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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Juan M. Rodríguez Martínez

2018 TSPR 122

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Juan M. Rodríguez Martínez

AB-2017-109

Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y notaría por incumplir con las órdenes del Tribunal Supremo.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2018 TSPR 122

Juan M. Rodríguez Martínez

(TS-18,333)

Número del Caso:

200 DPR ____

AB-2017-109

Fecha: 19 de junio de 2018

Abogado de la parte promovida:

Por Derecho Propio

Oficina de Inspección de Notaría:

Lcdo. Manuel Ávila De Jesús

Director

Materia: La suspensión será efectiva el 5 de julio de 2018,

fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión

inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

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del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un

servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Juan M. Rodríguez Martínez

(TS-18,333)

AB-2017-109

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2018.

En

el

día

de

hoy,

una

vez

más,

nos

vemos

obligados a suspender del ejercicio de la abogacía y

la notaría a un miembro de la profesión legal que, en

reiteradas ocasiones, ha incumplido con las órdenes

de este Tribunal. Veamos.

I.

El

licenciado

Juan

M.

Rodríguez

Martínez

fue

admitido al ejercicio de la abogacía el 8 de febrero

de 2011 y prestó juramento como notario el 23 de mayo

del mismo año. Posteriormente, el 19 de abril de

2017,

el

señor

señora

Virgenmina

Félix

Ortiz

Montañez

y

la

Ortiz Santiago (en adelante, “los

TS-18,333

2

promoventes”)

presentaron una queja juramentada en contra

del referido letrado. En la misma, en esencia, alegaron que

el licenciado Rodríguez Martínez autorizó la Escritura Núm.

18 de Segregación y Ratificación de Compraventa y que se

comprometió

a

presentar

Propiedad,

sección

de

la

misma

en

Barranquitas,

el

Registro

junto

a

de

todos

la

los

documentos necesarios para la inscripción de los negocios

jurídicos incorporados en el instrumento público, cosa que

no

hizo.

Manifestaron

licenciado

Rodríguez

Martínez

para

particular,

pero

gestiones

resultaron

las

que

intentaron

comunicarse

indagar

con

el

sobre

el

infructuosas.

Asimismo, expresaron que buscaron orientación y encontraron

que el instrumento público que motivó el presente proceso

disciplinario,

relacionados

en

con

su

la

contenido,

procedencia

tenía

del

varios

título

de

errores

la

parte

vendedora, el número de lotificación y ciertas discrepancias

en la cabida de la finca principal, lo que, a su juicio,

requería una rectificación de cabida que, de no hacerse,

impediría la inscripción de la mencionada escritura en el

Registro de la Propiedad.

Enterado de la queja radicada en su contra, el letrado

contestó la misma. En su contestación expresó que, previo a

otorgar

el

instrumento

público

aquí

en

controversia,

se

percató de la discrepancia en la cabida de la finca objeto

de la segregación y ratificación de compraventa, pero que

uno de los comparecientes en la mencionada escritura pública

lo convenció de continuar con el proceso notarial. Afirmó

TS-18,333

3

que, luego de constatar que las personas otorgantes estaban

conscientes de la posible diferencia en cabida y de que

éstas le manifestaran que les resultaba innecesario realizar

un estudio de título, consignó en el instrumento público las

advertencias correspondientes respecto al estudio de título,

así

como

a

la

diferencia

de

cabida,

y

un

relevo

de

responsabilidad a esos efectos. Asimismo, aseguró que los

promoventes

del

presente

proceso

disciplinario

conocían

sobre la posibilidad de que la presentación de la escritura

pública

en cuestión, en el Registro de la Propiedad, se

dilatara por el tiempo que tardaría realizar la mencionada

rectificación.

Evaluados los planteamientos de las partes, y luego de

realizar la investigación correspondiente, el 30 de octubre

de 2017 el Director de la Oficina de Inspección de Notarías

(ODIN),

Lcdo.

Manuel

E.

Informe

en

cual

nos

el

Ávila

de

recomendó

Jesús,

nos

remitió

un

que

ordenáramos

al

le

licenciado Rodríguez Martínez que en un término de sesenta

(60)

días

atender

culminara,

los

a

reclamos

sus

de

expensas,

los

los

promoventes

trámites

y

para

mantuviera

informado al Tribunal sobre las gestiones que, a esos fines,

realizara.

Además,

nos

sugirió

que

apercibiéramos

al

referido letrado sobre su deber de, en ocasiones futuras,

ceñirse al ordenamiento notarial y los postulados éticos que

rigen la profesión.

Así las cosas, el 4 de diciembre de 2017 emitimos una

Resolución, notificada el 5 de diciembre de 2017, mediante

TS-18,333

4

la cual le concedimos al licenciado Rodríguez Martínez un

término de veinte (20) días para que se expresase sobre el

Informe

presentado

diciembre

letrado

de

por

la

ODIN.

Oportunamente,

el

2017,

para

ser

específicos,

el

compareció

ante

nos

mediante

Escrito

un

17

de

mencionado

sobre

requerimiento del Tribunal Supremo, en el que expresó no

tener

objeción

con

el

referido

Informe,

ni

con

las

recomendaciones incluidas en el mismo.

Siendo ello así, el 26 de enero de 2018 emitimos una

Resolución,

mediante

notificada

la

cual

le

el

30

de

ordenamos

enero

al

del

mismo

licenciado

año,

Rodríguez

Martínez que en un término de sesenta (60) días culminara, a

sus expensas, los trámites para atender los reclamos de la

parte

promovente,

de

manera

que

se

presentara

ante

el

Registro de la Propiedad la escritura pública objeto del

presente proceso disciplinario. En la referida Resolución se

hizo constar, además, que una vez cumpliera con lo ordenado,

se determinaría si se archivaba la queja presentada en su

contra.

No

obstante,

el

licenciado

Rodríguez

Martínez

incumplió con lo ordenado.

Tras

el

incumplimiento

nuestras

órdenes,

segunda

Resolución,

el

27

de

del

referido

letrado

con

abril

de

emitimos

una

notificada

el

30

2018

de

abril

del

2018,

mediante la cual este Tribunal le concedió al letrado un

término final de treinta (30) días para que cumpliera con lo

ordenado

y

realizara

las

gestiones

para

presentar

en

el

Registro de la Propiedad el instrumento público que se había

TS-18,333

5

comprometido

a

gubernamental

y

presentación

de

presentar

no

la

ante

dicha

lo

hizo,

asunto

queja

en

contra.

su

que

dependencia

motivó

Además,

se

la

le

apercibió a éste que, de no cumplir con lo ordenado, se

exponía a la imposición de sanciones disciplinarias severas,

incluyendo la suspensión del ejercicio de la abogacía y la

notaría. Una vez más, el letrado hizo caso omiso a nuestras

órdenes.

Es, pues, a la luz del trámite procesal antes expuesto,

que procedemos a disponer del asunto disciplinario que nos

ocupa.

II.

Como es sabido, el Código de Ética Profesional, 4 LPRA

Ap. IX, contiene las normas de conducta que regulan a todos

los miembros de

la profesión legal en Puerto

Rico. Este

ordenamiento deontológico tiene como propósito principal que

los abogados y las abogadas se desempeñen, profesionalmente y

personalmente, de acuerdo con los más altos estándares de

conducta decorosa para beneficio de la ciudadanía, de la

profesión y de las instituciones de justicia. In re Franco

Rivera, 197 DPR 628 (2017); In re Pestaña Segovia, 192 DPR

485 (2015); In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368 (2014); In

re Asencio Márquez, 183 DPR 659 (2011); In re Pujol Thompson,

171 DPR 683 (2007).

Cónsono con lo anterior, el Canon 9 del Código de Ética

Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 9, requiere que todo abogado

y abogada observe “para con los tribunales una conducta que

TS-18,333

6

se caracterice por el mayor respeto”. In re Rivera Burgos,

2018 TSPR 79, pág. 6, 200 DPR ___ (2018); In re Lee Navas,

2017 TSPR 208, 198 DPR ___ (2017); In re Cruz Liciaga, 198

DPR

828,

835

(2017);

In

re

López

Méndez, 196

DPR

956

(2016); In re Montalvo Delgado, 196 DPR 541 (2016); In re

Torres Rodríguez, 188 DPR 304 (2013). Así pues, al delimitar

el alcance de la mencionada disposición deontológica, hemos

reiterado el deber que el Canon 9, supra, le impone a todo

abogado

y

notificados

abogada

de

por

tribunal,

el

comparecer

así

a

los

como

el

señalamientos

de

responder

diligentemente a cualquier requerimiento u orden emitida por

los

foros

judiciales.

In

re

Rivera

Navarro, 193

DPR

303

(2015); In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368 (2015); In re

Nieves Nieves, 181 DPR 25 (2011). Véase, además, In re Otero

Fernández, 145 DPR 582 (1998).

La

desatención

órdenes

y

judiciales

autoridad

de

los

infracción

al

Canon

el

incumplimiento

con

las

antedichas

constituyen

un

serio

tribunales

y,

en

consecuencia,

Código

de

Ética

9

del

agravio

a

la

una

Profesional,

supra. In re Pratts Barbarossa, 2018 TSPR 5, 199 DPR ___

(2018); In re López Méndez, supra; In re García Incera, 177

DPR 329 (2010); In re Maldonado Rivera, 147 DPR 380 (1999).

Cuando

ello

ocurre,

procede

la

suspensión

del

abogado

o

abogada del ejercicio de la profesión. In re Lee Navas, 2017

TSPR 208, 198 DPR ___ (2017); In re Grau Collazo, 185 DPR

938, 944 (2012); In re Rosario Martínez, 184 DPR 494 (2012);

Galarza Rodríguez, 183 DPR 228 (2011).

TS-18,333

7

III.

Como ha quedado claramente establecido, en el presente

caso, el licenciado Rodríguez Martínez ha incumplido con las

órdenes de este Tribunal. Ello, a pesar del tiempo que este

Tribunal le concedió para que cumpliera con lo ordenado y

encaminara los procesos para lograr la inscripción en el

Registro de la Propiedad del documento público que se había

comprometido

a

presentar

ante

dicha

dependencia

gubernamental y que no hizo, lo que motivó la queja que se

presentó en su contra.

La

conducta

desplegada

por

el

licenciado

Rodríguez

Martínez, sin lugar a dudas, refleja una total falta de

interés en continuar ejerciendo la profesión legal. Procede,

pues, su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de

la abogacía y la notaría.

IV.

Por

los

licenciado

fundamentos

Rodríguez

antes

Martínez

expuestos,

inmediata

se

e

suspende

al

indefinidamente

del ejercicio de la abogacía y la notaría.

Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes

sobre

su

inhabilidad

para

continuar

representándolos,

devolver cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no

realizados

foros

e

informar

judiciales

y

inmediatamente

administrativos

su

suspensión

donde

tenga

a

los

asuntos

pendientes. De igual forma, tiene la obligación de acreditar

y

certificar

ante

este

Tribunal

el

cumplimiento

con

lo

TS-18,333

8

anterior, dentro del término de treinta (30) días a partir

de la notificación de ésta Opinión Per Curiam y Sentencia.

La fianza notarial del señor Rodríguez Martínez queda

automáticamente

cancelada;

esta

se

considerará

buena

y

válida por tres (3) años después de su terminación en cuanto

a

los

actos

durante

el

realizados

por

el

periodo

que

la

en

señor

misma

Rodríguez

Martínez

estuvo

presente.

Finalmente, el Alguacil de este Tribunal debe incautar la

obra

y

sello

notarial

del

señor

Rodríguez

Martínez

y

entregar los mismos al Director de la Oficina de Inspección

de Notarías para la correspondiente investigación e informe.

Notifíquese

personalmente

esta

Opinión

Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Per

Curiam

y

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Juan M. Rodríguez Martínez

(TS-18,333)

Núm. AB-2017-109

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2018.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte de la presente Sentencia, se suspende al

licenciado

Rodríguez

Martínez

inmediata

e

indefinidamente del ejercicio de la abogacía y

la notaría.

Se le impone el deber de notificar a todos

sus clientes sobre su inhabilidad para continuar

representándolos,

devolver

cualesquiera

honorarios recibidos por trabajos no realizados

e informar inmediatamente su suspensión a los

foros judiciales y administrativos donde tenga

asuntos pendientes. De igual forma, tiene la

obligación de acreditar y certificar ante este

Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro

del término de treinta (30) días a partir de la

notificación de ésta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

La fianza notarial del señor Rodríguez

Martínez queda automáticamente cancelada; esta

se considerará buena y válida por tres (3) años

después de su terminación en cuanto a los actos

realizados por el señor Rodríguez Martínez

durante el periodo en que la misma estuvo

presente. Finalmente, el Alguacil de este

Tribunal debe incautar la obra y sello notarial

AB-2017-109

(TS-18,333)

2

del señor Rodríguez Martínez y entregar los mismos al

Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la

correspondiente investigación e informe.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no

intervino.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo