Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Felix Daniel Torres Rosario
2018 TSPR 131
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Felix Daniel Torres Rosario
TS-2,745
Conducta Profesional: Suspensión indefinida de la abogacía por incumplir con el Programa de Educación Jurídica Continua y las órdenes del Tribunal Supremo.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2018 TSPR 131
Felix Daniel Torres Rosario
Número del Caso:
200 DPR ____
TS-2,745
Fecha: 29 de junio de 2018
Abogado de la parte promovida:
Por derecho propio
Programa de Educación Jurídica Continua:
Lcdo. José Ignacio Campos Pérez
Director
Materia:
La suspensión será efectiva el 23 de julio de 2018,
fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Conducta
Félix Daniel Torres Rosario
TS-2,745
Profesional
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018.
Por los antecedentes fácticos que esbozamos a
continuación,
nos
vemos
precisados
a
ejercer
nuestra facultad disciplinaria contra un abogado
por incumplir con los requisitos del Programa de
Educación
órdenes
Jurídica
de
este
Continua
(PEJC)
Tribunal.
En
suspendemos
inmediata
ejercicio
la
de
e
abogacía
y
con
consecuencia,
indefinidamente
al
Lcdo.
las
Félix
del
Daniel
Torres Rosario.
I
El
Lcdo.
(licenciado
Félix
Torres
Daniel
Rosario)
Torres
fue
Rosario
admitido
al
ejercicio de la abogacía el 26 de noviembre de 1965
TS-2,745
2
y prestó juramento como notario el 22 de abril de 1966.1
Según surge del expediente personal del letrado, el 22
de
octubre
de
2012,
el
PEJC
envió
al
licenciado
Torres
Rosario un Aviso de Incumplimiento en el que informó que
tenía incumplidos los créditos requeridos por el Reglamento
del
Programa
de
Educación
Jurídica
Continua,
según
enmendado, 4 LPRA Ap. XVII–E, para el periodo del 1 de
septiembre
de
2010
al
31
de
agosto
de
2012.
En
esa
comunicación le otorgó, entre otras alternativas, un término
de sesenta días adicionales para tomar los cursos necesarios
y pagar la multa por cumplimiento tardío, a tenor con la
Regla 30 (E) del Reglamento del PEJC.
Transcurrido un término prudente para el cumplimiento,
el PEJC citó al licenciado a una vista informal ante un
Oficial Examinador a celebrarse el 31 de octubre de 2014
para que pudiera exponer las razones que justificaban su
incumplimiento. El licenciado Torres Rosario no compareció a
la vista informal señalada por lo que, el Lcdo. Ángel M.
Cintrón García, Oficial Examinador, preparó un informe.
No obstante, el licenciado Torres Rosario incumplió con
su obligación de subsanar la insuficiencia de créditos y el
pago de la multa por cumplimiento tardío correspondiente.
Así las cosas, el 19 de abril de 2017 el Director del PEJC
recomendó a la Junta rendir un informe al Tribunal Supremo.
Surge del expediente que el letrado cesó su práctica de notaría el 3 de
febrero de 1970 al ser nombrado Fiscal. Fue readmitido el 31 de mayo de
1988, no obstante solicitó cesación de la notaría en una segunda ocasión
por haber sido nombrado Fiscal Auxiliar II.
1
TS-2,745
La
3
Junta
acogió
la
recomendación
y
encomendó
emitir
el
informe correspondiente.
El 23 de junio de 2017 el Director del PEJC presentó un
Informe sobre incumplimiento con [el] requisito de Educación
Jurídica Continua refiriendo el asunto a nuestra atención.
En este detalló que el licenciado Torres Rosario incumplió
con los requisitos reglamentarios referentes a los períodos
del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2012. Ello, a
pesar de que, entre otras cosas, se le concedió una prórroga
para que presentara evidencia de los trámites realizados
para solicitar el cambio de estatus de abogado inactivo ante
este Tribunal y para que pagara las multas por cumplimiento
tardío.
Surge
efectuado
del
el
mismo
pago
correspondiente
a
de
informe
la
este
que
el
abogado
tampoco
multa
por
incumplimiento
periodo
ni
ha
cumplido
ha
tardío
con
los
periodos posteriores para los cuales se le notificó un Aviso
de
incumplimiento.2
Cabe
señalar,
notificada
al
licenciado
electrónico
que
consta
en
que
Torres
el
la
correspondencia
Rosario
Registro
Único
al
correo
de
Abogados
(RUA) fue devuelta por el servicio de correo electrónico.
Transcurrido el término concedido sin que el licenciado
Torres
Rosario
compareciera
por
escrito
o
subsanara
las
faltas señaladas por el PEJC, el 18 de septiembre de 2017
emitimos
una
Resolución
mediante
la
cual
concedimos
al
letrado un término de veinte días, contados a partir de la
2
Para estos periodos no ha sido citado a una vista informal.
TS-2,745
4
notificación, para que compareciera y mostrara causa por la
cual no debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía
por
incumplir
con
los
requisitos
de
educación
jurídica
continua y por no comparecer ante el PEJC cuando le fue
requerido.
En vista de que este no dio cumplimiento a nuestra
orden,
mediante
concedimos
un
Resolución
término
del
final
28
de
de
diez
marzo
de
2018,
días
más.
Esta
resolución se diligenció el l1 de abril de 2018, a través de
un alguacil de este Tribunal y fue recibida por el señor
Félix
Daniel
Torres
Quiles,
hijo
del
licenciado
Torres
Rosario. Al momento el letrado no ha comparecido ni ha dado
cumplimiento con lo ordenado.
II
El Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, tiene el
propósito de “promover el desempeño personal y profesional
de los abogados y las abogadas de acuerdo con los más altos
principios de conducta decorosa […]”.3 Con ese norte, al
prestar juramento para ejercer la abogacía, los togados “se
comprometen a obedecer, con lealtad y fidelidad, aquellos
deberes
y
responsabilidades
que
les
impone
la
ley
y
el
que
el
Código de Ética Profesional”.4
En
innumerables
ocasiones
hemos
expresado
ejercicio de la profesión jurídica requiere que todo abogado
y abogada observe rigurosamente los requerimientos de este
3 In re Alberty Oms, 2018 TSPR 51, 199 DPR ___ (2018); In re Espino
Valcárcel, 2018 TSPR 30, 199 DPR ___ (2018).
4 In re González López, 2018 TSPR 28, 199 DPR ___ (2018).
TS-2,745
5
Tribunal.5
Este
particularmente,
mandato
ético
se
encuentra
en
Canon
9
del
el
establecido,
Código
de
Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Específicamente, este precepto
ético obliga a los abogados y a las abogadas a “observar
para con los tribunales una conducta que se caracterice por
el mayor respeto”.6 Como funcionarios del tribunal, éstos
tienen
la
obligación
de
atender
y
obedecer
tanto
las
órdenes de este Tribunal como las de cualquier foro al que
se encuentren obligados a comparecer.7
En ese sentido, los abogados y las abogadas que ignoran
nuestras
órdenes
y
muestran
indiferencia
ante
nuestros
apercibimientos sobre sanciones disciplinarias, se exponen a
una
separación
Según
hemos
inmediata
sostenido
e
en
indefinida
innumerables
de
la
profesión.8
ocasiones
y
esta
ocasión no será la excepción: “este Tribunal no ha de tomar
livianamente
el
que
un
abogado
asuma
una
actitud
de
indiferencia y menosprecio hacia nuestra autoridad”.9
De
otra
parte,
el
Canon
2
del
Código
de
Ética
Profesional, requiere que, con el fin de viabilizar “[…] una
representación
adecuada
para
toda
persona,
el
abogado
también debe realizar esfuerzos para lograr y mantener un
alto grado de excelencia y competencia en su profesión a
In re Lee Navas, 2017 TSPR 208, 198 DPR __ (2017).
In re Lee Navas, supra; In re Abreu Figueroa, 2017 TSPR 126, 198
DPR __ (2017); In re Mangual Acevedo, 197 DPR 998 (2017); In re Marín
Serrano, 197 DPR 535 (2017).
7 In re Marín Serrano, supra, pág. 539.
8 In re Muriente Colón, 2018 TSPR 41, 199 DPR __ (2018); In re
Colón Cordovés, 195 DPR 543, 547 (2016).
9 In re Soto Rivera, 198 DPR 421 (2017); In re Santaliz Martell,
194 DPR 911, 914 (2016); In re Dávila Toro, 193 DPR 159, 164 (2015).
5
6
TS-2,745
través
6
del
estudio
y
la
participación
en
programas
educativos de mejoramiento profesional […]”. Conforme a lo
anterior, establecimos “un programa de educación jurídica
continua
obligatoria
mejoramiento
dirigido
académico
de
a
alentar
y
toda
persona
contribuir
que
ejerce
al
la
profesión del Derecho”. De manera que los abogados y las
abogadas
“se
mantengan
al
día
en
la
jurisprudencia,
la
legislación, la doctrina y las destrezas necesarias para el
desempeño de su profesión dentro de los más altos niveles de
calidad y competencia”.
Por
requisitos
lo
tanto,
todo
establecidos
abogado
en
el
debe
cumplir
Reglamento
de
con
los
Educación
Jurídica Continua, 4 LPRA Ap. XVII-D, y el Reglamento del
Programa de Educación Jurídica Continua, supra. En esa línea
hemos
expresado
que
“[l]a
desidia
y
dejadez
ante
los
requerimientos del PEJC, no solo representan un gasto de
recursos administrativos por parte de ese programa, sino
que, además, reflejan una patente falta de compromiso con el
deber de excelencia y competencia que encarna el Canon 2 del
Código de Ética Profesional”.10
Como consecuencia, nos hemos
visto obligados a suspender indefinidamente a abogados que
desatienden los requerimientos del PEJC e incumplen con las
horas crédito de educación continua requerida.
De otra parte, la Regla (j) del Reglamento del Tribunal
Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, exige a los abogados a mantener
10 In re Muriente Colón, supra; In re Mc Connie Sohorter, 2018 TSPR
29, 199 DPR __ (2018).
TS-2,745
7
actualizados en el RUA sus datos personales, entre éstos, la
dirección seleccionada para recibir notificaciones. Por lo
cual,
hemos
señalado
que
incumplir
con
esta
exigencia
obstaculiza
el
ejercicio
de
nuestra
disciplinaria
y,
por
es
motivo
suficiente
e
independiente
para
suspensión
inmediata
e
ende,
ordenar
la
jurisdicción
indefinida del ejercicio de la abogacía.11
III
Este caso reseña la conducta de un abogado que, pese a
las
múltiples
oportunidades
apercibimientos
que
le
concedidas
hiciéramos
y
respecto
de
los
a
las
consecuencias que acarrearía el no subsanar la insuficiencia
de
créditos
y
de
no
acatar
nuestras
órdenes,
este
ha
incumplido con su deber de responder oportunamente a los
requerimientos
de
este
Tribunal.
Este
cuadro
fáctico
se
agrava ante las deficiencias de créditos que aún tiene con
el PEJC y que al día de hoy no han sido subsanadas.
Por otro lado, surge del expediente, que el letrado
no
ha cumplido con su deber de mantener actualizados sus datos
en
RUA.
Ante
esta
situación,
tuvimos
que
diligenciar
personalmente nuestra última resolución. La actitud pasiva
del licenciado Torres Rosario demuestra su dejadez hacia sus
responsabilidades
como
miembro
activo
de
la
profesión
jurídica y su indiferencia para con nuestras órdenes refleja
menosprecio hacia nuestra autoridad.
IV
11
In re Pérez Lugo, 2018 TSPR 87, 198 DPR __ (2018).
TS-2,745
8
De conformidad con el derecho aplicable, así como por
la
conducta
exhibida
por
el
Lcdo.
Felix
Daniel
Torres
Rosario, decretamos su suspensión inmediata e indefinida del
ejercicio
de
la
abogacía.
Como
consecuencia,
deberá
notificar de forma inmediata a todos sus clientes de su
inhabilidad para continuar representándolos. De igual forma,
se le ordena devolverles los expedientes de casos pendientes
y cualquier cantidad recibida en honorarios por trabajos no
realizados.
Asimismo tiene la obligación de informar inmediatamente
de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en
los que tenga algún asunto pendiente. Por último, tiene la
obligación
de
acreditar
y
certificar
a
este
Tribunal
el
cumplimiento con todo lo anterior, en un término de treinta
días contados a partir de la notificación de esta Opinión
per curiam y Sentencia.
Notifíquese inmediatamente al señor Torres Rosario esta
Opinión per curiam y Sentencia.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re;
Félix Daniel Torres Rosario
TS-2,745
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión per curiam
que antecede, la cual se hace formar parte de la presente
Sentencia, suspendemos indefinidamente de la práctica de la
abogacía al Lcdo. Félix Daniel Torres Rosario.
Como consecuencia, deberá notificar de forma inmediata a
todos
sus
clientes
de
su
inhabilidad
para
continuar
representándolos. De igual forma, se le ordena devolverles los
expedientes de casos pendientes y cualquier cantidad recibida
en honorarios por trabajos no realizados.
Asimismo, tiene la obligación de informar inmediatamente
de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en
los que tenga algún asunto pendiente. Por último, tiene la
obligación de acreditar y certificar a este Tribunal el
cumplimiento con todo lo anterior, en un término de treinta
días contados a partir de la notificación de esta Opinión per
curiam y Sentencia.
Lo pronunció y manda el
Secretario del Tribunal Supremo.
Rodríguez no intervino.
Tribunal y certifica el
La Jueza Presidenta Oronoz
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo