Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Héctor J. Bonilla Calero
2018 TSPR 132
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Héctor J. Bonilla Calero
TS-14,386
Conducta Profesional: Suspensión indefinida de la abogacía por incumplir con el Programa de Educación Jurídica Continua y las órdenes del Tribunal Supremo.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2018 TSPR 132
Héctor J. Bonilla Calero
Número del Caso:
200 DPR ____
TS-14,386
Fecha: 29 de junio de 2018
Abogado de la parte promovida:
Por derecho propio
Programa de Educación Jurídica Continua:
Lcdo. José Ignacio Campos Pérez
Director
Materia: La suspensión será efectiva el 27 de julio de 2018, fecha
en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Conducta
Héctor J. Bonilla Calero
TS-14,386
Profesional
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018.
Por
los
antecedentes
fácticos
que
esbozamos
a
continuación, nos vemos precisados a ejercer nuestra
facultad disciplinaria contra un abogado por incumplir
con los requisitos del Programa de Educación Jurídica
Continua (PEJC) y con las órdenes de este Tribunal. En
consecuencia,
suspendemos
inmediata
e
indefinidamente
del ejercicio de la abogacía al Lcdo. Héctor J. Bonilla
Calero.
I
El
Bonilla
abogacía
Lcdo.
Héctor
Calero)
el
J.
Bonilla
fue
admitido
23
de
al
Calero
(licenciado
ejercicio
enero
de
de
la
2003.
TS-14,386
2
Según surge del expediente personal del letrado, el
24 de mayo de 2011, el PEJC envió al licenciado Bonilla
Calero un Aviso de Incumplimiento en el que informó que
tenía
incumplidos
los
créditos
requeridos
por
el
Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua,
según enmendado, 4 LPRA Ap. XVII–E, para el periodo del 1
de
abril
de
2009
comunicación
le
al
31
otorgó,
de
marzo
de
2011.
En
esa
entre
otras
alternativas,
un
término de sesenta días adicionales para tomar los cursos
necesarios y pagar la multa por cumplimiento tardío, a
tenor con la Regla 30 (C) del Reglamento del PEJC.
Transcurrido
cumplimiento,
un
el
PEJC
término
citó
al
prudente
licenciado
a
para
el
una
vista
informal ante un Oficial Examinador a celebrarse el 30 de
enero de 2014 para que pudiera exponer las razones que
justificaban
Calero
su
incumplimiento.
compareció
resumen,
se
a
la
comprometió
El
vista
a
licenciado
informal
subsanar
la
Bonilla
señalada.
En
deficiencia,
a
presentar evidencia de los cursos tomados y
pagar la
multa
que
su
asunto
se
por
cumplimiento
incumplimiento
podría
tardío.
conllevar
Reconoció
que
el
presentara ante la Junta sin ulteriores trámites y ser
referido ante esta Curia. Para ello, solicitó una prórroga
la cual fue concedida.
El 11 de diciembre de 2015 se notificó por correo
electrónico
determinación
el
de
Informe
la
del
entonces
Oficial
Examinador
Directora
del
y
la
PEJC,
la
TS-14,386
Hon.
3
Geisa
M.
Marrero
celebrada.
Se
le
Martínez,
advirtió
insuficiencia
de
créditos
cumplimiento
tardío,
se
que
y
respecto
a
de
subsanar
no
realizar
referiría
a
el
este
la
vista
la
pago
por
Tribunal
el
asunto objeto de la vista. También se le apercibió que de
referirse su caso por incumplimiento con dicho periodo se
informaría
incumplidos.
a
esta
No
Curia
obstante,
los
el
periodos
licenciado
posteriores
Bonilla
Calero
incumplió con su obligación de subsanar la insuficiencia
de créditos y el pago de la multa por cumplimiento tardío
correspondiente.
El 9 de marzo de 2017 el Director del PEJC presentó
un
Informe
sobre
incumplimiento
con
[el]
requisito
de
Educación Jurídica Continua refiriendo el asunto a nuestra
atención. En este detalló que el licenciado Bonilla Calero
incumplió con los requisitos reglamentarios referentes al
período del 1 de abril de 2009 al 31 de marzo de 2011.
Surge del mismo informe que tampoco cumplió con los
requisitos del Programa para los periodos del 1 de abril
de 2011 al 31 de marzo de 2013 y del 1 de abril de 2013 al
31 de marzo de 2015, para los cuales se le notificó los
avisos
tampoco
de
ha
incumplimiento
efectuado
correspondientes.
el
pago
de
la
El
abogado
multa
por
incumplimiento tardío correspondiente a estos periodos.1
1 Es preciso señalar, que para estos últimos periodos no ha sido
citado a una vista informal.
TS-14,386
4
Transcurrido
licenciado
el
Bonilla
término
Calero
concedido
compareciera
sin
por
que
el
escrito
o
subsanara las faltas señaladas por el PEJC, el 26 de abril
de
2017
emitimos
una
Resolución
mediante
la
cual
concedimos al letrado un término de veinte días, contados
a
partir
de
la
notificación,
para
que
compareciera
y
mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del
ejercicio de la abogacía por incumplir con los requisitos
de educación jurídica continua y por no comparecer ante el
PEJC cuando le fue requerido.
El 11 de mayo de 2017 el abogado compareció mediante
Moción
en
cumplimiento
incomparecencia
varios
se
estados
debía
en
de
a
que
Estados
orden.
se
Alegó
había
Unidos.
que
su
trasladado
Incluyó
a
una
certificación del Congreso de Derecho de Puerto Rico como
prueba de haber tomado unas serie de cursos. Sin embargo,
no incluyó la certificación de cumplimiento emitida por el
PEJC.
Por
Resolución
ello,
en
el
la
31
de
mayo
de
que
concedimos
2017,
emitimos
treinta
días
una
para
presentar la referida certificación.
En vista de que este no dio cumplimiento a nuestra
orden, mediante Resolución del 29 de diciembre de 2017,
concedimos un término final de diez días para cumplir con
lo ordenado. Le apercibimos que su incumplimiento podría
conllevar severas sanciones incluyendo la suspensión del
ejercicio de la profesión. Esta resolución se diligenció
el l0 de enero de 2018, a través de un alguacil de este
TS-14,386
5
Tribunal y fue recibida por el licenciado Bonilla Calero.
Al
momento
el
letrado
no
ha
comparecido
ni
ha
dado
cumplimiento con lo ordenado.
II
El Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, tiene
el
propósito
de
“promover
el
desempeño
personal
y
profesional de los abogados y las abogadas de acuerdo con
los más altos principios de conducta decorosa […]”.2 Con
ese norte, al prestar juramento para ejercer la abogacía,
los togados “se comprometen a obedecer, con lealtad y
fidelidad, aquellos deberes y responsabilidades que les
impone la ley y el Código de Ética Profesional”.3
En
innumerables
ejercicio
de
la
ocasiones
profesión
hemos
jurídica
expresado
requiere
que
que
el
todo
abogado y abogada observe rigurosamente los requerimientos
de
este
Tribunal.4
Este
mandato
ético
se
encuentra
establecido, particularmente, en el Canon 9 del Código de
Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Específicamente, este
precepto ético obliga a los abogados y a las abogadas a
“observar para con los tribunales una conducta que se
caracterice por el mayor respeto”.5 Como funcionarios del
tribunal, éstos tienen la obligación de atender y obedecer
In re Alberty Oms, 2018 TSPR 51, 199 DPR ___ (2018); In re
Espino Valcárcel, 2018 TSPR 30, 199 DPR ___ (2018).
3 In re González López, 2018 TSPR 28, 199 DPR ___ (2018).
4 In re Lee Navas, 2017 TSPR 208, 198 DPR __ (2017).
5 In re Lee Navas, supra; In re Abreu Figueroa, 2017 TSPR 126,
198 DPR __ (2017); In re Mangual Acevedo, 197 DPR 998 (2017); In re
Marín Serrano, 197 DPR 535 (2017).
2
TS-14,386
6
tanto las órdenes de este Tribunal como las de cualquier
foro al que se encuentren obligados a comparecer.6
En
ignoran
ese
sentido,
nuestras
los
órdenes
abogados
y
y
muestran
las
abogadas
que
indiferencia
ante
nuestros apercibimientos sobre sanciones disciplinarias,
se exponen a una separación inmediata e indefinida de la
profesión.7
ocasiones
y
Según
hemos
esta
ocasión
sostenido
no
será
en
la
innumerables
excepción:
“este
Tribunal no ha de tomar livianamente el que un abogado
asuma
una
actitud
de
indiferencia
y
menosprecio
hacia
nuestra autoridad”.8 Como consecuencia, nos hemos visto
obligados
a
suspender
indefinidamente
a
abogados
que
desatienden los requerimientos del PEJC e incumplen con
las horas crédito de educación continua requerida.
III
Según hemos expuesto, el licenciado Bonilla Calero no
respondió
con
diligencia
nuestros
requerimientos
y
se
mostró indiferente ante los apercibimientos de sanciones
disciplinarias. La actitud pasiva del abogado demuestra su
dejadez hacia sus responsabilidades como miembro activo de
la profesión jurídica y su indiferencia al desatender las
órdenes
judiciales
autoridad.
constituye
una
afrenta
a
nuestra
Ello, conlleva una infracción al Canon 9 del
Código de Ética profesional, supra.
In re Marín Serrano, supra, pág. 539.
In re Muriente Colón, 2018 TSPR 41, 199 DPR __ (2018); In re
Colón Cordovés, 195 DPR 543, 547 (2016).
8 In re Soto Rivera, 198 DPR 421 (2017); In re Santaliz Martell,
194 DPR 911, 914 (2016); In re Dávila Toro, 193 DPR 159, 164 (2015).
6
7
TS-14,386
7
IV
De conformidad con el derecho aplicable, así como por
la
conducta
exhibida
por
el
Lcdo.
Héctor
J.
Bonilla
Calero, decretamos su suspensión inmediata e indefinida
del ejercicio de la abogacía. Como consecuencia, deberá
notificar de forma inmediata a todos sus clientes de su
inhabilidad
para
continuar
representándolos.
De
igual
forma, se le ordena devolverles los expedientes de casos
pendientes y cualquier cantidad recibida en honorarios por
trabajos no realizados.
Asimismo
tiene
la
obligación
de
informar
inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y
administrativos en los que tenga algún asunto pendiente.
Por último, tiene la obligación de acreditar y certificar
a este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior, en
un
término
de
treinta
días
contados
a
partir
de
la
notificación de esta Opinión per curiam y Sentencia.
Notifíquese inmediatamente al señor Bonilla Calero
esta Opinión per curiam y Sentencia.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re;
Héctor J. Bonilla Calero
TS-14,386
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión per curiam
que antecede, la cual se hace formar parte de la presente
Sentencia, suspendemos indefinidamente de la práctica de la
abogacía al Lcdo. Héctor J. Bonilla Calero.
Como consecuencia, deberá notificar de forma inmediata
a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar
representándolos. De igual forma, se le ordena devolverles
los expedientes de casos pendientes y cualquier cantidad
recibida en honorarios por trabajos no realizados.
Asimismo,
tiene
la
obligación
de
informar
inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y
administrativos en los que tenga algún asunto pendiente.
Por último, tiene la obligación de acreditar y certificar a
este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior, en un
término
de
treinta
días
contados
a
partir
de
la
notificación de esta Opinión per curiam y Sentencia.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo.
La Jueza Presidenta
Oronoz Rodríguez no intervino.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo