LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

FECHA OPINION

2018 TSPR 126

Poder Judicial de Puerto Rico

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FECHA OPINION

NUMERO CASO

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Xiomara Meléndez De León,

et al.

Recurrida

2018 TSPR 126

v.

200 ____

Hon. Julia Keleher, et al

Peticionaria

Municipio de Morovis, et al.

Recurrida

v.

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, et al.

Peticionaria

Número del Caso: CT-2018-5

Fecha: 16 de julio de 2018

Tribunal de Apelaciones:

Panel V

Oficina del Procurador General:

Lcda. Carmen L. Sanfeliz Ramos

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Isaías Sánchez Báez

Procurador General

Abogados de la parte recurrida:

Lcdo. Rafael Nadal Arcelay

Lcda. Melissa López Díaz

Lcdo. Edgardo Pabón Rodríguez

Lcdo. José Chaves Caraballo

Materia: Sentencia del Tribunal con Opiniones de Conformidad y

Opinión Disidente.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Xiomara Meléndez De León,

et al.

Recurrida

v.

Hon. Julia Keleher, et

al.

Peticionaria

________________________

CT-2018-0005

Municipio de Morovis, et

al.

Recurrida

v.

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, et al.

Peticionaria

SENTENCIA

(REGLA 50)

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de julio de 2018.

Examinado

el

recurso

de

certificación

intrajurisdiccional, así como los escritos presentados por

la parte recurrida, revocamos la sentencia recurrida

emitida por el foro de instancia a través de la cual se

concedió el remedio del injunction permanente y se declaran

las peticiones sin lugar. Como consecuencia, se deja sin

efecto la orden de paralización del cierre de las escuelas

objeto de este recurso y se desestima la demanda de autos.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera García

emitió una opinión de conformidad a la cual se unen el Juez

Asociado señor Martínez Torres, la Jueza Asociada señora

Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo.

CT-2018-0005

El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió una opinión de

conformidad a la cual se unió la Juez Asociada Rodríguez

Rodríguez. El Juez Asociado señor Estrella Martínez

disintió con opinión escrita. La Jueza Presidenta Oronoz

Rodríguez disiente y hace constar la expresión siguiente:

“El 8 de febrero de 2018 se presentó el

Proyecto de la Cámara 1441 para establecer la Ley

de Reforma Educativa de Puerto Rico. En lo

pertinente, el Artículo 2.04 establecía los

deberes y responsabilidades de la Secretaria de

Educación. En particular, el inciso (b)(14)

reconocía la facultad de “[e]stablecer y regular

la

apertura,

operación

y

cierre

de

las

instalaciones donde operan las escuelas públicas

de Puerto Rico”. Este proyecto se discutió

ampliamente en el País. A raíz de ello, se

presentaron muchísimas ponencias ante la Comisión

de Educación, Arte y Cultura. Tanto la Asociación

de Maestros como la Federación de Maestros

cuestionaron la falta de criterios para ordenar

el cierre de una escuela pública.

Ante ello, se enmendó el inciso (b)(14) del

Artículo 2.04 para establecer que “para el

cierre, consolidación y/o reorganización de las

instalaciones,

el

Secretario

seguirá

el

procedimiento establecido en el Artículo 8.01,

inciso (f) de esta Ley”. Por su parte, el

Artículo 8.01, inciso (f) dispone, en resumen,

que previo al cierre de cualquier escuela la

Secretaria de Educación deberá preparar un

estudio. Ese estudio debe atender 15 criterios,

entre estos, la localización y el impacto en la

comunidad.

Además,

ese

estudio

debe

estar

disponible al público en el Distrito Escolar y la

ciudadanía a través de la página de Internet del

Departamento de Educación y enviarse al director

de la escuela. La única excepción disponible para

incumplir con este procedimiento es cuando se

trate de un cierre temporal urgente y necesario

para la preservación de la salud de los

estudiantes o la seguridad general.

El Estado interpreta que tal proceso debe

cumplirse a partir del 1 de julio de 2018. Según

este, el cierre de 283 escuelas públicas que

anunció en abril de 2018 −es decir, luego de

aprobada la ley y antes del 1 de julio de 2018−

no tiene que cumplir con el procedimiento. Esta

interpretación es contraria al texto claro de la

ley, su historial legislativo y propósitos.

Interpretar que el cierre de más de 200 escuelas

públicas

no

tiene

que

cumplir

con

un

procedimiento que la propia ley dispone que

aplica a “cualquier escuela” y cuya única

excepción es en casos urgentes, es contrario a la

2

CT-2018-0005

3

política pública que procura la ley y da al

traste con el ideal de nuestro ordenamiento

constitucional

democrático

de

participación

ciudadana y consentimiento de los gobernados.

La Asamblea Legislativa fue más allá de la

exigencia constitucional y dispuso que, previo al

cierre de una escuela, se debe efectuar el

referido estudio. En este caso, al eximir al

Estado de cumplir con su obligación con respecto

a más de 200 escuelas públicas, este Tribunal

modifica indebidamente ese acto legislativo. Con

ello, empaña un curso de acción que, si bien es

permisible, en este caso no cumple con las

exigencias que impuso el legislador.

En efecto, la redacción del inciso (f) del

Artículo

8.01

pudo

ser

mejor.

Pero

la

interpretación del Tribunal es contraria a la

regla de hermenéutica legal de que las palabras

de una ley deben entenderse, siempre, de modo que

produzcan algún resultado. La ley se refiere a

“cualquier escuela”, por lo que la pretensión de

que el proceso no aplica a más de 200 escuelas,

cuyos cierres para el nuevo año académico el

Estado anunció posterior a la aprobación de la

ley, es insostenible. El historial legislativo

demuestra que ese proceso se promulgó para

atender las preocupaciones de los maestros. Por

lo tanto, no tiene sentido que no les apliquen

los criterios a estas escuelas solo porque el

cierre se anunció antes del 1 de julio de 2018.

Ello porque el cierre es efectivo luego de esa

fecha, es decir, cuando culmina el calendario

escolar.

La interpretación que propone el Estado no

se justifica ante la clara intención legislativa.

En consecuencia, ante la determinación de este

Tribunal

de

adoptar

tal

interpretación,

disiento”.

El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón está inhibido.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Xiomara Meléndez De León,

et al.

Recurrida

v.

Hon. Julia Keleher, et al.

Peticionaria

CT-2018-0005

________________________

Municipio de Morovis, et

al.

Recurrida

v.

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, et al.

Peticionaria

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor

RIVERA GARCÍA a la cual se unen el Juez Asociado señor

Martínez Torres, la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y

el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de julio de 2018.

Este

caso

trascendencia

es

nos

presenta

incuestionable

una

controversia

para

el

desarrollo

cuya

de

ciudadanos que puedan contribuir al progreso económico y

social de Puerto Rico. Nos confrontamos con la interrogante de si

CT-2018-0005

2

procede expedir un injunction permanente para evitar el

cierre de varios planteles escolares. En esencia, tenemos

que justipreciar si el Estado transgredió las garantías

constitucionales del debido procedimiento de ley y la igual

protección de las leyes de los recurridos. En miras de esas

interrogantes,

venimos

llamados

a

analizar

las

particularidades del derecho constitucional a la educación

y

uno

de

los

cometidos

responsabilidad

de

más

prestar

importantes

servicios

del

Estado,

educativos

a

su

nivel

primario conforme sus facilidades lo permitan de acuerdo al

Art. II Sec. 5 de Nuestra Constitución.

A continuación trazaremos el marco fáctico y procesal

de la controversia que nos atañe resolver.

I

El 24 de mayo de 2018 un grupo de padres compuesto por

las Sras. Xiomara Meléndez De León, Joanna López Medina,

Ivette M. Montalvo Mendoza, Carmen E. Rosario Rodríguez,

Zuleyma Maldonado Sierra y el Sr. Rinaldi Fernández Pagán

(padres demandantes) incoaron en el Tribunal de Primera

Instancia

una

Petición

de

injunction

preliminar

y

permanente contra el Estado, el Departamento de Educación

(Departamento), su Secretaria, la Hon. Julia Keleher, y la

Directora

Maribel

de

Colón

la

Región

Educativa

de

Arecibo,

la

Sra.

González.1

Alegaron

que

la

decisión

del

Departamento de cerrar ciertos planteles escolares era

improcedente

pues

se

tomó

en

Cada una de las partes demandantes

estudiantes de las escuelas a ser cerradas.

1

contravención

arguyeron

ser

a

la

padres

de

CT-2018-0005

3

Ley 85-2018, conocida como la Ley de Reforma Educativa, y

la Carta Circular Núm. 33-2016-2017.2 También, adujeron que

el Departamento no efectuó el estudio requerido por la Ley

85, el cual requería evaluar un mínimo de quince criterios

antes

de

cerrar,

escuela.

consolidar

Aseveraron

que

el

o

reorganizar

Departamento

cualquier

no

colocó

el

estudio a la disposición del público del distrito escolar

de

los

planteles

Sostuvieron

que

escolares

las

que

clausuras

se

de

proponía

esas

cerrar.

escuelas

no

respondían a una situación urgente y necesaria para la

preservación de la salud de los estudiantes o la seguridad

en general. Además, argumentaron que el Departamento, al

incumplir con la ley, violó su debido proceso de ley y su

derecho a la igual protección de las leyes. Peticionaron la

expedición

de

un

injunction

preliminar

y

permanente.

Señalaron que la ilegalidad del cierre de los planteles

escolares les ocasionaba un daño irreparable puesto que el

Departamento no permitió que sus hijos se matricularan en

ellas.

Indicaron

que

el

cierre

representaba

una

carga

altamente onerosa ya que para llegar a las escuelas tenían

que trasladarse a mayores distancias.

Consecuentemente, el foro primario dictó una Orden en

la

que

citó

a

todos

los

codemandados

a

una

vista

de

interdicto preliminar a celebrarse el 1 de junio de 2018.

Luego de llevarse a cabo la vista, y tras estudiar una moción de

Los planteles a ser cerrados son los siguientes: Laurentino Estrella

Colón de Camuy, Joaquín Rodríguez Ruiz de Hatillo, Ramón Ávila Molinari

de Quebradillas, Rosa M. Rodríguez de Vega Baja, Ramón E. Betánces de

Arecibo y Julio Lebrón Soto de Lares.

2

CT-2018-0005

4

desestimación instada por el Estado, emitió una Resolución

y

orden

en

prematura.

la

cual

Apuntó

esbozó

que,

que

según

la

no

procedía

prueba

por

ser

sometida,

la

actuación del Departamento de cerrar escuelas rayó en lo

arbitrario y caprichoso en la notificación a las partes.

Expresó

que

incertidumbre

los

testimonios

respecto

al

vertidos

cierre,

presentaban

especialmente

en

una

los

padres de niños de educación especial. Determinó que esta

constituía un daño irreparable emocional. Estimó que la

forma en que se enteraron los testigos del cierre, por la

página de Facebook del Departamento o por la aplicación

Whatsapp, no constituía una manera adecuada para notificar

el posible menoscabo de un derecho fundamental adquirido

como

lo

es

la

educación.

Reconoció

que

la

educación

ostentaba un rango constitucional y que los estudiantes,

los padres y los maestros poseían una “expectativa” de

derechos adquiridos. Señaló que, conforme a los reglamentos

y cartas circulares del Departamento, había una guía para

ejecutar el cierre de los planteles escolares y que los

padres demandantes evidenciaron que existía duda sobre si

el Departamento cumplió con los procesos establecidos. Acto

seguido, el foro de primera instancia ordenó a la Directora

Regional de Arecibo que cesara y desistiera de todo trámite

para

cerrar

las

seis

escuelas.

Finalmente,

requirió

al

Gobierno que compareciera a una vista que se llevaría a

cabo el 11 de junio de 2018 donde debía desfilar prueba

sobre el cumplimiento con la reglamentación que aplicaba

para determinar si concedía el injunction permanente. En

CT-2018-0005

5

específico,

el

foro

sentenciador

dispuso

que

el

Estado

debía justificar los cierres conforme a la reglamentación,

no solo de las escuelas objeto del interdicto, sino de

todos los planteles escolares que el Departamento tiene

bajo su jurisdicción y que pretendía cerrar.

Así

las

cosas,

el

4

de

junio

de

2018

los

padres

demandantes presentaron una Solicitud de sentencia parcial

en torno a reglamentación aplicable al cierre de escuelas.

En

su

petición,

argumentaron

que

el

Volumen

C:

Otros

Asuntos, Serie C-107 (Serie C-107) inmerso en el Compendio

de Políticas del Departamento de Educación (Compendio) no

era válido. Sostuvieron su nulidad en que no contenía fecha

de aprobación ni firma y tampoco señalaba la base legal que

autorizaba

su

emisión.

Así

también,

indicaron

que

el

Compendio publicado el 7 de agosto de 2017 no incluyó el

documento Serie C-107. Por ello, alegaron que el proceso de

cierre, consolidación o restructuración no podía regirse

por ese documento, sino por la Carta Circular 33-2016-2017.

Además, apuntaron que el cierre de los planteles escolares

no se podía catalogar como una regla de administración o

como un documento guía, ya que

incidía sobre

derechos,

procesos y prácticas que el público tenía disponible. Esto,

pues a través de esa reglamentación se hizo efectivo el

derecho

fundamental

de

la

educación,

de

estirpe

ese

petitorio

constitucional.

Oportunamente,

el

Departamento

objetó

mediante una Oposición a solicitud de sentencia parcial y

CT-2018-0005

6

enmienda a las alegaciones de la demanda. En su escrito,

aseveró que la solicitud pretendía enmendar las alegaciones

ya que era la primera vez que pretendía impugnar la validez

del Compendio. Sostuvo que el Compendio, en particular el

documento

Serie

mediante

el

funcionarios

C-107,

cual

era

la

un

documento

Secretaria

instrucciones

para

administrativo

comunicaba

implementar

la

a

sus

política

pública del Departamento y que este no afectaba directa o

sustancialmente

los

derechos

disponibles

al

público

Departamento

adujo

que,

general.

por

o

los

A

tratarse

procedimientos

esos

de

efectos,

un

el

reglamento

interno o documento guía, se encontraba exento de cumplir

las formalidades de la Sec. 2.5 de la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU),

Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9615. Asimismo, expresó que

nuestra Constitución reconocía como derecho la enseñanza

gratuita primaria y secundaria, hasta donde las facilidades

del Estado lo permitan, y que los niños fueron reubicados

en planteles escolares que estaban a una distancia prudente

de los consolidados. En ese contexto, argumentó que los

cierres no lesionan el derecho a la educación porque los

estudiantes continuarían recibiendo una educación pública,

gratuita y adecuada, y que este no comprendía el derecho a

exigir estudiar en una escuela particular.

Por otro lado, el 6 de junio de 2018 el Municipio de

Morovis, representado por su Alcaldesa, la Hon. Carmen I.

Maldonado

González,

representación

de

quien

compareció

por

sí

varias

partes

afectadas

y

en

ocho

CT-2018-0005

7

progenitores cuyos hijos estudiaban en planteles que iban a

ser cerrados en la municipalidad presentó una Demanda.3 En

su escrito, alegó que el Departamento se propuso cerrar de

forma

arbitraria,

ilegal

y

caprichosa

tres

escuelas

localizadas en Morovis sin cumplir con el debido proceso de

ley. Adujo que esta actuación causó varios daños a las

partes comparecientes y a la población moroveña en general,

al privarles del derecho constitucional a la educación.

Además, aseveró que, mediante sus acciones, el Departamento

no estaba cumpliendo con su deber de ofrecer una educación

de calidad, gratuita y accesible, encomiendas impuestas por

la Constitución y por la ley orgánica del Departamento. El

Municipio

también

afirmó

que

el

cierre

de

planteles

escolares privó a la juventud moroveña de “una educación

que le cree un sentido de pertenencia a la comunidad y

fortalezca su autoestima”, que es uno de los propósitos de

la ley orgánica del Departamento. Asimismo, alegó que el

Departamento discriminó contra los niños por su origen y

condición

social

porque

las

escuelas

elegidas

se

caracterizaban por atender a comunidades pobres. Destacó

que, en los tres planteles escolares a cerrarse, habían

estudiantes

que

participaban

del

Programa

de

Educación

Especial.

Identificó como partes afectadas a las personas siguientes: la Sra.

Aleida Villafañe Pagán, la Sra. Yamilleth Hidalgo Pérez, el Sr. Carlos

Cardona Santiago, la Sra. Jackeline Reyes Ginés, la Sra. Aneysha Class,

el Sr. Luis Alberto Salgado Camacho, la Sra. Karla Marie Ortiz Meléndez

y la Sra. Daisy J. Cruz Alvarado. De otro modo, las concernientes

escuelas a ser cerradas son la Segunda Unidad David Colón Vega, Carlos

Alverio Pimentel y Manuel Alfonso Díaz.

3

CT-2018-0005

8

Según el Municipio, el Departamento no cumplió con lo

exigido

en

su

ley

orgánica

de

someter

ante

el

Consejo

General de Educación (Consejo) para evaluación cualquier

propuesta de eliminar servicios, por lo que sus actuaciones

eran ultra vires. Además, sostuvo que no se les informó

cuáles

planteles

estudiantes

escolares

moroveños,

serán

pero

los

receptores

que

terceras

de

los

personas

manifestaron que las escuelas receptoras estarán fuera de

la

municipalidad.

un

Finalmente,

expedición

de

permanente

para

planteles

escolares

irreparables.

injunction

forzar

al

planteó

que

preliminar

y

un

Departamento

a

mantener

abiertos

Específicamente,

y

así

solicitó

procedía

injunction

evitar

una

la

los

daños

orden

para

exigir al Departamento cumplir con la ley, mantener las

escuelas abiertas y prohibir el traslado de estudiantes a

otras escuelas.

Ese mismo día, el Municipio de Morovis también instó

una

Moción

preliminar

urgente

con

el

solicitando

propósito

de

se

que

emita

se

injunction

ordenara

a

los

demandados cumplir con la ley. Alegó como daño que a los

estudiantes se les privó del desarrollo académico adecuado,

así como daños irreparables a la educación, la familia, la

salud mental, la economía y el desarrollo socioeconómico de

los ciudadanos de Morovis. En su petición, alegó que tenía

una

alta

probabilidad

de

prevalecer,

puesto

que

el

Departamento incumplió con su ley orgánica y la expedición

del interdicto era el único remedio disponible para impedir

el

cierre

de

las

escuelas.

Por

lo

tanto,

solicitó

la

CT-2018-0005

9

celebración de una vista de injunction preliminar para que

el Estado compareciera a mostrar causa por la cual no debía

concederse el remedio solicitado.

Así las cosas, el 6 de junio de 2018 el Tribunal de

Primera

Instancia

consolidación

e

dictó

una

interdicto

Resolución

preliminar.

y

orden

Estimó

sobre

que

el

Municipio de Morovis expuso cuestiones comunes de hechos y

de derecho a la causa de acción instada por los padres

demandantes. Resolvió que, dado a que las alegaciones de

los

padres

conjunto

demandantes

“los

y

recurridos”)

el

Municipio

eran

de

similares,

Morovis

ambas

(en

causas

debían ser consolidadas. A su vez, emitió una orden de cese

y desista sobre el cierre de las tres escuelas sitas en

Morovis al apreciar “el mismo daño irreparable que causa la

incertidumbre

de

un

proceso

plagado

de

controversias

jurídico procesales, que de su faz luce ser arbitrario y

caprichoso y que provoca desesperanza en padres, hijos[,]

estudiantes y maestros”.4 Reiteró, además, que la vista de

injunction permanente se llevaría a cabo el 11 de junio de

2018.

Luego

de

la

vista,

el

foro

primario

emitió

una

Sentencia Declaratoria de Injunction Permanente. Determinó

que el Estado no probó cómo se hizo el proceso de análisis

para el cierre de planteles escolares, ni cómo se diseñaron

los

procesos

de

deliberación,

notificación

y

reconsideración o revisión administrativa. En su dictamen,

Resolución y orden sobre consolidación e

Apéndice del Escrito de Apelación, pág. 102.

4

interdicto

preliminar,

CT-2018-0005

esbozó

que

notificar

10

el

método

que

el

Departamento

los

cierres

fue

a

través

de

utilizó

para

comunicados

de

prensa, la red social Facebook y ciertos enlaces provistos.

Dispuso que en esas comunicaciones no se advirtió sobre el

procedimiento

para

peticionar

reconsideración.

recurrido

indicó

que

del

testimonio

Estado

desprendió

que

no

se

se

de

un

instauró

El

foro

testigo

un

del

parámetro

escrito para solicitar reconsideración y que se desconocía

si se formuló un mecanismo de revisión administrativa o

revisión judicial. Estimó que la controversia estribaba en

justipreciar si el proceso establecido por el Departamento

para el cierre de escuelas cumplía con el debido proceso de

ley al aplicar

un escrutinio estricto por afectarse el

derecho constitucional a la educación.

Al disponer la controversia, coligió que el Gobierno

basó todo su caso en fuentes de Derecho que no delineaban

de forma empírica, científica o numérica cuáles planteles

escolares se cerrarían y cuáles se mantendrían abiertos.

Esbozó su preocupación sobre que el Estado estimara que la

notificación

constituir

derecho,

en

una

sin

comunicación

un

enlace

notificación

advertir

un

o

proceso

de

una

social

administrativa

establecer

de

red

revisión

ni

podía

conforme

incluir

a

en

la

administrativa

o

judicial claro. Por último, decidió que la reglamentación

que regía el proceso de cierre era nula y mantuvo en vigor

la orden de cese y desista de cerrar las nueve escuelas

objeto de la demanda.

CT-2018-0005

11

Disconforme, el 25 de junio de 2018 el Estado acudió

al Tribunal de Apelaciones.5 Empero, el 27 de junio de 2018

presentó ante esta Curia una Urgente petición de auto de

certificación intrajurisdiccional y una Urgente moción en

auxilio de jurisdicción, para que acogiéramos con premura

el asunto y paralizáramos los efectos de la determinación

del Tribunal de Primera Instancia.6 El 29 de junio de 2018

emitimos una resolución mediante la cual expedimos el auto

de certificación intrajurisdiccional, mas no dejamos sin

Presentó un recurso de apelación en el que planteó los señalamientos

de errores siguientes:

5

Erró y abusó de su discreción el Honorable Tribunal de

Primera Instancia al denegar la moción de desestimación

presentada por el Gobierno y al expedir el recurso

altamente privilegiado del Injunction, a pesar de que en el

caso de autos no se cumplen los requisitos necesarios para

su expedición de conformidad con la Regla 57.3 de las

Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al entender

que la consolidación y cierre de las escuelas constituyó

una violación del derecho constitucional a la educación y

el debido proceso de ley de los estudiantes, a pesar de que

estos pudieron culminar el año escolar 2017-2018 y tienen

disponibles escuelas receptoras para continuar sus estudios

durante el próximo año escolar 2018-2019.

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al expedir

el recurso altamente privilegiado del Injunction para

impedir que la Secretaria de Educación lleve a cabo una

actuación

para

la

cual

está

facultada

por

ley,

específicamente, por el Artículo 2.04 de la Ley Núm. 852018, conocida como la Ley de Reforma Educativa de Puerto

Rico.

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al declarar

nulo el Procedimiento y Análisis para Operación, Rendición

y Consolidación, por necesidad, de las Escuelas del Sistema

Público de Puerto Rico para Finales del Año Académico 20172018 establecido en el Compendio de Políticas del

Departamento de Educación; al concluir que no se cumplió

con el requisito de notificación según dispuesto en la Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme.

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al

reconocerle legitimación activa al Municipio de Morovis por

sí y en representación de los padres de menores, para

instar la Petición de Injunction Preliminar y Permanente

relacionada al cierre de escuelas.

CT-2018-0005

12

efecto el decreto del foro de instancia. Además, concedimos

a los recurridos un término de cinco días para que se

expresaran sobre los planteamientos del peticionario.

En

primer

lugar,

esta

Curia

debió

atender

el

planteamiento del Estado sobre la falta de legitimación

activa del Municipio de Morovis.7

II

La

doctrina

de

justiciabilidad

establece

como

principio elemental que los tribunales existen únicamente

para resolver controversias genuinas surgidas entre partes

opuestas que tienen un interés real de obtener un remedio

que

haya

de

afectar

sus

relaciones

jurídicas.8

A

esos

efectos, la jurisdicción de los tribunales está regida por

la aplicación de ciertos criterios de autolimitación que

dan

vida

a

esta

doctrina,

entre

ellos

el

principio

de

legitimación activa o el standing.9

En

ausencia

legitimación

tendrá

de

una

ley

que

expresamente

confiera

activa,

la

parte

que

promueve

acción

acceso

al

tribunal

si

satisface

los

una

requisitos

siguientes: (1) que ha sufrido un daño claro y palpable;

(2)

que

el

daño

es

real,

inmediato

y

preciso,

y

no

abstracto e hipotético; (3) que existe conexión entre el

daño sufrido y la causa de acción ejercitada, y (4) que la

El Municipio de Morovis no presentó un alegato propio, sino que el 5

de julio de 2018 instó una Moción uni[é]ndonos a otra en cumplimiento

de orden, a través de la cual se unió por referencia a lo expuesto por

los padres demandantes en su Moción en cumplimiento de resolución del

29 de junio de 2018.

8 E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958).

9 P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643 (1995).

7

CT-2018-0005

13

causa de acción surge bajo el palio de la Constitución o de

una ley.10

En términos generales, el principio de legitimación

activa

consiste

en

determinar

quién

puede

acudir

al

tribunal a vindicar sus derechos.11 A tales efectos, hemos

establecido que, como norma general, las partes “tienen

capacidad

tan

solo

para

plantear

sus

propios

derechos

contra actos alegadamente ilegales del gobierno”.12 Si una

parte no cuenta con legitimación activa la controversia no

es

justiciable.13

Es

decir,

los

tribunales

tienen

que

abstenerse de atenderla y procede su desestimación.

El

Gobierno

Primera

señala

Instancia

como

error

reconoció

que

el

Tribunal

de

legitimación

activa

al

Municipio de Morovis para instar la petición de injunction

preliminar

y

permanente

por

sí

y

en

representación

de

varios padres de estudiantes. Como parte de su análisis,

argumentó

que

el

Municipio

de

Morovis

no

ostentaba

legitimación activa porque de la evidencia desfilada se

desprendía que no estaba expuesto a sufrir un daño. Además,

aseveró que sus alegaciones eran genéricas, especulativas y

carentes de información real y concreta. En su recurso,

planteó que el hecho que se haya invitado a la Alcaldesa de

la municipalidad a una reunión general donde se presentó el

Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 470-471 (2006); Col. Peritos

Elec. v. A.E.E., 150 DPR 327, 341 (2000); Asoc. Maestros P.R. v. Srio.

Educación, 137 DPR 528 (1994); Hernández Torres v. Gobernandor, 129 DPR

824 (1992); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407 (1982).

11 Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 942 (2011).

12 Íd., pág. 943. Véase, además, C.E.S. U.P.R. v. Gobernador, 137 DPR

83, 106 (1994); E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 DPR 394, 396 (1983).

13 Íd., pág. 932.

10

CT-2018-0005

14

proceso

de

análisis

cierre

y

consolidación

legitimación.

En

dispuesto

vista

en

el

Compendio

de

escuelas

de

esto,

no

nos

le

para

el

concedía

solicita

que

desestimemos la acción incoada por el Municipio de Morovis.

Por su parte, los recurridos sostienen que el error

señalado no se cometió. Explicaron que, en consideración de

lo resuelto en Parents Involved in Community Schools v.

Seattle School Dist. No. 1, 551 US 701 (2007), el foro

primario

determinó

legitimación

activa

que

el

Municipio

en

vista

de

de

que

Morovis

debió

ser

tenía

parte

integral del proceso de recomendación del cierre de los

planteles escolares.

En Parents Involved in Community Schools, supra, un

grupo de padres demandó al distrito escolar de Seattle, al

amparo del derecho a la igual protección de las leyes, para

impugnar un plan de admisión de estudiantes que consideraba

la raza como factor para acomodar estudiantes en escuelas

con sobrecupo. A pesar de que el distrito argumentó que el

daño que pudieran sufrir los estudiantes era especulativo,

el Tribunal Supremo federal resolvió que los

padres de

estos tenían legitimación activa. Es evidente que este caso

no favorece la postura del Municipio de Morovis, pues aquí

no

está

en

controversia

municipalidad

pretende

activa

La

o

no.

si

los

padres

representar

interrogante

es

si

a

tienen

el

quienes

la

legitimidad

Municipio

tiene

legitimación por sí o en representación de esos padres. A

la luz de los antecedentes fácticos y el estado de derecho,

era forzoso resolver que no la tiene.

CT-2018-0005

15

Luego de examinar con rigor la prueba ante nuestra

consideración, debimos concluir que el Municipio de Morovis

no logró establecer cuál es su interés legítimo en este

caso. Observamos que en la vista celebrada el 11 de junio

de 2018, su alcaldesa reconoció que acudió a los tribunales

porque muchos de los padres afectados no contaban con los

recursos para hacer valer sus derechos. De la vista también

surgió que el Municipio daba mantenimiento a

todas las

escuelas de Morovis, y que con algunas tenía un contrato de

mantenimiento. Ninguna de esas condiciones nos convence de

que el Municipio tenga un interés “de tal índole que, con

toda probabilidad, habrá de proseguir su causa de acción

vigorosamente y habrá de traer a la atención del tribunal

las cuestiones en controversia”.14

Si bien hemos resuelto que una agrupación que no ha

sufrido

daños

propios

puede

acudir

al

foro

judicial

a

nombre de sus miembros, ello no subsana el defecto en la

legitimación del Municipio.15 En este caso no hay un ápice

de prueba que demuestre que es una entidad que representa a

los padres de estudiantes. Reiteramos que todo demandante

tiene que demostrar que posee, no solamente la capacidad

para demandar, sino además un interés legítimo en el caso.16

Según hemos pautado, en el caso de que se pretenda reclamar

los derechos constitucionales de terceros, los criterios

para

evaluar

el

interés

de

la

parte

litigante

Asoc. de Periodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 942.

Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, supra.

16 Íd., pág. 564.

14

15

son

más

CT-2018-0005

rigurosos.17

consecuencia,

16

El

Municipio

tal

y

no

como

cumplió

con

adelantamos,

ellos.

En

procedía

la

desestimación de la demanda presentada por el Municipio de

Morovis ante su evidente falta de legitimación activa.

Así

las

cosas,

nos

compete

entonces

atender

las

reclamaciones relacionadas con los padres demandantes.

III

A. Injunction permanente

El injunction es un mandamiento judicial expedido por

escrito, bajo el sello de un tribunal, mediante el cual se

requiere a una persona que se abstenga de hacer, o de

permitir que haga por medio de otras bajo su intervención,

determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho de

otra.18 Este recurso extraordinario “se caracteriza por su

perentoriedad, por su acción dirigida a evitar

un daño

inminente o a restablecer el régimen de ley conculcado por

conducta opresiva, ilegal o violenta del transgresor del

orden

jurídico”.19

Se

trata

de

un

remedio

judicial

que

prohíbe u ordena la ejecución de determinado acto, con el

fin de evitar que se causen perjuicios inminentes o daños

irreparables a alguna persona, en casos en los que no hay

otro remedio adecuado en ley.20

Íd., pág. 565. Estos criterios son los siguientes: (1) que el

miembro tenga legitimación activa para demandar a nombre propio; (2)

los intereses que se pretendan proteger estén relacionados con los

objetivos de la colectividad, y (3) la reclamación y el remedio

solicitado no requieran la participación individual de cada miembro.

Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 DPR 122, 133 (2014).

18 Art. 675 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3521.

19 Plaza Las Américas v. N & H, 166 DPR 631, 643 (2005); Peña v.

Federación de Esgrima de P.R., 108 DPR 147, 153-154 (1978).

20 VDE Corporation v. F&R Contractors, 180 DPR 21, 40 (2010); E.L.A. v.

Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 679 (1999).

17

CT-2018-0005

17

El Art. 677 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32

LPRA sec. 3523, dispone las instancias en las que puede

concederse

un

injunction.

Entre

ellas

se

señalan

las

siguientes:

(1)

Cuando resultare de la petición que el

peticionario

tiene

derecho

al

remedio

solicitado, y dicho remedio, o parte del

mismo, consistiere en impedir la comisión o

continuación del acto denunciado, bien por

un

periodo

de

tiempo

limitado,

o

perpetuamente.

(2)

Cuando de la petición o de la declaración

jurada

resultare

que

la

comisión

o

continuación de algún acto, durante el

litigio, habrá de causar pérdidas o daños de

consideración o irreparables a alguna de las

partes.

(3)

Cuando, durante el litigio, resultare que

una de las partes está cometiendo, o amenaza

cometer, o que se dispone a cometer, o a

procurar o permitir que se cometa, algún

acto de contrario a los derechos de otra de

las partes, con respecto al asunto en

litigio y tendente a hacer que sea ineficaz

la sentencia.

(4)

Cuando una compensación pecuniaria no habría

de proporcionar adecuado remedio.

El

tribunal

podrá

dictar

una

orden

de

entredicho

provisional, injunction preliminar o permanente siempre y

cuando

se

cumplan

los

términos

de

la

Regla

57

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, a saber:

(a) [e]n

aquellos

casos

en

que

ello

sea

indispensable

para

hacer

efectiva

su

jurisdicción y previa una determinación de

que la orden es indispensable para evitar

un

daño

irreparable

a

la

parte

peticionaria.

(b) [c]uando en la petición se alegue que alguna

persona, bajo la autoridad de alguna ley,

ordenanza, o reglamento del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, esté privando o

sea el causante de que alguien esté

de

CT-2018-0005

18

privando al peticionario de algún derecho,

privilegio o inmunidad protegido por la

Constitución o las leyes del Estado Libre

Asociado

de

Puerto

Rico

o

por

la

Constitución o leyes de los Estados Unidos

de América que sean aplicables a las

personas bajo la jurisdicción del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

Asimismo, el Art. 678 del Código de Enjuiciamiento

Civil,

32

LPRA

sec.

3524,

prescribe

determinadas

circunstancias en las que los foros judiciales no pueden

conceder un injunction. Esto se dispone para sostener la

uniformidad y la organización del proceso de gobierno e

impedir

la

multiplicidad

de

opiniones

sobre

la

constitucionalidad de las leyes.21 El precepto angular del

estatuto “es la presunción de constitucionalidad de las

leyes,

hasta

tanto

sean

declaradas

nulas

por

sentencia

final, firme, inapelable e irrevisable”.22 En lo material,

el aludido estatuto prohíbe la otorgación del injunction

[p]ara impedir la aplicación u observancia de

cualquier ley de la Asamblea Legislativa de

Puerto Rico, o el cumplimiento de cualquier

actuación autorizada por ley de la Asamblea

Legislativa de Puerto Rico, de un funcionario

público, de una corporación pública, o de una

agencia pública, o de cualquier empleado o

funcionario de dicha corporación o agencia, a

menos que se hubiera determinado por sentencia

final, firme, inapelable e irrevisable que dicha

ley

o

actuación

autorizada

por

ley

es

23

inconstitucional o inválida. (Énfasis suplido).

La

referida

injunction

disposición

preliminar,

establece

permanente,

o

que

“[c]ualquier

con

carácter

de

entredicho provisional, incluso cualquier orden para hacer

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 1 de 25 de febrero de 1946,

Leyes de Puerto Rico 3.

22 Asoc. Maestros de P.R. v. Torres, 136 DPR 742, 748 (1994).

23 Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3524.

21

CT-2018-0005

19

efectiva la jurisdicción de un tribunal o para asegurar la

efectividad de una sentencia, que se haya expedido en las

circunstancias expuestas en [el referido] inciso … y que

esté en vigor a la fecha de vigencia de esta ley o que en

lo sucesivo se expidiere, será nulo e inefectivo”. 24

Sin embargo, y a manera de excepción, esta también

dispone que los tribunales pueden emitir un injunction

[c]uando en la petición se alegue que alguna

persona, bajo la autoridad de alguna ley,

ordenanza, o reglamento del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, esté privando o sea el causante

de que alguien esté privando al peticionario de

algún derecho, privilegio o inmunidad protegido

por la Constitución o las leyes del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico o por la Constitución o

leyes de los Estados Unidos de América que sean

aplicables a las personas bajo la jurisdicción

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Disponiéndose, además, que al dictar dicha orden

el tribunal debe considerar el interés público

envuelto y concluir que la parte peticionaria

tiene una posibilidad real de prevalecer en los

méritos de su petición.25

En

estas

circunstancias,

los

foros

judiciales

no

pueden restringir la obligación que tienen los funcionarios

públicos de cumplir la ley, a menos que se demuestre que a

todas

luces

es

inconstitucional.26

Al

respecto,

en

Las

Monjas Racing Corp. v. Com. Hípica, 67 DPR 45 (1947), al

interpretar el Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil,

señalamos que antes de expedir un injunction lo primero a

determinar

es

si

la

actuación

de

la

agencia

era

una

autorizada en ley. El criterio rector es si el acto está

Íd.

Íd.

26 Brenes v. Domenech, Tesorero, 48 DPR 565, 569 (1935).

24

25

CT-2018-0005

20

comprendido dentro de la autoridad conferida en ley al

funcionario gubernamental o de una corporación o agencia

pública, y no si tal acción era válida o constitucional.

El Gobierno sostiene que nuestro ordenamiento prohíbe

la

concesión

de

un

injunction

para

impedir

que

un

funcionario público realice un acto que la ley autorizó, a

falta de una determinación por sentencia final donde se

decrete que el estatuto o el acto permitido por ley es

inconstitucional o inválido. Alega que, puesto a que no se

ha declarado inconstitucional, el Art. 2.04 de la Ley 85

confiere

a

la

Secretaria

la

facultad

de

establecer

y

regular el cierre, apertura, consolidación y reorganización

de las instalaciones donde operan las escuelas de la Isla.

Cónsono con ello, expresó que los padres demandantes no

demostraron que la Ley 85 no autorizaba el proceder de la

Secretaria.

En

cambio,

los

padres

demandantes

aducen

que

el

injunction está disponible si un funcionario del Estado,

bajo el pretexto de cumplir la ley, quebranta los derechos

reconocidos

de

las

personas.

Sostienen

que

el

Estado

vulneró sus derechos constitucionales al actuar de forma

arbitraria y caprichosa y al no ejecutar un proceso justo,

equitativo y razonable antes de ordenar que los planteles

escolares fueran cerrados. Exponen que la violación a sus

derechos constitucionales les provocó un daño irreparable

que

solo

injunction.

puede

ser

subsanado

con

la

expedición

del

CT-2018-0005

21

En esencia, la argumentación de los padres demandantes

gira en que el injunction se puede conferir porque, al

infringirse el derecho a la educación de sus hijos, se

quebrantó el derecho constitucional a un debido proceso de

ley procesal y a la igual protección de las leyes.

En

vista

justipreciar

de

si,

estos

en

planteamientos,

efecto,

el

Estado

es

imperativo

transgredió

esas

garantías constitucionales.

i. Debido proceso de ley

De entrada, hay que diferenciar entre los derechos

estatutarios procesales y el debido proceso de ley.27 Hay

ciertos

derechos

que

emanan

de

disposiciones

mientras

que

otros

se

originan

de

la

legales,

garantía

constitucional del debido procedimiento de ley.28

Enunciado lo anterior, y en lo atinente, la Enmienda

Decimocuarta

de

la

Constitución

federal

garantiza

que

“[n]ingún estado privará a persona alguna de su vida, de su

libertad o de su propiedad, sin el debido procedimiento de

ley”.29

Asimismo,

nuestra

Constitución

preceptúa

que

“[n]inguna persona será privada de su libertad o propiedad

sin debido proceso de ley”.30

Conforme hemos reconocido, el debido proceso de ley,

como

derecho

fundamental,

tiene

dos

vertientes:

la

D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme, 3ra ed., Bogotá, Ed. Forum, 2013, pág. 394.

28 Íd., pág. 394.

29 Emda. XIV, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 206.

30 Art. II, Sec. 7, Const. PR, Tomo I, ed. 2008, pág. 296.

27

CT-2018-0005

22

sustantiva

y

la

procesal.31

“persigue

proteger

y

En

su

aspecto

salvaguardar

sustantivo

los

derechos

fundamentales de la persona”.32 Este “representa una barrera

para acciones estatales que sean arbitrarias o caprichosas

que afecten derechos fundamentales de los ciudadanos”.33 La

modalidad

procesal,

garantizar

que

la

“impone

al

Estado

interferencia

con

la

obligación

de

los

intereses

de

libertad y propiedad del individuo se haga a través de un

proceso que sea justo y equitativo”.34 Esta última se activa

si se demuestra que está en juego un interés individual de

libertad o de propiedad.35 Así, para ver si la exigencia del

debido

proceso

indagar la

de

ley

aplica,

en

primer

lugar

se

debe

naturaleza del interés involucrado, y no su

peso.36

Décadas atrás el Tribunal Supremo federal reconoció

que un interés libertario, en general, no se limita a una

restricción física del individuo, sino que comprende, entre

otras

cosas,

el

derecho

de

adquirir

conocimiento.37

embargo, es indispensable que

esté en juego un

individual.

entre

La

individualizadas

distinción

y

las

privaciones

las

Sin

interés

privaciones

policy-based

de

los

Rivera Rodríguez v. Lee Stowell, 133 DPR 881, 887 (1993).

Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 DPR 562, 576 (1992).

33 Aut. Puertos v. H.E.O., 186 DPR 417, 428 (2012).

34 Rivera Rodríguez v. Lee Stowell, supra, pág. 888.

35 Fuentes Bonilla v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 2018 TSPR

98, en la pág. 34, 200 DPR ___ (2018); Marcano v. Departamento de

Estado, 163 DPR 778, 791 (2005). Véase, además, Fernández Quiñones, op.

cit., pág. 403.

36 Board of Regents v. Roth, 408 US 564, 570-571 (1972).

37 Íd., pág. 572; Meyer v. Nebraska, 262 US 390 (1923). Véase, además,

J. J. Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico, Bogotá,

Ed. Temis, 2010, pág. 608, que enmarca el interés libertario de un

estudiante conforme lo resuelto en Pagán Hernández v. U.P.R., 107 DPR

720 (1978).

31

32

CT-2018-0005

23

intereses de una clase es medular para entender el sistema

legal de Estados Unidos. 38 Las primeras están protegidas

por el debido proceso de ley, las segundas no lo están.39

Dado a su pertinencia para el tema, conviene considerar la

normativa que pautó el Tribunal Supremo de Estados Unidos

en Bi-Metallic Investment Co. v. State Bd. of Equalization

of Colo., 239 US 441, 445 (1915), al disponer lo que sigue:

Where a rule of conduct applies to more than a

few people it is impracticable that every one

should have a direct voice in its adoption. The

Constitution does not require all public acts to

be done in town meeting or an assembly of the

whole. General statutes within the state power

are passed that affect the person or property of

individuals, sometimes to the point of ruin,

without giving them a chance to be heard. Their

rights are protected in the only way that they

can be in a complex society, by their power,

immediate or remote, over those who make the

rule. If the result in this case had been reached

as it might have been by the State’s doubling the

rate of taxation, no one would suggest that the

Fourteenth Amendment was violated unless every

person affected has been allowed an opportunity

to raise his voice against it before the body

entrusted by the state constitution with the

power.

Desde

entonces,

comenzó

legislativos

y

hechos

legislativos

son

hechos

la

distinción

adjudicativos.

generales

instituciones gubernamentales a

que

entre

hechos

Los

hechos

ayudan

a

las

decidir interrogantes de

ley, política pública y discrecionales. Es decir, no se

R. J. Pierce Jr., Administrative Law Treatise, 5ta ed., Aspens

Publishers, 2010, Tomo II, pág. 737. (“The distinction between

individualized deprivations, that are protected by the procedural due

process, and policy-based deprivations of the interests of a class,

that are not protected by procedural due process, is central to an

understanding of the U.S. legal system.”)

39 Íd.

38

CT-2018-0005

considera

individualmente

24

el

efecto

por

la

acción

gubernamental o la conducta pasada del individuo.40

En síntesis, hay determinaciones de política pública

que se pueden tomar sin participación pública alguna. No

obstante, si

el Estado vuelca su poder sobre un individuo o un

grupo de individuos y al así hacerlo considera su

situación particular, y solamente la de éste o

éstos, afectando sus intereses propietarios o

libertarios

entonces,

en

esos

casos,

la

Constitución se interpone entre la persona y el

Estado para asegurar que haya un proceso que

ayude a filtrar el trato arbitrario. La lógica

política lo explica: cuando el Estado actúa como

soberano sobre el Pueblo, éste tiene a su

disposición canales políticos dispuestos en la

Constitución

para

evitar

determinaciones

arbitrarias, pero cuando actúa con relación a

pocas personas sobre circunstancias aplicables a

sólo éstas, el cauce político puede que no sea

muy efectivo por encontrarse el individuo solo

frente al Estado. (Énfasis suplido).41

Es por ello que, como regla general, se estima lo

siguiente: “[a]n individual has a constitutional right to

be heard only with respect to resolution of a disputed fact

of the first type –a fact concerning the individual. Court

refer to facts of this type as adjudicative facts”.42

Una vez la persona acredita que un interés individual

suyo se encuentra en juego, sea libertario o propietario,

entonces “procede que definamos cuál es el proceso exigido

Pierce Jr., op. cit., pág. 742. (“Legislative facts do not describe

the individual who is uniquely affected by the government action or

that individual’s past conduct. Rather, legislative facts are the

general facts that help a government institution decide questions of

law, policy, and discretion”.)

41 H. A. Meléndez Juarbe, Derecho Constitucional, 75 Rev. Jur. U.P.R.

29, 38 (2006).

42 Pierce Jr., op. cit., pág. 741.

40

CT-2018-0005

25

(what process is due)”. (Énfasis en el original).43 El tipo

de

proceso

que

circunstancias,

se

debe

pero

observar

siempre

es

dependerá

de

las

que

el

no

lo

libertario

o

no

un

imprescindible

proceso gubernamental sea justo e imparcial.44

Sobre

infringió

este

asunto,

porque

propietario,

toda

el

Estado

no

afectó

un

vez

que

los

interés o derecho propietario

planteó

interés

recurridos

que

tenían

a estudiar en un plantel

escolar en particular. Indicó que en el proceso de cierre,

consolidación o reorganización de escuelas no tenía que

cumplir

con

el

Art.

8.01(f)

de

la

Ley

85,

pues

la

disposición no aplica al haberse consignado en la propia

disposición que entraría en vigor a partir del 1 de julio

de

2018.

Además,

adujo

que

los

cierres

concernientes

tampoco se regían por la Carta Circular 33-2016-2017, sino

por el Compendio, el cual era válido al no incidir directa

ni

sustancialmente

disponibles

sobre

para

el

los

procesos

público.

o

Sostuvo

prácticas

que

eran

instrucciones, declaraciones interpretativas y de política

general,

y

por

ende,

exentas

de

cumplir

un

proceso

de

reglamentación. En ese sentido, expresó que de la prueba

que

desfiló

ante

el

tribunal

de

instancia

emanaba

el

cumplimiento del proceso dispuesto en el Compendio para el

cierre y consolidación de escuelas. Señaló que no tenía que

notificar los cierres o consolidación porque el Compendio

no lo exigía y que esa decisión no fue hecha como parte de

Fuentes Bonilla v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, pág.

35.

44 Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., supra, pág. 578.

43

CT-2018-0005

26

un proceso adjudicativo formal, ni se determinó o adjudicó

derechos,

sino

obligaciones

que

fue

un

administrativa

disponibles

y

o

ejercicio

dirigido

a

privilegios

asegurar

de

válido

a

maximizar

el

buen

uso

los

de

recurridos,

planificación

los

recursos

la

propiedad

de

pública.

Por su parte, los padres demandantes manifestaron que

el

derecho

constitucional

a

la

educación

se

tiene

que

materializar mediante reglamentación adecuada, fundamentada

y razonable que ofrezca garantías mínimas en sus procesos.

Aludieron que el cierre de los planteles escolares tiene

que cumplir con un proceso justo, equitativo y razonable,

lo cual no ocurrió. Por ende, argumentan que el Estado

violó su derecho del debido proceso de ley y la igual

protección de las leyes. Además, adujeron que pese a que se

ordenó el Estado no presentó prueba documental sobre el

proceso practicado para cerrar las escuelas. Sostuvieron

que

la

representante

de

la

Secretaria

admitió

que

el

documento utilizado para ello fue el Serie C-107, el cual

el Tribunal de Primera Instancia declaró nulo por carecer

de fecha de aprobación, de firma y base legal. Argumentaron

que el cierre de planteles escolares no era una regla de

administración,

ni

un

documento

guía,

porque

infringía

derechos, procesos y prácticas disponibles para el público

general,

según

la

LPAU.

Indicaron

que

la

testigo

del

Gobierno corroboró que, antes de decretar el cierre, los

padres o miembros de la comunidad no fueron notificados y

CT-2018-0005

27

que no se creó un proceso de revisión administrativa o

judicial de esa determinación.

En cuanto a este asunto, es menester aclarar

que,

desde un principio, los padres demandantes admitieron que

la Ley 85 concede a la Secretaria la facultad para decretar

los

cierres

de

las

escuelas.

Sus

planteamientos

nunca

estuvieron dirigidos a cuestionar los poderes delegados.

Mas bien, lo que impugnan es el procedimiento que utilizó y

la forma en que el Departamento ejecutó tales poderes en el

cumplimiento de sus responsabilidades.

La

Ley

85

delega

a

la

Secretaria

un

sinnúmero

de

responsabilidades y poderes para que administre el Sistema

de Educación Pública de forma eficiente y efectiva, según

la política pública promulgada, de suerte que pueda cumplir

los propósitos de la Constitución y de la ley.45 Conforme a

las responsabilidades de su cargo, esta tiene la obligación

de administrar la organización, planificación, monitoreo y

evaluación financiera, así como las actividades académicas

y

administrativas

del

Departamento

y

del

Sistema

de

Educación Pública.46 Precisamente, una de las encomiendas

más importantes consiste en velar porque el Sistema de

Educación Pública sea sustentable, de manera que los hijos

de

las

futuras

generaciones

cuenten

con

los

recursos

indispensables para recibir una educación de altura.47 Para

lograr

ese

cometido,

cuenta

con

la

facultad

para

desarrollar la estrategia y manejo de las instalaciones

Art. 2.04. de la Ley 85-2018.

Íd., Art. 2.04b(1).

47 Íd., Art. 2.04b(7)y(4).

45

46

CT-2018-0005

escolares

28

y

establecer

consolidación

o

y

regular

la

apertura,

cierre,

reorganización

de

estas,

previa

determinación de necesidad.48

Sobre esta última, el Art. 8.01(f) de la Ley 85 erige

unos criterios que la Secretaria deberá utilizar previo al

cierre,

consolidación

y

reorganización

de

cualquier

escuela, a partir del 1 de julio de 2018. La disposición

establece que la Secretaria deberá preparar un estudio que

cuente

con

“indicadores

valorización

por

cada

de

medición

criterio”.

que

Nótese

permitan

que

la

la

aludida

disposición preceptúa expresamente el 1 de julio de 2018

como la fecha de efectividad para cumplir con el estudio

que reclaman los padres demandantes, no antes. 49

Precisamente, en virtud de los poderes amplios que la

Asamblea Legislativa delegó a la Secretaria, previo a esa

fecha,

esta

listado

de

publicó

más

de

en

la

página

doscientas

del

escuelas

Departamento

un

que

ser

iban

a

cerradas, entre las cuales se encuentran las seis planteles

objeto de este caso.

En cuanto al argumento sobre la violación del debido

proceso

de

ley,

es

preciso

puntualizar

que

si

bien

reconocemos que el derecho a la educación es un interés

libertario

protegido

por

la

Constitución,

para

que

se

active el debido proceso de ley procesal es necesario que

la actuación gubernamental incida individualmente con ese

Íd., Art. 2.04b(14) y (15).

Luego de examinar el historial legislativo, no encontramos indicio

alguno que de que la intención de la Asamblea Legislativa fuera que se

hiciera extensivo estos requisitos previo al 1 de julio de 2018.

48

49

CT-2018-0005

29

derecho.50 Esa actuación no debe ser generalizada, sino que

debe afectar a las personas en circunstancias aplicables

solo a ellas. Solo de esta forma se requiere entonces que

el Estado, al actuar, tome en consideración la situación

particular de ese sujeto y provea un debido proceso de ley.

Al ejecutar su discreción y cerrar planteles escolares, la

Secretaria lo hizo apoyada en unos criterios generales. En

ningún

momento

los

padres

demandantes

alegaron,

ni

evidenciaron, que su proceder fue en consideración a una

situación particular de ellos. La decisión de la Secretaria

sobre el cierre de las escuelas respondió mas bien a una

decisión de política pública de maximizar los recursos del

Departamento a la luz de la Ley 85. El Estado acreditó, y

así lo aceptaron los padres demandantes, que la Secretaria

al tomar su decisión discrecional consideró los criterios

del

Compendio,

a

saber:

(1)

los

informes

estatales

y

federales; (2) la matrícula actual de las escuelas y de los

últimos tres años; (3) la infraestructura de los planteles

escolares; (4) el aprovechamiento académico de las escuelas

en los últimos años; (5) los indicadores de aprovechamiento

académico; (6) la oferta académica; y (7) la transportación

escolar.

Entendemos

que

la

actuación

Legislativa y de la Secretaria

de

la

Asamblea

quedó comprendida en la

normativa jurisprudencial de Bi-Metallic Investment Co. v.

State Bd. Of Equalization of Colo., supra. Se trata de una

actuación policy-based en el ejercicio del poder de razón

de estado que aplica a un gran número de personas. Por

50

Board of Regents v. Roth, supra, págs. 570-571.

CT-2018-0005

30

tanto, el Estado no tenía que conceder un debido proceso de

ley a cada uno de los padres y el proceso seguido era

suficiente.

En armonía con el marco jurídico que hemos examinado,

concluimos que, en el caso de marras, el debido proceso de

ley procesal no se activó. Procede ahora analizar si se

quebrantó el derecho de la igual protección de las leyes.

ii. Igual protección de las leyes

La Decimocuarta Enmienda de la Constitución federal

garantiza

la

igual

protección

de

las

leyes.51

De

igual

forma, la Sec. 7 de nuestra Carta de Derechos establece que

no se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual

protección de las leyes. Por otro lado, la Sec. 1 veda que

se establezca discrimen por razón de raza, color, sexo,

nacimiento, origen o condición social e ideas políticas o

religiosas.52 De forma reiterada, hemos afirmado que este

precepto constitucional no requiere un trato igual para

todas

las

personas,

sino

que

veda

el

trato

desigual

injustificado.53 Por esa razón, “[e]l Estado puede hacer

clasificaciones

entre

las

personas

sin

infringir

dicho

principio siempre y cuando la clasificación sea razonable y

con

miras

a

la

consecución

o

protección

de

un

interés

público legítimo”.54 En otros términos, el aludido principio

lo

que

“hace

es

prohibir

que

el

trato

desigual

Emda. XIV, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 206.

Art. II, Sec. 1, Const. PR, Tomo I, ed. 2008, pág. 272.

53

Zachry International v. Tribunal Superior, 104 DPR 267,

(1975).

54 Íd., pág. 277.

sea

51

52

276-277

CT-2018-0005

31

injustificado o que la clasificación sea irrazonable”.55 De

manera que “no se puede aprobar una ley o norma, o poner en

vigor una práctica, que establezca un trato desigual para

algunos ciudadanos a menos que exista una razón justificada

para ello”.56

Ante

un

protección

de

planteamiento

las

leyes

de

violación

se

tiene

que

a

la

igual

examinar

la

razonabilidad de la clasificación. Ello se hace a la luz de

dos escrutinios: el estricto o el racional.57 El escrutinio

estricto se emplea cuando se establece una clasificación

sospechosa o se infringen derechos fundamentales.58 En ese

último

escenario,

interfiera

directa

fundamental.59

De

es

menester

y

sustancialmente

con

estar

ninguna

no

que

presente

la

clasificación

un

derecho

de

las

situaciones mencionadas, se activa el escrutinio racional

cuando se establecen clasificaciones sociales o económicas,

en

cuyo

caso

solo

exige

que

la

clasificación

no

sea

arbitraria y que tenga un nexo racional con los propósitos

del estatuto.60 Bajo este escrutinio, la actuación o ley se

Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., supra, pág. 581.

Rodríguez v. Depto. Servicios Sociales, 132 DPR 617, 634 (1993).

57 Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., supra, pág. 581.

58

Rodríguez v. Depto. Servicios Sociales, supra, pág. 635; Zachry

International v. Tribunal Superior, supra, pág. 277, Rodríguez

Rodríguez v. E.L.A., supra, pág. 581.

59 Lyng v. Castillo, 477 US 635, 638 (1986) (“Nor does the statutory

classification ‘directly and substantially’ interfere with family

living arrangements and thereby burden a fundamental right”.); Zablocki

v. Redhail, 434 US 374, 388 (1978) (“When a statutory classification

significantly interferes with the exercise of a fundamental right, it

cannot be upheld unless it is supported by sufficiently important state

interests and is closely tailored to effectuate only those interests”.)

60 Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 DPR 64, 82 (1983).

55

56

CT-2018-0005

32

presume constitucional y corresponde el peso de la prueba a

quien sostenga lo contrario.61

Con este marco jurídico en mente, puntualizamos que

los padres demandantes no argumentaron la existencia de

alguna

clasificación

sospechosa.

Por

el

contrario,

aseveraron que se utilizaron los criterios del Compendio,

los

cuales

no

se

encuentran

en

ninguna

clasificación

establecida por nuestra Constitución. Su fundamento es que

se transgredió el derecho a la igual protección de las

leyes por haberse infringido el derecho a la educación. Por

esa razón, nuestro análisis debe ir dirigido a discutir

este último planteamiento.

a. Derecho fundamental a la educación

En múltiples ocasiones hemos reconocido que el derecho

a la educación ocupa un sitial prominente en Puerto Rico al

estar

reconocido

trascendencia

es

como

uno

de

tal

“que

los

rango

constitucional.62

miembros

de

la

Su

Asamblea

Constituyente incluyeron ‘el afán por la educación’ como

uno de los factores determinantes en nuestra vida como

pueblo democrático”.63

Rodríguez v. Depto. Servicios Sociales, supra, pág. 634.

AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253, 270 (2010), Declet

Ríos v. Dpto. de Educación, 177 DPR 765, 773 (2009), Pagán Hernández v.

UPR, 107 DPR 720, 738 (1978).

63 AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, pág. 270. De hecho, en la

Constituyente se expresó que “[e]l fomento de la educación es objetivo

básico de toda sociedad democrática, ya que la mejor defensa del

sistema democrático de vida lo es una opinión pública bien informada y

consciente”. 2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1123,

Ed. 1961 (1952).

61

62

CT-2018-0005

33

Más aún, nuestra Carta Magna reconoce que “[t]oda

persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno

desarrollo

de

su

personalidad

y

al

fortalecimiento

del

respeto de los derechos del hombre y de las libertades

fundamentales”.64

La

introducción

de

ese

texto

tuvo

dos

fines: (1) plasmar el propósito que persigue la educación;

y

(2)

definir

constituyentes

la

clase

aspiraban

de

que

educación

los

niños

que

nuestros

puertorriqueños

recibieran.65

De otro modo, hemos pronunciado y hoy lo reafirmamos

que

el

Estado

tiene

un

interés

apremiante

en

que

la

educación, pública o privada, sea una de excelencia. Esto

se debe a que imparte la preparación adecuada para que los

ciudadanos

sean

partícipes

del

desarrollo

social

Puerto

Rico.66

raíz

de

de

A

la

económico

envergadura

y

del

derecho de educación, nuestra Constitución garantiza que

“[h]abrá un sistema de educación pública el cual será libre

y enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en la

escuela

primaria

y

secundaria

y,

hasta

donde

las

facilidades del Estado lo permitan, se hará obligatoria

para la escuela primaria”.67

Al abordar el tema sobre la responsabilidad del Estado

de

proveer

resulta

educación

gratuita

y

examinar

imprescindible

estudiar

lo

que

su

alcance,

aconteció

en

la

Art. II, Sec. 5, Const. PR, LPRA, Tomo I, ed. 2008, pág. 292.

2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1456, Ed. 1961

(1952).

66 AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, pág. 271.

67 Art. II, Sec. 5, Const. PR, LPRA, Tomo I, ed. 2008, pág. 292.

64

65

CT-2018-0005

Convención

34

Constituyente.

Al

comienzo

de

la

Sesión,

el

texto propuesto para la Sec. 5 de nuestra Carta de Derechos

leía como sigue:

Habrá un sistema de instrucción pública la cual

será

libre

y

enteramente

no

sectario.

La

enseñanza será gratuita en la escuela elemental y

secundaria. No se utilizará propiedad ni fondos

públicos para la enseñanza en otras escuelas o

instituciones educativas que no sean las del

Estado. Nada de lo contenido en esta disposición

impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier

niño servicios no educativos establecidos por ley

para protección o bienestar de la niñez.68

Empero, durante la discusión de la medida, uno de los

delegados, el señor Brunet, propuso una segunda enmienda

que posibilitaba que se pudiera

reclamar al Estado que

proveyera educación. Sugirió que, luego de la

enseñanza

será

gratuita

en

la

escuela

fase “la

elemental

y

secundaria”, se incorporara “[y] será además obligatoria en

la escuela elemental”.69 Tras esta recomendación, se suscitó

un

debate

extenso

cuyo

enfoque

fue

la

capacidad

del

Gobierno de sufragar el costo

del sostenimiento de las

escuelas, que concluyó con la

derrota de la mencionada

enmienda.70

Subsiguientemente, otro delegado, el señor Mellado,

sugirió que se añadiera: “será además compulsoria en la

escuela elemental hasta donde las facilidades del Estado lo

permitan”.71 Explicó que

2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1455, Ed. 1961

(1952).

69 2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1456, Ed. 1961

(1952).

70 Íd., pág. 1462.

71 Íd.

68

CT-2018-0005

35

a mi juicio la argumentación del compañero Brunet

y de la argumentación del compañero Benítez se

desprende que todos aceptamos en esta Convención

la necesidad de hacer obligatoria la enseñanza

primaria, siempre y cuando que el Estado tenga

facilidades para ofrecerla. Yo creo que en cuanto

a eso no hay discusión, todos estamos de acuerdo

que los niños de Puerto Rico deben asistir

compulsoriamente a la escuela primaria que

consiste del primero al sexto grado y que esa

escuela debe ofrecerse a esos niños hasta donde

las facilidades del Estado lo permitan.

Aquí el único argumento que ha expuesto el

compañero Benítez, para rebatir la moción del

compañero Brunet es que costaría creo que 15

millones de dólares como costo inicial y además 7

millones como gasto de operación anualmente, el

sostenimiento de escuelas para admitir a 60 ó 70

mil

niños

de

edad

escolar,

para

escuelas

primarias que están afuera de las aulas.

Pues si ése es el único argumento, mi

enmienda hace posible la obligatoriedad de la

escuela primaria, sin necesidad de comprometer al

Estado, porque le da la oportunidad de ir

aumentando gradualmente el número de escuelas

primarias y al mismo tiempo hace compulsoria la

asistencia y lo hace constitucionalmente, de los

niños a la escuela primaria. (Énfasis suplido).72

Luego

de

esta

exposición

se

le

increpó

que

si

la

obligatoriedad que proponía la enmienda, en cuanto a que se

haga efectiva constitucionalmente es la del niño ir a la

escuela, qué tenía que ver el Estado con tener o no tener

los medios para que el niño vaya a la escuela, si el que

estaba obligado era el niño.73 El señor Mellado replicó que

se hacía “una especie de declaración de propósitos del

Estado de abrir más y más escuelas primarias para atender

esa obligación de los padres según sus recursos fiscales se

Íd., pág. 1463.

Íd., pág. 1475 (“¿Si la obligatoriedad que propone su Señoría [que]

se haga efectiva constitucionalmente, es la del niño ir a la escuela,

que tiene que ver el Estado con tener o no tener lo medios para que el

niño vaya a la escuela; si el que está obligado es el niño?”).

72

73

CT-2018-0005

36

lo permit[íeran]”. (Énfasis suplido).74 Ulteriormente, esta

enmienda

fue

avalada

por

los

constituyentes

y

se

hizo

formar parte de nuestro cuerpo constitucional.

Según

observamos,

un

análisis

del

debate

de

la

Asamblea Constituyente refleja que los delegados aspiraban

a que se abrieran un gran número de escuelas, pero a la

misma

vez

tenían

eventualmente,

la

no

preocupación

pudiera

tener

de

que

el

Estado,

la

capacidad

para

sufragarlas. Es por ello que se llegó al compromiso de

ofrecer una educación obligatoria hasta donde sus recursos

lo permitieran. Consecuentemente, se instituyó que, en la

medida

de

que

el

proveer

servicios

Gobierno

cuente

educativos,

este

con

los

será

medios

para

responsable

de

prestarlos y podrá exigírsele que así lo haga.

En ese contexto, el Estado arguyó que no privó a los

alumnos de su derecho a la educación, ni les ocasionó un

daño

irreparable,

ya

que

no

cesará

de

prestar

los

servicios, sino que por razones apremiantes los trasladará

a otros planteles escolares sitos en el municipio donde

están los que se van a cerrar o consolidar y que allí los

estudiantes podrán continuar sus estudios. Señaló que, como

la

Constitución

garantiza

el

derecho

a

la

educación

gratuita en la escuela primaria y secundaria “hasta donde

las facilidades del Estado lo permitan”, debido a la crisis

económica que enfrenta Puerto Rico, el interés público de

procurar un efectivo uso de los recursos del Departamento

74

Íd., pág. 1476.

CT-2018-0005

37

tenía que prevalecer sobre el interés particular de los

recurridos de elegir una escuela en particular. Arguyó que

el impedir los cierres agudizaría la situación fiscal del

Departamento y trastocaría el plan de acondicionamiento de

los planteles escolares receptores.

Por su parte, los padres demandantes plantearon que,

al infringir el derecho a la educación, se les violó su

derecho a la igual protección de las leyes. Sostuvieron que

el foro primario dio credibilidad a los catorce testigos

que declararon que, previo al cierre, el Departamento no

les dio participación a los miembros de las comunidades ni

tampoco se les indicó las escuelas que contemplaban cerrar

y que se enteraron de sus cierres por medios electrónicos.

Asimismo, aseveraron que ese tribunal creyó los daños que

los testigos declararon, a saber: (1) que se afectaba el

derecho a la educación; (2) que se dejaba sin servicio y

terapias de educación especial; (3) que no tenían forma

para llegar a la escuela nueva; (4) que en Quebradillas se

dejó toda el área rural sin escuela; (5) que los padres y

estudiantes están agobiados por la incertidumbre de lo que

sucederá el próximo año escolar; y (6) los problemas de las

escuelas receptoras.

Como mencionamos, los padres demandantes no aducen que

los criterios considerados por la Secretaria para cerrar

planteles

escolares

sospechosa.

Sus

constituyeron

argumentos

más

bien

una

se

clasificación

amparan

en

la

interferencia con un derecho fundamental. Con el propósito

CT-2018-0005

38

de evaluar la razonabilidad de la actuación del Estado, y

así ver si se activa el escrutinio estricto como lo hizo

el

foro

primario

debemos

examinar

si

el

acto

gubernamental interfirió directa y sustancialmente con el

derecho

a

la

educación.

A

continuación

expondremos

un

resumen de la prueba desfilada en el Tribunal de Primera

Instancia.

La Sra. Ashley

Ríos Mercado testificó que sus

dos

hijas asistían a la Escuela Segunda Unidad Ramón Emeterio

Betances de Arecibo en el año escolar de 2017-2018. Declaró

que sus dos hijas sufrían mucho pues se sacó materiales de

la

escuela

frente

a

ellas.

Atestiguó

que

la

escuela

receptora estaba a más de treinta minutos en carro y a una

hora si caminaba desde su casa. En su contrainterrogatorio,

la

señora

Ríos

admitió

que

el

Departamento

proveerá

transportación a las escuelas.

La Sra. Xiomara Meléndez De León testificó que sus dos

hijos estudiaron en la escuela Laurentino Estrella Colón en

Camuy durante el año escolar 2017-2018. Declaró que visitó

la escuela receptora y que el salón donde estará su hijo,

de necesidades especiales, no cumple las exigencias, es

pequeño,

solo

tiene

una

puerta

y

no

posee

servicios

sanitarios. En el contrainterrogatorio, reconoció que no

conoce los planes que tiene el Departamento para habilitar

el salón previo al comienzo de clases.

La Sra. Ivette M. Montalvo Mendoza testificó que su

hija de nueve años cursó sus estudios para el año escolar

CT-2018-0005

39

2017-2018 en la escuela Rosa M. Rodríguez en Vega Baja.

Declaró que una de las escuelas receptoras está ubicada en

una urbanización que tiene solo una vía de entrada y de

salida de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., que a raíz del huracán

perdió el techo de varias áreas y que se hizo un préstamo o

se donó el dinero para arreglarlo. Relató que hizo una

querella en OSHA ya que recibió unos correos electrónicos

de los que se desprendía que la biblioteca tenía problemas

de

asbestos.

Atestiguó

que

el

nuevo

plantel

no

tenía

estacionamiento para los padres porque los propietarios de

las casas de la urbanización no les permitían estacionarse

dentro.

Durante

el

contrainterrogatorio,

admitió

que

no

contaba con pericia para determinar las reparaciones que el

Departamento llevaría a cabo para que el plantel receptor

esté en condiciones para recibir a los estudiantes.

La Sra. Belmarie Reyes Aguilar testificó que es madre

de dos menores que estudiaron durante el año escolar 20172018 en la escuela Ramón Ávila Molinari de Quebradillas.

Declaró

que

sus

hijos

sufren

daños

emocionales,

especialmente, su hija que comenzó sus estudios hace poco y

que estaba en proceso de crear vínculos con los maestros y

compañeros.

Manifestó

que

si

se

cerraba

este

plantel

escolar, la zona rural se quedaba sin escuelas primarias y

que

solo

contarían

con

dos

escuelas

primarias

en

la

municipalidad.

La Sra. Joanna López Medina testificó que es madre de

tres hijos que cursaron el año escolar de 2017-2018 en la

CT-2018-0005

40

escuela Joaquín Rodríguez Ruiz en Hatillo. Declaró que la

escuela receptora ubica en una zona inundable, que tiene

alumnos de nivel primario e intermedio, que solo tiene una

cancha, que el área recreativa no posee techo, que solo

tiene dos baños y que su calificación era C. Relató que el

cierre ha ocasionado daños emocionales a su hija pues su

madre y todos sus hermanos estudiaron en el plantel que va

a ser cerrado. En el contrainterrogatorio, aceptó que la

escuela

receptora

podía

ser

preparada

y

reparada

para

recibir la matrícula.

Somos de la opinión que, en el presente caso y a la

luz

de

prueba

testifical

presentada

por

los

padres

demandantes, el proceder de la Secretaria al cerrar las

seis

escuelas

que

son

objeto

de

revisión

judicial

no

interfirió directa y sustancialmente con el derecho a la

educación.75 De la evidencia ofrecida se desprende que el

Gobierno

se

comprometió

transportación

hacia

las

a

proveer

escuelas

a

los

estudiantes

receptoras.

De

igual

modo, el Estado reconoció que va a preparar, habilitar y

reparar los planteles escolares receptores de forma que

estén acondicionados para el inicio de clases. También, se

desprende de la prueba que se proveyó una escuela receptora

a aquellos alumnos que cursaron estudios en planteles que

serán

cerrados.

receptoras

se

Surge,

a

encuentran

su

vez,

que

localizadas

las

en

escuelas

la

misma

P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 DPR 248, 261 (1980).

Si bien está fuera de discusión el carácter fundamental del derecho al

voto,[…,] la Sec. 9 de la Ley Núm. 3 no afecta sustancialmente tal

derecho”.)

75

CT-2018-0005

41

municipalidad

de

las

escuelas

a

la

que

asistían

los

estudiantes durante el año escolar anterior. Además, el

Estado se comprometió a hacer las reparaciones necesarias

para ofrecer los servicios correspondientes de educación

especial

que

tenían

los

estudiantes

en

las

escuelas

cerradas. Ninguno de los testigos declaró cómo, en efecto,

se veían privados sus hijos del derecho a la educación. En

consideración

a

estos

antecedentes,

concluimos

que

el

Estado no interfirió sustancialmente con el derecho a la

educación.

Como

la

actuación

gubernamental

no

interfiere

sustancialmente sobre el derecho a la educación procede

examinar la razonabilidad de la actuación de la Secretaria

y

aplicar

un

escrutinio

racional.

Ello

implica

que

la

actuación se sostiene siempre que no sea arbitraria y tenga

un nexo racional con los propósitos perseguidos. No hay

duda, de que el cierre de escuelas obedeció a planificar la

estructura administrativa del Departamento para maximizar

los

recursos

propiedad

disponibles

pública.

Su

y

propósito

público

del

Departamento

efectivo

uso

de

responsabilidad

asegurar

de

el

respondió

procurar

sus

recursos.

de

la

Esto,

Secretaria

buen

uso

al

de

la

interés

un

mejor

y

más

como

parte

de

la

por

el

de

velar

sostenimiento de las escuelas públicas para que nuestras

futuras

generaciones

gocen

de

ese

beneficio

importante.

Estos fines constituyen intereses legítimos del Estado. En

este caso, el cierre de los planteles es una medida que

consideramos razonable para lograr la consecución del fin

CT-2018-0005

42

del Estado, que es utilizar adecuadamente los recursos. Al

así actuar, y para disipar la arbitrariedad, tomó en cuenta

ciertos criterios como la matrícula de las escuelas, la

infraestructura

de

los

planteles,

el

aprovechamiento

académico de las escuelas, los cursos que ofrecían y la

transportación

escolar.

decisional

la

de

Indudablemente,

Secretaria

supera

el

el

proceder

correspondiente

escrutinio.

IV

Como hemos discutido, el criterio rector al determinar

si procede un injunction permanente, es si el acto está

comprendido dentro de la autoridad conferida en ley al

funcionario gubernamental o de una corporación o agencia

pública, y no si tal acción era válida o constitucional.

Por

lo

tanto,

los

tribunales

no

podemos

expedir

un

injunction en aras de evitar que un funcionario público

lleve a cabo un acto para el cual fue autorizado por ley,

salvo que haya mediado un dictamen por el cual se decrete

su

inconstitucionalidad.

Excepcionalmente,

procede

la

concesión del injunction si la actuación quebranta derechos

constitucionales.

En

armonía

con

estos

postulados,

es

preciso descartar los argumentos de los padres demandantes

de que se infringieron sus derechos constitucionales. En

consecuencia,

nos

vemos

forzados

a

concluir

que

en

el

presente caso no procedía el injunction expedido por el

tribunal sentenciador.

CT-2018-0005

Según

43

puntualizamos,

la

Secretaria

la

desarrollar

manejo

las

de

facultad

de

instalaciones

Ley

85

escolares

confirió

a

la

la

estrategia

y

y

establecer

y

regular la apertura, cierre, consolidación o reorganización

de estas, previa determinación de necesidad. En virtud de

esos poderes, esta decretó el cierre de los seis planteles

escolares.

Por

tanto,

el

injunction

permanente

es

improcedente y contrario al esquema doctrinario imperante.

V

Por

los

fundamentos

expuestos,

estoy

conforme

con

revocar en su totalidad el dictamen del foro primario y

dejar sin efecto la orden de paralización del cierre de las

escuelas objeto de este recurso y desestimar la demanda de

autos.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Xiomara

et al.

Meléndez

de

León,

Recurridos

v.

Hon. Julia Keleher, et al.

Peticionarios

CT-2018-0005

________________________________

Municipio de Morovis, et al.

Recurridos

v.

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, et al.

Peticionarios

Opinión de Conformidad emitida por Juez Asociado señor

COLÓN PÉREZ a la que se une la Juez Asociada señora

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.

Largo es el camino de

la enseñanza por medio

de

teorías;

breve

y

eficaz

por

medio

de

ejemplos.

Séneca

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de julio de 2018.

Allá

escritos

para

los

separados,

estudiantes

de

meses

de

mayo

un

grupo

de

las

escuelas

y

junio

padres

públicas

de

y

2018,

en

madres

de

del

país

(específicamente de la Región Educativa de Arecibo) y de

otra parte el Municipio de Morovis presentaron ante el

CT-2018-0005

2

Tribunal de Primera Instancia una petición de injunction

preliminar y permanente en la que solicitaron que se

detuviera el cierre de ciertas escuelas públicas por parte

del Departamento de Educación. En esencia, alegaron que en

el

cierre

de

las

escuelas

públicas

en

cuestión

la

mencionada agencia gubernamental no siguió los requisitos

dispuestos

en

la

Ley,

Reglamentos

o

Cartas

Circulares

aplicables. A dicha solicitud, el Departamento de Educación

se opuso. En síntesis, sostuvo que para el cierre de las

escuelas

públicas

criterios

como

disponibilidad

oportunidad

la

de

de

aquí

en

controversia

matrícula

espacio,

los

crecimiento

de

utilizaron

estudiantes,

programas

de

se

las

académicos,

escuelas

y

la

la

su

infraestructura, entre otros. Por lo que, a su juicio,

actuó conforme a la normativa que gobierna estos asuntos.

Evaluados los planteamientos de ambas partes, el Tribunal

de Primera Instancia concedió el injunction solicitado. De

esa determinación, el Departamento de Educación recurrió

ante

nos

mediante

recurso

de

certificación

intrajurisdiccional.

Por entender que en nuestra jurisdicción, en virtud de

la

doctrina

de

separación

escuela

decidir

si

una

cerrada

o

es

de

poderes,

pública

consolidada

le

la

facultad

de

permanece

abierta,

es

corresponde,

en

primera

CT-2018-0005

3

instancia, al Poder Ejecutivo,76 y por considerar que en el

caso ante nuestra consideración no están presentes aquellas

circunstancias -- de privación del derecho constitucional a

una educación primaria y secundaria

-- que ameriten

la

intervención del Poder Judicial con esa facultad delegada a

otro de los poderes constitucionales de gobierno, estamos

conformes con el resultado al que hoy llega este Tribunal

donde se revoca

la determinación del foro primario, en

cuanto al injunction solicitado.

Y es que, como sabemos, la doctrina de separación de

poderes

es

aquella

que

postula

que,

en

un

sistema

republicano de gobierno, como lo es el del Estado Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

cada

uno

de

los

tres

poderes

constitucionales de gobierno tiene facultades particulares,

las cuales éstos están llamados a respetar entre sí, de

manera

tal

que

se

impida

la

concentración

indebida

de

poderes en uno solo de ellos. Córdova y otros v. Cámara de

Representantes, 171 DPR 789, 799 (2007); Colón Cortés v.

Pesquera, 150

DPR

724,

752

DPR

405,

Hernández Colón,

127

dirección,

claramente

está

(2000);

Nogueras

426–427

(1990).

establecido

que

el

v.

En

esa

Poder

Legislativo es el llamado a formular las leyes, el Poder

Ejecutivo

a

implementarlas

y

el

Poder

Judicial

a

interpretarlas y a asegurarse de que las mismas cumplan con

Para quien suscribe, el decidir si una escuela pública permanece

abierta, es cerrada o es consolidada es una tarea eminentemente

administrativa en manos del Departamento de Educación de Puerto Rico.

76

CT-2018-0005

4

lo dispuesto en nuestra Constitución. Véase, Const. ELA,

LPRA Tomo 1.

De

conformidad

con

lo

anterior,

en

reiteradas

ocasiones este Tribunal ha sentenciado que los tres poderes

constitucionales deben ser cuidadosos de no extralimitarse

ejerciendo

funciones

delegadas

a

otro

de

los

poderes.

Rivera Schatz v. E.L.A. y C. Abo. PR II, 191 DPR 791, 802

(2014); Domínguez Castro v. E.L.A., 178 DPR 1, 91 (2010);

Colón Cortés v. Pesquera, supra, pág. 750.

En el caso

particular del Poder Judicial -- tal y como hoy hacemos -debemos

ser

en

extremo

cautelosos

de

no

interferir

en

prerrogativas legislativas o ejecutivas. Domínguez Castro

v. E.L.A., supra; Colón Cortés v. Pesquera, supra, pág.

752; Noriega v. Hernández Colón, supra, págs. 422–23.

Ciertamente, y como ya mencionamos, la facultad de

decidir

si

una

escuela

cerrada

o

consolidada,

pública

permanece

abierta,

a

luces,

una

todas

eminentemente administrativa, no

es

reglamentaria,

es

tarea

en manos

del Departamento de Educación de Puerto Rico, que -- en lo

relacionado

al

caso

que

nos

ocupa

--

dicha

agencia

gubernamental ejerce de conformidad con lo dispuesto en el

Compendio de Políticas del Departamento de Educación, C107. En ausencia de razones que lo justifiquen, no debemos

intervenir con tal proceder delegado a otro de los poderes

constitucionales de gobierno.

CT-2018-0005

5

Ahora bien, lo anterior no es óbice para manifestar

nuestra profunda preocupación con la forma y manera en que

dicha rama de gobierno, a través de su Departamento de

Educación, está llevando a cabo el proceso de cerrar y

consolidar escuelas públicas en nuestro país.

Ello, pues, para quien suscribe -– un juez formado en

las

escuelas

constitucional

públicas

a

la

del

país

educación

--,

primaria

el

y

derecho

secundaria,

establecido en el Art. II, Sec. V de la Constitución del

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

supra,

no

se

salvaguarda meramente garantizando que el o la estudiante

tenga

una

estructura

física,

es

decir,

una

escuela,

disponible para asistir. El derecho constitucional a la

educación

primaria

y

secundaria,

consagrado

en

nuestra

Carta Magna, sólo se garantiza asegurándonos que el niño,

la niña, el joven o la joven pueda llegar a esa escuela,

reciba el pan de la enseñanza y logre su pleno desarrollo

como hombre o mujer de bien.

En ese sentido, somos de la opinión que la decisión de

cerrar

o

consolidar

escuelas

descansar

meramente

en

el

públicas

número

de

–-

más

allá

estudiantes,

de

sean

muchos o pocos, matriculados en cierta casa de estudios,

como aparenta estar ocurriendo en el presente caso –- debe

ser una que tome en cuenta el sentir de las comunidades

donde ubican las mismas y las particulares situaciones que

éstas

enfrentan.

Lo

anterior,

ciertamente,

se

logra

a

CT-2018-0005

6

través de procesos abiertos a la participación ciudadana

donde todos los actores del triste drama humano que hoy

atendemos

--

entiéndase,

padres,

personal

del

Departamento

de

madres,

Educación

estudiantes

y

--

la

tengan

oportunidad de expresarse y puedan ser escuchados, aunque

finalmente

sea

el

Estado

quien

tome

la

decisión.

No

albergamos duda alguna de que procesos como esos expondrán

a

los

funcionarios

públicos

llamados

a

la

toma

de

decisiones en el asunto que nos ocupa a una diversidad de

factores sociales, económicos, geográficos, de seguridad e

infraestructura que bien pudiesen inclinar la balanza, de

un lado o del otro, al momento de decidir si una escuela se

cierra o es consolidada. Ello, a su vez, permitiría una

determinación

más

completa,

informada

y

cónsona

con

lo

dispuesto en el Art. II, Sec. 5 de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra.

Recordemos

que

la

mencionada

disposición

constitucional, en esencia, establece que:

Toda persona tiene derecho a una educación

que

propenda

al

pleno

desarrollo

de

su

personalidad y al fortalecimiento del respeto de

los derechos del hombre y de las libertades

fundamentales. Habrá un sistema de instrucción

pública el cual será libre y enteramente no

sectario. La enseñanza será gratuita en la

escuela primaria y secundaria y, hasta donde las

facilidades del Estado lo permitan, se hará

obligatoria

para

la

escuela

primaria.

La

asistencia obligatoria a las escuelas públicas

primarias, hasta donde las facilidades del Estado

lo permitan, según se dispone en la presente, no

se interpretará como aplicable a aquellos que

reciban

instrucción

primaria

en

escuelas

CT-2018-0005

7

establecidas bajo auspicios no gubernamentales.

Art. II. Sec. 5, Const. ELA, LPRA Tomo 1.

Distinto

a

lo

sucedido

en

la

creación

de

la

Constitución de los Estados Unidos de América, a nuestros

Constituyentes les pareció esencial que en la Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se reconociera

expresamente

el

derecho

a

la

educación

primaria

y

secundaria, de modo que éste no se concibiera como una

simple y mera aspiración. Véase, 2 Diario de Sesiones de la

Convención Constituyente 1455-1459 (1952). Al respecto, el

delegado señor Virgilio Brunet expresó:

Para que una democracia funcione en forma

adecuada, es preciso que el derecho a la

educación esté consignado, no solamente como un

derecho

del

ciudadano,

sino,

además,

debe

contener aquella disposición que haga al Estado,

que obligue al Estado a proporcionar un mínimo de

educación para que los estudiantes, los niños,

adquieran ese mínimo de preparación y puedan

enfrentarse a una lucha sin desigualdades en una

sociedad democrática. Diario de Sesiones, supra,

pág. 1457.

Asimismo, y no conformes con lo anterior, en aras de

reconocer un derecho a la educación de amplio alcance, los

miembros

de

la

meridianamente

estudio,

que

Convención

claro,

los

en

el

Constituyente

texto

puertorriqueños

y

dejaron

constitucional

las

bajo

puertorriqueñas

tienen derecho a una educación primaria y secundaria “que

propenda

al

pleno

desarrollo

de

su

personalidad

y

al

fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de

las libertades fundamentales”. Al así hacerlo, adoptaron la

acepción del derecho a la educación del Art. 26 y Art. XII

CT-2018-0005

8

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,

respectivamente.77

Dicha

concepción

del

derecho

educación, reconoce la educación como el medio

a

la

que “le

permite al individuo, realizarse en lo interno, y a su vez

como miembro de la familia, de la sociedad y como miembro

del grupo social”. Asociación

Costarricense Pro-Naciones

Unidas, La Declaración de Derechos Humanos, Comentarios y

Texto, Ed. Juricentro S. A., 1979, pág. 1983. Es decir, una

educación que “le prepare para la vida”. Íd.

Precisa señalar también, que dicha educación primaria

y secundaria será gratuita “hasta donde las facilidades del

Estado lo permitan”. Véase, Diario de Sesiones, supra, pág.

1460. Sobre el particular, los miembros de la Convención

Constituyente

señalaron

que

“[e]l

Estado

debe

tener

la

obligación de educar al pueblo, debe ser lo suficientemente

inteligente

y

cuidadoso,

para

economizar

en

ciertos

El Art. 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos lee de la

siguiente manera:

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación

debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la

instrucción

elemental

y

fundamental.

La

instrucción

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y

profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los

estudios superiores será igual para todos, en función de

los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los

derechos

humanos

y

a

las

libertades

fundamentales;

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre

todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos,

y promoverá el desarrollo de las actividades de las

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo

de educación que habrá de darse a sus hijos.

77

CT-2018-0005

9

aspectos administrativos y dedicar ese dinero a lo que es

fundamental: la educación del pueblo”. Íd., pág. 1468.

En

fin,

como

hemos

podido

notar

en

la

normativa

constitucional que antecede, una escuela pública es más que

una estructura física. Una escuela pública la componen sus

estudiantes,

sus

maestros

y

maestras,

el

personal

del

Departamento de Educación y la comunidad en general. Si

bien reconocemos que el Poder Ejecutivo tiene la potestad,

y está ejerciendo la misma, para ordenar el cierre o la

consolidación de escuelas públicas en nuestro país, dicha

determinación no debe ser una ajena a la comunidad donde

esa

escuela

ubica

y

las

particularidades

–-

sociales,

económicas, geográficas, de seguridad e infraestructura,

entre otras -– que rodean la misma. Ello, pues pudiese

darse el caso que, al no tomarse en cuenta los mencionados

factores, se tome una decisión que directa o indirectamente

prive

a

las

personas

constitucional

a

la

que

allí

educación

residen

primaria

y

del

derecho

secundaria.

A

juicio de quien suscribe, dicho escenario sí sería objeto

de revisión judicial.

Lamentablemente, -- según se desprende del expediente

ante

nuestra

consideración

y,

particularmente

de

los

testimonios vertidos ante el Tribunal de Primera Instancia

-- en el presente caso la parte demandante-recurrida no nos

ha puesto en posición de determinar que ésta fue privada

del

derecho

constitucional

a

la

educación,

primaria

o

CT-2018-0005

10

secundaria, o que los factores antes señalados no fueron

tomados en consideración al momento de cerrar las escuelas

públicas

objeto

del

presente

litigio. Falló

al

así

no

hacerlo y, en consecuencia, se cometió el error señalado.78

Para concluir, al igual que a los padres, madres y

estudiantes

aquí

demandantes-recurridos,

al

juez

que

suscribe le entristece que las escuelas públicas de nuestro

país se estén cerrando o consolidando. La realidad, no

obstante, es que la difícil situación fiscal que enfrenta

Puerto Rico obliga a ello.

Reconociendo lo anterior, sólo nos resta exhortar a

todos

los

componentes

del

Poder

Ejecutivo

a

que

las

economías o ahorros que se generen como producto del cierre

o consolidación de escuelas en el país sean redirigidos a

las escuelas públicas que permanezcan abiertas, de modo tal

que allí, en cumplimiento con el mandato constitucional

expuesto en el Art. II, Sec. 5 de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, los y las

estudiantes que aquí habitan tengan acceso a una educación

pública de excelencia. Ellos y ellas, y todo el que aspira

a construir un Puerto Rico mejor, se lo agradecerán.

Es menester señalar que al momento de evaluar la procedencia de un

injunction se deben examinar los siguientes criterios 1) la naturaleza

del daño; 2) la irreparabilidad del daño o inexistencia de un remedio

adecuado en ley; 3) la probabilidad de que la parte promovente

prevalezca; 4) la probabilidad de que la causa de torne académica; 5)

el posible impacto sobre el interés público; la diligencia y buena fe

con que ha obrado la parte peticionaria. Regla 57.3 de las de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57.3; Asoc. Vec. V. Caparra v.

Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304 (2008); Municipio de Ponce v. Rosselló,

136 DPR 776 (1994); P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 193 DPR

200 (1975).

78

CT-2018-0005

11

Si nos limitamos solamente a proveer una estructura

física a nuestros niños, niñas y jóvenes -– estructura que

llamamos escuela --, sin asegurarnos de que éstos y éstas

tengan un acceso a ella y puedan educarse en las mismas, el

derecho constitucional a la educación dejaría de ser un

derecho y se convertiría en un ideal. Estoy seguro de que

esa

no

fue

la

intención

de

los

miembros

de

nuestra

Convención Constituyente.

En fin, tal y como hemos sentenciado en el pasado en

casos relacionados al tema de la educación, pero esta vez

adaptado a las particularidades del presente litigio, no

olvidemos nunca que “sin estudiantes no hay escuelas, y sin

escuelas no hay país”. Menéndez González, et al. v. U.P.R.,

198 DPR 140 (2017),

págs. 147-148 (Op. Disidente, Juez

Colón Pérez).

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Xiomara

Meléndez

León et al.

de

Recurrida

v.

CT-2018-005

Hon. Julia Keleher, et

al.

Certificación

Intrajurisdiccional

Peticionaria

---------------------Municipio

et al.

de

Morovis,

Recurrida

Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, et al.

Peticionaria

Opinión disidente

ESTRELLA MARTÍNEZ

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

San Juan, Puerto Rico, a 16 de julio de 2018.

“El derecho fundamental a la

educación

trasciende

los

factores

de

enseñanza

y

aprendizaje e incide sobre

otros

derechos

de

igual

naturaleza

tales

como

la

vida, libertad y propiedad”.

Exposición de motivos, Ley de

Reforma Educativa de Puerto

Rico, Ley Núm. 85-2018, pág.

1.

El

cierre

de

escuelas

públicas

es

un

fenómeno

que

afecta multiplicidad de comunidades en muchos rincones de

los Estados Unidos y en el resto del mundo. Al igual que en

Puerto Rico, el

cierre en muchas ocasiones está basado

primordialmente

en

una

reducción

de

la

matrícula

de

CT-2018-0005

2

estudiantes, una merma poblacional, la necesidad de reducir

costos y eliminar escuelas con bajo rendimiento. De igual

forma, las políticas y normas administrativas que regulan

esos cierres están basadas en lo que parecieran ser un

objetivo neutral, a saber: mejorar los servicios educativos

con los recursos disponibles.

Ante esa realidad social y jurídica, la controversia

ante nuestra consideración no se reduce a contestar si el

Departamento de Educación (Departamento) tiene el poder de

cerrar

escuelas.

Ciertamente,

bajo

nuestro

ordenamiento

jurídico tiene esa facultad. Ahora bien, ¿puede ejercerla

en

el

vacío?

A

mi

juicio

no.

¿Están

amparados

los

estudiantes de educación especial de garantías dirigidas a

evitar que un proceso de cierre atropellado interfiera con

su derecho a la educación? ¿Le asiste el derecho a los

padres

y

madres

de

estudiantes

de

ser

notificados

oportunamente de las propuestas de cierres de escuelas, a

fin de participar y tener acceso a la información para

realizar una toma de decisiones responsable e informada en

asuntos que el Tribunal Supremo federal ha reconocido como

medulares, tales como el derecho de crianza de sus hijos e

hijas? ¿Existen reclamos exitosos y legítimos de igualdad

en la educación basados en cierres discriminatorios por

razones

vedadas

Departamento

a

constitucionalmente?

realizar

un

¿Está

procedimiento

obligado

el

administrativo

ordenado que promueva un adecuado uso de las facilidades

CT-2018-0005

públicas,

a

3

fin

de

que

las

escuelas

cerradas

no

se

conviertan en un almacén de equipo y libros abandonados,

frustrando así el objetivo de maximizar el uso de recursos?

¿Existe un reconocimiento de un derecho constitucional a la

educación y normas que procuran observar un debido proceso

de ley, a fin de evitar que un cierre abrupto de escuelas

públicas

interfiera

irrazonablemente

con

los

planes

educativos individualizados y otras herramientas educativas

que van dirigidas a procurar el bienestar y desarrollo de

la

niñez?

garantizar

¿Existe

una

la

obligación

transición

adecuada

del

en

Departamento

la

de

prestación

de

servicios individualizados, realizar evaluaciones previas y

custodiar responsablemente los récords de los estudiantes?

A mi juicio, todas estas interrogantes debieron ser

contestadas por este Tribunal en la afirmativa. Esperar a

que las escuelas cerradas sean vandalizadas, los récords y

el material educativo abandonados y que los estudiantes de

educación especial vean frustradas sus garantías federales

y estatales, conlleva irremediablemente no sólo al cierre

de escuelas, sino también al cierre de la justicia. No se

trata de otorgarle a los estudiantes o a los padres y

madres, ni mucho menos a la Rama Judicial, un poder de veto

contra el cierre de escuelas. De lo que se trata es de

que

el

Estado

ejerza

su

facultad

dentro

de

los

parámetros constitucionales y legales, y con el sentido

CT-2018-0005

4

común que debe imperar en una sociedad democrática.

ser

eso

lo

resuelto

por

una

Mayoría

de

este

Al no

Tribunal,

respetuosamente me veo obligado a disentir.

Para una mejor comprensión de los fundamentos en los

cuales baso mi

disenso,

procedo a exponer los

detalles

fácticos pertinentes al caso ante nos.

I

El 24 de mayo de 2018 varios codemandantes-recurridos,

todos padres de

Región

estudiantes en

Educativa

de

Arecibo,

escuelas públicas de la

presentaron

una

primera

petición de injunction preliminar y permanente en la que

solicitaron que se prohibiera el cierre de seis escuelas

por parte del Departamento.79 Establecieron que esa agencia

pública no siguió, para el cierre de estas escuelas, un

procedimiento válido y razonable en el se incluyera a la

comunidad

escolar.

Mucho

menos

que

se

hizo

el

estudio

requerido, de conformidad con la Carta Circular 33-2016-2017 y la

Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, Ley Núm. 85-2018. De esta

forma, arguyeron que se violó su derecho fundamental a la educación,

el debido proceso de ley y la igual protección de las leyes al no

realizarse un procedimiento previo a las consolidaciones de las

79Presentaron

esta petición de injunction la Sra.

Xiomara Meléndez De León, la Sra. Joanna López Medina, el

Sr. Rinaldi Fernández Pagán, la Sra. Ivette M. Montalvo

Mendoza, la Sra. Carmen E. Rosario Rodríguez y la Sra.

Zuleyma Maldonado Sierra. En ella demandaron a la

Secretaria del Departamento de Educación, la Hon. Julia

Keleher (Secretaria); la Directora de la Región Educativa

de Arecibo del Departamento de Educación, la Dra. Maribel

Colón González; al Departamento de Educación (Departamento)

y al Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

CT-2018-0005

5

escuelas. Asimismo, alegaron la nulidad de la Serie C-107

(Serie C-107) del Volumen C del Compendio de Política del

Departamento

análisis

para

de

Educación

operación,

denominada

rendición

y

Procedimiento

consolidación

y

por

necesidad de las escuelas del sistema público de Puerto

Rico para finales del año académico 2017-2018 (Compendio).

El

1

de

junio

de

2018

se

llevó

a

cabo

la

vista

correspondiente a la petición del injunction en la cual

testificaron

varias

madres

de

los

estudiantes

de

las

escuelas a cerrar.80 Específicamente, la Sra. Ashley Ríos

Mercado, la Sra. Xiomara Meléndez De León, la Sra. Ivette

M.

Montalvo,

Joanna

López

pretendía

la

Sra.

Medina

cerrar

las

Belmarie

Reyes

Aguilar

testificaron

que

escuelas

pesar

a

el

de

y

la

Sra.

Departamento

que

nunca

recibieron una notificación oficial a esos efectos. A su

vez, indicaron que son madres que asisten a diario a las

escuelas

y

que

nunca

observaron

funcionarios

del

Departamento verificando las condiciones de las facilidades

escolares. Por último, señalaron que sus hijos han estado

sufriendo emocionalmente por el anuncio del cierre de sus

escuelas.

80Cabe

señalar que al comienzo de la vista, el Estado

presentó una moción de desestimación la cual fue declarada

no ha lugar por el Tribunal de Primera Instancia

fundamentado en ser prematura. La moción establecía, en

esencia,

que

el

remedio

solicitado

constituía

una

intromisión indebida en el poder ejecutivo, que no procedía

el recurso extraordinario del injunction y que no es de

aplicación el debido proceso de ley en su vertiente

procesal.

CT-2018-0005

6

Luego de presentada la prueba de los codemandantesrecurridos, el Estado solicitó la desestimación, conforme

la Regla 39.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

sec. 39.2. Esta fue declarada sin lugar por el Tribunal de

Primera

Instancia.

No

obstante

lo

anterior,

la

parte

demandada se reiteró que era una controversia de derecho

por lo que sometió su caso sin presentar prueba alguna. A

esos efectos, el foro primario resolvió que procedía la

solicitud de injunction preliminar y citó a las partes para

una

vista

ordenó

sobre

que,

un

injunction

mientras

tanto,

permanente.

el

Así

Departamento

también,

cesara

y

desistiera de cerrar las escuelas.

El foro primario basó su decisión en que según la

jurisprudencia, cuando hay una crisis fiscal y se pretenda

afectar

derechos

adquiridos,

se

debe

tener

una

reglamentación clara y precisa que sea de aplicación justa

e imparcial para los afectados. De esa forma, concluyó que

la prueba presentada sostuvo que el Departamento cierra las

escuelas de forma arbitraria y caprichosa. Además, que no

notificó adecuadamente a las partes. Asimismo, afirmó que

la incertidumbre creada por el proceso llevado a cabo creó

en los padres y estudiantes un daño emocional irreparable,

peor

que

el

mismo

cierre

de

las

escuelas.

P or

último, ordenó al Departamento presentar en la vista para

CT-2018-0005

el

7

injunction

permanente

evidencia

que

justificara

su

actuación conforme a su reglamentación.81

Por otra parte, el 6 de junio de 2018, los otros

codemandantes-recurridos,

presentaron

una

injunction

preliminar.82

de

demanda

y

una

Alegaron

forma

independiente,

segunda

solicitud

que

el

de

Departamento

pretende cerrar unas escuelas en el Municipio de Morovis de

forma arbitraria, ilegal y caprichosa, incumpliendo con el

debido

proceso

afectarle

el

Arguyeron

que

de

ley

derecho

el

y

causándole

constitucional

Departamento

no

serios

daños

al

a

la

educación.

utilizó

criterios

objetivos ni científicos para tomar la decisión. A su vez

señalaron que el Departamento no informó de forma oficial

del procedimiento de cierre. Más aún, la determinación se

hizo

sin

considerar

las

opiniones,

observaciones

o

81El

4 de junio de 2018 los codemandantes presentaron

una

Solicitud

de

Sentencia

Parcial

en

torno

a

reglamentación aplicable al cierre de escuelas en la que

solicitaron que el Tribunal de Primera Instancia declarara

nula la Serie C-107 del Volumen C del Compendio de Política

del Departamento de Educación denominada Procedimiento y

análisis para operación, rendición y consolidación por

necesidad de las escuelas del sistema público de Puerto

Rico

para

finales

del

año

académico

2017-2018.

Oportunamente, el Gobierno de Puerto Rico se opuso y

solicitó que se desestimara la petición de injunction.

82Presentaron

la demanda y la petición de injunction el

Municipio de Morovis, representado por su Alcaldesa, la

Hon. Carmen I. Maldonado González; la Sra. Aleida Villafañe

Pagán; la Sra. Yamilleth Eidalgo Pérez; el Sr. Carlos

Cardona Santiago; la Sra. Jackeline Reyes Ginés; la Sra.

Aneysha Class; el Sr. Luis A. Salgado Camacho; la Sra.

Karla M. Ortiz Meléndez y la Sra. Daisy J. Cruz Alvarado.

En ella demandaron al Estado Libre Asociado de Puerto Rico

y al Departamento a través de su Secretaria, la Hon. Julia

Keleher.

CT-2018-0005

8

sugerencias de la Alcaldesa, de los padres, estudiantes ni

la

comunidad

escolar.

Por

último,

argumentaron

que

el

traslado de los menores les causa serias perturbaciones

emocionales, psicológicas y afecta su desarrollo académico

e intelectual.

Este

segundo

caso,

mediante

orden

del

Tribunal

de

Primera Instancia del 6 de junio de 2018, fue consolidado

con la primera petición de injunction. De esta forma, el

foro primario igualmente ordenó el cese y desista contra el

Departamento y mientras tanto dejó sin efecto el cierre de

las escuelas. Además, ordenó citar a las partes a la vista

del 11 de junio de 2018 sobre el interdicto permanente.83

En

la

vista

del

11

de

junio

codemandantes-recurridos

de

la

segunda

de

2018,

los

petición

de

injunction presentaron su prueba. Entre ella, testificó la

Alcaldesa de Morovis, la Hon. Carmen Maldonado González y

varios padres y madres de estudiantes de las escuelas a

cerrar en ese municipio, entre ellos la Sra. Ingrid M.

Santos Salinas, el Sr. Carlos Cardona Santiago, la Sra.

Aleida Villafañe Pagán, la Sra. Daisy J. Cruz Alvarado,

entre otros. De la regrabación de los procedimientos surge

que, igual a los otros codemandantes-recurridos,

éstos se

enteraron de la determinación del cierre por medio de las

83El

Estado presentó un recurso de certiorari ante el

Tribunal de Apelaciones y una Moción en Auxilio de

Jurisdicción. Esta última, fue declarada no ha lugar. Por

tanto, el foro primario mantuvo jurisdicción sobre las

controversias.

CT-2018-0005

9

redes sociales, la página electrónica del Departamento y

los periódicos. Asimismo, sostuvieron que las escuelas no

fueron visitadas por el personal del Departamento antes de

que se tomara la decisión del cierre de las escuelas.

Por

su

parte,

el

Departamento

presentó

su

prueba

correspondiente. Esta consistió, en primer lugar, en el

testimonio de la Dra. Yanira I. Raíces Vega, Secretaria

Auxiliar de Transformación, Planificación y Rendimiento. En

esencia,

explicó

que

para

el

cierre

de

escuelas

se

utilizaron criterios como la infraestructura, el cupo de

estudiantes, la disponibilidad de espacio, la matrícula,

los programas académicos y la oportunidad de crecimiento de

las

escuelas.

En

ese

sentido,

explicó

que

se

hizo

un

análisis cualitativo y cuantitativo. Sin embargo, aceptó

que desconocía si el comité evaluador se reunió con la

comunidad escolar. Por último, sobre la notificación del

cierre a los diferentes componentes escolares, expresó que

hubo

una

comunicación

oficial

del

directores

escolares,

quienes,

a

Departamento

su

vez,

a

los

eran

los

responsables de notificar a los estudiantes, padres y la facultad.

Expresó desconocer si esa última fase se llevó a cabo efectivamente.

En segundo lugar, testificaron la Sra. Judith Nieves Vélez, la

Sra. Paula Rodríguez Homs, la Sra. Lourdes Heyliger Valentín y el

Sr.

Alberto

Hernández

especiales.

síntesis, que

En

sus

Rojas,

todos

ellos

testimonios

participaron

del

proceso

ayudantes

expresaron,

en

decisional

para

CT-2018-0005

10

el cierres de las escuelas. Entre sus funciones estuvieron

el

visitar

las

escuelas

y

recopilar

información

para

proveerlas al comité evaluador.

Luego de presentada la prueba, el Tribunal de Primera

Instancia resolvió conceder el injunction permanente y así

mantener en vigor el cese y desista de cerrar las escuelas.

A

su

vez,

declaró

nula

la

reglamentación

aplicable

al

cierre de las escuelas. Fundamentó su decisión en que no

existe un proceso ni un informe integral que concluyera de

forma empírica cuáles escuelas se debían cerrar. Además,

entendió

que

el

método

para

la

notificación

de

la

determinación a la comunidad escolar fue a través de un

comunicado de prensa, por las redes sociales y por medio de

los directores escolares. En consecuencia, el foro primario

resolvió

que

directores

el

Departamento

escolares

cumplieran

no

garantizó

con

que

notificar

los

a

la

comunidad escolar. Por último, concluyó que el Estado no

tenía un proceso diseñado para

solicitar

reconsideración

o

que los padres

revisión

pudieran

administrativa

o

judicial de la decisión de la agencia.

Inconforme con tal proceder, el Gobierno de Puerto

Rico acudió al Tribunal de Apelaciones y sostuvo que el

Tribunal de Primera Instancia erró al denegar la moción de

desestimación; al expedir el recurso del injunction a pesar

que no se cumplió con los requisitos según la Regla 57.3 de

las

de

Procedimiento

Civil,

32

LPRA

Ap.

V,

sec.

CT-2018-0005

11

57.3; al expedir el injunction y en efecto impedir a la

Secretaria del Departamento (Secretaria) llevar a cabo las

facultades

que

consolidación

le

de

permiten

la

ley;

escuelas

constituyó

al

resolver

una

que

la

violación

al

derecho a la educación y al debido proceso de ley; al

declarar nula la Serie C-107, y por último, al reconocerle

legitimación activa al Municipio de Morovis. Oportunamente,

los codemandantes-recurridos se opusieron a la expedición

del auto de certiorari.

No obstante, mientras se encontraba pendiente ante el

foro

apelativo

intermedio

el

recurso

de

certiorari

presentado, el Gobierno de Puerto Rico acudió antes nos

mediante

certificación

incorporó

los

certiorari

ante

intrajurisdiccional,

argumentos

el

señalados

Tribunal

de

en

en

el

Apelaciones,

la

cual

recurso

de

y

también

presentó una Urgente Moción en Auxilio de Jurisdicción. A

esos

efectos,

expedimos

el

a

esta

recurso

última

y

le

le

proveímos

concedimos

no

cinco

ha

días

lugar,

a

los

recurridos para que se expresaran. Cumpliendo con la orden

emitida por este Tribunal, comparecieron los recurridos. En

síntesis, sostuvieron las alegaciones realizadas en el foro

primario.

Hoy,

sin

embargo,

una

Mayoría

de

este

Tribunal

lamentablemente

revocar

al

Tribunal

de

Primera

decide

Instancia

y

determinar que el Departamento puede cerrar las escuelas sin que los

padres,

madres

y

estudiantes

tengan

los

mecanismos

ni

los

CT-2018-0005

12

procedimientos

adecuados

para

cuestionar

o

expresar

su

posición al respecto. Sostienen que, a pesar que el derecho

a la educación es un interés libertario protegido por la

Constitución, en el caso de marras no aplica el debido

proceso

de

ley

dado

a

que

la

acción

gubernamental

alegadamente no incide de forma individual.

De esta forma, hoy se pierde la oportunidad de darle

mayor contenido y ejecutabilidad a uno de los derechos más

preciados que nuestra Constitución expresamente reconoce:

la educación.

Por

no

estar

de

acuerdo

con

ese

proceder,

respetuosamente disiento. Como expresé, debimos aprovechar

la ocasión para pautar los contornos procesales, dentro de

los parámetros constitucionales y legales aplicables, para

el cierre y consolidación de las escuelas públicas. Me

explico.

II

La educación de los pueblos, en no pocas ocasiones,

está cimentada en la Declaración Universal de los Derechos

Humanos. Puerto Rico no es la excepción. Véase, Exposición

de motivos, Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, Ley85-2018, págs. 6-7. En el Art. 26 de esa declaración se

dispone lo siguiente:

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La

educación debe ser gratuita, al menos en lo

concerniente

a

la

instrucción

elemental

y

fundamental.

La

instrucción

elemental

será

obligatoria. La instrucción técnica y profesional

habrá de ser generalizada; el acceso a los

CT-2018-0005

13

estudios superiores será igual para todos, en

función

de

los

méritos

respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno

desarrollo

de

la

personalidad

humana

y

el

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos

y a las libertades fundamentales; favorecerá la

comprensión, la tolerancia y la amistad entre

todas las naciones y todos los grupos étnicos o

religiosos, y promoverá el desarrollo de las

actividades de las Naciones Unidas para el

mantenimiento

de

la

paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger

el tipo de educación que habrá de darse a sus

hijos. (Énfasis suplido) Declaración Universal de

Derechos del Hombre, A.G. Res. 217 (III) A, N.U.

Doc. A/RES/217 (III) (10 de diciembre de 1948),

http://www.un.org/es/comun /docs/?symbol=A/RES/217

(III),

Conforme

a

esos

principios,

sabido

es

que

“la

educación ocupa un sitial prominente en nuestro país”. AMPR

v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253, 270 (2010). Tanto

así,

que

el derecho

a

la educación tiene

rango

constitucional. Declet Ríos v. Depto. de Educación, 177 DPR

765, 773 (2009). A tales efectos, la Sec. 5 de la Carta

de Derechos de

pertinente,

nuestra

que

Constitución

“[t]oda

una educación que

propenda

personalidad

al

y

los derechos del

persona

al

pleno

fortalecimiento

hombre

y

de

establece,

en

lo

tiene derecho a

desarrollo

del

de

su

respeto

de

las

libertades

fundamentales”. Art. II, Sec. 5, Const. ELA, Tomo 1, pág.

292. Esa

disposición

es

de

tal

importancia

“que

los

miembros de la Asamblea Constituyente incluyeron ‘el afán

por la educación’ como uno de los factores determinantes en

CT-2018-0005

nuestra

14

vida

como

pueblo

democrático”.

AMPR

v.

Srio.

Educación, E.L.A., supra.

A raíz de ese precepto constitucional, este Tribunal

ha reconocido, tímidamente, la importancia del disfrute a

la educación. Como bien expresó el ex Juez Asociado señor

Rebollo

López

en

su

Opinión

Concurrente

en

Bonilla

v.

Chardón, 118 DPR 599 (1987):

[La educación] resulta de cardinal importancia

para la subsistencia de nuestro actual sistema de

gobierno y para el crecimiento y mejoramiento del

mismo. No debemos perder de vista que la

delincuencia

y

la

explotación

del

menos

afortunado

precisamente

se

nutren

del

analfabetismo y de la ignorancia de un pueblo. No

cabe interpretar nuestra Constitución en una

forma que fomente el discrimen: la falta de

fondos para la educación nunca afecta a la clase

pudiente; la que siempre resulta perjudicada por

ello lo es la clase menos afortunada. Opinión

concurrente del Juez Asociado señor Rebollo López

en Bonilla v. Chardón, supra, pág. 621.

En

ese

educación,

interés,

hace

hemos

más

de

considerado

cuatro

el

derecho

décadas,

a

como

la

uno

fundamental. Pagán Hernández v. U.P.R., 107 DPR 720, 737738

(1978).

Más

aún,

utilizando

como

fundamento

la

Convención Constituyente, expresamos que está comprendido

en el derecho a la vida. Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116

DPR 414, 421 (1985).

En Bonilla v. Chardon, supra, este Tribunal se abstuvo

de considerar el ámbito del derecho a la educación bajo la

Constitución de Puerto Rico. Claro está, en aquel caso se

reconoció una causa de acción en daños y perjuicios a los

CT-2018-0005

estudiantes

15

con

diversidades

funcionales

del

programa

especial que fueron trasladados sin razón a otra escuela

que

no

disponía

de

los

recursos

físicos

y

humanos

necesarios para garantizar su derecho a la educación. Al

menos en aquella ocasión reconocimos un vehículo procesal

para respaldar ese derecho fundamental. Hoy, ni siquiera se

reconocen garantías mínimas de participación ciudadana.

Ante el balance de intereses en controversia, este

Tribunal no debió continuar eludiendo pautar el alcance del

derecho

a

la

educación

y

de

las

garantías

de

los

componentes de las comunidades escolares en el contexto de

un proceso de cierre de escuelas públicas. En ese sentido,

al igual que planteó la concurrencia en el caso de Bonilla

v.

Chardón,

supra,

no

debimos

ignorar

un

componente

esencial de la base jurídica del reclamo de los recurridos,

a saber: la Constitución de Puerto Rico. De esta forma, nos

correspondía reconocer, sin ambages, que la educación es un

derecho fundamental de rango constitucional.

Es decir, a la hora de dar contenido sustantivo a esa

garantía fundamental, en los momentos claves, este Tribunal

se

ha

quedado

Maestros

P.R.

tampoco

se

fundamental

en

el

v.

Srio.

concretizó

a

la

abstracto.

Más

Educación,

la

137

aspiración

educación

reciente

de

cobrara

en

Asoc.

DPR

528

(1994),

que

el

derecho

mayor

contenido

equiparando las diferencias de sectores vulnerables que no

han alcanzado la plenitud de ese derecho. Hoy, también

CT-2018-0005

quedan

en

16

el

abstracto

las

garantías

procesales

que

respaldan ese derecho fundamental.

Así

pues,

quedarnos

en

hoy

el

estábamos

abstracto

nuevamente

obligados

obviar

los

y

que

a

no

derechos

fundamentales requieren mecanismos para su reconocimiento y

aplicación. La controversia que nos ocupa ocurre en una

etapa

administrativa

previa

a

que

esas

potenciales

desgracias puedan ocurrir con algunos de los componentes de

las comunidades escolares. Hoy, estudiantes con diversas

necesidades y que aspiran a mantener la plenitud de su

derecho

a

la

Judicial

para

violaciones

educación,

tocan

evitar

cierres

a

que

garantías

las

de

puertas

de

escuelas

estatales

y

la

Rama

provoquen

federales.

Precisamente, el acceso a la justicia como derecho humano

fundamental es la llave maestra que abre las puertas al

ejercicio de derechos sustantivos. Véanse, Art. 1.002 (a)

de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24a

(a); Declaración Principal de la VII Cumbre Iberoamericana

de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de

Justicia

2

(29

de

noviembre

de

2002),

http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?f

olderId=24801&name=DLFE-1012.pdf.

Por tanto, teníamos el deber de pautar el alcance del

derecho constitucional a la educación en el contexto de la

implantación de planes de cierres de planteles escolares y

CT-2018-0005

17

proveer unas pautas que brinden el adecuado balance de

intereses. Por un lado, el interés del Estado en implantar

un plan de cierre de escuelas y, por otro lado, el interés

de

las

proceso

comunidades

escolares

se

unas

activen

de

velar

garantías

que

durante

dirigidas

a

que

ese

el

derecho a la educación no sea algo meramente abstracto, por

razón de que el traslado de estudiantes pueda violar alguna

norma estatal o federal, o lesionar garantías individuales

de estudiantes protegidos por estas.84

84No

obstante el marco conceptual antes expuesto,

resulta de suma importancia reconocer que si bien es cierto

que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha negado

a reconocer un derecho constitucional federal a la

educación, ese mismo foro ha reconocido la suma importancia

de la educación pública en la sociedad democrática en la

que vivimos. Véanse, Papasan v. Allain, 478 U.S. 265, 285

(1986) (“As Rodriguez and Plyler indicate, this Court has

not yet definitively settled the questions whether a

minimally adequate education is a fundamental right . . .

”.); Plyler v. Doe, 457 U.S. 202, 221 (1982) (“Public

education is not a ‘right’ granted to individuals by the

Constitution. San Antonio Independent School Dist. v.

Rodriguez, 411 U.S. 1, 35, 93 S.Ct. 1278, 1298, 36 L.Ed.2d

16 (1973). But neither is it merely some governmental

‘benefit’ indistinguishable from other forms of social

welfare legislation”.); San Antonio Indep. Sch. Dist. v.

Rodriguez, 411 U.S. 1, 35 (1973) (“Education, of course, is

not among the rights afforded explicit protection under our

Federal Constitution. Nor do we find any basis for saying

it is implicitly so protected”.); Plyler v. Doe, 457 U.S.

202, 221 (1982) (“We have recognized ‘the public schools as

a most vital civic institution for the preservation of a

democratic system of government,’ Abington School District

v. Schempp, 374 U.S. 203, 230, 83 S.Ct. 1560, 1575, 10

L.Ed.2d 844 (1963) (Brennan, J., concurring), and as the

primary vehicle for transmitting “the values on which our

society rests.” Ambach v. Norwick, 441 U.S. 68, 76, 99

S.Ct. 1589, 1594, 60 L.Ed.2d 49 (1979). ‘[A]s ... pointed

out early in our history, ... some degree of education is

necessary to prepare citizens to participate effectively

and intelligently in our open political system if we are to

preserve freedom and independence.’ Wisconsin v. Yoder, 406

CT-2018-0005

18

U.S. 205, 221, 92 S.Ct. 1526, 1536, 32 L.Ed.2d 15 (1972).

And these historic ‘perceptions of the public schools as

inculcating fundamental values necessary to the maintenance

of a democratic political system have been confirmed by the

observations of social scientists.’ Ambach v. Norwick,

supra, 411 U.S., at 77, 99 S.Ct., at 1594. In addition,

education provides the basic tools by which individuals

might lead economically productive lives to the benefit of

us all. In sum, education has a fundamental role in

maintaining the fabric of our society. We cannot ignore the

significant social costs borne by our Nation when select

groups are denied the means to absorb the values and skills

upon which our social order rests”.); San Antonio Indep.

Sch. Dist. v. Rodriguez, 411 U.S. 1, 35 (1973) (“As we have

said, the undisputed importance of education . . . ”.);

Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205, 221 (1972) (“[S]ome

degree of education is necessary to prepare citizens to

participate effectively and intelligently in our open

political system if we are to preserve freedom and

independence. Further, education prepares individuals to be

self-reliant

and

self-sufficient

participants

in

society”.); Brown v. Bd. of Ed. of Topeka, Shawnee Cty.,

Kan., 347 U.S. 483, 493 (1954) (“Today, education is

perhaps the most important function of state and local

governments”.); Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390, 400 (1923)

(“The American people have always regarded education and

acquisition of knowledge as matters of supreme importance

which should be diligently promoted”.). Véase, además,

Derek W. Black, The Constitutional Compromise to Guarantee

Education, 70 Stan. L. Rev. 735 (2018) (arguyendo que el

derecho

a

la

educación

es

uno

fundamental

en

la

constitución federal, a la luz de las particularidades y

hechos que suscitaron durante el proceso de la ratificación

de la decimocuarta enmienda y le readmisión de los estados

del sur).

Lo anterior no ha sido impedimento para que todos los

estados de la unión, en sus respectivas constituciones,

hayan establecido expresamente un derecho constitucional a

la educación. Véanse, Ala. Const. Sec. 256; Alaska Const.

Art. VII; Ariz. Const. Art. XI; Ark. Const. Art. XIV; Cal.

Const. Art. IX; Colo. Const. Art. IX; Conn. Const. Art.

VIII; Del. Const. Art. X; Fla. Const. Art. IX; Ga. Const.

Art. VIII; Haw. Cons. Art. X; Idaho Const. Art. IX; Ill.

Const. Art. X; Ind. Const. Art. VIII; Iowa Const. Art. IX;

Kan. Const. Art. VI; Ky. Const. Sec. 183-189; La. Const.

Art. VIII; Me. Const. Art. VIII; Md. Const. Art. VIII;

Mass. Const. Ch. V; Mich. Const. Art. VIII; Minn. Const.

Art. VIII; Miss. Const. Art. VIII; Mo. Const. Art. IX;

Mont. Const. Art. X; Neb. Const. Art. VII; Nev. Art. XI;

N.H. Const. Art. LXXXIII; N.J. Const. Art. VIII Sec. IV;

N.M. Const. Art. XII; N.Y. Const. Art. XI; N.C. Const. Art.

CT-2018-0005

19

III

Esos principios constitucionales antes reseñados son

los

que

conforman

el

andamiaje

gobierno

mediante

legislación

adecuado

promueva

para

la

que

el

educación.

Conforme al mandato constitucional, tan reciente como el 29

de marzo de 2018 se aprobó la Ley de Reforma Educativa de

Puerto Rico, Ley Núm. 85-2018. Esta legislación tiene como

fin el fijar la nueva política pública del Gobierno de

Puerto Rico en el área de educación. En lo pertinente, esta

legislación promueve expresamente la revisión y desarrollo,

por

medio

de

investigativo,

consenso

el

nuevo

y

estudio

marco

crítico-reflexivo-

filosófico,

sociológico,

psicológico y neurocientífico del sistema de instrucción

IX; N.D. Const. Art. VII; Ohio Const. Art. VI; Okla. Const.

Art. XIII; Or. Const. Art. VIII; Pa. Const. Art. III Secs.

14-15; R.I. Const. Art. XII; S.C. Const. Art. XI; S.D.

Const. Art. VIII; Tenn. Const. Art. XI; Tex. Const. Art.

VII; Utah. Const. Art. X; Vt. Const. Sec. 68; Va. Art.

VIII; Wash. Const. Art. IX; W. Va. Const. Art. X; Wis.

Const. Art. X; Wyo. Const. Art. VII.

Lo anterior no es casualidad. Durante el periodo de la

readmisión de los estados del sur con posterioridad a la

guerra civil, el Congreso les impuso a éstos ciertas

condiciones para concederle la misma. Black, op. cit., pág.

779. Una de esas condiciones fue el que los estados

consagraran en sus constituciones el derecho a la

educación. Aunque finalmente la referida condición no fue

avalada y adoptada, el profesor Derek W. Black sugiere que

los estados al solicitar admisión conocían de las

expectativas del Congreso en cuanto a que, en efectos,

éstos adoptaran ese derecho. Por tal motivo, es que Black

entiende que el derecho a la educación es uno implícito en

los Estados Unidos. Black, supra, págs. 778-781. De igual

modo, se puede razonablemente entender que a raíz de ese

evento entre los restante estados surgió un consenso en

cuanto a que el derecho a la educación es uno fundamental y

que

por

tal

razón

debe

ser

estar

garantizado

constitucionalmente.

CT-2018-0005

20

pública de Puerto Rico. A su vez, propende a fortalecer el

modelo educativo en el cual el estudiante es el centro y

eje principal de la educación y en el cual se permite que

las comunidades, incluyendo a los padres y madres, tengan

un rol más activo en la educación de sus hijos. A su vez,

se reconoce la necesidad de un sistema de rendición de

cuentas y la constante comunicación con la ciudadanía en

general, entre otros asuntos.

En lo concerniente a la controversia ante nos, este

estatuto

faculta

esencialmente

ser

al

Secretario

el

administrador

implantar la política pública

o

la

del

Secretaria

a

Departamento;

a

correspondiente; promulgar

reglamentos y procedimientos; velar por la sustentabilidad

del

sistema

preparando

y

manejando

el

presupuesto;

establecer alianzas con diferentes entidades; velar por el

bienestar físico y emocional de los estudiantes; establecer

y supervisar los asuntos académicos y administrativos de

todas las escuelas públicas de Puerto Rico, entre otros.

Además

de

todas

esas

facultades,

la

ley

autoriza

expresamente al Secretario o Secretaria a “[e]stablecer y

regular

la

reorganización

apertura

y

de

instalaciones

las

cierre,

consolidación

y/o

donde

las

operan

escuelas públicas de Puerto Rico, previa determinación de

necesidad. Disponiéndose que, para el cierre, consolidación

y/o

reorganización

de

las

instalaciones,

el

Secretario

seguirá́ el procedimiento establecido en el Artículo 8.01,

CT-2018-0005

21

inciso (f) de esta Ley”. Ley Núm. 85-2018, Art. 2.04(14).

De esta forma, queda meridianamente claro que el Secretario

tiene la facultad para consolidar y cerrar escuelas. La

interrogante es, ¿qué procedimiento es requerido para esos

propósitos de conformidad con las garantías aplicables?

El Art. 8.01 inciso (f) dispone que a partir del 1 de

julio de 2018, antes del cierre o consolidación de una

escuela se debe

preparar un estudio con indicadores de

medición. El mismo artículo dispone la información que debe

tener el estudio y ordena que debe estar a la disposición

del

público

en

el

distrito

escolar

y

en

la

página

de

internet. Indistintamente de que el proceso de cierre haya

comenzado antes de esa fecha, examinemos las garantías que

inexorablemente debe respetar el estado.

Los recurridos alegan que es de aplicación la Carta

Circular 33-2016-2017. En ésta se disponen los criterios

generales que se deben evaluar para el rediseño de las

escuelas.85 Así también, establece el procedimiento para el

análisis

y

evaluación

de

las

escuelas.

Particularmente,

dispone que debe haber un comité evaluador compuesto por

personal

del

nivel

central,

la

región

educativa

y

el

distrito escolar. Estos tomarán la información obtenida del

director escolar, maestros, padres, madres, estudiantes,

vecinos, alcaldes y otras entidades. Ese comité evaluador

85Los

criterios a tomar son, entre otros, los informes

estatales y federales; la infraestructura; el rendimiento

académico; la transportación escolar.

CT-2018-0005

22

deberá someter a la Secretaria los resultados del análisis

y sus recomendaciones finales del rediseño. Por último, la

Secretaria deberá comunicar su determinación por escrito.

Por su parte, los peticionarios establecen que esa

Carta Circular fue revocada por el Compendio. De esa forma,

establecen que el proceso a seguir es el establecido en ese

Compendio, específicamente, lo establecido en la Serie C107.

Allí

se

dispone

el

proceso

de

consolidación

de

escuelas. Los criterios utilizados y el proceso establecido

son

bastante

similares

a

los

establecidos

en

la

Carta

Circular. Se establece un comité evaluador que debe hacer

una recomendación a la Secretaria, y ésta última comunica

su determinación por escrito. Sin embargo, esta Serie C-107

no establece que se debe tomar en cuenta la información del

director escolar, maestros, padres, madres, estudiantes,

vecinos, alcaldes y otras entidades.

Para resolver si la Serie C-107 es de aplicación al

caso de autos o, en cambio, es nulo estamos obligados a

primero examinar los contornos del debido proceso de ley.

IV

A.

será

Nuestra

Constitución

privada

de

su

establece

libertad

o

que

propiedad

ninguna

persona

sin

debido

un

proceso de ley. Art. II, Sec. 7, Const. ELA, Tomo 1. Igual

derecho establece la Constitución de los Estados Unidos en

las Enmiendas V y XIV. Conocido es que el debido proceso de

CT-2018-0005

23

ley tiene dos dimensiones: la sustantiva y la procesal. En

lo

importante

para

el

caso

de

autos,

esta

segunda

dimensión, la procesal, “le impone al Estado la obligación

de garantizar que la interferencia con los intereses de

libertad y propiedad del individuo se haga a través de un

procedimiento que sea justo y equitativo”. Rivera Rodríguez

& Co. v. Stowell, etc., 133 DPR 881, 887-888 (1993). Para

que ese derecho aplique, según la Constitución, el primer

paso es determinar si está en juego un interés individual

de

libertad

o

propiedad.

Díaz

Carrasquillo

v.

García

Padilla, 191 DPR 97, 110-111 (2014). Es decir, si el Estado

interviene con algún interés propietario o libertario del

individuo

se

requiere

Fernández

Quiñones,

algún

Derecho

debido

proceso

de

ley.

D.

Administrativo

y

Ley

de

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra ed., Forum 2013,

sec. 6.3, pág. 405.

Ambos

intereses

han

sido

interpretados

por

los

tribunales. En lo pertinente, el derecho a la libertad ha

sido interpretado más allá de la restricción física. La

libertad

incluye

circunstancias

como

las

relaciones

paterno-filiales,86 el interés de un padre en criar a su

hijo,87 el interés que una agencia cumpla con las pautas

86Véase,

Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 116 DPR 298

(1985).

87Véase,

644 (2007).

Estrella, Monge v. Figueroa Guerra, 170 DPR

CT-2018-0005

24

reglamentarias que ha adoptado88 y el interés de adquirir

conocimiento.89

Véase,

J.J.

Álvarez

González,

Derecho

Constitucional de Puerto Rico, Bogotá, Ed. Temis, 2010,

pág. 608.

B.

Como

he

mencionado,

dos

aspectos

incluidos

en

el

interés libertario son la educación y la crianza de los

hijos. Sobre este último, el derecho constitucional de los

padres y madres a criar, cuidar y custodiar a sus hijos e

hijas,

el

expresado

Tribunal

que

Supremo

“[t]he

de

history

los

and

Estados

culture

Unidos

of

ha

Western

civilization reflect a strong tradition of parental concern

for the nurture

and upbringing

of their children.

This

primary role of the parents in the upbringing of their

children is now established beyond debate as an enduring

American tradition”. Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205, 232

(1972).

Ese

derecho

fue

expresamente

reconocido

por

el

Tribunal Supremo federal en Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390

(1923), mediante la siguiente expresión:

While this court has not attempted to define

with exactness the liberty thus guaranteed, the

term has received much consideration and some of

the included things have been definitely stated.

Without doubt, it denotes not merely freedom from

bodily restraint but also the right of the

individual to contract, to engage in any of the

88Véase,

Torres

v.

Junta

Ingenieros,

161

DPR

(2004).

89Véase,

Pagán Hernández v. UPR, 107 DPR 720 (1978).

696

CT-2018-0005

25

common occupations of life, to acquire useful

knowledge, to marry, establish a home and bring

up children, to worship God according to the

dictates of his own conscience, and generally to

enjoy those privileges long recognized at common

law as essential to the orderly pursuit of

happiness by free men. (Énfasis suplido) Meyer v.

Nebraska, supra, pág. 399.

De esa forma, fue que se liberalizó el significado de la

palabra

libertad

según

contenida

en

la

Decimocuarta

Enmienda, a los fines de incluir otras protecciones más

allá

de

la

mera

libertad

física.

No

obstante,

en

ese

momento se dio un alcance limitado a ese derecho en tanto y

cuanto se circunscribió al derecho de los padres y madres a

decidir el desarrollo educativo de sus hijos e hijas. Meyer

v. Nebraska, supra, pág. 400 (“The American people have

always regarded education and acquisition of knowledge as

matters of supreme importance which should be diligently

promoted. Corresponding to the right of control, it is the

natural duty of the parent to give his children education

suitable

to

their

states,

including

station

Nebraska,

in

life;

and

enforce

this

nearly

all

the

obligation

by

compulsory laws”.).

Dos años luego de haber decidido Meyer v. Nebraska,

supra, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos retomó el

tema del derecho de los padres a la crianza y educación de

sus hijos e hijas en Pierce v. Soc'y of the Sisters of the

Holy Names of Jesus & Mary, 268 U.S. 510 (1925). En esa

ocasión, el Tribunal Supremo federal se enfrentó a una

CT-2018-0005

26

legislación estatal que obligaba a los niños y niñas a

asistir

a

la

escuela

pública

del

distrito

donde

estos

residieran. Incurría en delito menos grave el padre o madre

que

incumpliere

con

el

referido

mandato.

En

respuesta,

varias escuelas privadas impugnaron la medida por, entre

otras cosas, interferir con el derecho de los padres y

madres a decidir cómo educar a sus hijos y a cuál escuela

enviarlos

para

fines

de

éstos

recibir

esa

educación.

Explicando de mejor forma el alcance y la justificación de

ese derecho, el máximo foro federal expresó que “[children

are] not [] mere creature of the state; those who nurture

him and direct his destiny have the right, coupled with the

high duty, to recognize and prepare [them] for additional

obligations”. Íd., pág. 535. De igual modo, basándose en

Meyer v. Nebraska, supra, dispuso que la legislación en

pugna indebidamente interfería

con

la libertad de los

padres y madres a dirigir, criar y educar a los niños y

niñas bajo su control. Íd., págs. 534-535. Es decir, amplió

y dio un contexto completo respecto a la extensión del

derecho de los padres y madres en controlar y dirigir la

crianza de sus hijos e hijas. Ello, pues sugirió que ese

derecho aplica a asuntos no estrictamente relacionados a la

educación de estos.

Finalmente,

ese

mismo

foro

ha

expresado

de

manera

clara y tajante que “[i]t is cardinal with us that the

custody, care and nurture of the child reside first in the

CT-2018-0005

parents,

27

whose

primary

function

and

freedom

include

preparation for obligations the state can neither supply

nor hinder”. Prince v. Massachusetts, 321 U.S. 158, 166

(1944). Ese derecho constitucional ha sido reiterado en

varias

ocasiones

por

el

máximo

foro

federal.

Véanse,

Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct. 2584, 2600 (2015)(“The

Court has recognized these connections by describing the

varied rights as a unified whole: ‘[T]he right to ‘marry,

establish a home and bring up children’ is a central part

of the liberty protected by the Due Process Clause’”.);

Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702, 720 (1997) (“In a

long line of cases, we have held that, in addition to the

specific freedoms protected by

the Bill of Rights, the

‘liberty’ specially protected by the Due Process Clause

includes the . . . right[] to direct the education and

upbringing of one's children . . .”.); Santosky v. Kramer,

455 U.S. 745, 753 (1982)(“The absence of dispute reflected

this

Court's

historical

recognition

that

freedom

of

personal choice in matters of family life is a fundamental

liberty interest protected by the Fourteenth Amendment”.);

Quilloin v. Walcott, 434 U.S. 246, 255 (1978) (“We have

recognized

on

numerous

occasions

that

the

relationship

between parent and child is constitutionally protected”.);

Cleveland Bd. of Educ. v. LaFleur, 414 U.S. 632, 639–640

(1974) (“This Court has long recognized that freedom of

personal choice in matters of marriage and family life is

CT-2018-0005

28

one of the liberties protected by the Due Process Clause of

the Fourteenth Amendment”.).

Por otro lado, aunque nuestro ordenamiento está escaso

de

pronunciamientos mayoritarios

en

torno

al

derecho

constitucional antes analizado, en Rexach v. Ramírez, 162

DPR 130(2004), este Tribunal estableció que “indudablemente

en

Puerto

Rico

los

padres

fundamental

a

criar,

protegido

tanto

por

y

cuidar

la

madres

y

tienen

custodiar

Constitución

un

derecho

sus

hijos,

Estado

Libre

a

del

Asociado de Puerto Rico como por la Constitución de Estados

Unidos”. Íd., pág. 148.

C.

Teniendo en mente que el debido proceso de ley en su

vertiente procesal aplica cuando se pretende afectar un

interés

libertario

incluyendo

el

derecho

a

adquirir

conocimiento y el de criar a sus hijos, debemos examinar el

hecho que se afecte de forma individual. Es decir, debemos

analizar qué significa un “interés individual” conforme lo

ha

requerido

nuestra

jurisprudencia

y

la

del

Tribunal

Supremo federal.

De las posturas que avalan el dictamen mayoritario, se

revela

que

la

actuación

validada

del

Departamento,

en

cuanto al cierre de algunos planteles escolares, es una de

aplicación general y policy based. Asimismo, se sugiere que

CT-2018-0005

29

el agravio que sufren los recurridos es uno que sólo puede

ser

atendido

tribunales.

por

Para

la

vía

política,

su

no

por

los

determinación,

algunos

miembros de la

Mayoría citan varios casos del

Tribunal

Supremo

que

federal

sostener

mas

hacen

una

distinción

entre

hechos

adjudicativos y legislativos. En el primero, se activa el

debido proceso de ley, mientras que en el segundo no. Así,

alcanzan a determinar que, en el caso ante nos, el debido

proceso de ley no aplica.

Gran parte de ese raciocinio descansa en lo decidido

por

el

Tribunal

Supremo

de

los

Estados

Unidos

en

Bi-

Metallic Inv. Co. v. State Bd. of Equalization, 239 U.S.

441

(1915).

administrativos

En

esa

ocasión,

del

estado

de

varios

Colorado

organismos

determinaron

aumentar el valor de las propiedades en 40% para fines

contributivos. Consecuentemente, un dueño de bienes raíces

impugnó esa determinación, toda vez que no se le brindó la

oportunidad de ser escuchado en el proceso que conllevó a

la aprobación de la referida determinación. Al disponer de

la controversia, el máximo foro

federal dispuso que la

Constitución no requiere que se le provea audiencia a los

ciudadanos

en

cualquier

acto

público

que

realice

el

gobierno. Así, dispuso que el único derecho que tiene un

ciudadano para ser escuchado en la aprobación de estatutos

o en el ejercicio de ciertas determinaciones que sean de

aplicación general es aquel brindado naturalmente por el

CT-2018-0005

30

proceso político en una sociedad democrática; el poder de

votar. Por tal motivo, entendió que en ese caso no era

necesario brindarle al demandante la oportunidad de ser

escuchado, toda vez que el estatuto en cuestión era uno de

aplicación general.90

Ahora bien, distinto fue el caso cuando ese tribunal se

enfrentó a la controversia plasmada en Londoner v. City &

Cty. of Denver, 210 U.S. 373 (1908). En ese caso, el máximo

foro federal, distinto a lo decidido en Bi-Metallic Inv.

Co. v. State Bd. of Equalization, supra, determinó que

ciertas personas tenían derecho a ser escuchados previo a

la aprobación de un impuesto. Ello, pues, en ese caso en

particular, la legislatura del estado, en vez de fijar el

impuesto, delegó ese poder a una junta local, la cual tenía

entera discreción para determinar establecer un impuesto,

el porcentaje del mismo y a quién imponérselo. De ese modo,

determinó

que

cuando

ese

sea

el

marco

jurídico,

las

personas que estarán sujetas a

ese impuesto tendrán un

derecho

el

a

ser

escuchadas

sobre

mismo,

previo

a

su

aprobación. Londoner v. City & Cty. of Denver, 210 U.S.

373, supra, págs. 385–386. (“But where the legislature of a

90Un

punto importante que debemos resaltar es que en

este caso se fundamentó la decisión en lo siguiente: el

número de personas que hubiera tenido que escuchar la

junta; que los que estuvieran en desacuerdo podían utilizar

la elecciones para sacar a los representantes de la junta;

que

la

decisión

fue

de

carácter

general

y

no

individualizada, y que cada propietario individualmente

podía cuestionar la evaluación individual de su propiedad

en la factura. D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra ed., Forum 2013, sec.

6.4, pág. 407.

CT-2018-0005

31

state, instead of fixing the tax itself, commits to some

subordinate body the duty of determining whether, in what

amount, and upon whom it shall be levied, and of making its

assessment and apportionment, due process of law requires

that, at some stage of the proceedings, before the tax

becomes

irrevocably

fixed,

the

taxpayer

shall

have

an

opportunity to be heard, of which he must have notice,

either personal, by publication, or by a law fixing the

time and place of the hearing”.).

Por otro lado, un sector de la Mayoría recurre a un

artículo del Profesor Meléndez Juarbe para sustentar su

postura.

Véase,

H.A.

Meléndez

Juarbe,

Constitucional, 75 Rev. Jur. UPR 29 (2006).

profesor

sostiene

que

cuando

el

Derecho

En este, el

Estado,

con

sus

actuaciones, afecta a ciertos individuos y sus derechos,

entonces

éstos

últimos

estarán

protegidos

por

la

Constitución. Íd., pág. 38. Pero cuando el Estado actúa de

manera general sobre el pueblo, éste sólo tendrá disponible

los canales políticos para atender su agravio personal.

Íd.,

pág.

37.

Ahora

bien,

no

debemos

omitir

algunos

contornos del artículo citado. En ese sentido, Meléndez

Juarbe indica que cuando a unos ciudadanos se les “quita

algo”, ese algo siendo un derecho propietario o libertario,

entonces

serán

de

aplicación

las

protecciones

constitucionales. Íd., pág. 40. Nótese, además, que gran

parte

de

lo

abordado

por

éste

se

relaciona

al

marco

CT-2018-0005

jurídico

32

relacionado

al

derecho

administrativo.

A

esos

efectos, dispuso lo siguiente:

Es por esto que las determinaciones de

política pública de las agencias administrativas

ocurren mediante un procedimiento estatutario de

reglamentación que sólo como cuestión legal (no

constitucional) requiere participación pública;

mientras que las adjudicaciones activan el marco

de análisis del debido proceso pautado por Mathews

v. Eldridge. Ello, claro está no impide que en un

procedimiento estatutario de reglamentación a su

vez se tomen determinaciones que en un sentido

constitucional impliquen una adjudicación, siempre

que el procedimiento se ajuste para cumplir las

garantías mínimas del debido proceso de ley. Es

por esto también que determinaciones de política

pública tomadas por la Asamblea Legislativa pueden

adoptarse sin participación pública alguna (como,

por ejemplo, la tasa contributiva aplicable a un

impuesto por ventas y uso) mientras que la

aplicación de esa determinación a unos hechos

particulares sí lo requiere (ante el alegado

incumplimiento de la ley por un individuo).

(Énfasis suplido) Íd., pág. 37.

Ante

lo

importante

expuesto

destacar

por

la

el

dictamen

distinción

mayoritario,

entre

los

es

hechos

adjudicativos y los hechos legislativos resaltada por el

Profesor Fernández Quiñones siguiendo lo expresado por el

Profesor Davis. Éste indica que los hechos adjudicativos

son

los

que

actividades,

tienen

que

negocios

y

ver

con

propiedad’.

“‘las

partes,

Mientras

que

sus

los

segundos, por regla general, no están relacionados con las

partes, en forma inmediata. Son hechos que ayudan a los

tribunales a decidir las cuestiones de derecho y política

que se le presentan”. Fernández Quiñones, op. cit., sec.

6.4, pág. 408. En el caso ante nos, no estamos ante hechos

legislativos. Los reclamos que están en disputa en este

CT-2018-0005

33

caso no están “distanciados de la vida de las partes y de

su

conocimiento”.

contribuir

a

su

Íd.

Mucho

desarrollo

menos

están

lejos

de

no

como

dispone

el

Profesor

Fernández Quiñones. Por tanto, debería ser de aplicación el

debido proceso de ley.

Lo anterior cobra mayor relevancia cuando traemos a

colación que este Tribunal omite reconocer el derecho de

los padres y madres a la crianza y educación de sus hijos.

Así, vemos como, en efecto, se ignora que existen derechos

constitucionales

fundamentales

en

pugna

a

base

de

la

actuación gubernamental en controversia.

Nótese que, en el caso ante nos, la actuación por

parte del Departamento

no es una mera determinación en

virtud de determinada política pública. Tampoco se puede

asimilar tal proceder con un acto legislativo, en el cual

los representantes elegidos por el pueblo aprueban leyes de

aplicación general. La referida actuación es una específica

que

atenta

particular.

específico

contra

ciertos

planteles

ciertos

Ante

ese

acto,

los

que

se

a

son

les

vulnera

su

escolares

en

estudiantes

en

derecho

la

a

educación. De igual modo, son ciertos padres a los que se

le ve afectado el derecho de crianza y educación de sus

hijos.

Ello,

pues

el

cierre

de

planteles

escolares

ciertamente afecta los planes de crianza que estos padres

tenían para con sus hijos. Ahora bien, no se trata de decir

si la Secretaria poseía ese poder, ciertamente lo posee. Lo

CT-2018-0005

medular

es

34

que

a

la

luz

de

esos

dos

intereses

antes

mencionados había que brindar un proceso, en el cual los

padres

de

estos

estudiantes

pudieran

expresar

sus

preocupaciones, participar para velar el cumplimiento de

los

planes

educativos

alternativas

y

brindar

salvaguardar

y

proteger

individualizados,

soluciones,

el

derecho

con

de

discutir

el

estos

fin

de

sobre

sus

hijos. Nótese que nada de lo anterior se hizo.

D.

Tan pronto se determine que se requiere algún tipo de

debido proceso de ley por intervenirse con un interés de

propiedad o libertad es necesario precisar el momento en

que hay que conceder el debido proceso de ley. Para ello el

Profesor

Fernández

Quiñones

explica

que,

como

regla

general, “el debido proceso de ley se concede antes de que

sea efectiva

la

determinación

administrativa”. Fernández

Quiñones, op. cit., pág. 405.

Luego de determinar la etapa en que es requerido el

debido

proceso

específicos

del

de

ley,

hay

que

procedimiento.

examinar

Fernández

los

elementos

Quiñones,

op.

cit., pág. 406. Es decir, hay que determinar cuál es el

procedimiento

exigido

(what

process

is

due).

P.A.C.

v.

E.L.A. I, 150 DPR 359, 376 (2000). Diversas situaciones

pueden requerir diferentes tipos de procedimientos. Para

determinar cuál procedimiento es el exigido, se toman en

consideración los siguientes criterios: (1) cuáles son los

CT-2018-0005

35

intereses individuales afectados por la acción oficial; (2)

el

riesgo

de

una

determinación

errónea

que

prive

a

la

persona del interés protegido mediante el proceso utilizado

y el valor probable de garantías adicionales o distintas, y

(3)

el

interés

gubernamental

protegido

con

la

acción

sumaria y la posibilidad de usar métodos alternos. Íd. Como

parte de esos criterios, la jurisprudencia ha reconocido

que es requisito del debido proceso de ley lo siguiente:

“(1) notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante un

juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (5) derecho a

contrainterrogar

testigos

y

examinar

evidencia

presentada en su contra; (6) tener asistencia de abogado, y

(7) que la decisión se base en el record”. Rivera Rodríguez

& Co. v. Stowell, etc., supra, pág. 889. Con relación a la

notificación, este Tribunal ha expresado que su importancia

radica en que es necesario para que la parte afectada pueda

ejercer el derecho que entienda que procede. Plan de Salud

Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714 (2011); Dávila

Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86 (2011). Y es

que tenemos que tener presente que el debido proceso de ley

es la protección principal contra privaciones arbitrarias.

Rivera Rodríguez & Co. v. Stowell, etc., supra.

V

Normalmente, cómo los ciudadanos van a incorporarse en

los

procesos

gubernamentales

dependerá

del

tipo

de

procedimiento que se esté llevando a cabo ante la agencia.

CT-2018-0005

En

otras

36

palabras,

procedimiento

de

generalmente

reglamentación

dependerá

o

de

de

si

es

un

adjudicación.

La

distinción al respecto es sobre quién es parte en cada

procedimiento.

Por

un

lado,

en

el

caso

de

los

procedimientos de reglamentación, la persona que participa

no es considerada parte, debido a que se entiende que la

norma a pautarse es de aplicación general. Por otro lado,

aquel que participa en el proceso adjudicativo, y cuyos

derechos y obligaciones pueden verse afectados, debe ser

considerado como parte en el proceso. Ciertamente, esto se

debe

a

que

el

resultado

del

proceso

es

de

aplicación

particular. Véanse, Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178

DPR 563, 586 (2010); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero

Badillo, 177 DPR 177, 188 y 191 (2009).

Aparte de esa visión tradicional, existen voces que

cuestionan la justificación de la política jurídica que

priva

a

una

persona

que

participa

de

un

proceso

de

reglamentación de ser notificada. A modo de ejemplo, la

Profesora Érika Fontánez Torres considera que estos todavía

son los remanentes de aquella visión gerencial, en la cual

se consideraba que las agencias eran expertas. É. Fontánez

Torres, El derecho a participar: Normas, estudios de caso y

notas

para

una

concreción,

68 Rev.

Col.

Abog.

PR

631

(2007). Además, esta visión está enmarcada en la noción de

la

representación

como

motor

de

la

democracia,

con

la

consecuencia de no fomentar el rol de la participación en

CT-2018-0005

37

el mantenimiento y desarrollo de ese sistema democrático.

Véanse, C. Coglianese, Citizen Participation in Rulemaking:

Past, Present and Future, 55 Duke L.J. 943 (2006); C.A.

Atehortua Ríos, El Derecho Administrativo en Colombia y la

modernización del Estado, 2 Rev. Derecho del Estado 131

(1997).

De

esta

forma

se

cuestiona

si

no

resulta

un

contrasentido que a mayor grado de aplicación de una acción

administrativa

menos

dentro

garantías

acción

de

de

del

poder

participación

reglamentación

no

reglamentario,

ciudadana.

podría

existan

¿Acaso

desembocar

en

esa

un

eventual proceso cuasi-judicial? ¿Podrían resultar tardías

las garantías contenidas en el proceso adjudicativo? Estas

interrogantes

han

sido

atendidas

efectivamente

en

otras

jurisdicciones que fomentan un mayor grado de participación

en el proceso de reglamentación. En nuestra jurisdicción

aún no han sido atendidas.

Por tanto, la controversia ante nos constituía una

oportuna ocasión para fortalecer las garantías del debido

proceso de ley en ese contexto. De esa forma, este Tribunal

podía

aprovechar

la

oportunidad

y

contestar

las

interrogantes antes planteadas. Y es que, ¿acaso las normas

administrativas

públicas

no

y

el

proceso

de

cientos

de

escuelas

tiene

un

efecto

mucho

mayor

que

un

acto

individual de adjudicación y un alcance más amplio que un

acto cuasi-legislativo de la agencia? ¿Cómo ignorar que el

CT-2018-0005

proceso

38

de

cierre

Departamento

de

conlleva

aplicación

general

comunidades

escolares

las

el

escuelas

acto

pero

que

de

por

parte

del

emitir

normas

de

directamente

en

inciden

fácilmente

identificables

por

esa

agencia? ¿Cómo ignorar que cada cierre de escuela conlleva

un proceso de evaluación individual de cada expediente de

estudiantes para asegurar el cumplimiento de los requisitos

de las normas federales y las garantías constitucionales

que

cobijan

existencia

a

de

los

un

estudiantes

estado

de

del

derecho

sistema?

que

Ante

la

sustantivamente

provee unas garantías, no podemos validar la ausencia de

una

notificación

adecuada.

Sin

unos

procedimientos

efectivos para las reclamaciones de la gente común, los

derechos serán simbólicos.91

El

acceso

a

la

justicia

como

un

derecho

humano

fundamental y el debido proceso de ley exigen un mayor

grado

de

reconocimiento

y

apertura

a

la

participación

ciudadana en un proceso administrativo que impacta la vida

de cientos de comunidades escolares. No estamos ante un

reclamo individual solamente, ni ante un mero reglamento

insignificante.

Es

imposible

que

ese

tipo

de

proceso

ofrezca unas garantías de notificación en virtud del debido

proceso de ley y que, ante el proceso formal de cierre de

cientos de escuelas, nos hagamos de la vista larga a la

Véase, M. Cappelletti & B. Garth, Access to Justice:

The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights

Effective, 27 Buff. L. Rev. 181, 183 (1978).

91

CT-2018-0005

39

hora de servir de contrapeso al ejercicio del poder del

Estado.

El

propio

Estado

lo

reconoce

al

establecer

diáfanamente y en la primera oración de la exposición de

motivos

que

“[e]l

derecho

fundamental

a

la

educación

trasciende los factores de enseñanza y aprendizaje e incide

sobre otros derechos de igual

naturaleza tales como la

vida, libertad y propiedad”. Exposición de motivos, Ley de

Reforma Educativa de Puerto Rico, Ley Núm. 85-2018, pág. 1.

Y es que tiene que ser así porque la educación incide en

múltiples esferas de la vida familiar.

Todo lo anterior lo reafirma la propia ley en varias

de

sus

disposiciones.

La

ley

es

clara

al

reconocer

en

multiplicidad de esferas la participación ciudadana y la

oportunidad de que los padres, madres y estudiantes sean

escuchados y notificados en las diferentes facetas de la

educación de nuestra niñez. Veamos.

En primer lugar, el Art. 1.02 de esa ley establece

como unos de sus pilares esenciales el que las escuelas

tengan que desarrollar estrategias con el fin de contar con

el compromiso y participación de las comunidades. De igual

forma,

ese

artículo

buscar

integrarse

al

establece

desarrollo

que

“las

escuelas

comunitario

deben

mediante

su

interacción con otras agencias del Estado y colaborando

entre éstas para atender las necesidades de la escuela y de

la comunidad”. Ley Núm. 85-2018, Art. 1.02(7). Además, el

CT-2018-0005

40

estatuto “requiere la participación de todos los sectores

de la sociedad”. Íd., (8).

Los actores principales de la comunidad escolar –el

estudiante- también expresamente tiene en la ley vigente

unas garantías de participación en el Art. 1.002(e)(10).

Particularmente, se dispone que la escuela deberá promover

que

el

estudiante

derechos

y

desarrolle

deberes

una

ciudadanos

“[c]onciencia

y

la

de

sus

disposición

para ejercerlos mediante la participación en decisiones de

la comunidad”. (Énfasis suplido) Ley Núm. 85-2018, Art.

1.02(e)(10). Sería un contrasentido pautar que esa política

pública de promover que el estudiante participe en las

decisiones

de

impacto

comunitario,

paradójicamente,

implique excluirlo totalmente a priori de los procesos de

cierre y que tenga que enterarse posteriormente en redes

sociales.

Por otro lado, la ley establece que los estudiantes

tendrán el derecho, en lo pertinente, a que “se le escuche

regular y sistemáticamente, para que puedan expresar sus

opiniones oportunamente, en forma ordenada y respetuosa,

manteniendo autocontrol, y mientras no interfiera con los

procesos de enseñanza de la escuela”. Art. 9.01(o). De otra

parte,

la

ley

“[r]ecibir

le

reconoce

información

sobre

a

los

el

padres

desempeño

el

derecho

académico

a

del

estudiante y todo lo concerniente a su educación”. (Énfasis

suplido)

Art.

11.01(b).

Así

también,

tienen

derecho

a

CT-2018-0005

41

“[r]ecibir regularmente y tener acceso a la información

sobre

el

desempeño

académico

y

administrativo

de

la

escuela, de manera clara y transparente”. (Énfasis suplido)

Íd., Art. 11.01(c). Por último, la ley los faculta a exigir

que se “le dé oportunidad, por lo menos una vez al mes y en

ocasiones

de

emergencia

opiniones

oportunamente

o

en

crisis,

forma

para

expresar

ordenada

y

sus

respetuosa,

manteniendo autocontrol, mientras que no interfiera con los

procesos de enseñanza de la escuela”. (Énfasis suplido) Íd.

11.01(g).

Esos derechos reconocidos en la ley, también obligan a

los componentes educativos. Específicamente, la ley obliga

a

los

superintendentes

de

las

regiones

educativas

a

“[p]romover y viabilizar la participación y los acuerdos

colaborativos con la comunidad, el tercer sector y otras

entidades

que

repercutan

en

beneficio

de

la

comunidad

escolar y general”. Íd., Art. 2.08(t). Así tambien, la ley

obliga

a

los

directores

escolares

a

“[p]romover

la

colaboración, participación e integración de los padres y

la

comunidad

en

la

gestión

educativa

de

la

escuela”.

(Énfasis suplido) Íd., Art. 2.09(m). Igual obligación tiene

el consejo escolar. Íd., Art. 6.05(d). Este contempla el

rol activo de los padres y madres de estudiantes en la

aportación de soluciones y fomenta su participación.

De otra parte, el Art. 6.02 reconoce la importancia de

la

participación

inclusiva

al

disponer

que: el

personal

CT-2018-0005

docente

y

42

administrativo

de

la

escuela,

procurará

la

participación y colaboración de los estudiantes, padres y

la

comunidad

iniciativas

para

que

la

creación

impacten

de

diversos

positivamente

proyectos

e

escuela

y

la

enriquezcan la experiencia educativa del estudiante; y que

hagan de los planteles centros vibrantes de participación

inclusiva. Ciertamente, esa no es la dinámica que se ha

exhibido en la implantación del plan de cierre que nos

ocupa.

Nótese que todas estas garantías de participar no van

dirigidas a establecer un poder de veto de la comunidad

escolar, pero sí a que los tomen en cuenta para recoger el

insumo

y

velar

que

no

individuales. Nuevamente,

se

esa

atropellen

garantías

participación

no

es

abstracta.

De acuerdo a todo lo antes mencionado, entiendo que es

hora ya de que la participación ciudadana deje de ser un

cliché contenido en declaraciones de política pública pero

que

a

la

hora

constitucional

realmente

y

cumplan

de

las

agencias

legislativo

con

esa

no

ejecutar

adopten

política

el

mandato

mecanismos

pública

que

inheremente

ligada al debido proceso de ley y al acceso a la justicia

como derecho humano fundamental.

El

modelo

centralizados

gerencial

conduce

a

de

grandes

elaboración

de

planes

errores. Ese

modelo

es

endeble y está poco fundamentado en la democracia. Así,

CT-2018-0005

43

existe el reto de reconciliar el peritaje administrativo

con la transparencia y la participación ciudadana que exige

el modelo democrático. De esta forma, desde San Juan, se

puede cerrar una escuela y reubicar a otra escuela que

recientemente

recibió

fuertes

embates

por

el

Huracán

María. Si no visitamos el campo, si no recogemos el sentir

del personal directivo, docente y las comunidades escolares

se cometen desaciertos que diluyen el interés legítimo que

pueda tener el Estado en su plan. Por tanto, entiendo que

es

momento

de

fomentar

la

teoría

participativa,

la

cual

enfatiza

participación

no

sólo

para

decisiones,

sino

también

de

la

democracia

importancia

influir

para

la

de

la

de

en

la

toma

fortalecer

la

capacidad

cívica y el capital social. Sólo de ese modo damos vida a

las

garantías

del

debido

proceso

de

ley

y

el

derecho

pública

de

la

Ley

de

reconoce

la

fundamental a la educación.

VI

De

Reforma

igual

modo,

Educativa

la

de

política

Puerto

Rico,

supra,

interacción que de facto y de jure se da entre las escuelas

públicas

y

realidad

del

los

gobiernos

impacto

municipales. Desvincular

socioeconómico

que

tendrán

la

los

gobiernos municipales al perder una cantidad sustancial de

escuelas es enajenarse de la dinámica que se da en los

barrios y comunidades, por ejemplo, de la montaña de Puerto

Rico, en los que las escuelas sirven de ese pulmón que da

CT-2018-0005

vida

a

la

44

economía,

a

la

cultura

y

al

desarrollo

socioeconómico de sus residentes y del comercio local.

Habida

cuenta

que

no

estuvo

en

controversia

la

legitimación de los padres y madres para instar el presente

litigio, huelga atender en extenso la controversia en torno

a

la

legitimación

activa

obstante,

adviértase

envueltos

serios

que

del

Municipio

en

el

intereses

de

presente

económicos

de

Morovis.

pleito

ese

No

están

municipio.

Ello, pues el cierre de escuelas tiene serias repercusiones

sobre las comunidades que estás sirven. N. Stelle Garnett,

Disparate

Impact,

School

Closures,

and

Parental

Choice,

2014 U. Chi. Legal F. 289, 316-329 (2014); C.L. Anderson,

The Disparate Impact of Shuttered Schools, 23 Am. U. J.

Gender

Soc.

Pol'y

&

L.

319,

319

Restorative Justice and School

for

Facilitating

Community

(2015);

B.R.

Nugent,

Closures: Recommendations

Repair

After

Neighborhood

Institutions Are Condemned, 7 DePaul J. for Soc. Just. 205,

205–206 (2014). Además, las aportaciones que realizan los

municipios directa e indirectamente en el mantenimiento y

sus

contribuciones

escuelas

resultan

para

sostener

incuestionables.

las

En

operaciones

ese

de

proceso,

ciertamente, incurren en la erogación de fondos públicos.

Por tanto, las acciones estatales que pueden incidir en que

gastos de fondos municipales no se utilicen adecuadamente

ante el cierre de escuelas y la adecuada planificación de

la inversión de los fondos es un asunto legítimo que brinda

CT-2018-0005

45

también legitimación activa al gobierno municipal. Nótese

que esos intereses económicos han permitido en el pasado

que

un

municipio

pueda

demandar

al

Estado

por

una

determinación que incide en las finanzas municipales, aun

cuando el gobierno municipal no haya formado parte de ese

dictamen. Véase, Mun. Fajardo v. Srio. Justicia, 187 DPR

245 (2012).

Por otro lado, según surge de la vista evidenciaria y

de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, la Dra.

Yanira

I.

Raíces

Vega,

Secretaria

Auxiliar

de

Transformación, Planificación y Rendimiento, testificó que

como

parte

del

comité

escuelas

los

municipios

ayudan

de

alcaldes

con

el

evaluación

estaban

del

cierre

incluidos,

mantenimiento

de

de

las

pues

los

las

escuelas

públicas. En este caso, según surge del testimonio de la

Alcaldesa de Morovis, la Hon. Carmen I. Maldonado González,

ese municipio tenía un contrato con el Departamento para el

mantenimiento de algunas de las escuelas a cerrar.92

VII

En el caso ante nos, la controversia se circunscribe a

determinar cuál es el procedimiento adecuado, conforme el

debido

proceso

fundamental

de

de

ley

y

el

la

educación,

derecho

que

debe

constitucional

realizar

el

Departamento para llevar a cabo su facultad de consolidar o

92Hago

constar que favorezco autorizar la comparecencia

como amicus curie solicitada por diversos gobiernos

municipales.

CT-2018-0005

cerrar

46

escuelas

públicas.

Por

lo

que

no

está

en

controversia el poder que tiene el Departamento para llevar

a cabo la consolidación y cierre de las escuelas. Tampoco

está ante nos el debate sobre la preferencia o la política

pública

que

debe

imperar

en

el

cierre

de

las

escuelas

públicas. Ese debate es un asunto que compete a la arena

política. Lo que nos toca resolver es el deber de la Rama

Judicial

en

delimitar

las

garantías

procesales

en

ese

procedimiento de cierre de escuelas.

Luego de examinar detenidamente los escritos de las

partes y de analizar el derecho aplicable no puedo más que

concluir que no

tienen razón los peticionarios. De esa

forma,

del

disiento

curso

de

acción

realizado

por

una

Mayoría de este Tribunal y hubiera resuelto que fue violado

el

debido

proceso

de

ley

de

los

recurridos.

Así

pues,

hubiera confirmado el Tribunal de Primera Instancia, sin

perjuicio de que el Departamento realice en el futuro el

procedimiento

de

consolidación

y

cierre

de

escuela

de

acuerdo con lo aquí expuesto.

Como indiqué, en Puerto Rico el derecho a la educación

es

de

rango

constitucional.

Más

aún,

es

un

derecho

fundamental. Acorde a ello, este Tribunal está obligado a

garantizar y proteger que el Estado no interfiera con ese

derecho. De esta forma, toda actuación del Gobierno de

Puerto

Rico

que

de

una

forma

u

otra

incida

sobre

ese

CT-2018-0005

47

derecho que tienen nuestros niños y niñas tiene que ser

examinada con mucha cautela por los tribunales.

Teniendo en mente lo anterior, debemos recordar que el

debido

proceso

de

ley

en

su

vertiente

procesal

aplica

cuando se afecta un interés individual de libertad. Entre

ello, se incluye el interés de obtener conocimiento y el de

criar a sus hijos. Así, para resolver el caso ante nos

correctamente

proceso

de

debemos

ley

en

determinar

su

si

vertiente

aplica

procesal.

el

No

debido

está

en

controversia que el Departamento determinó consolidar las

escuelas en las cuales los recurridos tenían a sus hijos.

Asimismo,

del

examen

de

la

prueba

testifical

surge

claramente que el Departamento informó su determinación por

medio de un comunicado oficial publicado en los periódicos,

la

página

electrónica

del

Departamento

sociales. Incluso, no hay controversia

comunicación

oficial

obstante, de la

a

los

y

las

en que

directores

redes

se envió

escolares.

No

prueba presentada se desprende que los

padres y madres no fueron notificados oficialmente de la

consolidación. Más aún, el Estado demostró que desconocía

si los directores escolares efectivamente entregaron a la

comunidad

Tampoco

escolar

el

la

Estado

notificación

refutó

que

oficial

no

hubo

al

respecto.

participación

ciudadana en esos procesos.

Así también, de la regrabación de los procedimientos

surge

que

antes

de

la

determinación

por

parte

de

la

CT-2018-0005

48

Secretaria, ninguno de los recurridos fueron auscultados

sobre la consolidación, no fueron notificados efectivamente

sobre el proceso ni tuvieron la oportunidad de expresar sus

preocupaciones y opiniones al respecto. De esta forma, no

hay

duda

que

la

actuación

indebidamente con

del

Departamento

interfirió

la libertad de los padres a dirigir,

criar y educar a los niños y niñas bajo su control. Sin la

posibilidad

de

ser

notificados

correctamente,

los

recurridos fueron privados de la libertad de tomar una

decisión

informada

sobre

aspectos

importantes

de

la

educación y crianza de sus hijos. Por ello, concluyo que le

asiste a los padres y madres de estudiantes el derecho de

ser notificados oportunamente de las propuestas de cierres

de escuelas y todo lo relacionado a ello, a fin participar

y tener acceso a la información para realizar una toma de

decisiones

Tribunal

responsable

Supremo

e

federal

informada

ha

en

reconocido

asuntos

como

que

el

medulares,

tales como el derecho de crianza de sus hijos e hijas.

De esta forma, como he planteado anteriormente, los

padres, madres y estudiantes no tienen, en el caso ante

nos, un poder de veto de la determinación del Departamento

de Educación. Sí tienen un derecho a ser notificados e

informados de acuerdo a los fundamentos antes explicados.

Sin embargo, reconozco que podrían tener un derecho de

impugnar

la

determinación

de

la

acción

estatal

si

se

demostrara, por ejemplo, que una cantidad sustancial de

CT-2018-0005

49

estudiantes fueron afectados de su derecho a la educación o

que la acción fue por motivos raciales, entre otros.

Adviértase

que

para

realizar

efectiva

y

responsablemente el derecho a criar a los hijos, los padres

tienen en nuestra Constitución garantías individuales de

participación ciudadana que emanan del acceso a la justicia

y el acceso a la información.

Nótese, además, que parte de los integrantes de los

recurridos son estudiantes de educación especial. Por tal

motivo,

se

debe

tener

mayor

cautela

al

atender

la

controversia ante nos, toda vez que forman parte de una

comunidad vulnerable y tienen protecciones estatutarias,

según

provistas

por

la

Individuals

with

Disabilities

Education Act (IDEA) 20 U.S.C. sec. 1400 et seq (2017). El

andamiaje estatutario de IDEA provee para otorgarle fondos

federales a los estados que se comprometan en brindarle una

educación pública gratuita y apropiada a los estudiantes

del sistema público con diversidades funcionales. Una vez

el

estado

acepta

la

mencionada

ayuda

financiera,

el

estudiante adquiere un derecho sustantivo para recibir la

misma. Fry v. Napoleon Cmty. Sch., 137 S. Ct. 743, 749

(2017).

Para

fines

de

instaurar

y

garantizar

educación

pública gratis y apropiada, IDEA exige que se cree para

cada estudiante de educación especial un plan de educación

individualizado, el cual sirve como el vehículo principal

para garantizar esa educación. Íd.

CT-2018-0005

50

Por otra parte, los estudiantes de educación especial

también poseen protecciones según provistas por el Título

II de la Americans with Disabilities Act (ADA), 42 U.S.C.

sec. 12131 et seq., y la Sec. 504 de la Rehabilitation Act,

29 U.S.C. sec. 794. Tanto ADA como la precitada sección del

Rehabilitation Act requieren de las entidades públicas que

efectúen

modificaciones

procedimientos

contra

las

y

razonables

prácticas

personas

con

para

a

sus

políticas,

evitar

que

discriminen

impedimentos.

42

U.S.C.

secs.

12131–12132; 29 U.S.C. sec. 794(a). Igual que IDEA, esos

estatutos proveen remedios a los individuos afectados por

el incumplimiento con éstos. Adviértase que una reclamación

bajo

IDEA

no

prohíbe

que

cualquiera

de

los

estatutos

dos

se

reclamen

antes

beneficios

bajo

mencionados.

20

U.S.C. sec. 1415(l); Fry v. Napoleon Cmty. Sch., supra,

pág. 750.

IDEA también provee un procedimiento administrativo

para la

solución de disputas que surjan en torno a si el

programa de educación individualizado para un estudiante en

particular es adecuado en función de sus necesidades. En

torno a ese particular, existen varios casos en los cuales

padres

y

madres

han

impugnado

determinaciones

de

las

autoridades escolares que, al entender de éstos, menoscaban

los derechos de sus hijos bajo IDEA. Véanse, Íd.; Honig v.

Doe,

484

992(1984);

U.S.

305

(1988);

Bd.

of

Educ.

of

Smith

v.

Hendrick

Robinson,

Hudson

468

U.S.

Cent.

Sch.

CT-2018-0005

51

Dist., Westchester Cty. v. Rowley, 458 U.S. 176 (1982). En

ese sentido, recientemente el Tribunal Supremo Federal en

Fry v. Napoleon Cmty. Sch., supra, determinó que existen

instancias que ameritan precipitar el cauce administrativo

con el fin de proveer un remedio con mayor agilidad a las

personas que alegan ser privadas de sus derechos a una

educación pública gratuita y apropiada. Íd. pag. 754.

De lo anterior,

juego

los

ciertos

derechos

estudiantes

resulta claro

o

beneficios,

el

estado

que cuando estén en

bajo

debe

IDEA

actuar

o

con

ADA,

de

extrema

cautela. Bajo nuestro esquema constitucional ese contenido

mínimo federal sirve también de base para reconocer las

garantías no obviadas en esta Opinión. Ello, con el fin de

que no se vulneren los mismos. El Departamento no probó que

haya evaluado o tomado en consideración esos derechos o

beneficios. Tampoco se desprende si el Departamento tomó en

consideración cómo el mover de plantel escolar afectaría

esos

estudiantes

o

si

puede

proveer

igual

o

mejores

servicios en otra escuela. Por el contrario, lo que si

consta en el record es que actualmente existen niños que

serán

trasladados

a

otras

escuelas

sin

ningún

tipo

de

garantía de que mantendrán sus derechos en igual o mejor

grado.

Por lo expuesto anteriormente, es mi entender que no

procede permitir una actuación gubernamental a ciegas que

lacera y afecta

derechos constitucionales fundamentales,

CT-2018-0005

52

bajo el fundamento de que la misma es de aplicación general

y

un

hecho

permitir

legislativo.

una

Es

actuación

decir,

no

puedo

gubernamental

avalar

absoluta,

ni

sin

posibilidad de árbitro alguno, en la que no se le proveyó a

los recurridos un mínimo proceso, bajo el debido proceso de

ley. De esa forma, me niego a concluir que la vía política

sea la única alternativa que los recurridos poseen. Son los

tribunales

los

que

poseen

el

deber

ministerial

de

salvaguardar los derechos de aquellos que acuden ante nos.

Ante

la

clara

afectación

quedarnos

de

actuación

gubernamental

responde

a

brazos

una

mera

de

esos

cruzados,

en

so

derechos,

no

podemos

pretexto

de

que

cuestión

política

alegadamente

pública.

El

cierre

la

sólo

de

planteles escolares tiene serias repercusiones sobre los

estudiantes, los padres y las comunidades que servían. Por

tal motivo, entiendo que el debido proceso de ley debió

activarse, toda vez que el derecho a la educación de los

estudiantes y el derecho constitucional a la

crianza y

educación de los padres para con sus hijos fue seriamente

lacerado ante la falta de participación en la formación del

plan para el cierre de planteles escolares.

Además, considero que el Departamento está obligado a

realizar

un

procedimiento

administrativo

ordenado

que

promueva un adecuado uso de las facilidades públicas, a fin

de que escuelas cerradas no se conviertan en guarida de

criminales y en un almacén de valiosos libros y materiales

CT-2018-0005

53

abandonados, frustrando así el objetivo de maximizar el uso

de recursos. Siendo así las cosas, el Departamento debía

cumplir con los requisitos exigidos por el debido proceso

de ley, a saber, como mínimo una debida notificación y la

oportunidad de ser escuchados. Al no cumplirse debidamente,

concluyo que los recurridos tenían la razón y procedía el

injunction solicitado.93

Asimismo, hubiera declarado invalida la Serie C-107

del Compendio debido a que no cumple con el debido proceso

de ley que le ampara a los recurridos. Ello, conforme a lo

explicado

anteriormente.

Además,

este

Compendio

está

en

contradicción con los principios y la política pública que

93Nuestro

Código

de Enjuiciamiento Civil dispone

lo

siguiente:

Disponiéndose, sin embargo, que el tribunal podrá

dictar dicha orden de entredicho provisional,

injunction preliminar o permanente sujeto a los

términos de la Regla 57 de Procedimiento Civil:

. . . .

(b) Cuando en la petición se alegue que

alguna persona, bajo la autoridad de

alguna ley, ordenanza, o reglamento del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

esté privando o sea el causante de que

alguien esté privando al peticionario

de

algún

derecho,

privilegio

o

inmunidad protegido por la Constitución

o las leyes del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico o por la Constitución o

leyes de los Estados Unidos de América

que sean aplicables a las personas bajo

la

jurisdicción

del

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico.

(Énfasis

suplido) 32 LPRA sec. 3524.

Acorde a lo anterior, al haber una violación a los derechos

discutidos en esta Opinión, es incuestionable la aplicación

del injunction.

CT-2018-0005

54

establece la Ley Núm. 85-2018. Como expresé, la ley en toda

su extensión promueve la participación de los

padres y

madres

y

en

el

proceso

educativo

de

sus

hijos

de

los

propios estudiantes. Además, requiere la participación de

todos los sectores de la sociedad, le confiere el derecho a

los

padres

de

recibir

concerniente

a

la

regularmente

y

tener

desempeño

información

educación

académico

y

acceso

de

sus

a

la

sobre

hijos

y

información

administrativo

de

la

todo

a

lo

recibir

sobre

el

escuela,

de

manera clara y transparente. Sin lugar a duda, información

sobre el proceso de consolidación de escuelas, acorde a la

propia ley, debió ser ofrecida oportunamente a los padres,

madres

y

estudiantes.

Éstos,

conforme

al

derecho

constitucional a la educación y al debido proceso de ley,

tenían el derecho de ser informados del curso de acción

propuesto por el Departamento para de esa forma decidir de

forma informada sobre el futuro educativo y de crianza de

sus hijos. Al no ser informados oportunamente, los padres,

madres

y

Departamento

los

estudiantes

fueron

coartados

por

el

derecho

decidir

responsablemente

el

del

a

futuro educativo de los niños afectados. Estas omisiones

tuvieron, tienen y tendrán serias repercusiones sobre los

recurridos.

De

acuerdo

a

lo

antes

mencionado,

respetuosamente

disiento del curso de acción que hoy decide este Tribunal.

En cambio, reitero que perdimos la oportunidad de pautar

CT-2018-0005

clara

y

55

definitivamente

la

importancia

del

derecho

constitucional fundamental a la educación y de delinear las

normas y principios que deben regular los procesos cuando

el Estado pretenda realizar acciones que incidan sobre la

libertad de los padres de educar y criar a sus hijos.

Particularmente, perdimos la oportunidad de establecer cuál

procedimiento

es

el

adecuado

en

el

contexto

de

la

implantación de planes de cierres de planteles escolares

que tanto se han llevado a cabo en la última década. Así

pues, no realizamos un adecuado balance de intereses. Como

expliqué, teníamos la tarea de balancear el interés del

Estado en implantar un plan de cierre de escuelas y, por

otro lado, el interés de las comunidades escolares de velar

que durante ese proceso se activen unas garantías dirigidas

a que el derecho a la educación no sea algo meramente

abstracto.

De

esta

forma,

debimos

reafirmar

que

los

estudiantes tienen garantías dirigidas a evitar un proceso

de cierre atropellado y que interfiera con su derecho a la

educación.

A

su

vez,

desaprovechamos

la

ocasión

para

ampliar la aplicación del debido proceso de ley a otros

contornos en los cuales es necesario proteger garantías

individuales como la participación ciudadana.

Hoy, como resuelve una Mayoría de este Tribunal, le da

poderes absolutos al Gobierno de Puerto Rico para que, con

la excusa de llevar a cabo una política pública que afecta

de manera general a unas escuelas en específico, ignore por

CT-2018-0005

56

completo unas garantías individuales y tenga la autoridad de vetar

el derecho a la educación al momento de implantar normas de cierres

de escuelas. De este modo, los tribunales se quedan sin la facultad

de delimitar las garantías procesales que tienen las comunidades

escolares

cuando

el

Estado

invoca

su

interés

apremiante

de

administrar los asuntos económicos del Departamento.

Es por lo antes explicado que concluyo que le asiste el derecho

a

los

padres

y

madres

de

estudiantes

de

ser

notificados

oportunamente de las propuestas de cierres de escuelas, a fin de

participar y tener acceso a la información para realizar una toma de

decisiones responsable e informada como el derecho de crianza de sus

hijos e hijas. De esta forma, considero que el Departamento esta

obligado a realizar un procedimiento administrativo ordenado que

promueva un adecuado uso de las facilidades públicas para maximizar

el uso de recursos. De igual modo, se necesita una adecuada

transición en la que la coordinación con los componentes de la

comunidad escolar quedó, como cuestión de hechos y de derecho, en el

olvido.

Por los fundamentos expuestos, hubiera confirmado al Tribunal

de Primera Instancia, sin perjuicio de que el Departamento realice

en el futuro el procedimiento de consolidación y cierre de escuela

de acuerdo con lo aquí expuesto. Al no ser el curso de acción

llevado a cabo, disiento.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado