Tribunal Supremo de Puerto Rico
FECHA OPINION
2018 TSPR 126
Poder Judicial de Puerto Rico
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FECHA OPINION
NUMERO CASO
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Xiomara Meléndez De León,
et al.
Recurrida
2018 TSPR 126
v.
200 ____
Hon. Julia Keleher, et al
Peticionaria
Municipio de Morovis, et al.
Recurrida
v.
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, et al.
Peticionaria
Número del Caso: CT-2018-5
Fecha: 16 de julio de 2018
Tribunal de Apelaciones:
Panel V
Oficina del Procurador General:
Lcda. Carmen L. Sanfeliz Ramos
Procuradora General Auxiliar
Lcda. Isaías Sánchez Báez
Procurador General
Abogados de la parte recurrida:
Lcdo. Rafael Nadal Arcelay
Lcda. Melissa López Díaz
Lcdo. Edgardo Pabón Rodríguez
Lcdo. José Chaves Caraballo
Materia: Sentencia del Tribunal con Opiniones de Conformidad y
Opinión Disidente.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Xiomara Meléndez De León,
et al.
Recurrida
v.
Hon. Julia Keleher, et
al.
Peticionaria
________________________
CT-2018-0005
Municipio de Morovis, et
al.
Recurrida
v.
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, et al.
Peticionaria
SENTENCIA
(REGLA 50)
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de julio de 2018.
Examinado
el
recurso
de
certificación
intrajurisdiccional, así como los escritos presentados por
la parte recurrida, revocamos la sentencia recurrida
emitida por el foro de instancia a través de la cual se
concedió el remedio del injunction permanente y se declaran
las peticiones sin lugar. Como consecuencia, se deja sin
efecto la orden de paralización del cierre de las escuelas
objeto de este recurso y se desestima la demanda de autos.
Notifíquese inmediatamente.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera García
emitió una opinión de conformidad a la cual se unen el Juez
Asociado señor Martínez Torres, la Jueza Asociada señora
Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo.
CT-2018-0005
El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió una opinión de
conformidad a la cual se unió la Juez Asociada Rodríguez
Rodríguez. El Juez Asociado señor Estrella Martínez
disintió con opinión escrita. La Jueza Presidenta Oronoz
Rodríguez disiente y hace constar la expresión siguiente:
“El 8 de febrero de 2018 se presentó el
Proyecto de la Cámara 1441 para establecer la Ley
de Reforma Educativa de Puerto Rico. En lo
pertinente, el Artículo 2.04 establecía los
deberes y responsabilidades de la Secretaria de
Educación. En particular, el inciso (b)(14)
reconocía la facultad de “[e]stablecer y regular
la
apertura,
operación
y
cierre
de
las
instalaciones donde operan las escuelas públicas
de Puerto Rico”. Este proyecto se discutió
ampliamente en el País. A raíz de ello, se
presentaron muchísimas ponencias ante la Comisión
de Educación, Arte y Cultura. Tanto la Asociación
de Maestros como la Federación de Maestros
cuestionaron la falta de criterios para ordenar
el cierre de una escuela pública.
Ante ello, se enmendó el inciso (b)(14) del
Artículo 2.04 para establecer que “para el
cierre, consolidación y/o reorganización de las
instalaciones,
el
Secretario
seguirá
el
procedimiento establecido en el Artículo 8.01,
inciso (f) de esta Ley”. Por su parte, el
Artículo 8.01, inciso (f) dispone, en resumen,
que previo al cierre de cualquier escuela la
Secretaria de Educación deberá preparar un
estudio. Ese estudio debe atender 15 criterios,
entre estos, la localización y el impacto en la
comunidad.
Además,
ese
estudio
debe
estar
disponible al público en el Distrito Escolar y la
ciudadanía a través de la página de Internet del
Departamento de Educación y enviarse al director
de la escuela. La única excepción disponible para
incumplir con este procedimiento es cuando se
trate de un cierre temporal urgente y necesario
para la preservación de la salud de los
estudiantes o la seguridad general.
El Estado interpreta que tal proceso debe
cumplirse a partir del 1 de julio de 2018. Según
este, el cierre de 283 escuelas públicas que
anunció en abril de 2018 −es decir, luego de
aprobada la ley y antes del 1 de julio de 2018−
no tiene que cumplir con el procedimiento. Esta
interpretación es contraria al texto claro de la
ley, su historial legislativo y propósitos.
Interpretar que el cierre de más de 200 escuelas
públicas
no
tiene
que
cumplir
con
un
procedimiento que la propia ley dispone que
aplica a “cualquier escuela” y cuya única
excepción es en casos urgentes, es contrario a la
2
CT-2018-0005
3
política pública que procura la ley y da al
traste con el ideal de nuestro ordenamiento
constitucional
democrático
de
participación
ciudadana y consentimiento de los gobernados.
La Asamblea Legislativa fue más allá de la
exigencia constitucional y dispuso que, previo al
cierre de una escuela, se debe efectuar el
referido estudio. En este caso, al eximir al
Estado de cumplir con su obligación con respecto
a más de 200 escuelas públicas, este Tribunal
modifica indebidamente ese acto legislativo. Con
ello, empaña un curso de acción que, si bien es
permisible, en este caso no cumple con las
exigencias que impuso el legislador.
En efecto, la redacción del inciso (f) del
Artículo
8.01
pudo
ser
mejor.
Pero
la
interpretación del Tribunal es contraria a la
regla de hermenéutica legal de que las palabras
de una ley deben entenderse, siempre, de modo que
produzcan algún resultado. La ley se refiere a
“cualquier escuela”, por lo que la pretensión de
que el proceso no aplica a más de 200 escuelas,
cuyos cierres para el nuevo año académico el
Estado anunció posterior a la aprobación de la
ley, es insostenible. El historial legislativo
demuestra que ese proceso se promulgó para
atender las preocupaciones de los maestros. Por
lo tanto, no tiene sentido que no les apliquen
los criterios a estas escuelas solo porque el
cierre se anunció antes del 1 de julio de 2018.
Ello porque el cierre es efectivo luego de esa
fecha, es decir, cuando culmina el calendario
escolar.
La interpretación que propone el Estado no
se justifica ante la clara intención legislativa.
En consecuencia, ante la determinación de este
Tribunal
de
adoptar
tal
interpretación,
disiento”.
El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón está inhibido.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Xiomara Meléndez De León,
et al.
Recurrida
v.
Hon. Julia Keleher, et al.
Peticionaria
CT-2018-0005
________________________
Municipio de Morovis, et
al.
Recurrida
v.
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, et al.
Peticionaria
Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor
RIVERA GARCÍA a la cual se unen el Juez Asociado señor
Martínez Torres, la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y
el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de julio de 2018.
Este
caso
trascendencia
es
nos
presenta
incuestionable
una
controversia
para
el
desarrollo
cuya
de
ciudadanos que puedan contribuir al progreso económico y
social de Puerto Rico. Nos confrontamos con la interrogante de si
CT-2018-0005
2
procede expedir un injunction permanente para evitar el
cierre de varios planteles escolares. En esencia, tenemos
que justipreciar si el Estado transgredió las garantías
constitucionales del debido procedimiento de ley y la igual
protección de las leyes de los recurridos. En miras de esas
interrogantes,
venimos
llamados
a
analizar
las
particularidades del derecho constitucional a la educación
y
uno
de
los
cometidos
responsabilidad
de
más
prestar
importantes
servicios
del
Estado,
educativos
a
su
nivel
primario conforme sus facilidades lo permitan de acuerdo al
Art. II Sec. 5 de Nuestra Constitución.
A continuación trazaremos el marco fáctico y procesal
de la controversia que nos atañe resolver.
I
El 24 de mayo de 2018 un grupo de padres compuesto por
las Sras. Xiomara Meléndez De León, Joanna López Medina,
Ivette M. Montalvo Mendoza, Carmen E. Rosario Rodríguez,
Zuleyma Maldonado Sierra y el Sr. Rinaldi Fernández Pagán
(padres demandantes) incoaron en el Tribunal de Primera
Instancia
una
Petición
de
injunction
preliminar
y
permanente contra el Estado, el Departamento de Educación
(Departamento), su Secretaria, la Hon. Julia Keleher, y la
Directora
Maribel
de
Colón
la
Región
Educativa
de
Arecibo,
la
Sra.
González.1
Alegaron
que
la
decisión
del
Departamento de cerrar ciertos planteles escolares era
improcedente
pues
se
tomó
en
Cada una de las partes demandantes
estudiantes de las escuelas a ser cerradas.
1
contravención
arguyeron
ser
a
la
padres
de
CT-2018-0005
3
Ley 85-2018, conocida como la Ley de Reforma Educativa, y
la Carta Circular Núm. 33-2016-2017.2 También, adujeron que
el Departamento no efectuó el estudio requerido por la Ley
85, el cual requería evaluar un mínimo de quince criterios
antes
de
cerrar,
escuela.
consolidar
Aseveraron
que
el
o
reorganizar
Departamento
cualquier
no
colocó
el
estudio a la disposición del público del distrito escolar
de
los
planteles
Sostuvieron
que
escolares
las
que
clausuras
se
de
proponía
esas
cerrar.
escuelas
no
respondían a una situación urgente y necesaria para la
preservación de la salud de los estudiantes o la seguridad
en general. Además, argumentaron que el Departamento, al
incumplir con la ley, violó su debido proceso de ley y su
derecho a la igual protección de las leyes. Peticionaron la
expedición
de
un
injunction
preliminar
y
permanente.
Señalaron que la ilegalidad del cierre de los planteles
escolares les ocasionaba un daño irreparable puesto que el
Departamento no permitió que sus hijos se matricularan en
ellas.
Indicaron
que
el
cierre
representaba
una
carga
altamente onerosa ya que para llegar a las escuelas tenían
que trasladarse a mayores distancias.
Consecuentemente, el foro primario dictó una Orden en
la
que
citó
a
todos
los
codemandados
a
una
vista
de
interdicto preliminar a celebrarse el 1 de junio de 2018.
Luego de llevarse a cabo la vista, y tras estudiar una moción de
Los planteles a ser cerrados son los siguientes: Laurentino Estrella
Colón de Camuy, Joaquín Rodríguez Ruiz de Hatillo, Ramón Ávila Molinari
de Quebradillas, Rosa M. Rodríguez de Vega Baja, Ramón E. Betánces de
Arecibo y Julio Lebrón Soto de Lares.
2
CT-2018-0005
4
desestimación instada por el Estado, emitió una Resolución
y
orden
en
prematura.
la
cual
Apuntó
esbozó
que,
que
según
la
no
procedía
prueba
por
ser
sometida,
la
actuación del Departamento de cerrar escuelas rayó en lo
arbitrario y caprichoso en la notificación a las partes.
Expresó
que
incertidumbre
los
testimonios
respecto
al
vertidos
cierre,
presentaban
especialmente
en
una
los
padres de niños de educación especial. Determinó que esta
constituía un daño irreparable emocional. Estimó que la
forma en que se enteraron los testigos del cierre, por la
página de Facebook del Departamento o por la aplicación
Whatsapp, no constituía una manera adecuada para notificar
el posible menoscabo de un derecho fundamental adquirido
como
lo
es
la
educación.
Reconoció
que
la
educación
ostentaba un rango constitucional y que los estudiantes,
los padres y los maestros poseían una “expectativa” de
derechos adquiridos. Señaló que, conforme a los reglamentos
y cartas circulares del Departamento, había una guía para
ejecutar el cierre de los planteles escolares y que los
padres demandantes evidenciaron que existía duda sobre si
el Departamento cumplió con los procesos establecidos. Acto
seguido, el foro de primera instancia ordenó a la Directora
Regional de Arecibo que cesara y desistiera de todo trámite
para
cerrar
las
seis
escuelas.
Finalmente,
requirió
al
Gobierno que compareciera a una vista que se llevaría a
cabo el 11 de junio de 2018 donde debía desfilar prueba
sobre el cumplimiento con la reglamentación que aplicaba
para determinar si concedía el injunction permanente. En
CT-2018-0005
5
específico,
el
foro
sentenciador
dispuso
que
el
Estado
debía justificar los cierres conforme a la reglamentación,
no solo de las escuelas objeto del interdicto, sino de
todos los planteles escolares que el Departamento tiene
bajo su jurisdicción y que pretendía cerrar.
Así
las
cosas,
el
4
de
junio
de
2018
los
padres
demandantes presentaron una Solicitud de sentencia parcial
en torno a reglamentación aplicable al cierre de escuelas.
En
su
petición,
argumentaron
que
el
Volumen
C:
Otros
Asuntos, Serie C-107 (Serie C-107) inmerso en el Compendio
de Políticas del Departamento de Educación (Compendio) no
era válido. Sostuvieron su nulidad en que no contenía fecha
de aprobación ni firma y tampoco señalaba la base legal que
autorizaba
su
emisión.
Así
también,
indicaron
que
el
Compendio publicado el 7 de agosto de 2017 no incluyó el
documento Serie C-107. Por ello, alegaron que el proceso de
cierre, consolidación o restructuración no podía regirse
por ese documento, sino por la Carta Circular 33-2016-2017.
Además, apuntaron que el cierre de los planteles escolares
no se podía catalogar como una regla de administración o
como un documento guía, ya que
incidía sobre
derechos,
procesos y prácticas que el público tenía disponible. Esto,
pues a través de esa reglamentación se hizo efectivo el
derecho
fundamental
de
la
educación,
de
estirpe
ese
petitorio
constitucional.
Oportunamente,
el
Departamento
objetó
mediante una Oposición a solicitud de sentencia parcial y
CT-2018-0005
6
enmienda a las alegaciones de la demanda. En su escrito,
aseveró que la solicitud pretendía enmendar las alegaciones
ya que era la primera vez que pretendía impugnar la validez
del Compendio. Sostuvo que el Compendio, en particular el
documento
Serie
mediante
el
funcionarios
C-107,
cual
era
la
un
documento
Secretaria
instrucciones
para
administrativo
comunicaba
implementar
la
a
sus
política
pública del Departamento y que este no afectaba directa o
sustancialmente
los
derechos
disponibles
al
público
Departamento
adujo
que,
general.
por
o
los
A
tratarse
procedimientos
esos
de
efectos,
un
el
reglamento
interno o documento guía, se encontraba exento de cumplir
las formalidades de la Sec. 2.5 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU),
Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9615. Asimismo, expresó que
nuestra Constitución reconocía como derecho la enseñanza
gratuita primaria y secundaria, hasta donde las facilidades
del Estado lo permitan, y que los niños fueron reubicados
en planteles escolares que estaban a una distancia prudente
de los consolidados. En ese contexto, argumentó que los
cierres no lesionan el derecho a la educación porque los
estudiantes continuarían recibiendo una educación pública,
gratuita y adecuada, y que este no comprendía el derecho a
exigir estudiar en una escuela particular.
Por otro lado, el 6 de junio de 2018 el Municipio de
Morovis, representado por su Alcaldesa, la Hon. Carmen I.
Maldonado
González,
representación
de
quien
compareció
por
sí
varias
partes
afectadas
y
en
ocho
CT-2018-0005
7
progenitores cuyos hijos estudiaban en planteles que iban a
ser cerrados en la municipalidad presentó una Demanda.3 En
su escrito, alegó que el Departamento se propuso cerrar de
forma
arbitraria,
ilegal
y
caprichosa
tres
escuelas
localizadas en Morovis sin cumplir con el debido proceso de
ley. Adujo que esta actuación causó varios daños a las
partes comparecientes y a la población moroveña en general,
al privarles del derecho constitucional a la educación.
Además, aseveró que, mediante sus acciones, el Departamento
no estaba cumpliendo con su deber de ofrecer una educación
de calidad, gratuita y accesible, encomiendas impuestas por
la Constitución y por la ley orgánica del Departamento. El
Municipio
también
afirmó
que
el
cierre
de
planteles
escolares privó a la juventud moroveña de “una educación
que le cree un sentido de pertenencia a la comunidad y
fortalezca su autoestima”, que es uno de los propósitos de
la ley orgánica del Departamento. Asimismo, alegó que el
Departamento discriminó contra los niños por su origen y
condición
social
porque
las
escuelas
elegidas
se
caracterizaban por atender a comunidades pobres. Destacó
que, en los tres planteles escolares a cerrarse, habían
estudiantes
que
participaban
del
Programa
de
Educación
Especial.
Identificó como partes afectadas a las personas siguientes: la Sra.
Aleida Villafañe Pagán, la Sra. Yamilleth Hidalgo Pérez, el Sr. Carlos
Cardona Santiago, la Sra. Jackeline Reyes Ginés, la Sra. Aneysha Class,
el Sr. Luis Alberto Salgado Camacho, la Sra. Karla Marie Ortiz Meléndez
y la Sra. Daisy J. Cruz Alvarado. De otro modo, las concernientes
escuelas a ser cerradas son la Segunda Unidad David Colón Vega, Carlos
Alverio Pimentel y Manuel Alfonso Díaz.
3
CT-2018-0005
8
Según el Municipio, el Departamento no cumplió con lo
exigido
en
su
ley
orgánica
de
someter
ante
el
Consejo
General de Educación (Consejo) para evaluación cualquier
propuesta de eliminar servicios, por lo que sus actuaciones
eran ultra vires. Además, sostuvo que no se les informó
cuáles
planteles
estudiantes
escolares
moroveños,
serán
pero
los
receptores
que
terceras
de
los
personas
manifestaron que las escuelas receptoras estarán fuera de
la
municipalidad.
un
Finalmente,
expedición
de
permanente
para
planteles
escolares
irreparables.
injunction
forzar
al
planteó
que
preliminar
y
un
Departamento
a
mantener
abiertos
Específicamente,
y
así
solicitó
procedía
injunction
evitar
una
la
los
daños
orden
para
exigir al Departamento cumplir con la ley, mantener las
escuelas abiertas y prohibir el traslado de estudiantes a
otras escuelas.
Ese mismo día, el Municipio de Morovis también instó
una
Moción
preliminar
urgente
con
el
solicitando
propósito
de
se
que
emita
se
injunction
ordenara
a
los
demandados cumplir con la ley. Alegó como daño que a los
estudiantes se les privó del desarrollo académico adecuado,
así como daños irreparables a la educación, la familia, la
salud mental, la economía y el desarrollo socioeconómico de
los ciudadanos de Morovis. En su petición, alegó que tenía
una
alta
probabilidad
de
prevalecer,
puesto
que
el
Departamento incumplió con su ley orgánica y la expedición
del interdicto era el único remedio disponible para impedir
el
cierre
de
las
escuelas.
Por
lo
tanto,
solicitó
la
CT-2018-0005
9
celebración de una vista de injunction preliminar para que
el Estado compareciera a mostrar causa por la cual no debía
concederse el remedio solicitado.
Así las cosas, el 6 de junio de 2018 el Tribunal de
Primera
Instancia
consolidación
e
dictó
una
interdicto
Resolución
preliminar.
y
orden
Estimó
sobre
que
el
Municipio de Morovis expuso cuestiones comunes de hechos y
de derecho a la causa de acción instada por los padres
demandantes. Resolvió que, dado a que las alegaciones de
los
padres
conjunto
demandantes
“los
y
recurridos”)
el
Municipio
eran
de
similares,
Morovis
ambas
(en
causas
debían ser consolidadas. A su vez, emitió una orden de cese
y desista sobre el cierre de las tres escuelas sitas en
Morovis al apreciar “el mismo daño irreparable que causa la
incertidumbre
de
un
proceso
plagado
de
controversias
jurídico procesales, que de su faz luce ser arbitrario y
caprichoso y que provoca desesperanza en padres, hijos[,]
estudiantes y maestros”.4 Reiteró, además, que la vista de
injunction permanente se llevaría a cabo el 11 de junio de
2018.
Luego
de
la
vista,
el
foro
primario
emitió
una
Sentencia Declaratoria de Injunction Permanente. Determinó
que el Estado no probó cómo se hizo el proceso de análisis
para el cierre de planteles escolares, ni cómo se diseñaron
los
procesos
de
deliberación,
notificación
y
reconsideración o revisión administrativa. En su dictamen,
Resolución y orden sobre consolidación e
Apéndice del Escrito de Apelación, pág. 102.
4
interdicto
preliminar,
CT-2018-0005
esbozó
que
notificar
10
el
método
que
el
Departamento
los
cierres
fue
a
través
de
utilizó
para
comunicados
de
prensa, la red social Facebook y ciertos enlaces provistos.
Dispuso que en esas comunicaciones no se advirtió sobre el
procedimiento
para
peticionar
reconsideración.
recurrido
indicó
que
del
testimonio
Estado
desprendió
que
no
se
se
de
un
instauró
El
foro
testigo
un
del
parámetro
escrito para solicitar reconsideración y que se desconocía
si se formuló un mecanismo de revisión administrativa o
revisión judicial. Estimó que la controversia estribaba en
justipreciar si el proceso establecido por el Departamento
para el cierre de escuelas cumplía con el debido proceso de
ley al aplicar
un escrutinio estricto por afectarse el
derecho constitucional a la educación.
Al disponer la controversia, coligió que el Gobierno
basó todo su caso en fuentes de Derecho que no delineaban
de forma empírica, científica o numérica cuáles planteles
escolares se cerrarían y cuáles se mantendrían abiertos.
Esbozó su preocupación sobre que el Estado estimara que la
notificación
constituir
derecho,
en
una
sin
comunicación
un
enlace
notificación
advertir
un
o
proceso
de
una
social
administrativa
establecer
de
red
revisión
ni
podía
conforme
incluir
a
en
la
administrativa
o
judicial claro. Por último, decidió que la reglamentación
que regía el proceso de cierre era nula y mantuvo en vigor
la orden de cese y desista de cerrar las nueve escuelas
objeto de la demanda.
CT-2018-0005
11
Disconforme, el 25 de junio de 2018 el Estado acudió
al Tribunal de Apelaciones.5 Empero, el 27 de junio de 2018
presentó ante esta Curia una Urgente petición de auto de
certificación intrajurisdiccional y una Urgente moción en
auxilio de jurisdicción, para que acogiéramos con premura
el asunto y paralizáramos los efectos de la determinación
del Tribunal de Primera Instancia.6 El 29 de junio de 2018
emitimos una resolución mediante la cual expedimos el auto
de certificación intrajurisdiccional, mas no dejamos sin
Presentó un recurso de apelación en el que planteó los señalamientos
de errores siguientes:
5
Erró y abusó de su discreción el Honorable Tribunal de
Primera Instancia al denegar la moción de desestimación
presentada por el Gobierno y al expedir el recurso
altamente privilegiado del Injunction, a pesar de que en el
caso de autos no se cumplen los requisitos necesarios para
su expedición de conformidad con la Regla 57.3 de las
Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al entender
que la consolidación y cierre de las escuelas constituyó
una violación del derecho constitucional a la educación y
el debido proceso de ley de los estudiantes, a pesar de que
estos pudieron culminar el año escolar 2017-2018 y tienen
disponibles escuelas receptoras para continuar sus estudios
durante el próximo año escolar 2018-2019.
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al expedir
el recurso altamente privilegiado del Injunction para
impedir que la Secretaria de Educación lleve a cabo una
actuación
para
la
cual
está
facultada
por
ley,
específicamente, por el Artículo 2.04 de la Ley Núm. 852018, conocida como la Ley de Reforma Educativa de Puerto
Rico.
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al declarar
nulo el Procedimiento y Análisis para Operación, Rendición
y Consolidación, por necesidad, de las Escuelas del Sistema
Público de Puerto Rico para Finales del Año Académico 20172018 establecido en el Compendio de Políticas del
Departamento de Educación; al concluir que no se cumplió
con el requisito de notificación según dispuesto en la Ley
de Procedimiento Administrativo Uniforme.
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
reconocerle legitimación activa al Municipio de Morovis por
sí y en representación de los padres de menores, para
instar la Petición de Injunction Preliminar y Permanente
relacionada al cierre de escuelas.
CT-2018-0005
12
efecto el decreto del foro de instancia. Además, concedimos
a los recurridos un término de cinco días para que se
expresaran sobre los planteamientos del peticionario.
En
primer
lugar,
esta
Curia
debió
atender
el
planteamiento del Estado sobre la falta de legitimación
activa del Municipio de Morovis.7
II
La
doctrina
de
justiciabilidad
establece
como
principio elemental que los tribunales existen únicamente
para resolver controversias genuinas surgidas entre partes
opuestas que tienen un interés real de obtener un remedio
que
haya
de
afectar
sus
relaciones
jurídicas.8
A
esos
efectos, la jurisdicción de los tribunales está regida por
la aplicación de ciertos criterios de autolimitación que
dan
vida
a
esta
doctrina,
entre
ellos
el
principio
de
legitimación activa o el standing.9
En
ausencia
legitimación
tendrá
de
una
ley
que
expresamente
confiera
activa,
la
parte
que
promueve
acción
acceso
al
tribunal
si
satisface
los
una
requisitos
siguientes: (1) que ha sufrido un daño claro y palpable;
(2)
que
el
daño
es
real,
inmediato
y
preciso,
y
no
abstracto e hipotético; (3) que existe conexión entre el
daño sufrido y la causa de acción ejercitada, y (4) que la
El Municipio de Morovis no presentó un alegato propio, sino que el 5
de julio de 2018 instó una Moción uni[é]ndonos a otra en cumplimiento
de orden, a través de la cual se unió por referencia a lo expuesto por
los padres demandantes en su Moción en cumplimiento de resolución del
29 de junio de 2018.
8 E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958).
9 P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643 (1995).
7
CT-2018-0005
13
causa de acción surge bajo el palio de la Constitución o de
una ley.10
En términos generales, el principio de legitimación
activa
consiste
en
determinar
quién
puede
acudir
al
tribunal a vindicar sus derechos.11 A tales efectos, hemos
establecido que, como norma general, las partes “tienen
capacidad
tan
solo
para
plantear
sus
propios
derechos
contra actos alegadamente ilegales del gobierno”.12 Si una
parte no cuenta con legitimación activa la controversia no
es
justiciable.13
Es
decir,
los
tribunales
tienen
que
abstenerse de atenderla y procede su desestimación.
El
Gobierno
Primera
señala
Instancia
como
error
reconoció
que
el
Tribunal
de
legitimación
activa
al
Municipio de Morovis para instar la petición de injunction
preliminar
y
permanente
por
sí
y
en
representación
de
varios padres de estudiantes. Como parte de su análisis,
argumentó
que
el
Municipio
de
Morovis
no
ostentaba
legitimación activa porque de la evidencia desfilada se
desprendía que no estaba expuesto a sufrir un daño. Además,
aseveró que sus alegaciones eran genéricas, especulativas y
carentes de información real y concreta. En su recurso,
planteó que el hecho que se haya invitado a la Alcaldesa de
la municipalidad a una reunión general donde se presentó el
Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 470-471 (2006); Col. Peritos
Elec. v. A.E.E., 150 DPR 327, 341 (2000); Asoc. Maestros P.R. v. Srio.
Educación, 137 DPR 528 (1994); Hernández Torres v. Gobernandor, 129 DPR
824 (1992); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407 (1982).
11 Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 942 (2011).
12 Íd., pág. 943. Véase, además, C.E.S. U.P.R. v. Gobernador, 137 DPR
83, 106 (1994); E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 DPR 394, 396 (1983).
13 Íd., pág. 932.
10
CT-2018-0005
14
proceso
de
análisis
cierre
y
consolidación
legitimación.
En
dispuesto
vista
en
el
Compendio
de
escuelas
de
esto,
no
nos
le
para
el
concedía
solicita
que
desestimemos la acción incoada por el Municipio de Morovis.
Por su parte, los recurridos sostienen que el error
señalado no se cometió. Explicaron que, en consideración de
lo resuelto en Parents Involved in Community Schools v.
Seattle School Dist. No. 1, 551 US 701 (2007), el foro
primario
determinó
legitimación
activa
que
el
Municipio
en
vista
de
de
que
Morovis
debió
ser
tenía
parte
integral del proceso de recomendación del cierre de los
planteles escolares.
En Parents Involved in Community Schools, supra, un
grupo de padres demandó al distrito escolar de Seattle, al
amparo del derecho a la igual protección de las leyes, para
impugnar un plan de admisión de estudiantes que consideraba
la raza como factor para acomodar estudiantes en escuelas
con sobrecupo. A pesar de que el distrito argumentó que el
daño que pudieran sufrir los estudiantes era especulativo,
el Tribunal Supremo federal resolvió que los
padres de
estos tenían legitimación activa. Es evidente que este caso
no favorece la postura del Municipio de Morovis, pues aquí
no
está
en
controversia
municipalidad
pretende
activa
La
o
no.
si
los
padres
representar
interrogante
es
si
a
tienen
el
quienes
la
legitimidad
Municipio
tiene
legitimación por sí o en representación de esos padres. A
la luz de los antecedentes fácticos y el estado de derecho,
era forzoso resolver que no la tiene.
CT-2018-0005
15
Luego de examinar con rigor la prueba ante nuestra
consideración, debimos concluir que el Municipio de Morovis
no logró establecer cuál es su interés legítimo en este
caso. Observamos que en la vista celebrada el 11 de junio
de 2018, su alcaldesa reconoció que acudió a los tribunales
porque muchos de los padres afectados no contaban con los
recursos para hacer valer sus derechos. De la vista también
surgió que el Municipio daba mantenimiento a
todas las
escuelas de Morovis, y que con algunas tenía un contrato de
mantenimiento. Ninguna de esas condiciones nos convence de
que el Municipio tenga un interés “de tal índole que, con
toda probabilidad, habrá de proseguir su causa de acción
vigorosamente y habrá de traer a la atención del tribunal
las cuestiones en controversia”.14
Si bien hemos resuelto que una agrupación que no ha
sufrido
daños
propios
puede
acudir
al
foro
judicial
a
nombre de sus miembros, ello no subsana el defecto en la
legitimación del Municipio.15 En este caso no hay un ápice
de prueba que demuestre que es una entidad que representa a
los padres de estudiantes. Reiteramos que todo demandante
tiene que demostrar que posee, no solamente la capacidad
para demandar, sino además un interés legítimo en el caso.16
Según hemos pautado, en el caso de que se pretenda reclamar
los derechos constitucionales de terceros, los criterios
para
evaluar
el
interés
de
la
parte
litigante
Asoc. de Periodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 942.
Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, supra.
16 Íd., pág. 564.
14
15
son
más
CT-2018-0005
rigurosos.17
consecuencia,
16
El
Municipio
tal
y
no
como
cumplió
con
adelantamos,
ellos.
En
procedía
la
desestimación de la demanda presentada por el Municipio de
Morovis ante su evidente falta de legitimación activa.
Así
las
cosas,
nos
compete
entonces
atender
las
reclamaciones relacionadas con los padres demandantes.
III
A. Injunction permanente
El injunction es un mandamiento judicial expedido por
escrito, bajo el sello de un tribunal, mediante el cual se
requiere a una persona que se abstenga de hacer, o de
permitir que haga por medio de otras bajo su intervención,
determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho de
otra.18 Este recurso extraordinario “se caracteriza por su
perentoriedad, por su acción dirigida a evitar
un daño
inminente o a restablecer el régimen de ley conculcado por
conducta opresiva, ilegal o violenta del transgresor del
orden
jurídico”.19
Se
trata
de
un
remedio
judicial
que
prohíbe u ordena la ejecución de determinado acto, con el
fin de evitar que se causen perjuicios inminentes o daños
irreparables a alguna persona, en casos en los que no hay
otro remedio adecuado en ley.20
Íd., pág. 565. Estos criterios son los siguientes: (1) que el
miembro tenga legitimación activa para demandar a nombre propio; (2)
los intereses que se pretendan proteger estén relacionados con los
objetivos de la colectividad, y (3) la reclamación y el remedio
solicitado no requieran la participación individual de cada miembro.
Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 DPR 122, 133 (2014).
18 Art. 675 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3521.
19 Plaza Las Américas v. N & H, 166 DPR 631, 643 (2005); Peña v.
Federación de Esgrima de P.R., 108 DPR 147, 153-154 (1978).
20 VDE Corporation v. F&R Contractors, 180 DPR 21, 40 (2010); E.L.A. v.
Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 679 (1999).
17
CT-2018-0005
17
El Art. 677 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32
LPRA sec. 3523, dispone las instancias en las que puede
concederse
un
injunction.
Entre
ellas
se
señalan
las
siguientes:
(1)
Cuando resultare de la petición que el
peticionario
tiene
derecho
al
remedio
solicitado, y dicho remedio, o parte del
mismo, consistiere en impedir la comisión o
continuación del acto denunciado, bien por
un
periodo
de
tiempo
limitado,
o
perpetuamente.
(2)
Cuando de la petición o de la declaración
jurada
resultare
que
la
comisión
o
continuación de algún acto, durante el
litigio, habrá de causar pérdidas o daños de
consideración o irreparables a alguna de las
partes.
(3)
Cuando, durante el litigio, resultare que
una de las partes está cometiendo, o amenaza
cometer, o que se dispone a cometer, o a
procurar o permitir que se cometa, algún
acto de contrario a los derechos de otra de
las partes, con respecto al asunto en
litigio y tendente a hacer que sea ineficaz
la sentencia.
(4)
Cuando una compensación pecuniaria no habría
de proporcionar adecuado remedio.
El
tribunal
podrá
dictar
una
orden
de
entredicho
provisional, injunction preliminar o permanente siempre y
cuando
se
cumplan
los
términos
de
la
Regla
57
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, a saber:
(a) [e]n
aquellos
casos
en
que
ello
sea
indispensable
para
hacer
efectiva
su
jurisdicción y previa una determinación de
que la orden es indispensable para evitar
un
daño
irreparable
a
la
parte
peticionaria.
(b) [c]uando en la petición se alegue que alguna
persona, bajo la autoridad de alguna ley,
ordenanza, o reglamento del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, esté privando o
sea el causante de que alguien esté
de
CT-2018-0005
18
privando al peticionario de algún derecho,
privilegio o inmunidad protegido por la
Constitución o las leyes del Estado Libre
Asociado
de
Puerto
Rico
o
por
la
Constitución o leyes de los Estados Unidos
de América que sean aplicables a las
personas bajo la jurisdicción del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.
Asimismo, el Art. 678 del Código de Enjuiciamiento
Civil,
32
LPRA
sec.
3524,
prescribe
determinadas
circunstancias en las que los foros judiciales no pueden
conceder un injunction. Esto se dispone para sostener la
uniformidad y la organización del proceso de gobierno e
impedir
la
multiplicidad
de
opiniones
sobre
la
constitucionalidad de las leyes.21 El precepto angular del
estatuto “es la presunción de constitucionalidad de las
leyes,
hasta
tanto
sean
declaradas
nulas
por
sentencia
final, firme, inapelable e irrevisable”.22 En lo material,
el aludido estatuto prohíbe la otorgación del injunction
[p]ara impedir la aplicación u observancia de
cualquier ley de la Asamblea Legislativa de
Puerto Rico, o el cumplimiento de cualquier
actuación autorizada por ley de la Asamblea
Legislativa de Puerto Rico, de un funcionario
público, de una corporación pública, o de una
agencia pública, o de cualquier empleado o
funcionario de dicha corporación o agencia, a
menos que se hubiera determinado por sentencia
final, firme, inapelable e irrevisable que dicha
ley
o
actuación
autorizada
por
ley
es
23
inconstitucional o inválida. (Énfasis suplido).
La
referida
injunction
disposición
preliminar,
establece
permanente,
o
que
“[c]ualquier
con
carácter
de
entredicho provisional, incluso cualquier orden para hacer
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 1 de 25 de febrero de 1946,
Leyes de Puerto Rico 3.
22 Asoc. Maestros de P.R. v. Torres, 136 DPR 742, 748 (1994).
23 Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3524.
21
CT-2018-0005
19
efectiva la jurisdicción de un tribunal o para asegurar la
efectividad de una sentencia, que se haya expedido en las
circunstancias expuestas en [el referido] inciso … y que
esté en vigor a la fecha de vigencia de esta ley o que en
lo sucesivo se expidiere, será nulo e inefectivo”. 24
Sin embargo, y a manera de excepción, esta también
dispone que los tribunales pueden emitir un injunction
[c]uando en la petición se alegue que alguna
persona, bajo la autoridad de alguna ley,
ordenanza, o reglamento del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, esté privando o sea el causante
de que alguien esté privando al peticionario de
algún derecho, privilegio o inmunidad protegido
por la Constitución o las leyes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico o por la Constitución o
leyes de los Estados Unidos de América que sean
aplicables a las personas bajo la jurisdicción
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Disponiéndose, además, que al dictar dicha orden
el tribunal debe considerar el interés público
envuelto y concluir que la parte peticionaria
tiene una posibilidad real de prevalecer en los
méritos de su petición.25
En
estas
circunstancias,
los
foros
judiciales
no
pueden restringir la obligación que tienen los funcionarios
públicos de cumplir la ley, a menos que se demuestre que a
todas
luces
es
inconstitucional.26
Al
respecto,
en
Las
Monjas Racing Corp. v. Com. Hípica, 67 DPR 45 (1947), al
interpretar el Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil,
señalamos que antes de expedir un injunction lo primero a
determinar
es
si
la
actuación
de
la
agencia
era
una
autorizada en ley. El criterio rector es si el acto está
Íd.
Íd.
26 Brenes v. Domenech, Tesorero, 48 DPR 565, 569 (1935).
24
25
CT-2018-0005
20
comprendido dentro de la autoridad conferida en ley al
funcionario gubernamental o de una corporación o agencia
pública, y no si tal acción era válida o constitucional.
El Gobierno sostiene que nuestro ordenamiento prohíbe
la
concesión
de
un
injunction
para
impedir
que
un
funcionario público realice un acto que la ley autorizó, a
falta de una determinación por sentencia final donde se
decrete que el estatuto o el acto permitido por ley es
inconstitucional o inválido. Alega que, puesto a que no se
ha declarado inconstitucional, el Art. 2.04 de la Ley 85
confiere
a
la
Secretaria
la
facultad
de
establecer
y
regular el cierre, apertura, consolidación y reorganización
de las instalaciones donde operan las escuelas de la Isla.
Cónsono con ello, expresó que los padres demandantes no
demostraron que la Ley 85 no autorizaba el proceder de la
Secretaria.
En
cambio,
los
padres
demandantes
aducen
que
el
injunction está disponible si un funcionario del Estado,
bajo el pretexto de cumplir la ley, quebranta los derechos
reconocidos
de
las
personas.
Sostienen
que
el
Estado
vulneró sus derechos constitucionales al actuar de forma
arbitraria y caprichosa y al no ejecutar un proceso justo,
equitativo y razonable antes de ordenar que los planteles
escolares fueran cerrados. Exponen que la violación a sus
derechos constitucionales les provocó un daño irreparable
que
solo
injunction.
puede
ser
subsanado
con
la
expedición
del
CT-2018-0005
21
En esencia, la argumentación de los padres demandantes
gira en que el injunction se puede conferir porque, al
infringirse el derecho a la educación de sus hijos, se
quebrantó el derecho constitucional a un debido proceso de
ley procesal y a la igual protección de las leyes.
En
vista
justipreciar
de
si,
estos
en
planteamientos,
efecto,
el
Estado
es
imperativo
transgredió
esas
garantías constitucionales.
i. Debido proceso de ley
De entrada, hay que diferenciar entre los derechos
estatutarios procesales y el debido proceso de ley.27 Hay
ciertos
derechos
que
emanan
de
disposiciones
mientras
que
otros
se
originan
de
la
legales,
garantía
constitucional del debido procedimiento de ley.28
Enunciado lo anterior, y en lo atinente, la Enmienda
Decimocuarta
de
la
Constitución
federal
garantiza
que
“[n]ingún estado privará a persona alguna de su vida, de su
libertad o de su propiedad, sin el debido procedimiento de
ley”.29
Asimismo,
nuestra
Constitución
preceptúa
que
“[n]inguna persona será privada de su libertad o propiedad
sin debido proceso de ley”.30
Conforme hemos reconocido, el debido proceso de ley,
como
derecho
fundamental,
tiene
dos
vertientes:
la
D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme, 3ra ed., Bogotá, Ed. Forum, 2013, pág. 394.
28 Íd., pág. 394.
29 Emda. XIV, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 206.
30 Art. II, Sec. 7, Const. PR, Tomo I, ed. 2008, pág. 296.
27
CT-2018-0005
22
sustantiva
y
la
procesal.31
“persigue
proteger
y
En
su
aspecto
salvaguardar
sustantivo
los
derechos
fundamentales de la persona”.32 Este “representa una barrera
para acciones estatales que sean arbitrarias o caprichosas
que afecten derechos fundamentales de los ciudadanos”.33 La
modalidad
procesal,
garantizar
que
la
“impone
al
Estado
interferencia
con
la
obligación
de
los
intereses
de
libertad y propiedad del individuo se haga a través de un
proceso que sea justo y equitativo”.34 Esta última se activa
si se demuestra que está en juego un interés individual de
libertad o de propiedad.35 Así, para ver si la exigencia del
debido
proceso
indagar la
de
ley
aplica,
en
primer
lugar
se
debe
naturaleza del interés involucrado, y no su
peso.36
Décadas atrás el Tribunal Supremo federal reconoció
que un interés libertario, en general, no se limita a una
restricción física del individuo, sino que comprende, entre
otras
cosas,
el
derecho
de
adquirir
conocimiento.37
embargo, es indispensable que
esté en juego un
individual.
entre
La
individualizadas
distinción
y
las
privaciones
las
Sin
interés
privaciones
policy-based
de
los
Rivera Rodríguez v. Lee Stowell, 133 DPR 881, 887 (1993).
Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 DPR 562, 576 (1992).
33 Aut. Puertos v. H.E.O., 186 DPR 417, 428 (2012).
34 Rivera Rodríguez v. Lee Stowell, supra, pág. 888.
35 Fuentes Bonilla v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 2018 TSPR
98, en la pág. 34, 200 DPR ___ (2018); Marcano v. Departamento de
Estado, 163 DPR 778, 791 (2005). Véase, además, Fernández Quiñones, op.
cit., pág. 403.
36 Board of Regents v. Roth, 408 US 564, 570-571 (1972).
37 Íd., pág. 572; Meyer v. Nebraska, 262 US 390 (1923). Véase, además,
J. J. Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico, Bogotá,
Ed. Temis, 2010, pág. 608, que enmarca el interés libertario de un
estudiante conforme lo resuelto en Pagán Hernández v. U.P.R., 107 DPR
720 (1978).
31
32
CT-2018-0005
23
intereses de una clase es medular para entender el sistema
legal de Estados Unidos. 38 Las primeras están protegidas
por el debido proceso de ley, las segundas no lo están.39
Dado a su pertinencia para el tema, conviene considerar la
normativa que pautó el Tribunal Supremo de Estados Unidos
en Bi-Metallic Investment Co. v. State Bd. of Equalization
of Colo., 239 US 441, 445 (1915), al disponer lo que sigue:
Where a rule of conduct applies to more than a
few people it is impracticable that every one
should have a direct voice in its adoption. The
Constitution does not require all public acts to
be done in town meeting or an assembly of the
whole. General statutes within the state power
are passed that affect the person or property of
individuals, sometimes to the point of ruin,
without giving them a chance to be heard. Their
rights are protected in the only way that they
can be in a complex society, by their power,
immediate or remote, over those who make the
rule. If the result in this case had been reached
as it might have been by the State’s doubling the
rate of taxation, no one would suggest that the
Fourteenth Amendment was violated unless every
person affected has been allowed an opportunity
to raise his voice against it before the body
entrusted by the state constitution with the
power.
Desde
entonces,
comenzó
legislativos
y
hechos
legislativos
son
hechos
la
distinción
adjudicativos.
generales
instituciones gubernamentales a
que
entre
hechos
Los
hechos
ayudan
a
las
decidir interrogantes de
ley, política pública y discrecionales. Es decir, no se
R. J. Pierce Jr., Administrative Law Treatise, 5ta ed., Aspens
Publishers, 2010, Tomo II, pág. 737. (“The distinction between
individualized deprivations, that are protected by the procedural due
process, and policy-based deprivations of the interests of a class,
that are not protected by procedural due process, is central to an
understanding of the U.S. legal system.”)
39 Íd.
38
CT-2018-0005
considera
individualmente
24
el
efecto
por
la
acción
gubernamental o la conducta pasada del individuo.40
En síntesis, hay determinaciones de política pública
que se pueden tomar sin participación pública alguna. No
obstante, si
el Estado vuelca su poder sobre un individuo o un
grupo de individuos y al así hacerlo considera su
situación particular, y solamente la de éste o
éstos, afectando sus intereses propietarios o
libertarios
entonces,
en
esos
casos,
la
Constitución se interpone entre la persona y el
Estado para asegurar que haya un proceso que
ayude a filtrar el trato arbitrario. La lógica
política lo explica: cuando el Estado actúa como
soberano sobre el Pueblo, éste tiene a su
disposición canales políticos dispuestos en la
Constitución
para
evitar
determinaciones
arbitrarias, pero cuando actúa con relación a
pocas personas sobre circunstancias aplicables a
sólo éstas, el cauce político puede que no sea
muy efectivo por encontrarse el individuo solo
frente al Estado. (Énfasis suplido).41
Es por ello que, como regla general, se estima lo
siguiente: “[a]n individual has a constitutional right to
be heard only with respect to resolution of a disputed fact
of the first type –a fact concerning the individual. Court
refer to facts of this type as adjudicative facts”.42
Una vez la persona acredita que un interés individual
suyo se encuentra en juego, sea libertario o propietario,
entonces “procede que definamos cuál es el proceso exigido
Pierce Jr., op. cit., pág. 742. (“Legislative facts do not describe
the individual who is uniquely affected by the government action or
that individual’s past conduct. Rather, legislative facts are the
general facts that help a government institution decide questions of
law, policy, and discretion”.)
41 H. A. Meléndez Juarbe, Derecho Constitucional, 75 Rev. Jur. U.P.R.
29, 38 (2006).
42 Pierce Jr., op. cit., pág. 741.
40
CT-2018-0005
25
(what process is due)”. (Énfasis en el original).43 El tipo
de
proceso
que
circunstancias,
se
debe
pero
observar
siempre
es
dependerá
de
las
que
el
no
lo
libertario
o
no
un
imprescindible
proceso gubernamental sea justo e imparcial.44
Sobre
infringió
este
asunto,
porque
propietario,
toda
el
Estado
no
afectó
un
vez
que
los
interés o derecho propietario
planteó
interés
recurridos
que
tenían
a estudiar en un plantel
escolar en particular. Indicó que en el proceso de cierre,
consolidación o reorganización de escuelas no tenía que
cumplir
con
el
Art.
8.01(f)
de
la
Ley
85,
pues
la
disposición no aplica al haberse consignado en la propia
disposición que entraría en vigor a partir del 1 de julio
de
2018.
Además,
adujo
que
los
cierres
concernientes
tampoco se regían por la Carta Circular 33-2016-2017, sino
por el Compendio, el cual era válido al no incidir directa
ni
sustancialmente
disponibles
sobre
para
el
los
procesos
público.
o
Sostuvo
prácticas
que
eran
instrucciones, declaraciones interpretativas y de política
general,
y
por
ende,
exentas
de
cumplir
un
proceso
de
reglamentación. En ese sentido, expresó que de la prueba
que
desfiló
ante
el
tribunal
de
instancia
emanaba
el
cumplimiento del proceso dispuesto en el Compendio para el
cierre y consolidación de escuelas. Señaló que no tenía que
notificar los cierres o consolidación porque el Compendio
no lo exigía y que esa decisión no fue hecha como parte de
Fuentes Bonilla v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, pág.
35.
44 Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., supra, pág. 578.
43
CT-2018-0005
26
un proceso adjudicativo formal, ni se determinó o adjudicó
derechos,
sino
obligaciones
que
fue
un
administrativa
disponibles
y
o
ejercicio
dirigido
a
privilegios
asegurar
de
válido
a
maximizar
el
buen
uso
los
de
recurridos,
planificación
los
recursos
la
propiedad
de
pública.
Por su parte, los padres demandantes manifestaron que
el
derecho
constitucional
a
la
educación
se
tiene
que
materializar mediante reglamentación adecuada, fundamentada
y razonable que ofrezca garantías mínimas en sus procesos.
Aludieron que el cierre de los planteles escolares tiene
que cumplir con un proceso justo, equitativo y razonable,
lo cual no ocurrió. Por ende, argumentan que el Estado
violó su derecho del debido proceso de ley y la igual
protección de las leyes. Además, adujeron que pese a que se
ordenó el Estado no presentó prueba documental sobre el
proceso practicado para cerrar las escuelas. Sostuvieron
que
la
representante
de
la
Secretaria
admitió
que
el
documento utilizado para ello fue el Serie C-107, el cual
el Tribunal de Primera Instancia declaró nulo por carecer
de fecha de aprobación, de firma y base legal. Argumentaron
que el cierre de planteles escolares no era una regla de
administración,
ni
un
documento
guía,
porque
infringía
derechos, procesos y prácticas disponibles para el público
general,
según
la
LPAU.
Indicaron
que
la
testigo
del
Gobierno corroboró que, antes de decretar el cierre, los
padres o miembros de la comunidad no fueron notificados y
CT-2018-0005
27
que no se creó un proceso de revisión administrativa o
judicial de esa determinación.
En cuanto a este asunto, es menester aclarar
que,
desde un principio, los padres demandantes admitieron que
la Ley 85 concede a la Secretaria la facultad para decretar
los
cierres
de
las
escuelas.
Sus
planteamientos
nunca
estuvieron dirigidos a cuestionar los poderes delegados.
Mas bien, lo que impugnan es el procedimiento que utilizó y
la forma en que el Departamento ejecutó tales poderes en el
cumplimiento de sus responsabilidades.
La
Ley
85
delega
a
la
Secretaria
un
sinnúmero
de
responsabilidades y poderes para que administre el Sistema
de Educación Pública de forma eficiente y efectiva, según
la política pública promulgada, de suerte que pueda cumplir
los propósitos de la Constitución y de la ley.45 Conforme a
las responsabilidades de su cargo, esta tiene la obligación
de administrar la organización, planificación, monitoreo y
evaluación financiera, así como las actividades académicas
y
administrativas
del
Departamento
y
del
Sistema
de
Educación Pública.46 Precisamente, una de las encomiendas
más importantes consiste en velar porque el Sistema de
Educación Pública sea sustentable, de manera que los hijos
de
las
futuras
generaciones
cuenten
con
los
recursos
indispensables para recibir una educación de altura.47 Para
lograr
ese
cometido,
cuenta
con
la
facultad
para
desarrollar la estrategia y manejo de las instalaciones
Art. 2.04. de la Ley 85-2018.
Íd., Art. 2.04b(1).
47 Íd., Art. 2.04b(7)y(4).
45
46
CT-2018-0005
escolares
28
y
establecer
consolidación
o
y
regular
la
apertura,
cierre,
reorganización
de
estas,
previa
determinación de necesidad.48
Sobre esta última, el Art. 8.01(f) de la Ley 85 erige
unos criterios que la Secretaria deberá utilizar previo al
cierre,
consolidación
y
reorganización
de
cualquier
escuela, a partir del 1 de julio de 2018. La disposición
establece que la Secretaria deberá preparar un estudio que
cuente
con
“indicadores
valorización
por
cada
de
medición
criterio”.
que
Nótese
permitan
que
la
la
aludida
disposición preceptúa expresamente el 1 de julio de 2018
como la fecha de efectividad para cumplir con el estudio
que reclaman los padres demandantes, no antes. 49
Precisamente, en virtud de los poderes amplios que la
Asamblea Legislativa delegó a la Secretaria, previo a esa
fecha,
esta
listado
de
publicó
más
de
en
la
página
doscientas
del
escuelas
Departamento
un
que
ser
iban
a
cerradas, entre las cuales se encuentran las seis planteles
objeto de este caso.
En cuanto al argumento sobre la violación del debido
proceso
de
ley,
es
preciso
puntualizar
que
si
bien
reconocemos que el derecho a la educación es un interés
libertario
protegido
por
la
Constitución,
para
que
se
active el debido proceso de ley procesal es necesario que
la actuación gubernamental incida individualmente con ese
Íd., Art. 2.04b(14) y (15).
Luego de examinar el historial legislativo, no encontramos indicio
alguno que de que la intención de la Asamblea Legislativa fuera que se
hiciera extensivo estos requisitos previo al 1 de julio de 2018.
48
49
CT-2018-0005
29
derecho.50 Esa actuación no debe ser generalizada, sino que
debe afectar a las personas en circunstancias aplicables
solo a ellas. Solo de esta forma se requiere entonces que
el Estado, al actuar, tome en consideración la situación
particular de ese sujeto y provea un debido proceso de ley.
Al ejecutar su discreción y cerrar planteles escolares, la
Secretaria lo hizo apoyada en unos criterios generales. En
ningún
momento
los
padres
demandantes
alegaron,
ni
evidenciaron, que su proceder fue en consideración a una
situación particular de ellos. La decisión de la Secretaria
sobre el cierre de las escuelas respondió mas bien a una
decisión de política pública de maximizar los recursos del
Departamento a la luz de la Ley 85. El Estado acreditó, y
así lo aceptaron los padres demandantes, que la Secretaria
al tomar su decisión discrecional consideró los criterios
del
Compendio,
a
saber:
(1)
los
informes
estatales
y
federales; (2) la matrícula actual de las escuelas y de los
últimos tres años; (3) la infraestructura de los planteles
escolares; (4) el aprovechamiento académico de las escuelas
en los últimos años; (5) los indicadores de aprovechamiento
académico; (6) la oferta académica; y (7) la transportación
escolar.
Entendemos
que
la
actuación
Legislativa y de la Secretaria
de
la
Asamblea
quedó comprendida en la
normativa jurisprudencial de Bi-Metallic Investment Co. v.
State Bd. Of Equalization of Colo., supra. Se trata de una
actuación policy-based en el ejercicio del poder de razón
de estado que aplica a un gran número de personas. Por
50
Board of Regents v. Roth, supra, págs. 570-571.
CT-2018-0005
30
tanto, el Estado no tenía que conceder un debido proceso de
ley a cada uno de los padres y el proceso seguido era
suficiente.
En armonía con el marco jurídico que hemos examinado,
concluimos que, en el caso de marras, el debido proceso de
ley procesal no se activó. Procede ahora analizar si se
quebrantó el derecho de la igual protección de las leyes.
ii. Igual protección de las leyes
La Decimocuarta Enmienda de la Constitución federal
garantiza
la
igual
protección
de
las
leyes.51
De
igual
forma, la Sec. 7 de nuestra Carta de Derechos establece que
no se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual
protección de las leyes. Por otro lado, la Sec. 1 veda que
se establezca discrimen por razón de raza, color, sexo,
nacimiento, origen o condición social e ideas políticas o
religiosas.52 De forma reiterada, hemos afirmado que este
precepto constitucional no requiere un trato igual para
todas
las
personas,
sino
que
veda
el
trato
desigual
injustificado.53 Por esa razón, “[e]l Estado puede hacer
clasificaciones
entre
las
personas
sin
infringir
dicho
principio siempre y cuando la clasificación sea razonable y
con
miras
a
la
consecución
o
protección
de
un
interés
público legítimo”.54 En otros términos, el aludido principio
lo
que
“hace
es
prohibir
que
el
trato
desigual
Emda. XIV, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 206.
Art. II, Sec. 1, Const. PR, Tomo I, ed. 2008, pág. 272.
53
Zachry International v. Tribunal Superior, 104 DPR 267,
(1975).
54 Íd., pág. 277.
sea
51
52
276-277
CT-2018-0005
31
injustificado o que la clasificación sea irrazonable”.55 De
manera que “no se puede aprobar una ley o norma, o poner en
vigor una práctica, que establezca un trato desigual para
algunos ciudadanos a menos que exista una razón justificada
para ello”.56
Ante
un
protección
de
planteamiento
las
leyes
de
violación
se
tiene
que
a
la
igual
examinar
la
razonabilidad de la clasificación. Ello se hace a la luz de
dos escrutinios: el estricto o el racional.57 El escrutinio
estricto se emplea cuando se establece una clasificación
sospechosa o se infringen derechos fundamentales.58 En ese
último
escenario,
interfiera
directa
fundamental.59
De
es
menester
y
sustancialmente
con
estar
ninguna
no
que
presente
la
clasificación
un
derecho
de
las
situaciones mencionadas, se activa el escrutinio racional
cuando se establecen clasificaciones sociales o económicas,
en
cuyo
caso
solo
exige
que
la
clasificación
no
sea
arbitraria y que tenga un nexo racional con los propósitos
del estatuto.60 Bajo este escrutinio, la actuación o ley se
Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., supra, pág. 581.
Rodríguez v. Depto. Servicios Sociales, 132 DPR 617, 634 (1993).
57 Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., supra, pág. 581.
58
Rodríguez v. Depto. Servicios Sociales, supra, pág. 635; Zachry
International v. Tribunal Superior, supra, pág. 277, Rodríguez
Rodríguez v. E.L.A., supra, pág. 581.
59 Lyng v. Castillo, 477 US 635, 638 (1986) (“Nor does the statutory
classification ‘directly and substantially’ interfere with family
living arrangements and thereby burden a fundamental right”.); Zablocki
v. Redhail, 434 US 374, 388 (1978) (“When a statutory classification
significantly interferes with the exercise of a fundamental right, it
cannot be upheld unless it is supported by sufficiently important state
interests and is closely tailored to effectuate only those interests”.)
60 Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 DPR 64, 82 (1983).
55
56
CT-2018-0005
32
presume constitucional y corresponde el peso de la prueba a
quien sostenga lo contrario.61
Con este marco jurídico en mente, puntualizamos que
los padres demandantes no argumentaron la existencia de
alguna
clasificación
sospechosa.
Por
el
contrario,
aseveraron que se utilizaron los criterios del Compendio,
los
cuales
no
se
encuentran
en
ninguna
clasificación
establecida por nuestra Constitución. Su fundamento es que
se transgredió el derecho a la igual protección de las
leyes por haberse infringido el derecho a la educación. Por
esa razón, nuestro análisis debe ir dirigido a discutir
este último planteamiento.
a. Derecho fundamental a la educación
En múltiples ocasiones hemos reconocido que el derecho
a la educación ocupa un sitial prominente en Puerto Rico al
estar
reconocido
trascendencia
es
como
uno
de
tal
“que
los
rango
constitucional.62
miembros
de
la
Su
Asamblea
Constituyente incluyeron ‘el afán por la educación’ como
uno de los factores determinantes en nuestra vida como
pueblo democrático”.63
Rodríguez v. Depto. Servicios Sociales, supra, pág. 634.
AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253, 270 (2010), Declet
Ríos v. Dpto. de Educación, 177 DPR 765, 773 (2009), Pagán Hernández v.
UPR, 107 DPR 720, 738 (1978).
63 AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, pág. 270. De hecho, en la
Constituyente se expresó que “[e]l fomento de la educación es objetivo
básico de toda sociedad democrática, ya que la mejor defensa del
sistema democrático de vida lo es una opinión pública bien informada y
consciente”. 2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1123,
Ed. 1961 (1952).
61
62
CT-2018-0005
33
Más aún, nuestra Carta Magna reconoce que “[t]oda
persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno
desarrollo
de
su
personalidad
y
al
fortalecimiento
del
respeto de los derechos del hombre y de las libertades
fundamentales”.64
La
introducción
de
ese
texto
tuvo
dos
fines: (1) plasmar el propósito que persigue la educación;
y
(2)
definir
constituyentes
la
clase
aspiraban
de
que
educación
los
niños
que
nuestros
puertorriqueños
recibieran.65
De otro modo, hemos pronunciado y hoy lo reafirmamos
que
el
Estado
tiene
un
interés
apremiante
en
que
la
educación, pública o privada, sea una de excelencia. Esto
se debe a que imparte la preparación adecuada para que los
ciudadanos
sean
partícipes
del
desarrollo
social
Puerto
Rico.66
raíz
de
de
A
la
económico
envergadura
y
del
derecho de educación, nuestra Constitución garantiza que
“[h]abrá un sistema de educación pública el cual será libre
y enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en la
escuela
primaria
y
secundaria
y,
hasta
donde
las
facilidades del Estado lo permitan, se hará obligatoria
para la escuela primaria”.67
Al abordar el tema sobre la responsabilidad del Estado
de
proveer
resulta
educación
gratuita
y
examinar
imprescindible
estudiar
lo
que
su
alcance,
aconteció
en
la
Art. II, Sec. 5, Const. PR, LPRA, Tomo I, ed. 2008, pág. 292.
2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1456, Ed. 1961
(1952).
66 AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, pág. 271.
67 Art. II, Sec. 5, Const. PR, LPRA, Tomo I, ed. 2008, pág. 292.
64
65
CT-2018-0005
Convención
34
Constituyente.
Al
comienzo
de
la
Sesión,
el
texto propuesto para la Sec. 5 de nuestra Carta de Derechos
leía como sigue:
Habrá un sistema de instrucción pública la cual
será
libre
y
enteramente
no
sectario.
La
enseñanza será gratuita en la escuela elemental y
secundaria. No se utilizará propiedad ni fondos
públicos para la enseñanza en otras escuelas o
instituciones educativas que no sean las del
Estado. Nada de lo contenido en esta disposición
impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier
niño servicios no educativos establecidos por ley
para protección o bienestar de la niñez.68
Empero, durante la discusión de la medida, uno de los
delegados, el señor Brunet, propuso una segunda enmienda
que posibilitaba que se pudiera
reclamar al Estado que
proveyera educación. Sugirió que, luego de la
enseñanza
será
gratuita
en
la
escuela
fase “la
elemental
y
secundaria”, se incorporara “[y] será además obligatoria en
la escuela elemental”.69 Tras esta recomendación, se suscitó
un
debate
extenso
cuyo
enfoque
fue
la
capacidad
del
Gobierno de sufragar el costo
del sostenimiento de las
escuelas, que concluyó con la
derrota de la mencionada
enmienda.70
Subsiguientemente, otro delegado, el señor Mellado,
sugirió que se añadiera: “será además compulsoria en la
escuela elemental hasta donde las facilidades del Estado lo
permitan”.71 Explicó que
2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1455, Ed. 1961
(1952).
69 2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1456, Ed. 1961
(1952).
70 Íd., pág. 1462.
71 Íd.
68
CT-2018-0005
35
a mi juicio la argumentación del compañero Brunet
y de la argumentación del compañero Benítez se
desprende que todos aceptamos en esta Convención
la necesidad de hacer obligatoria la enseñanza
primaria, siempre y cuando que el Estado tenga
facilidades para ofrecerla. Yo creo que en cuanto
a eso no hay discusión, todos estamos de acuerdo
que los niños de Puerto Rico deben asistir
compulsoriamente a la escuela primaria que
consiste del primero al sexto grado y que esa
escuela debe ofrecerse a esos niños hasta donde
las facilidades del Estado lo permitan.
Aquí el único argumento que ha expuesto el
compañero Benítez, para rebatir la moción del
compañero Brunet es que costaría creo que 15
millones de dólares como costo inicial y además 7
millones como gasto de operación anualmente, el
sostenimiento de escuelas para admitir a 60 ó 70
mil
niños
de
edad
escolar,
para
escuelas
primarias que están afuera de las aulas.
Pues si ése es el único argumento, mi
enmienda hace posible la obligatoriedad de la
escuela primaria, sin necesidad de comprometer al
Estado, porque le da la oportunidad de ir
aumentando gradualmente el número de escuelas
primarias y al mismo tiempo hace compulsoria la
asistencia y lo hace constitucionalmente, de los
niños a la escuela primaria. (Énfasis suplido).72
Luego
de
esta
exposición
se
le
increpó
que
si
la
obligatoriedad que proponía la enmienda, en cuanto a que se
haga efectiva constitucionalmente es la del niño ir a la
escuela, qué tenía que ver el Estado con tener o no tener
los medios para que el niño vaya a la escuela, si el que
estaba obligado era el niño.73 El señor Mellado replicó que
se hacía “una especie de declaración de propósitos del
Estado de abrir más y más escuelas primarias para atender
esa obligación de los padres según sus recursos fiscales se
Íd., pág. 1463.
Íd., pág. 1475 (“¿Si la obligatoriedad que propone su Señoría [que]
se haga efectiva constitucionalmente, es la del niño ir a la escuela,
que tiene que ver el Estado con tener o no tener lo medios para que el
niño vaya a la escuela; si el que está obligado es el niño?”).
72
73
CT-2018-0005
36
lo permit[íeran]”. (Énfasis suplido).74 Ulteriormente, esta
enmienda
fue
avalada
por
los
constituyentes
y
se
hizo
formar parte de nuestro cuerpo constitucional.
Según
observamos,
un
análisis
del
debate
de
la
Asamblea Constituyente refleja que los delegados aspiraban
a que se abrieran un gran número de escuelas, pero a la
misma
vez
tenían
eventualmente,
la
no
preocupación
pudiera
tener
de
que
el
Estado,
la
capacidad
para
sufragarlas. Es por ello que se llegó al compromiso de
ofrecer una educación obligatoria hasta donde sus recursos
lo permitieran. Consecuentemente, se instituyó que, en la
medida
de
que
el
proveer
servicios
Gobierno
cuente
educativos,
este
con
los
será
medios
para
responsable
de
prestarlos y podrá exigírsele que así lo haga.
En ese contexto, el Estado arguyó que no privó a los
alumnos de su derecho a la educación, ni les ocasionó un
daño
irreparable,
ya
que
no
cesará
de
prestar
los
servicios, sino que por razones apremiantes los trasladará
a otros planteles escolares sitos en el municipio donde
están los que se van a cerrar o consolidar y que allí los
estudiantes podrán continuar sus estudios. Señaló que, como
la
Constitución
garantiza
el
derecho
a
la
educación
gratuita en la escuela primaria y secundaria “hasta donde
las facilidades del Estado lo permitan”, debido a la crisis
económica que enfrenta Puerto Rico, el interés público de
procurar un efectivo uso de los recursos del Departamento
74
Íd., pág. 1476.
CT-2018-0005
37
tenía que prevalecer sobre el interés particular de los
recurridos de elegir una escuela en particular. Arguyó que
el impedir los cierres agudizaría la situación fiscal del
Departamento y trastocaría el plan de acondicionamiento de
los planteles escolares receptores.
Por su parte, los padres demandantes plantearon que,
al infringir el derecho a la educación, se les violó su
derecho a la igual protección de las leyes. Sostuvieron que
el foro primario dio credibilidad a los catorce testigos
que declararon que, previo al cierre, el Departamento no
les dio participación a los miembros de las comunidades ni
tampoco se les indicó las escuelas que contemplaban cerrar
y que se enteraron de sus cierres por medios electrónicos.
Asimismo, aseveraron que ese tribunal creyó los daños que
los testigos declararon, a saber: (1) que se afectaba el
derecho a la educación; (2) que se dejaba sin servicio y
terapias de educación especial; (3) que no tenían forma
para llegar a la escuela nueva; (4) que en Quebradillas se
dejó toda el área rural sin escuela; (5) que los padres y
estudiantes están agobiados por la incertidumbre de lo que
sucederá el próximo año escolar; y (6) los problemas de las
escuelas receptoras.
Como mencionamos, los padres demandantes no aducen que
los criterios considerados por la Secretaria para cerrar
planteles
escolares
sospechosa.
Sus
constituyeron
argumentos
más
bien
una
se
clasificación
amparan
en
la
interferencia con un derecho fundamental. Con el propósito
CT-2018-0005
38
de evaluar la razonabilidad de la actuación del Estado, y
así ver si se activa el escrutinio estricto como lo hizo
el
foro
primario
debemos
examinar
si
el
acto
gubernamental interfirió directa y sustancialmente con el
derecho
a
la
educación.
A
continuación
expondremos
un
resumen de la prueba desfilada en el Tribunal de Primera
Instancia.
La Sra. Ashley
Ríos Mercado testificó que sus
dos
hijas asistían a la Escuela Segunda Unidad Ramón Emeterio
Betances de Arecibo en el año escolar de 2017-2018. Declaró
que sus dos hijas sufrían mucho pues se sacó materiales de
la
escuela
frente
a
ellas.
Atestiguó
que
la
escuela
receptora estaba a más de treinta minutos en carro y a una
hora si caminaba desde su casa. En su contrainterrogatorio,
la
señora
Ríos
admitió
que
el
Departamento
proveerá
transportación a las escuelas.
La Sra. Xiomara Meléndez De León testificó que sus dos
hijos estudiaron en la escuela Laurentino Estrella Colón en
Camuy durante el año escolar 2017-2018. Declaró que visitó
la escuela receptora y que el salón donde estará su hijo,
de necesidades especiales, no cumple las exigencias, es
pequeño,
solo
tiene
una
puerta
y
no
posee
servicios
sanitarios. En el contrainterrogatorio, reconoció que no
conoce los planes que tiene el Departamento para habilitar
el salón previo al comienzo de clases.
La Sra. Ivette M. Montalvo Mendoza testificó que su
hija de nueve años cursó sus estudios para el año escolar
CT-2018-0005
39
2017-2018 en la escuela Rosa M. Rodríguez en Vega Baja.
Declaró que una de las escuelas receptoras está ubicada en
una urbanización que tiene solo una vía de entrada y de
salida de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., que a raíz del huracán
perdió el techo de varias áreas y que se hizo un préstamo o
se donó el dinero para arreglarlo. Relató que hizo una
querella en OSHA ya que recibió unos correos electrónicos
de los que se desprendía que la biblioteca tenía problemas
de
asbestos.
Atestiguó
que
el
nuevo
plantel
no
tenía
estacionamiento para los padres porque los propietarios de
las casas de la urbanización no les permitían estacionarse
dentro.
Durante
el
contrainterrogatorio,
admitió
que
no
contaba con pericia para determinar las reparaciones que el
Departamento llevaría a cabo para que el plantel receptor
esté en condiciones para recibir a los estudiantes.
La Sra. Belmarie Reyes Aguilar testificó que es madre
de dos menores que estudiaron durante el año escolar 20172018 en la escuela Ramón Ávila Molinari de Quebradillas.
Declaró
que
sus
hijos
sufren
daños
emocionales,
especialmente, su hija que comenzó sus estudios hace poco y
que estaba en proceso de crear vínculos con los maestros y
compañeros.
Manifestó
que
si
se
cerraba
este
plantel
escolar, la zona rural se quedaba sin escuelas primarias y
que
solo
contarían
con
dos
escuelas
primarias
en
la
municipalidad.
La Sra. Joanna López Medina testificó que es madre de
tres hijos que cursaron el año escolar de 2017-2018 en la
CT-2018-0005
40
escuela Joaquín Rodríguez Ruiz en Hatillo. Declaró que la
escuela receptora ubica en una zona inundable, que tiene
alumnos de nivel primario e intermedio, que solo tiene una
cancha, que el área recreativa no posee techo, que solo
tiene dos baños y que su calificación era C. Relató que el
cierre ha ocasionado daños emocionales a su hija pues su
madre y todos sus hermanos estudiaron en el plantel que va
a ser cerrado. En el contrainterrogatorio, aceptó que la
escuela
receptora
podía
ser
preparada
y
reparada
para
recibir la matrícula.
Somos de la opinión que, en el presente caso y a la
luz
de
prueba
testifical
presentada
por
los
padres
demandantes, el proceder de la Secretaria al cerrar las
seis
escuelas
que
son
objeto
de
revisión
judicial
no
interfirió directa y sustancialmente con el derecho a la
educación.75 De la evidencia ofrecida se desprende que el
Gobierno
se
comprometió
transportación
hacia
las
a
proveer
escuelas
a
los
estudiantes
receptoras.
De
igual
modo, el Estado reconoció que va a preparar, habilitar y
reparar los planteles escolares receptores de forma que
estén acondicionados para el inicio de clases. También, se
desprende de la prueba que se proveyó una escuela receptora
a aquellos alumnos que cursaron estudios en planteles que
serán
cerrados.
receptoras
se
Surge,
a
encuentran
su
vez,
que
localizadas
las
en
escuelas
la
misma
P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 DPR 248, 261 (1980).
Si bien está fuera de discusión el carácter fundamental del derecho al
voto,[…,] la Sec. 9 de la Ley Núm. 3 no afecta sustancialmente tal
derecho”.)
75
CT-2018-0005
41
municipalidad
de
las
escuelas
a
la
que
asistían
los
estudiantes durante el año escolar anterior. Además, el
Estado se comprometió a hacer las reparaciones necesarias
para ofrecer los servicios correspondientes de educación
especial
que
tenían
los
estudiantes
en
las
escuelas
cerradas. Ninguno de los testigos declaró cómo, en efecto,
se veían privados sus hijos del derecho a la educación. En
consideración
a
estos
antecedentes,
concluimos
que
el
Estado no interfirió sustancialmente con el derecho a la
educación.
Como
la
actuación
gubernamental
no
interfiere
sustancialmente sobre el derecho a la educación procede
examinar la razonabilidad de la actuación de la Secretaria
y
aplicar
un
escrutinio
racional.
Ello
implica
que
la
actuación se sostiene siempre que no sea arbitraria y tenga
un nexo racional con los propósitos perseguidos. No hay
duda, de que el cierre de escuelas obedeció a planificar la
estructura administrativa del Departamento para maximizar
los
recursos
propiedad
disponibles
pública.
Su
y
propósito
público
del
Departamento
efectivo
uso
de
responsabilidad
asegurar
de
el
respondió
procurar
sus
recursos.
de
la
Esto,
Secretaria
buen
uso
al
de
la
interés
un
mejor
y
más
como
parte
de
la
por
el
de
velar
sostenimiento de las escuelas públicas para que nuestras
futuras
generaciones
gocen
de
ese
beneficio
importante.
Estos fines constituyen intereses legítimos del Estado. En
este caso, el cierre de los planteles es una medida que
consideramos razonable para lograr la consecución del fin
CT-2018-0005
42
del Estado, que es utilizar adecuadamente los recursos. Al
así actuar, y para disipar la arbitrariedad, tomó en cuenta
ciertos criterios como la matrícula de las escuelas, la
infraestructura
de
los
planteles,
el
aprovechamiento
académico de las escuelas, los cursos que ofrecían y la
transportación
escolar.
decisional
la
de
Indudablemente,
Secretaria
supera
el
el
proceder
correspondiente
escrutinio.
IV
Como hemos discutido, el criterio rector al determinar
si procede un injunction permanente, es si el acto está
comprendido dentro de la autoridad conferida en ley al
funcionario gubernamental o de una corporación o agencia
pública, y no si tal acción era válida o constitucional.
Por
lo
tanto,
los
tribunales
no
podemos
expedir
un
injunction en aras de evitar que un funcionario público
lleve a cabo un acto para el cual fue autorizado por ley,
salvo que haya mediado un dictamen por el cual se decrete
su
inconstitucionalidad.
Excepcionalmente,
procede
la
concesión del injunction si la actuación quebranta derechos
constitucionales.
En
armonía
con
estos
postulados,
es
preciso descartar los argumentos de los padres demandantes
de que se infringieron sus derechos constitucionales. En
consecuencia,
nos
vemos
forzados
a
concluir
que
en
el
presente caso no procedía el injunction expedido por el
tribunal sentenciador.
CT-2018-0005
Según
43
puntualizamos,
la
Secretaria
la
desarrollar
manejo
las
de
facultad
de
instalaciones
Ley
85
escolares
confirió
a
la
la
estrategia
y
y
establecer
y
regular la apertura, cierre, consolidación o reorganización
de estas, previa determinación de necesidad. En virtud de
esos poderes, esta decretó el cierre de los seis planteles
escolares.
Por
tanto,
el
injunction
permanente
es
improcedente y contrario al esquema doctrinario imperante.
V
Por
los
fundamentos
expuestos,
estoy
conforme
con
revocar en su totalidad el dictamen del foro primario y
dejar sin efecto la orden de paralización del cierre de las
escuelas objeto de este recurso y desestimar la demanda de
autos.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Xiomara
et al.
Meléndez
de
León,
Recurridos
v.
Hon. Julia Keleher, et al.
Peticionarios
CT-2018-0005
________________________________
Municipio de Morovis, et al.
Recurridos
v.
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, et al.
Peticionarios
Opinión de Conformidad emitida por Juez Asociado señor
COLÓN PÉREZ a la que se une la Juez Asociada señora
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.
Largo es el camino de
la enseñanza por medio
de
teorías;
breve
y
eficaz
por
medio
de
ejemplos.
Séneca
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de julio de 2018.
Allá
escritos
para
los
separados,
estudiantes
de
meses
de
mayo
un
grupo
de
las
escuelas
y
junio
padres
públicas
de
y
2018,
en
madres
de
del
país
(específicamente de la Región Educativa de Arecibo) y de
otra parte el Municipio de Morovis presentaron ante el
CT-2018-0005
2
Tribunal de Primera Instancia una petición de injunction
preliminar y permanente en la que solicitaron que se
detuviera el cierre de ciertas escuelas públicas por parte
del Departamento de Educación. En esencia, alegaron que en
el
cierre
de
las
escuelas
públicas
en
cuestión
la
mencionada agencia gubernamental no siguió los requisitos
dispuestos
en
la
Ley,
Reglamentos
o
Cartas
Circulares
aplicables. A dicha solicitud, el Departamento de Educación
se opuso. En síntesis, sostuvo que para el cierre de las
escuelas
públicas
criterios
como
disponibilidad
oportunidad
la
de
de
aquí
en
controversia
matrícula
espacio,
los
crecimiento
de
utilizaron
estudiantes,
programas
de
se
las
académicos,
escuelas
y
la
la
su
infraestructura, entre otros. Por lo que, a su juicio,
actuó conforme a la normativa que gobierna estos asuntos.
Evaluados los planteamientos de ambas partes, el Tribunal
de Primera Instancia concedió el injunction solicitado. De
esa determinación, el Departamento de Educación recurrió
ante
nos
mediante
recurso
de
certificación
intrajurisdiccional.
Por entender que en nuestra jurisdicción, en virtud de
la
doctrina
de
separación
escuela
decidir
si
una
cerrada
o
es
de
poderes,
pública
consolidada
le
la
facultad
de
permanece
abierta,
es
corresponde,
en
primera
CT-2018-0005
3
instancia, al Poder Ejecutivo,76 y por considerar que en el
caso ante nuestra consideración no están presentes aquellas
circunstancias -- de privación del derecho constitucional a
una educación primaria y secundaria
-- que ameriten
la
intervención del Poder Judicial con esa facultad delegada a
otro de los poderes constitucionales de gobierno, estamos
conformes con el resultado al que hoy llega este Tribunal
donde se revoca
la determinación del foro primario, en
cuanto al injunction solicitado.
Y es que, como sabemos, la doctrina de separación de
poderes
es
aquella
que
postula
que,
en
un
sistema
republicano de gobierno, como lo es el del Estado Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
cada
uno
de
los
tres
poderes
constitucionales de gobierno tiene facultades particulares,
las cuales éstos están llamados a respetar entre sí, de
manera
tal
que
se
impida
la
concentración
indebida
de
poderes en uno solo de ellos. Córdova y otros v. Cámara de
Representantes, 171 DPR 789, 799 (2007); Colón Cortés v.
Pesquera, 150
DPR
724,
752
DPR
405,
Hernández Colón,
127
dirección,
claramente
está
(2000);
Nogueras
426–427
(1990).
establecido
que
el
v.
En
esa
Poder
Legislativo es el llamado a formular las leyes, el Poder
Ejecutivo
a
implementarlas
y
el
Poder
Judicial
a
interpretarlas y a asegurarse de que las mismas cumplan con
Para quien suscribe, el decidir si una escuela pública permanece
abierta, es cerrada o es consolidada es una tarea eminentemente
administrativa en manos del Departamento de Educación de Puerto Rico.
76
CT-2018-0005
4
lo dispuesto en nuestra Constitución. Véase, Const. ELA,
LPRA Tomo 1.
De
conformidad
con
lo
anterior,
en
reiteradas
ocasiones este Tribunal ha sentenciado que los tres poderes
constitucionales deben ser cuidadosos de no extralimitarse
ejerciendo
funciones
delegadas
a
otro
de
los
poderes.
Rivera Schatz v. E.L.A. y C. Abo. PR II, 191 DPR 791, 802
(2014); Domínguez Castro v. E.L.A., 178 DPR 1, 91 (2010);
Colón Cortés v. Pesquera, supra, pág. 750.
En el caso
particular del Poder Judicial -- tal y como hoy hacemos -debemos
ser
en
extremo
cautelosos
de
no
interferir
en
prerrogativas legislativas o ejecutivas. Domínguez Castro
v. E.L.A., supra; Colón Cortés v. Pesquera, supra, pág.
752; Noriega v. Hernández Colón, supra, págs. 422–23.
Ciertamente, y como ya mencionamos, la facultad de
decidir
si
una
escuela
cerrada
o
consolidada,
pública
permanece
abierta,
a
luces,
una
todas
eminentemente administrativa, no
es
reglamentaria,
es
tarea
en manos
del Departamento de Educación de Puerto Rico, que -- en lo
relacionado
al
caso
que
nos
ocupa
--
dicha
agencia
gubernamental ejerce de conformidad con lo dispuesto en el
Compendio de Políticas del Departamento de Educación, C107. En ausencia de razones que lo justifiquen, no debemos
intervenir con tal proceder delegado a otro de los poderes
constitucionales de gobierno.
CT-2018-0005
5
Ahora bien, lo anterior no es óbice para manifestar
nuestra profunda preocupación con la forma y manera en que
dicha rama de gobierno, a través de su Departamento de
Educación, está llevando a cabo el proceso de cerrar y
consolidar escuelas públicas en nuestro país.
Ello, pues, para quien suscribe -– un juez formado en
las
escuelas
constitucional
públicas
a
la
del
país
educación
--,
primaria
el
y
derecho
secundaria,
establecido en el Art. II, Sec. V de la Constitución del
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
supra,
no
se
salvaguarda meramente garantizando que el o la estudiante
tenga
una
estructura
física,
es
decir,
una
escuela,
disponible para asistir. El derecho constitucional a la
educación
primaria
y
secundaria,
consagrado
en
nuestra
Carta Magna, sólo se garantiza asegurándonos que el niño,
la niña, el joven o la joven pueda llegar a esa escuela,
reciba el pan de la enseñanza y logre su pleno desarrollo
como hombre o mujer de bien.
En ese sentido, somos de la opinión que la decisión de
cerrar
o
consolidar
escuelas
descansar
meramente
en
el
públicas
número
de
–-
más
allá
estudiantes,
de
sean
muchos o pocos, matriculados en cierta casa de estudios,
como aparenta estar ocurriendo en el presente caso –- debe
ser una que tome en cuenta el sentir de las comunidades
donde ubican las mismas y las particulares situaciones que
éstas
enfrentan.
Lo
anterior,
ciertamente,
se
logra
a
CT-2018-0005
6
través de procesos abiertos a la participación ciudadana
donde todos los actores del triste drama humano que hoy
atendemos
--
entiéndase,
padres,
personal
del
Departamento
de
madres,
Educación
estudiantes
y
--
la
tengan
oportunidad de expresarse y puedan ser escuchados, aunque
finalmente
sea
el
Estado
quien
tome
la
decisión.
No
albergamos duda alguna de que procesos como esos expondrán
a
los
funcionarios
públicos
llamados
a
la
toma
de
decisiones en el asunto que nos ocupa a una diversidad de
factores sociales, económicos, geográficos, de seguridad e
infraestructura que bien pudiesen inclinar la balanza, de
un lado o del otro, al momento de decidir si una escuela se
cierra o es consolidada. Ello, a su vez, permitiría una
determinación
más
completa,
informada
y
cónsona
con
lo
dispuesto en el Art. II, Sec. 5 de la Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra.
Recordemos
que
la
mencionada
disposición
constitucional, en esencia, establece que:
Toda persona tiene derecho a una educación
que
propenda
al
pleno
desarrollo
de
su
personalidad y al fortalecimiento del respeto de
los derechos del hombre y de las libertades
fundamentales. Habrá un sistema de instrucción
pública el cual será libre y enteramente no
sectario. La enseñanza será gratuita en la
escuela primaria y secundaria y, hasta donde las
facilidades del Estado lo permitan, se hará
obligatoria
para
la
escuela
primaria.
La
asistencia obligatoria a las escuelas públicas
primarias, hasta donde las facilidades del Estado
lo permitan, según se dispone en la presente, no
se interpretará como aplicable a aquellos que
reciban
instrucción
primaria
en
escuelas
CT-2018-0005
7
establecidas bajo auspicios no gubernamentales.
Art. II. Sec. 5, Const. ELA, LPRA Tomo 1.
Distinto
a
lo
sucedido
en
la
creación
de
la
Constitución de los Estados Unidos de América, a nuestros
Constituyentes les pareció esencial que en la Constitución
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se reconociera
expresamente
el
derecho
a
la
educación
primaria
y
secundaria, de modo que éste no se concibiera como una
simple y mera aspiración. Véase, 2 Diario de Sesiones de la
Convención Constituyente 1455-1459 (1952). Al respecto, el
delegado señor Virgilio Brunet expresó:
Para que una democracia funcione en forma
adecuada, es preciso que el derecho a la
educación esté consignado, no solamente como un
derecho
del
ciudadano,
sino,
además,
debe
contener aquella disposición que haga al Estado,
que obligue al Estado a proporcionar un mínimo de
educación para que los estudiantes, los niños,
adquieran ese mínimo de preparación y puedan
enfrentarse a una lucha sin desigualdades en una
sociedad democrática. Diario de Sesiones, supra,
pág. 1457.
Asimismo, y no conformes con lo anterior, en aras de
reconocer un derecho a la educación de amplio alcance, los
miembros
de
la
meridianamente
estudio,
que
Convención
claro,
los
en
el
Constituyente
texto
puertorriqueños
y
dejaron
constitucional
las
bajo
puertorriqueñas
tienen derecho a una educación primaria y secundaria “que
propenda
al
pleno
desarrollo
de
su
personalidad
y
al
fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de
las libertades fundamentales”. Al así hacerlo, adoptaron la
acepción del derecho a la educación del Art. 26 y Art. XII
CT-2018-0005
8
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
respectivamente.77
Dicha
concepción
del
derecho
educación, reconoce la educación como el medio
a
la
que “le
permite al individuo, realizarse en lo interno, y a su vez
como miembro de la familia, de la sociedad y como miembro
del grupo social”. Asociación
Costarricense Pro-Naciones
Unidas, La Declaración de Derechos Humanos, Comentarios y
Texto, Ed. Juricentro S. A., 1979, pág. 1983. Es decir, una
educación que “le prepare para la vida”. Íd.
Precisa señalar también, que dicha educación primaria
y secundaria será gratuita “hasta donde las facilidades del
Estado lo permitan”. Véase, Diario de Sesiones, supra, pág.
1460. Sobre el particular, los miembros de la Convención
Constituyente
señalaron
que
“[e]l
Estado
debe
tener
la
obligación de educar al pueblo, debe ser lo suficientemente
inteligente
y
cuidadoso,
para
economizar
en
ciertos
El Art. 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos lee de la
siguiente manera:
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación
debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la
instrucción
elemental
y
fundamental.
La
instrucción
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y
profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los
estudios superiores será igual para todos, en función de
los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los
derechos
humanos
y
a
las
libertades
fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos,
y promoverá el desarrollo de las actividades de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo
de educación que habrá de darse a sus hijos.
77
CT-2018-0005
9
aspectos administrativos y dedicar ese dinero a lo que es
fundamental: la educación del pueblo”. Íd., pág. 1468.
En
fin,
como
hemos
podido
notar
en
la
normativa
constitucional que antecede, una escuela pública es más que
una estructura física. Una escuela pública la componen sus
estudiantes,
sus
maestros
y
maestras,
el
personal
del
Departamento de Educación y la comunidad en general. Si
bien reconocemos que el Poder Ejecutivo tiene la potestad,
y está ejerciendo la misma, para ordenar el cierre o la
consolidación de escuelas públicas en nuestro país, dicha
determinación no debe ser una ajena a la comunidad donde
esa
escuela
ubica
y
las
particularidades
–-
sociales,
económicas, geográficas, de seguridad e infraestructura,
entre otras -– que rodean la misma. Ello, pues pudiese
darse el caso que, al no tomarse en cuenta los mencionados
factores, se tome una decisión que directa o indirectamente
prive
a
las
personas
constitucional
a
la
que
allí
educación
residen
primaria
y
del
derecho
secundaria.
A
juicio de quien suscribe, dicho escenario sí sería objeto
de revisión judicial.
Lamentablemente, -- según se desprende del expediente
ante
nuestra
consideración
y,
particularmente
de
los
testimonios vertidos ante el Tribunal de Primera Instancia
-- en el presente caso la parte demandante-recurrida no nos
ha puesto en posición de determinar que ésta fue privada
del
derecho
constitucional
a
la
educación,
primaria
o
CT-2018-0005
10
secundaria, o que los factores antes señalados no fueron
tomados en consideración al momento de cerrar las escuelas
públicas
objeto
del
presente
litigio. Falló
al
así
no
hacerlo y, en consecuencia, se cometió el error señalado.78
Para concluir, al igual que a los padres, madres y
estudiantes
aquí
demandantes-recurridos,
al
juez
que
suscribe le entristece que las escuelas públicas de nuestro
país se estén cerrando o consolidando. La realidad, no
obstante, es que la difícil situación fiscal que enfrenta
Puerto Rico obliga a ello.
Reconociendo lo anterior, sólo nos resta exhortar a
todos
los
componentes
del
Poder
Ejecutivo
a
que
las
economías o ahorros que se generen como producto del cierre
o consolidación de escuelas en el país sean redirigidos a
las escuelas públicas que permanezcan abiertas, de modo tal
que allí, en cumplimiento con el mandato constitucional
expuesto en el Art. II, Sec. 5 de la Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, los y las
estudiantes que aquí habitan tengan acceso a una educación
pública de excelencia. Ellos y ellas, y todo el que aspira
a construir un Puerto Rico mejor, se lo agradecerán.
Es menester señalar que al momento de evaluar la procedencia de un
injunction se deben examinar los siguientes criterios 1) la naturaleza
del daño; 2) la irreparabilidad del daño o inexistencia de un remedio
adecuado en ley; 3) la probabilidad de que la parte promovente
prevalezca; 4) la probabilidad de que la causa de torne académica; 5)
el posible impacto sobre el interés público; la diligencia y buena fe
con que ha obrado la parte peticionaria. Regla 57.3 de las de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57.3; Asoc. Vec. V. Caparra v.
Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304 (2008); Municipio de Ponce v. Rosselló,
136 DPR 776 (1994); P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 193 DPR
200 (1975).
78
CT-2018-0005
11
Si nos limitamos solamente a proveer una estructura
física a nuestros niños, niñas y jóvenes -– estructura que
llamamos escuela --, sin asegurarnos de que éstos y éstas
tengan un acceso a ella y puedan educarse en las mismas, el
derecho constitucional a la educación dejaría de ser un
derecho y se convertiría en un ideal. Estoy seguro de que
esa
no
fue
la
intención
de
los
miembros
de
nuestra
Convención Constituyente.
En fin, tal y como hemos sentenciado en el pasado en
casos relacionados al tema de la educación, pero esta vez
adaptado a las particularidades del presente litigio, no
olvidemos nunca que “sin estudiantes no hay escuelas, y sin
escuelas no hay país”. Menéndez González, et al. v. U.P.R.,
198 DPR 140 (2017),
págs. 147-148 (Op. Disidente, Juez
Colón Pérez).
Ángel Colón Pérez
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Xiomara
Meléndez
León et al.
de
Recurrida
v.
CT-2018-005
Hon. Julia Keleher, et
al.
Certificación
Intrajurisdiccional
Peticionaria
---------------------Municipio
et al.
de
Morovis,
Recurrida
Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, et al.
Peticionaria
Opinión disidente
ESTRELLA MARTÍNEZ
emitida
por
el
Juez
Asociado
señor
San Juan, Puerto Rico, a 16 de julio de 2018.
“El derecho fundamental a la
educación
trasciende
los
factores
de
enseñanza
y
aprendizaje e incide sobre
otros
derechos
de
igual
naturaleza
tales
como
la
vida, libertad y propiedad”.
Exposición de motivos, Ley de
Reforma Educativa de Puerto
Rico, Ley Núm. 85-2018, pág.
1.
El
cierre
de
escuelas
públicas
es
un
fenómeno
que
afecta multiplicidad de comunidades en muchos rincones de
los Estados Unidos y en el resto del mundo. Al igual que en
Puerto Rico, el
cierre en muchas ocasiones está basado
primordialmente
en
una
reducción
de
la
matrícula
de
CT-2018-0005
2
estudiantes, una merma poblacional, la necesidad de reducir
costos y eliminar escuelas con bajo rendimiento. De igual
forma, las políticas y normas administrativas que regulan
esos cierres están basadas en lo que parecieran ser un
objetivo neutral, a saber: mejorar los servicios educativos
con los recursos disponibles.
Ante esa realidad social y jurídica, la controversia
ante nuestra consideración no se reduce a contestar si el
Departamento de Educación (Departamento) tiene el poder de
cerrar
escuelas.
Ciertamente,
bajo
nuestro
ordenamiento
jurídico tiene esa facultad. Ahora bien, ¿puede ejercerla
en
el
vacío?
A
mi
juicio
no.
¿Están
amparados
los
estudiantes de educación especial de garantías dirigidas a
evitar que un proceso de cierre atropellado interfiera con
su derecho a la educación? ¿Le asiste el derecho a los
padres
y
madres
de
estudiantes
de
ser
notificados
oportunamente de las propuestas de cierres de escuelas, a
fin de participar y tener acceso a la información para
realizar una toma de decisiones responsable e informada en
asuntos que el Tribunal Supremo federal ha reconocido como
medulares, tales como el derecho de crianza de sus hijos e
hijas? ¿Existen reclamos exitosos y legítimos de igualdad
en la educación basados en cierres discriminatorios por
razones
vedadas
Departamento
a
constitucionalmente?
realizar
un
¿Está
procedimiento
obligado
el
administrativo
ordenado que promueva un adecuado uso de las facilidades
CT-2018-0005
públicas,
a
3
fin
de
que
las
escuelas
cerradas
no
se
conviertan en un almacén de equipo y libros abandonados,
frustrando así el objetivo de maximizar el uso de recursos?
¿Existe un reconocimiento de un derecho constitucional a la
educación y normas que procuran observar un debido proceso
de ley, a fin de evitar que un cierre abrupto de escuelas
públicas
interfiera
irrazonablemente
con
los
planes
educativos individualizados y otras herramientas educativas
que van dirigidas a procurar el bienestar y desarrollo de
la
niñez?
garantizar
¿Existe
una
la
obligación
transición
adecuada
del
en
Departamento
la
de
prestación
de
servicios individualizados, realizar evaluaciones previas y
custodiar responsablemente los récords de los estudiantes?
A mi juicio, todas estas interrogantes debieron ser
contestadas por este Tribunal en la afirmativa. Esperar a
que las escuelas cerradas sean vandalizadas, los récords y
el material educativo abandonados y que los estudiantes de
educación especial vean frustradas sus garantías federales
y estatales, conlleva irremediablemente no sólo al cierre
de escuelas, sino también al cierre de la justicia. No se
trata de otorgarle a los estudiantes o a los padres y
madres, ni mucho menos a la Rama Judicial, un poder de veto
contra el cierre de escuelas. De lo que se trata es de
que
el
Estado
ejerza
su
facultad
dentro
de
los
parámetros constitucionales y legales, y con el sentido
CT-2018-0005
4
común que debe imperar en una sociedad democrática.
ser
eso
lo
resuelto
por
una
Mayoría
de
este
Al no
Tribunal,
respetuosamente me veo obligado a disentir.
Para una mejor comprensión de los fundamentos en los
cuales baso mi
disenso,
procedo a exponer los
detalles
fácticos pertinentes al caso ante nos.
I
El 24 de mayo de 2018 varios codemandantes-recurridos,
todos padres de
Región
estudiantes en
Educativa
de
Arecibo,
escuelas públicas de la
presentaron
una
primera
petición de injunction preliminar y permanente en la que
solicitaron que se prohibiera el cierre de seis escuelas
por parte del Departamento.79 Establecieron que esa agencia
pública no siguió, para el cierre de estas escuelas, un
procedimiento válido y razonable en el se incluyera a la
comunidad
escolar.
Mucho
menos
que
se
hizo
el
estudio
requerido, de conformidad con la Carta Circular 33-2016-2017 y la
Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, Ley Núm. 85-2018. De esta
forma, arguyeron que se violó su derecho fundamental a la educación,
el debido proceso de ley y la igual protección de las leyes al no
realizarse un procedimiento previo a las consolidaciones de las
79Presentaron
esta petición de injunction la Sra.
Xiomara Meléndez De León, la Sra. Joanna López Medina, el
Sr. Rinaldi Fernández Pagán, la Sra. Ivette M. Montalvo
Mendoza, la Sra. Carmen E. Rosario Rodríguez y la Sra.
Zuleyma Maldonado Sierra. En ella demandaron a la
Secretaria del Departamento de Educación, la Hon. Julia
Keleher (Secretaria); la Directora de la Región Educativa
de Arecibo del Departamento de Educación, la Dra. Maribel
Colón González; al Departamento de Educación (Departamento)
y al Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
CT-2018-0005
5
escuelas. Asimismo, alegaron la nulidad de la Serie C-107
(Serie C-107) del Volumen C del Compendio de Política del
Departamento
análisis
para
de
Educación
operación,
denominada
rendición
y
Procedimiento
consolidación
y
por
necesidad de las escuelas del sistema público de Puerto
Rico para finales del año académico 2017-2018 (Compendio).
El
1
de
junio
de
2018
se
llevó
a
cabo
la
vista
correspondiente a la petición del injunction en la cual
testificaron
varias
madres
de
los
estudiantes
de
las
escuelas a cerrar.80 Específicamente, la Sra. Ashley Ríos
Mercado, la Sra. Xiomara Meléndez De León, la Sra. Ivette
M.
Montalvo,
Joanna
López
pretendía
la
Sra.
Medina
cerrar
las
Belmarie
Reyes
Aguilar
testificaron
que
escuelas
pesar
a
el
de
y
la
Sra.
Departamento
que
nunca
recibieron una notificación oficial a esos efectos. A su
vez, indicaron que son madres que asisten a diario a las
escuelas
y
que
nunca
observaron
funcionarios
del
Departamento verificando las condiciones de las facilidades
escolares. Por último, señalaron que sus hijos han estado
sufriendo emocionalmente por el anuncio del cierre de sus
escuelas.
80Cabe
señalar que al comienzo de la vista, el Estado
presentó una moción de desestimación la cual fue declarada
no ha lugar por el Tribunal de Primera Instancia
fundamentado en ser prematura. La moción establecía, en
esencia,
que
el
remedio
solicitado
constituía
una
intromisión indebida en el poder ejecutivo, que no procedía
el recurso extraordinario del injunction y que no es de
aplicación el debido proceso de ley en su vertiente
procesal.
CT-2018-0005
6
Luego de presentada la prueba de los codemandantesrecurridos, el Estado solicitó la desestimación, conforme
la Regla 39.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,
sec. 39.2. Esta fue declarada sin lugar por el Tribunal de
Primera
Instancia.
No
obstante
lo
anterior,
la
parte
demandada se reiteró que era una controversia de derecho
por lo que sometió su caso sin presentar prueba alguna. A
esos efectos, el foro primario resolvió que procedía la
solicitud de injunction preliminar y citó a las partes para
una
vista
ordenó
sobre
que,
un
injunction
mientras
tanto,
permanente.
el
Así
Departamento
también,
cesara
y
desistiera de cerrar las escuelas.
El foro primario basó su decisión en que según la
jurisprudencia, cuando hay una crisis fiscal y se pretenda
afectar
derechos
adquiridos,
se
debe
tener
una
reglamentación clara y precisa que sea de aplicación justa
e imparcial para los afectados. De esa forma, concluyó que
la prueba presentada sostuvo que el Departamento cierra las
escuelas de forma arbitraria y caprichosa. Además, que no
notificó adecuadamente a las partes. Asimismo, afirmó que
la incertidumbre creada por el proceso llevado a cabo creó
en los padres y estudiantes un daño emocional irreparable,
peor
que
el
mismo
cierre
de
las
escuelas.
P or
último, ordenó al Departamento presentar en la vista para
CT-2018-0005
el
7
injunction
permanente
evidencia
que
justificara
su
actuación conforme a su reglamentación.81
Por otra parte, el 6 de junio de 2018, los otros
codemandantes-recurridos,
presentaron
una
injunction
preliminar.82
de
demanda
y
una
Alegaron
forma
independiente,
segunda
solicitud
que
el
de
Departamento
pretende cerrar unas escuelas en el Municipio de Morovis de
forma arbitraria, ilegal y caprichosa, incumpliendo con el
debido
proceso
afectarle
el
Arguyeron
que
de
ley
derecho
el
y
causándole
constitucional
Departamento
no
serios
daños
al
a
la
educación.
utilizó
criterios
objetivos ni científicos para tomar la decisión. A su vez
señalaron que el Departamento no informó de forma oficial
del procedimiento de cierre. Más aún, la determinación se
hizo
sin
considerar
las
opiniones,
observaciones
o
81El
4 de junio de 2018 los codemandantes presentaron
una
Solicitud
de
Sentencia
Parcial
en
torno
a
reglamentación aplicable al cierre de escuelas en la que
solicitaron que el Tribunal de Primera Instancia declarara
nula la Serie C-107 del Volumen C del Compendio de Política
del Departamento de Educación denominada Procedimiento y
análisis para operación, rendición y consolidación por
necesidad de las escuelas del sistema público de Puerto
Rico
para
finales
del
año
académico
2017-2018.
Oportunamente, el Gobierno de Puerto Rico se opuso y
solicitó que se desestimara la petición de injunction.
82Presentaron
la demanda y la petición de injunction el
Municipio de Morovis, representado por su Alcaldesa, la
Hon. Carmen I. Maldonado González; la Sra. Aleida Villafañe
Pagán; la Sra. Yamilleth Eidalgo Pérez; el Sr. Carlos
Cardona Santiago; la Sra. Jackeline Reyes Ginés; la Sra.
Aneysha Class; el Sr. Luis A. Salgado Camacho; la Sra.
Karla M. Ortiz Meléndez y la Sra. Daisy J. Cruz Alvarado.
En ella demandaron al Estado Libre Asociado de Puerto Rico
y al Departamento a través de su Secretaria, la Hon. Julia
Keleher.
CT-2018-0005
8
sugerencias de la Alcaldesa, de los padres, estudiantes ni
la
comunidad
escolar.
Por
último,
argumentaron
que
el
traslado de los menores les causa serias perturbaciones
emocionales, psicológicas y afecta su desarrollo académico
e intelectual.
Este
segundo
caso,
mediante
orden
del
Tribunal
de
Primera Instancia del 6 de junio de 2018, fue consolidado
con la primera petición de injunction. De esta forma, el
foro primario igualmente ordenó el cese y desista contra el
Departamento y mientras tanto dejó sin efecto el cierre de
las escuelas. Además, ordenó citar a las partes a la vista
del 11 de junio de 2018 sobre el interdicto permanente.83
En
la
vista
del
11
de
junio
codemandantes-recurridos
de
la
segunda
de
2018,
los
petición
de
injunction presentaron su prueba. Entre ella, testificó la
Alcaldesa de Morovis, la Hon. Carmen Maldonado González y
varios padres y madres de estudiantes de las escuelas a
cerrar en ese municipio, entre ellos la Sra. Ingrid M.
Santos Salinas, el Sr. Carlos Cardona Santiago, la Sra.
Aleida Villafañe Pagán, la Sra. Daisy J. Cruz Alvarado,
entre otros. De la regrabación de los procedimientos surge
que, igual a los otros codemandantes-recurridos,
éstos se
enteraron de la determinación del cierre por medio de las
83El
Estado presentó un recurso de certiorari ante el
Tribunal de Apelaciones y una Moción en Auxilio de
Jurisdicción. Esta última, fue declarada no ha lugar. Por
tanto, el foro primario mantuvo jurisdicción sobre las
controversias.
CT-2018-0005
9
redes sociales, la página electrónica del Departamento y
los periódicos. Asimismo, sostuvieron que las escuelas no
fueron visitadas por el personal del Departamento antes de
que se tomara la decisión del cierre de las escuelas.
Por
su
parte,
el
Departamento
presentó
su
prueba
correspondiente. Esta consistió, en primer lugar, en el
testimonio de la Dra. Yanira I. Raíces Vega, Secretaria
Auxiliar de Transformación, Planificación y Rendimiento. En
esencia,
explicó
que
para
el
cierre
de
escuelas
se
utilizaron criterios como la infraestructura, el cupo de
estudiantes, la disponibilidad de espacio, la matrícula,
los programas académicos y la oportunidad de crecimiento de
las
escuelas.
En
ese
sentido,
explicó
que
se
hizo
un
análisis cualitativo y cuantitativo. Sin embargo, aceptó
que desconocía si el comité evaluador se reunió con la
comunidad escolar. Por último, sobre la notificación del
cierre a los diferentes componentes escolares, expresó que
hubo
una
comunicación
oficial
del
directores
escolares,
quienes,
a
Departamento
su
vez,
a
los
eran
los
responsables de notificar a los estudiantes, padres y la facultad.
Expresó desconocer si esa última fase se llevó a cabo efectivamente.
En segundo lugar, testificaron la Sra. Judith Nieves Vélez, la
Sra. Paula Rodríguez Homs, la Sra. Lourdes Heyliger Valentín y el
Sr.
Alberto
Hernández
especiales.
síntesis, que
En
sus
Rojas,
todos
ellos
testimonios
participaron
del
proceso
ayudantes
expresaron,
en
decisional
para
CT-2018-0005
10
el cierres de las escuelas. Entre sus funciones estuvieron
el
visitar
las
escuelas
y
recopilar
información
para
proveerlas al comité evaluador.
Luego de presentada la prueba, el Tribunal de Primera
Instancia resolvió conceder el injunction permanente y así
mantener en vigor el cese y desista de cerrar las escuelas.
A
su
vez,
declaró
nula
la
reglamentación
aplicable
al
cierre de las escuelas. Fundamentó su decisión en que no
existe un proceso ni un informe integral que concluyera de
forma empírica cuáles escuelas se debían cerrar. Además,
entendió
que
el
método
para
la
notificación
de
la
determinación a la comunidad escolar fue a través de un
comunicado de prensa, por las redes sociales y por medio de
los directores escolares. En consecuencia, el foro primario
resolvió
que
directores
el
Departamento
escolares
cumplieran
no
garantizó
con
que
notificar
los
a
la
comunidad escolar. Por último, concluyó que el Estado no
tenía un proceso diseñado para
solicitar
reconsideración
o
que los padres
revisión
pudieran
administrativa
o
judicial de la decisión de la agencia.
Inconforme con tal proceder, el Gobierno de Puerto
Rico acudió al Tribunal de Apelaciones y sostuvo que el
Tribunal de Primera Instancia erró al denegar la moción de
desestimación; al expedir el recurso del injunction a pesar
que no se cumplió con los requisitos según la Regla 57.3 de
las
de
Procedimiento
Civil,
32
LPRA
Ap.
V,
sec.
CT-2018-0005
11
57.3; al expedir el injunction y en efecto impedir a la
Secretaria del Departamento (Secretaria) llevar a cabo las
facultades
que
consolidación
le
de
permiten
la
ley;
escuelas
constituyó
al
resolver
una
que
la
violación
al
derecho a la educación y al debido proceso de ley; al
declarar nula la Serie C-107, y por último, al reconocerle
legitimación activa al Municipio de Morovis. Oportunamente,
los codemandantes-recurridos se opusieron a la expedición
del auto de certiorari.
No obstante, mientras se encontraba pendiente ante el
foro
apelativo
intermedio
el
recurso
de
certiorari
presentado, el Gobierno de Puerto Rico acudió antes nos
mediante
certificación
incorporó
los
certiorari
ante
intrajurisdiccional,
argumentos
el
señalados
Tribunal
de
en
en
el
Apelaciones,
la
cual
recurso
de
y
también
presentó una Urgente Moción en Auxilio de Jurisdicción. A
esos
efectos,
expedimos
el
a
esta
recurso
última
y
le
le
proveímos
concedimos
no
cinco
ha
días
lugar,
a
los
recurridos para que se expresaran. Cumpliendo con la orden
emitida por este Tribunal, comparecieron los recurridos. En
síntesis, sostuvieron las alegaciones realizadas en el foro
primario.
Hoy,
sin
embargo,
una
Mayoría
de
este
Tribunal
lamentablemente
revocar
al
Tribunal
de
Primera
decide
Instancia
y
determinar que el Departamento puede cerrar las escuelas sin que los
padres,
madres
y
estudiantes
tengan
los
mecanismos
ni
los
CT-2018-0005
12
procedimientos
adecuados
para
cuestionar
o
expresar
su
posición al respecto. Sostienen que, a pesar que el derecho
a la educación es un interés libertario protegido por la
Constitución, en el caso de marras no aplica el debido
proceso
de
ley
dado
a
que
la
acción
gubernamental
alegadamente no incide de forma individual.
De esta forma, hoy se pierde la oportunidad de darle
mayor contenido y ejecutabilidad a uno de los derechos más
preciados que nuestra Constitución expresamente reconoce:
la educación.
Por
no
estar
de
acuerdo
con
ese
proceder,
respetuosamente disiento. Como expresé, debimos aprovechar
la ocasión para pautar los contornos procesales, dentro de
los parámetros constitucionales y legales aplicables, para
el cierre y consolidación de las escuelas públicas. Me
explico.
II
La educación de los pueblos, en no pocas ocasiones,
está cimentada en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Puerto Rico no es la excepción. Véase, Exposición
de motivos, Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, Ley85-2018, págs. 6-7. En el Art. 26 de esa declaración se
dispone lo siguiente:
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La
educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente
a
la
instrucción
elemental
y
fundamental.
La
instrucción
elemental
será
obligatoria. La instrucción técnica y profesional
habrá de ser generalizada; el acceso a los
CT-2018-0005
13
estudios superiores será igual para todos, en
función
de
los
méritos
respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo
de
la
personalidad
humana
y
el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos
y a las libertades fundamentales; favorecerá la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos étnicos o
religiosos, y promoverá el desarrollo de las
actividades de las Naciones Unidas para el
mantenimiento
de
la
paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger
el tipo de educación que habrá de darse a sus
hijos. (Énfasis suplido) Declaración Universal de
Derechos del Hombre, A.G. Res. 217 (III) A, N.U.
Doc. A/RES/217 (III) (10 de diciembre de 1948),
http://www.un.org/es/comun /docs/?symbol=A/RES/217
(III),
Conforme
a
esos
principios,
sabido
es
que
“la
educación ocupa un sitial prominente en nuestro país”. AMPR
v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253, 270 (2010). Tanto
así,
que
el derecho
a
la educación tiene
rango
constitucional. Declet Ríos v. Depto. de Educación, 177 DPR
765, 773 (2009). A tales efectos, la Sec. 5 de la Carta
de Derechos de
pertinente,
nuestra
que
Constitución
“[t]oda
una educación que
propenda
personalidad
al
y
los derechos del
persona
al
pleno
fortalecimiento
hombre
y
de
establece,
en
lo
tiene derecho a
desarrollo
del
de
su
respeto
de
las
libertades
fundamentales”. Art. II, Sec. 5, Const. ELA, Tomo 1, pág.
292. Esa
disposición
es
de
tal
importancia
“que
los
miembros de la Asamblea Constituyente incluyeron ‘el afán
por la educación’ como uno de los factores determinantes en
CT-2018-0005
nuestra
14
vida
como
pueblo
democrático”.
AMPR
v.
Srio.
Educación, E.L.A., supra.
A raíz de ese precepto constitucional, este Tribunal
ha reconocido, tímidamente, la importancia del disfrute a
la educación. Como bien expresó el ex Juez Asociado señor
Rebollo
López
en
su
Opinión
Concurrente
en
Bonilla
v.
Chardón, 118 DPR 599 (1987):
[La educación] resulta de cardinal importancia
para la subsistencia de nuestro actual sistema de
gobierno y para el crecimiento y mejoramiento del
mismo. No debemos perder de vista que la
delincuencia
y
la
explotación
del
menos
afortunado
precisamente
se
nutren
del
analfabetismo y de la ignorancia de un pueblo. No
cabe interpretar nuestra Constitución en una
forma que fomente el discrimen: la falta de
fondos para la educación nunca afecta a la clase
pudiente; la que siempre resulta perjudicada por
ello lo es la clase menos afortunada. Opinión
concurrente del Juez Asociado señor Rebollo López
en Bonilla v. Chardón, supra, pág. 621.
En
ese
educación,
interés,
hace
hemos
más
de
considerado
cuatro
el
derecho
décadas,
a
como
la
uno
fundamental. Pagán Hernández v. U.P.R., 107 DPR 720, 737738
(1978).
Más
aún,
utilizando
como
fundamento
la
Convención Constituyente, expresamos que está comprendido
en el derecho a la vida. Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116
DPR 414, 421 (1985).
En Bonilla v. Chardon, supra, este Tribunal se abstuvo
de considerar el ámbito del derecho a la educación bajo la
Constitución de Puerto Rico. Claro está, en aquel caso se
reconoció una causa de acción en daños y perjuicios a los
CT-2018-0005
estudiantes
15
con
diversidades
funcionales
del
programa
especial que fueron trasladados sin razón a otra escuela
que
no
disponía
de
los
recursos
físicos
y
humanos
necesarios para garantizar su derecho a la educación. Al
menos en aquella ocasión reconocimos un vehículo procesal
para respaldar ese derecho fundamental. Hoy, ni siquiera se
reconocen garantías mínimas de participación ciudadana.
Ante el balance de intereses en controversia, este
Tribunal no debió continuar eludiendo pautar el alcance del
derecho
a
la
educación
y
de
las
garantías
de
los
componentes de las comunidades escolares en el contexto de
un proceso de cierre de escuelas públicas. En ese sentido,
al igual que planteó la concurrencia en el caso de Bonilla
v.
Chardón,
supra,
no
debimos
ignorar
un
componente
esencial de la base jurídica del reclamo de los recurridos,
a saber: la Constitución de Puerto Rico. De esta forma, nos
correspondía reconocer, sin ambages, que la educación es un
derecho fundamental de rango constitucional.
Es decir, a la hora de dar contenido sustantivo a esa
garantía fundamental, en los momentos claves, este Tribunal
se
ha
quedado
Maestros
P.R.
tampoco
se
fundamental
en
el
v.
Srio.
concretizó
a
la
abstracto.
Más
Educación,
la
137
aspiración
educación
reciente
de
cobrara
en
Asoc.
DPR
528
(1994),
que
el
derecho
mayor
contenido
equiparando las diferencias de sectores vulnerables que no
han alcanzado la plenitud de ese derecho. Hoy, también
CT-2018-0005
quedan
en
16
el
abstracto
las
garantías
procesales
que
respaldan ese derecho fundamental.
Así
pues,
quedarnos
en
hoy
el
estábamos
abstracto
nuevamente
obligados
obviar
los
y
que
a
no
derechos
fundamentales requieren mecanismos para su reconocimiento y
aplicación. La controversia que nos ocupa ocurre en una
etapa
administrativa
previa
a
que
esas
potenciales
desgracias puedan ocurrir con algunos de los componentes de
las comunidades escolares. Hoy, estudiantes con diversas
necesidades y que aspiran a mantener la plenitud de su
derecho
a
la
Judicial
para
violaciones
educación,
tocan
evitar
cierres
a
que
garantías
las
de
puertas
de
escuelas
estatales
y
la
Rama
provoquen
federales.
Precisamente, el acceso a la justicia como derecho humano
fundamental es la llave maestra que abre las puertas al
ejercicio de derechos sustantivos. Véanse, Art. 1.002 (a)
de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24a
(a); Declaración Principal de la VII Cumbre Iberoamericana
de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de
Justicia
2
(29
de
noviembre
de
2002),
http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?f
olderId=24801&name=DLFE-1012.pdf.
Por tanto, teníamos el deber de pautar el alcance del
derecho constitucional a la educación en el contexto de la
implantación de planes de cierres de planteles escolares y
CT-2018-0005
17
proveer unas pautas que brinden el adecuado balance de
intereses. Por un lado, el interés del Estado en implantar
un plan de cierre de escuelas y, por otro lado, el interés
de
las
proceso
comunidades
escolares
se
unas
activen
de
velar
garantías
que
durante
dirigidas
a
que
ese
el
derecho a la educación no sea algo meramente abstracto, por
razón de que el traslado de estudiantes pueda violar alguna
norma estatal o federal, o lesionar garantías individuales
de estudiantes protegidos por estas.84
84No
obstante el marco conceptual antes expuesto,
resulta de suma importancia reconocer que si bien es cierto
que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha negado
a reconocer un derecho constitucional federal a la
educación, ese mismo foro ha reconocido la suma importancia
de la educación pública en la sociedad democrática en la
que vivimos. Véanse, Papasan v. Allain, 478 U.S. 265, 285
(1986) (“As Rodriguez and Plyler indicate, this Court has
not yet definitively settled the questions whether a
minimally adequate education is a fundamental right . . .
”.); Plyler v. Doe, 457 U.S. 202, 221 (1982) (“Public
education is not a ‘right’ granted to individuals by the
Constitution. San Antonio Independent School Dist. v.
Rodriguez, 411 U.S. 1, 35, 93 S.Ct. 1278, 1298, 36 L.Ed.2d
16 (1973). But neither is it merely some governmental
‘benefit’ indistinguishable from other forms of social
welfare legislation”.); San Antonio Indep. Sch. Dist. v.
Rodriguez, 411 U.S. 1, 35 (1973) (“Education, of course, is
not among the rights afforded explicit protection under our
Federal Constitution. Nor do we find any basis for saying
it is implicitly so protected”.); Plyler v. Doe, 457 U.S.
202, 221 (1982) (“We have recognized ‘the public schools as
a most vital civic institution for the preservation of a
democratic system of government,’ Abington School District
v. Schempp, 374 U.S. 203, 230, 83 S.Ct. 1560, 1575, 10
L.Ed.2d 844 (1963) (Brennan, J., concurring), and as the
primary vehicle for transmitting “the values on which our
society rests.” Ambach v. Norwick, 441 U.S. 68, 76, 99
S.Ct. 1589, 1594, 60 L.Ed.2d 49 (1979). ‘[A]s ... pointed
out early in our history, ... some degree of education is
necessary to prepare citizens to participate effectively
and intelligently in our open political system if we are to
preserve freedom and independence.’ Wisconsin v. Yoder, 406
CT-2018-0005
18
U.S. 205, 221, 92 S.Ct. 1526, 1536, 32 L.Ed.2d 15 (1972).
And these historic ‘perceptions of the public schools as
inculcating fundamental values necessary to the maintenance
of a democratic political system have been confirmed by the
observations of social scientists.’ Ambach v. Norwick,
supra, 411 U.S., at 77, 99 S.Ct., at 1594. In addition,
education provides the basic tools by which individuals
might lead economically productive lives to the benefit of
us all. In sum, education has a fundamental role in
maintaining the fabric of our society. We cannot ignore the
significant social costs borne by our Nation when select
groups are denied the means to absorb the values and skills
upon which our social order rests”.); San Antonio Indep.
Sch. Dist. v. Rodriguez, 411 U.S. 1, 35 (1973) (“As we have
said, the undisputed importance of education . . . ”.);
Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205, 221 (1972) (“[S]ome
degree of education is necessary to prepare citizens to
participate effectively and intelligently in our open
political system if we are to preserve freedom and
independence. Further, education prepares individuals to be
self-reliant
and
self-sufficient
participants
in
society”.); Brown v. Bd. of Ed. of Topeka, Shawnee Cty.,
Kan., 347 U.S. 483, 493 (1954) (“Today, education is
perhaps the most important function of state and local
governments”.); Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390, 400 (1923)
(“The American people have always regarded education and
acquisition of knowledge as matters of supreme importance
which should be diligently promoted”.). Véase, además,
Derek W. Black, The Constitutional Compromise to Guarantee
Education, 70 Stan. L. Rev. 735 (2018) (arguyendo que el
derecho
a
la
educación
es
uno
fundamental
en
la
constitución federal, a la luz de las particularidades y
hechos que suscitaron durante el proceso de la ratificación
de la decimocuarta enmienda y le readmisión de los estados
del sur).
Lo anterior no ha sido impedimento para que todos los
estados de la unión, en sus respectivas constituciones,
hayan establecido expresamente un derecho constitucional a
la educación. Véanse, Ala. Const. Sec. 256; Alaska Const.
Art. VII; Ariz. Const. Art. XI; Ark. Const. Art. XIV; Cal.
Const. Art. IX; Colo. Const. Art. IX; Conn. Const. Art.
VIII; Del. Const. Art. X; Fla. Const. Art. IX; Ga. Const.
Art. VIII; Haw. Cons. Art. X; Idaho Const. Art. IX; Ill.
Const. Art. X; Ind. Const. Art. VIII; Iowa Const. Art. IX;
Kan. Const. Art. VI; Ky. Const. Sec. 183-189; La. Const.
Art. VIII; Me. Const. Art. VIII; Md. Const. Art. VIII;
Mass. Const. Ch. V; Mich. Const. Art. VIII; Minn. Const.
Art. VIII; Miss. Const. Art. VIII; Mo. Const. Art. IX;
Mont. Const. Art. X; Neb. Const. Art. VII; Nev. Art. XI;
N.H. Const. Art. LXXXIII; N.J. Const. Art. VIII Sec. IV;
N.M. Const. Art. XII; N.Y. Const. Art. XI; N.C. Const. Art.
CT-2018-0005
19
III
Esos principios constitucionales antes reseñados son
los
que
conforman
el
andamiaje
gobierno
mediante
legislación
adecuado
promueva
para
la
que
el
educación.
Conforme al mandato constitucional, tan reciente como el 29
de marzo de 2018 se aprobó la Ley de Reforma Educativa de
Puerto Rico, Ley Núm. 85-2018. Esta legislación tiene como
fin el fijar la nueva política pública del Gobierno de
Puerto Rico en el área de educación. En lo pertinente, esta
legislación promueve expresamente la revisión y desarrollo,
por
medio
de
investigativo,
consenso
el
nuevo
y
estudio
marco
crítico-reflexivo-
filosófico,
sociológico,
psicológico y neurocientífico del sistema de instrucción
IX; N.D. Const. Art. VII; Ohio Const. Art. VI; Okla. Const.
Art. XIII; Or. Const. Art. VIII; Pa. Const. Art. III Secs.
14-15; R.I. Const. Art. XII; S.C. Const. Art. XI; S.D.
Const. Art. VIII; Tenn. Const. Art. XI; Tex. Const. Art.
VII; Utah. Const. Art. X; Vt. Const. Sec. 68; Va. Art.
VIII; Wash. Const. Art. IX; W. Va. Const. Art. X; Wis.
Const. Art. X; Wyo. Const. Art. VII.
Lo anterior no es casualidad. Durante el periodo de la
readmisión de los estados del sur con posterioridad a la
guerra civil, el Congreso les impuso a éstos ciertas
condiciones para concederle la misma. Black, op. cit., pág.
779. Una de esas condiciones fue el que los estados
consagraran en sus constituciones el derecho a la
educación. Aunque finalmente la referida condición no fue
avalada y adoptada, el profesor Derek W. Black sugiere que
los estados al solicitar admisión conocían de las
expectativas del Congreso en cuanto a que, en efectos,
éstos adoptaran ese derecho. Por tal motivo, es que Black
entiende que el derecho a la educación es uno implícito en
los Estados Unidos. Black, supra, págs. 778-781. De igual
modo, se puede razonablemente entender que a raíz de ese
evento entre los restante estados surgió un consenso en
cuanto a que el derecho a la educación es uno fundamental y
que
por
tal
razón
debe
ser
estar
garantizado
constitucionalmente.
CT-2018-0005
20
pública de Puerto Rico. A su vez, propende a fortalecer el
modelo educativo en el cual el estudiante es el centro y
eje principal de la educación y en el cual se permite que
las comunidades, incluyendo a los padres y madres, tengan
un rol más activo en la educación de sus hijos. A su vez,
se reconoce la necesidad de un sistema de rendición de
cuentas y la constante comunicación con la ciudadanía en
general, entre otros asuntos.
En lo concerniente a la controversia ante nos, este
estatuto
faculta
esencialmente
ser
al
Secretario
el
administrador
implantar la política pública
o
la
del
Secretaria
a
Departamento;
a
correspondiente; promulgar
reglamentos y procedimientos; velar por la sustentabilidad
del
sistema
preparando
y
manejando
el
presupuesto;
establecer alianzas con diferentes entidades; velar por el
bienestar físico y emocional de los estudiantes; establecer
y supervisar los asuntos académicos y administrativos de
todas las escuelas públicas de Puerto Rico, entre otros.
Además
de
todas
esas
facultades,
la
ley
autoriza
expresamente al Secretario o Secretaria a “[e]stablecer y
regular
la
reorganización
apertura
y
de
instalaciones
las
cierre,
consolidación
y/o
donde
las
operan
escuelas públicas de Puerto Rico, previa determinación de
necesidad. Disponiéndose que, para el cierre, consolidación
y/o
reorganización
de
las
instalaciones,
el
Secretario
seguirá́ el procedimiento establecido en el Artículo 8.01,
CT-2018-0005
21
inciso (f) de esta Ley”. Ley Núm. 85-2018, Art. 2.04(14).
De esta forma, queda meridianamente claro que el Secretario
tiene la facultad para consolidar y cerrar escuelas. La
interrogante es, ¿qué procedimiento es requerido para esos
propósitos de conformidad con las garantías aplicables?
El Art. 8.01 inciso (f) dispone que a partir del 1 de
julio de 2018, antes del cierre o consolidación de una
escuela se debe
preparar un estudio con indicadores de
medición. El mismo artículo dispone la información que debe
tener el estudio y ordena que debe estar a la disposición
del
público
en
el
distrito
escolar
y
en
la
página
de
internet. Indistintamente de que el proceso de cierre haya
comenzado antes de esa fecha, examinemos las garantías que
inexorablemente debe respetar el estado.
Los recurridos alegan que es de aplicación la Carta
Circular 33-2016-2017. En ésta se disponen los criterios
generales que se deben evaluar para el rediseño de las
escuelas.85 Así también, establece el procedimiento para el
análisis
y
evaluación
de
las
escuelas.
Particularmente,
dispone que debe haber un comité evaluador compuesto por
personal
del
nivel
central,
la
región
educativa
y
el
distrito escolar. Estos tomarán la información obtenida del
director escolar, maestros, padres, madres, estudiantes,
vecinos, alcaldes y otras entidades. Ese comité evaluador
85Los
criterios a tomar son, entre otros, los informes
estatales y federales; la infraestructura; el rendimiento
académico; la transportación escolar.
CT-2018-0005
22
deberá someter a la Secretaria los resultados del análisis
y sus recomendaciones finales del rediseño. Por último, la
Secretaria deberá comunicar su determinación por escrito.
Por su parte, los peticionarios establecen que esa
Carta Circular fue revocada por el Compendio. De esa forma,
establecen que el proceso a seguir es el establecido en ese
Compendio, específicamente, lo establecido en la Serie C107.
Allí
se
dispone
el
proceso
de
consolidación
de
escuelas. Los criterios utilizados y el proceso establecido
son
bastante
similares
a
los
establecidos
en
la
Carta
Circular. Se establece un comité evaluador que debe hacer
una recomendación a la Secretaria, y ésta última comunica
su determinación por escrito. Sin embargo, esta Serie C-107
no establece que se debe tomar en cuenta la información del
director escolar, maestros, padres, madres, estudiantes,
vecinos, alcaldes y otras entidades.
Para resolver si la Serie C-107 es de aplicación al
caso de autos o, en cambio, es nulo estamos obligados a
primero examinar los contornos del debido proceso de ley.
IV
A.
será
Nuestra
Constitución
privada
de
su
establece
libertad
o
que
propiedad
ninguna
persona
sin
debido
un
proceso de ley. Art. II, Sec. 7, Const. ELA, Tomo 1. Igual
derecho establece la Constitución de los Estados Unidos en
las Enmiendas V y XIV. Conocido es que el debido proceso de
CT-2018-0005
23
ley tiene dos dimensiones: la sustantiva y la procesal. En
lo
importante
para
el
caso
de
autos,
esta
segunda
dimensión, la procesal, “le impone al Estado la obligación
de garantizar que la interferencia con los intereses de
libertad y propiedad del individuo se haga a través de un
procedimiento que sea justo y equitativo”. Rivera Rodríguez
& Co. v. Stowell, etc., 133 DPR 881, 887-888 (1993). Para
que ese derecho aplique, según la Constitución, el primer
paso es determinar si está en juego un interés individual
de
libertad
o
propiedad.
Díaz
Carrasquillo
v.
García
Padilla, 191 DPR 97, 110-111 (2014). Es decir, si el Estado
interviene con algún interés propietario o libertario del
individuo
se
requiere
Fernández
Quiñones,
algún
Derecho
debido
proceso
de
ley.
D.
Administrativo
y
Ley
de
Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra ed., Forum 2013,
sec. 6.3, pág. 405.
Ambos
intereses
han
sido
interpretados
por
los
tribunales. En lo pertinente, el derecho a la libertad ha
sido interpretado más allá de la restricción física. La
libertad
incluye
circunstancias
como
las
relaciones
paterno-filiales,86 el interés de un padre en criar a su
hijo,87 el interés que una agencia cumpla con las pautas
86Véase,
Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 116 DPR 298
(1985).
87Véase,
644 (2007).
Estrella, Monge v. Figueroa Guerra, 170 DPR
CT-2018-0005
24
reglamentarias que ha adoptado88 y el interés de adquirir
conocimiento.89
Véase,
J.J.
Álvarez
González,
Derecho
Constitucional de Puerto Rico, Bogotá, Ed. Temis, 2010,
pág. 608.
B.
Como
he
mencionado,
dos
aspectos
incluidos
en
el
interés libertario son la educación y la crianza de los
hijos. Sobre este último, el derecho constitucional de los
padres y madres a criar, cuidar y custodiar a sus hijos e
hijas,
el
expresado
Tribunal
que
Supremo
“[t]he
de
history
los
and
Estados
culture
Unidos
of
ha
Western
civilization reflect a strong tradition of parental concern
for the nurture
and upbringing
of their children.
This
primary role of the parents in the upbringing of their
children is now established beyond debate as an enduring
American tradition”. Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205, 232
(1972).
Ese
derecho
fue
expresamente
reconocido
por
el
Tribunal Supremo federal en Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390
(1923), mediante la siguiente expresión:
While this court has not attempted to define
with exactness the liberty thus guaranteed, the
term has received much consideration and some of
the included things have been definitely stated.
Without doubt, it denotes not merely freedom from
bodily restraint but also the right of the
individual to contract, to engage in any of the
88Véase,
Torres
v.
Junta
Ingenieros,
161
DPR
(2004).
89Véase,
Pagán Hernández v. UPR, 107 DPR 720 (1978).
696
CT-2018-0005
25
common occupations of life, to acquire useful
knowledge, to marry, establish a home and bring
up children, to worship God according to the
dictates of his own conscience, and generally to
enjoy those privileges long recognized at common
law as essential to the orderly pursuit of
happiness by free men. (Énfasis suplido) Meyer v.
Nebraska, supra, pág. 399.
De esa forma, fue que se liberalizó el significado de la
palabra
libertad
según
contenida
en
la
Decimocuarta
Enmienda, a los fines de incluir otras protecciones más
allá
de
la
mera
libertad
física.
No
obstante,
en
ese
momento se dio un alcance limitado a ese derecho en tanto y
cuanto se circunscribió al derecho de los padres y madres a
decidir el desarrollo educativo de sus hijos e hijas. Meyer
v. Nebraska, supra, pág. 400 (“The American people have
always regarded education and acquisition of knowledge as
matters of supreme importance which should be diligently
promoted. Corresponding to the right of control, it is the
natural duty of the parent to give his children education
suitable
to
their
states,
including
station
Nebraska,
in
life;
and
enforce
this
nearly
all
the
obligation
by
compulsory laws”.).
Dos años luego de haber decidido Meyer v. Nebraska,
supra, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos retomó el
tema del derecho de los padres a la crianza y educación de
sus hijos e hijas en Pierce v. Soc'y of the Sisters of the
Holy Names of Jesus & Mary, 268 U.S. 510 (1925). En esa
ocasión, el Tribunal Supremo federal se enfrentó a una
CT-2018-0005
26
legislación estatal que obligaba a los niños y niñas a
asistir
a
la
escuela
pública
del
distrito
donde
estos
residieran. Incurría en delito menos grave el padre o madre
que
incumpliere
con
el
referido
mandato.
En
respuesta,
varias escuelas privadas impugnaron la medida por, entre
otras cosas, interferir con el derecho de los padres y
madres a decidir cómo educar a sus hijos y a cuál escuela
enviarlos
para
fines
de
éstos
recibir
esa
educación.
Explicando de mejor forma el alcance y la justificación de
ese derecho, el máximo foro federal expresó que “[children
are] not [] mere creature of the state; those who nurture
him and direct his destiny have the right, coupled with the
high duty, to recognize and prepare [them] for additional
obligations”. Íd., pág. 535. De igual modo, basándose en
Meyer v. Nebraska, supra, dispuso que la legislación en
pugna indebidamente interfería
con
la libertad de los
padres y madres a dirigir, criar y educar a los niños y
niñas bajo su control. Íd., págs. 534-535. Es decir, amplió
y dio un contexto completo respecto a la extensión del
derecho de los padres y madres en controlar y dirigir la
crianza de sus hijos e hijas. Ello, pues sugirió que ese
derecho aplica a asuntos no estrictamente relacionados a la
educación de estos.
Finalmente,
ese
mismo
foro
ha
expresado
de
manera
clara y tajante que “[i]t is cardinal with us that the
custody, care and nurture of the child reside first in the
CT-2018-0005
parents,
27
whose
primary
function
and
freedom
include
preparation for obligations the state can neither supply
nor hinder”. Prince v. Massachusetts, 321 U.S. 158, 166
(1944). Ese derecho constitucional ha sido reiterado en
varias
ocasiones
por
el
máximo
foro
federal.
Véanse,
Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct. 2584, 2600 (2015)(“The
Court has recognized these connections by describing the
varied rights as a unified whole: ‘[T]he right to ‘marry,
establish a home and bring up children’ is a central part
of the liberty protected by the Due Process Clause’”.);
Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702, 720 (1997) (“In a
long line of cases, we have held that, in addition to the
specific freedoms protected by
the Bill of Rights, the
‘liberty’ specially protected by the Due Process Clause
includes the . . . right[] to direct the education and
upbringing of one's children . . .”.); Santosky v. Kramer,
455 U.S. 745, 753 (1982)(“The absence of dispute reflected
this
Court's
historical
recognition
that
freedom
of
personal choice in matters of family life is a fundamental
liberty interest protected by the Fourteenth Amendment”.);
Quilloin v. Walcott, 434 U.S. 246, 255 (1978) (“We have
recognized
on
numerous
occasions
that
the
relationship
between parent and child is constitutionally protected”.);
Cleveland Bd. of Educ. v. LaFleur, 414 U.S. 632, 639–640
(1974) (“This Court has long recognized that freedom of
personal choice in matters of marriage and family life is
CT-2018-0005
28
one of the liberties protected by the Due Process Clause of
the Fourteenth Amendment”.).
Por otro lado, aunque nuestro ordenamiento está escaso
de
pronunciamientos mayoritarios
en
torno
al
derecho
constitucional antes analizado, en Rexach v. Ramírez, 162
DPR 130(2004), este Tribunal estableció que “indudablemente
en
Puerto
Rico
los
padres
fundamental
a
criar,
protegido
tanto
por
y
cuidar
la
madres
y
tienen
custodiar
Constitución
un
derecho
sus
hijos,
Estado
Libre
a
del
Asociado de Puerto Rico como por la Constitución de Estados
Unidos”. Íd., pág. 148.
C.
Teniendo en mente que el debido proceso de ley en su
vertiente procesal aplica cuando se pretende afectar un
interés
libertario
incluyendo
el
derecho
a
adquirir
conocimiento y el de criar a sus hijos, debemos examinar el
hecho que se afecte de forma individual. Es decir, debemos
analizar qué significa un “interés individual” conforme lo
ha
requerido
nuestra
jurisprudencia
y
la
del
Tribunal
Supremo federal.
De las posturas que avalan el dictamen mayoritario, se
revela
que
la
actuación
validada
del
Departamento,
en
cuanto al cierre de algunos planteles escolares, es una de
aplicación general y policy based. Asimismo, se sugiere que
CT-2018-0005
29
el agravio que sufren los recurridos es uno que sólo puede
ser
atendido
tribunales.
por
Para
la
vía
política,
su
no
por
los
determinación,
algunos
miembros de la
Mayoría citan varios casos del
Tribunal
Supremo
que
federal
sostener
mas
hacen
una
distinción
entre
hechos
adjudicativos y legislativos. En el primero, se activa el
debido proceso de ley, mientras que en el segundo no. Así,
alcanzan a determinar que, en el caso ante nos, el debido
proceso de ley no aplica.
Gran parte de ese raciocinio descansa en lo decidido
por
el
Tribunal
Supremo
de
los
Estados
Unidos
en
Bi-
Metallic Inv. Co. v. State Bd. of Equalization, 239 U.S.
441
(1915).
administrativos
En
esa
ocasión,
del
estado
de
varios
Colorado
organismos
determinaron
aumentar el valor de las propiedades en 40% para fines
contributivos. Consecuentemente, un dueño de bienes raíces
impugnó esa determinación, toda vez que no se le brindó la
oportunidad de ser escuchado en el proceso que conllevó a
la aprobación de la referida determinación. Al disponer de
la controversia, el máximo foro
federal dispuso que la
Constitución no requiere que se le provea audiencia a los
ciudadanos
en
cualquier
acto
público
que
realice
el
gobierno. Así, dispuso que el único derecho que tiene un
ciudadano para ser escuchado en la aprobación de estatutos
o en el ejercicio de ciertas determinaciones que sean de
aplicación general es aquel brindado naturalmente por el
CT-2018-0005
30
proceso político en una sociedad democrática; el poder de
votar. Por tal motivo, entendió que en ese caso no era
necesario brindarle al demandante la oportunidad de ser
escuchado, toda vez que el estatuto en cuestión era uno de
aplicación general.90
Ahora bien, distinto fue el caso cuando ese tribunal se
enfrentó a la controversia plasmada en Londoner v. City &
Cty. of Denver, 210 U.S. 373 (1908). En ese caso, el máximo
foro federal, distinto a lo decidido en Bi-Metallic Inv.
Co. v. State Bd. of Equalization, supra, determinó que
ciertas personas tenían derecho a ser escuchados previo a
la aprobación de un impuesto. Ello, pues, en ese caso en
particular, la legislatura del estado, en vez de fijar el
impuesto, delegó ese poder a una junta local, la cual tenía
entera discreción para determinar establecer un impuesto,
el porcentaje del mismo y a quién imponérselo. De ese modo,
determinó
que
cuando
ese
sea
el
marco
jurídico,
las
personas que estarán sujetas a
ese impuesto tendrán un
derecho
el
a
ser
escuchadas
sobre
mismo,
previo
a
su
aprobación. Londoner v. City & Cty. of Denver, 210 U.S.
373, supra, págs. 385–386. (“But where the legislature of a
90Un
punto importante que debemos resaltar es que en
este caso se fundamentó la decisión en lo siguiente: el
número de personas que hubiera tenido que escuchar la
junta; que los que estuvieran en desacuerdo podían utilizar
la elecciones para sacar a los representantes de la junta;
que
la
decisión
fue
de
carácter
general
y
no
individualizada, y que cada propietario individualmente
podía cuestionar la evaluación individual de su propiedad
en la factura. D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra ed., Forum 2013, sec.
6.4, pág. 407.
CT-2018-0005
31
state, instead of fixing the tax itself, commits to some
subordinate body the duty of determining whether, in what
amount, and upon whom it shall be levied, and of making its
assessment and apportionment, due process of law requires
that, at some stage of the proceedings, before the tax
becomes
irrevocably
fixed,
the
taxpayer
shall
have
an
opportunity to be heard, of which he must have notice,
either personal, by publication, or by a law fixing the
time and place of the hearing”.).
Por otro lado, un sector de la Mayoría recurre a un
artículo del Profesor Meléndez Juarbe para sustentar su
postura.
Véase,
H.A.
Meléndez
Juarbe,
Constitucional, 75 Rev. Jur. UPR 29 (2006).
profesor
sostiene
que
cuando
el
Derecho
En este, el
Estado,
con
sus
actuaciones, afecta a ciertos individuos y sus derechos,
entonces
éstos
últimos
estarán
protegidos
por
la
Constitución. Íd., pág. 38. Pero cuando el Estado actúa de
manera general sobre el pueblo, éste sólo tendrá disponible
los canales políticos para atender su agravio personal.
Íd.,
pág.
37.
Ahora
bien,
no
debemos
omitir
algunos
contornos del artículo citado. En ese sentido, Meléndez
Juarbe indica que cuando a unos ciudadanos se les “quita
algo”, ese algo siendo un derecho propietario o libertario,
entonces
serán
de
aplicación
las
protecciones
constitucionales. Íd., pág. 40. Nótese, además, que gran
parte
de
lo
abordado
por
éste
se
relaciona
al
marco
CT-2018-0005
jurídico
32
relacionado
al
derecho
administrativo.
A
esos
efectos, dispuso lo siguiente:
Es por esto que las determinaciones de
política pública de las agencias administrativas
ocurren mediante un procedimiento estatutario de
reglamentación que sólo como cuestión legal (no
constitucional) requiere participación pública;
mientras que las adjudicaciones activan el marco
de análisis del debido proceso pautado por Mathews
v. Eldridge. Ello, claro está no impide que en un
procedimiento estatutario de reglamentación a su
vez se tomen determinaciones que en un sentido
constitucional impliquen una adjudicación, siempre
que el procedimiento se ajuste para cumplir las
garantías mínimas del debido proceso de ley. Es
por esto también que determinaciones de política
pública tomadas por la Asamblea Legislativa pueden
adoptarse sin participación pública alguna (como,
por ejemplo, la tasa contributiva aplicable a un
impuesto por ventas y uso) mientras que la
aplicación de esa determinación a unos hechos
particulares sí lo requiere (ante el alegado
incumplimiento de la ley por un individuo).
(Énfasis suplido) Íd., pág. 37.
Ante
lo
importante
expuesto
destacar
por
la
el
dictamen
distinción
mayoritario,
entre
los
es
hechos
adjudicativos y los hechos legislativos resaltada por el
Profesor Fernández Quiñones siguiendo lo expresado por el
Profesor Davis. Éste indica que los hechos adjudicativos
son
los
que
actividades,
tienen
que
negocios
y
ver
con
propiedad’.
“‘las
partes,
Mientras
que
sus
los
segundos, por regla general, no están relacionados con las
partes, en forma inmediata. Son hechos que ayudan a los
tribunales a decidir las cuestiones de derecho y política
que se le presentan”. Fernández Quiñones, op. cit., sec.
6.4, pág. 408. En el caso ante nos, no estamos ante hechos
legislativos. Los reclamos que están en disputa en este
CT-2018-0005
33
caso no están “distanciados de la vida de las partes y de
su
conocimiento”.
contribuir
a
su
Íd.
Mucho
desarrollo
menos
están
lejos
de
no
como
dispone
el
Profesor
Fernández Quiñones. Por tanto, debería ser de aplicación el
debido proceso de ley.
Lo anterior cobra mayor relevancia cuando traemos a
colación que este Tribunal omite reconocer el derecho de
los padres y madres a la crianza y educación de sus hijos.
Así, vemos como, en efecto, se ignora que existen derechos
constitucionales
fundamentales
en
pugna
a
base
de
la
actuación gubernamental en controversia.
Nótese que, en el caso ante nos, la actuación por
parte del Departamento
no es una mera determinación en
virtud de determinada política pública. Tampoco se puede
asimilar tal proceder con un acto legislativo, en el cual
los representantes elegidos por el pueblo aprueban leyes de
aplicación general. La referida actuación es una específica
que
atenta
particular.
específico
contra
ciertos
planteles
ciertos
Ante
ese
acto,
los
que
se
a
son
les
vulnera
su
escolares
en
estudiantes
en
derecho
la
a
educación. De igual modo, son ciertos padres a los que se
le ve afectado el derecho de crianza y educación de sus
hijos.
Ello,
pues
el
cierre
de
planteles
escolares
ciertamente afecta los planes de crianza que estos padres
tenían para con sus hijos. Ahora bien, no se trata de decir
si la Secretaria poseía ese poder, ciertamente lo posee. Lo
CT-2018-0005
medular
es
34
que
a
la
luz
de
esos
dos
intereses
antes
mencionados había que brindar un proceso, en el cual los
padres
de
estos
estudiantes
pudieran
expresar
sus
preocupaciones, participar para velar el cumplimiento de
los
planes
educativos
alternativas
y
brindar
salvaguardar
y
proteger
individualizados,
soluciones,
el
derecho
con
de
discutir
el
estos
fin
de
sobre
sus
hijos. Nótese que nada de lo anterior se hizo.
D.
Tan pronto se determine que se requiere algún tipo de
debido proceso de ley por intervenirse con un interés de
propiedad o libertad es necesario precisar el momento en
que hay que conceder el debido proceso de ley. Para ello el
Profesor
Fernández
Quiñones
explica
que,
como
regla
general, “el debido proceso de ley se concede antes de que
sea efectiva
la
determinación
administrativa”. Fernández
Quiñones, op. cit., pág. 405.
Luego de determinar la etapa en que es requerido el
debido
proceso
específicos
del
de
ley,
hay
que
procedimiento.
examinar
Fernández
los
elementos
Quiñones,
op.
cit., pág. 406. Es decir, hay que determinar cuál es el
procedimiento
exigido
(what
process
is
due).
P.A.C.
v.
E.L.A. I, 150 DPR 359, 376 (2000). Diversas situaciones
pueden requerir diferentes tipos de procedimientos. Para
determinar cuál procedimiento es el exigido, se toman en
consideración los siguientes criterios: (1) cuáles son los
CT-2018-0005
35
intereses individuales afectados por la acción oficial; (2)
el
riesgo
de
una
determinación
errónea
que
prive
a
la
persona del interés protegido mediante el proceso utilizado
y el valor probable de garantías adicionales o distintas, y
(3)
el
interés
gubernamental
protegido
con
la
acción
sumaria y la posibilidad de usar métodos alternos. Íd. Como
parte de esos criterios, la jurisprudencia ha reconocido
que es requisito del debido proceso de ley lo siguiente:
“(1) notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante un
juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (5) derecho a
contrainterrogar
testigos
y
examinar
evidencia
presentada en su contra; (6) tener asistencia de abogado, y
(7) que la decisión se base en el record”. Rivera Rodríguez
& Co. v. Stowell, etc., supra, pág. 889. Con relación a la
notificación, este Tribunal ha expresado que su importancia
radica en que es necesario para que la parte afectada pueda
ejercer el derecho que entienda que procede. Plan de Salud
Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714 (2011); Dávila
Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86 (2011). Y es
que tenemos que tener presente que el debido proceso de ley
es la protección principal contra privaciones arbitrarias.
Rivera Rodríguez & Co. v. Stowell, etc., supra.
V
Normalmente, cómo los ciudadanos van a incorporarse en
los
procesos
gubernamentales
dependerá
del
tipo
de
procedimiento que se esté llevando a cabo ante la agencia.
CT-2018-0005
En
otras
36
palabras,
procedimiento
de
generalmente
reglamentación
dependerá
o
de
de
si
es
un
adjudicación.
La
distinción al respecto es sobre quién es parte en cada
procedimiento.
Por
un
lado,
en
el
caso
de
los
procedimientos de reglamentación, la persona que participa
no es considerada parte, debido a que se entiende que la
norma a pautarse es de aplicación general. Por otro lado,
aquel que participa en el proceso adjudicativo, y cuyos
derechos y obligaciones pueden verse afectados, debe ser
considerado como parte en el proceso. Ciertamente, esto se
debe
a
que
el
resultado
del
proceso
es
de
aplicación
particular. Véanse, Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178
DPR 563, 586 (2010); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero
Badillo, 177 DPR 177, 188 y 191 (2009).
Aparte de esa visión tradicional, existen voces que
cuestionan la justificación de la política jurídica que
priva
a
una
persona
que
participa
de
un
proceso
de
reglamentación de ser notificada. A modo de ejemplo, la
Profesora Érika Fontánez Torres considera que estos todavía
son los remanentes de aquella visión gerencial, en la cual
se consideraba que las agencias eran expertas. É. Fontánez
Torres, El derecho a participar: Normas, estudios de caso y
notas
para
una
concreción,
68 Rev.
Col.
Abog.
PR
631
(2007). Además, esta visión está enmarcada en la noción de
la
representación
como
motor
de
la
democracia,
con
la
consecuencia de no fomentar el rol de la participación en
CT-2018-0005
37
el mantenimiento y desarrollo de ese sistema democrático.
Véanse, C. Coglianese, Citizen Participation in Rulemaking:
Past, Present and Future, 55 Duke L.J. 943 (2006); C.A.
Atehortua Ríos, El Derecho Administrativo en Colombia y la
modernización del Estado, 2 Rev. Derecho del Estado 131
(1997).
De
esta
forma
se
cuestiona
si
no
resulta
un
contrasentido que a mayor grado de aplicación de una acción
administrativa
menos
dentro
garantías
acción
de
de
del
poder
participación
reglamentación
no
reglamentario,
ciudadana.
podría
existan
¿Acaso
desembocar
en
esa
un
eventual proceso cuasi-judicial? ¿Podrían resultar tardías
las garantías contenidas en el proceso adjudicativo? Estas
interrogantes
han
sido
atendidas
efectivamente
en
otras
jurisdicciones que fomentan un mayor grado de participación
en el proceso de reglamentación. En nuestra jurisdicción
aún no han sido atendidas.
Por tanto, la controversia ante nos constituía una
oportuna ocasión para fortalecer las garantías del debido
proceso de ley en ese contexto. De esa forma, este Tribunal
podía
aprovechar
la
oportunidad
y
contestar
las
interrogantes antes planteadas. Y es que, ¿acaso las normas
administrativas
públicas
no
y
el
proceso
de
cientos
de
escuelas
tiene
un
efecto
mucho
mayor
que
un
acto
individual de adjudicación y un alcance más amplio que un
acto cuasi-legislativo de la agencia? ¿Cómo ignorar que el
CT-2018-0005
proceso
38
de
cierre
Departamento
de
conlleva
aplicación
general
comunidades
escolares
las
el
escuelas
acto
pero
que
de
por
parte
del
emitir
normas
de
directamente
en
inciden
fácilmente
identificables
por
esa
agencia? ¿Cómo ignorar que cada cierre de escuela conlleva
un proceso de evaluación individual de cada expediente de
estudiantes para asegurar el cumplimiento de los requisitos
de las normas federales y las garantías constitucionales
que
cobijan
existencia
a
de
los
un
estudiantes
estado
de
del
derecho
sistema?
que
Ante
la
sustantivamente
provee unas garantías, no podemos validar la ausencia de
una
notificación
adecuada.
Sin
unos
procedimientos
efectivos para las reclamaciones de la gente común, los
derechos serán simbólicos.91
El
acceso
a
la
justicia
como
un
derecho
humano
fundamental y el debido proceso de ley exigen un mayor
grado
de
reconocimiento
y
apertura
a
la
participación
ciudadana en un proceso administrativo que impacta la vida
de cientos de comunidades escolares. No estamos ante un
reclamo individual solamente, ni ante un mero reglamento
insignificante.
Es
imposible
que
ese
tipo
de
proceso
ofrezca unas garantías de notificación en virtud del debido
proceso de ley y que, ante el proceso formal de cierre de
cientos de escuelas, nos hagamos de la vista larga a la
Véase, M. Cappelletti & B. Garth, Access to Justice:
The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights
Effective, 27 Buff. L. Rev. 181, 183 (1978).
91
CT-2018-0005
39
hora de servir de contrapeso al ejercicio del poder del
Estado.
El
propio
Estado
lo
reconoce
al
establecer
diáfanamente y en la primera oración de la exposición de
motivos
que
“[e]l
derecho
fundamental
a
la
educación
trasciende los factores de enseñanza y aprendizaje e incide
sobre otros derechos de igual
naturaleza tales como la
vida, libertad y propiedad”. Exposición de motivos, Ley de
Reforma Educativa de Puerto Rico, Ley Núm. 85-2018, pág. 1.
Y es que tiene que ser así porque la educación incide en
múltiples esferas de la vida familiar.
Todo lo anterior lo reafirma la propia ley en varias
de
sus
disposiciones.
La
ley
es
clara
al
reconocer
en
multiplicidad de esferas la participación ciudadana y la
oportunidad de que los padres, madres y estudiantes sean
escuchados y notificados en las diferentes facetas de la
educación de nuestra niñez. Veamos.
En primer lugar, el Art. 1.02 de esa ley establece
como unos de sus pilares esenciales el que las escuelas
tengan que desarrollar estrategias con el fin de contar con
el compromiso y participación de las comunidades. De igual
forma,
ese
artículo
buscar
integrarse
al
establece
desarrollo
que
“las
escuelas
comunitario
deben
mediante
su
interacción con otras agencias del Estado y colaborando
entre éstas para atender las necesidades de la escuela y de
la comunidad”. Ley Núm. 85-2018, Art. 1.02(7). Además, el
CT-2018-0005
40
estatuto “requiere la participación de todos los sectores
de la sociedad”. Íd., (8).
Los actores principales de la comunidad escolar –el
estudiante- también expresamente tiene en la ley vigente
unas garantías de participación en el Art. 1.002(e)(10).
Particularmente, se dispone que la escuela deberá promover
que
el
estudiante
derechos
y
desarrolle
deberes
una
ciudadanos
“[c]onciencia
y
la
de
sus
disposición
para ejercerlos mediante la participación en decisiones de
la comunidad”. (Énfasis suplido) Ley Núm. 85-2018, Art.
1.02(e)(10). Sería un contrasentido pautar que esa política
pública de promover que el estudiante participe en las
decisiones
de
impacto
comunitario,
paradójicamente,
implique excluirlo totalmente a priori de los procesos de
cierre y que tenga que enterarse posteriormente en redes
sociales.
Por otro lado, la ley establece que los estudiantes
tendrán el derecho, en lo pertinente, a que “se le escuche
regular y sistemáticamente, para que puedan expresar sus
opiniones oportunamente, en forma ordenada y respetuosa,
manteniendo autocontrol, y mientras no interfiera con los
procesos de enseñanza de la escuela”. Art. 9.01(o). De otra
parte,
la
ley
“[r]ecibir
le
reconoce
información
sobre
a
los
el
padres
desempeño
el
derecho
académico
a
del
estudiante y todo lo concerniente a su educación”. (Énfasis
suplido)
Art.
11.01(b).
Así
también,
tienen
derecho
a
CT-2018-0005
41
“[r]ecibir regularmente y tener acceso a la información
sobre
el
desempeño
académico
y
administrativo
de
la
escuela, de manera clara y transparente”. (Énfasis suplido)
Íd., Art. 11.01(c). Por último, la ley los faculta a exigir
que se “le dé oportunidad, por lo menos una vez al mes y en
ocasiones
de
emergencia
opiniones
oportunamente
o
en
crisis,
forma
para
expresar
ordenada
y
sus
respetuosa,
manteniendo autocontrol, mientras que no interfiera con los
procesos de enseñanza de la escuela”. (Énfasis suplido) Íd.
11.01(g).
Esos derechos reconocidos en la ley, también obligan a
los componentes educativos. Específicamente, la ley obliga
a
los
superintendentes
de
las
regiones
educativas
a
“[p]romover y viabilizar la participación y los acuerdos
colaborativos con la comunidad, el tercer sector y otras
entidades
que
repercutan
en
beneficio
de
la
comunidad
escolar y general”. Íd., Art. 2.08(t). Así tambien, la ley
obliga
a
los
directores
escolares
a
“[p]romover
la
colaboración, participación e integración de los padres y
la
comunidad
en
la
gestión
educativa
de
la
escuela”.
(Énfasis suplido) Íd., Art. 2.09(m). Igual obligación tiene
el consejo escolar. Íd., Art. 6.05(d). Este contempla el
rol activo de los padres y madres de estudiantes en la
aportación de soluciones y fomenta su participación.
De otra parte, el Art. 6.02 reconoce la importancia de
la
participación
inclusiva
al
disponer
que: el
personal
CT-2018-0005
docente
y
42
administrativo
de
la
escuela,
procurará
la
participación y colaboración de los estudiantes, padres y
la
comunidad
iniciativas
para
que
la
creación
impacten
de
diversos
positivamente
proyectos
e
escuela
y
la
enriquezcan la experiencia educativa del estudiante; y que
hagan de los planteles centros vibrantes de participación
inclusiva. Ciertamente, esa no es la dinámica que se ha
exhibido en la implantación del plan de cierre que nos
ocupa.
Nótese que todas estas garantías de participar no van
dirigidas a establecer un poder de veto de la comunidad
escolar, pero sí a que los tomen en cuenta para recoger el
insumo
y
velar
que
no
individuales. Nuevamente,
se
esa
atropellen
garantías
participación
no
es
abstracta.
De acuerdo a todo lo antes mencionado, entiendo que es
hora ya de que la participación ciudadana deje de ser un
cliché contenido en declaraciones de política pública pero
que
a
la
hora
constitucional
realmente
y
cumplan
de
las
agencias
legislativo
con
esa
no
ejecutar
adopten
política
el
mandato
mecanismos
pública
que
inheremente
ligada al debido proceso de ley y al acceso a la justicia
como derecho humano fundamental.
El
modelo
centralizados
gerencial
conduce
a
de
grandes
elaboración
de
planes
errores. Ese
modelo
es
endeble y está poco fundamentado en la democracia. Así,
CT-2018-0005
43
existe el reto de reconciliar el peritaje administrativo
con la transparencia y la participación ciudadana que exige
el modelo democrático. De esta forma, desde San Juan, se
puede cerrar una escuela y reubicar a otra escuela que
recientemente
recibió
fuertes
embates
por
el
Huracán
María. Si no visitamos el campo, si no recogemos el sentir
del personal directivo, docente y las comunidades escolares
se cometen desaciertos que diluyen el interés legítimo que
pueda tener el Estado en su plan. Por tanto, entiendo que
es
momento
de
fomentar
la
teoría
participativa,
la
cual
enfatiza
participación
no
sólo
para
decisiones,
sino
también
de
la
democracia
importancia
influir
para
la
de
la
de
en
la
toma
fortalecer
la
capacidad
cívica y el capital social. Sólo de ese modo damos vida a
las
garantías
del
debido
proceso
de
ley
y
el
derecho
pública
de
la
Ley
de
reconoce
la
fundamental a la educación.
VI
De
Reforma
igual
modo,
Educativa
la
de
política
Puerto
Rico,
supra,
interacción que de facto y de jure se da entre las escuelas
públicas
y
realidad
del
los
gobiernos
impacto
municipales. Desvincular
socioeconómico
que
tendrán
la
los
gobiernos municipales al perder una cantidad sustancial de
escuelas es enajenarse de la dinámica que se da en los
barrios y comunidades, por ejemplo, de la montaña de Puerto
Rico, en los que las escuelas sirven de ese pulmón que da
CT-2018-0005
vida
a
la
44
economía,
a
la
cultura
y
al
desarrollo
socioeconómico de sus residentes y del comercio local.
Habida
cuenta
que
no
estuvo
en
controversia
la
legitimación de los padres y madres para instar el presente
litigio, huelga atender en extenso la controversia en torno
a
la
legitimación
activa
obstante,
adviértase
envueltos
serios
que
del
Municipio
en
el
intereses
de
presente
económicos
de
Morovis.
pleito
ese
No
están
municipio.
Ello, pues el cierre de escuelas tiene serias repercusiones
sobre las comunidades que estás sirven. N. Stelle Garnett,
Disparate
Impact,
School
Closures,
and
Parental
Choice,
2014 U. Chi. Legal F. 289, 316-329 (2014); C.L. Anderson,
The Disparate Impact of Shuttered Schools, 23 Am. U. J.
Gender
Soc.
Pol'y
&
L.
319,
319
Restorative Justice and School
for
Facilitating
Community
(2015);
B.R.
Nugent,
Closures: Recommendations
Repair
After
Neighborhood
Institutions Are Condemned, 7 DePaul J. for Soc. Just. 205,
205–206 (2014). Además, las aportaciones que realizan los
municipios directa e indirectamente en el mantenimiento y
sus
contribuciones
escuelas
resultan
para
sostener
incuestionables.
las
En
operaciones
ese
de
proceso,
ciertamente, incurren en la erogación de fondos públicos.
Por tanto, las acciones estatales que pueden incidir en que
gastos de fondos municipales no se utilicen adecuadamente
ante el cierre de escuelas y la adecuada planificación de
la inversión de los fondos es un asunto legítimo que brinda
CT-2018-0005
45
también legitimación activa al gobierno municipal. Nótese
que esos intereses económicos han permitido en el pasado
que
un
municipio
pueda
demandar
al
Estado
por
una
determinación que incide en las finanzas municipales, aun
cuando el gobierno municipal no haya formado parte de ese
dictamen. Véase, Mun. Fajardo v. Srio. Justicia, 187 DPR
245 (2012).
Por otro lado, según surge de la vista evidenciaria y
de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, la Dra.
Yanira
I.
Raíces
Vega,
Secretaria
Auxiliar
de
Transformación, Planificación y Rendimiento, testificó que
como
parte
del
comité
escuelas
los
municipios
ayudan
de
alcaldes
con
el
evaluación
estaban
del
cierre
incluidos,
mantenimiento
de
de
las
pues
los
las
escuelas
públicas. En este caso, según surge del testimonio de la
Alcaldesa de Morovis, la Hon. Carmen I. Maldonado González,
ese municipio tenía un contrato con el Departamento para el
mantenimiento de algunas de las escuelas a cerrar.92
VII
En el caso ante nos, la controversia se circunscribe a
determinar cuál es el procedimiento adecuado, conforme el
debido
proceso
fundamental
de
de
ley
y
el
la
educación,
derecho
que
debe
constitucional
realizar
el
Departamento para llevar a cabo su facultad de consolidar o
92Hago
constar que favorezco autorizar la comparecencia
como amicus curie solicitada por diversos gobiernos
municipales.
CT-2018-0005
cerrar
46
escuelas
públicas.
Por
lo
que
no
está
en
controversia el poder que tiene el Departamento para llevar
a cabo la consolidación y cierre de las escuelas. Tampoco
está ante nos el debate sobre la preferencia o la política
pública
que
debe
imperar
en
el
cierre
de
las
escuelas
públicas. Ese debate es un asunto que compete a la arena
política. Lo que nos toca resolver es el deber de la Rama
Judicial
en
delimitar
las
garantías
procesales
en
ese
procedimiento de cierre de escuelas.
Luego de examinar detenidamente los escritos de las
partes y de analizar el derecho aplicable no puedo más que
concluir que no
tienen razón los peticionarios. De esa
forma,
del
disiento
curso
de
acción
realizado
por
una
Mayoría de este Tribunal y hubiera resuelto que fue violado
el
debido
proceso
de
ley
de
los
recurridos.
Así
pues,
hubiera confirmado el Tribunal de Primera Instancia, sin
perjuicio de que el Departamento realice en el futuro el
procedimiento
de
consolidación
y
cierre
de
escuela
de
acuerdo con lo aquí expuesto.
Como indiqué, en Puerto Rico el derecho a la educación
es
de
rango
constitucional.
Más
aún,
es
un
derecho
fundamental. Acorde a ello, este Tribunal está obligado a
garantizar y proteger que el Estado no interfiera con ese
derecho. De esta forma, toda actuación del Gobierno de
Puerto
Rico
que
de
una
forma
u
otra
incida
sobre
ese
CT-2018-0005
47
derecho que tienen nuestros niños y niñas tiene que ser
examinada con mucha cautela por los tribunales.
Teniendo en mente lo anterior, debemos recordar que el
debido
proceso
de
ley
en
su
vertiente
procesal
aplica
cuando se afecta un interés individual de libertad. Entre
ello, se incluye el interés de obtener conocimiento y el de
criar a sus hijos. Así, para resolver el caso ante nos
correctamente
proceso
de
debemos
ley
en
determinar
su
si
vertiente
aplica
procesal.
el
No
debido
está
en
controversia que el Departamento determinó consolidar las
escuelas en las cuales los recurridos tenían a sus hijos.
Asimismo,
del
examen
de
la
prueba
testifical
surge
claramente que el Departamento informó su determinación por
medio de un comunicado oficial publicado en los periódicos,
la
página
electrónica
del
Departamento
sociales. Incluso, no hay controversia
comunicación
oficial
obstante, de la
a
los
y
las
en que
directores
redes
se envió
escolares.
No
prueba presentada se desprende que los
padres y madres no fueron notificados oficialmente de la
consolidación. Más aún, el Estado demostró que desconocía
si los directores escolares efectivamente entregaron a la
comunidad
Tampoco
escolar
el
la
Estado
notificación
refutó
que
oficial
no
hubo
al
respecto.
participación
ciudadana en esos procesos.
Así también, de la regrabación de los procedimientos
surge
que
antes
de
la
determinación
por
parte
de
la
CT-2018-0005
48
Secretaria, ninguno de los recurridos fueron auscultados
sobre la consolidación, no fueron notificados efectivamente
sobre el proceso ni tuvieron la oportunidad de expresar sus
preocupaciones y opiniones al respecto. De esta forma, no
hay
duda
que
la
actuación
indebidamente con
del
Departamento
interfirió
la libertad de los padres a dirigir,
criar y educar a los niños y niñas bajo su control. Sin la
posibilidad
de
ser
notificados
correctamente,
los
recurridos fueron privados de la libertad de tomar una
decisión
informada
sobre
aspectos
importantes
de
la
educación y crianza de sus hijos. Por ello, concluyo que le
asiste a los padres y madres de estudiantes el derecho de
ser notificados oportunamente de las propuestas de cierres
de escuelas y todo lo relacionado a ello, a fin participar
y tener acceso a la información para realizar una toma de
decisiones
Tribunal
responsable
Supremo
e
federal
informada
ha
en
reconocido
asuntos
como
que
el
medulares,
tales como el derecho de crianza de sus hijos e hijas.
De esta forma, como he planteado anteriormente, los
padres, madres y estudiantes no tienen, en el caso ante
nos, un poder de veto de la determinación del Departamento
de Educación. Sí tienen un derecho a ser notificados e
informados de acuerdo a los fundamentos antes explicados.
Sin embargo, reconozco que podrían tener un derecho de
impugnar
la
determinación
de
la
acción
estatal
si
se
demostrara, por ejemplo, que una cantidad sustancial de
CT-2018-0005
49
estudiantes fueron afectados de su derecho a la educación o
que la acción fue por motivos raciales, entre otros.
Adviértase
que
para
realizar
efectiva
y
responsablemente el derecho a criar a los hijos, los padres
tienen en nuestra Constitución garantías individuales de
participación ciudadana que emanan del acceso a la justicia
y el acceso a la información.
Nótese, además, que parte de los integrantes de los
recurridos son estudiantes de educación especial. Por tal
motivo,
se
debe
tener
mayor
cautela
al
atender
la
controversia ante nos, toda vez que forman parte de una
comunidad vulnerable y tienen protecciones estatutarias,
según
provistas
por
la
Individuals
with
Disabilities
Education Act (IDEA) 20 U.S.C. sec. 1400 et seq (2017). El
andamiaje estatutario de IDEA provee para otorgarle fondos
federales a los estados que se comprometan en brindarle una
educación pública gratuita y apropiada a los estudiantes
del sistema público con diversidades funcionales. Una vez
el
estado
acepta
la
mencionada
ayuda
financiera,
el
estudiante adquiere un derecho sustantivo para recibir la
misma. Fry v. Napoleon Cmty. Sch., 137 S. Ct. 743, 749
(2017).
Para
fines
de
instaurar
y
garantizar
educación
pública gratis y apropiada, IDEA exige que se cree para
cada estudiante de educación especial un plan de educación
individualizado, el cual sirve como el vehículo principal
para garantizar esa educación. Íd.
CT-2018-0005
50
Por otra parte, los estudiantes de educación especial
también poseen protecciones según provistas por el Título
II de la Americans with Disabilities Act (ADA), 42 U.S.C.
sec. 12131 et seq., y la Sec. 504 de la Rehabilitation Act,
29 U.S.C. sec. 794. Tanto ADA como la precitada sección del
Rehabilitation Act requieren de las entidades públicas que
efectúen
modificaciones
procedimientos
contra
las
y
razonables
prácticas
personas
con
para
a
sus
políticas,
evitar
que
discriminen
impedimentos.
42
U.S.C.
secs.
12131–12132; 29 U.S.C. sec. 794(a). Igual que IDEA, esos
estatutos proveen remedios a los individuos afectados por
el incumplimiento con éstos. Adviértase que una reclamación
bajo
IDEA
no
prohíbe
que
cualquiera
de
los
estatutos
dos
se
reclamen
antes
beneficios
bajo
mencionados.
20
U.S.C. sec. 1415(l); Fry v. Napoleon Cmty. Sch., supra,
pág. 750.
IDEA también provee un procedimiento administrativo
para la
solución de disputas que surjan en torno a si el
programa de educación individualizado para un estudiante en
particular es adecuado en función de sus necesidades. En
torno a ese particular, existen varios casos en los cuales
padres
y
madres
han
impugnado
determinaciones
de
las
autoridades escolares que, al entender de éstos, menoscaban
los derechos de sus hijos bajo IDEA. Véanse, Íd.; Honig v.
Doe,
484
992(1984);
U.S.
305
(1988);
Bd.
of
Educ.
of
Smith
v.
Hendrick
Robinson,
Hudson
468
U.S.
Cent.
Sch.
CT-2018-0005
51
Dist., Westchester Cty. v. Rowley, 458 U.S. 176 (1982). En
ese sentido, recientemente el Tribunal Supremo Federal en
Fry v. Napoleon Cmty. Sch., supra, determinó que existen
instancias que ameritan precipitar el cauce administrativo
con el fin de proveer un remedio con mayor agilidad a las
personas que alegan ser privadas de sus derechos a una
educación pública gratuita y apropiada. Íd. pag. 754.
De lo anterior,
juego
los
ciertos
derechos
estudiantes
resulta claro
o
beneficios,
el
estado
que cuando estén en
bajo
debe
IDEA
actuar
o
con
ADA,
de
extrema
cautela. Bajo nuestro esquema constitucional ese contenido
mínimo federal sirve también de base para reconocer las
garantías no obviadas en esta Opinión. Ello, con el fin de
que no se vulneren los mismos. El Departamento no probó que
haya evaluado o tomado en consideración esos derechos o
beneficios. Tampoco se desprende si el Departamento tomó en
consideración cómo el mover de plantel escolar afectaría
esos
estudiantes
o
si
puede
proveer
igual
o
mejores
servicios en otra escuela. Por el contrario, lo que si
consta en el record es que actualmente existen niños que
serán
trasladados
a
otras
escuelas
sin
ningún
tipo
de
garantía de que mantendrán sus derechos en igual o mejor
grado.
Por lo expuesto anteriormente, es mi entender que no
procede permitir una actuación gubernamental a ciegas que
lacera y afecta
derechos constitucionales fundamentales,
CT-2018-0005
52
bajo el fundamento de que la misma es de aplicación general
y
un
hecho
permitir
legislativo.
una
Es
actuación
decir,
no
puedo
gubernamental
avalar
absoluta,
ni
sin
posibilidad de árbitro alguno, en la que no se le proveyó a
los recurridos un mínimo proceso, bajo el debido proceso de
ley. De esa forma, me niego a concluir que la vía política
sea la única alternativa que los recurridos poseen. Son los
tribunales
los
que
poseen
el
deber
ministerial
de
salvaguardar los derechos de aquellos que acuden ante nos.
Ante
la
clara
afectación
quedarnos
de
actuación
gubernamental
responde
a
brazos
una
mera
de
esos
cruzados,
en
so
derechos,
no
podemos
pretexto
de
que
cuestión
política
alegadamente
pública.
El
cierre
la
sólo
de
planteles escolares tiene serias repercusiones sobre los
estudiantes, los padres y las comunidades que servían. Por
tal motivo, entiendo que el debido proceso de ley debió
activarse, toda vez que el derecho a la educación de los
estudiantes y el derecho constitucional a la
crianza y
educación de los padres para con sus hijos fue seriamente
lacerado ante la falta de participación en la formación del
plan para el cierre de planteles escolares.
Además, considero que el Departamento está obligado a
realizar
un
procedimiento
administrativo
ordenado
que
promueva un adecuado uso de las facilidades públicas, a fin
de que escuelas cerradas no se conviertan en guarida de
criminales y en un almacén de valiosos libros y materiales
CT-2018-0005
53
abandonados, frustrando así el objetivo de maximizar el uso
de recursos. Siendo así las cosas, el Departamento debía
cumplir con los requisitos exigidos por el debido proceso
de ley, a saber, como mínimo una debida notificación y la
oportunidad de ser escuchados. Al no cumplirse debidamente,
concluyo que los recurridos tenían la razón y procedía el
injunction solicitado.93
Asimismo, hubiera declarado invalida la Serie C-107
del Compendio debido a que no cumple con el debido proceso
de ley que le ampara a los recurridos. Ello, conforme a lo
explicado
anteriormente.
Además,
este
Compendio
está
en
contradicción con los principios y la política pública que
93Nuestro
Código
de Enjuiciamiento Civil dispone
lo
siguiente:
Disponiéndose, sin embargo, que el tribunal podrá
dictar dicha orden de entredicho provisional,
injunction preliminar o permanente sujeto a los
términos de la Regla 57 de Procedimiento Civil:
. . . .
(b) Cuando en la petición se alegue que
alguna persona, bajo la autoridad de
alguna ley, ordenanza, o reglamento del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
esté privando o sea el causante de que
alguien esté privando al peticionario
de
algún
derecho,
privilegio
o
inmunidad protegido por la Constitución
o las leyes del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico o por la Constitución o
leyes de los Estados Unidos de América
que sean aplicables a las personas bajo
la
jurisdicción
del
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico.
(Énfasis
suplido) 32 LPRA sec. 3524.
Acorde a lo anterior, al haber una violación a los derechos
discutidos en esta Opinión, es incuestionable la aplicación
del injunction.
CT-2018-0005
54
establece la Ley Núm. 85-2018. Como expresé, la ley en toda
su extensión promueve la participación de los
padres y
madres
y
en
el
proceso
educativo
de
sus
hijos
de
los
propios estudiantes. Además, requiere la participación de
todos los sectores de la sociedad, le confiere el derecho a
los
padres
de
recibir
concerniente
a
la
regularmente
y
tener
desempeño
información
educación
académico
y
acceso
de
sus
a
la
sobre
hijos
y
información
administrativo
de
la
todo
a
lo
recibir
sobre
el
escuela,
de
manera clara y transparente. Sin lugar a duda, información
sobre el proceso de consolidación de escuelas, acorde a la
propia ley, debió ser ofrecida oportunamente a los padres,
madres
y
estudiantes.
Éstos,
conforme
al
derecho
constitucional a la educación y al debido proceso de ley,
tenían el derecho de ser informados del curso de acción
propuesto por el Departamento para de esa forma decidir de
forma informada sobre el futuro educativo y de crianza de
sus hijos. Al no ser informados oportunamente, los padres,
madres
y
Departamento
los
estudiantes
fueron
coartados
por
el
derecho
decidir
responsablemente
el
del
a
futuro educativo de los niños afectados. Estas omisiones
tuvieron, tienen y tendrán serias repercusiones sobre los
recurridos.
De
acuerdo
a
lo
antes
mencionado,
respetuosamente
disiento del curso de acción que hoy decide este Tribunal.
En cambio, reitero que perdimos la oportunidad de pautar
CT-2018-0005
clara
y
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definitivamente
la
importancia
del
derecho
constitucional fundamental a la educación y de delinear las
normas y principios que deben regular los procesos cuando
el Estado pretenda realizar acciones que incidan sobre la
libertad de los padres de educar y criar a sus hijos.
Particularmente, perdimos la oportunidad de establecer cuál
procedimiento
es
el
adecuado
en
el
contexto
de
la
implantación de planes de cierres de planteles escolares
que tanto se han llevado a cabo en la última década. Así
pues, no realizamos un adecuado balance de intereses. Como
expliqué, teníamos la tarea de balancear el interés del
Estado en implantar un plan de cierre de escuelas y, por
otro lado, el interés de las comunidades escolares de velar
que durante ese proceso se activen unas garantías dirigidas
a que el derecho a la educación no sea algo meramente
abstracto.
De
esta
forma,
debimos
reafirmar
que
los
estudiantes tienen garantías dirigidas a evitar un proceso
de cierre atropellado y que interfiera con su derecho a la
educación.
A
su
vez,
desaprovechamos
la
ocasión
para
ampliar la aplicación del debido proceso de ley a otros
contornos en los cuales es necesario proteger garantías
individuales como la participación ciudadana.
Hoy, como resuelve una Mayoría de este Tribunal, le da
poderes absolutos al Gobierno de Puerto Rico para que, con
la excusa de llevar a cabo una política pública que afecta
de manera general a unas escuelas en específico, ignore por
CT-2018-0005
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completo unas garantías individuales y tenga la autoridad de vetar
el derecho a la educación al momento de implantar normas de cierres
de escuelas. De este modo, los tribunales se quedan sin la facultad
de delimitar las garantías procesales que tienen las comunidades
escolares
cuando
el
Estado
invoca
su
interés
apremiante
de
administrar los asuntos económicos del Departamento.
Es por lo antes explicado que concluyo que le asiste el derecho
a
los
padres
y
madres
de
estudiantes
de
ser
notificados
oportunamente de las propuestas de cierres de escuelas, a fin de
participar y tener acceso a la información para realizar una toma de
decisiones responsable e informada como el derecho de crianza de sus
hijos e hijas. De esta forma, considero que el Departamento esta
obligado a realizar un procedimiento administrativo ordenado que
promueva un adecuado uso de las facilidades públicas para maximizar
el uso de recursos. De igual modo, se necesita una adecuada
transición en la que la coordinación con los componentes de la
comunidad escolar quedó, como cuestión de hechos y de derecho, en el
olvido.
Por los fundamentos expuestos, hubiera confirmado al Tribunal
de Primera Instancia, sin perjuicio de que el Departamento realice
en el futuro el procedimiento de consolidación y cierre de escuela
de acuerdo con lo aquí expuesto. Al no ser el curso de acción
llevado a cabo, disiento.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado