Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: José Luis Cotto Ramos
2018 TSPR 121
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: José Luis Cotto Ramos
TS-9,803
Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y notaría por incumplir con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua y con las órdenes del Tribunal Supremo.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2018 TSPR 121
José Luis Cotto Ramos
200 DPR ____
Número del Caso: TS-9,803
Fecha:
20 de marzo de 2018
Abogado del promovido:
Por derecho propio.
Director del Programa de Educación Jurídica:
Lcdo. José Ignacio Campos Pérez
Director
Materia: La suspensión será efectiva el 6 de julio de 2018, fecha en que
se le notificó por correo al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que
está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y
publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución
electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
TS-9,803
José Luis Cotto Ramos
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a de 20 de marzo de 2018.
Hoy
nos
disciplinario
atañe
y
desempeñar
dictaminar
la
nuestro
poder
separación
del
Lcdo. José L. Cotto Ramos (licenciado Cotto Ramos)
de la práctica legal y
del
ejercicio
de
la
notaría
por
desobedecer
nuestras órdenes.
Pasemos pues a enunciar el marco fáctico que
acarreó su suspensión.
I
El
licenciado
Cotto
Ramos
fue
admitido
al
ejercicio legal el 25 de junio de 1991, mientras que
el 6 de agosto de ese mismo año prestó juramento
como notario. El 20 de abril de 2017 el Director
Ejecutivo
del
Programa
de
Educación
Jurídica
TS-9,803
2
Continua
(PEJC),
presentó
ante
el
esta
Lcdo.
Curia
José
un
Ignacio
escrito
que
Campos
Pérez,
tituló
Informe
sobre incumplimiento con requisito de educación jurídica
continua. A través de éste, nos comunicó que el licenciado
Cotto Ramos incumplió los requerimientos del PEJC para el
periodo de enero de 2011 a diciembre de 2012.
En vista de ello, el 30 de mayo de 2017 este Tribunal
emitió
una
Resolución
concediéndole
al
licenciado
Cotto
Ramos un término de veinte días para comparecer y mostrar
causa por la cual no debía ser separado de la abogacía.
Esto, dado a su inobservancia con las exigencias del PEJC y
por no comparecer ante dicho ente según requerido.
Debido a la inacción del licenciado Cotto Ramos, el 29
de diciembre de 2017 dictamos una segunda Resolución.1 En
ésta, le otorgamos un plazo final e improrrogable de diez
días para que acatara lo ordenado. Asimismo, le advertimos
que su desobedecimiento con nuestras órdenes podía implicar
sanciones severas, inclusive su separación de la profesión.
En miras de estos hechos, ahora esbozaremos el derecho
que aplica.
II
Como
profesión
parte
del
de
abogacía
la
poder
en
inherente
Puerto
para
Rico,
regular
este
la
Tribunal
En cuanto a la notificación de esta Resolución, el 8 de enero de 2018
el Alguacil Auxiliar de Seguridad de este Foro cursó una misiva donde
esbozó las gestiones que llevó a cabo para entregarla. Indicó que llamó
al número telefónico que aparecía en el Registro Único de Abogados, el
cual pertenecía al bufete donde el señor Cotto Ramos trabajaba.
Manifestó que se le comunicó que éste no laboraba allí hace ocho años y
se le proveyó un número de teléfono adicional. Expresó que llamó al
número provisto en dos ocasiones y que envió un mensaje de texto, pero
no obtuvo respuesta.
1
TS-9,803
3
tiene la tarea de asegurarse que sus miembros desempeñen
sus
funciones
de
forma
responsable,
competente
y
diligente.2 A tono con ello, el Código de Ética Profesional
dispone las normas mínimas de conducta que deben desplegar
los
abogados
y
abogadas
que
ejercen
esta
ilustre
profesión.3
El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.
IX, es una de las disposiciones de mayor envergadura, ya
que establece cómo los letrados deben conducirse en los
tribunales de justicia del país.4 A esos fines, y en lo que
nos concierne, preceptúa que todo “abogado debe observar
para con los tribunales una conducta que se caracterice por
el mayor respeto”.5
Al interpretar esta disposición, hemos pronunciado que
la naturaleza de la función del abogado conlleva que éste
emplee estricta atención y obediencia a las órdenes de este
Tribunal, o de cualquier foro judicial que se encuentre
obligado a comparecer.6 Dicho de otro modo, todo miembro de
la
clase
togada
tiene
un
deber
ineludible
de
respetar,
acatar y responder de forma diligente nuestras órdenes.
Esta obligación exige mayor observancia cuando se trata de
In re Oyola Torres, 194 DPR 437 (2016); In re Vera Vélez, 192 DPR
216, 226 (2015).
3 In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 617-618 (2014); In re Falcón
López, 189 DPR 689 (2013).
4 In re Shirley Vélez Rivera, 2018 TSPR 4, en la pág. 6, 199 DPR ___
(2018).
5 4 LPRA Ap. IX. C. 9.
6 In re García Ortiz, 187 DPR 507, 524 (2012).
2
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4
asuntos
relativos
a
la
conducta
profesional
de
los
abogados.7
La inobservancia de un miembro de la clase togada con
las órdenes de este Tribunal evidencia un claro menosprecio
hacia nuestra autoridad.8 Asimismo, su desatención a las
órdenes
judiciales
constituye
un
tribunales.9
Por
no
se
serio
tomará
agravio
de
a
consiguiente,
manera
liviana
pues
la
autoridad
de
los
hemos
manifestado
que
la
actitud de indiferencia a nuestros apercibimientos sobre
sanciones
disciplinarias
suspensión
inmediata
e
es
causa
indefinida
suficiente
de
la
para
práctica
la
de
la
rigen
el
abogacía.10
Este
canon
comprende
los
preceptos
que
comportamiento de los letrados ante los foros judiciales.
Sin
embargo,
hicimos
extensivo
a
las
entidades
que
les
delegamos la tarea de velar por el cumplimiento de las
obligaciones que acarrean la práctica legal. Por ende, la
aplicación del Canon 9 no está restringida a las órdenes
expedidas por esta Curia.11 De modo que, esta norma, también
rige la conducta que la clase togada debe observar sobre
los requerimientos llevados a cabo por las entidades que
auxilian
a
este
Tribunal
en
el
descargo
de
sus
In re Rivera Sepúlveda, 192 DPR 985, 988 (2015); In re Irizarry
Irizarry, 190 DPR 368, 375 (2014).
8 In re Irizarry Irizarry, supra, pág. 374; In re De León Rodríguez,
190 DPR 378, 390-391 (2014).
9 In re Christine M. Pratts Barbarossa, 2018 TSPR 5, en la pág. 6, 199
DPR ___ (2018); In re Planas Merced, 195 DPR 73, 77 (2016).
10 In re Figueroa Cortés, 196 DPR 1, 3 (2016); In re López González, 193
DPR 1021 (2015); In re Irizarry Irizarry, supra; In re Vera Vélez,
supra, pág. 227; In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660 (2011); In re
Martínez Sotomayor I, 181 DPR 1, 3 (2011).
11 In re Torres Román, 195 DPR 882, 891 (2016).
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5
responsabilidades.12 Por consiguiente, las obligaciones que
impone el Canon 9 se extienden a los requerimientos del
PEJC.13
Consignado el marco jurídico que aplica a los hechos
de este caso, nos encontramos en posición de resolver.
III
Como apuntamos, este asunto tuvo su génesis el año
pasado cuando el Director Ejecutivo del PEJC presentó ante
esta Curia un informe donde comunicó el incumplimiento del
licenciado Cotto Ramos con los requisitos del
programa.
Acto seguido, ordenamos al licenciado Cotto Ramos que, en
un plazo de veinte días, mostrara causa por la cual no
debíamos separarlo de la profesión legal por inobservar su
deber
de
educarse.
Debido
a
que
éste
nunca
compareció,
siete meses más tarde le concedimos un término final de
diez días para que cumpliera lo requerido. Le advertimos,
además,
que
si
no
acataba
nuestras
órdenes
podía
ser
separado de la profesión.
A pesar de habérsele concedido diversas oportunidades,
al día de hoy, el licenciado Cotto Ramos no ha comparecido,
y
por
ende,
no
ha
proceder
denota
órdenes,
mancillando
cumplido
desidia
así
e
nuestros
requerimientos.
indiferencia
nuestra
con
autoridad
Su
nuestras
en
clara
violación al Canon 9. Ello, por sí solo, amerita que sea
disciplinado y suspendido del ejercicio legal.
Íd.
In re Justo Méndez Molina, 2018 TSPR 3, en la pág. 6, 199 DPR ___
(2018).
12
13
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6
IV
En
miras
de
lo
que
precede,
separamos
de
manera
inmediata e indefinida al señor Cotto Ramos de la práctica
de la abogacía y la notaría. Consecuentemente, la fianza
notarial queda automáticamente cancelada. Le imponemos al
señor Cotto Ramos la obligación de poner en conocimiento a
todos
sus
clientes
sobre
su
inhabilidad
de
continuar
representándolos y de restituir los honorarios recibidos
por las labores no realizadas. Además, tiene el deber de
comunicar
su
suspensión
a
los
foros
judiciales
y
administrativos de Puerto Rico en los cuales tenga algún
caso pendiente. Asimismo, deberá acreditar y certificar a
esta Curia su cumplimiento con lo anterior dentro de un
término de treinta días una vez notificada la Opinión Per
Curiam y Sentencia.
Por
último,
el
Alguacil
de
este
Tribunal
deberá
incautar inmediatamente la obra protocolar y sello notarial
del señor Cotto Ramos y entregarlos al Director de la ODIN.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
TS-9,803
José Luis Cotto Ramos
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2018.
Por los fundamentos enunciados en la Opinión Per
Curiam que precede y se hace formar parte de la presente
Sentencia, determinamos que el Sr. José Luis Cotto Ramos
infringió el Canon 9 del Código de Ética Profesional,
4 LPRA Ap. En consecuencia, separamos de manera inmediata e
indefinida al señor Cotto Ramos de la práctica de la
abogacía
y
la
notaría.
La
fianza
notarial
queda
automáticamente cancelada.
En vista de ello, imponemos al señor Cotto Ramos la
obligación de poner en conocimiento a todos sus clientes
sobre su inhabilidad de seguir representándolos y de
restituir
los
honorarios
recibidos
por
labores
no
realizadas. Además, tendrá el deber de comunicar su
suspensión a los foros judiciales y administrativos de
Puerto Rico donde tenga algún caso pendiente. Asimismo,
deberá acreditar y certificar a esta Curia su cumplimiento
con lo anterior dentro de un término de treinta días una
vez notificada la Opinión Per Curiam y Sentencia. Por
último, el Alguacil de este Tribunal deberá incautar
inmediatamente la obra protocolar y sello notarial del
señor Cotto Ramos y entregarlos al Director de la ODIN.
Notifíquese por correo certificado con acuse de recibo
y vía correo electrónico.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo