LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Felix Daniel Torres Rosario

2018 TSPR 131

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Felix Daniel Torres Rosario

TS-2,745

Conducta Profesional: Suspensión indefinida de la abogacía por incumplir con el Programa de Educación Jurídica Continua y las órdenes del Tribunal Supremo.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2018 TSPR 131

Felix Daniel Torres Rosario

Número del Caso:

200 DPR ____

TS-2,745

Fecha: 29 de junio de 2018

Abogado de la parte promovida:

Por derecho propio

Programa de Educación Jurídica Continua:

Lcdo. José Ignacio Campos Pérez

Director

Materia:

La suspensión será efectiva el 23 de julio de 2018,

fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Conducta

Félix Daniel Torres Rosario

TS-2,745

Profesional

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018.

Por los antecedentes fácticos que esbozamos a

continuación,

nos

vemos

precisados

a

ejercer

nuestra facultad disciplinaria contra un abogado

por incumplir con los requisitos del Programa de

Educación

órdenes

Jurídica

de

este

Continua

(PEJC)

Tribunal.

En

suspendemos

inmediata

ejercicio

la

de

e

abogacía

y

con

consecuencia,

indefinidamente

al

Lcdo.

las

Félix

del

Daniel

Torres Rosario.

I

El

Lcdo.

(licenciado

Félix

Torres

Daniel

Rosario)

Torres

fue

Rosario

admitido

al

ejercicio de la abogacía el 26 de noviembre de 1965

TS-2,745

2

y prestó juramento como notario el 22 de abril de 1966.1

Según surge del expediente personal del letrado, el 22

de

octubre

de

2012,

el

PEJC

envió

al

licenciado

Torres

Rosario un Aviso de Incumplimiento en el que informó que

tenía incumplidos los créditos requeridos por el Reglamento

del

Programa

de

Educación

Jurídica

Continua,

según

enmendado, 4 LPRA Ap. XVII–E, para el periodo del 1 de

septiembre

de

2010

al

31

de

agosto

de

2012.

En

esa

comunicación le otorgó, entre otras alternativas, un término

de sesenta días adicionales para tomar los cursos necesarios

y pagar la multa por cumplimiento tardío, a tenor con la

Regla 30 (E) del Reglamento del PEJC.

Transcurrido un término prudente para el cumplimiento,

el PEJC citó al licenciado a una vista informal ante un

Oficial Examinador a celebrarse el 31 de octubre de 2014

para que pudiera exponer las razones que justificaban su

incumplimiento. El licenciado Torres Rosario no compareció a

la vista informal señalada por lo que, el Lcdo. Ángel M.

Cintrón García, Oficial Examinador, preparó un informe.

No obstante, el licenciado Torres Rosario incumplió con

su obligación de subsanar la insuficiencia de créditos y el

pago de la multa por cumplimiento tardío correspondiente.

Así las cosas, el 19 de abril de 2017 el Director del PEJC

recomendó a la Junta rendir un informe al Tribunal Supremo.

Surge del expediente que el letrado cesó su práctica de notaría el 3 de

febrero de 1970 al ser nombrado Fiscal. Fue readmitido el 31 de mayo de

1988, no obstante solicitó cesación de la notaría en una segunda ocasión

por haber sido nombrado Fiscal Auxiliar II.

1

TS-2,745

La

3

Junta

acogió

la

recomendación

y

encomendó

emitir

el

informe correspondiente.

El 23 de junio de 2017 el Director del PEJC presentó un

Informe sobre incumplimiento con [el] requisito de Educación

Jurídica Continua refiriendo el asunto a nuestra atención.

En este detalló que el licenciado Torres Rosario incumplió

con los requisitos reglamentarios referentes a los períodos

del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2012. Ello, a

pesar de que, entre otras cosas, se le concedió una prórroga

para que presentara evidencia de los trámites realizados

para solicitar el cambio de estatus de abogado inactivo ante

este Tribunal y para que pagara las multas por cumplimiento

tardío.

Surge

efectuado

del

el

mismo

pago

correspondiente

a

de

informe

la

este

que

el

abogado

tampoco

multa

por

incumplimiento

periodo

ni

ha

cumplido

ha

tardío

con

los

periodos posteriores para los cuales se le notificó un Aviso

de

incumplimiento.2

Cabe

señalar,

notificada

al

licenciado

electrónico

que

consta

en

que

Torres

el

la

correspondencia

Rosario

Registro

Único

al

correo

de

Abogados

(RUA) fue devuelta por el servicio de correo electrónico.

Transcurrido el término concedido sin que el licenciado

Torres

Rosario

compareciera

por

escrito

o

subsanara

las

faltas señaladas por el PEJC, el 18 de septiembre de 2017

emitimos

una

Resolución

mediante

la

cual

concedimos

al

letrado un término de veinte días, contados a partir de la

2

Para estos periodos no ha sido citado a una vista informal.

TS-2,745

4

notificación, para que compareciera y mostrara causa por la

cual no debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía

por

incumplir

con

los

requisitos

de

educación

jurídica

continua y por no comparecer ante el PEJC cuando le fue

requerido.

En vista de que este no dio cumplimiento a nuestra

orden,

mediante

concedimos

un

Resolución

término

del

final

28

de

de

diez

marzo

de

2018,

días

más.

Esta

resolución se diligenció el l1 de abril de 2018, a través de

un alguacil de este Tribunal y fue recibida por el señor

Félix

Daniel

Torres

Quiles,

hijo

del

licenciado

Torres

Rosario. Al momento el letrado no ha comparecido ni ha dado

cumplimiento con lo ordenado.

II

El Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, tiene el

propósito de “promover el desempeño personal y profesional

de los abogados y las abogadas de acuerdo con los más altos

principios de conducta decorosa […]”.3 Con ese norte, al

prestar juramento para ejercer la abogacía, los togados “se

comprometen a obedecer, con lealtad y fidelidad, aquellos

deberes

y

responsabilidades

que

les

impone

la

ley

y

el

que

el

Código de Ética Profesional”.4

En

innumerables

ocasiones

hemos

expresado

ejercicio de la profesión jurídica requiere que todo abogado

y abogada observe rigurosamente los requerimientos de este

3 In re Alberty Oms, 2018 TSPR 51, 199 DPR ___ (2018); In re Espino

Valcárcel, 2018 TSPR 30, 199 DPR ___ (2018).

4 In re González López, 2018 TSPR 28, 199 DPR ___ (2018).

TS-2,745

5

Tribunal.5

Este

particularmente,

mandato

ético

se

encuentra

en

Canon

9

del

el

establecido,

Código

de

Ética

Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Específicamente, este precepto

ético obliga a los abogados y a las abogadas a “observar

para con los tribunales una conducta que se caracterice por

el mayor respeto”.6 Como funcionarios del tribunal, éstos

tienen

la

obligación

de

atender

y

obedecer

tanto

las

órdenes de este Tribunal como las de cualquier foro al que

se encuentren obligados a comparecer.7

En ese sentido, los abogados y las abogadas que ignoran

nuestras

órdenes

y

muestran

indiferencia

ante

nuestros

apercibimientos sobre sanciones disciplinarias, se exponen a

una

separación

Según

hemos

inmediata

sostenido

e

en

indefinida

innumerables

de

la

profesión.8

ocasiones

y

esta

ocasión no será la excepción: “este Tribunal no ha de tomar

livianamente

el

que

un

abogado

asuma

una

actitud

de

indiferencia y menosprecio hacia nuestra autoridad”.9

De

otra

parte,

el

Canon

2

del

Código

de

Ética

Profesional, requiere que, con el fin de viabilizar “[…] una

representación

adecuada

para

toda

persona,

el

abogado

también debe realizar esfuerzos para lograr y mantener un

alto grado de excelencia y competencia en su profesión a

In re Lee Navas, 2017 TSPR 208, 198 DPR __ (2017).

In re Lee Navas, supra; In re Abreu Figueroa, 2017 TSPR 126, 198

DPR __ (2017); In re Mangual Acevedo, 197 DPR 998 (2017); In re Marín

Serrano, 197 DPR 535 (2017).

7 In re Marín Serrano, supra, pág. 539.

8 In re Muriente Colón, 2018 TSPR 41, 199 DPR __ (2018); In re

Colón Cordovés, 195 DPR 543, 547 (2016).

9 In re Soto Rivera, 198 DPR 421 (2017); In re Santaliz Martell,

194 DPR 911, 914 (2016); In re Dávila Toro, 193 DPR 159, 164 (2015).

5

6

TS-2,745

través

6

del

estudio

y

la

participación

en

programas

educativos de mejoramiento profesional […]”. Conforme a lo

anterior, establecimos “un programa de educación jurídica

continua

obligatoria

mejoramiento

dirigido

académico

de

a

alentar

y

toda

persona

contribuir

que

ejerce

al

la

profesión del Derecho”. De manera que los abogados y las

abogadas

“se

mantengan

al

día

en

la

jurisprudencia,

la

legislación, la doctrina y las destrezas necesarias para el

desempeño de su profesión dentro de los más altos niveles de

calidad y competencia”.

Por

requisitos

lo

tanto,

todo

establecidos

abogado

en

el

debe

cumplir

Reglamento

de

con

los

Educación

Jurídica Continua, 4 LPRA Ap. XVII-D, y el Reglamento del

Programa de Educación Jurídica Continua, supra. En esa línea

hemos

expresado

que

“[l]a

desidia

y

dejadez

ante

los

requerimientos del PEJC, no solo representan un gasto de

recursos administrativos por parte de ese programa, sino

que, además, reflejan una patente falta de compromiso con el

deber de excelencia y competencia que encarna el Canon 2 del

Código de Ética Profesional”.10

Como consecuencia, nos hemos

visto obligados a suspender indefinidamente a abogados que

desatienden los requerimientos del PEJC e incumplen con las

horas crédito de educación continua requerida.

De otra parte, la Regla (j) del Reglamento del Tribunal

Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, exige a los abogados a mantener

10 In re Muriente Colón, supra; In re Mc Connie Sohorter, 2018 TSPR

29, 199 DPR __ (2018).

TS-2,745

7

actualizados en el RUA sus datos personales, entre éstos, la

dirección seleccionada para recibir notificaciones. Por lo

cual,

hemos

señalado

que

incumplir

con

esta

exigencia

obstaculiza

el

ejercicio

de

nuestra

disciplinaria

y,

por

es

motivo

suficiente

e

independiente

para

suspensión

inmediata

e

ende,

ordenar

la

jurisdicción

indefinida del ejercicio de la abogacía.11

III

Este caso reseña la conducta de un abogado que, pese a

las

múltiples

oportunidades

apercibimientos

que

le

concedidas

hiciéramos

y

respecto

de

los

a

las

consecuencias que acarrearía el no subsanar la insuficiencia

de

créditos

y

de

no

acatar

nuestras

órdenes,

este

ha

incumplido con su deber de responder oportunamente a los

requerimientos

de

este

Tribunal.

Este

cuadro

fáctico

se

agrava ante las deficiencias de créditos que aún tiene con

el PEJC y que al día de hoy no han sido subsanadas.

Por otro lado, surge del expediente, que el letrado

no

ha cumplido con su deber de mantener actualizados sus datos

en

RUA.

Ante

esta

situación,

tuvimos

que

diligenciar

personalmente nuestra última resolución. La actitud pasiva

del licenciado Torres Rosario demuestra su dejadez hacia sus

responsabilidades

como

miembro

activo

de

la

profesión

jurídica y su indiferencia para con nuestras órdenes refleja

menosprecio hacia nuestra autoridad.

IV

11

In re Pérez Lugo, 2018 TSPR 87, 198 DPR __ (2018).

TS-2,745

8

De conformidad con el derecho aplicable, así como por

la

conducta

exhibida

por

el

Lcdo.

Felix

Daniel

Torres

Rosario, decretamos su suspensión inmediata e indefinida del

ejercicio

de

la

abogacía.

Como

consecuencia,

deberá

notificar de forma inmediata a todos sus clientes de su

inhabilidad para continuar representándolos. De igual forma,

se le ordena devolverles los expedientes de casos pendientes

y cualquier cantidad recibida en honorarios por trabajos no

realizados.

Asimismo tiene la obligación de informar inmediatamente

de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en

los que tenga algún asunto pendiente. Por último, tiene la

obligación

de

acreditar

y

certificar

a

este

Tribunal

el

cumplimiento con todo lo anterior, en un término de treinta

días contados a partir de la notificación de esta Opinión

per curiam y Sentencia.

Notifíquese inmediatamente al señor Torres Rosario esta

Opinión per curiam y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re;

Félix Daniel Torres Rosario

TS-2,745

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión per curiam

que antecede, la cual se hace formar parte de la presente

Sentencia, suspendemos indefinidamente de la práctica de la

abogacía al Lcdo. Félix Daniel Torres Rosario.

Como consecuencia, deberá notificar de forma inmediata a

todos

sus

clientes

de

su

inhabilidad

para

continuar

representándolos. De igual forma, se le ordena devolverles los

expedientes de casos pendientes y cualquier cantidad recibida

en honorarios por trabajos no realizados.

Asimismo, tiene la obligación de informar inmediatamente

de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en

los que tenga algún asunto pendiente. Por último, tiene la

obligación de acreditar y certificar a este Tribunal el

cumplimiento con todo lo anterior, en un término de treinta

días contados a partir de la notificación de esta Opinión per

curiam y Sentencia.

Lo pronunció y manda el

Secretario del Tribunal Supremo.

Rodríguez no intervino.

Tribunal y certifica el

La Jueza Presidenta Oronoz

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo