciclopediapr.org/encyclopedia/historia-de-la-educacion-enpuerto-rico/#1464907140943-f49dd52a-a507 (última visita, 9 de agosto de

2018).

CT-2018-0006

27

sostenimiento a ninguna escuela en específico sino el de

proveer un servicio a la comunidad, particularmente a los

padres de estudiantes.

Está claro que la controversia del caso ante nos gira

única

y

exclusivamente

en

torno

a

la

cláusula

de

sostenimiento. No obstante, para propósitos ilustrativos, y

por

consideración

al

análisis

inmerso

en

los

casos,

procederemos a examinar alguna jurisprudencia en la que el

Tribunal

Supremo

de

Estados

Unidos

constitucionalidad

de

ciertos

programas

financiados

algunos

por

estados

para

analizó

la

educativos

beneficiar

económicamente a padres que tenían a sus hijos en escuelas

privadas religiosas.

C. La

sostenibilidad

de

jurisdicción federal

escuelas

privadas

en

la

Como mencionamos, en Everson v. Board of Education,

supra, el Tribunal Supremo federal resolvió que el Estado

no estaba sosteniendo a ninguna escuela en particular sino

ayudando a los padres a sufragar el costo de transporte

escolar. Así, estableció que el Estado de ninguna manera

estaba sosteniendo a estas escuelas. Lo que permitía la ley

era establecer un programa general para ayudar a los padres

a llevar a sus hijos de forma segura y expedita hacia y

desde las escuelas acreditadas.66

Luego, en Lemon v. Kurtzman, 403 US 602 (1971), el

Tribunal Supremo de Estados Unidos tuvo la oportunidad de

66

Everson v. Board of Education, supra, pág. 18.

CT-2018-0006

28

atender una controversia en la

contribuyentes

leyes

de

impugnaron

Rhode

Island

y

la

que varios ciudadanos y

constitucionalidad

Pennsylvania

que

de

permitían

las

el

aumento de salario a través de incentivos a maestros de

escuelas privadas y el reembolso de gastos por materiales

educativos que se compraran a escuelas privadas.67 El Máximo

Foro resolvió que se viola la cláusula de establecimiento

cuando

el

Estado

promueve

o

pretende

dar

un

acomodo

preferencial a una religión en particular.68 El análisis de

la

Corte

prohibición

líneas

Suprema

fue

que,

constitucional

protectoras

que

ante

la

ausencia

específica,

se

distanciaran

la

debían

de

una

trazar

cláusula

de

establecimiento de “tres males”, a saber: el auspicio, el

sostenimiento

y

la

intromisión

excesiva

actividades

religiosas.69

Para

ello,

auscultar,

entre

cosas,

la

otras

era

del

Estado

en

indispensable

naturaleza

de

las

instituciones, así como la naturaleza del beneficio que se

daría a estas.

En casos similares suscitados años antes, relacionados

a

la

cláusula

de

establecimiento

y

el

uso

de

fondos

públicos por parte del Estado, el Alto Foro validó algunos

En el caso de Pennsylvania, los fondos del programa

derivaban de la imposición de arbitrios a productos o a servicios.

67

se

El Tribunal Supremo federal adoptó un estándar de adjudicación

en el cual una actuación gubernamental viola la cláusula de

establecimiento si: (1) no posee un propósito secular, sino religioso,

(2) su efecto es promover o inhibir la religión; o (3) conlleva una

intromisión excesiva del gobierno con la religión.

68

69

“In

the

absence

of

precisely

stated

constitutional

prohibitions, we must draw lines with reference to the three main evils

against which the Establishment Clause was intended to afford

protection: ‘sponsorship, financial support, and active involvement of

the sovereign in religious activity’”. Lemon v. Kurtzman, 403 US 602,

612 (1971).

CT-2018-0006

estatutos

29

que

proveían

ciertos

beneficios

a

entidades

religiosas.70 Posteriormente, en Zelman v. Simmons-Harris,

536 US 639 (2002), el estado de Ohio aprobó un programa

piloto para que familias de escasos recursos tuvieran la

oportunidad de elegir entre escuelas públicas o privadas

para que sus hijos recibieran educación gratuita por parte

del Estado a través de un programa de “vouchers” o vales

educativos.

El

tutorías

aquellos

a

programa

permitía

que

se

les

proveyera

estudiantes

que

permanecieran

en

70

Para ese entonces, el Foro federal había emitido sendas

opiniones, entre ellas la siguiente: Everson v. Board of Education, 330

US 1 (1947) y Mc Collum v. Board of Education, 333 US 203 (1948).

Véanse, además: Board of Education v. Allen, 392 US 236 (1968); Waltz

v. Tax Comm’n, 397 US 664 (1970); Mueller v. Allen, 463 US 388 (1983);

Good News Club v. Mildford Central School, 533 US 98 (2000).

Además del caso de Everson v. Board of Education, supra,

previamente reseñado, en Board of Education v. Allen, supra, atendió

una controversia en la que un ciudadano impugnó la validez de una ley

del estado de Nueva York que permitía prestarles libros laicos a

estudiantes de escuelas privadas. La Corte Suprema de Estados Unidos

sostuvo que el estatuto expresamente disponía que su objetivo era “to

be furtherance of the educational opportunities available to the

young”. Argumentó que el beneficio económico era para los padres y

niños y no para las escuelas. Por lo tanto, la declaró constitucional.

Luego, en Mueller v. Allen, supra, ese foro tuvo que decidir si

era constitucionalmente válido el que se descontaran unos gastos de

educación privada de una escuela religiosa en la planilla de

contribución de ingresos de un ciudadano. Así, el Foro federal resolvió

que era válido, pues no había un pago directo a la escuela, no se

promovía excesivamente la religión y no requería un envolvimiento

excesivo con el contenido religioso que se enseña. Por otro lado, la

ley o la actuación gubernamental no puede discriminar contra la

religión de algunas instituciones por lo que el trato debe ser igual o

neutral para ambas.

Así, en Good News Club v. Mildford Central School, supra, Milford

Central School es una escuela pública que le negó el uso de sus

instalaciones una organización privada religiosa luego del horario

escolar ya que existía una ley de Nueva York que enumeraba los

propósitos para los cuales se permitía el que ciudadanos solicitaran

utilizar las facilidades. La organización presentó una acción judicial

impugnando la constitucionalidad de la ley por infringir la libertad de

expresión y el libre ejercicio de culto. El Tribunal Supremo de Estados

Unidos resolvió que impedirles o negarle el uso de las instalaciones

violaba la libertad de expresión por constituir un discrimen a base del

contenido de la expresión. Además, razonó que permitirles el uso no

violaría la cláusula de establecimiento ya que la actividad era una

abierta al público general por lo que no había un endoso a una religión

per se.

CT-2018-0006

30

escuelas públicas. Cualquier escuela podía participar del

programa, fuere pública o privada; religiosa o secular.

Varios

ciudadanos

condición

de

impugnaron

contribuyentes

la

en

legislación

cuanto

por

su

entendían

que

infringía la cláusula de establecimiento.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que el

programa de vales educativos era constitucionalmente válido

en la medida en que era neutral hacia todas las religiones;

proveía asistencia directamente a los padres para que éstos

eligieran libremente la escuela de su predilección para la

educación de sus hijos; perseguía un propósito secular y no

adelantaba ninguna religión; cubría un gran espectro de

beneficiarios;

y

permitía

la

participación

de

escuelas

religiosas y no religiosas.

En Puerto Rico las controversias que se han suscitado

bajo la cláusula de establecimiento en su mayoría han sido

con relación a

disputas contractuales-laborales.71 En el

contexto de la educación, la jurisprudencia trata sobre el

efecto que han tenido ciertos estatutos sobre la libertad

de culto.72 Ahora bien, contrario a la Constitución Federal,

nuestra

Constitución

Contamos

con

una

es

más

extensiva

y

abarcadora.

disposición

autóctona:

la

cláusula

de

sostenimiento. En cuanto a esta última solo hemos tenido la

71

Véase, entre otros, Acevedo Feliciano et al. v. Iglesia

Católica Apostólica y Romana et al., 2018 TSPR 106, 200 DPR __ (2018);

Mercado Rivera v. Univ. Católica de PR, 143 DPR 610 (1997); Díaz

Hernández v. Col. Nuestra Sra. Rosario, 123 DPR 765 (1989); Academia

San Jorge v. Junta de Relaciones del Trabajo, 110 DPR 193 (1980).

Véase, por ejemplo, Asoc. de Academias y Colegios Cristianos

de PR v. ELA, 135 DPR 150 (1994); Agostini Pascual v. Iglesia Católica,

109 DPR 172 (1979).

72

CT-2018-0006

oportunidad

31

de

interpretarla

en

Asoc.

Maestros

P.R.

v.

Srio. Educación, supra, al atender una controversia similar

a la de autos en la que se impugnó la Ley Núm. 71-1993

porque

presuntamente

infringía

la

cláusula

de

establecimiento y la de sostenimiento. En aquella ocasión,

resolvimos que la cláusula de sostenimiento prohíbe “al

Estado preferir, u otorgar privilegios particulares, a las

escuelas privadas sobre el sistema público de enseñanza”.73

Expresamos que “[l]o que está prohibido es que se aísle la

escuela privada para algún beneficio especial. El Estado no

puede, mediante sus actuaciones, favorecer indebidamente a

la

escuela

privada,

sosteniéndola

impermisiblemente”.

(Énfasis suplido).74

En cuanto a las becas, concluimos que la Ley Núm. 711993

permitía

el

uso

de

“fondos

públicos

para

pagar

directamente a escuelas privadas, laicas o sectarias, por

los servicios educativos prestados a los estudiantes que

estando previamente en escuelas públicas, asisten ahora a

esas escuelas privadas por ellos seleccionadas”.75 Por ello,

resolvimos que en la medida en que se utilicen estos fondos

para

la

enseñanza

en

sostenimiento

y

beneficio

de

una

escuela privada que no es del Estado, está expresamente

prohibido por la Sec. 5 del Art. II de la Constitución de

Puerto Rico.

73

Íd.

74

Íd., pág. 548.

75

Íd., págs. 548-549.

CT-2018-0006

32

Como mencionamos, esta ha sido la única ocasión en la

que este Tribunal ha tenido la oportunidad de analizar la

cláusula de sostenimiento. En ese momento reconocimos que

entre la cláusula de establecimiento y la de sostenimiento

existe

un

vínculo

innegable

que

debemos

considerar

al

evaluar las disposiciones de un estatuto que, se alegue,

infrinja la segunda.

También es cierto que

el

objetivo

principal de la cláusula de establecimiento fue establecer

la separación entre la Iglesia y el Estado, conforme lo

dispone la Primera Enmienda de la Constitución Federal, por

lo

que

ambas

tuvieron

propósitos

particulares.

Así,

el

enfoque central de la cláusula de establecimiento es uno

religioso, en el cual el aspecto económico es pertinente en

algunas instancias. En cambio, el enfoque de la cláusula de

sostenimiento es uno estrictamente económico. Entiéndase,

la utilización de fondos públicos para sostener escuelas

que no sean las

del Estado, independientemente si

esta

persigue un propósito secular o no.

IV

A. La Ley de la Reforma Educativa de Puerto Rico

La Constitución de Puerto Rico consagra el derecho de

toda

persona

desarrollo

de

a

una

educación

su

personalidad

y

que

propenda

al

pleno

al

fortalecimiento

del

respeto de los derechos y las libertades fundamentales del

hombre.76 Según hemos sostenido el Estado tiene un interés

76

1 LPRA Const. PR Tomo I, Art. II, Sec. 5, pág. 292.

CT-2018-0006

33

apremiante en que la educación, pública o privada, sea una

de excelencia.77

La Ley Núm. 85 reformó el sistema educativo del país

con

el

objetivo

de

que

los

estudiantes

reciban

una

educación de calidad que les permita desarrollar al máximo

sus capacidades para convertirse en ciudadanos plenos que

contribuyan

al

creación

este

de

bienestar

estatuto

de

Puerto

Rico.

se

implementó

un

Mediante

la

sistema

de

enseñanza compuesto por las escuelas públicas existentes y

otras de nueva creación operadas por entidades autorizadas

por la Secretaria de Educación, que participarán en la

administración de escuelas para fortalecer y enriquecer el

currículo de enseñanza y las experiencias de aprendizaje de

los estudiantes.78 En concordancia con lo anterior, la Ley

Núm.

85

dispuso

comunidades

forma

como

educativas

innovadora

al

principio

que

el

promulguen

atender

la

establecimiento

de

el

de

aprendizaje

necesidad

de

que

el

individuo que egrese del sistema pueda insertarse en la

fuerza laboral y ser productivo.79

B. Programa de Libre Selección de Escuelas

En el Art. 14.01 de la Ley Núm. 85 crea el Programa de

Libre Selección de Escuelas con el propósito de promover la

igualdad en el acceso a una educación de calidad para los

77

Asoc. Academias y Col. Cristianos v. ELA, 135 DPR 150 (1994).

78

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 85.

79

Íd.

CT-2018-0006

34

sectores más vulnerables de nuestra sociedad y permitir que

los padres, las madres, los tutores o los encargados tengan

la alternativa de elegir la escuela de su preferencia, sea

esta pública o privada. Cabe destacar que el programa se

instituirá

de

forma

experimental

y

se

establecerá

gradualmente luego de considerar, entre otras cosas, el

aprovechamiento de los recursos.80

A

esos

fines,

la

disposición

establece

que

la

Secretaria creará una oficina la cual será la encargada de

implementar y administrar este programa. Para participar,

los

interesados

deberán

cumplir

con

unos

requisitos

de

elegibilidad y aprovechamiento académico.81 Se dispone que

solo serán elegibles hasta el tres por ciento (3 %) del

total de los estudiantes matriculados en el sistema cada

año escolar.82 El programa contará con un presupuesto que no

excederá

el

tres

por

ciento

(3

%)

del

equivalente

al

presupuesto asignado por el Departamento de acuerdo a la

fórmula establecida por estudiante para cada año fiscal,

entiéndase

el

setenta

por

ciento

(70

%)

destinado

a

servicios directos al estudiante.83

A los estudiantes que cualifiquen se les concederá un

certificado mediante el cual podrán seleccionar una de las

siguientes modalidades:

(a)

libre selección de escuelas públicas

estudiantes de otras escuelas públicas

80

Art. 14.05 de la Ley Núm. 85.

81

Art. 14.03 de la Ley Núm. 85.

82

Art. 14.02 de la Ley Núm. 85.

83

Art. 14.05 de la Ley Núm. 85.

por

CT-2018-0006

35

(b)

libre selección de escuelas públicas

estudiantes de escuelas privadas;

por

(c)

acceso a escuelas privadas por estudiantes

de escuelas públicas;

(d)

adelanto

educativo

para

estudiantes

talentosos que tomen cursos universitarios

acreditables

tanto

para

programas

universitarios

como

para

programas

de

escuela secundaria; o

(e)

acceso a escuelas privadas para cumplir con

el acomodo razonable para un estudiante de

educación especial al cual el Departamento

no le ha podido proveer lo necesario para

cumplir sus logros académicos según disponen

las leyes estatales y federales aplicables.

(Énfasis suplido).84

C. Constitucionalidad del Programa de Libre Selección y

el acceso a escuelas privadas por estudiantes de

escuelas públicas

En

debatieron

la

Convención

sobre

la

Constituyente

cláusula

de

los

delegados

sostenimiento.

Como

mencionamos, durante la discusión se trajo a colación el

tema de las becas. Asunto que motivó al Delegado Sr. José

M. Dávila Monsanto a inquirir si la concesión de becas era

un

beneficio

para

Inmediatamente,

el

el

estudiante

señor

Iriarte

o

para

respondió

la

escuela.

que

estas

“[b]eneficia[ban] al becado”.85 Sin embargo, arguyó que si

se incluía la palabra “beneficio” se podía interpretar que

se iba a beneficiar indirectamente a la institución. Sobre

este asunto, el señor Brunet expresó que el Estado, entre

otras cosas, podía dar becas porque estas son “una ayuda

84

Íd.

85

Diario de Sesiones, supra, pág. 1478.

CT-2018-0006

económica

al

36

estudiante,

que

el

estudiante

la

utiliza,

naturalmente para su educación”. (Énfasis suplido).86

En

esa

línea

añadió

que

“[l]os

dineros

que

da

el

pueblo de Puerto Rico a los jóvenes puertorriqueños para

estudiar,

es

institución

un

en

beneficio

particular”.

al

estudiante,

(Énfasis

no

es

a

una

suplido).87

En

su

alocución puntualizó que “[e]l pueblo de Puerto Rico lo que

hace

es

darle,

prestarle

una

ayuda

económica

a

ese

estudiante. Y no hay nada en la constitución que prohíba

eso”.88 Aclaró que en el caso de que la ayuda económica se

tratara de libros, por ejemplo, se podían conceder “siempre

y cuando [...] se le den al estudiante”.89 Distinguió eso

del supuesto en el que el Estado se lo dé directamente a la

escuela:

Ahora, si el Estado le da los libros a la

escuela para que la escuela los utilice, ya es

algo distinto, porque eso va a beneficiar a la

escuela. Ahora, si el Estado, a determinados

niños, niños pobres, el Estado dispone que a los

niños que reúnan tales o cuales condiciones de

pobreza, de capacidad, [se les den, pues] son

merecedores a recibir determinados libros de

texto, ¿qué importa que esos niños estén en una

escuela pública o una escuela privada? Deben

recibirlos. Ahora lo que el Estado no va a poder

hacer, es darle dinero a la escuela privada para

que compre los libros de texto que la escuela

privada quiera y [. . . en vez de] dárselo a los

niños. Es una cosa distinta. (Énfasis suplido y

corchetes en el original).90

86

Íd., pág. 1479.

87

Íd., pág. 1480.

88

Íd.

89

Íd.

90

Íd.

CT-2018-0006

Según

37

establecimos

al

principio,

la

enmienda

para

incluir expresamente la frase “o beneficio” quedó derrotada

por entender que, al ser un asunto de estilo, el beneficio

estaba

inmerso

dentro

de

la

palabra

sostenimiento.

Posteriormente, se generó un debate por la sustitución de

la frase “la enseñanza en” por “el sostenimiento de”. El

Delegado Sr. Ramiro Colón quería saber si, de acuerdo como

quedaría

redactada

la

enmienda

en

la

Constitución,

el

Gobierno de Puerto Rico, además de las becas, podía por

medio de alguna ley o de algunos fondos, pagar la matricula

a los niños de

importante

escuela privada. En particular, resulta

resaltar

este

debate,

entre

los

delegados

Benítez y Colón sobre el pago de la matrícula por parte del

Estado en escuelas privadas:

Sr. RAMIRO COLÓN: No me ha contestado. La

pregunta era la siguiente:

Si de acuerdo con

esta constitución, quedando enmendada como se ha

propuesto, ¿puede o no puede el gobierno de

Puerto Rico por medio de alguna ley o de algunos

fondos,

pagarle

a

niños

puertorriqueños,

matrícula, no darle beca, pagarle la matrícula,

en escuelas privadas en Puerto Rico?

Sr. BENÍTEZ: Esto dependerá, esto dependerá

de cuál sea la situación de hecho que exista, en

esa circunstancia.

Esto es, el gobierno de

Puerto

Rico

no

podría,

dentro

de

esta

disposiciones, tomar el sistema becario, o el

artilugio de sistemas becario, para sostener

escuelas privadas; o, tampoco podría el Gobierno

proveer un sistema becario para producir a través

de él enseñanza religiosa a sus estudiantes.

Como tampoco podría utilizar el sistema becario

para llevar a cabo un programa de educación en el

cual se violara el sentido fundamental de la

disposición que rige todo el párrafo de que

“habrá un sistema de instrucción pública el cual

será libre y enteramente no sectario”. (Énfasis y

subrayado suplido).91

91

Íd.

CT-2018-0006

38

Entonces, el señor Colón expresó lo siguiente:

[s]e ha dicho aquí, que al dársele una beca

a un estudiante, lo que equivale a pagarle una

matrícula, no se beneficia el colegio donde va a

estudiar, sino al estudiante, y me parece a mí

que si ése es el sentido, nada de esta

constitución ha de prohibir que el gobierno de

Puerto Rico le pague matricula en Puerto Rico a

los niños cuando vayan a escuelas privadas.

(Énfasis suplido).92

Así, el señor Benítez reconoció las tres instancias en

que está prohibido el pago de la matrícula en las escuelas

privadas: cuando este equivaldría al sostenimiento de estas

escuelas; cuando mediante este se estuviera estableciendo

una religión y cuando el pago de la matricula llegara al

nivel

de

tener

el

efecto

de

sustituir

el

sistema

de

instrucción pública de Puerto Rico. Se expresó que lo que

no podía hacer el gobierno de Puerto Rico era tomar el

sistema

becario

para

sostener

escuelas

privadas

ni

sustituir el sistema de instrucción pública.93

La Asociación cuestiona la constitucionalidad de las

disposiciones que autorizan el pago de educación privada

con

fondos

públicos.

Específicamente,

sostiene

que

se

infringe la Sec. 2 del Art. II de la Constitución de Puerto

Rico ya que el fin último del programa de Libre Selección

de Escuelas es utilizar el dinero público para sufragar los

costos de la educación privada. Alegó además que el Estado

pretende viabilizar un sistema becario para sustituir el

92

Íd., pág. 1483.

93

Íd.

CT-2018-0006

39

sistema de enseñanza pública por uno privado. Esboza que

tal

actuación

en

contraria

a

la

intención

de

los

constituyentes.

Por su parte, el Estado aduce que los certificados son

una ayuda económica que serán entregados directamente a las

familias

y

no

a

las

estudiantes

escojan

preferencia.

Entiende

escuelas

con

para

libertad

que

el

que

la

análisis

los

padres

y

escuela

de

su

de

validez

la

constitucional de una acción estatal debe ser el mismo para

la cláusula de establecimiento y para la de sostenimiento.

Como

expresamos,

un

examen

del

historial

de

los

debates habidos durante la Convención Constituyente refleja

que al aprobarse el Art. II, Sec. 5 de la Constitución de

Puerto Rico lo que se quiso evitar era que el Estado,

mediante

el

sostenimiento

de

religión

en

particular

sustituyera

y

escuelas,

promoviera

una

el

de

sistema

enseñanza pública por una privada. Por ello, se dispuso que

el sistema de enseñanza tenía que ser público, gratuito,

libre y no sectario. Los constituyentes dejaron claro las

erradas

interpretaciones

que

podrían

suscitarse

en

el

futuro si se incluía la palabra “beneficio” en la cláusula

de sostenimiento. Lo cierto es que ello limitaría al Estado

de proveer una ayuda económica a los padres de estudiantes

para que sus hijos la utilizaran para su educación y contra

ello no existía prohibición constitucional alguna. En el

debate de la constituyente quedó establecido que lo que el

Estado no podía hacer era tomar el sistema becario para

sostener escuelas privadas y tampoco sustituir el sistema

CT-2018-0006

de

40

instrucción

pública

por

uno

privado.

Ese

no

es

el

propósito que persigue la Ley Núm. 85. Por el contrario, lo

que busca es proveer una ayuda económica a los padres para

que sus hijos reciban la educación en la institución que

prefieran.

Por otro lado, del propio texto de la ley se desprende

que la cantidad de certificados que se otorgarán dependerá

de

los

fondos

disponibles.

Esta

cantidad

no

podrá

sobrepasar el ochenta por ciento (80 %) de la totalidad del

presupuesto asignado a cada estudiante. Además, únicamente

serán elegibles para participar un tres por ciento (3 %) de

los niños matriculados en el sistema de enseñanza pública

del país, cantidad que no es significativa en comparación

con el número de estudiantes matriculados en el Sistema de

Educación Pública.

En cuanto a la ayuda que se pretende conceder a los

estudiantes de educación especial para que estos tengan

acceso

a

escuelas

privadas

no

vemos

como

nuestros

delegados, a quienes les preocupó en sobre manera el asunto

de la educación, tuvieran la intención de restringir a esta

clase el acceso a escuelas privadas para que el Estado

provea asistencia cuando el Departamento no pueda hacerlo

así y se les pueda ofrecer el acomodo razonable que estos

necesitan.

En

ese

sentido,

en

Zobrest

v.

Catalina

Foothills

School Dist., 509 US 1 (1993), el foro federal resolvió que

cuando el Estado provee servicios como parte de un programa

general que beneficia a los niños de educación especial que

CT-2018-0006

41

cualifiquen y lo hace de forma neutral, independientemente

de que la entidad sea pública o privada, religiosa o no

religiosa,

ello

no

significa

que

el

estado

pretende

financiar a estas instituciones. Razonó que la ayuda que se

le

provee

a

estos

niños

no

constituye

un

subsidio

impermisible, de suerte que los niños de educación especial

son

los

que,

en

última

instancia,

se

benefician

del

programa y el beneficio que recibe la institución es uno

incidental.

Por ello, no podemos concluir que ello equivale al

sostenimiento de la educación privada por parte del Estado,

cuando el presupuesto que se utilizará no es sustancial en

proporción al presupuesto del Departamento de Educación.

Tampoco que se pretende sustituir la educación pública por

una privada, pues, la cantidad de los recursos que podrán

ser destinados para este fin, es de un tres por ciento (3

%) o menos del equivalente presupuestado por estudiante

para cada año fiscal para implementar el programa piloto y

un dos por ciento (2 %) de los fondos que el Departamento

asigne para cubrir gastos administrativos.

No cabe duda de que todo sostenimiento equivale a que

exista un beneficio, es decir, para que haya sostenimiento

siempre tiene que una escuela privada beneficiarse. Ahora

bien, el alcance que los constituyentes quisieron dar al

entender que el término “beneficio” estaba inmerso dentro

de la palabra “sostenimiento” fue el establecer que el

beneficio

debe

llegar

a

tal

grado

que

sostenga

a

las

escuelas privadas, o más aún, que sustituya el sistema de

CT-2018-0006

42

enseñanza pública. Así, no se trata de un mero beneficio,

sino que el beneficio que se conceda debe llegar al punto

de

sostener

cláusula

de

la

entidad

privada.

sostenimiento,

constituyentes,

no

vemos

Para

propósitos

según

lo

definieron

cómo

el

Programa

de

la

nuestros

de

Libre

Selección de Escuelas puede representar un beneficio que

implique

un

sostenimiento

de

escuelas

privadas

en

contravención con nuestra Constitución.

V

A. Las Escuelas Públicas Alianza

La Ley Núm. 85 estableció cambios fundamentales en la

dirección educativa en Puerto Rico. Al tomar al estudiante

como

estandarte

priorizar

el

del

Departamento,

derecho

de

estos,

con

el

reenfocó

objetivo

las

de

gestiones

administrativas, académicas y de recursos humanos.94 Además,

con el propósito de proveer escuelas de alto rendimiento y

la

disponibilidad

instituyó

la

cuentas,

constante

de

necesidad

recursos

de

un

comunicación

humanos

sistema

con

de

de

la

excelencia,

rendición

de

ciudadanía

en

general y seguimiento a la implementación de los diversos

cambios en todos los niveles del sistema.95 Así, conforme se

reconoce en su exposición de motivos, impulsó acciones que

garantizaran un proceso de enseñanza y de aprendizaje de

calidad, responsabilidad y creatividad en la atención de

las necesidades educativas de nuestros niños y jóvenes. En

94

Íd.

95

Íd.

CT-2018-0006

43

fin, ante la crisis educativa existente, la Ley Núm. 85 se

cimentó en el reconocimiento de que el Departamento de

Educación tiene el deber y la obligación de promulgar la

excelencia en la calidad de enseñanza que se imparte en

cada una de las escuelas del Sistema de Educación Pública

de Puerto Rico.

Entre las acciones impulsadas, la Ley Núm. 85 dispuso

como uno de sus pilares el establecimiento de centros de

aprendizaje

compuestos

de,

entre

otras

cosas,

“escuelas

tradicionales y modelos” y “escuelas públicas alianzas”.96

La Asamblea Legislativa consideró que “[l]a creación de […]

[las escuelas públicas alianzas] permitirá a los padres y

comunidades la oportunidad de insertarse y empoderarse de

la

educación

de

sus

niños,

conociendo

las

necesidades

particulares de ellos y de sus comunidades”.97 De igual

manera,

expresó

que

las

escuelas

públicas

alianzas

redundaran en una mayor oferta y oportunidades educativas

para los estudiantes.98

Según consignado, la intención fue que “[l]as Escuelas

Públicas Alianza, así como las Entidades Certificadas que

administren las mismas, estar[ían] sujetas a los mismos

estándares

Departamento

de

evaluación

que

el

resto

y

de

rendición

las

de

escuelas

cuentas

del

públicas

de

Íd. Conforme dispone el Art. 13.10 de la Ley Núm. 85, supra,

“el número de Escuelas Públicas Alianzas no será mayor del diez por

ciento (10%) utilizando como base el número total de las escuelas

públicas en funciones al 15 de agosto de 2018. El Secretario proveerá

el inicio de este proyecto para el año fiscal 2018-2019”.

96

97

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 85.

98

Íd.

CT-2018-0006

44

Puerto Rico”.99 De hecho, el espíritu consignado en la ley

fue

que

“el

Departamento,

supervisar[a]

cumplen

estas

cabalmente”

a

través

escuelas

con

las

de

su

Secretario,

para

asegurar

que

éstas

leyes

estatales,

las

leyes

federales y con la Carta Constitutiva.100 Así, el fin último

detrás de la reforma implementada en la ley, en definitiva,

es dar un nuevo enfoque al sistema de educación pública y

“acabar con la burocracia existente en el Departamento de

Educación

y

poner

los

estudiantes

primero,

dándole

las

herramientas necesarias para triunfar en el futuro y ser

agentes de cambios positivos para Puerto Rico”.101

En

particular,

el

Art.

13.01

de

la

Ley

Núm.

85

establece la naturaleza de una Escuela Pública Alianza. Al

hacerlo establece que se trata de “una escuela pública de

nivel elemental y/o secundario, de nueva creación [,] que

es

operada

Certificada

y

administrada

autorizada

por

por

una

el

Entidad

Educativa

Secretario”.

(Énfasis

suplido). Establece, además, que es “una escuela pública de

nivel elemental y/o secundario existente, cuya operación y

administración

es

Certificada

por

otorgamiento

de

transferida

el

Secretario,

una

Carta

a

una

de

Entidad

Educativa

conformidad

con

Constitutiva”.

el

(Énfasis

suplido).102 De hecho, la Ley Núm. 85 instituye a la Escuela

99

Íd.; Art. 13.02 de la Ley Núm. 85.

100

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 85.

101

Íd.

Art. 13.01 de la Ley Núm. 85. El Art. 13.08 dispone que “[e]l

personal docente o no docente que trabaje en una escuela administrada

por el Departamento que pase a ser una Escuela Pública Alianza, podrá

participar en entrevistas y evaluaciones con el fin de recibir una

oferta de empleo por parte de la Entidad Educativa Certificada, que

102

CT-2018-0006

45

Pública Alianza como “una escuela pública, no sectaria y

sin fines de lucro, que operara bajo la supervisión del

Secretario”. (Énfasis suplido).103

En este sentido, como mencionáramos, la ley dispone

expresamente que estas escuelas deben cumplir y estarán

sujetas, entre otras cosas, “a los requisitos de evaluación

y rendición de cuentas, que serán uniformes para todas las

escuelas del Sistema de Educación Pública, incluyendo, las

Escuelas

Públicas

Alianza”.104

De

igual

manera,

el

Art.

13.03 de la ley establece que estas escuelas deben ser

consideradas

para

propósitos

reglamentos

estatales

y

de

todas

federales

como

las

leyes

componentes

y

del

Sistema de Educación Pública.

B. Criterios al determinar si el modelo de

chárter se cataloga como una escuela pública

escuela

En la evaluación de la naturaleza de las Escuelas

Públicas

Alianza,

brindado

en

otros

es

preciso

estados

al

resaltar

el

determinar

tratamiento

si

modelos

similares de escuelas que se han implementado son públicas.

En Council of Orgs & Others for Ed About Parochiaid,

Inc. v. Governor, 455 Mich 557 (1997), se tuvo que decidir

si la pieza legislativa que instauró el modelo de escuela

operará y administrará la escuela. Los empleados del Departamento que

reciban y acepten de forma voluntaria una oferta de empleo por parte de

la Entidad Educativa Certificada, se convertirán en empleados de esta”.

103

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 85; Art. 13.02 de la Ley

Núm. 85.

104

Art. 13.02 de la Ley Núm. 85.

CT-2018-0006

chárter

en

46

Míchigan

era

constitucional.105

El

Tribunal

Supremo del estado resolvió que su Constitución no exigía

que la legislatura retuviera el control exclusivo sobre las

escuelas

públicas,

sino

que

su

responsabilidad

era

el

mantener un sistema de enseñanza pública. Pronunció que las

escuelas chárter debían considerarse como públicas pues se

encontraban bajo el control del estado y de sus agentes.106

Para arribar a esta conclusión, ponderó que el ente que

autorizaba a operar la escuela podía revocar el permiso en

cualquier momento si estimaba que había causa para ello.107

Razonó, también, que el estado ejercía control sobre las

escuelas chárter a través del proceso que llevaba a cabo

105 En lo concerniente, la Sec. 2 del Art. 8 de la Constitución

del Estado de Míchigan disponía lo siguiente:

The legislature shall maintain and support a system of free

public elementary and secondary schools as defined by law.

Every school district shall provide for the education of

its pupils without discrimination as to religion, creed,

race, color or national origin.

No public monies or property shall be appropriated or paid

or any public credit utilized, by the legislature or any

other political subdivision or agency of the state directly

or

indirectly

to

aid

or

maintain

any

private,

denominational

or

other

nonpublic,

preelementary,

elementary, or secondary school. No payment, credit, tax

benefit, exemption or deductions, tuition voucher, subsidy,

grant or loan of public monies or property shall be

provided, directly or indirectly, to support the attendance

of any student or the employment of any person at any such

nonpublic school or at any location or institution where

instruction is offered in whole or in part to such

nonpublic school students. The legislature may provide for

the transportation of students to and from any school.

106 Council of Orgs & Others for Ed About Parochiaid, Inc. v.

Governor, 455 Mich 557, 574 (1997). (Michigan's public school academies

meet this requirement because they are under the ultimate and immediate

control of the state and its agents).

Íd. (First, a charter may be revoked any time the authorizing

body has a reasonable belief that grounds for revocation exist, such as

either the academy's failure to abide by the terms of its charter or

its failure to comply with all applicable law.”) Véase, además, R. J.

Martin, Charting the Court Challenges to Charter Schools, 109 Penn St.

K. Rev. 43, 68 (2004), (“the Michigan Supreme Court determined that the

charter school enabling act, as amended, provided sufficient public

accountability by means of its extensive implementation process of

charter approval and monitoring.”)

107

CT-2018-0006

para

conceder

47

su

autorización.108

Además,

sopesó

que

el

estado era quien tenía el control del dinero.109

En Wilson v. State Bd. of Educ., 75 Cal. App. 4th 1125

(2000),

se

dilucidó

la

constitucionalidad

de

una

disposición relativa a las escuelas chárter. En específico,

se objetó que el estado abdicó su control sobre su función

educacional como por ejemplo en los currículos, los libros,

los métodos de enseñanza y la operación de las escuelas

chárter.

Al disponer del asunto, el Tribunal de Apelaciones de

California diferenció la delegación de ciertas funciones

educacionales y la transferencia del sistema de instrucción

pública.110 Puntualizó que el sistema de educación pública

que

la

Constitución

requería

de

proveyera educación pre-escolar,

la

Legislatura

es

que

primaria, secundaria de

escuelas técnicas y de colegios estatales.111 Empero, que la

operación

de

las

escuelas

y

el

enfoque

educativo

eran

detalles que fueron dejados a la discreción de la asamblea

legislativa.112 Pronunció que el erigir escuelas chárter era

un ejercicio válido de la legislatura para adelantar sus

Íd.

(Second,

because

authorizing

bodies

are

public

institutions, the state exercises control over public school academies

through the application-approval process. During this process, the

authorizing body can reject any application with which it is not

completely satisfied in any detail, and through the authorizing body's

right to revoke the charter of any public school academy that does not

comply with its charter.”).

108

109 Íd. (Third, the state controls the money. The act provides for

the funding of public school academies in the manner of other public

schools, § 507, and public school academies may not charge tuition.”).

110 Wilson v. State Bd. of Educ., 75 Cal. App. 4th 1125, 1134

(2000), (“Appellants confuse the delegation of certain educational

functions with the delegation of the public education system itself.”).

111

Íd.

112

Íd.

CT-2018-0006

propósitos

criatura

48

de

enseñanza.

estrictamente

Sostuvo

que

estas

estatutaria

y

que

la

eran

una

Asamblea

Legislativa diseñó la forma en que surgirían, las personas

que asistirían y las que enseñarían. Además, cómo se debían

gobernar y estructurar, los fondos que recibirán, cómo se

haría el rendimiento de cuentas (accountability) y de qué

forma serían evaluadas.113

Cónsono con lo que precede, hay literatura que reseña

que

[t]o avoid potential legal problems relating to

issues

of

control,

drafters

of

charter

legislation need to make charter schools part of

the public education system, both in language of

the legislation and in the substance of the

statutory scheme. Drafters must also make it

clear in the legislation, by express language and

in substance, that charter schools fall under the

supervision and general control of the state

board of education (or other constitutionally

mandated body vested with the authority to

supervise and control public education). To

ensure the legislation’s constitutionality, the

careful drafter should include procedures which

ensure the charter schools’ accountability to the

state board of education. (Énfasis suplido)114

Asimismo, el profesor Derek W. Black en su artículo

Charter Schools, Vouchers, and the Public Good enumeró las

Íd. (The Charter Schools Act represents a valid exercise of

legislative discretion aimed at furthering the purposes of education.

Indeed, it bears underscoring that charter schools are strictly

creatures of statute. From how charter schools come into being, to who

attends and who can teach, to how they are governed and structured, to

funding, accountability and evaluation--the Legislature has plotted all

aspects of their existence. Having created the charter school approach,

the Legislature can refine it and expand, reduce or abolish charter

schools altogether. […] In the meantime the Legislature retains

ultimate responsibility for all aspects of education, including charter

schools. CA(2b) (2b) ("'Where the Legislature delegates the local

functioning of the school system to local boards, districts or

municipalities, it does so, always, with its constitutional power and

responsibility for ultimate control for the common welfare in

reserve.'”).

113

J. T. Wall, The Establishment of Charter Schools: A Guide to

Legal Issues for Legislatures, 1998 BYU Educ. & L. J. 69, 76 (1998).

114

CT-2018-0006

49

particularidades

de

las

escuelas

públicas.

En

primera

instancia, opina que se debe corroborar si el estatuto la

denomina como tal, aunque reconoció que ello por sí solo no

la convierte en escuela pública.115 Expresa que uno de los

aspectos más importantes es que los servicios educativos se

ofrezcan gratuitamente.116 Otra característica fundamental

es que se garantice el igual acceso a la escuela, ya que la

misión de una escuela pública es servir a la comunidad y a

todos

los

estudiantes

de

ella

sin

que

se

haga

ninguna

distinción entre ellos.117 Además, estima que una de las

misiones de las escuelas públicas es inculcar valores como

la democracia,

la igualdad y la tolerancia. Por tanto,

tienen responsabilidad constitucional y democrática.118

El

razonamiento

adoptado

en

estos

casos

y

los

criterios elaborados por los estudiosos del tema que hemos

mencionado,

nos

parecen

persuasivos.

Entendemos

que

constituyen la vía correcta al momento de determinar si las

Escuelas

Públicas

Alianza

son

públicas

y,

por

tanto,

cónsonas con nuestra Constitución.

D. W. Black, Charter Schools, Vouchers, and the Public Good,

48 Wake Forest L. Rev. 445, 477 (2013) (“[a]s initial matter, the act

of statutorily affixing the label ‘public’ to school does not

automatically make school ‘public’ in any real, substantive sense.”).

115

116

Íd.

Íd., pág. 478 (“[t]he mission of a public school is to serve

its community and all of the students within it without making

distinctions of any sort between them.”).

117

Íd., pág. 479 (“‘Public schools’ mission also extends to

fostering the earlier discussed values once students are enrolled,

including democracy, equality, and tolerance. Public schools pursue

these ends not only because they are public values but also because the

Constitution mandate as much. This is no small distinction. As state

actors, public schools are bound to treat students (and teachers)

fairly, which entails, among other things, equality, rationality and

viewpoint neutrality.”).

118

CT-2018-0006

50

C. Análisis a la luz de los propósitos de la ley, los

poderes delegados a la Secretaria, la jurisprudencia

y la naturaleza pública de las Escuelas Públicas

Alianza

Ciertamente,

sumamente

aunque

importante

es

el

un

que

factor

la

a

considerar

Asamblea

y

Legislativa

estableciera las Escuelas Públicas Alianza como “escuelas

públicas”, la mera denominación en esa dirección

no es

suficiente para concluir que se trata de escuelas de esa

naturaleza. Hay otros factores indispensables que debemos

considerar al contestar esta interrogante. No obstante, un

análisis

pausado,

ponderado

y

las

características

que

gobernaran

Alianza,

como

las

así

cuidadoso

facultades

Escuelas

que

de

las

Públicas

ostenta

el

Departamento de Educación, por conducto de su Secretaria,

nos

llevan

a

concluir

que

este

tipo

de

instituciones

educativas son escuelas públicas. Es decir, son parte de

nuestro sistema de instrucción pública, libre, gratuito y

enteramente no sectario, como manda nuestra Constitución.

En primer lugar, cabe resaltar que la Ley Núm. 85

establece expresamente que las Escuelas Públicas Alianza

formarán parte del Sistema de Enseñanza Pública. Más aún,

la ley puntualiza que estas escuelas deben ser consideradas

para propósitos de todas las leyes y reglamentos federales

y

estatales

como

componentes

del

Sistema

de

Educación

Pública. Esto les impone la obligación de proveer, entre

otras cosas, las mismas garantías que las escuelas públicas

tradicionales. De hecho, las instituye reiteradamente como

CT-2018-0006

“escuela[s]

51

pública[s],

no

sectaria[s]

y

sin

fines

de

lucro, que operar[án] bajo la supervisión del Secretario”.

(Énfasis suplido).119

La creación de estas escuelas surgió como parte del

reconocimiento de que el Departamento de Educación tiene el

deber y la obligación de promulgar la excelencia en la

calidad de enseñanza que se imparte en cada una de las

escuelas

del

Sistema

de

Educación

Pública.

Asimismo,

dispuso que estas escuelas estarían sujetas a los mismos

estándares

de

evaluación

(accountability)

del

y

rendición

Departamento

que

el

de

cuentas

resto

de

las

escuelas públicas tradicionales en Puerto Rico.120 Asimismo,

se reconoció que la Secretaria del Departamento supervisará

estas escuelas para asegurarse que cumplan cabalmente con

las leyes estatales, federales y con su Carta Constitutiva.

En el diseño legislativo de la Ley Núm. 85 le confirió

a

la

Secretaria

establecimiento

de

varios

las

deberes

Escuelas

y

poderes

Públicas

sobre

el

Alianza,

que

resultan indispensables considerar al momento de evaluar la

naturaleza de las mismas, a saber: (1) establecer cualquier

regla o reglamento necesario para implementar y alcanzar

los propósitos y disposiciones de la ley, lo que incluye la

evaluación

y

Certificadas;

certificación

(2)

de

las

establecer

Entidades

los

Educativas

estándares

y

procedimientos para la revocación o no revocación de la

119

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 85; Art. 13.02 de la Ley

Núm. 85.

120

Íd.; Art. 13.02 de la Ley Núm. 85.

CT-2018-0006

52

Carta Constitutiva, así como la administración de aquellas

escuelas cuya Carta Constitutiva haya sido revocada o no

revocada;

(3)

establecer

las

reglas

o

reglamentos

para

determinar el Modelo de Intervención más apropiado para

cada

una

de

las

Entidades

Educativas

Certificadas

que

pudieran estar sujetas a intervención de conformidad con

los

términos

reglas

o

de

la

Carta

reglamentos

Constitutiva;

para

solicitar

(4)

y

establecer

evaluar

las

propuestas de las Cartas Constitutivas por parte de las

Entidades Educativas Certificadas, de conformidad con los

requisitos establecidos en la propia ley y la legislación

federal aplicable; (5) otorgar una Carta Constitutiva con

la Entidad Educativa Certificada que sometió la propuesta

mejor

cualificada,

correspondiente;

de

(6)

conformidad

otorgar

Cartas

con

la

evaluación

Constitutivas

con

Entidades Educativas Certificadas para operar y administrar

múltiples recintos bajo una sola autorización; (7) retener

y ejecutar la responsabilidad directa y exclusiva sobre

aquellas

escuelas

a

las

que

se

otorgue

una

Carta

Constitutiva; (8) establecer las reglas y reglamentos para

el monitoreo anual del desempeño académico, financiero y

operacional de las Entidades Educativas Certificadas con

Cartas Constitutivas, y realizar una evaluación rigurosa de

dicho desempeño en, como mínimo, cada dos (2) años;121 (9)

121 Véase, además, Art. 13.07(c) de la Ley Núm. 85 (“El Secretario

deberá continuar monitoreando el desempeño y el cumplimiento legal de

cada Escuela Pública Alianza, incluyendo la recopilación y análisis de

datos en apoyo a la evaluación continua, según la Carta Constitutiva.

El Secretario tendrá la autoridad de realizar actividades de

supervisión que le permitan cumplir con sus responsabilidades de

conformidad

con

esta

Ley,

incluyendo

hacer

requerimientos

de

CT-2018-0006

53

establecer las reglas o reglamentos para designar oficiales

evaluadores o establecer comités de evaluación para medir

el

desempeño

de

las

Entidades

Educativas

Certificadas;

entre otros poderes.122 Asimismo, la ley instituye que la

Secretaria del Departamento es la responsable de revisar y

autorizar o denegar, en todo o en parte, la solicitud de

una Entidad Educativa Certificada para recibir una Carta

Constitutiva

para

la

operación

y

administración

el

programa

de

una

Escuela Pública Alianza.123

La

Asociación

plantea

que

de

Escuelas

Públicas Alianza es un modelo que se asemeja a las escuelas

privadas.

Sostiene

que

que,

se

sostenimiento

ya

aunque

operación,

administración,

infringe

el

la

Estado

cláusula

de

reglamente,

la

organización,

finanzas,

empleomanía y filosofía de estas escuelas estará a cargo de

entes privados. En este sentido, arguye que se transferirá

dinero

público

a

una

entidad

privada

para

promover

la

educación pública. Asimismo, argumenta que, si alguna de

estas entidades “tiene base religiosa, será incluida la

educación religiosa en la misma, siendo entonces sufragada

por fondos públicos”. También refuta que en el caso de que

las escuelas operen en facilidades que sean del Estado y no

paguen una renta por el uso, ello constituiría un traspaso

de propiedad pública a manos de entes privados.

información o investigaciones, siempre que sean consistentes con los

términos y condiciones de la Carta Constitutiva”).

122

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 85; Art. 13.04 de la Ley

Núm. 85.

123

Art. 13.04 de la Ley Núm. 85.

CT-2018-0006

54

Por su parte, el Estado sostiene que las Escuelas

Públicas Alianza son un modelo

de enseñanza dentro del

Sistema de Educación Pública del Departamento de Educación.

Aduce

que,

conforme

a

la

jurisdicción

federal

son

constitucionalmente válidas siempre que su enseñanza sea

gratuita,

no

conforme

a

sectaria

la

Ley

ni

discriminatoria.

Núm.

85,

estas

Entiende

cumplen

con

que

estas

características y con todas las disposiciones establecidas

en

la

Carta

Constitutiva.

Además,

resalta

que

estarán

sujetas a las mismas exigencias que las escuelas públicas

de

Puerto

Rico.

Finalmente,

alega

que

la

Asamblea

Legislativa inequívocamente tuvo la intención de que estas

fuese parte integral del Departamento de Educación como

parte de un sistema coherente

donde este último ejerce

pleno control.

En cuanto a estas alegaciones, reafirmamos que el Art.

13.01 de la Ley Núm. 85, supra, establece claramente que la

Escuela Pública Alianza es una escuela pública, no sectaria

y sin fines de lucro, que será operada y administrada por

una

Entidad

Educativa

Certificada

autorizada

por

la

Secretaria de conformidad con el otorgamiento de una Carta

Constitutiva. A tales efectos, el Departamento de Educación

tiene

el

deber

reglamentos

y

para

la

que

obligación

de

se

con

cumplan

promulgar

los

reglas

y

estándares

y

procedimientos para que las entidades educativas que se

certifiquen

evaluación

operen

y

conforme

rendición

de

a

los

cuentas

mismos

estándares

de

que

resto

las

el

de

CT-2018-0006

55

escuelas

públicas

hincapié

en

escuelas

públicas

el

supervisión

tradicionales.124

hecho

y

de

alianza

la

que

el

Departamento de Educación y su

hacemos

establecimiento

queda

evaluación,

Asimismo,

sujeto

sino

no

al

de

las

a

la

solo

control

Secretaria.

En

del

vista de

ello, no hay duda de que la Secretaria del Departamento,

retendrá la responsabilidad directa y exclusiva sobre estas

entidades

y

monitoreará

constantemente

el

desempeño

académico, financiero y operacional de estas. Más aún, esta

tiene el poder de conceder, luego de celebrarse el proceso

correspondiente

por

el

Departamento,

las

autorizaciones

para el establecimiento de estas escuelas. Además, tiene el

poder inequívoco de revocar el permiso o autorización en

cualquier momento si estima que hay causa para ello. No es

lo mismo delegar ciertas funciones educacionales, que la

transferencia

del

sistema

de

instrucción

pública.

En

consecuencia, colegimos que esto último no sucede con las

Escuelas Públicas Alianza.

En

ese

sentido,

reafirmamos

que

el

control

del

Departamento, en primer lugar, surge por el dominio que la

Secretaria ejercerá mediante el proceso de selección de las

entidades

necesarias

que

reúnan

para

las

proveer

características

una

educación

y

exigencias

de

excelencia

mediante la otorgación de la carta constitutiva. También,

124

Incluso, la Opinión disidente de la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez reconoce que los estándares de evaluación y

rendición de cuentas que establece la ley “guarda un parecido inmenso

con el proceso de licenciamiento necesario para operar una escuela

pública ‘tradicional’”.

CT-2018-0006

está

presente

56

en

el

nivel

de

rendición

de

cuentas

que

tendrán esas escuelas con el Departamento de Educación y en

la facultad absoluta de la Secretaria para revocar la Carta

Constitutiva en cualquier momento, si no se cumple con los

criterios correspondientes.

Finalmente, cabe notar como factor determinante que el

propósito

de

estas

escuelas

de

avanzada

es

servir

gratuitamente a la comunidad y que estén abiertas a todos

los

estudiantes

de

ella,

sin

diferenciar

entre

habilidades o necesidades académicas o sin que

ninguna

distinción

entre

ellos.125

Se

sus

se haga

instituyen

para

atender las necesidades educativas particulares de nuestros

niños y jóvenes estudiantes. Además, estas escuelas como

parte del sistema educativo puertorriqueño compartirán la

filosofía educativa de las escuelas públicas tradicionales.

Por lo que el marco filosófico educativo se fundamentará en

el desarrollo pleno e integral de los estudiantes al amparo

de la responsabilidad constitucional y democrática de una

escuela pública tradicional.

Como hemos advertido, nuestra Constitución no requirió

que el Estado retenga la administración exclusiva de las

escuelas públicas. Lo que se pretendió fue que las escuelas

estuvieran bajo el dominio y control del Estado. Asimismo,

que fuera “un sistema de instrucción pública [. . .] libre

y

enteramente

no

sectario”.126

Además,

exigió

que

la

125 Art. 13.11 de la Ley Núm. 85 (“Las Escuelas Públicas Alianza

serán

gratuitas

y

estarán

abiertas

a

todos

los

niños,

independientemente de sus habilidades o necesidades académicas”).

126

Art. II, Sec. 5, Const. PR, supra.

CT-2018-0006

57

educación que provea el Estado en la escuela primaria y

secundaria

concluir

sea

gratuita.

que

las

En

ese

Escuelas

sentido,

Públicas

es

forzoso

Alianza,

según

establecidas en la Ley Núm. 85, son escuelas públicas del

Sistema de Educación Pública en Puerto Rico. Por tanto, las

disposiciones

de

la

Ley

instauración

de

las

Núm.

85

Escuelas

promulgadas

Públicas

para

Alianza

la

son

constitucionales.

VI

El Tribunal de Primera Instancia determinó que las

Escuelas Públicas Alianza “parece ser un modelo de escuelas

privadas”

que

académica”.

“contarán

Entendió

con

que

autonomía

este

administrativa

modelo

de

escuelas

y

“se

aproxima más a un sistema de educación privado” que a las

escuelas públicas como las conocemos hoy. Aunque reconoció

que el Departamento establecerá las condiciones mediante

las cuales estas escuelas se deben regir, sostuvo que ello

“no

es

suficiente

para

evitar

catalogar

este

tipo

de

escuelas como privadas”. En cuanto al Programa de Libre

Selección de Escuelas señaló que adolece de los mismos

vicios

de

lenguaje

inconstitucionalidad

denota

estudiantes

de

un

carácter

escuelas

en

la

medida

preferencial

públicas

asistan

en

que

el

para

que

los

a

escuela

una

privada. Razonó que “parecería que el Programa de Libre

Selección

de

Escuelas

está

disponible

para

todos

los

estudiantes, pero en su aplicación complica que los hoy

estudiantes

de

escuelas

privadas

puedan

obtener

los

CT-2018-0006

58

certificados”. Finalmente, entendió que era “indiferente

que la ayuda se conceda a los padres, pues, al final, la

institución

privada

es

la

que

resultaría

beneficiada

o

sostenida”.

Tras justipreciar todos los factores y circunstancias

de la aprobación de la Ley Núm. 85, concluimos que las

disposiciones relativas al Programa de Escuelas Públicas

Alianza

son

constitucionales,

porque,

según

surge

del

propio texto de la ley, el Estado, a través de la agencia,

ejerce control y amplios poderes sobre la implementación y

la administración de estas escuelas gratuitas, no sectarias

y

libres,

las

cuales

están

abiertas

a

la

comunidad

en

general. En lo que concierne al Programa de Libre Selección

de Escuela, resolvemos que es constitucional de su faz, en

cuanto

permite

que

los

padres

reciban

directamente

una

ayuda económica para que sus niños puedan asistir a la

escuela de su preferencia. Si bien las escuelas recibirán

un beneficio, conforme está diseñado este programa de becas

en

la

Ley

remotamente

Núm.

85,

que

este

no

podemos

tiende

a

concluir

sustituir

el

ni

siquiera

sistema

de

enseñanza pública de Puerto Rico y, como consecuencia, sea

de tal grado que conlleve un sostenimiento de escuelas

privadas

en

todo

anteriormente

lo

Tribunal

contravención

de

con

nuestra

expuesto,

Primera

Constitución.

resolvemos

Instancia

al

que

erró

Por

el

declarar

inconstitucionales los Artículos 13.05 (a) (4) (5) (6) (7)

(8) (9) de la Ley Núm. 85 sobre el Programa de Escuelas

CT-2018-0006

59

Públicas Alianza y el Artículo 14.02 (c) del Programa de

Libre Selección de Escuelas.

VII

Por

revocar

los

en

fundamentos

su

totalidad

esbozados,

la

estoy

Sentencia

del

conforme

con

Tribunal

de

Primera Instancia y desestimar la demanda de autos.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Maestros, su

sindicato,

Asociación

de

Maestros

de

Puerto

RicoLocal Sindical, por sí y en

representación

de

sus

miembros

Recurridos

CT-2018-0006

v.

Departamento de Educación;

Hon. Julia Keleher, en su

carácter

oficial

como

Secretaria del Departamento

de

Educación

del

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico

Peticionarios

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo

San Juan, Puerto Rico, a 9 de agosto de 2018.

La cláusula del sostenimiento impide

que el Estado provea beneficios,

ayudas

o

apoyo

a

una

escuela

privada. […] A manera de ejemplo, el

Estado no podría asignar fondos

públicos para la construcción de

escuelas

privadas.

(Énfasis

nuestro).127

Cuando un padre de familia recibe el pago por el trabajo

realizado, no podemos afirmar con corrección que la fuente de

ese

pago

familia.

constituye

A

esa

el

sostén

familia

la

madre, que con esfuerzo y empeño

127

o

“sostenimiento”

“sostiene”

trabajan

ese

de

su

padre

o

para “sostenerla”.

Asoc. Maestros P.R. v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 547-548 (1994).

CT-2018-006

2

Claro está, para los miembros de ese círculo íntimo que

llamamos familia y que reciben el beneficio económico del

trabajo diario de ese padre y de esa madre, el fruto de ese

esfuerzo constituye claramente su “sostenimiento” porque lo

reciben

de

forma

gratuita,

sin

otra

miembros de ese círculo familiar.

condición

que

ser

No obstante, para el

padre y la madre que trabajan para traer el pan de cada día

al hogar, el dinero que reciben no constituye sostén o

“sostenimiento”, sino la justa compensación por el trabajo

realizado.

La controversia en el presente caso versa sobre si la

llamada Cláusula de Sostenimiento, dispuesta en el Art. II,

Sec. 5 de nuestra Constitución, permite la erogación de

dinero del erario para el Programa de Escuelas Públicas

Alianza y el Programa de Libre Selección de Escuelas que

establece la Ley Núm. 85-2018, conocida como la Ley de

Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley 85).

La Sentencia de

este Tribunal correctamente establece que el Programa de

Libre Selección de Escuelas es constitucional porque, en

síntesis, son los padres de los niños quienes recibirán la

ayuda económica para que sus niños puedan asistir a la

escuela de su preferencia y, por lo tanto, el Estado no

estará

“sosteniendo”

ninguna

entidad

privada,

otorgando una ayuda directamente a los padres.

lado,

la

Sentencia

de

este

Tribunal

sino

Por otro

concluye,

también

correctamente, que el Programa de Escuelas Públicas Alianza

es constitucional porque, en síntesis, estas son escuelas

públicas,

conforme

las

describe

la

ley,

por

lo

que

no

CT-2018-0006

3

existe

ningún

prohíbe

la

sostenimiento

Cláusula

de

a

entidad

privada,

Sostenimiento

de

como

nuestra

lo

Carta

Magna.

En principio, estoy conteste con ambas conclusiones,

por lo que mi voto es de conformidad con la Sentencia de

este Tribunal.

Sin embargo, escribo aparte para, en primer

lugar, señalar una razón adicional por la cual creo que la

Ley 85 es constitucional, en el contexto de la controversia

que este Foro tiene ante sí, pero, además, para advertir

una preocupación en cuanto al texto de la referida ley.

Adelantando conclusiones, creo que esta controversia

se

simplifica

“sostenimiento”

con

el

utilizada

hecho

en

la

de

Sec.

que

la

5

Art.

del

palabra

II

de

nuestra Constitución no comprende la relación económica que

la Ley 85 autoriza con relación a los programas de Escuelas

Públicas Alianza y Libre Selección de Escuelas.

Y es que,

como explicaré más adelante, el concepto “sostenimiento”,

por su significado lexicológico y en el contexto histórico

en

que

se

utilizó

cuando

la

referida

cláusula

fue

redactada, implica “dar” o “sustentar” de forma graciosa o

gratuita.

De

manera

que,

lo

que

en

realidad

prohíbe

nuestra llamada Cláusula de Sostenimiento es la acción del

Estado

de

entidades

aprobar

asignaciones

educativas

económicas

privadas.

Sin

graciosas

embargo,

si

a

la

asignación de dinero del erario no consiste en un regalo,

ayuda o asignación legislativa gratuita, sino que es el

pago

por

los

servicios

rendidos

por

las

entidades

educativas privadas contratadas, forzosamente no estaríamos

CT-2018-0006

hablando

4

de

“sostener”

tales

entidades.

Como

la

retribución al padre o madre de familia, o a ambos, por el

trabajo

realizado

no

constituye

“sostenimiento”

de

su

familia por parte de quien le realiza el pago, así ocurre

en la situación del caso de autos.

En otras palabras,

quien realiza una tarea por un precio convenido, una vez

realizada la tarea simplemente recibe la prestación de lo

convenido,

sin

que

quepa

hablar

de

ayuda

o

prestación

graciosa.

De eso se trata, sencillamente, la controversia

en este caso.

I

A.

El

significado

lexicológico

de

la

palabra

“sostenimiento”

El Art. II, Sec. 5 de nuestra Carta Magna regula lo

concerniente a la educación pública en el País.

En lo

atinente, nuestra Carta de Derechos expresa que:

No se utilizará propiedad ni fondos públicos

para

el

sostenimiento

de

escuelas

o

instituciones educativas que no sean las del

Estado.

Nada de lo contenido en esta

disposición impedirá que el Estado pueda

prestar

a

cualquier

niño

servicios

no

educativos

establecidos

por

ley

para

protección o bienestar de la niñez.

(Énfasis

nuestro).128

Como adelanté, una razón adicional por la cual se

sostiene

la

constitucionalidad

de

la

ley

en

cuestión

obedece al significado real de la palabra “sostenimiento”

del Art. II, Sec. 5 de nuestra Constitución. Las palabras

deben entenderse en su significado ordinario y cotidiano, a

128

Art. II, Sec. 5, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 297.

CT-2018-0006

menos

que

5

el

técnico.129

contexto

indique

que

tiene

un

sentido

Como señaló el legendario Juez del Tribunal

Supremo federal John Marshall,

en el primer

cuarto del

siglo 19, en una expresión que aplica con el mismo rigor a

los Padres de nuestra Constitución:

Debe entenderse que los ilustrados patriotas

que enmarcaron nuestra constitución y las

personas

que

la

adoptaron

han

empleado

palabras en su sentido natural y han intentado

lo que han dicho.

(Énfasis y traducción

nuestra).130

De igual forma, las palabras del también Juez de

la Corte Suprema federal Joseph Story son tan verdaderas

hoy como lo fueron cuando salieron a la luz en el 1833:

Cada palabra empleada en la constitución debe

ser explicada en su sentido claro, obvio y

común, a menos que el contexto proporcione un

fundamento para restringirlo, calificarlo o

ampliarlo.

Las

constituciones

no

están

diseñadas

para

sutilezas

metafísicas

o

lógicas, para sutilezas de expresión, para la

corrección crítica, para elaborados matices de

significado, o para el ejercicio de la agudeza

filosófica o la investigación judicial. Son

instrumentos de naturaleza práctica, fundados

en el negocio común de la vida humana,

adaptados a las necesidades comunes, diseñados

para

el

uso

común,

y

adaptados

para

entendimientos

comunes.

(Traducción

nuestra).131

Con

el

marco

doctrinal

expresión que nos concierne.

como

unidad

lingüística

anterior,

analicemos

la

La palabra “sostenimiento”

significa

“mantenimiento”

o

A. Scalia y B.A. Garner, Reading Law: The Interpretation of Legal

Texts, St. Paul, Thomson/West, 2012.

129

Gibbons v. Ogden, 22 US 1, 71 (1824).

J. Story, Commentaries on the Constitution of the United States,

Boston, Hilliard, Gray and Company, 1833, pág. 157.

130

131

CT-2018-0006

6

“sustento”.132

O sea, la acción y efecto de “sostener”, se

refiere a “mantener” o “sustentar” a alguien o algo.

palabra

“mantener”

-en

su

acepción

más

La

pertinente-

significa “costear las necesidades económicas de alguien”,

como

por

Costear

ejemplo

alguna

“[c]ostear

los

estudios

expedición”.133

En

cuanto

de

a

alguien.

la

palabra

“sustento”, en sus acepciones pertinentes implica “prestar

apoyo,

dar

aliento

o

auxilio”,

necesario para su manutención”.134

o

“dar

a

alguien

lo

Nótese, entonces, que

todas las acepciones que provee el diccionario con relación

a la palabra “sostenimiento” implican algo que se hace o se

lleva a cabo de forma gratuita, más bien como una ayuda.

De

hecho,

ese

es

el

contexto

en

el

que

comúnmente

se

utiliza la palabra en nuestra Isla y como se utilizaba en

los

tiempos

en

los

que

los

Delegados

de

la

Convención

Constituyente redactaron la cláusula en cuestión. De ahí

que, por ejemplo, de “mantener” surge la expresión con

connotación negativa que por décadas se ha utilizado en

Puerto Rico de “es un mantenido”, esto para implicar que la

persona vive de las dádivas de otro. De ahí también que el

“Sostenimiento”, Diccionario de la Lengua Española,

Madrid, Ed. Espasa Calpe, 2001, T. II, pág. 2096.

132

22ma

ed.,

“Mantener”, Diccionario de la Lengua Española, 22ma ed., Madrid, Ed.

Espasa Calpe, 2001, T. II, pág. 1444.

133

“Sustento”, Diccionario de la Lengua Española, 22ma ed., Madrid, Ed.

Espasa Calpe, 2001, T. II, pág. 2115.

134

CT-2018-0006

7

“sustento de un menor” se entiende como el deber de los

padres de suplir graciosamente lo que sus hijos necesitan.

B. El significado de la palabra “sostenimiento” en su

contexto histórico-jurídico

Como bien señala la Sentencia de este Tribunal, en el

ámbito jurídico, la palabra “sostenimiento” utilizada en la

Sec.

5

del

Art.

II

de

nuestra

Constitución

surge

directamente de la jurisprudencia federal de finales de los

años ‘50, en la que se cuestionaba las acciones del Estado

al darle sostenimiento (“support”) a entidades religiosas,

en alegada violación a la Cláusula de Establecimiento de la

Primera Enmienda federal. En ese contexto, la Constitución

de Estados Unidos dispone que:

El Congreso no aprobará ninguna ley con

respecto

al

establecimiento

de

religión

alguna, o que prohíba el libre ejercicio de la

misma […].135

Por su parte, el Art. II, Sec. 3 de la Carta de

Derechos de la Constitución de Puerto Rico establece lo

siguiente:

No

se

aprobará

ley

alguna

relativa

al

establecimiento de cualquier religión ni se

prohibirá

el

libro

ejercicio

del

culto

religioso.

Habrá completa separación de la

iglesia y el estado.136

Conviene señalar que esta Sección 3 del Art. II de

nuestra Constitución incluye tres componentes.

Esto es,

dos cláusulas que son una traducción expresa de la Primera

135

Emda. I, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 182.

136

Art. II, Sec. 3, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 284.

CT-2018-0006

Enmienda

de

8

la

Constitución

de

Estados

Unidos:

la

que

prohíbe el establecimiento de una religión oficial y la

relativa

a

la

libertad

de

culto.

Y,

una

tercera

disposición, cuyo origen se encuentra en la jurisprudencia

federal, y mediante la cual se refleja la teoría de que la

relación ideal entre el Estado y la Iglesia preceptúa el

reconocimiento de dos esferas de acción separadas.137

El contexto de las disputas entre los Delegados de la

Asamblea

Constituyente

en

torno

a

las

disposiciones

relativas a la separación de la Iglesia y el Estado tiene

su origen en la historia de Puerto Rico antes y después de

1898.

Específicamente, durante el dominio del Gobierno

español

en

catolicismo

la

y

Isla

luego

la

en

religión

1898

las

del

Estado

Iglesias

era

el

protestantes

llegaron y buscaron el amparo, en una estricta separación

de Iglesia y Estado, para protegerse del poderío de la

antigua Iglesia oficial.138

Sobre esas luchas de poder entre la Iglesia Católica

y las Iglesias

protestantes, el ex Juez Presidente del

Tribunal Supremo de Puerto Rico José Trías Monge se expresó

en los siguientes términos:

La Iglesia Católica libró una intensa campaña,

antes y durante el curso de la Convención

Constituyente, en favor de que la nueva

137

Agostini Pascual v. Iglesia Católica, 109 DPR 172, 175 (1979).

H. L. Acevedo, La Convocatoria de una semilla, Ponce, Pontificia

Universidad Católica de Puerto Rico, 2015, pág. 126. Véase, además,

J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Editorial de la

Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, 1982, Vol. III, págs. 176-181.

138

CT-2018-0006

9

Constitución rechazase el lenguaje restrictivo

de la Ley Orgánica [Ley Jones] y reprodujese

tan sólo las disposiciones de la Primera

Enmienda a la Constitución de los Estados

Unidos.

Las iglesias protestantes abogaban

con

igual

vehemencia

en

favor

de

una

afirmación más rigurosa del principio de la

separación del estado y la iglesia, en modo

comparable al dispuesto en la Ley Orgánica.139

Ahora bien, en cuanto a la clara relación de nuestra

Cláusula

de

Sostenimiento

con

la

Cláusula

de

Establecimiento de la Primera Enmienda de la Constitución

de Estados Unidos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo

federal

de

finales

de

los

años

’50,

en

la

que

se

cuestionaba las acciones del Estado al darle sostenimiento

(“support”)

a

entidades

religiosas,

fue

fundamental.

En

Trías Monge, op. cit., pág. 176. Los párrafos 18 y 19 de la Carta

Orgánica de 1917 (Ley Jones) establecían -en lo pertinente- que:

139

[18]

No

se

dictará

ninguna

ley

relativa

al

establecimiento de cualquier religión o que prohíba el

libre ejercicio de la misma, y se permitirá en todo

tiempo el libre ejercicio y goce de profesiones y cultos

religiosos sin distinciones ni preferencias, y no se

exigirá como condición para desempeñar cualquier cargo o

puesto de confianza en el Gobierno de Puerto Rico, ningún

otro requisito político o religioso que un juramento de

defender la Constitución de los Estados Unidos y las

leyes de Puerto Rico.

[19] Jamás se asignará, aplicará, donará, usará, directa

o indirectamente, dinero o propiedad públicos para el

uso, beneficio o sostenimiento de ninguna secta, iglesia,

denominación,

institución

o

asociación

sectaria,

o

sistema

religioso,

o

para

el

uso,

beneficio

o

sostenimiento de ningún sacerdote, predicador, ministro,

u otro instructor o dignatario religioso, como tal. […]

Sec. 2 de la Carta Orgánica de 1917, 39 Stat. 951, LPRA, Tomo 1,

ed. 2016, pág. 59.

CT-2018-0006

10

particular, los casos de Everson v. Board of Education, 330

US 1 (1947), y McCollum v. Board of Education, 333 US 203

(1948),

ambos

Convención

resueltos

pocos

Constituyente.

En

años

antes

Everson

de

v.

nuestra

Board

of

Education, supra, el Tribunal Supremo federal evaluó la

constitucionalidad,

a

la

luz

de

la

Cláusula

de

Establecimiento, de una ley del Estado de Nueva Jersey que

concedía un subsidio a los padres que tenían que pagar la

transportación pública de sus hijos, ya fuera a escuelas

públicas

o

religiosos.

privadas,

incluyendo

aquellas

con

credos

La Corte Suprema federal, por voz del Juez

Hugo Black, determinó que no constituía una violación a la

Cláusula de Establecimiento la aportación que realizaba el

Estado de Nueva Jersey a esos padres que habían decidido

que sus hijos estuvieran en escuelas privadas con credos

religiosos.

Este caso es muy importante, a nivel de toda

la Nación Americana y los territorios, por dos razones: en

primer lugar, porque el Tribunal Supremo federal decide que

la

Cláusula

de

Establecimiento

federal aplica a los estados.140

de

la

Primera

Enmienda

En segundo lugar, porque

El tema de la incorporación de la Cláusula de Establecimiento podría

(y probablemente debería) haber sido considerado, debatido y evaluado a

fondo. La incómoda frase del texto "con respecto al establecimiento"

podría haber sido interpretada de manera jurisdiccional.

Visto así,

"con respecto al" habría indicado que el Gobierno federal carecía de

jurisdicción para establecer alguna religión oficial y, por lo tanto,

no podía establecer o favorecer una religión, pero tampoco interferir

con la autoridad del Estado sobre el establecimiento de una religión.

Esta interpretación habría reconocido el federalismo como un principio

central de la Cláusula de Establecimiento. Sin embargo, en este caso

de Everson v. Board of Education, 330 US 1 (1947), el Juez Hugo Black

evadió el tema al decir simplemente que la Decimocuarta Enmienda ya

había hecho que la Primera Enmienda fuera aplicable a los estados.

Como fundamento, el Juez Black citó a Murdock v. Pennsylvania, 319 US

105 (1943). Murdock, sin embargo, no era un caso que tuviera que ver

140

CT-2018-0006

11

la Corte Suprema federal en su Opinión “constitucionaliza”

o

hace

parte

incluida

en

del

una

texto

carta

constitucional

de

7

de

una

expresión

de

1801

octubre

del

Presidente Thomas Jefferson señalando que la Cláusula de

Establecimiento pretendió erigir “una pared de separación

entre la iglesia y el estado”.

A penas 10 meses de haber

resuelto Everson, el Tribunal Supremo federal, nuevamente

por

voz

del

Education,

escuela

Juez

Black,

supra.

pública

en

resolvió

En

McCollum,

el

Condado

McCollum

los

de

v.

Board

directores

Champaign,

de

of

una

Illinois,

habían diseñado un programa mediante el cual los padres de

los

estudiantes

que

así

lo

quisieran,

expresaban

por

escrito su deseo y autorización para que sus hijos tomaran

clases de religión en un salón del plantel escolar, una vez

a la semana, por espacio de 45 minutos, en sustitución de

una

clase

grupos

electiva.

separados,

por

Las

clases

se

un

sacerdote

ofrecerían

católico,

un

en

tres

rabino

judío y un ministro evangélico, conforme la elección de los

padres de los estudiantes. Los padres que no autorizaran

que sus hijos tomaran la clase de religión, se les ofrecía

otra clase electiva totalmente secular.

La Sra. McCollum,

con la Cláusula de Establecimiento, sino con su contraparte, la

Cláusula de Libertad de Religión (“Free Exercise Clause”). De esta

manera, el Juez Black logró, de manera sagaz y eficiente, eliminar el

posible componente de federalismo de la Cláusula de Establecimiento sin

hacer un argumento legal sustantivo. Véase V. P. Muñoz, Religious

Liberty and the American Supreme Court: The Essential Cases and

Documents, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2013, Kindle

Edition, pág. 3.

CT-2018-0006

12

madre de uno de los estudiantes de la escuela, reclamó que

la intención de los directores de la escuela de enseñar

religión en las facilidades de una escuela pública y como

parte

de

un

horario

Establecimiento.

regular

Así,

el

violaba

la

Tribunal

Cláusula

Supremo

de

declaró

inconstitucional la acción de la escuela al determinar que

violaba

la

Enmienda.

Cláusula

de

Establecimiento

de

la

Primera

Esto debido a que el Estado no podía utilizar

los edificios públicos estatales y la maquinaria escolar

pública, todo pagado con los impuestos de la ciudadanía,

para

la

diseminación

de

doctrinas

religiosas.

Pero,

además, el Juez Black señaló nuevamente, citando a Everson,

que el texto de la Primera Enmienda había erigido una pared

de separación entre la Iglesia y el Estado.

En Puerto Rico, y en el contexto histórico, ambos

casos, Everson y McCollum, fueron trascendentales.

De ahí

que,

de

aunque

Constitución

en

el

texto

federal

la

de

la

notoria

Primera

Enmienda

expresión

de

la

“completa

separación entre iglesia y estado” no aparezca, sí aparece

en el texto de nuestra Constitución al ser adoptada por

nuestros

Delegados

constituyentes

tres

haberse resuelto Everson y McCollum.

casos

estaban

muy

presentes

en

la

años

después

de

Ciertamente ambos

mente

de

nuestros

Constituyentes al adoptar la Cláusula de Libertad Religiosa

o Libertad de Culto y al establecer el lenguaje de la

Cláusula de Sostenimiento. De hecho, el Diario de Sesiones

contiene

una

discusión

del

caso

de

Everson

en

voz

del

delegado Fernando J. Géigel Sabat, en el contexto de la

CT-2018-0006

13

Sec. 5 del Art. II de nuestra Carta Magna, del cual cito un

extracto:

Pero es el caso, señores, que esta contención

está resuelta por el más alto tribunal de la

nación.

Es el caso de Everson v. Board of

Education, volumen 330, U. S. Reports, página

1. En este caso se trataba del beneficio a los

padres de los niños por la transportación que

pagaban

para

enviarlos

a

una

escuela

perteneciente a una institución religiosa

(católica).

El honorable juez Black en la opinión que

emitió expresó, aunque no uso sus propias

palabras, pero sí el consenso de su opinión,

lo siguiente: que como la ayuda es al

individuo,

éste,

como

ser

humano,

tiene

derecho a los mismos beneficios que tienen los

otros seres humanos que van a las escuelas

públicas, declarando que aunque con el pago

del reembolso se ayuda indirectamente a la

institución religiosa que tiene ese plantel,

ello no es violación a la enmienda primera de

la Constitución de los Estados Unidos, o sea

[la] separación de la Iglesia y el Estado; y

el caso fue resuelto de acuerdo con esta

opinión.

En otro párrafo de su opinión, se expresa así

el honorable juez Black que, entre paréntesis,

era el Juez Presidente del Tribunal Supremo de

Estados Unidos: Copio del inglés: “On the

other hand...”.141

Ahora bien, ¿qué pertinencia tiene todo lo anterior

con el significado de la palabra “sostenimiento” de nuestra

Sec.

5,

incluir

Art.

la

II?

Demuestra,

palabra

Sostenimiento,

en

“sostenimiento”

esos

casos

problema

que

se

de

federales

referencial de los Constituyentes.

el

primer

buscaba

lugar,

que

al

la

Cláusula

de

eran

el

marco

En segundo lugar, que

corregir

en

ese

marco

referencial era que el Estado no utilizara propiedad ni

fondos públicos que pudieran constituir una donación, ayuda

o

asignación

gratuita

del

Estado

a

ninguna

141

2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1496.

religión.

CT-2018-0006

14

Nótese que el “support” al que se refiere, tanto el caso de

Everson

como

el

de

McCollum,

se

trataba

de

ayudas

o

aportaciones gratuitas del Estado. En un caso mediante el

reembolso a los padres que habían pagado la trasportación

de sus hijos a escuelas sectarias y la otra mediante la

utilización de propiedad pública por la que ninguna de las

denominaciones religiosas estaba pagando y, por lo tanto,

el dinero estaba saliendo de las arcas del Estado.

De

hecho,

la

Cláusula

de

Establecimiento

de

la

Primera Enmienda y la naturaleza de las controversias en

torno a este asunto se originaron por el rechazo de la

Nación americana de los siglos 17 y 18 a la pretensión de

los

líderes

de

las

primeras

colonias

de

continuar

sustentando (manteniendo) a la Iglesia Anglicana a través

de

la

recolección

de

impuestos

al

Pueblo.

En

aquel

momento, en Inglaterra existía una religión oficial del

gobierno, esto

es, la Iglesia

oficial del País.

mantenía

Esto significaba que la Corona inglesa

económicamente

ciudadanos,

sin

Anglicana era la Iglesia

importar

a

la

su

Iglesia

creencia

Anglicana

o

falta

de

y

los

ella,

tenían que contribuir mediante impuestos al mantenimiento

de esa Iglesia. Esa fue la realidad sobre la fe religiosa

que trajeron de Inglaterra los primeros habitantes de esas

trece colonias y fue el concepto que, en mayor o menor

grado, aquellos ciudadanos nacidos en esas colonias (los

llamados nativos) vivieron por más de 170 años antes de su

CT-2018-0006

15

independencia.142

Como

vemos,

la

historia

detrás

de

la

Cláusula de Establecimiento gira en torno al concepto de un

gobierno promoviendo y subsidiando una Iglesia.

De hecho,

esa realidad se mantuvo en Estados Unidos en mayor o menor

escala por más de 50 años, aun después de la independencia

de esas 13 colonias originales y de la aprobación, incluso,

de la Primera Enmienda.143

Como ya leímos en la cita del delegado Géigel Sabat,

todo

lo

discusión

anterior

es

que

texto

del

perfectamente

en

compatible

cuestión

surgió

con

la

durante

la

Convención Constituyente. Tal discusión demuestra la clara

relación

de

nuestra

Cláusula

de

Sostenimiento

con

la

Cláusula de Establecimiento de la Primera Enmienda de la

Constitución

federal,

así

como

de

lo

conscientes

que

estaban nuestros Constituyentes de la jurisprudencia del

Tribunal

Supremo.

Incluyo

otra

cita,

esta

vez

de

las

expresiones del otrora Juez Presidente de este Foro, el

delegado José Trías Monge:

Sr. Trías Monge: Exactamente. Quería añadir,

únicamente, con la venia del Presidente, que

exactamente como ha indicado el Presidente de

la Comisión la idea es simplemente hacer más

clara y tajante la separación entre la Iglesia

y

el

Estado,

pero

sin

del

otro

lado,

naturalmente, afectar el principio de que los

servicios no educativos que se le prestan a la

niñez puedan seguir prestándosele.

O sea, aquí hay dos principios básicos que se

J. H. Hutson, Church and State in America: The First Two Centuries

(Cambridge Essential Histories), Cambridge, Cambridge University Press,

2008, Kindle Edition.

142

143

Íd.

CT-2018-0006

16

instituyen

en

esta

sección.

Uno

es

el

principio de separación del Estado e Iglesia,

tal como ha sido consignado en la Constitución

federal y el cual seguirá su desarrollo normal

vía las interpretaciones del Tribunal Supremo

de los Estados Unidos.

Naturalmente que [en] distintas situaciones

que pudiésemos imaginar en estos momentos,

pues sería difícil una contestación precisa

[en] muchos [casos] a estas situaciones,

porque estamos enchufados ante el sistema

constitucional norteamericano en esta fase

específica. O sea, son nuestras las garantías

en cuanto a libertad de religión que se han

instituido en la Constitución de los Estados

Unidos. Estamos idénticamente, formando parte

de ese sistema constitucional. En cuanto a la

libertad de religión y a otros aspectos

también

se

refiere,

ése

es

el

primer

principio. (Énfasis nuestro).144

Sobre la intención que tuvieron los Delegados de la

Asamblea Constituyente al estudiar, evaluar y aprobar las

disposiciones del Art. II, Sec. 5 de nuestra Constitución,

hallamos estas expresiones en una Opinión del ex Secretario

de Justicia Lcdo. Rafael Hernández Colón en 1966:

De lo anterior se desprende que, de una parte,

la Asamblea Constituyente deseó que mediante

el lenguaje de la sección 5 del artículo II de

nuestra Constitución se entendiese como una

redacción del principio de separación de

Iglesia y Estado, tal como ha sido consignado

en la Constitución Federal e interpretado por

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos…145

Luego

de

lexicológico

de

considerar

la

detenidamente

palabra

el

“sostenimiento”,

significado

así

144

2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1481-1484.

145

Op. Sec. Just. Núm. 32 de 1966.

como

CT-2018-0006

17

estudiar el marco histórico y jurídico existente cuando la

Cláusula de Sostenimiento se redactó, debo concluir que el

término

“sostenimiento”

constitucional

se

de

refiere

graciosa de fondos públicos.

la

únicamente

referida

a

la

cláusula

asignación

Esto es, una asignación de

fondos del erario que se da gratuitamente.146

No me cabe

duda que la utilización del término “sostenimiento” surge

de

la

preocupación

de

esos

Delegados

Constituyentes

de

mantener el principio de separación de Iglesia y Estado.

En particular, el objetivo cardinal que buscaban era evitar

donaciones

religiosas.147

que

beneficiaran

a

las

instituciones

La pregunta que resta por contestar entonces

es qué tipo de erogación de fondos públicos autoriza la

“Gracioso”, Diccionario de la Lengua Española, 22ma ed., Madrid,

Ed. Espasa Calpe, 2001, T. I, pág. 1149.

146

En su Alegato, la recurrida Asociación de Maestros argumenta que

“[l]a cláusula de sostenimiento busca que los servicios de instrucción

pública estén únicamente en control del Estado, lo que no sucede en

ninguno de estos programas [Escuelas Públicas Alianzas y el Programa de

Libre Selección de Escuelas]”. (Véase Alegato de la parte recurrida,

pág. 20).

En primer lugar, ya he establecido cuál fue claramente el

propósito de la Cláusula de Sostenimiento, que en nada se relaciona con

lo alegado por la Asociación. Ciertamente, nuestra Constitución

garantiza la existencia de un sistema de instrucción público de

enseñanza, pero no es a través de la referida cláusula. En segundo

lugar, el que nuestra Constitución garantice un sistema de instrucción

pública lo que en realidad implica es que el Estado tendrá la

obligación de proveer educación gratuita para todos los ciudadanos.

Sin embargo, nada en el texto constitucional impide que tal educación

gratuita pueda ser administrada por entes privados, siempre y cuando

sea el Estado el que supervise y mantenga el control final de tal

educación.

De manera tal que si el Estado, en su poder de Parens patriae y

en la búsqueda de alternativas que propendan al mejoramiento de la

educación de nuestros niños, determina que a través de la implantación

de la política pública de la Ley Núm. 85-2018, conocida como la Ley de

Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley 85),

se consigue ese primer

peldaño para lograr que nuestros niños reciban una educación gratuita

de excelencia, nada en el texto constitucional parece prohibirlo,

siempre y cuando tal política pública no constituya una delegación

excesiva o una renuncia a sus deberes constitucionales.

147

CT-2018-0006

18

Ley 85 y si tal tipo de erogación se encuentra comprendida

en la prohibición de la Cláusula de Sostenimiento.

C. La naturaleza de la relación económica que se establece

en la Ley Núm. 85-2018 en cuanto al Programa de Escuelas

Públicas Alianza

La Ley 85 establece la nueva política pública del

Gobierno

de

Puerto

política

pública

viabilicen

el

Rico

en

pretende

alcance

del

el

ámbito

educativo.

Esta

implementar

mecanismos

que

derecho

fundamental

a

la

educación.148

Es decir, la Ley 85 busca brindarle a los estudiantes

la oportunidad de alcanzar una educación que facilite el

desarrollo

de

su

personalidad,

bienestar

propio,

de

su

El derecho fundamental a la educación consagrado en la Constitución

de Puerto Rico lee como sigue:

148

Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al

pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento

del respeto de los derechos del hombre y de las libertades

fundamentales. Habrá un sistema de instrucción pública el

cual será libre y enteramente no sectario. La enseñanza

será gratuita en la escuela primaria y secundaria y, hasta

donde las facilidades del Estado lo permitan, se hará

obligatoria para la escuela primaria. La asistencia

obligatoria a las escuelas públicas primarias, hasta donde

las facilidades del Estado lo permitan, según se dispone en

la presente, no se interpretará como aplicable a aquellos

que reciban instrucción primaria en escuelas establecidas

bajo

auspicios

no

gubernamentales.

No

se

utilizará

propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de

escuelas o instituciones educativas que no sean las del

Estado. Nada de lo contenido en esta disposición impedirá

que el Estado pueda prestar a cualquier niño servicios no

educativos establecidos por ley para protección o bienestar

de la niñez.

Art. II, Sec. 5, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

CT-2018-0006

familia y de Puerto Rico.149

19

Así, a través de la Reforma

Educativa se persigue proteger a los estudiantes para que

reciban una educación que les permita desarrollar al máximo

sus capacidades y, como corolario, contribuyan al bienestar

de nuestra sociedad desde todos los ámbitos.150

Por esto,

apremia lograr un sistema de instrucción pública moderno,

eficiente, humano y de excelencia para que el “desarrollo

de nuestra Isla sea uno sustentable que, a su vez, maximice

los recursos disponibles en la actualidad sin comprometer

el progreso de futuras generaciones”.151

Entre los mecanismos que provee la Reforma Educativa

para viabilizar el mejor bienestar de los estudiantes y el

pleno alcance de su derecho fundamental a la educación, se

crea el modelo del Programa de Escuelas Públicas Alianza, a

saber:

Una Escuela Pública Alianza es: (i) una

escuela

pública

de

nivel

elemental

y/o

secundario, de nueva creación que es operada y

administrada

por

una

Entidad

Educativa

Certificada autorizada por el Secretario; o

(ii) una escuela pública de nivel elemental

y/o secundario existente, cuya operación y

administración es transferida a una Entidad

Educativa

Certificada

autorizada

por

el

Secretario, de conformidad con el otorgamiento

de una Carta Constitutiva.152

149

Art. 1.01 de la Ley 85.

150

Exposición de Motivos de la Ley 85.

151

Íd.

152

Art. 13.01 de la Ley 85.

CT-2018-0006

20

En cuanto al funcionamiento de las Escuelas Públicas

Alianza, la Ley 85 establece que éstas serán públicas, no

sectarias y sin fines de lucro.

También, la educación en

estas escuelas será gratuita y operarán bajo la supervisión

del

Secretario

de

Educación

y

de

conformidad

con

lo

establecido en las Cartas Constitutivas.153

Por su parte, la Ley 85 establece las instituciones

que

podrán

Certificadas.154

Educativas

cualificar

como

Entidades

Educativas

Entre los criterios para que las Entidades

Certificadas

sean

aprobadas,

éstas

deberán

contar con un equipo gerencial para administrar, operar y

dirigir la escuela; un plan de aprovechamiento académico;

Art. 13.02 de la Ley 85. Por su parte, el Art. 1.03 de la Ley 85

define “Carta Constitutiva” de la siguiente manera:

Se refiere a un acuerdo formal, vinculante entre el

Secretario y una entidad, que la certifica como una Entidad

Educativa Certificada y la autoriza a operar y administrar

una Escuela Pública Alianza dentro de los términos

específicos del acuerdo.

154 El Art. 13.05 de la Ley 85 dispone lo siguiente:

153

a. Cualificaciones para Entidades Educativas Certificadas.

De acuerdo a los procedimientos y criterios establecidos

por esta Ley y por el Autorizador, las siguientes entidades

pueden calificar como Entidades Educativas Certificadas a

las que se les otorgue una Carta Constitutiva:

1. Un municipio de Puerto Rico.

2. Consorcios municipales.

3. Alianzas entre municipios o consorcios municipales con

otras entidades educativas públicas u otras entidades

educativas no gubernamentales sin fines de lucro. Estas

alianzas se pueden configurar siguiendo diferentes figuras

jurídicas.

4. Instituciones públicas o sin fines de lucro de educación

postsecundaria.

5. Instituciones de educación escolar elemental, intermedia

y superior sin fines de lucro.

6.

Entidades

educativas

no

gubernamentales

u

otras

entidades sin fines de lucro.

7. Organizaciones sin fines de lucro creadas por padres y

madres o maestros.

8. Organizaciones de maestros, sindicato de maestros o

cualquier grupo de maestros debidamente organizado y

certificado por el Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos conforme a las disposiciones de la Ley 45-1998,

según enmendada.

9.

Cooperativas

debidamente

organizadas

con

fines

educativos.

CT-2018-0006

21

personal que cumpla con las certificaciones y licencias

exigidas por el Departamento de Educación; un sistema en el

que los padres y la comunidad escolar tengan participación

activa

en

la

evaluación

y

educación

un

de

proyecto

sus

en

hijos;

mecanismos

de

que

atiendan

las

el

se

necesidades de los estudiantes con discapacidad.155

Con respecto a la relación entre el Departamento de

Educación y las Entidades Educativas Certificadas, la Ley

85

dispone

términos

que

y

las

Cartas

condiciones

Educativa Certificada.

Constitutivas

que

deberá

establecen

cumplir

la

los

Entidad

Las Cartas Constitutivas deberán

ser firmadas por ambas partes contratantes, es decir: el

Secretario

de

Educativa

Certificada.

Constitutiva

Educación

(Autorizador)

Como

establecerá

que

y

requisito,

se

fomentará

la

Entidad

toda

Carta

la

educación

bilingüe (español e inglés) y que, además, serán prioridad

las

materias

matemáticas

y

de

ciencia,

tecnología,

arte.

También,

las

Cartas

ingeniería,

Constitutivas

incluirán un plan de mejoramiento académico y un modelo de

intervención.

Educativa

“estarán

Asimismo, se estipulará que tanto la Entidad

Certificada

sujetas

a

como

los

las

procesos

escuelas

de

autorizadas

evaluación

y

las

auditorías establecidas por el Secretario o requeridas por

ley, para garantizar el cumplimiento con los términos y

condiciones

155

de

la

Carta

Art. 13.05 de la Ley 85.

Constitutiva

y

los

requisitos

CT-2018-0006

22

legales aplicables”.156 Las Cartas Constitutivas podrán ser

renovadas por un término inicial de 5 años, siempre que el

Secretario

fundamente

demostradas

y

Escuela

las

Pública

el

rendimiento,

circunstancias

Alianza.

No

las

capacidades

particulares

obstante,

si

el

de

cada

Secretario

determina que la Escuela Pública Alianza no cumplió con lo

requerido en la Carta Constitutiva, entonces podrá revocar

o no renovar la misma.157

Nótese que, en vista de lo anterior, es claro que la

relación

entre

las

Escuelas

Públicas

Entidades

Educativas Certificadas

Alianza

y

las

se da a través de un

contrato plasmado en las Cartas Constitutivas.

Mediante

las

Alianza

Cartas

Constitutivas,

las

Escuelas

Públicas

recibirán un servicio de administración por parte de las

Entidades Educativas Certificadas.

La contratación de los

servicios

descansa

de

administración

no

en

una

mera

liberalidad.

D. El recibo de fondos públicos por parte de las

instituciones educativas privadas, en el contexto del

Programa

de

Libre

Selección

de

Escuelas

de

la

Ley Núm. 85-2018

El Art. 14.01 de la Ley 85 señala que el Programa de

Libre Selección de Escuelas tiene el propósito de permitir

que los padres, madres, tutores o encargados participantes

en el Programa, puedan seleccionar la escuela pública o

156

Art. 13.07 de la Ley 85.

157

Art. 13.07 de la Ley 85.

CT-2018-0006

23

privada de su preferencia.158 Entre otras modalidades, y en

lo que es pertinente, el Programa de Libre Selección de

Escuelas permite que el estudiante que cualifique pueda

seleccionar el ingreso a una escuela privada con la total

subvención

del

Estado.159

argumentar,

distinto

al

Ciertamente

Programa

de

no

se

Escuelas

podría

Públicas

Alianza, que la naturaleza de la relación económica que

establece

la

Ley

85

en

cuanto

al

Programa

de

Libre

Selección de Escuelas es una contractual, por cuanto la ley

lo que establece es que los padres son los que recibirán la

ayuda o subvención, y estos son los que elegirían contratar

con las escuelas privadas de su preferencia. De manera que

ciertamente no existe una contratación directa entre el

Estado

y

la

escuela

privada

que

termine

recibiendo

el

dinero de la subvención que otorga el Estado.

Sin embargo,

y

Cláusula

para

efectos

de

lo

que

prohíbe

nuestra

de

Sostenimiento, lo anterior no implica que las entidades

educativas privadas que terminen recibiendo indirectamente

los fondos que provienen de las arcas públicas, reciban una

ayuda.

Me explico.

Los programas de selección de escuelas

han ido en aumento en Estados Unidos durante los pasados

años, de forma tal que en la actualidad estos programas

existen en 28 estados y el Distrito de Columbia.

Como bien

reconoció el Tribunal de Primera Instancia en su Sentencia,

158

Art. 14.01 de la Ley 85.

159

Art. 14.02 de la Ley 85.

CT-2018-0006

24

la Cláusula de Sostenimiento del Art. II, Sec. 5 de nuestra

Constitución

surge

de

las

llamadas

Enmiendas

Blaine,

llamadas así después de una enmienda constitucional federal

fallida propuesta por el congresista James G. Blaine en

1875.

Predominantemente aprobadas en los estados a fines

del siglo XIX, las Enmiendas Blaine buscan impedir que el

estado

asigne

fondos

públicos

para

ayudar

a

escuelas

años

varias

sectarias.

Sin

embargo,

durante

los

últimos

jurisdicciones han resuelto a favor de los programas de

selección de escuela con el argumento principal de que este

tipo de ayuda no constituye una concesión de ayuda pública

a las escuelas privadas. Esto, porque en realidad estas

instituciones

lo

que

reciben

es

cambio de los servicios prestados.

simplemente

un

pago

a

Las familias, no las

escuelas religiosas, están recibiendo la "ayuda" pública.160

Este y otros argumentos han convencido a tribunales en

otras jurisdicciones respecto a que las Enmiendas Blaine no

aplican a los programas de libre selección de escuelas.161

También les han dado a más gobiernos estatales la confianza

para implementar este tipo de programas.162

E. Smith, Blaine Amendments and the Unconstitutionality of Excluding

Religious Options from School Choice Programs, The Federalist Society

Review, Volume 18. https://fedsoc.org/commentary/publications/blaineamendments-and-the-unconstitutionality-of-excluding-religious-optionsfrom-school-choice-programs (Última visita, 7 de agosto de 2018).

160

161

Íd.

162

Íd.

CT-2018-0006

25

E. Lo resuelto en Trinity Lutheran Church of Columbia, Inc.

v. Comer

Recientemente el Tribunal Supremo de Estados Unidos

resolvió en Trinity Lutheran Church of Columbia, Inc. v.

Comer, 582 US ___ (2017), 137 S. Ct. 2012, que la exclusión

de las iglesias de un programa neutral y secular de ayudas

del

Departamento

de

Recursos

Naturales

del

estado

de

Missouri violaba la garantía constitucional contenida en la

Primera

Enmienda

Lutheran

Church

sobre

of

la

libertad

Columbia,

Inc.

de

culto.

(Trinity)

Trinity

operaba

un

centro preescolar y de cuido de niños, el cual inicialmente

comenzó como una corporación sin fines de lucro, pero que

posteriormente se fusionó con Trinity.

El centro de cuido,

cuya base era religiosa, tenía una política de admisión

abierta.

Es

decir,

aceptaba

a

estudiantes

de

cualquier

denominación religiosa.

Por otro lado, el Departamento de Recursos Naturales

del

estado

de

Missouri

(Departamento)

ofreció

unas

subvenciones a aquellas organizaciones sin fines de lucro

que

cualificaran

con

el

fin

de

promover

la

compra

de

materiales derivados de neumáticos reciclados y utilizarlos

para

repavimentar

instituciones.

Los

los

patios

fondos

serían

de

recreo

otorgados

de

dichas

a

aquellos

participantes que obtuvieran la puntuación más alta luego

de evaluar diversos factores como el nivel de pobreza de la

población circundante a la entidad solicitante y el plan

presentado por la institución para fomentar el reciclaje.

No obstante, el Departamento tenía una política estricta de

CT-2018-0006

denegar

las

26

subvenciones

a

cualquier

solicitante

que

perteneciera o fuera controlado por alguna iglesia, secta o

institución religiosa.

Trinity solicitó la mencionada subvención y cualificó

en el quinto lugar entre las 44 entidades que solicitaron.

No obstante, la subvención le fue denegada

debido a que el

Art. I, Sec. 7 de la Constitución de Missouri establece que

no se le otorgará dinero del tesoro público, ya sea de

forma

directa

religiosa.163

o

indirecta,

como

ayuda

a

una

entidad

En consecuencia, Trinity presentó una demanda

en la cual alegó, en síntesis, que la denegatoria a su

solicitud violaba tanto la Cláusula de la Igual Protección

de las Leyes como las disposiciones de la Primera Enmienda

relacionadas a la libertad de culto y de expresión.

Ante esos planteamientos, la Corte Suprema federal

resolvió que la exclusión de las iglesias de un programa de

ayuda laico viola la garantía establecida en la Primera

Enmienda de la Constitución federal sobre la libertad de

culto.

de

El Tribunal Supremo federal sostuvo que la Cláusula

Libre

Ejercicio

de

la

Primera

Enmienda

protege

la

libertad de la práctica religiosa y del trato desigual por

dicha

condición,

El Art.

siguiente:

163

I,

Sec.

por

lo

cual

7

la

Constitución

de

somete

de

a

un

Missouri

escrutinio

dispone

That no money shall ever be taken from the public treasury,

directly or indirectly, in aid of any church, sect or

denomination of religion, or in aid of any priest,

preacher, minister or teacher thereof, as such; and that no

preference shall be given to nor any discrimination made

against any church, sect or creed of religion, or any form

of religious faith or worship.

lo

CT-2018-0006

27

estricto las leyes que imponen una carga a dicha práctica

religiosa.164

Como

vimos

en

el

caso

de

Everson

v.

Board

of

Education, supra, el Tribunal Supremo federal ha sostenido

que las leyes que niegan un beneficio solamente por el

estado religioso de una persona son inconstitucionales. No

obstante, ese Foro ha aclarado que existen leyes neutrales

que pueden ser válidas incluso si obstaculizan la religión.

La distinción en esos casos consiste en establecer si la

ley

en

cuestión

discrimina

creencias religiosas.

a

algunas

o

a

todas

las

A esos efectos, en Lyng v. Northwest

Indian Cemetery Protective Association, 485 US 439 (1988),

el Tribunal Supremo federal sostuvo que la Cláusula de

Libre Ejercicio no prohibía al Gobierno la extracción de

madera

o

la

construcción

de

carreteras

particular

de

jurisdicción

federal,

a

en

pesar

un

de

tramo

que

la

acción del Gobierno obstruiría la práctica religiosa de

varias tribus nativas americanas que consideraban sagrados

algunos de esos tramos. Aunque el Tribunal reconoció que la

construcción

de

una

carretera

o

la

tala

de

madera

interferiría significativamente con la capacidad de algunas

personas para alcanzar la realización espiritual de acuerdo

con sus propias creencias religiosas, no encontró ninguna

violación a la Cláusula del Libre Ejercicio, porque los

individuos afectados no estaban siendo coaccionados por la

acción

del

Gobierno

a

quebrantar

sus

creencias

Trinity Lutheran Church of Columbia, Inc. v. Comer, 582 US ___

(2017), 137 S. Ct. 2012; Church of Lukumi Babalu Aye, Inc. v. Hialeah,

508 US 520, 533, 542 (1993).

164

CT-2018-0006

28

religiosas.165

señaló

que

actividad

No

la

obstante,

acción

religiosa

el

del

al

Tribunal

Gobierno

negarle

a

Supremo

no

federal

penalizaba

cualquier

persona

la

una

parte igual de los derechos, beneficios y privilegios que

disfrutan otros ciudadanos.166

De igual modo, en Employment Division, Department of

Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US 872 (1990), el

Tribunal

Supremo

federal

rechazó

un

reclamo

de

libre

ejercicio presentado por dos miembros de una iglesia nativa

americana de los Estados Unidos a quienes se les denegaron

los

beneficios

del

desempleo

porque

habían

violado

las

leyes de sustancias controladas de Oregon al ingerir peyote

para propósitos sacramentales.

A base de lo resuelto en

Lyng v. Northwest Indian Cemetery Protective Association,

supra, el Máximo Foro federal sostuvo que la Cláusula de

Libre

Ejercicio

iglesia

a

una

no

daba

derecho

a

dispensa

especial

de

generales a causa de su religión.

que

la

Cláusula

de

Libre

los

miembros

las

leyes

de

la

penales

Al mismo tiempo, reiteró

Ejercicio

protegía

contra

la

imposición del Gobierno de impedimentos especiales a base

de puntos de vista religiosos o por el estado religioso.167

Ahora

Tribunal

bien,

Supremo

al

tenor

federal

de

la

resolvió

doctrina

en

citada,

Trinity

el

Lutheran

Church of Columbia, Inc. v. Comer, supra, que la política

Lyng v. Northwest Indian Cemetery Protective Association, 485 US

439, 449 (1988).

165

166

Íd.

Employment Division, Department of Human Resources of Oregon v.

Smith, 494 US 872, 877 (1990).

167

CT-2018-0006

29

del Departamento de denegar a las organizaciones religiosas

sus subvenciones violó la Cláusula de Libre Ejercicio de la

Primera Enmienda de la Constitución federal.

Ello, debido

a que discriminaba únicamente contra organizaciones a base

de su carácter religioso, organizaciones que de otro modo

hubiesen sido elegibles.168 Es decir, la ley no necesitaba

impedir

que

la

organización

religiosa

practicara

su

religión, pues era suficiente que la ley le negara a una

organización religiosa la misma oportunidad de competir por

un beneficio que de otro modo estaría disponible para todas

las organizaciones seculares.

Al evaluar las disposiciones de la Ley 85 respecto a

las

Escuelas

Públicas

Alianza,

al

tenor

de

jurisprudencia federal, me surgió una preocupación.

la

Esto,

específicamente, en cuanto al Art. 13.02 de la Ley 85 que

define

una

Escuela

Pública

Alianza

como

“una

escuela

pública, no sectaria y sin fines de lucro, que operará bajo

la supervisión del Secretario, de conformidad con la Carta

Constitutiva

y

por

el

ordenamiento

jurídico

vigente”.

(Énfasis suplido). Ello, pues la ley limita a las Escuelas

Públicas Alianza a instituciones que no tengan alguna base

religiosa.

Es decir, si alguna entidad religiosa sin fines

de lucro que cumpliera con todos los estándares requeridos

por el Departamento de Educación estuviera interesada en

contratar con el Gobierno para operar una Escuela Pública

Alianza, ésta sería descartada inmediatamente por el solo

hecho de tener una base religiosa.

168

Trinity Lutheran Church of Columbia, Inc. v. Comer, supra.

CT-2018-0006

30

Evidentemente,

esto

es

contrario

a

lo

resuelto

recientemente por el Tribunal Supremo federal en Trinity

Lutheran Church of Columbia, Inc. v. Comer, supra, donde se

aclaró que discriminar contra entidades únicamente por su

carácter religioso contraviene la Primera Enmienda de la

Constitución federal.

Esa práctica violaría la libertad de

culto de las organizaciones discriminadas pues, como se

explicó en Trinity, para que una entidad religiosa sea por

lo menos considerada para contratar con el Estado y así

administrar

abandonar

una

sus

Escuela

prácticas

Pública

Alianza,

religiosas.

tendría

Por

lo

que

tanto,

considero que esa parte de la ley no supera el escrutinio

estricto

para

Trinity

el

sostener

Tribunal

su

validez.

Supremo

Esto,

declaró

porque

si

en

inconstitucional

un

estatuto que discriminaba contra una entidad religiosa al

no permitirle recibir una ayuda o donación condicionada al

cumplimiento de unos requisitos, cuanto más con la Ley 85,

en

donde

la

entidad

religiosa

no

estaría

buscando

un

donativo o asignación graciosa, sino el derecho a competir

como todos los demás en la búsqueda de que se contraten sus

servicios.

III

Como ya adelanté, no tengo dudas con relación a que

no

solo

el

significado

“sostenimiento”,

sino

la

lexicológico

evidencia

de

la

palabra

histórica-jurídica

demuestra que lo que los Delegados constituyentes buscaron

prohibir al redactar la referida Cláusula de Sostenimiento

es que el Estado no hiciera aportaciones o asignaciones

CT-2018-0006

graciosas

31

a

significado

entiende

instituciones

literal

como

una

de

la

privadas.

Esto

es,

el

palabra

“sostenimiento”

se

ayuda

o

mantenimiento

graciosamente a alguien o algo.

otorgado

Por otra parte, y en

cuanto a las Escuelas Públicas Alianza, también es claro

que

la

relación

económica

que

permite

la

erogación

de

fondos públicos se autoriza sobre la base de un contrato de

servicios y no como una aportación o ayuda gratuita.

La

pregunta

que

esa

relación

contractual

redactores

de

corresponde

en

es

la

nuestra

¿estaba

mente

o

contemplada

intención

Constitución

al

de

los

plasmar

la

prohibición que establece la Cláusula de Sostenimiento? ¿Lo

que buscaban era evitar que el Gobierno contratara con una

institución privada educativa? Si así hubiera sido, ¿por

qué no lo señalaron expresamente? De hecho, los Delegados

constituyentes

no

establecieron

expresamente

una

prohibición a contratar en circunstancias como las del caso

de

autos,

mencionada

aun

cuando

tal

relación

jurídica

expresamente

por

estos

otra

en

sí

parte

fue

de

la

Constitución, esto es, en la Sec.10, Art. VI de nuestra Ley

Suprema.169

De

manera

que

los

términos

“contratista”

“contrato” no son extraños al lenguaje de la Constitución.

169

La Sec. 10, Art. VI de nuestra Carta Magna señala lo siguiente:

Ninguna

ley

concederá

compensación

adicional

a

un

funcionario, empleado, agente o contratista por servicios

al gobierno, después que los servicios hayan sido prestados

o después que se haya formalizado el contrato. Ninguna ley

prorrogará el término de un funcionario público ni

disminuirá su sueldo o emolumentos después de su elección o

o

CT-2018-0006

32

Ahora bien, ¿podríamos llegar a la conclusión de que,

aunque no lo utilizaron expresamente en la cláusula en

cuestión, el término “contratación” o un equivalente se

encontraba inmerso en la expresión “sostenimiento”?

Me

parece que tal interpretación sería una claramente forzada

y errónea, en vista del claro significado lexicológico de

la

palabra

jurídica

“sostenimiento”

que

envolvió

la

y

la

evidencia

redacción

de

la

histórica-

cláusula.

A

contrario sensu, me parece que la inclusión expresa de la

palabra

“sostenimiento”

mantenimiento

o

sustento,

“contratación”.

Me

como

sinónimo

de

ayuda,

excluye

claramente

el

término

sabemos,

la

mención

explico.

Como

específica de una cosa implica generalmente la exclusión de

otras (expressio unius est exclusio alterius). Esta regla

de

hermenéutica

determinar

la

legal

tiene

intención

del

como

propósito

legislador.170

La

principal

misma

es

inaplicable cuando la intención legislativa surge de otra

manera, cuando su aplicación conflige con el pensamiento

del

legislador

y

cuando

seguirla

puede

situaciones incompatibles o injustas.171

discusiones

del

Diario

de

Sesiones

conducir

a

Al analizar las

de

la

Convención

nombramiento. Ninguna persona podrá recibir sueldo por más

de un cargo o empleo en el gobierno de Puerto Rico.

Art. VI, Sec. 10, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, págs.

448-449.

R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de

las leyes en Puerto Rico, San Juan, Pubs. JTS, 1987, pág. 345.

170

171

Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam., 154 DPR 742 (2001).

CT-2018-0006

33

Constituyente no encuentro ninguna expresión, aunque fuera

somera, que me lleve a pensar que la intención de los

Delegados

constituyentes

fuese

prohibir

que

el

Estado

pudiera contratar con una institución educativa privada.

Tampoco la concepción de tal relación contractual parece

confligir con el pensamiento de alguno de los Delegados

constituyentes.

Y,

por

último,

evidentemente

la

construcción hermenéutica que aquí se hace del término no

conduce

a

incompatibilidad

o

injusticia

alguna.

Por

el

contrario, es claro que mediante lo que hoy resolvemos se

le da el aval constitucional a una política implementada

por las ramas constitucionales hermanas, que busca que se

adelante el mandato constitucional del derecho fundamental

a

la

educación

de

los

niños

y

jóvenes,

mediante

la

contratación de un modelo nuevo que se presume mejor, como

son

las

Escuelas

Públicas

Alianza.

Además,

esta

interpretación permite que la Ley. 85 provea, mediante el

Programa de Libre Selección de Escuelas, ayuda a sectores

vulnerables,

tales

especiales,

dotados

como

o

con

estudiantes

problemas

con

de

necesidades

disciplina,

a

quienes se les ha coartado su derecho a la educación debido

a la situación de precariedad económica que enfrentamos en

el País.

No hay duda de que, en la correcta aplicación de

expressio

unius

est

exclusio

alterius,

la

expresión

“sostenimiento” excluye necesariamente la “contratación”.

IV

No albergo dudas de que la intención de la Ley 85,

mediante sus programas Escuelas Públicas Alianza y Libre

CT-2018-0006

Selección

34

de

Escuelas,

es

la

contratación

directa

indirecta, respectivamente, de servicios educativos.

e

Ya

sea, como se concluye en la Sentencia de esta Curia, que

los fondos públicos se utilicen para la contratación de

entidades que en realidad son públicas (Escuelas Públicas

Alianzas) o de escuelas privadas que serán las receptoras

finales del dinero otorgado a los padres (Libre Selección

de Escuelas), lo cierto es que el receptor final de los

fondos públicos está obligado a rendir unos servicios.

En

realidad, de eso trata este caso: de una ley que permite la

erogación de fondos públicos, no como una donación, ayuda o

aportación

graciosa

a

como

las

el

entidades

reciben,

sino

servicios

prestados.

De

definición

final

demos

que

pago

educativas

-directo

manera

a

o

que,

la

que

la

indirecto-

de

sea

entidad

cual

sea

la

que

dará

el

servicio, el hecho es que tal relación contractual escapa

al lenguaje de nuestra Cláusula de Sostenimiento.

Como

expresamos

en

Asoc.

Maestros

P.R.

v.

Srio.

Educación, 137 DPR 528, 547-548 (1994), “[l]a cláusula del

sostenimiento

impide

que

el

Estado

ayudas o apoyo a una escuela privada”.

provea

beneficios,

(Énfasis suplido).

Así, al dar un ejemplo de lo anterior, en aquella ocasión

utilizamos expresamente la prohibición de una asignación

graciosa de fondos del erario, al señalar que “el Estado no

podría

asignar

fondos

públicos

para

la

construcción

de

escuelas privadas”.172 En ningún momento señalamos allí que

la institución educativa privada no pudiera contratar con

172

Asoc. Maestros P.R. v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 547-548 (1994).

CT-2018-0006

el

Estado

35

para

rendir

sus

servicios

administrativos

educativos.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

y

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación

Maestros, et al.

de

Recurrida

v.

CT-2018-006

Departamento

Educación, et al.

de

Certificación

Intrajurisdiccional

Peticionaria

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor

ESTRELLA MARTÍNEZ a la cual se une el Juez Asociado señor

RIVERA GARCÍA

San Juan, Puerto Rico, a 9 de agosto de 2018.

“Until we get equality in education, we

won’t have an equal society”

Hon. Sonia Sotomayor173

Este caso de alto interés público requiere sopesar un

derecho fundamental y una restricción estatal contenidos

en una misma sección de la Constitución de Puerto Rico.

Ese ejercicio requiere, a su vez, integrar otras garantías

esenciales, tales como la igualdad. En consecuencia, voto

por

otorgarle

mayor

peso

al

derecho

fundamental

a

la

educación que tiene todo niño o niña de Puerto Rico y

proveerle igualdad de oportunidades educativas. Voto por

no mantener como rehenes a los niños y niñas de educación

especial, a los atletas, los pobres o los estudiantes

173Mensaje

de la Hon. Sonia Sotomayor en ocasión de

haber sido galardonada con el premio de diversidad,

otorgado por el Philadelphia Bar Association (2011).

CT-2018-006

2

dotados en un sistema de educación que por décadas ha

demostrado su incapacidad para satisfacerles plenamente su

derecho fundamental a la educación. Negarle a esos niños y

niñas que puedan maximizar su derecho fundamental a la

educación,

sería

sostener

una

especie

de

“apartheid

educativo”. Hoy la igualdad de oportunidades y el derecho

a

la

educación

consideraciones

tienen

que,

aunque

mayor

no

peso

deben

sobre

ser

otras

desechadas

livianamente, no pueden ser impedimento para evitar que

esas garantías constitucionales queden meramente escritas

en una piedra, como epitafio de la inacción en la búsqueda

una mejor educación en Puerto Rico. Me explico.

Nuestra Constitución establece claramente que “[t]oda

persona tiene derecho a una educación que propenda al

pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento

del respeto de los derechos del hombre y de las libertades

fundamentales”. Art. II, Sec. 5, Const. ELA, Tomo 1, pág.

292. Esta premisa es tajante en reconocer que toda persona

tiene el derecho a recibir una educación de excelencia.

Más adelante, en esa misma sección, se dispone lo siguiente:

Habrá un sistema de instrucción pública el cual

será

libre

y

enteramente

no

sectario.

La

enseñanza será gratuita en la escuela primaria y

secundaria y, hasta donde las facilidades del

Estado lo permitan, se hará obligatoria para la

escuela primaria. La asistencia obligatoria a las

escuelas públicas primarias, hasta donde las

facilidades del Estado lo permitan, según se

dispone en la presente, no se interpretará como

aplicable a aquellos que reciban instrucción

primaria en escuelas establecidas bajo auspicios

no gubernamentales. No se utilizará propiedad ni

fondos públicos para el sostenimiento de escuelas

o instituciones educativas que no sean las del

CT-2018-006

3

Estado. Nada de lo contenido en esta disposición

impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier

niño servicios no educativos establecidos por ley

para protección o bienestar de la niñez. (Énfasis

suplido) Íd.

Acorde a ello, la controversia en este caso consiste

en determinar si los programas establecidos en la Ley de

Reforma Educativa de Puerto Rico, Ley Núm. 85-2018, están

en

contravención

con

esa

disposición

constitucional.

Principalmente, debemos resolver si los modelos creados en

esa Ley son inconstitucionales por el fundamento de usar

fondos

públicos

para

el

sostenimiento

de

entidades

privadas. Conforme a lo que adelanté al momento en que

este Tribunal certificó el caso de epígrafe, ciertamente,

concluyo que no hay tal violación. La política pública que

establece la Ley Núm. 85-2018, la cual instrumenta los

nuevos modelos de Escuelas Públicas Alianza y la Libre

Selección de Escuelas, persigue el propósito de equiparar

las diferencias de los sectores vulnerables que no han

alcanzado

decir,

la

plenitud

persigue

darle

del

vida

derecho

y

a

la

eficacia

educación.

Es

concreta

la

a

garantía constitucional de que toda persona tenga derecho

a una educación que propenda al pleno desarrollo de su

personalidad

y

al

fortalecimiento

del

respeto

de

los

derechos del ser humano y de las libertades fundamentales.

Así, al implementar esos modelos educativos, el Estado

atiende la problemática del sistema público de enseñanza

con estrategias nuevas en nuestra jurisdicción.

CT-2018-006

4

Al examinar la legislación conforme a la Constitución

y a la Convención Constituyente, resulta claro que lo que

realmente se quiso prohibir en nuestra Carta Magna fue la

ayuda directa a las escuelas privadas. También surge de

los

debates,

“que

no

está

prohibido

y

no

significa

sostenimiento el hecho de que el Estado otorgue becas a

estudiantes de escuelas privadas, siempre y cuando esas

becas no vayan dirigidas a sustituir el sistema público de

educación”. M.J. Figueroa Morales, La constitucionalidad

de

los

nuevos

vales

educativos,

35

Rev.

Der.

Puertorriqueño 171, 196 (1996).

A esos efectos, me hago eco de lo siguiente:

Nuestra

Constitución

no

debe

ser

interpretada como que prohíbe terminantemente la

ayuda a una institución educativa privada.

Nuestra Constitución NO la prohíbe: la regula y

la permite en tanto y en cuanto esa ayuda no se

convierta en sostenimiento. Meramente ayudar a

cumplir la misión educativa de una institución no

debe ser catalogado como sostenimiento. Este es

un concepto mucho más amplio, ya que sostener

implica que se depende de una ayuda para poder

subsistir.

. . . .

Entendemos que para definir lo que realmente

significa

sostener

instituciones

educativas

privadas con fondos públicos se debe analizar las

implicaciones de la actuación estatal y ver sus

posibles consecuencias, no desde un punto de

vista idealista, sino desde una perspectiva

pragmática y sin hipérboles jurídicas . . . .

Es evidente que convertir una escuela

privada en hija del estado violaría nuestra

Constitución.

Pero

una

ayuda,

aunque

potencialmente pueda ser sustancial, pero que

nunca podrá llegar a ser de tal magnitud que haga

que las escuelas privadas participantes dependan

de ella para su existencia como entes

educativos independientes, no puede ser

CT-2018-006

5

definida en buen Derecho como sostenimiento.

Figueroa Morales, supra, págs. 196-197.174

Como bien expuse desde el principio de este caso,

considero válido el modelo de Libre Selección de Escuelas

en

su

totalidad.

Los

fundamentos

expuestos

por

el

Gobierno de Puerto Rico, a la luz de lo pautado por el

Tribunal Supremo Federal y del contexto histórico de la

crisis

educativa

ameritan.

Véase,

que

experimenta

Trinity

Lutheran

Puerto

Rico

Church

of

así

lo

Columbia,

Inc. v. Comer, 582 U.S. ___ (2017), 137 S. Ct. 2012;

Zelman

v.

Simmons

Harris,

536

U.S.

369

(2001).

Este

programa ofrece una alternativa adicional en la cual los

sectores vulnerables tendrán la oportunidad de una real

igualdad

en

el

acceso

a

la

educación

obteniendo

un

subsidio mediante becas.

A diferencia de lo planteado por los recurridos, la

Ley

Núm.

85-2018,

Selección

de

por

Escuelas,

medio

no

del

programa

sostiene

a

las

de

Libre

escuelas

privadas ni prohíbe que los estudiantes se matriculen en

escuelas públicas. Nótese que los certificados de ayuda

económica

serán

otorgados

directamente

a

los

padres

y

estos podrán utilizarlo tanto en escuelas públicas como

en

escuelas

privadas,

e

incluso

en

universidades.

Los

padres, conforme el derecho que tienen para tomar las decisiones en

174Para

una abarcadora y adecuada discusión del

historial de la Convención Constituyente, véase la Opinión

emitida por el Juez Asociado señor Rivera García.

CT-2018-006

6

cuanto a la crianza de sus hijos, decidirán en qué entidad

educativa utilizar el dinero concedido por medio del

programa.175 De esa forma, el Estado se aseguró de no

favorecer

indebida

privadas.

Además,

ni

el

directamente

programa

no

a

las

presta

escuelas

una

ayuda

sustancial en la cual, en efecto, sostenga las escuelas.

Por

su

parte,

el

Programa

de

Escuelas

Públicas

Alianza serán operadas por entidades sin fines de lucro

que estarán certificadas, supervisadas y fiscalizadas por

el Departamento de Educación. Además, la Ley es clara en

que esas escuelas formarán parte del sistema de educación

público

gratuito

y

no

sectario.

Por

tanto,

según

lo

dispone la propia ley, no veo impedimento alguno a que

una

organización

sin

fines

de

lucro

desee

aportar

su

estructura y capital humano para establecer una alianza

con el Departamento de Educación. A fin de cuentas, este

modelo no se aleja de la contratación tradicional que

realiza esa agencia con multiplicidad de proveedores de

175En

este caso, al igual que en la reciente

controversia sobre el cierre de escuelas, el derecho de

crianza de los padres sobre sus hijos está igualmente

presente. Véase, Opinión Disidente emitida por el Juez

Asociado señor Estrella Martínez en Meléndez De León, et

al. v. Hon. Julia Keleher et al., res. el 16 de julio de

2018, 2018 TSPR 126. Consecuentemente, he reconocido la

presencia de este derecho y en este caso identifico que el

Estado lo observa e implanta a través de mecanismos que

promueven

la

igualdad

de

oportunidades

educativas,

mientras que en el proceso de cierre de escuelas no se

tomó en cuenta ese derecho y, por el contrario, no se

brindó

la

participación

adecuada

para

ejercerlo

debidamente.

CT-2018-006

7

servicios educativos. De esa forma, se procura promover

una

igualdad

de

oportunidades

educativas,

tal

como

lo

procura el modelo de Libre Selección de Escuelas.

Sin

embargo,

hago

hincapié

en

que

la

segunda

vertiente del Programa de Escuelas Públicas Alianza --en

el

cual

una

escuela

pública

de

nivel

elemental

o

secundario existente, cuya operación y administración es

transferida a una Entidad Educativa Certificada-- debe

mantener la naturaleza pública de la escuela. Así como

dispone la propia ley, los empleados públicos de esas

escuelas

“heredadas”

no

pueden

ser

obligados

de

forma

automática a perder su interés propietario en sus empleos

públicos

y

convertirse

en

empleados

privados

de

la

entidad. Conforme al Art. 13.08, esa transición debe ser

un

ejercicio

todo

ello,

concluyo

voluntario

y

tras

que

administración,

un

de

los

análisis

estamos

meramente

en

cual

el

propios

empleados.

Por

detenido

de

la

ley,

ante

contrato

de

la

un

nueva

entidad

podrá

integrar su personal, recursos y capital. Efectivamente,

esos contratos de administración son necesarios, al tener

en

cuenta

la

realidad

operacional

actual

del

sistema,

para equiparar las diferencias de sectores vulnerables.

Como

validar

bien

los

dispuse

modelos

al

certificarse

establecidos

en

la

este

caso,

Ley

le

al

damos

preminencia al principio de la igualdad y brindamos mayor

contenido

a

esa

garantía,

permitiendo

oportunidades

reales, en la que estudiantes dotados, atletas destacados

CT-2018-006

8

y los de escasos recursos, entre otros, podrán alcanzar

la plenitud de su derecho fundamental a la educación.

Asimismo, ante el inminente cierre y consolidación de

escuelas que fue validado en Meléndez De León, et al. v.

Hon. Julia Keleher et al., res. el 16 de julio de 2018,

2018 TSPR 126, considero que estos programas incluidos en

la ley son alternativas para paliar con las barreras que

acechan el derecho a la educación.

Ante ese cuadro, estoy conforme con la decisión en

este caso, ya que al validar la Ley Núm. 85-2018 le damos

contenido

reconocemos

sustantivo

que

al

existen

derecho

a

la

garantías

para

educación

los

y

diferentes

componentes de la comunidad escolar. A diferencia de la

normativa

administrativa

aplicada

en

el

cierre

de

escuelas por el Departamento de Educación, la cual a mi

juicio

no

contenía

unas

garantías

procesales

y

sustantivas para los diversos componentes de la comunidad

escolar,176 la Ley Núm. 85-2018 contiene expresamente unas

garantías dirigidas a preservar los derechos adquiridos

por los maestros y maestras del sistema. Ello, pues de la

propia ley surge que no se podrán afectar los derechos de

los maestros y maestras de escuelas públicas existentes

que sean certificadas como Escuelas Públicas Alianza. El

balance de intereses así lo exige. Por todo lo anterior,

estoy conforme con la determinación de este Tribunal de

176Véase,

Opinión disidente emitida por el Juez

Asociado señor Estrella Martínez en Meléndez De León, et

al. v. Hon. Julia Keleher et al., supra.

CT-2018-006

9

revocar al Tribunal de Primera Instancia. Considero que

la Ley Núm. 85-2018 es válida de su faz, sin perjuicio de

que,

si

en

su

aplicación

vulnera

esas

garantías

a

componentes de la comunidad escolar, las puertas de la

Rama Judicial estén abiertas para atender tales reclamos.

Esperemos

que

independientemente

ello

no

del

ocurra.

desenlace

Ahora

laboral

que

bien,

puedan

protagonizar el Departamento de Educación como patrono

con

los

mantener

maestros

de

beneficiarse

y

rehenes

de

maestras

a

nuevas

los

y

empleados,

no

procede

estudiantes

que

buscan

mejores

oportunidades

educativas.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Maestros, et

al.

Recurridos

Núm. CT-2018-0006

v.

Departamento de Educación,

et al.

Peticionarios

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez a la que se unen la Jueza Presidenta

Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón Pérez

San Juan, Puerto Rico, a 9 de agosto de 2018.

La Convención Constituyente

no

perturbó

la

delicada

arquitectura

de

estas

recomendaciones.

Por

el

contrario, hizo aún más clara

su voluntad de cerrar todo

camino a la utilización de

fondos

públicos

para

el

sostenimiento o beneficio de

escuelas

privadas,

confesionales o laicas, o de

institución sectaria alguna,

excepto al grado en que éstas

pudiesen

derivar

provecho

indirectamente de servicios

no educativos ofrecidos para

protección o el bienestar de

la niñez.177

Mediante la sentencia y las opiniones de conformidad

que se emiten durante el día de hoy, se determina que la

concesión

de

certificados

a

estudiantes

del

sistema

de

educación para que éstos puedan matricularse en escuelas

José Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Vol.

III, en la pág. 179 (Ed. U.P.R. 1982) (énfasis suplido).

177

CT-2018-0006

2

privadas no constituye un desembolso de fondos públicos

para

sufragar

los

gastos

de

una

educación

privada.

Asimismo, se determina que la cláusula de sostenimiento

contenida

en

nuestra

Constitución

permite

que

se

establezcan escuelas que sean operadas y administradas por

entidades ajenas al Departamento de Educación. Con este

proceder, producto de un infausto ejercicio de revisionismo

histórico,

se

trastocan

los

cimientos

de

esa

delicada

arquitectura instaurada por nuestros constituyentes y se

abre, en definitiva, ese camino vedado a la utilización de

fondos

públicos

para

-irónicamente-

privatizar

nuestro

sistema de educación.

Las disposiciones legislativas en controversia y el

recuento

del

tracto

procesal

de

este

caso

están

comprendidos íntegramente en las opiniones de conformidad.

No obstante, la interpretación desafortunada de la cláusula

constitucional de sostenimiento que hace una mayoría y la

revocación indeliberada de un precedente judicial de este

Tribunal,

como

artilugio

para

alcanzar

el

resultado

deseado, me compele a exponer en detalle los fundamentos

sustantivos de mi disenso.

Los errores conceptuales y desaciertos jurídicos de

los

integrantes

propensión

de

la

mayoría

indebida

al

criterio

no

sólo

general

evidencian

de

las

una

ramas

políticas, sino que, además, reflejan un afán desmedido por

desentrañar los significados e interpretaciones que mejor

se adaptan a la conclusión que se proponen adelantar. En

este ejercicio retórico, y hasta tautológico, el criterio

mayoritario

contrapone

los

términos

“sostenimiento”

y

CT-2018-006

3

“sustitución”

para

escuelas

que

operarán

lucro

no

serán

y

concluir

que

como

el

establecimiento

organizaciones

administradas

por

el

sin

de

fines

de

Departamento

de

Educación no tiene el efecto de sustituir o suplantar las

escuelas públicas, por lo que no se configura una violación

a la cláusula de sostenimiento de nuestra Constitución.

De igual forma, como parte de una semántica discursiva

difusa,

la

mayoría

“beneficio”

con

parece

equiparar

“sostenimiento”

y

los

señala

términos

que

“todo

sostenimiento equivale a que exista un beneficio” y que los

constituyentes

entendieron

que

“el

término

‘beneficio’

estaba inmerso dentro de la palabra ‘sostenimiento’”. Op.

de

Conformidad

(J.

Rivera

García)

en

la

pág.

39.

Sin

embargo, a pesar de abordarlos como sinónimos inicialmente,

la

mayoría

entiende

que

el

beneficio

que

suponen

los

certificados para la libre selección de escuelas privadas

no

constituye

el

tipo

de

sostenimiento

que

proscribe

nuestra Constitución. En cuanto a esto, la mayoría apoya la

conclusión que consiste en que, para que se configure una

violación a la cláusula de sostenimiento “el beneficio que

se conceda debe llegar al punto de sostener la entidad

privada”. Id. en la pág. 44. Inextricablemente, se subraya

que, “un beneficio debe llegar a tal grado que sostenga,

más aún, que sustituya”. Id. (Énfasis en original). Así,

pues,

a

pesar

contribución

de

o

que

los

asistencia

certificados

económica

redundan

a

las

en

una

escuelas

privadas, la mayoría parece entender que, hasta tanto la

totalidad

de

los

estudiantes

de

dichas

escuelas

sea

subvencionada por los referidos certificados, no se estará

CT-2018-006

4

ante un sostenimiento, sino ante un simple beneficio. Es

decir, si en una escuela privada cuya matrícula es de 500

estudiantes y sólo 499 de éstos reciben “certificados de

ayuda”,

no

cabe

escuela

privada

hablar

en

de

que

violación

el

al

Estado

texto

sostiene

esa

constitucional,

porque hay un estudiante que no recibe tal ayuda. Así de

desatinado e incongruente es el “razonamiento mayoritario.”

Por último, a pesar de caracterizar la cláusula de

sostenimiento

como

una

autóctona

y

aclarar

que,

a

diferencia de la de establecimiento, su enfoque es uno

“estrictamente

económico”,

jurisprudencia

federal

confusamente

se

alude

interpreta

esa

cláusula

que

a

religiosa para explicar que, “en el ámbito jurídico, el

término tiene su origen en la jurisprudencia federal que

considera

el

sostenimiento

establecimiento”.178

Id.

en

(support)

la

pág.

como

una

forma

22.

Así,

de

algunos

integrantes de este Foro recurren a casuística federal en

la

que

se

avaló

el

uso

de

vales

educativos

fundamento de que éstos eran neutrales hacia

bajo

el

todas las

Como se discute posteriormente, la palabra “support”, es

una traducción adecuada para la palabra “sostenimiento”.

Justo por ello, la definición de la Real Academia Española

citada por la mayoría de “sostener” incluye entre sus

acepciones “proveer apoyo”. Sin embargo, el uso de

“support” por parte en el razonamiento mayoritario es

incompatible con la definición que finalmente formulan de

lo que constituye un sostenimiento conforme a la cláusula

objeto de su análisis. Como se expone a lo largo de este

disenso, las incongruencias semánticas de la mayoría al

momento

de

interpretar

el

alcance

de

la

palabra

“sostenimiento” develan una metodología adjudicativa que

parece responder a esa infame máxima política –y no

judicial- a los efectos de que “el fin justifica los

medios”.

178

CT-2018-006

religiones.

5

Ciertamente,

dicha

casuística

es

del

todo

inaplicable a la controversia ante nuestra consideración,

puesto que no existe una disposición homóloga a nuestra

cláusula de sostenimiento en la Constitución federal y el

enfoque

de

la

cláusula

de

establecimiento

es,

evidentemente, uno estrictamente religioso. Confundir una

con otra, como en la práctica hace la mayoría, pone de

manifiesto un patente enredo de espíritu.

La

privatización

acompasada

de

nuestro

sistema

de

enseñanza pública que se viabiliza mediante la legislación

que

hoy

se

valida,

se

asienta

en

una

transgresión

al

mandato constitucional el cual, sin ambages, establece que,

“[n]o se utilizará propiedad ni fondos públicos para el

sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no

sean las del Estado”. Art. II, Sec. 5, Constitución de

Puerto Rico, L.P.R.A. Tomo 1, Ed. 2008, en la pág. 292 (en

adelante,

Const.

P.R.).

De

esta

forma,

y

mediante

una

interpretación artificiosa, la mayoría emascula el texto

constitucional y hace suya la tesis de privatización que

subyace la llamada Reforma Educativa, tesis que se sustenta

sobre la premisa de “socializar las pérdidas y rifar las

ganancias.”

Manolo Núñez Negrón, La tiza y la pizarra, 28

de

de

abril

2018,

https://www.elnuevodia.com/opinion

/columnas/latizaylapizarracolumna-2416358/ (última visita 9

de agosto de 2018).

I.

Como antesala a una discusión sustantiva del criterio

mayoritario, y en atención a los fundamentos jurídicos y la

metodología adjudicativa empleada por algunos integrantes

CT-2018-006

6

de la mayoría para disponer del presente caso, me veo en la

obligación

de

discutir,

doctrinas

básicas

incompatibilidad

del

del

si

bien

brevemente,

federalismo.

Éstas

razonamiento

mayoritario

ciertas

evidencian

con

la

el

resultado al cual arriban. Una vez más, una mayoría recurre

a la práctica irreflexiva de aplicar, sin un

verdadero

rigor metodológico, precedentes federales para analizar una

controversia

al

amparo

de

una

cláusula

constitucional

que,

en

un

que

de

una

cláusula

autóctona.

Resulta

interpretar

insólito

el

alcance

caso

requiere

inherentemente

puertorriqueña, una mayoría entienda apropiado referirse a

un sinnúmero de decisiones del Tribunal Supremo de Estados

Unidos

que

interpretan

una

disposición

constitucional

distinta, presuntamente “para propósitos ilustrativos”. Op.

de Conformidad (J. Rivera García), en la pág. 30.

Con

relación

a

la

interacción

entre

las

cortes

estatales y federales, el ex Juez Asociado del Tribunal

Supremo de Estados Unidos, William J. Brennan Jr., publicó

en los años setenta un artículo célebre mediante el cual

hizo un llamado a las cortes estatales estadounidenses a

interpretar

sus

propias

constituciones

de

manera

independiente a la Constitución federal con el propósito de

ampliar la protección de los derechos individuales. Véase

William

J.

Protection

Brennan,

of

Jr.,

Individual

State

Rights,

Constitutions

and

the

90

Rev.

489

Harv.

L.

(1977). La tesis central del escrito dio paso al movimiento

llamado nuevo federalismo judicial o state constituionalism

movement,

cuyo

propósito

ha

sido,

entre

otras

cosas,

CT-2018-006

7

proponer teorías interpretativas para examinar situaciones

en las cuales las cortes estatales se enfrentan a derechos

reconocidos tanto a nivel estatal como federal y/o cuando

interpretan un derecho que no tiene una contraparte en la

Constitución federal. Véase en general, Robert F. Williams,

In the Glare of the Supreme Court: Continuing Methodology

and Legitimacy Problems in Independent State Constitutional

Rights Adjudication, 72 Notre Dame L. Rev. 1015 (1997).

Proponentes de este movimiento han señalado con gran

acierto que “an underappreciation of state constitutional

law has hurt state and federal law and has undermined the

appropriate balance between state and federal courts in

protecting

individual

liberty”.

Imperfect

Solutions:

States

Constitutional

Law

6

Jeffrey

and

(Oxford

the

S.

Sutton,

Making

of

State

Press,

2018)

University

51

(énfasis suplido). Cónsono con esta visión, se ha indicado

que, como “mínimo irreductible”, las cortes estatales deben

impartirle contenido propio a sus constituciones respetando

así sus trasfondos constitucionales particulares, al igual

que las tradiciones legales que las inspiraron. Id. en la

pág. 189.

Según

este

acercamiento

a

la

distribución

de

soberanías entre el gobierno federal y los estados, cuando

la cláusula a interpretarse no tiene una contraparte en la

Constitución

federal

-como

ocurre

con

la

cláusula

de

sostenimiento objeto de análisis en el presente caso- hay

un

consenso

en

que

la

interpretación

de

ese

tipo

de

cláusulas conllevará un análisis particularizado sobre el

alcance del derecho que se reconozca o la prohibición que

CT-2018-006

8

en ésta se le imponga al gobierno. Ello, sin necesidad de

recurrir a la jurisprudencia de la esfera federal. Véase

Ann M. Lousin,

Justice Brennan's Call to Arms-What Has

Happened Since 1977?, 77 Ohio St. L.J. 387, 395-99 (2016).

En el contexto específico del Estado Libre Asociado de

Puerto

Rico,

esta

discusión

ha

sido

enmarcada

en

un

reconocimiento de que nuestra Constitución, en particular

su Carta de Derechos, es de “factura más ancha” que la

Constitución federal. Véase Ernesto L. Chiesa, Los derechos

de los acusados y la factura más ancha, 65 Rev. Jur. U.P.R.

83

(1996).

A

lo

largo

de

nuestra

historia,

esta

interpretación ha propiciado el reconocimiento de derechos

que

no

necesariamente

proveyendo

nuestra

así

mayores

ciudadanía.

existen

en

la

protecciones

Tatiana

esfera

federal,

individuales

Vallescorbo

para

Cuevas,

Interpretando la factura más ancha, 46 Rev. Jur. U.I.P.R.

303

(2012).

Lamentablemente,

en

los

últimos

años,

una

mayoría de este Tribunal, ha reducido sustancialmente el

alcance de las protecciones y los derechos individuales que

nuestra

Constitución

contempla.

Ejemplo

de

ello

es

el

análisis que hoy suscribe una mayoría.

En Pueblo v. Díaz Medina, una mayoría de los miembros

de este Tribunal adoptó, mediante dictum, una metodología

para

dilucidar

reduccionismo

controversias

judicial.

El

ex

similares

Juez

anclada

Presidente

en

el

Hernández

Denton criticó la adopción de esa metodología y denunció

que ésta “no toma en consideración la tradición histórica

del

federalismo

y

la

interacción

dinámica

entre

el

constitucionalismo federal y estatal, la cual ha permitido

CT-2018-006

9

que la democracia en Estados Unidos sobreviva y prospere

por más de dos siglos”. Pueblo v. Díaz Medina, 176 D.P.R.

601, 656 (2009) (J. Hernández Denton, Op. Disidente). Con

la sentencia que se certifica en el día de hoy, la mayoría

olvida, nuevamente, cómo la Constitución federal reconoce

“un gran margen para que los tribunales supremos estatales

interpreten las garantías de sus respectivas Constituciones

con

mayor

amplitud

enunciados

en

y

algunos

a

la

de

vanguardia

los

de

los

preceptos

dictámenes

del

Tribunal

Supremo de Estados Unidos. Esa es la virtud del federalismo

estadounidense

tan

preciado

por

sus

ciudadanos”.

Id.

(énfasis en original).

Uno

de

los

integrantes

de

la

mayoría

señala

que

“contrario a la Constitución federal, nuestra Constitución

es más extensiva y abarcadora. Contamos con una disposición

autóctona,

la

cláusula

de

sostenimiento.”

Op.

de

Conformidad (J. Rivera García), en la pág. 33. Sin embargo,

en

su

análisis

e

interpretación

de

nuestro

texto

constitucional, se divaga entre impartirle contenido propio

a esa cláusula autóctona y emular la jurisprudencia federal

que interpreta una cláusula distinta; a saber, la cláusula

de establecimiento de la Constitución federal. A fin de

cuentas, los Jueces y Juezas que suscriben el

criterio

mayoritario se desentienden de su ineludible deber como

intérpretes de nuestra constitución de ampliar y extender

el

alcance

de

los

derechos

que

cobijan

a

nuestra

ciudadanía.

En este caso, el derecho en juego es el derecho de

todos los niños y niñas de nuestro País a “una educación

CT-2018-006

10

que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al

fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de

las libertades fundamentales”. Art. II, Sec. 5, Const. P.R.

Nuestra constitución, contrario a la federal, garantiza la

existencia de “un sistema de instrucción pública el cual

será libre y enteramente no sectario”. Id. La mayoría, sin

embargo, parece entender que el derecho en juego es el

acceso

a

una

completamente

educación

privada,

desvinculadas

del

en

instituciones

Estado.

Validar

los

programas aquí en disputa bajo el fundamento de que éstos

amplían

las

oportunidades

educativas

y

mejoran

nuestro

sistema de educación no es más que un subterfugio para

adelantar una agenda neoliberal y libertaria a costa de

nuestra Constitución y los valores sociales y democráticos

que ésta encarna.

II.

La conclusión de una mayoría de los integrantes de

este Foro se sustenta en una interpretación de los debates

que se suscitaron durante la Convención Constituyente en lo

relativo

a

la

prohibición

contenida

en

la

precitada

cláusula de sostenimiento. Ese debate, en el marco de una

controversia parecida a la que se plantea en el caso de

epígrafe, ya había sido analizado por este Tribunal en

Asoc. de Maestros P.R. v. Srio. Educación, 137 D.P.R. 528

(1994).

En

entidad

que

recurrida,

aquella

ocasión,

también

figura

cuestionó

la

la

Asociación

en

este

caso

de

Maestros,

como

constitucionalidad

de

parte

la

disposición de la Ley de Becas Especiales y Libre Selección

de Escuelas, Ley Núm. 71 de 3 de septiembre de 1993 (18

CT-2018-006

L.P.R.A.

entre

11

sec.

otras

911

et

seq.).

Mediante

cosas,

se

pretendieron

esta

legislación,

instituir

incentivos

económicos para que los padres de estudiantes de escuelas

públicas

pudiesen

transferir

a

sus

hijos

a

escuelas

privadas.179

Al pasar juicio sobre la constitucionalidad de ese

programa de becas o incentivos

económicos, en

Asoc. de

Maestros de P.R., este Tribunal evaluó la compatibilidad de

la disposición legal que establecía esos beneficios con la

prohibición contenida en la cláusula de sostenimiento de

nuestra Constitución. En aquel momento, le correspondió a

este

Foro

impartirle

constitucional

autóctona

contenido

y

a

delimitar

esa

el

disposición

alcance

de

la

palabra “sostenimiento”. Así, el Tribunal ejerció su deber

de interpretar el texto constitucional y concluyó que el

programa

de

incentivos

económicos

establecido

por

la

legislatura y el ejecutivo creaba un esquema prohibido por

la cláusula de sostenimiento. Esto, puesto que derivaba en

la

utilización

de

fondos

públicos

para

beneficiar

instituciones académicas que eran privadas y, como tal,

De manera virtualmente idéntica a las disposiciones

sobre libre selección de escuelas que hoy se validan, el

programa de becas evaluado en Asoc. de Maestros de P.R.,

contaba con cuatro (4) modalidades de selección de escuela,

a saber: (1) el traslado de estudiantes de escuela pública

a cualquier otra escuela pública de su preferencia; (2) el

traslado de estudiantes de escuela privada a cualquier

escuela pública; (3) la provisión de incentivos monetarios

para

que

estudiantes

de

escuelas

públicas

pudiesen

transferirse a escuelas privadas, y (4) la otorgación de

permisos e incentivo para que estudiantes talentosos

tomaran cursos en instituciones universitarias.

179

CT-2018-006

estaban

12

exentas

del

control

y

la

administración

del

gobierno. Específicamente, se señaló lo siguiente:

En primer lugar, debemos notar que la

palabra “sostenimiento” no está cualificada en el

texto constitucional. Todo sostenimiento está

prohibido. Naturalmente, el problema consiste en

delimitar qué interacción entre las escuelas

privadas y el Estado es permisible y qué

cooperación

no

lo

es

por

constituir

el

sostenimiento que nuestra Constitución proscribe.

Asoc. de Maestros de P.R., 137 D.P.R. en la pág. 544.

Dado

que

cualificado,

y

el

término

“sostenimiento”

por

entender

que

la

no

estaba

prohibición

textual

parecía ser una absoluta, le correspondió a este Tribunal

delimitar

el

alcance

de

la

prohibición

y

analizar

los

debates que se suscitaron en la Convención Constituyente

para determinar en qué instancias la interacción entre el

Estado

y

las

instituciones

permisible

sin

que

se

educativas

infringiera

privadas

la

era

prohibición

constitucional de sostenimiento. Evaluado ese extremo, se

concluyó que:

Un examen del historial de los debates en la

Convención Constituyente sobre la cláusula del

sostenimiento apoya una interpretación amplia del

alcance de la prohibición.

. . .

No hay duda de que la Sec. 5 del Art. II de

nuestra Constitución, supra, no permite que el

Estado sostenga ninguna institución educativa

privada, sea religiosa o no. Su objetivo va más

allá de la separación de Iglesia y Estado,

pretendiendo proteger y fortalecer al máximo

nuestro sistema de instrucción pública frente a

toda institución educativa privada.

Id. en las págs. 544-45; 547.

A tenor con esta interpretación, el Tribunal invalidó

las

disposiciones

otorgamiento

de

legislativas

incentivos

que

económicos

permitían

el

a

de

padres

CT-2018-006

estudiantes

13

de

escuelas

públicas

para

que

asistieran

a

escuelas privadas. Fundamentó su dictamen en lo siguiente:

La cláusula del sostenimiento impide que el

Estado provea beneficios, ayudas o apoyo a una

escuela

privada.

Naturalmente,

no

estaría

prohibido por lo anteriormente expuesto que la

escuela

privada

se

beneficie

indirecta

e

incidentalmente de servicios que el Estado provee

a toda la ciudadanía, como los de policía y

bomberos. Sí estaría el Estado impedido de

prestar servicios o ayuda a una escuela privada

que, al contribuir directamente a la misión

educativa de la institución, constituyen el

sostenimiento prohibido por nuestra Constitución.

A manera de ejemplo, el Estado no podría asignar

fondos públicos para la construcción de escuelas

privadas.

Id. en las págs. 547-48.

Mediante la sentencia que se certifica hoy, se deja

sin efecto el precedente establecido en Asoc. de Maestros

de P.R.180 Ello, a pesar de que el texto constitucional

objeto de interpretación no ha sido enmendado por la Rama

Legislativa.181

Ese

proceder

representa

una

reducción

Como se indicó, la mayoría correctamente mantiene en

vigor la determinación sobre la legitimación activa de los

aquí recurridos. Concurro con esa determinación. No

obstante, tal y como expresara el ex Juez Asociado Fuster

Berlingeri en su Opinión de Conformidad en Asoc. de

Maestros de P.R. estimo que la legitimación de la

Asociación en este caso se fundamenta en los criterios

convencionales pautados para las asociaciones en nuestra

jurisprudencia. Por ello, entiendo que resulta innecesario

reproducir el esquema de análisis pautado en Flast v.

Cohen, 392 U.S. 83, 99-100 (1965), sobre la legitimación

activa de contribuyentes para pleitos incoados al amparo de

la cláusula de establecimiento federal; máxime cuando la

resolución del presente pleito se fundamenta en una

interpretación de la cláusula de sostenimiento de nuestra

Constitución. Véase Asoc. de Maestros de P.R., 137 D.P.R.

en la pág. 572 (J. Fuster Berlingeri, Op. Conformidad).

180

El profesor José Julián Álvarez González, al discutir

con aprobación la decisión del Tribunal en Asoc. de

Maestros de P.R., justamente señaló que para cualquier

181

CT-2018-006

14

inusitada y sustancial –por no decir absoluta– del alcance

y

contenido

que

se

le

impartió

a

una

cláusula

constitucional autóctona ideada para promover y fortalecer

ese

“sistema

de

instrucción

pública

.

.

.

libre

y

enteramente no sectario” y exteriorizar el compromiso más

cabal de nuestros constituyentes con el derecho de todos

los niños y niñas de nuestro País a una educación gratuita,

según lo consagrado en nuestra Constitución. Véase Art. II,

Sec. 5, Const. P.R.

La actuación de la mayoría, además, se revela como una

manifestación más de esa sagaz insistencia en no respetar

nuestros

precedentes

judiciales

cuando

éstos

no

se

atemperan o divergen de la formulación de política pública

de gobiernos afines.182 Esta actitud obcecada y del todo

incompatible con nuestra función como Jueces y Juezas de

este Tribunal pone en duda la independencia judicial y la

legitimidad de una institución que no puede estar sujeta a

los caprichos de quienes la integran. La predictibilidad,

uniformidad y certeza del Estado de Derecho que derivan de

la adopción de la doctrina de stare decisis en nuestra

jurisdicción se disipan irrevocablemente cada vez que una

“actuación gubernamental dirigida a proveer un beneficio

especial para el sistema de educación privada” el gobierno

tenía a su haber el proceso de enmienda constitucional.

José Julián Álvarez González & Ana Isabel García Saúl,

Derecho Constitucional, 65 Rev. Jur. U.P.R. 799, 843

(1996).

Véanse e.g.

Pueblo v. Sánchez Valle, 192 D.P.R. 594

(2015); Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 D.P.R.

791 (2014); ELA v. Crespo Torres, 180 D.P.R. 776 (2011).

182

CT-2018-006

mayoría

15

olvida

que

la

toga

es

imperturbable

e

inmutablemente negra.183

La interpretación acomodaticia que hace una mayoría de

la

discusión

que

se

suscitó

durante

la

Convención

constituyente no solamente es diametralmente opuesta a la

que hiciera este Tribunal en Asoc. de Maestros de P.R. sino

que,

además,

realizadas

tergiversa

por

los

y

descontextualiza

delegados

con

el

expresiones

propósito

de

fundamentar su errada conclusión y restarle contenido a la

cláusula

constitucional

sostenimiento

de

que

explícitamente

instituciones

prohíbe

el

educativas

privadas

con

conviene

examinar

la

fondos públicos. Veamos.

III.

Como

cuestión

de

umbral,

definición unívoca adoptada por una mayoría de la palabra

“sostenimiento”.

Lejos

de

un

estudio

lingüístico

o

etimológico del concepto y cómo éste fue empleado por los

constituyentes durante los debates de la convención, la

mayoría

opta

por

recurrir

al

diccionario

de

la

Real

Academia Española para asignarle un significado que, según

Nótese que la mayoría, luego de ofrecer un listado de

tres (3) razones por las cuales los precedentes judiciales

pueden ser revocados a modo de excepción, limita su

análisis a indicar que “la normativa establecida y la

interpretación

que

hicimos

sobre

la

cláusula

de

sostenimiento en Asoc. de Maestros P.R. v. Srio. Educación,

es claramente errónea”, sin expresión ulterior. Op.

Conformidad (J. Rivera García) en la pág. 21. Acto seguido,

se replican e intercalan en esa opinión esencialmente ad

verbatim el análisis expuesto por el ex Juez Asociado señor

Rebollo López en su disidente para ese caso y los

argumentos esbozados en los alegatos del Estado y de las

interventoras para el caso ante nuestra consideración.

183

CT-2018-006

16

se desprende de la propia Opinión de Conformidad del Juez

Asociado

señor

Rivera

García,

es

incongruente

con

la

discusión habida en la convención en torno al alcance de la

palabra “sostenimiento”.

Delimitar el alcance del mandato constitucional que

prohíbe

el

sostenimiento

de

escuelas

o

instituciones

educativas que no sean las del Estado requiere un estudio

cabal

y

ponderado

de

las

expresiones

vertidas

por

los

constituyentes y el desarrollo textual de lo que terminó

siendo

la

Sección

5

Por

ello,

no

cabe

citar

expresiones

de

los

delegados,

Constitución.

comentarios

y

del

Artículo

II

de

nuestra

aisladamente

pues,

al

discernir la verdadera intención de éstos, lo correcto es

evaluar el debate en su totalidad.

Inicialmente,

lo

que

vino

a

ser

la

cláusula

de

sostenimiento ni siquiera incluía la palabra con la que se

le denominó y actualmente se le conoce. A esos efectos, la

cláusula leía de la siguiente

manera: “No se

utilizará

propiedad ni fondos públicos para la enseñanza en otras

escuelas o instituciones educativas que no sean las del

Estado”. Diario de Sesiones de la Convención Constituyente,

Tomos

I,

II

y

III,

en

la

pág.

1765,

disponible

en

http://www.oslpr.org/v2/PDFS/DiarioConvencionConstituyente.

pdf (en adelante Diario de Sesiones) (énfasis suplido). El

delegado

Trías

Monge

propuso

eliminar

la

palabra

“enseñanza” y sustituirla por “sostenimiento”. Id. en la

pág.

1791.

Luego

de

que

la

enmienda

propuesta

fuese

secundada, el delegado Brunet propuso intercalar la palabra

beneficio

para

que

la

cláusula

leyera

de

la

siguiente

CT-2018-006

17

manera: “No se utilizará propiedad ni fondos públicos para

el

sostenimiento

o

beneficio

de

otras

escuelas

o

instituciones educativas que no sean las del Estado”. Id.

El

delegado

Trías

Monge

explicó

las

dos

enmiendas

propuestas de la siguiente manera:

Diría entonces: “No se utilizará propiedad ni

fondos públicos para el sostenimiento o beneficio

de escuelas o instituciones educativas....” Se

acepta a base de que el lenguaje que se está

proponiendo es básica o exactamente más bien,

ahora, el de la Constitución del Hawaii, según

quedó últimamente aprobada ya: y es también

básicamente parecido, a la de la Constitución de

Illinois, que ha servido a mi juicio de base para

esta disposición y que mantiene más claramente

que con la palabra enseñanza el principio de la

debida separación entre Iglesia y Estado, a la

vez que no afecta la disposición ulterior en la

misma sección al efecto de que nada en esta

disposición impedirá que el Estado pueda prestar

servicios no educativos a los niños. La intención

es

más

bien

entonces

entre

escuelas

o

instituciones, intercalar o enseñanzas y niños,

quedando debidamente salvaguardado el derecho de

los niños a recibir aquellas ayudas que el Estado

ofrezca. Id. en la pág. 1792.

Es

decir,

reconoció

que

el

el

delegado

lenguaje

Trías

Monge

propuesto

era

expresamente

exactamente

el

mismo que el de la Constitución de Hawaii vigente en aquel

momento

cláusula

y

que

de

adicional.184

éste

procuraba

ampliar

establecimiento

mediante

Id.

Así,

mediante

la

el

alcance

una

de

la

prohibición

sustitución

de

El caso de Hawaii tiene especial relevancia para la

interpretación que hoy se hace de nuestra cláusula

constitucional y el resultado al que se llega en base a

ésta. Al momento de nuestra Convención Constituyente, la

cláusula de sostenimiento de la Constitución de Hawaii

establecía lo siguiente: “Nor shall public funds be

appropriated for the support or benefit of any sectarian or

private educational institution”. Cuando le correspondió al

Tribunal Supremo de Hawaii interpretar esa cláusula, en

Spear v. Honda, 449 P.2d 130 (1968), ese foro concluyó que

los constituyentes habían sido inequívocos al cerrar

184

CT-2018-006

“enseñanza”

18

por

“sostenimiento”,

los

constituyentes

procuraron ser más categóricos en la prohibición, haciendo

ésta

extensiva

no

únicamente

a

la

enseñanza,

sino

al

sostenimiento en general y a cualquier otro beneficio que

el

gobierno

pudiese

proveer

a

instituciones

educativas

privadas mediante el uso de propiedad o fondos públicos.

A todas luces, la discusión que antecede choca con el

alcance limitado que la mayoría le atribuye a la palabra

“sostenimiento” en el texto constitucional. Conforme a las

definiciones provistas por la Real Academia Española a las

que

se

aluden

en

la

Opinión

de

Conformidad

del

Juez

Asociado señor Rivera García, la mayoría concluye que “el

enteramente la puerta que hubiese permitido desembolsar

fondos públicos para subvencionar cualquier aspecto de la

educación privada. Luego de que el Tribunal Supremo de

Estados Unidos validara la implementación de los vales

educativos en el estado de Ohio, en Zelman v. SimmonsHarris, 536 U.S. 639, el gobierno de Hawaii emitió una

consulta a su Secretario de Justicia en torno a la

aplicación de esa decisión en virtud de la cláusula de

sostenimiento y si la implementación de vales educativos

violentaría la misma. En respuesta, el Secretario de

Justicia emitió una opinión mediante la cual concluyó que

la cláusula de sostenimiento de la Constitución impedía que

se instituyera un programa de vales educativos similar al

validado por el Tribunal Supremo federal en Zelman. Razonó,

en esencia, que la determinación en ese caso se había hecho

al amparo de la cláusula de establecimiento y que la

Constitución de Hawaii contenía una cláusula adicional

ausente en la constitución federal que proscribía el

desembolso de fondos públicos a instituciones educativas

privadas. El Secretario correctamente afirmó que, en ese

aspecto, “the Hawaii State Constitution is more restrictive

than its federal counterpart”. State of Hawaii, Department

of

the

Attorney

General,

Op.

No.

03-01,

http://ag.hawaii.gov/wp-content/uploads/2013/01/03-01.pdf.

En atención a la Opinión del Secretario de Justicia, el

estado de Hawaii enmendó su Constitución para permitir la

implementación de un programa de vales educativos.

CT-2018-006

19

término sostenimiento equivale a proporcionar lo necesario

para subsistir”. Op. de Conformidad (J. Rivera García), en

la pág. 22. Embozadamente, se explica que “en la medida en

que se dé a alguien lo necesario para subsistir, es decir,

para mantenerse, permanecer o conservarse implica que se le

está sosteniendo”. Id. Esto, a pesar de que una de las

definiciones provistas por la Real Academia Española para

la palabra “sostener” que se cita es la de “prestar apoyo,

dar aliento o auxilio”. Id. Como se mencionó, cónsono con

esa definición, al referirse al presunto origen del término

en la jurisprudencia federal, un integrante de la mayoría

confusamente utiliza la palabra “support” como traducción

para

“sostenimiento”.

Ello,

pese

a

haber

rechazado

esa

adopción de la palabra en su análisis original.

Esta dicotomía semántica que suscribe la mayoría al

interpretar la palabra “sostenimiento” y la sucesión de

premisas disparatadas que de ella resultan culmina con la

siguiente afirmación:

[E]l Art. II, Sec. 5 de la Constitución de Puerto

Rico lo que quiso evitar era que el Estado,

mediante el sostenimiento de escuelas, promoviera

una religión en particular y sustituyera el

sistema de enseñanza público por uno privado . .

. En el debate de la constituyente quedó

establecido que lo que el Estado no podía hacer

era tomar el sistema becario para sostener

escuelas privadas y tampoco sustituir el sistema

de instrucción pública por uno privado. Id. en la

pág. 42.

Para todos los efectos, pues, la determinación de la

mayoría tiene el efecto de enmendar, por vía

judicial,

nuestro texto constitucional para que éste lea: “No se

utilizará propiedad ni fondos públicos para la sustitución

de las escuelas o instituciones educativas del Estado por

CT-2018-006

20

instituciones privadas”. Es de esta manera que lo que los

constituyentes vislumbraron como una prohibición general y

abarcadora

al

sostenimiento

de

instituciones

educativas

privadas se reduce a una simple prohibición de sustituir un

sistema por el otro. De esta manera, “sostener” no implica

prestar “apoyo” o “auxilio” al sector privado, sino más

bien crear un esquema que tenga el efecto de “proporcionar

lo necesario para [su] subsistencia” y propicie que las

escuelas privadas pasen a ocupar el lugar de las escuelas

del Estado. Id. en la pág. 22.

De otra parte, y como evidencia adicional del amplio

alcance que los constituyentes procuraron impartirle a la

palabra

“sostenimiento”,

la

enmienda

delegado

Brunet

una

discusión

necesidad

de

generó

intercalar

la

palabra

propuesta

en

por

el

a

la

torno

“beneficio”

con

“sostenimiento”. Así, surgió el siguiente debate entre los

delegados sobre la conveniencia y adecuacidad de añadir el

término “beneficio”:

Sr: IRIARTE: Quisiera una explicación. Quisiera

una explicación del alcance de esta disposición

en la forma en que está redactada: “No se

utilizará propiedad ni fondos públicos para el

sostenimiento o beneficio”— dice ahora, según la

enmienda del compañero Brunet— “de escuelas o

instituciones educativas que no sean las del

Estado”. ¿Cómo se interpretaría esa frase “o

beneficio”? ¿Cuál sería el alcance de esa

disposición? El compañero Trías me parece que

estaba explicando el alcance de la enmienda. El

compañero Brunet podría explicar el alcance de

esa

enmienda,

porque

el

sostenimiento

lo

comprendo, pero “el beneficio” me parece tan lato

que podría complicar cosas que no deberían

complicar[se],

a

mi

juicio.

Quisiera

una

explicación antes de poder argumentar en contra

de la enmienda.

Sr.

TRIAS:

A

mi

juicio,

la

enmienda

es

básicamente de estilo y no expande el concepto

CT-2018-006

indicado en la línea 10. Se sigue básicamente,

como había indicado antes, el lenguaje consagrado

en la Constitución de Hawaii que a su vez, pues

sigue modelos de otras constituciones estatales

estableciendo la distinción entre la obligación

del Estado para atender al sostenimiento o

beneficio de escuelas, únicamente escuelas que

estén bajo el dominio exclusivo del Estado; y que

el principio de la separación entre Iglesia y

Estado, todos reconocemos pues que conlleva esa

distinción básica; o sea, que el Estado, los

fondos públicos, no deben utilizarse para el

sostenimiento o beneficio [de otras escuelas] y

eso a mi juicio era lo que se quería decir con:

“enseñanza en las escuelas no bajo el dominio

exclusivo del Estado.”

Sr. IRIARTE: En contra de la enmienda, señor

Presidente, compañeros delegados. Me parece que

la enmienda por adición del compañero Brunet a la

enmienda propuesta por el compañero Trías cambia

completamente el propósito de la enmienda. No es

lo mismo el sostenimiento de escuelas públicas o

instituciones educativas que no sean las del

Estado, a el sostenimiento o beneficio de

escuelas públicas o instituciones que no sean las

del Estado. Podría dársele la interpretación que

ya

se

le

dio

en

los

Estados

Unidos

a

disposiciones parecidas a éstas, que han sido

motivo de tantos debates públicos y que fueron

objeto de extensa información suministrada al

Comité de la Carta de Derechos durante todo un

día por las personas que aquí comparecieron.

Se podría entender que podría hacerse oposición a

que se beneficiaran indirectamente instituciones

que no fueren las del Estado. Si se le dieran

becas a determinados estudiantes para que fueran

a estudiar en el extranjero, en los Estados

Unidos, a instituciones que no fueran del

gobierno de Puerto Rico o que no fueran del

gobierno de los Estados Unidos, que fueran

instituciones privadas, administradas o dirigidas

por

sectas

religiosas,

digamos,

podría

interpretarse

que

indirectamente

estaban

recibiendo beneficios esas instituciones por el

hecho de asignarse becas a estudiantes que

estuvieran matriculados en esas instituciones

religiosas.

Podría

darse

esa

interpretación

agregándole esa frase ahí, “o beneficio”. Me

parece que sería bastante con que la limitación

se

circunscribiera

a

nuestras

limitaciones

territoriales y quedara limitada a lo que

implicaría la frase anterior, la enmienda del

compañero Trías Monge, pero no agregándole la

frase “o beneficio”. Si se le pone “beneficio”

podría interpretarse de esa manera y entonces

21

CT-2018-006

22

podría prestarse a discrímenes, que no creo que

sea el propósito de la asamblea establecer, toda

vez que se están condenando y se vienen

condenando hasta ahora en lo que hemos leído en

la carta de derechos, esos discrímenes.

Diario de Sesiones, supra, en las págs. 1792-93.

Nótese

que

la

preocupación

del

delegado

Iriarte

estribaba en que el término “beneficio” se interpretara

para impedir el otorgamiento de becas a estudiantes para

que

completaran

estudios

en

instituciones

educativas

privadas o en el extranjero. Según expresó, el otorgamiento

de

esas

becas

podía

interpretarse

como

un

beneficio

indirecto para esas instituciones. Varias expresiones del

delegado Trías Monge que también son citadas por la mayoría

despejan

toda

prohibición

duda

de

relacionada

sostenimiento

a

con

el

alcance

instituciones

de

la

educativas

privadas. A modo de ejemplo, se desprende del debate que

antecede

que

obligación

el

del

delegado

Estado

Trías

para

Monge

atender

enfatizó

al

cómo

la

sostenimiento

o

beneficio de escuelas se extendía únicamente a aquellas que

estén bajo el dominio exclusivo del Estado. Asimismo, el

delegado Trías Monge entendió que la adición de la palabra

“beneficio” constituía más bien un asunto de estilo que no

tenía el efecto de expandir lo que ya se disponía con el

uso de la palabra “sostenimiento”.

La aclaración del delegado Trías Monge no puso fin a

la preocupación relacionada con la naturaleza de las becas

y si éstas podían considerarse beneficios provistos a las

instituciones

educativas

o

a

los

estudiantes.

Específicamente, se discutió lo siguiente:

Sr. DAVILA MONSANTO: ¿Me permite una pregunta?

CT-2018-006

23

Sr. IRIARTE: Sí, señor.

Sr. DAVILA MONSANTO: Esas becas a que se refiere

el compañero, a quién benefician, ¿a una escuela

privada o al becado?

Sr. IRIARTE: Benefician al becado, pero ya se ha

interpretado en distintos casos que fueron

citados ante la carta de derechos, el Comité de

la Carta de Derechos, en los distintos estados de

la Unión que beneficiaban a las instituciones en

las cuales esos becados recibían la enseñanza, la

instrucción. Por eso es que para evitar esas

interpretaciones traídas así tan a la brava,

sería conveniente no agregar esa frase “o

beneficio”, sino que no se inviertan fondos

públicos en Puerto Rico para el sostenimiento de

escuelas que no sean las del Estado. En eso estoy

de acuerdo. Pero si se pone “o beneficio”, podría

entenderse que una beca concedida a un estudiante

era un beneficio que se le estaba dando

indirectamente a esa institución en la cual ese

becado recibía la instrucción. Por eso entiendo

que no debe ponerse esa frase “o beneficio”.

. . .

Sr. BENITEZ: Con la venia de la Presidencia. Sí,

otorga tales becas en la actualidad el gobierno

de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico

para colegios particulares religiosos a jóvenes

que van a estudiar, por ejemplo, medicina en

Estados Unidos. En la actualidad hay un número de

jóvenes puertorriqueños estudiando en colegios de

medicina en Estados Unidos que son colegios

católicos y colegios protestantes.

Id. en las págs. 1793-94.

En

atención

inclusión

de

la

a

la

palabra

confusión

que

“beneficio”

podía

con

generar

relación

a

la

la

concesión de becas a estudiantes, y como señala uno de los

integrantes de la mayoría, el delegado Iriarte solicitó al

delegado Brunet que retirara su enmienda. No obstante, la

mayoría

omite

la

respuesta

del

delegado

Brunet

a

solicitud:

Sr. BRUNET: Compañero, aquí, como en las vistas

públicas, hay una tormenta en un vaso de agua.

Bajo las disposiciones de la cláusula 19, tal

como está redactada, Puerto Rico le está pagando

tal

CT-2018-006

24

[estudios] a los estudiantes que van a cursar

carreras

en

universidades

católicas

y

protestantes. A pesar de que dice: directa o

indirectamente, eso se está haciendo con el

beneplácito de todo el mundo. Id. en la pág.

1794.

De esta manera,

el delegado Brunet aclaró que

las

becas que fundamentaban la objeción del delegado Iriarte a

la

enmienda

universitarios

propuesta

y

no

eran

becas

para

estudiantes

de

escuela

estudiantes

primaria

o

secundaria, que eran las instituciones educativas a las que

aludía la Sección 5 de la Constitución.185 Además, en la

discusión sobre qué podía considerarse un beneficio, el

delegado aludió a la oración de la Sección 5

del Artículo

II que finalmente dispuso que, “Nada de lo contenido en

esta disposición impedirá que el Estado pueda prestar a

cualquier niño servicios no educativos establecidos por ley

para protección o bienestar de la niñez”. Art. II, Sec. 5,

Const. P.R. En cuanto a este enunciado, el delegado Brunet

indicó que:

A lo que se refiere la última disposición es a

aquellos servicios que el Estado ofrece a sus

propias escuelas y que no podría ofrecerlos en

escuelas privadas, como comedores escolares,

estaciones de leche, servicio dental, ¿por qué se

le va a negar a los niños que estén asistiendo a

escuelas privadas esa clase de servicios? No

deben negárseles. Esta constitución, como está

Hacemos eco de las expresiones de la mayoría a los

efectos de que “es importante resaltar el contexto

histórico en que se suscitó ese debate”. Op. Mayoritaria/de

Conformidad en la pág. 29. Cónsono con esto, resulta

necesario señalar que Puerto Rico no contó con una Escuela

de Medicina hasta el año 1966, por lo que las becas

otorgadas por el gobierno a estudiantes universitarios a

las que se aluden en la Convención eran de carácter

extraordinario y se justificaban en la ausencia de una

institución

estatal

que

proveyera

esos

servicios

educativos.

185

CT-2018-006

25

redactada, permite que eso sea así, que eso se

haga.

Id. en la pág. 1796.

Al

evaluar

esta

cláusula

sobre

servicios

no

educativos, los delegados propusieron enmendar la sección

para

añadirle

al

final

la

frase

escuelas públicas o privadas”. Id.

enmienda

fue

discutieron

derrotada,

ampliamente

“bien

a

las

en la pág. 1816. Esta

puesto

la

asistan

que

los

delegados

distinción

entre

servicios

educativos y no educativos y entendieron que la referencia

a “cualquier niño” cubría ese extremo. Fue en ese contexto,

y no en el contexto de la prohibición contenida en la

cláusula de sostenimiento –como incorrectamente afirma un

integrante

de

la

mayoría–

que

los

constituyentes

discutieron la decisión del Tribunal Supremo Federal en

Everson

v.

Board

Específicamente,

of

el

enmienda,

explicó

estudiantes

de

Education,

delegado

330

US

1

Geigel,

quien

su

intención

era

escuelas

privadas

podrían

que

(1947).

propuso

aclarar

la

qué

también

beneficiarse de beneficios no educativos. Aludiendo al caso

de

Everson,

explicó

que

esos

beneficios

incluían

“los

gastos de transportación o del almuerzo, etc., para asistir

a la escuela . . . los libros, los zapatos, etc.”. Diario

de Sesiones, supra, en la pág. 1817.186

La mayoría equipara el tipo de beneficio en controversia

en Everson con las becas que también fueron objeto de

discusión en la Convención Constituyente. Véase Op. de

Conformidad (J. Rivera García), en la pág. 29. Empero, una

lectura exigua del debate que surgió en torno a este asunto

evidencia de forma fehaciente que los delegados entendieron

perfectamente la distinción entre ambos beneficios.

186

CT-2018-006

En

26

ningún

mayoritario,

momento,

esas

y

contrario

al

razonamiento

giraron

en

torno

expresiones

a

la

concesión de beneficios puramente educativos, como lo sería

un

certificado

para

estudiar

en

una

escuela

privada.

Incluso, como se dijo, la discusión sobre cómo las becas no

necesariamente implicaban una violación a la cláusula de

sostenimiento se limitó a aquéllas concedidas a estudiantes

universitarios. El delegado Iriarte reconoció en el debate

que,

en

algunas

jurisdicciones

estatales,

se

había

interpretado que la concesión de esas becas constituía un

beneficio directo a la institución educativa. Eso, a su

vez, resultó en que el delegado Brunet aclarara que nada en

la Constitución prohibía que se les concediera becas a

adultos (“Son jóvenes, pero no hay nada en la constitución,

compañero, que prohíba conceder becas a adultos. ¿Dónde

está?”). Id. en la pág. 1796.

El

debate

en

torno

a

la

inclusión

de

la

palabra

“beneficio” continuó y, como se señala en la Opinión de

Conformidad

delegados

del

en

Juez

Asociado

última

instancia

señor

Rivera

derrotaron

García,

la

los

enmienda

propuesta. Erróneamente, según se explica en esa Opinión de

Conformidad “la frase ‘o beneficio’ quedó excluida de la

disposición que alude a la cláusula de sostenimiento para

no limitar aquellos aspectos que fueron objeto del debate”.

Op. de Conformidad (J. Rivera García), en la pág. 27. Sin

embargo, de las propias expresiones de los delegados surge

la razón por la cual la palabra “beneficio” fue finalmente

excluida del texto constitucional:

CT-2018-006

27

Sr. BENITEZ: Yo quisiera brevemente, señor

Presidente, decir unas palabras para explicar

esto. La única razón que tengo para solicitar la

exclusión de “beneficio” es que, a mi juicio,

está

todo

cubierto

con

la

palabra

“el

sostenimiento” y que me parece lo más conveniente

que se use el menor lenguaje posible en esta

disposición, y es en ese entendimiento que he

solicitado la eliminación de “o beneficio”.

Diario de Sesiones, supra, en la pág. 1797.

Asimismo,

el

delegado

Trías

Monge,

quien

estuvo

presente y participó activamente del debate, consignó con

posterioridad

en

su

libro

Constitucional

de Puerto Rico

sobre

nuestra

Historia

que “[l]a enmienda no se

aceptó, pero tan sólo por interpretarse, según consta de

las declaraciones del presidente de la Comisión de Carta de

Derechos,

que

‘está

sostenimiento’”.

todo

Trías

cubierto

Monge,

con

la

palabra

el

en

la

pág.

180.

supra,

Resalta el ingenio y la inventiva del criterio mayoritario

al

concluir

que

constituyentes

aquellos

la

no

enmienda

quisieron

beneficios

no

no

prosperó

limitar

educativos

la

que

porque

los

concesión

de

fueron

objeto

de

discusión. Esta conclusión ignora el texto claro de la

oración que sucede la cláusula de sostenimiento y, además,

falsea las expresiones de nuestros constituyentes.

En

cuanto

a

este

extremo,

las

expresiones

de

la

mayoría también son contradictorias. Si bien se afirma que

la

exclusión

de

la

palabra

“beneficio”

se

debió

a

las

preocupaciones de los delegados en el debate en torno a qué

exactamente

constituía

un

beneficio,

posteriores en la Opinión de Conformidad

la explicación

expresiones

son cónsonas con

de los delegados Benítez y Trías Monge.

Según se indica, “[u]n examen de los planteamientos allí

CT-2018-006

suscitados

28

nos

lleva

a

concluir

que

la

razón

para

no

incluir la frase ‘o beneficio’ era porque si se incluía, en

el

futuro

podía

surgir

algún

impedimento

para

que

las

instituciones que no fueran las del Estado se beneficiaran

indirectamente”. Op. de Conformidad (J. Rivera García), en

la pág. 28. Contrariamente, en el acápite de la Opinión de

Conformidad del Juez Asociado señor Rivera García en la que

se aplica el Derecho a los hechos, la mayoría indica lo

siguiente: “Según establecimos al principio, la enmienda

para

incluir

expresamente

la

frase

‘o

beneficio’

quedó

derrotada por entender que, al ser un asunto de estilo, el

beneficio

estaba

inmerso

dentro

de

la

palabra

sostenimiento”. Id. en la pág. 39.

Esta ambivalencia irreconciliable de la mayoría sobre

la

verdadera

razón

para

la

exclusión

de

la

palabra

“beneficio” resalta aún más cuando se afirma que “todo

sostenimiento equivale a que exista un beneficio”. Id. en

la pág. 44. La ambigüedad de este análisis y las obvias

contradicciones que de él se desprenden impiden discernir

con precisión el razonamiento mayoritario, mucho menos el

significado

y

alcance

que

finalmente

le

asignan

a

la

palabra “sostenimiento”.

Otro

ejemplo

descontextualiza

más

y

de

la

manera

tergiversa

las

en

que

la

discusiones

mayoría

que

se

suscitaron en la convención es la interpretación de las

expresiones

gobierno,

relacionadas

de

la

con

matrícula

de

el

pago,

por

estudiantes

parte

en

del

escuelas

privadas. Dado que la mayoría deliberadamente evita citar

la

totalidad

de

las

expresiones

de

los

delegados

que

CT-2018-006

29

participaron de este debate, en aras de contextualizar el

mismo, resulta indispensable referirnos íntegramente a la

discusión

que

propició

la

pregunta

del

delegado

Ramiro

Colón:

Sr. RAMIRO COLON: Simplemente quiero ilustrarme

en cuanto al propósito del cambio de la palabra

“enseñanza, por “sostenimiento”. Para ilustrarme

quiero hacerle una breve pregunta al... ahora se

la voy a hacer al compañero Benítez en lugar del

compañero

Brunet,

ya

que

su

enmienda

fue

derrotada. Pero antes de hacerle la pregunta para

los efectos de ilustración, de manera que él me

la pueda contestar en la mejor forma posible, de

acuerdo con la confusión que yo estoy sufriendo

en estos momentos, quiero decir, que de acuerdo

con lo que aquí se ha manifestado, en caso de que

esta enmienda se apruebe como está, podría darse

becas a estudiantes puertorriqueños para que

vayan a escuelas o universidades privadas o

sectarias,

sin

afectar

el

texto

de

la

constitución. Si eso es así, pregunto yo ahora al

compañero Benítez, ¿podría también el Gobierno

resolver

pagarles

la

matrícula

a

niños

puertorriqueños para escuelas privadas en Puerto

Rico sin violar el texto de la constitución?

Sr. BENITEZ: Esta cuestión becaria a la cual

usted

se

refiere,

es

un

aspecto

que

se

circunscribe a un rango sumamente reducido de

situaciones dentro de las cuales el Estado provee

facilidades de estudio fuera de sus aulas en la

situación donde... en casos excepcionales no

puede brindar esos servicios en sus propias

aulas.

. . .

Sr. RAMIRO COLON: No me ha contestado. La

pregunta era la siguiente: Si de acuerdo con esta

constitución, quedando enmendada como se ha

propuesto, ¿puede o no puede el gobierno de

Puerto Rico por medio de alguna ley o de algunos

fondos,

pagarle

a

niños

puertorriqueños,

matrícula, no darle beca, pagarle la matrícula,

en escuelas privadas en Puerto Rico?

Sr. BENITEZ: Esto dependerá, esto dependerá de

cuál sea la situación de hecho que exista, en esa

circunstancia. Esto es, el gobierno de Puerto

Rico no podría, dentro de estas disposiciones,

tomar el sistema becario, o el artilugio de

sistemas

becarios,

para

sostener

escuelas

privadas; o, tampoco podría el Gobierno proveer

CT-2018-006

30

un sistema becario para producir a través de él

enseñanza religiosa a sus estudiantes. Como

tampoco podría utilizar el sistema becario para

llevar a cabo un programa de educación en el cual

se

violara

el

sentido

fundamental

de

la

disposición que rige todo el párrafo de que

“habrá un sistema de instrucción pública el cual

será libre y enteramente no sectario”.

Diario de Sesiones, supra, en la pág. 1799.

La mayoría convenientemente se limita a subrayar que

el criterio del delegado Benítez “era que ‘el gobierno de

Puerto Rico no

puede establecer un sistema becario que

sustituya el sistema de educación pública que

tiene la

obligación

el

Estado

tiene

obligación

de

ser

Conformidad

(J.

de

establecer,

completamente

Rivera

no

García),

y

que

sectario”.

en

la

Op.

pág.

la

de

27.

Evidentemente, se seleccionó la única expresión que apoya

esa contención sobre la validez constitucional de que el

gobierno utilice fondos públicos para pagar matrícula en

escuelas privadas. Nótese que el verdadero criterio del

delegado Benítez es, en primera

instancia, que

sólo en

situaciones excepcionales y de rango sumamente reducido, el

gobierno podría otorgar becas para que un estudiante reciba

servicios educativos que no puedan ser brindados por el

Departamento

de

Educación.

Por

otro

lado,

el

delegado

Benítez también indicó que la cláusula de sostenimiento

prohibía

que

el

gobierno

sostuviera

escuelas

privadas

mediante el “artilugio de sistemas becarios”. Diario de

Sesiones, supra, en la pág. 1799.

La mayoría opta por obviar la importancia de estas

expresiones,

incluyendo

aquella

mediante

la

cual

el

delegado Benítez consignó que el sistema becario no podría

CT-2018-006

31

utilizarse

por

el

Estado

para

violar

“el

sentido

fundamental de la disposición que rige todo el párrafo de

que ‘habrá un sistema de instrucción pública el cual será

libre y enteramente no sectario’”. Id. La mayoría también

descontextualiza las expresiones del delegado Ramiro Colón

en

torno

completa

a

su

de

confusión

estas

sobre

las

expresiones

becas.

Una

evidencia

lectura

que

la

interpretación propuesta es a todas luces errónea.

En lo atinente al contexto específico de este debate,

conviene

resaltar

que

la

confusión

del

delegado

Ramiro

Colón se refiere a la enmienda sobre la sustitución de la

palabra

“enseñanza”

por

“sostenimiento”

propuesta

inicialmente por el delegado Trías Monge. Es decir, el

delegado razonó que, luego de que se derrotara la enmienda

sobre la inclusión de “beneficio”, por entender que ese

concepto

estaba

subsumido

en

el

“sostenimiento”,

la

sustitución podía implicar que se permitiera costear la

enseñanza a estudiantes fuera

de las aulas del sistema

público. Así, luego de la aclaración del delegado Benítez

respecto a cómo –salvo contadas excepciones– el gobierno

estaba impedido de subvencionar los costos de matrícula en

una escuela privada, el delegado Ramiro Colón insistió en

su confusión y expuso que:

Sr. RAMIRO COLON: Permítame el compañero decirle

en qué consiste mi confusión, ahora, y lo que

trato yo es de hacer, meramente, [claridad] en

este asunto, para votar con conciencia.

Se ha dicho aquí, que, al darse una beca a un

estudiante, lo que equivale a pagarle una

matrícula, no se beneficia el colegio donde va a

estudiar, sino al estudiante, y me parece a mí

que si ése es el sentido, nada de esta

constitución ha de prohibir que el gobierno de

CT-2018-006

32

Puerto Rico le pague matrícula en Puerto Rico a

los niños cuando vayan a las escuelas privadas. Y

yo quiero que me digan si eso puede ser así, para

entonces saber cómo debo votar. Id. en la pág.

1800.

Nótese que, en primer lugar, el delegado Ramiro Colón

está exponiendo las razones por las cuales la

enmienda

genera confusión. En segundo lugar, sus expresiones están

condicionadas a lo que él entendió fue objeto de discusión

en el debate (“si ése es el sentido”). Así, pues, lo que

está diciendo el delegado es que, en la medida en que se

considere que las becas no son beneficios que se le otorgan

directamente a las instituciones académicas privadas, el

texto constitucional no será óbice para que el Estado pague

la matrícula como un beneficio directo a los estudiantes y

no a las instituciones. No obstante, al estar condicionadas

al parecer de los constituyentes, estas expresiones no son

contundentes ni definitivas como lo interpreta la mayoría.

Conviene destacar, además, que el delegado Benítez, al

atender esta confusión del delegado Ramiro Colón, reiteró

que “el gobierno de Puerto Rico no puede establecer un

sistema becario que sustituya el sistema de instrucción

pública que tiene la obligación el Estado de establecer”.

Id. La interpretación acomodaticia de esta aclaración no

toma en cuenta el contexto de la discusión y la confusión

del delegado Ramiro Colón con relación a la procedencia de

las

becas

académicas

y

si

éstas

constituían

beneficios

vedados por el texto constitucional. Asimismo, la mayoría

pasa por alto que las expresiones del delegado Ramiro Colón

están condicionadas a su entendimiento de la discusión que

él mismo reconoce ser fuente de “confusión”.

CT-2018-006

33

En virtud del análisis que antecede, y como se discute

a

continuación,

los

efectos

de

las

disposiciones

estatutarias cuya constitucionalidad hoy se decreta fueron

esencialmente contemplados y rechazados por los delegados

de la Convención Constituyente y representan una afrenta a

nuestro sistema de educación pública. Sin lugar a dudas, el

uso de fondos públicos para subvencionar la matrícula de

estudiantes

de

escuelas

públicas

en

instituciones

educativas privadas infringe la cláusula de sostenimiento

y,

por

consiguiente,

es

inconstitucional

de

su

faz.

Asimismo, es inconstitucional la creación y subvención, por

parte del Estado, de instituciones educativas que no serán

administradas y operadas por el Departamento de Educación

y, por consiguiente, como advirtió el delegado Trías Monge

en la Convención Constituyente, no estarán “bajo el dominio

exclusivo

del

Estado”.

Id.

en

la

pág.

1792

(énfasis

una

mayoría

suplido).

III.

A.

La

sentencia

que

hoy

suscribe

de

los

integrantes de este Foro revoca el precedente pautado en

Asoc.

de

Maestros

de

P.R.

y

autoriza

el

desembolso

de

fondos públicos a escuelas privadas mediante certificados

equivalentes a los vales educativos que se invalidaron en

aquel entonces. Por entender que cualquier modalidad de un

esquema

que

Educación

permita

sean

que

destinados

fondos

a

del

sufragar

Departamento

de

la

de

matrícula

estudiantes en instituciones privadas tiene el efecto de

beneficiar

y

sostener

económicamente

esas

entidades,

CT-2018-006

34

decretaría la inconstitucionalidad de su faz del Programa

de Libre Selección de Escuelas que hoy la mayoría valida.

La

Exposición

de

Motivos

de

la

Ley

de

Reforma

Educativa187 reconoce expresamente que un programa similar,

por no decir idéntico, fue declarado inconstitucional por

este

Tribunal

en

Asoc.

de

Maestros

discutiéramos.

La

Exposición

indica

de

P.R.,

que

la

como

ya

realidad

jurídica bajo la cual se decidió dicho caso presuntamente

“ha sufrido cambios sustanciales”. Id. Así, el texto aduce

que “el desarrollo y manera de interpretar la cláusula de

establecimiento

de

la

Constitución

Federal

ha

ido

evolucionando con el pasar de los años, a tono con las

exigencias del Siglo XXI”. Id. Paso seguido, enumera una

lista de decisiones federales, algunas de las cuales fueron

citadas

por

las

Opiniones

de

Conformidad

de

distintos

integrantes de este Tribunal, para concluir que compete

“revisitar este asunto a la luz de una detenida evaluación

de todos los fundamentos en derecho, de los desarrollos

históricos a nivel local y jurisprudenciales recientes a

nivel federal”. Id.

Si bien es cierto que el Tribunal Supremo de Estados

Unidos

ha

emitido

distintas

decisiones

en

torno

a

la

constitucionalidad de varios programas educativos similares

Para obtener una visión panorámica, analítica e

histórica de la educación en Puerto Rico desde los tiempos

de España hasta la actualidad que supla el contenido de la

Exposición de Motivos de la Ley confróntese:

Juan José

Osuna, A History of Education in Puerto Rico, Ed. UPR,

1949; Mayra Huergo Cardoso, La Educación en Puerto Rico, en

Héctor Luis Acevedo (Editor), Puerto Rico y su Gobierno,

Estructura, retos y dinámicas, Ediciones SM, 2016.

187

CT-2018-006

35

al Programa de Libre Selección de Escuelas, todos estos

dictámenes, sin excepción, se fundamentan en la cláusula de

establecimiento federal sobre la separación de Iglesia y

Estado y/o en cláusulas constitucionales de los distintos

estados

correspondientes

doctrinales

federales

son

momento

de

interpretar

la

nuestra

Constitución,

Asociado

señor

que,

Rivera

a

ésta.

Estos

desarrollos

completamente

irrelevantes

al

cláusula

sostenimiento

de

como

de

bien

García,

reconoce

tiene

el

un

Juez

enfoque

estrictamente económico y no religioso. Op. de Conformidad

(J.

Rivera

García),

en

la

pág.

35.

Es

decir,

la

implantación de un programa de vales educativos en nuestra

jurisdicción debe evaluarse a la luz de las prohibiciones

contenidas únicamente en nuestra Constitución. El proceder

mayoritario

de

ratificar

la

medida

legislativa

en

controversia contraviene un mandato constitucional expreso

que prohíbe, en

nuestra jurisdicción, el uso

de fondos

públicos para sostener la enseñanza privada.

Al pasar juicio sobre el Programa de Libre Selección

de Escuelas y compararlo con aquél dispuesto en Ley de

Becas Especiales y Libre Selección de Escuelas de 1993 que

este Tribunal invalidó, se colige que el “nuevo” esquema de

ayudas económicas es, en realidad, un intento fallido de

reproducir

el

programa

anterior.188

Una

mayoría

de

este

Ambas leyes contienen elementos idénticos en su

lenguaje. Por ejemplo, tanto la Ley 71-1993 como la Ley 852018: (1) ostentan un carácter experimental para su

implantación; (2) delegan funciones y deberes similares a

las oficinas administrativas del programa, y (3) proveen

prácticamente las mismas modalidades de ayudas económicas,

entre otros asuntos.

188

CT-2018-006

36

Tribunal, sin embargo, entiende que los vales educativos

son constitucionales en tanto y cuanto no tienen el efecto

de “sostener” a las instituciones privadas que de ellos se

benefician. Según razonan, el sostenimiento necesario para

que se violente la prohibición constitucional ha de llegar

al

punto

de

sustituir

el

sistema

público.

La

mayoría

también entiende que los vales educativos son comparables a

aquellas

becas

a

las

que

se

aludió

en

la

Convención

Constituyente que permitían que estudiantes universitarios

completaran

estudios

en

instituciones

privadas.

Me

desconcierta pensar que la mayoría es incapaz de discernir

la diferencia entre ambos programas.

En

primer

lugar,

las

becas

a

las

que

hicieron

referencia los delegados eran ayudas económicas para que

estudiantes

universitarios

–no

de

escuela

primaria

o

secundaria– pudiesen cursar estudios en campos para los

cuales

el

País

no

contaba

con

los

recursos

o

las

instituciones especializadas para ello. Incluso, como se

discutió, cuando se contempló la posibilidad de que el

Estado subvencionara estudios a nivel primario en escuelas

privadas mediante la concesión de becas similares o el pago

directo de los gastos de matrícula, el delegado Benítez fue

enfático en aclarar que tal actuación sólo se justificaría

en

situaciones

extraordinarias

en

las

que

ofrecer

los

estuviese

imposibilitado

de

necesarios

al

Específicamente,

Benítez

estudiante.

manifiestamente

sostuvo

que

sólo

en

el

Estado

servicios

el

delegado

situaciones

excepcionales, el Estado podría otorgar becas para que un

CT-2018-006

37

estudiante reciba servicios educativos que no puedan ser

brindados por el Departamento de Educación.

En segundo lugar, nada en la Exposición de Motivos o

en

la

Ley

que

crea

el

Programa

de

Libre

Selección

de

Escuelas justifica la concesión de los certificados en el

hecho

de

carece

que

de

el

los

sistema

medios

de

y/o

educación

pública

del

País

recursos

para

ofrecer

los

servicios a los estudiantes que podrían beneficiarse del

Programa. De hecho, el propio

recursos

serán

económicos

transferidos

están

del

Programa implica que los

disponibles,

presupuesto

del

puesto

que

éstos

Departamento

de

Educación a las instituciones educativas privadas mediante

el pago de la matrícula correspondiente. La mayoría también

guarda silencio en torno a las consideraciones prácticas,

de

política

pública

o

las

razones

que

justifican

este

desembolso de fondos públicos a escuelas privadas. Excepto

por la interpretación incorrecta que se hace del término

sostenimiento y la adaptabilidad que se le atribuye a las

expresiones de los constituyentes, ningún argumento de la

mayoría

derrota

la

patente

inconstitucionalidad

del

Programa de Libre Selección de Escuelas.

En cuanto al argumento mayoritario sobre el debate que

se

suscitó

en

la

Convención

Constituyente

respecto

a

quiénes eran los recipientes de las becas académicas, el

profesor

José

Julián

Álvarez

González,

al

criticar

argumentos similares contenidos en la Opinión Disidente del

ex

Juez

Asociado

señor

Rebollo

López

en

Asociación

de

Maestros de P.R. acertadamente señaló que la distinción

entre quién recibe la ayuda económica, si los padres o la

CT-2018-006

38

entidad educativa privada, es una “artificial e imposible

de aplicar racionalmente” puesto que el efecto de financiar

con fondos públicos las instituciones privadas sigue siendo

el mismo. José Julián Álvarez González & Ana Isabel García

Saúl, Derecho Constitucional, 65 Rev. Jur. U.P.R. 799, 842

n. 191 (1996) (énfasis suplido).

No hay que ser un experto en finanzas para deducir que

el pago de la matrícula de escuelas privadas por parte del

Departamento de Educación –al margen de que éste se haga

mediante certificados concedidos a los padres o cheques

directos a las escuelas– constituye un desembolso monetario

que tiene el efecto de beneficiar y sostener a la entidad

educativa que en última instancia lo recibe. Este esquema

satisface la acepción de la palabra “sostenimiento”, que la

mayoría

descarta,

y

que

conlleva

prestar

“apoyo”

o

“auxilio” económico a una escuela privada. A la luz de lo

anterior, resulta inconcebible que una mayoría entienda que

no

se

configura

una

sostenimiento,

máxime

directamente

del

violación

cuando

los

presupuesto

a

la

fondos

que

se

cláusula

serán

le

de

extraídos

asigna

al

Departamento de Educación y por tanto, dejarán de estar

disponibles

para

costear

gastos

en

beneficio

del

estudiantado de las escuelas públicas. Como bien señaló el

profesor

Álvarez

González

al

evaluar

el

razonamiento

mayoritario en Asoc. de Maestros de P.R., “Lo decisivo es

que el Estado paga por servicios educativos similares a los

que ofrece su sistema de instrucción pública”. Id. (énfasis

suplido).

CT-2018-006

39

De otra parte, una mayoría sostiene que los fondos

públicos

destinados

el

Programa

de

Libre

Selección

de

Escuelas, a nivel administrativo y en cuanto a los recursos

asignados por estudiante, no son sustanciales en proporción

al presupuesto total del Departamento de Educación. Véase

Art. 14.07 de la Ley de Reforma Educativa (sección en la

cual se expone que habrá una asignación de un 3% o menos

del equivalente presupuestado por estudiante para cada año

fiscal para implementar el Programa y de un 2% de los

fondos que el Departamento asigne para cubrir los gastos

administrativos). Por entender que esta cuantía es mínima,

la mayoría refuerza su conclusión de que el Programa no

infringe la cláusula de sostenimiento.

Como anticipamos, este razonamiento parte del error

conceptual que supone equiparar la palabra “sostenimiento”

con el verbo “sustituir”. Al despojar de contenido nuestra

cláusula de sostenimiento, la mayoría intima que sólo se

podrían

invalidar

desembolso

de

programas

fondos

educativos

públicos

a

favor

que

impliquen

el

de

instituciones

educativas privadas si éstos tienen el efecto de reemplazar

o

sustituir

nuestro

sistema

de

enseñanza

público.

Como

también mencionáramos en el acápite III, la mayoría de los

integrantes de este Tribunal -que en numeradas ocasiones ha

criticado

el

activismo

judicial-

está,

para

todos

los

efectos prácticos, reescribiendo, hasta el punto de limitar

su

alcance

sostenimiento

a

contadas

que

se

excepciones,

vislumbró

como

una

cláusula

una

de

de

carácter

abarcador que serviría de garantía para la permanencia y

estabilidad del sistema de educación pública.

CT-2018-006

40

De acuerdo al criterio mayoritario, cabe preguntarse:

¿Qué intereses sociales y económicos protege esta cláusula

constitucional?

¿Qué

tipo

de

programa

gubernamental

la

contravendría? ¿Cuánto del presupuesto del Departamento de

Educación tendría que ser asignado a este Programa para que

se entienda que se configura un sostenimiento prohibido?

¿Qué sería una asignación “sustancial” del presupuesto? ¿Un

5%, 15%, 30% o un 50%? Todas estas interrogantes reflejan

lo

absurdo

del

determinación

razonamiento

tiene

el

efecto

mayoritario

de

hacer

y

cómo

su

inoperante

la

cláusula de sostenimiento. La prohibición del uso de fondos

públicos para sufragar escuelas privadas no es una cuestión

de gradación, sino una de absolutos.189 No cabe validar una

transgresión al texto constitucional porque la consideramos

de minimis.

No

albergo

educativos

duda,

que,

al

igual

que

propuestos

por

el

gobierno

aquellos

en

vales

1993,

los

certificados que una mayoría valida hoy que permiten la

transferencia

de

estudiantes

de

escuelas

públicas

a

escuelas privadas claramente contravienen la cláusula de

sostenimiento.190

Según

discutido,

la

emisión

de

esos

Precisamente, como se mencionó anteriormente, nuestros

delegados constituyentes optaron por no cualificar la

palabra “sostenimiento” para así no limitar su alcance.

189

Los otros tipos de certificados contemplados en la Ley

de reforma Educativa que facilitan la transferencia de

estudiantes a escuelas dentro del sistema de educación

pública o de escuelas privadas a escuelas públicas no

infringen la cláusula de sostenimiento, en tanto y cuanto

no requieren un desembolso de fondos públicos a entidades

ajenas al Departamento de Educación. A esos efectos,

coincido con la apreciación del profesor Álvarez González

cuando señaló que:

190

CT-2018-006

41

certificados requerirá que el Estado financie los gastos de

matrícula

para

los

estudiantes

que

los

reciban

y,

consiguientemente, transfiera fondos públicos a las arcas

de

las

instituciones

privadas

que,

indiscutiblemente,

obtendrán un beneficio económico de la transacción.

Tal

y

como

ocurrió

legislatura,

previo

certificados

para

a

el

en

Hawaii,

correspondería

implementar

pago

de

un

a

programa

matrícula

en

la

de

escuelas

privadas, enmendar nuestra Constitución para eliminar la

cláusula de sostenimiento o cualificar la prohibición para

así permitir que se puedan destinar fondos públicos al

beneficio

de

actualmente

instituciones

nuestra

educativas

Constitución

privadas,

prohíbe.

Todo

lo

que

parece

indicar, sin embargo, que una mayoría prefiere relevar a la

Rama

Legislativa

de

su

rol

constitucional

en

aras

de

acelerar la implantación de una política púbica a toda

costa y al margen del texto de la Constitución.

Los vales educativos otorgados a estudiantes de

una escuela pública que deseen transferirse a

otra y a estudiantes de escuelas privadas que

deseen transferirse a una escuela pública son

rigurosamente operaciones de contabilidad dentro

del presupuesto del Departamento de Educación. Su

efecto es aumentar los fondos que reciben las

escuelas públicas seleccionadas del presupuesto

de ese departamento. Las becas especiales son

harina de otro costal: transfieren fondos del

presupuesto de ese departamento a aquellas

escuelas privadas que reciban a estudiantes que

provengan del sistema público. (énfasis suplido)

(citas omitidas).

Álvarez González & García Saúl, supra, en la pág. 840 n.

188.

En cuanto a esto, resulta curioso cómo la Ley dispone que

“[l]os fondos del Programa se distribuirán entre las cinco

(5) modalidades del mismo con arreglo a la demanda que cada

uno tenga”. Art. 14.07.

CT-2018-006

42

Conforme al alcance de la cláusula de sostenimiento

establecida

por

nuestros

constituyentes

interpretada

en

Asoc.

Maestros

de

y

de

correctamente

P.R.,

procedía

confirmar al Tribunal de Primera Instancia y decretar la

inconstitucionalidad

del

Programa

de

Libre

Selección

de

Escuelas que permite la transferencia de estudiantes de

escuelas públicas a escuelas privadas mediante el pago de

la matrícula por parte del Gobierno con fondos públicos.

B.

Además de la otorgación de certificados para el pago

de matrícula en instituciones educativas privadas, la Ley

de Reforma Educativa también establece un programa para la

creación

de

lo

Alianza”.

Estas

que

se

escuelas,

denominan

en

“Escuelas

esencia,

no

Públicas

son

más

que

escuelas privadas cuyo presupuesto se nutre parcialmente de

fondos

públicos,

pero

que

pueden

operadas por entidades ajenas

ser

administradas

al Estado. Por

y

tanto, la

implantación de Escuelas Públicas Alianza que operen bajo

el control de entidades privadas o sin fines de lucro, y

que

no

estén

contraria

a

bajo

la

el

control

cláusula

de

del

Estado,

sostenimiento

también

de

es

nuestra

Constitución. Según se discute a continuación, el andamiaje

operacional y administrativo detrás de la instauración de

estas escuelas implica la utilización de fondos públicos

para el sostenimiento de instituciones educativas privadas.

Una

lectura

ponderada

de

las

disposiciones

estatutarias que rigen este Programa me lleva a concluir

que

dichas

instituciones

considerablemente

al

modelo

educativas

de

se

asemejan

escuela

chárter

CT-2018-006

43

estadounidense.191

Las

leyes

que

habilitan

estas

instituciones educativas en Estados Unidos, como sería el

caso la Ley de Reforma Educativa en Puerto Rico, sirven

para ilustrar si el modelo adoptado por la jurisdicción

correspondiente

responde

a

las

características

de

una

escuela pública o privada. Para llegar a esta conclusión se

requiere pasar juicio sobre aquellas disposiciones en ley

en

torno

educativa

a

y

la

administración,

protecciones

gobernanza,

laborales

de

las

filosofía

instituciones

educativas en cuestión. Véase Preston C. Green, III, Bruce

D. Baker, Joseph O. Oluwole, The Legal Status of Charter

Schools in State Statutory Law, 10 U. Mass. L. Rev. 240

(2015).

Con

estos

postulados

en

mente,

si

se

evalúan

los

pormenores del Programa de Escuelas Públicas Alianza, me

parece insostenible la tesis de la Legislatura, avalada por

una

mayoría,

a

los

efectos

de

que

estas

instituciones

constituyen “escuelas públicas”.192

Véase

Charter

Schools

101,

Nat'l

Educ.

Ass'n,

http://www.nea.org/home/60831.htm (“Charter schools are

privately managed, taxpayer-funded schools exempted from

some

rules

applicable

to

all

other

taxpayer-funded

schools”) (última visita 9 de agosto de 2018). Véase

además, Derek W. Black, Charter Schools, Vouchers, and the

Public Good, 48 Wake Forest L. Rev. 445 (2013).

192 Parte del análisis mayoritario para evaluar el carácter

público de las Escuelas Públicas Alianzas en Puerto Rico

surge tras examinar decisiones de las cortes estatales de

Michigan

y

California.

Utilizar

estos

precedentes

estatales, no vinculantes, propenden a un razonamiento

descontextualizado

porque

dichas

jurisdicciones

estadounidense no tienen en sus constituciones cláusulas de

sostenimiento comparables a la nuestra. Las denominadas

“Enmiendas Blaine” que llevaron al desarrollo de cláusulas

estatales que prohíben el desembolso de fondos públicos

para beneficiar la enseñanza pública respondían a una

191

CT-2018-006

Las

44

Escuelas

Públicas

Alianza,

con

excepción

de

aquéllas administradas por entes jurídicos públicos, son en

realidad-

instituciones

educativas

privadas.

La

naturaleza privada de estas escuelas chárter queda probada

si consideramos que: (1) serán administradas y dirigidas,

en su mayoría, por entidades educativas certificadas ajenas

al Estado; (2) se regirán por un acuerdo contractual propio

del Derecho Privado, la denominada “Carta Constitutiva”, el

cual

podrá

ser

renovado

Departamento

de

Educación;

sobre

sus

decisiones

en

o

revocado,

(3)

a

tendrán

asuntos

de

discreción

autonomía

finanzas,

del

plena

matrícula

estudiantil, currículo académico y método de instrucción;

(4)

operarán

con

personal

docente

y

no

docente,

en

ocasiones denominados como empleados públicos y en otras

como empleados privados, completamente exentos de las leyes

y reglamentaciones laborales del Departamento de Educación,

y

(5)

podrán

recibir,

además

de

cierto

dinero

público

presupuestado, una serie de fondos adicionales -en calidad

de

donaciones,

naturaleza

equipos

jurídica

y

de

materiales-

quién

los

sin

importar

la

dispense.

Véase,

en

general, Arts. 13.01, 13.02, 13.05, 13.06, 13.07 y 13.08 de

la Ley de Reforma Educativa.

Estos

programa

Reforma

elementos

que

se

Educativa

demuestran

procura

crea

inequívocamente

instituir

empresas

mediante

educativas

que

el

Ley

de

privadas

que

la

realidad histórica, social y religiosa distinta a nuestra

cláusula de sostenimiento. Véase Acápite II y Matthew

Sondergard, Blaines Beware: Trinity Lutheran and the

Changing Landscape of State No-Funding Provisions, 66 U.

Kan. L. Rev. 753, 754–60 (2018).

CT-2018-006

miden

su

45

rendimiento

a

base

de

la

eficiencia

de

su

operación y siempre bajo la lógica financiera del costobeneficio. Un estudio más detallado de los elementos sobre

su administración, autonomía y el esquema laboral revelan

lo

desacertado

creación

de

del

razonamiento

estas

escuelas

mayoritario

infringe

la

y

cómo

la

cláusula

de

sostenimiento insalvablemente. Veamos.

La

estará

administración

de

en

virtud

manos,

por

estas

instituciones

de

un

educativas

contrato,

de

entes

externos al Departamento de Educación. En específico, la

gobernanza de las escuelas chárter se regirá por “una junta

de directores u otro cuerpo de gobernanza” conforme a la

entidad

educativa

autorizada

Educación.

Véase

Art.

operacional

estará

regido,

por

13.02(e).

además,

el

Departamento

Todo

por

este

los

de

esquema

términos

y

condiciones establecidos en la Carta Constitutiva entre el

Departamento

de

correspondiente.

Educación

En

este

y

la

aspecto,

entidad

certificada

la

permite

Ley

al

Departamento de Educación una flexibilidad considerable al

momento de redactar estos contratos.

El

alcance

de

estos

contratos

levanta

serias

preocupaciones e interrogantes. Dichos acuerdos, contrario

a

lo

que

contratos

intiman

las

opiniones

gubernamentales

de

conformidad,

“tradicionales”

que

no

son

brindan

servicios no-educativos. Por el contrario, lo que está en

juego y se figura propiamente como la causa contractual es

el ofrecimiento de servicios estrictamente educativos con

fondos estatales. En cuanto a la vigencia de esta relación

contractual, la Ley de Reforma Educativa establece que,

CT-2018-006

“[s]e

46

podrá

revocar

la

Carta

Constitutiva

en

cualquier

momento”. Art. 13.07(15)(f). Esto, en claro perjuicio de

los estudiantes, padres y maestros que opten por formar

parte de estas instituciones educativas, quienes estarán

sujetos a un estado constante de incertidumbre respecto a

su estabilidad y permanencia.

La autonomía que la Ley de Reforma Educativa otorga a

las entidades certificadas a cargo de administrar y operar

estas instituciones educativas, de por sí, es suficiente

para decretar su inconstitucionalidad. En cuanto a este

aspecto, la Ley dispone que una Escuela Pública Alianza

“tendrá autonomía sobre sus decisiones, incluyendo, pero

sin limitarse a, asuntos de finanzas, personal, calendario,

currículo e instrucción”. Art. 13.02(b). Asimismo, la Ley

requiere que la Carta Constitutiva garantice “la autonomía

fiscal, operacional y administrativa de las escuelas”. Art.

13.07(10).

Claramente,

pues,

estas

escuelas

operarán

de

forma virtualmente independiente en todo lo que atañe la

educación que recibirán sus estudiantes. A tenor con esto,

la Ley también les reconoce a estas escuelas la facultad

para: (1) negociar y contratar con otras entidades; (2)

recibir donaciones; (3) expulsar estudiantes; (4) adoptar

un código de ética; (5) establecer criterios particulares

de admisión; (6) fijar una misión educativa propia; (7)

contratar maestros que no estén adscritos al Departamento

de Educación y, por tanto, no pasen a ser empleados del

gobierno, y (8) operar como entidades sin fines de lucro,

entre otras cosas.

13.06.

Véase, en general, Arts. 13.02, 13.03,

CT-2018-006

En

lo

47

atinente

a

este

grado

de

autonomía,

resulta

insostenible el razonamiento mayoritario que enmarca toda

su discusión sobre la constitucionalidad de las Escuelas

Públicas Alianza desde una óptica de gradación gerencial.

Según las opiniones de conformidad, el nivel desmedido de

autonomía otorgado ha de ceder ante la realidad de que

estas

instituciones

educativas

estarán

sujetas

a

la

“responsabilidad directa y exclusiva” de la Secretaria de

Educación y ciertos “mecanismos de evaluación y rendición

de cuentas”. Véase Op. de Conformidad (J. Rivera García),

en las págs. 55-58. Para una mayoría de los integrantes de

este Tribunal, esto resulta suficiente para catalogar estas

instituciones como “escuelas públicas” y disipar cualquier

duda sobre su independencia del Departamento de Educación.

Más en concreto aún, el criterio mayoritario, olvidando que

“el nombre no hace la cosa”, concluye que estas escuelas

son “públicas” porque así las define expresamente la Ley.

Este

análisis

tergiversan

contiene

la

varias

verdadera

premisas

naturaleza

disparatadas

que

privada

de

estas

y

grado

de

supone

una

instituciones. Veamos.

El

presunto

reglamentación

obligación

rol

por

legal

“fiscalizador”

parte

que

el

del

Estado

la

actualidad-

–en

sólo

ya

tiene

el

Departamento de Educación cuando supervisa, mediante los

procesos

de

acreditación

y

licenciamiento,

a

cualquier

entidad educativa que opere en Puerto Rico. Los Reglamentos

del Departamento de Educación aplicables a las escuelas

públicas

“tradicionales”

y

privadas

en

cuanto

a

estos

CT-2018-006

48

procesos así lo evidencian.193 De hecho, los “estándares de

evaluación y rendición de cuentas” que la mayoría utiliza

para

resaltar

el

carácter

“público”

de

las

Escuelas

Públicas Alianza guarda un parecido inmenso con el proceso

de

licenciamiento

necesario

para

operar

una

escuela

privada. Sin embargo, todo indica que el grado de control

que ejercerá el Departamento de Educación no convierte de

por sí a las escuelas chárter en entidades de educación

pública tradicional.194

Por ejemplo, el proceso de acreditación por parte del

moribundo, pero aún vigente, Consejo de Educación de Puerto

Rico (CEPR) para instituciones básicas privadas es uno

“voluntario” pero uno “compulsorio” para escuelas públicas.

Véase Art. 7(3) del Reglamento 8309-2012 del Departamento

de

Educación;

Art.

7(2)

Reglamento

8310-2012

del

Departamento

de

Educación.

La

importancia

del

reconocimiento oficial, hasta hoy día, por parte del CEPR

estriba en el hecho de que esto garantiza que dichas

instituciones estarán operando “a niveles de ejecutoria,

calidad e integridad como superiores a los requeridos para

ostentar licencia”. Arts. 7(3) y 11 del Reglamento 83092012. El Programa de Escuelas Públicas Alianza nada dispone

sobre este particular, dando la impresión de que no estarán

obligadas a someterse a dicho proceso; una característica

atribuida a las escuelas privadas, más no a las escuelas

públicas.

193

El razonamiento mayoritario erradamente concluye que,

según las disposiciones de la Ley de Reforma Educativa, “no

es lo mismo delegar ciertas funciones educacionales, que la

transferencia del sistema de instrucción pública”. Op. de

Conformidad (J. Rivera García), en la pág. 58. Sin embargo,

este razonamiento no es más que un silogismo jurídico. La

premisa mayor sería que “el Departamento de Educación tiene

la obligación de asegurarse que todas las escuelas públicas

‘tradicionales’

cumplan

con

ciertos

estándares

y

procedimientos para ser licenciadas”. Por su parte, la

premisa menor sería que “el Departamento de Educación

tendrá la obligación de asegurarse que las ‘Escuelas

Públicas Alianzas’ cumplan con ciertos estándares y

procedimientos para ser certificadas”. Al evaluar la

relación entre ambas premisas, el Juez Asociado señor

Rivera García parece concluir que “las Escuelas Públicas

Alianzas son, por ende, escuelas públicas tradicionales”.

El error resulta obvio, puesto que la premisa mayor es

194

CT-2018-006

49

Debo dejar claro que, distinta sería la situación en

la cual una Escuela Pública Alianza esté administrada por

entes

jurídicos

públicos;

por

ejemplo,

como

lo

son

un

municipio, consorcios municipales o la universidad pública

del Estado. Véase Art. 1.03 (19). Un esquema que delegue la

operación y administración de escuelas por parte de estas

entidades que forman parte del Gobierno de Puerto Rico y

están

bajo

el

control

del

Estado,

no

contravendría

la

cláusula de sostenimiento. Ello, porque se trata justamente

de

entidades

públicas

que

son

financiadas

con

fondos

públicos pero que, a su vez, pueden recibir fondos privados

para la implementación de programas educativos. En este

sentido, las Escuelas Públicas Alianzas administradas por

entes del Estado, y permitidas bajo nuestra Constitución,

deben ser el norte a seguir. 195

falsa, dado que el Departamento de Educación tiene la

obligación de asegurarse que todas las escuelas, ya sean

públicas o privadas, cumplan con ciertos estándares y

procedimientos para ser certificadas.

195 De hecho, el modelo de las escuelas públicas Montessori

en Puerto Rico y su rol fundamental que ha jugado el

Instituto Nueva Escuela (INE) en su expansión a lo largo

del País sirven como ejemplos exitosos de una filosofía

pedagógica que opera bajo esquemas administrativos y de

financiamiento -en su mayoría- públicos y que respetan

nuestro mandato constitucional. Estas escuelas son públicas

y están supervisadas por una Secretaria Auxiliar de

Educación

Montessori.

Véase

Keila

López

Alicea,

Preocupación en las escuelas Montessori por la reforma

educativa,

El

Nuevo

Día,

11

de

febrero

de

2018,

https://www.elnuevodia.com/not

iciaslocales/nota/preocupaciónenlasescuelasmontessoriporlar

eformaeducativa-2397773/ (última visita 9 de agosto de

2018).

Bajo

la

Ley

de

Reforma

Educativa,

estas

instituciones educativas conservan su carácter público,

aunque ahora existan mayores elementos de gobernanza

compartida entre el INE y el Departamento de Educación.

Todo esto apunta a que parte de una solución responsable al

CT-2018-006

50

No obstante, dado que la función de este Tribunal,

como máximo foro judicial, conlleva salvaguardar –a toda

costa- la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico,

no

puede

haber

cabida

en

nuestro

ordenamiento

jurídico para escuelas privadas que sean financiadas con

fondos públicos y no estén sujetas al control del Estado.

Asimismo,

debo

resaltar

que

la

insistencia

de

la

Legislatura y la mayoría en denominar desacertadamente a

las

entidades

públicas”

es

educativas

insuficiente

certificadas

para

validar

como

“escuelas

su

naturaleza

pública.196 Sostener que las Escuelas Públicas Alianzas son

públicas porque lo dice el “nombre” es crear una ficción

lingüística

para

la

creación

de

un

sistema

educativo

presunto “apartheid educativo”, que menciona el Juez

Asociado

señor

Estrella

Martínez,

se

encuentra

en

robustecer aquellos modelos pedagógicos, como el método

Montessori, cuya naturaleza sea cónsona a los postulados

democráticos y de avanzada contenidos en la Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Recurriendo

nuevamente

a

los

Reglamentos

del

Departamento de Educación, la definición provista en éstos

para una escuela privada se asemeja, de facto, a la de una

Escuela Pública Alianza y no a la de una escuela pública

“tradicional”. Bajo estos Reglamento una institución de

educación privada “es controlada y administrada por persona

natural o jurídica no gubernamental (por ejemplo, Iglesia,

empresa, etc.) o; si su Junta de Gobierno se compone en su

mayoría de miembros no designados por una agencia o

funcionario público.” Artículo 7(40) del Reglamento 83092012; Artículo 7(35) Reglamento 8310-2012. Mientras la

institución

de

educación

pública

“es

controlada

y

administrada directamente por una agencia o autoridad de

educación

pública

o;

es

controlada

y

administrada

directamente por una agencia gubernamental o por una Junta,

Consejo, Comité cuyos miembros en su mayoría son designados

por una autoridad pública o electos por un sector público.”

Artículo 7(41) del Reglamento 8309-2012; Artículo 7(36)

Reglamento 8310-2012.

196

CT-2018-006

51

privado financiado con fondos públicos, lo que constituye

una clara violación a nuestra Constitución.

Por

último,

como

si

el

grado

de

autonomía

y

las

facultades operacionales que se le reconocen a las Escuelas

Públicas Alianzas no fuesen suficiente, el carácter privado

de estas escuelas queda en manifiesto al escudriñar las

políticas y protecciones -o falta de ellas- disponibles

para

su

fuerza

laboral.

Por

disposición

de

la

Ley,

el

personal docente y no docente de estas instituciones se

compondrá de empleados públicos y el esquema diseñado para

el

traspaso

elemento

Art.

de

13.08.

de

maestros

voluntariedad

Esto,

por

entre

instituciones

altamente

razón

de

propone

cuestionable.

la

un

Véase

encrucijada

que

implicaría para los maestros y las maestras del País tomar

la

decisión

entre

la

seguridad

de

ser

empleados

gubernamentales y la incertidumbre de ser empleado privado

sujeto a los vaivenes de la libre empresa.

Las licencias sin sueldo que serán otorgadas por el

Departamento

de

Educación

y

la

posible

contratación

de

empleados privados para una Escuela Pública Alianza, cuyo

plantel físico sea de nueva creación, tiene el efecto de

crear dos castas de maestros dentro del mismo sistema y de

excluir aquellos maestros que opten por trabajar en una

Escuela Pública Alianza de muchos de los reglamentos y

requisitos aplicables a los empleados del Departamento de

Educación. No importa que las Escuelas Públicas Alianza

sólo constituyan, en la actualidad, un pequeño por ciento

de las escuelas del País, validar este andamiaje jurídico

CT-2018-006

52

abriría las puertas a la desaparición total de nuestro

sistema público de enseñanza.

En fin, no cabe duda de que las Escuelas Públicas

Alianza recibirán fondos públicos, por vía del Departamento

de Educación, pues así lo dispone claramente

el propio

texto de la Ley de Reforma Educativa. Véase Art. 13.06.

Nuestra Constitución, como hemos repetido a lo largo de

este disenso, prohíbe que el Estado brinde ayuda económica

a las instituciones de enseñanza privada. En atención a

ello, soy del criterio que el Programa de Escuelas Públicas

Alianza infringe la cláusula de sostenimiento. Al igual que

el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia en este

caso estimo que, siempre y cuando los administradores de

estas

instituciones

sean

entes

externos

al

Estado,

la

creación de Escuelas Públicas Alianza resulta contraria a

la Constitución.

Según lo acotado, empero, la prohibición contenida en

nuestra Carta de Derechos no se extiende a los municipios y

a

las

universidades

extensiones

contrario

del

públicas,

Gobierno

conllevaría

que

de

puesto

Puerto

el

que

Rico.

Estado

éstas

son

Resolver

lo

renuncie

a

su

responsabilidad como garantizador de lo público, y persiga

paradigmas de rentabilidad y privatización para inyectar en

las aulas del País esa mentalidad mercantil que supone lo

privado.

Por todo cual, al igual que con el Programa de Libre

Selección de Escuelas, correspondía confirmar al Tribunal

de

Primera

Instancia

y

declarar

la

inconstitucionalidad

parcial del Programa de las Escuelas Públicas Alianza.

CT-2018-006

53

IV.

Las precariedades y los fracasos de nuestro sistema de

educación no son subsanables mediante la implementación de

programas que tiendan a desvirtuar su naturaleza pública y

propicien

la

educación

gratuita

competencia

sujeción

y

a

los

del

las

derecho

constitucional

contingencias

intereses

del

de

sector

la

a

una

libre

privado.

La

inversión de fondos públicos en la creación de escuelas

que, para todos los efectos prácticos son instituciones

educativas

contenida

privadas,

en

la

es

contraria

cláusula

de

a

la

sostenimiento

prohibición

de

nuestra

Constitución. La remisión de capital por parte del Gobierno

a escuelas privadas a través de certificados para el pago

de la matrícula en esas instituciones tiene el efecto de

potenciar la primacía de la educación privada en nuestra

Isla. Esto, en perjuicio de nuestro sistema de enseñanza

público. Lo que es peor, ese desembolso también constituye

una flagrante violación al mandato constitucional de no

utilizar

“fondos

públicos

para

el

sostenimiento

de

instituciones educativas que no sean las del Estado”. Art.

II, Sec. 5, Const. P.R.

Los fondos que serán invertidos en el fortalecimiento

de

las

instituciones

educativas

privadas,

conforme

al

esquema legislativo cuya constitucionalidad hoy se decreta,

deberían

destinarse

a

mejorar

nuestro

sistema

actual

público de enseñanza y así poder ofrecer a sus estudiantes

los

servicios

esenciales

para

promover

su

superación

y

progreso. Sólo de esta manera podremos salvaguardar para

nuestra niñez “el derecho a una educación que propenda al

CT-2018-006

54

pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento

del respeto de los derechos del hombre [y la mujer] y de

las

libertades

fundamentales”

consagrado

en

nuestra

Constitución. En una sociedad cada vez más competitiva,

resulta

inaceptable

abdicar

su

y

obligación

vergonzoso

permitirle

de

a

proveer

sistema de instrucción pública . . .

la

al

Estado

ciudadanía

“un

libre y enteramente

no sectario”. Art. II, Sec. 5, Const. P.R.

En el Puerto Rico de hoy, más que nunca, urge aunar

esfuerzos para retomar la visión de la Comisión de la Carta

de

Derechos

sobre

la

importancia

de

la

Sección

5

del

Artículo II de nuestra Constitución:

La escuela pública ha sido una de las mayores

fuerzas de democracia, de unidad colectiva y de

oportunidad abierta al talento en la vida

puertorriqueña. En su salón de clase se han

educado codeándose hombres y mujeres de todas las

clases sociales, de todas las religiones, de

todos los grupos políticos, de todas las razas.

En ella han aprendido la igualdad, la tolerancia,

el esfuerzo. Debe continuar y ampliar esta su

responsabilidad y trayectoria.

Informe de la Comisión de Carta de Derechos, Convención

Constituyente de Puerto Rico (1951) en la pág. 13.

Lamentablemente, al igual que las ramas políticas, la

mayoría prefiere doblegarse ante la adversidad y entregar a

manos privadas un componente esencial de esa visión de País

que se hace cada vez más turbia. Porque me rehúso a pensar

que somos incapaces de mejorar nuestro sistema de educación

mediante

modelos

operados

exclusivamente

dictamen

que

hoy

efectivos

por

suscribe

que

sean

el

Estado,

una

mayoría.

administrados

disiento

Fiel

al

y

del

texto

constitucional y a los debates de aquellos puertorriqueños

CT-2018-006

que

forjaron

igualitaria

55

las

bases

asentada

en

de

una

la

sociedad

educación

democrática

como

un

e

valor

universal, declararía inconstitucional tanto el Programa de

Libre

Selección

de

Escuelas

como

la

creación

de

las

Escuelas Públicas Alianza que estén bajo el control de

entidades privadas desvinculadas del Estado.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Maestros, su

sindicato,

Asociación

de

Maestros de P.R. – et al.

Recurridos

v.

CT-2018-0006

Certificación

Intrajurisdiccional

Departamento de Educación;

Hon. Julia Keleher, en su

carácter

oficial

como

Secretaria del Depto. de

Educación del E.L.A. de P.R.

Peticionarios

Opinión

PÉREZ.

Disidente

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

COLÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de agosto de 2018.

Con el mismo grado de seriedad, responsabilidad y

compromiso

semanas

con

nuestro

validamos

el

País,

con

cierre

de

el

que

hace

ciertas

unas

escuelas

públicas en la Isla -- ello por considerar que, en el

caso

que

en

aquel

momento

teníamos

consideración,

no

estaban

circunstancias,

de

privación

ante

nuestra

presentes

las

del

derecho

constitucional a una educación primaria y secundaria,

que ameritasen la intervención del Poder Judicial --,

en

el

día

de

hoy

disentimos

enérgicamente

del

proceder seguido por una mayoría de este Tribunal en el

presente caso, mediante el cual se declaran constitucionales

ciertas disposiciones de la llamada Ley de Reforma Educativa

CT-2018-0006

de

Puerto

gobierno

2

Rico,

de

Ley

Núm.

85-2018,

presentada

por

turno

y

aprobada

por

la

fundamentos

en

derecho

para

disentir

el

Asamblea

Legislativa.

Los

del

mencionado proceder se recogen con particular precisión

en la Opinión Disidente emitida por la compañera Juez

Asociada señora Rodríguez Rodríguez, razón por la cual

hemos decidido unirnos a la misma. A todas luces, y como

bien se recoge en la mencionada Opinión Disidente, las

disposiciones más relevantes de la legislación aquí en

controversia

(los

vales

educativos

y

las

Escuelas

Públicas Alianzas o escuelas charters, según definidas

en esta “Reforma Educativa”197) son inconstitucionales de

su faz por violar el Art. 2, Sec. 5, de la Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA Tomo 1,

en específico la conocida Cláusula de Sostenimiento.198

Lo anterior no admite interpretación en contrario y, en

lo relacionado a los vales educativos, ya así había sido

previamente sentenciado por este Tribunal en Asoc. Maestros P.R.

v. Srio. Educación, 137 DPR 528 (1994), por voz del ex Juez

Presidente Hon. Federico Hernández Denton.

Un precedente

Exceptuamos de nuestro análisis aquellas escuelas que decidan

ser adoptadas por los Municipios o alguna otra instrumentalidad

pública, por entender que ello no choca con Cláusula de

Sostenimiento de la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico. Art. II. Sec. 5, Const. ELA, LPRA Tomo 1.

197

La referida Cláusula de Sostenimiento de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, establece que “[n]o se

utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de

escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado”.

198

CT-2018-0006

bien

3

pensado,

en

extremo

estudiado

y

cuidadosamente

trabajado.

El

que

Tribunal

ya

que

exista

un

dispone,

precedente

en

gran

previo

parte,

de

este

de

los

planteamientos traídos ante nuestra consideración –- y

que muy bien pudo haber sido utilizado para disponer de

la

controversia

relacionada

a

las

Escuelas

Públicas

Alianza o escuelas charters -- nos mueve a recalcar, una

vez más, la importancia que en todo proceso decisorio

tiene la doctrina de stare decisis. Como sabemos, dicha

doctrina es aquella que postula que un Tribunal -- en

aras

de

proveer

ordenamiento

estabilidad

jurídico

–-

está

y

certidumbre

llamado

a

seguir

al

sus

dictámenes previos. Véase, Rivera Ruiz v. Mun. De Ponce,

196 DPR 410 (2016); González v. Merck, 166 DPR 659, 687689 (2006). Ello, es un elemento esencial para generar

confianza de la ciudadanía en su sistema de justicia.

Ciertamente, y como señalan algunos miembros

de

este

antes

Tribunal,

expuesta

reconocemos

tiene

sus

que

la

doctrina

excepciones

y

los

Tribunales no estarían llamados a seguir la misma

cuando

fuera

el

precedente

claramente

sobre

el

previamente

erróneo,

ordenamiento

los

sean

establecido

efectos

del

adversos,

mismo

o

la

cantidad de personas que confiaron en éste fuese

limitada.

Pueblo

20

esc.

(2008);

176

DPR

4

913,

v.

Camacho

Pueblo

921–22

Delgado ,

v.

Díaz

(2009).

175

De

Sin

DPR

1,

León,

embargo,

CT-2018-0006

4

contrario a lo señalado por éstos y éstas, ninguna de

esas instancias están presentes en el precedente bajo

estudio.

No procedía, pues, -- por consideraciones que no

están

del

todo

claras

--

ignorar

lo

correctamente

dispuesto por este Tribunal hace más de dos décadas en

Asoc.

Maestros

P.R.

v.

Srio.

Educación,

supra.

La

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

que en dicha ocasión se interpretó es la misma que hoy

se interpreta. No ha variado en nada.

En ese sentido, nos resulta altamente preocupante

la regularidad con la que una mayoría de este Tribunal,

en tiempos recientes, ha optado por obviar el valor que

tiene

el

precedente

en

todo

ordenamiento

jurídico.199

Máxime, cuando se hace para validar el uso de fondos

públicos

para

fines

privados.

En

esa

instancia,

la

preocupación es doble.

Establecido lo anterior, no empece a habernos unido

a la Opinión Disidente de la compañera Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez, -- y toda vez que el derecho no opera

en el abstracto200 --

nos

parece necesario

alejarnos un poco

199

La más reciente actuación de este Tribunal donde se revoca un

precedente fue hace tan sólo un año atrás en Com. PNP v. CEE, 197

DPR 914 (2017).

Ello, pues, según insisten los teóricos del movimiento

Estudios Críticos del Derecho (Critical Legal Studies):

200

[S]e quiere una perspectiva distinta del razonamiento

jurídico, en el que si bien las normas y principios

jurídicos

son

la

columna

vertebral

del

derecho,

igualmente se enfatiza en la necesidad de valorar otros

factores que comprenden desde la política, la economía,

la historia, la sociedad, la teoría y la filosofía,

hasta la propia psicología, a efecto de aproximarnos a

de

CT-2018-0006

5

de las complejidades que envuelve el uso del lenguaje

técnico-legal, en aras de que, desde una perspectiva

distinta, nuestros ciudadanos y ciudadanas entiendan el

resultado

al

que

finalmente

se

llegará

con

la

legislación que una mayoría de este Tribunal hoy valida

y el efecto que la misma tendrá dentro del entorno en se

desenvuelven.

En esa dirección, hemos optado también por hacer

nuestras, in extenso, las palabras empleadas hace unos

meses atrás -- en cierta columna de opinión publicada en

un

diario

de

circulación

general

--

por

el

abogado,

doctor en Filosofía y Literatura de la Universidad de

Harvard, y ganador en el año 2017 del Festival de la

Palabra que se celebra en nuestro País, Dr. Raúl Manuel

Núñez Negrón. En su columna La tiza y la pizarra,201 el

doctor

Núñez

realidad

que

Negrón,

nos

enfrentan

retrata

la

y

estudiantes

los

las

triste

y

dura

de

las

escuelas públicas del País y, en lo que consideramos una

excelente

contribución

al

campo

de

Derecho

y

Literatura,202 sobre lo dispuesto en la Reforma Educativa

aquí en controversia, sentenció lo siguiente:

los alcances de la vulnerabilidad humana, a la que están

sujetos los operadores jurídicos. Jorge Robles Vázquez &

Yvonne Georgina Tovar Silva, Teoría Jurídica Critica

Norteamericana, Una introducción a los Critical Legal

Studies, Universidad Nacional Autónoma de México,

Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, pág. 28.

Manolo Nuñez Negrón, “La tiza y la pizarra”, El Nuevo Día, 2018,

https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/latizaylapizarracolumna-2416358/.

201

202

Sobre la relación entre el Derecho y la Literatura, el profesor.

Carmelo Delgado Cintrón, en su obra Tratado de Derecho y

Literatura, Visión Literaria del Derecho, nos comenta:

CT-2018-0006

A estas alturas del año no quedan ramas

secas en los árboles de la zona central y

estos tres jóvenes reunidos junto al camino,

un varón con su gorra de béisbol y dos niñas

adolescentes, aguardan sentados en una curva

de la PR 111. El sol no ha terminado de

levantarse y duermen las palomas sobre los

aleros. La neblina decora montes y peñas. La

tierra sigue sin agrietarse y es sedoso el

rumor de los bambúes. Ya se anuncian en el

paladar, con los sonidos de la mañana, los

sabores de los primeros mangós y los últimos

nísperos. El reloj marca las seis, cantan los

gallos y a lo lejos, en el horizonte, asoma la

guagua.

Para respetar la costumbre, van vestidos

de uniforme. No quieren perderse la trilla y

por eso se han levantado a las cinco, cuando

todavía estaba oscuro. Después de recibir la

bendición de sus familiares, que salen al

balcón para verlos alejarse con la taza de

café humeante en la mano, caminaron algunas

millas

contemplando

los

animales

que

se

inclinaban a comer pasto y llegaron al punto

de encuentro, un terreno baldío frente a una

iglesia, peleando con los bostezos.

Este es su ritual cotidiano: cargar una

mochila de tela con un par de lápices y

[E]l estudio de las relaciones entre el Derecho y la

literatura no se restringe a un país, una época o una

temática literaria y jurídica. El desarrollo de la

disciplina de Derecho y Literatura sucede en dos etapas.

Tenemos pues, los autores y creadores literarios que

recurren al mundo jurídico donde toman las temáticas los quehaceres de abogados, jueces, tribunales, juicios,

lo jurídico entre otros- que transforman en obras de

arte. Es decir, son argumentos y situaciones propias del

Derecho que el narrador, el novelista, el poeta, el

cuentista, el dramaturgo transforman en una obra

literaria, una suya muy personal. Es obvio que el

artista no le interesa producir una obra de Derecho,

para eso están los juristas. Luego tenemos los abogados

y profesores de Derecho que estudian críticamente esas

creaciones literarias sobre el Derecho, esas obras

literarias para examinar los contenidos estéticos,

literarios y jurídicos según los creadores literarios y

aprender de ellos. Eventualmente desenvolviendo una

teoría de Derecho y Literatura. Carmelo Delgado Cintrón,

Tratado de Derecho y Literatura, Visión Literaria del

Derecho, Escuela de Derecho, Universidad de Puerto Rico,

2012, T. I, pág. 15.

A juicio nuestro, éste es uno de esos casos.

6

CT-2018-0006

libretas, amarrarse los cordones de los tenis,

practicar las tablas de multiplicar y, a

veces, copiarse las asignaciones. Tan pronto

aparece el vagón amarillo se suman al vacilón

de los compañeros: “Papón, métele chambón a la

gasolina.”

En ocasiones, vencidos por el cansancio,

intentarán quedarse en la cama, ausentarse del

ábaco y las lecciones de gramática. Enseguida,

la voz de los padres o de los abuelos se

escuchará en el cuarto, compitiendo con el

despertador: “arriba, sacudan las sábanas, hay

que estudiar.” Si las crías se preparan, si se

convierten en profesionales, tendrán un futuro

mejor. He ahí la convicción que sustenta la

mayoría de los hogares isleños y ante la que

cualquier sacrificio palidece. La misión es

educarlos contra viento y marea, para así

poner a raya la precariedad y evitarles un

destino de pobreza.

Es una pena que los argumentos que han

cooptado el debate público en torno a este

asunto

no

atiendan

la

difícil,

compleja

realidad que viven maestros y estudiantes en

sus talleres de trabajo. Se repite, por el

contrario, el mismo guión de antaño: el país

está obsoleto y sus centros docentes carecen

de una cultura de la competitividad. La

solución: privatizar a diestra y siniestra. Es

decir: socializar las pérdidas y rifar las

ganancias.

La Reforma Educativa aprobada por el

gobierno no procura enfrentar los problemas

reales de las comunidades pedagógicas, solo

persigue orientar el conocimiento hacia el

paradigma de la rentabilidad, una filosofía

trasplantada del orbe empresarial que trae

consigo al salón de clases conceptos que nada

tienen que ver con el saber: rendimiento,

eficacia, ¡productividad! O en su versión

anglosajona, que goza de mayor prestigio

léxico:

downsizing,

attrition,

resilience,

maximization. Resulta trágico, y sintomático,

que permanecieran ausentes de la discusión

general nociones básicas de la didáctica:

alfabetización,

pensamiento

crítico,

creatividad, imaginación, empatía.

Se ha completado, por desgracia, un

capítulo adicional de esa larga, siniestra

saga, que registra el lento pero seguro

desmantelamiento de las estructuras estatales

en beneficio de los intereses económicos.

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Llamarlo de otra manera sería un ejercicio de

falsificación y una hipocresía colosal. La

distribución indiscriminada de una parte de

nuestro patrimonio supone, entre otros riesgos

inquietantes, la posibilidad de que el dinero

corra hacia las cuentas bancarias de quienes

han identificado en la educación una fuente de

riqueza fácil. El régimen de los planteles

charter, con resultados muy cuestionables en

los Estados Unidos, podría traer consigo una

enorme cuota de especulación financiera y no

la anhelada – y necesaria – renovación de la

enseñanza.

Mientras tanto, en la cordillera y en la

costa, miles de alumnos ajenos al holocausto

de fondos que aquí tiene lugar esconden las

sonrisas tras los viejos cuadernos y festejan

el aviso del recreo chupándose un caramelo. Lo

peligroso, lo imperdonable, sería que ese

timbre que marca el periodo de juegos retumbe

también en los golosos tímpanos de los

inversionistas, y que presagie la hora [...]

del despilfarro. (Énfasis suplido).

No es momento, pues, de “socializar las pérdidas y

rifar las ganancias”. Es momento de asegurarnos de que

nuestros

niños,

niñas

y

jóvenes

puedan

llegar

a

una

escuela de excelencia, reciban el pan de la enseñanza y

logren su pleno desarrollo como hombres y mujeres de

bien, según fue consagrado en el Art. II, Sec. 5 de la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

LPRA Tomo 1. Las alternativas que la legislación aquí en

controversia contempla para ello (los vales educativos y

las

Escuelas

Públicas

Alianzas

o

escuelas

charters,

según definidas en esta “Reforma Educativa”), a todas

luces contrarias a lo dispuesto en nuestra Carta Magna, y en la

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medida que chocan con ella, a juicio de quien suscribe,

no pueden ser la solución.

Una vez más, los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y

este

Tribunal,

hacerle

pierden

justicia

a

los

una

y

magnífica

las

oportunidad

estudiantes

de

de

nuestro

País. Olvidando así, nuevamente, que “sin estudiantes no

hay

escuelas,

y

sin

escuelas

no

hay

país”.

Menéndez

González, et al. v. U.P.R., 198 DPR 140, 147-48 (2017)

(Op. Disidente, Juez Asociado Colón Pérez).

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado