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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: José Luis Cotto Ramos

2018 TSPR 121

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: José Luis Cotto Ramos

TS-9,803

Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y notaría por incumplir con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua y con las órdenes del Tribunal Supremo.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2018 TSPR 121

José Luis Cotto Ramos

200 DPR ____

Número del Caso: TS-9,803

Fecha:

20 de marzo de 2018

Abogado del promovido:

Por derecho propio.

Director del Programa de Educación Jurídica:

Lcdo. José Ignacio Campos Pérez

Director

Materia: La suspensión será efectiva el 6 de julio de 2018, fecha en que

se le notificó por correo al abogado de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que

está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y

publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución

electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

TS-9,803

José Luis Cotto Ramos

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a de 20 de marzo de 2018.

Hoy

nos

disciplinario

atañe

y

desempeñar

dictaminar

la

nuestro

poder

separación

del

Lcdo. José L. Cotto Ramos (licenciado Cotto Ramos)

de la práctica legal y

del

ejercicio

de

la

notaría

por

desobedecer

nuestras órdenes.

Pasemos pues a enunciar el marco fáctico que

acarreó su suspensión.

I

El

licenciado

Cotto

Ramos

fue

admitido

al

ejercicio legal el 25 de junio de 1991, mientras que

el 6 de agosto de ese mismo año prestó juramento

como notario. El 20 de abril de 2017 el Director

Ejecutivo

del

Programa

de

Educación

Jurídica

TS-9,803

2

Continua

(PEJC),

presentó

ante

el

esta

Lcdo.

Curia

José

un

Ignacio

escrito

que

Campos

Pérez,

tituló

Informe

sobre incumplimiento con requisito de educación jurídica

continua. A través de éste, nos comunicó que el licenciado

Cotto Ramos incumplió los requerimientos del PEJC para el

periodo de enero de 2011 a diciembre de 2012.

En vista de ello, el 30 de mayo de 2017 este Tribunal

emitió

una

Resolución

concediéndole

al

licenciado

Cotto

Ramos un término de veinte días para comparecer y mostrar

causa por la cual no debía ser separado de la abogacía.

Esto, dado a su inobservancia con las exigencias del PEJC y

por no comparecer ante dicho ente según requerido.

Debido a la inacción del licenciado Cotto Ramos, el 29

de diciembre de 2017 dictamos una segunda Resolución.1 En

ésta, le otorgamos un plazo final e improrrogable de diez

días para que acatara lo ordenado. Asimismo, le advertimos

que su desobedecimiento con nuestras órdenes podía implicar

sanciones severas, inclusive su separación de la profesión.

En miras de estos hechos, ahora esbozaremos el derecho

que aplica.

II

Como

profesión

parte

del

de

abogacía

la

poder

en

inherente

Puerto

para

Rico,

regular

este

la

Tribunal

En cuanto a la notificación de esta Resolución, el 8 de enero de 2018

el Alguacil Auxiliar de Seguridad de este Foro cursó una misiva donde

esbozó las gestiones que llevó a cabo para entregarla. Indicó que llamó

al número telefónico que aparecía en el Registro Único de Abogados, el

cual pertenecía al bufete donde el señor Cotto Ramos trabajaba.

Manifestó que se le comunicó que éste no laboraba allí hace ocho años y

se le proveyó un número de teléfono adicional. Expresó que llamó al

número provisto en dos ocasiones y que envió un mensaje de texto, pero

no obtuvo respuesta.

1

TS-9,803

3

tiene la tarea de asegurarse que sus miembros desempeñen

sus

funciones

de

forma

responsable,

competente

y

diligente.2 A tono con ello, el Código de Ética Profesional

dispone las normas mínimas de conducta que deben desplegar

los

abogados

y

abogadas

que

ejercen

esta

ilustre

profesión.3

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.

IX, es una de las disposiciones de mayor envergadura, ya

que establece cómo los letrados deben conducirse en los

tribunales de justicia del país.4 A esos fines, y en lo que

nos concierne, preceptúa que todo “abogado debe observar

para con los tribunales una conducta que se caracterice por

el mayor respeto”.5

Al interpretar esta disposición, hemos pronunciado que

la naturaleza de la función del abogado conlleva que éste

emplee estricta atención y obediencia a las órdenes de este

Tribunal, o de cualquier foro judicial que se encuentre

obligado a comparecer.6 Dicho de otro modo, todo miembro de

la

clase

togada

tiene

un

deber

ineludible

de

respetar,

acatar y responder de forma diligente nuestras órdenes.

Esta obligación exige mayor observancia cuando se trata de

In re Oyola Torres, 194 DPR 437 (2016); In re Vera Vélez, 192 DPR

216, 226 (2015).

3 In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 617-618 (2014); In re Falcón

López, 189 DPR 689 (2013).

4 In re Shirley Vélez Rivera, 2018 TSPR 4, en la pág. 6, 199 DPR ___

(2018).

5 4 LPRA Ap. IX. C. 9.

6 In re García Ortiz, 187 DPR 507, 524 (2012).

2

TS-9,803

4

asuntos

relativos

a

la

conducta

profesional

de

los

abogados.7

La inobservancia de un miembro de la clase togada con

las órdenes de este Tribunal evidencia un claro menosprecio

hacia nuestra autoridad.8 Asimismo, su desatención a las

órdenes

judiciales

constituye

un

tribunales.9

Por

no

se

serio

tomará

agravio

de

a

consiguiente,

manera

liviana

pues

la

autoridad

de

los

hemos

manifestado

que

la

actitud de indiferencia a nuestros apercibimientos sobre

sanciones

disciplinarias

suspensión

inmediata

e

es

causa

indefinida

suficiente

de

la

para

práctica

la

de

la

rigen

el

abogacía.10

Este

canon

comprende

los

preceptos

que

comportamiento de los letrados ante los foros judiciales.

Sin

embargo,

hicimos

extensivo

a

las

entidades

que

les

delegamos la tarea de velar por el cumplimiento de las

obligaciones que acarrean la práctica legal. Por ende, la

aplicación del Canon 9 no está restringida a las órdenes

expedidas por esta Curia.11 De modo que, esta norma, también

rige la conducta que la clase togada debe observar sobre

los requerimientos llevados a cabo por las entidades que

auxilian

a

este

Tribunal

en

el

descargo

de

sus

In re Rivera Sepúlveda, 192 DPR 985, 988 (2015); In re Irizarry

Irizarry, 190 DPR 368, 375 (2014).

8 In re Irizarry Irizarry, supra, pág. 374; In re De León Rodríguez,

190 DPR 378, 390-391 (2014).

9 In re Christine M. Pratts Barbarossa, 2018 TSPR 5, en la pág. 6, 199

DPR ___ (2018); In re Planas Merced, 195 DPR 73, 77 (2016).

10 In re Figueroa Cortés, 196 DPR 1, 3 (2016); In re López González, 193

DPR 1021 (2015); In re Irizarry Irizarry, supra; In re Vera Vélez,

supra, pág. 227; In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660 (2011); In re

Martínez Sotomayor I, 181 DPR 1, 3 (2011).

11 In re Torres Román, 195 DPR 882, 891 (2016).

7

TS-9,803

5

responsabilidades.12 Por consiguiente, las obligaciones que

impone el Canon 9 se extienden a los requerimientos del

PEJC.13

Consignado el marco jurídico que aplica a los hechos

de este caso, nos encontramos en posición de resolver.

III

Como apuntamos, este asunto tuvo su génesis el año

pasado cuando el Director Ejecutivo del PEJC presentó ante

esta Curia un informe donde comunicó el incumplimiento del

licenciado Cotto Ramos con los requisitos del

programa.

Acto seguido, ordenamos al licenciado Cotto Ramos que, en

un plazo de veinte días, mostrara causa por la cual no

debíamos separarlo de la profesión legal por inobservar su

deber

de

educarse.

Debido

a

que

éste

nunca

compareció,

siete meses más tarde le concedimos un término final de

diez días para que cumpliera lo requerido. Le advertimos,

además,

que

si

no

acataba

nuestras

órdenes

podía

ser

separado de la profesión.

A pesar de habérsele concedido diversas oportunidades,

al día de hoy, el licenciado Cotto Ramos no ha comparecido,

y

por

ende,

no

ha

proceder

denota

órdenes,

mancillando

cumplido

desidia

así

e

nuestros

requerimientos.

indiferencia

nuestra

con

autoridad

Su

nuestras

en

clara

violación al Canon 9. Ello, por sí solo, amerita que sea

disciplinado y suspendido del ejercicio legal.

Íd.

In re Justo Méndez Molina, 2018 TSPR 3, en la pág. 6, 199 DPR ___

(2018).

12

13

TS-9,803

6

IV

En

miras

de

lo

que

precede,

separamos

de

manera

inmediata e indefinida al señor Cotto Ramos de la práctica

de la abogacía y la notaría. Consecuentemente, la fianza

notarial queda automáticamente cancelada. Le imponemos al

señor Cotto Ramos la obligación de poner en conocimiento a

todos

sus

clientes

sobre

su

inhabilidad

de

continuar

representándolos y de restituir los honorarios recibidos

por las labores no realizadas. Además, tiene el deber de

comunicar

su

suspensión

a

los

foros

judiciales

y

administrativos de Puerto Rico en los cuales tenga algún

caso pendiente. Asimismo, deberá acreditar y certificar a

esta Curia su cumplimiento con lo anterior dentro de un

término de treinta días una vez notificada la Opinión Per

Curiam y Sentencia.

Por

último,

el

Alguacil

de

este

Tribunal

deberá

incautar inmediatamente la obra protocolar y sello notarial

del señor Cotto Ramos y entregarlos al Director de la ODIN.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

TS-9,803

José Luis Cotto Ramos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2018.

Por los fundamentos enunciados en la Opinión Per

Curiam que precede y se hace formar parte de la presente

Sentencia, determinamos que el Sr. José Luis Cotto Ramos

infringió el Canon 9 del Código de Ética Profesional,

4 LPRA Ap. En consecuencia, separamos de manera inmediata e

indefinida al señor Cotto Ramos de la práctica de la

abogacía

y

la

notaría.

La

fianza

notarial

queda

automáticamente cancelada.

En vista de ello, imponemos al señor Cotto Ramos la

obligación de poner en conocimiento a todos sus clientes

sobre su inhabilidad de seguir representándolos y de

restituir

los

honorarios

recibidos

por

labores

no

realizadas. Además, tendrá el deber de comunicar su

suspensión a los foros judiciales y administrativos de

Puerto Rico donde tenga algún caso pendiente. Asimismo,

deberá acreditar y certificar a esta Curia su cumplimiento

con lo anterior dentro de un término de treinta días una

vez notificada la Opinión Per Curiam y Sentencia. Por

último, el Alguacil de este Tribunal deberá incautar

inmediatamente la obra protocolar y sello notarial del

señor Cotto Ramos y entregarlos al Director de la ODIN.

Notifíquese por correo certificado con acuse de recibo

y vía correo electrónico.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo