Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Juan M. Rodríguez Martínez
2018 TSPR 122
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Juan M. Rodríguez Martínez
AB-2017-109
Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y notaría por incumplir con las órdenes del Tribunal Supremo.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2018 TSPR 122
Juan M. Rodríguez Martínez
(TS-18,333)
Número del Caso:
200 DPR ____
AB-2017-109
Fecha: 19 de junio de 2018
Abogado de la parte promovida:
Por Derecho Propio
Oficina de Inspección de Notaría:
Lcdo. Manuel Ávila De Jesús
Director
Materia: La suspensión será efectiva el 5 de julio de 2018,
fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión
inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Juan M. Rodríguez Martínez
(TS-18,333)
AB-2017-109
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2018.
En
el
día
de
hoy,
una
vez
más,
nos
vemos
obligados a suspender del ejercicio de la abogacía y
la notaría a un miembro de la profesión legal que, en
reiteradas ocasiones, ha incumplido con las órdenes
de este Tribunal. Veamos.
I.
El
licenciado
Juan
M.
Rodríguez
Martínez
fue
admitido al ejercicio de la abogacía el 8 de febrero
de 2011 y prestó juramento como notario el 23 de mayo
del mismo año. Posteriormente, el 19 de abril de
2017,
el
señor
señora
Virgenmina
Félix
Ortiz
Montañez
y
la
Ortiz Santiago (en adelante, “los
TS-18,333
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promoventes”)
presentaron una queja juramentada en contra
del referido letrado. En la misma, en esencia, alegaron que
el licenciado Rodríguez Martínez autorizó la Escritura Núm.
18 de Segregación y Ratificación de Compraventa y que se
comprometió
a
presentar
Propiedad,
sección
de
la
misma
en
Barranquitas,
el
Registro
junto
a
de
todos
la
los
documentos necesarios para la inscripción de los negocios
jurídicos incorporados en el instrumento público, cosa que
no
hizo.
Manifestaron
licenciado
Rodríguez
Martínez
para
particular,
pero
gestiones
resultaron
las
que
intentaron
comunicarse
indagar
con
el
sobre
el
infructuosas.
Asimismo, expresaron que buscaron orientación y encontraron
que el instrumento público que motivó el presente proceso
disciplinario,
relacionados
en
con
su
la
contenido,
procedencia
tenía
del
varios
título
de
errores
la
parte
vendedora, el número de lotificación y ciertas discrepancias
en la cabida de la finca principal, lo que, a su juicio,
requería una rectificación de cabida que, de no hacerse,
impediría la inscripción de la mencionada escritura en el
Registro de la Propiedad.
Enterado de la queja radicada en su contra, el letrado
contestó la misma. En su contestación expresó que, previo a
otorgar
el
instrumento
público
aquí
en
controversia,
se
percató de la discrepancia en la cabida de la finca objeto
de la segregación y ratificación de compraventa, pero que
uno de los comparecientes en la mencionada escritura pública
lo convenció de continuar con el proceso notarial. Afirmó
TS-18,333
3
que, luego de constatar que las personas otorgantes estaban
conscientes de la posible diferencia en cabida y de que
éstas le manifestaran que les resultaba innecesario realizar
un estudio de título, consignó en el instrumento público las
advertencias correspondientes respecto al estudio de título,
así
como
a
la
diferencia
de
cabida,
y
un
relevo
de
responsabilidad a esos efectos. Asimismo, aseguró que los
promoventes
del
presente
proceso
disciplinario
conocían
sobre la posibilidad de que la presentación de la escritura
pública
en cuestión, en el Registro de la Propiedad, se
dilatara por el tiempo que tardaría realizar la mencionada
rectificación.
Evaluados los planteamientos de las partes, y luego de
realizar la investigación correspondiente, el 30 de octubre
de 2017 el Director de la Oficina de Inspección de Notarías
(ODIN),
Lcdo.
Manuel
E.
Informe
en
cual
nos
el
Ávila
de
recomendó
Jesús,
nos
remitió
un
que
ordenáramos
al
le
licenciado Rodríguez Martínez que en un término de sesenta
(60)
días
atender
culminara,
los
a
reclamos
sus
de
expensas,
los
los
promoventes
trámites
y
para
mantuviera
informado al Tribunal sobre las gestiones que, a esos fines,
realizara.
Además,
nos
sugirió
que
apercibiéramos
al
referido letrado sobre su deber de, en ocasiones futuras,
ceñirse al ordenamiento notarial y los postulados éticos que
rigen la profesión.
Así las cosas, el 4 de diciembre de 2017 emitimos una
Resolución, notificada el 5 de diciembre de 2017, mediante
TS-18,333
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la cual le concedimos al licenciado Rodríguez Martínez un
término de veinte (20) días para que se expresase sobre el
Informe
presentado
diciembre
letrado
de
por
la
ODIN.
Oportunamente,
el
2017,
para
ser
específicos,
el
compareció
ante
nos
mediante
Escrito
un
17
de
mencionado
sobre
requerimiento del Tribunal Supremo, en el que expresó no
tener
objeción
con
el
referido
Informe,
ni
con
las
recomendaciones incluidas en el mismo.
Siendo ello así, el 26 de enero de 2018 emitimos una
Resolución,
mediante
notificada
la
cual
le
el
30
de
ordenamos
enero
al
del
mismo
licenciado
año,
Rodríguez
Martínez que en un término de sesenta (60) días culminara, a
sus expensas, los trámites para atender los reclamos de la
parte
promovente,
de
manera
que
se
presentara
ante
el
Registro de la Propiedad la escritura pública objeto del
presente proceso disciplinario. En la referida Resolución se
hizo constar, además, que una vez cumpliera con lo ordenado,
se determinaría si se archivaba la queja presentada en su
contra.
No
obstante,
el
licenciado
Rodríguez
Martínez
incumplió con lo ordenado.
Tras
el
incumplimiento
nuestras
órdenes,
segunda
Resolución,
el
27
de
del
referido
letrado
con
abril
de
emitimos
una
notificada
el
30
2018
de
abril
del
2018,
mediante la cual este Tribunal le concedió al letrado un
término final de treinta (30) días para que cumpliera con lo
ordenado
y
realizara
las
gestiones
para
presentar
en
el
Registro de la Propiedad el instrumento público que se había
TS-18,333
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comprometido
a
gubernamental
y
presentación
de
presentar
no
la
ante
dicha
lo
hizo,
asunto
queja
en
contra.
su
que
dependencia
motivó
Además,
se
la
le
apercibió a éste que, de no cumplir con lo ordenado, se
exponía a la imposición de sanciones disciplinarias severas,
incluyendo la suspensión del ejercicio de la abogacía y la
notaría. Una vez más, el letrado hizo caso omiso a nuestras
órdenes.
Es, pues, a la luz del trámite procesal antes expuesto,
que procedemos a disponer del asunto disciplinario que nos
ocupa.
II.
Como es sabido, el Código de Ética Profesional, 4 LPRA
Ap. IX, contiene las normas de conducta que regulan a todos
los miembros de
la profesión legal en Puerto
Rico. Este
ordenamiento deontológico tiene como propósito principal que
los abogados y las abogadas se desempeñen, profesionalmente y
personalmente, de acuerdo con los más altos estándares de
conducta decorosa para beneficio de la ciudadanía, de la
profesión y de las instituciones de justicia. In re Franco
Rivera, 197 DPR 628 (2017); In re Pestaña Segovia, 192 DPR
485 (2015); In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368 (2014); In
re Asencio Márquez, 183 DPR 659 (2011); In re Pujol Thompson,
171 DPR 683 (2007).
Cónsono con lo anterior, el Canon 9 del Código de Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 9, requiere que todo abogado
y abogada observe “para con los tribunales una conducta que
TS-18,333
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se caracterice por el mayor respeto”. In re Rivera Burgos,
2018 TSPR 79, pág. 6, 200 DPR ___ (2018); In re Lee Navas,
2017 TSPR 208, 198 DPR ___ (2017); In re Cruz Liciaga, 198
DPR
828,
835
(2017);
In
re
López
Méndez, 196
DPR
956
(2016); In re Montalvo Delgado, 196 DPR 541 (2016); In re
Torres Rodríguez, 188 DPR 304 (2013). Así pues, al delimitar
el alcance de la mencionada disposición deontológica, hemos
reiterado el deber que el Canon 9, supra, le impone a todo
abogado
y
notificados
abogada
de
por
tribunal,
el
comparecer
así
a
los
como
el
señalamientos
de
responder
diligentemente a cualquier requerimiento u orden emitida por
los
foros
judiciales.
In
re
Rivera
Navarro, 193
DPR
303
(2015); In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368 (2015); In re
Nieves Nieves, 181 DPR 25 (2011). Véase, además, In re Otero
Fernández, 145 DPR 582 (1998).
La
desatención
órdenes
y
judiciales
autoridad
de
los
infracción
al
Canon
el
incumplimiento
con
las
antedichas
constituyen
un
serio
tribunales
y,
en
consecuencia,
Código
de
Ética
9
del
agravio
a
la
una
Profesional,
supra. In re Pratts Barbarossa, 2018 TSPR 5, 199 DPR ___
(2018); In re López Méndez, supra; In re García Incera, 177
DPR 329 (2010); In re Maldonado Rivera, 147 DPR 380 (1999).
Cuando
ello
ocurre,
procede
la
suspensión
del
abogado
o
abogada del ejercicio de la profesión. In re Lee Navas, 2017
TSPR 208, 198 DPR ___ (2017); In re Grau Collazo, 185 DPR
938, 944 (2012); In re Rosario Martínez, 184 DPR 494 (2012);
Galarza Rodríguez, 183 DPR 228 (2011).
TS-18,333
7
III.
Como ha quedado claramente establecido, en el presente
caso, el licenciado Rodríguez Martínez ha incumplido con las
órdenes de este Tribunal. Ello, a pesar del tiempo que este
Tribunal le concedió para que cumpliera con lo ordenado y
encaminara los procesos para lograr la inscripción en el
Registro de la Propiedad del documento público que se había
comprometido
a
presentar
ante
dicha
dependencia
gubernamental y que no hizo, lo que motivó la queja que se
presentó en su contra.
La
conducta
desplegada
por
el
licenciado
Rodríguez
Martínez, sin lugar a dudas, refleja una total falta de
interés en continuar ejerciendo la profesión legal. Procede,
pues, su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de
la abogacía y la notaría.
IV.
Por
los
licenciado
fundamentos
Rodríguez
antes
Martínez
expuestos,
inmediata
se
e
suspende
al
indefinidamente
del ejercicio de la abogacía y la notaría.
Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes
sobre
su
inhabilidad
para
continuar
representándolos,
devolver cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no
realizados
foros
e
informar
judiciales
y
inmediatamente
administrativos
su
suspensión
donde
tenga
a
los
asuntos
pendientes. De igual forma, tiene la obligación de acreditar
y
certificar
ante
este
Tribunal
el
cumplimiento
con
lo
TS-18,333
8
anterior, dentro del término de treinta (30) días a partir
de la notificación de ésta Opinión Per Curiam y Sentencia.
La fianza notarial del señor Rodríguez Martínez queda
automáticamente
cancelada;
esta
se
considerará
buena
y
válida por tres (3) años después de su terminación en cuanto
a
los
actos
durante
el
realizados
por
el
periodo
que
la
en
señor
misma
Rodríguez
Martínez
estuvo
presente.
Finalmente, el Alguacil de este Tribunal debe incautar la
obra
y
sello
notarial
del
señor
Rodríguez
Martínez
y
entregar los mismos al Director de la Oficina de Inspección
de Notarías para la correspondiente investigación e informe.
Notifíquese
personalmente
esta
Opinión
Sentencia.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Per
Curiam
y
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Juan M. Rodríguez Martínez
(TS-18,333)
Núm. AB-2017-109
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2018.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte de la presente Sentencia, se suspende al
licenciado
Rodríguez
Martínez
inmediata
e
indefinidamente del ejercicio de la abogacía y
la notaría.
Se le impone el deber de notificar a todos
sus clientes sobre su inhabilidad para continuar
representándolos,
devolver
cualesquiera
honorarios recibidos por trabajos no realizados
e informar inmediatamente su suspensión a los
foros judiciales y administrativos donde tenga
asuntos pendientes. De igual forma, tiene la
obligación de acreditar y certificar ante este
Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro
del término de treinta (30) días a partir de la
notificación de ésta Opinión Per Curiam y
Sentencia.
La fianza notarial del señor Rodríguez
Martínez queda automáticamente cancelada; esta
se considerará buena y válida por tres (3) años
después de su terminación en cuanto a los actos
realizados por el señor Rodríguez Martínez
durante el periodo en que la misma estuvo
presente. Finalmente, el Alguacil de este
Tribunal debe incautar la obra y sello notarial
AB-2017-109
(TS-18,333)
2
del señor Rodríguez Martínez y entregar los mismos al
Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la
correspondiente investigación e informe.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no
intervino.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo