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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Juan Aragón Longo

2018 TSPR 120

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Juan Aragón Longo

TS-15,951

Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y notaría por incumplir con las órdenes del Tribunal Supremo y no mantener sus datos al día en el Registro Único de Abogados y Abogadas del Tribunal Supremo.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2018 TSPR 120

Juan Aragón Longo

Número del Caso:

200 DPR ____

TS-15,951

Fecha: 6 de abril de 2018

Abogado de la parte promovida:

Por derecho propio

Programa de Educación Jurídica Continua:

Lcdo. José Ignacio Campos Pérez

Materia: La suspensión será efectiva el 2 de julio de 2018, fecha en

que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Juan Aragón Longo

TS-15,951

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de abril de 2018.

Una vez más nos vemos obligados a suspender del

ejercicio de la abogacía y la notaría a un miembro

de la profesión legal que incumplió con las órdenes

de este Tribunal y que faltó a su deber de mantener

actualizada su información en el Registro Único de

Abogados y Abogadas del Tribunal Supremo(RUA).

I.

El licenciado Juan Aragón Longo fue admitido al

ejercicio de la abogacía el 29 de agosto de 2006 y

al ejercicio de la notaría el 30 de octubre del mismo

año.

Años más tarde, el 4 de marzo de 2011 y el 15

de

febrero

de

2013,

para

ser

específicos,

el

Programa de Educación Jurídica Continua (en adelante,

TS-15,951

2

“Programa o PEJC”) le remitió al licenciado Aragón Longo

dos

Avisos

de

Incumplimiento

con

los

requisitos

del

referido Programa para los periodos 2009-2010 y 2011-2012,

respectivamente.

En dichas comunicaciones se le concedió al referido

letrado un término de sesenta (60) días para subsanar las

mencionadas

deficiencias

y

para

pagar

la

multa

por

cumplimiento tardío, conforme lo exige la Regla 30(c) del

Reglamento del PEJC. El letrado en cuestión hizo caso

omiso a dicho requerimiento.

Tras el incumplimiento del licenciado Aragón Longo

con los requerimientos del PEJC, la referida dependencia

de

este

Tribunal

señaló

la

celebración

de

una

vista

informal para el 14 de noviembre de 2013. La misiva

notificando la celebración de dicha vista fue enviada a

la dirección del letrado que aparecía en el RUA. No

obstante,

y

luego

de

celebrada

la

vista

sin

la

comparecencia del licenciado Aragón Longo, la mencionada

comunicación escrita fue devuelta al PEJC, por el servicio

postal, por ésta no ser reclamada (“Return to Sender,

Unclaimed, Unable to Forward”).

Así las cosas, el 17 de noviembre de 2014 el PEJC

envió al licenciado Aragón Longo, por correo electrónico,

el Informe del Oficial Examinador y la determinación de

la entonces Directora Ejecutiva del PEJC, la Hon. Geisa

M. Marrero Martínez, sobre la vista celebrada el 14 de

TS-15,951

3

noviembre

del

mismo

año.

En

dicha

comunicación

se

apercibió al referido letrado que, de no subsanar la

deficiencia con los requisitos del PEJC para el periodo

2009-2010 y pagar la multa por cumplimiento tardío en un

término de treinta (30) días, según se le había requerido

previamente, el asunto sería referido ante este Tribunal.

En

el

requisitos

ínterin,

del

PEJC

y

por

su

incumplimiento

con

los

para

el

periodo

2011-2012,

la

mencionada dependencia de este Tribunal citó al licenciado

Aragón Longo a una nueva vista informal a celebrarse el 4

de diciembre de 2014. Esta vez, dicha comunicación fue

enviada a la dirección postal del referido letrado que

constaba en el RUA. No obstante, al igual que ocurrió con

la notificación previa, la misma fue devuelta por el

servicio postal al no ser reclamada (“Return to Sender,

Unclaimed, Unable to Forward”) por este último.

En aras de lograr comunicarse con el licenciado

Aragón

Longo,

el

PEJC

decidió

enviar

la

mencionada

comunicación a la dirección de correo electrónico del

referido

letrado,

según

constaba

en

el

RUA.

En

esta

ocasión, el referido letrado recibió la citación a vista

informal por parte del PEJC.

Habiendo

recibido

la

mencionada

comunicación

electrónica, el licenciado Aragón Longo compareció a la

vista informal mediante escrito enviado por correo postal.

En

el

mismo,

le

comunicó

al

PEJC

que

se

encontraba

TS-15,951

4

residiendo en el estado de Florida, Estados Unidos, desde

el

año

2012

profesión.

y

que

Añadió

desde

que,

entonces

no

practicaba

razones

de

salud,

por

la

estaba

imposibilitado de regresar a Puerto Rico y ejercer la

profesión de la abogacía. Por esa razón, solicitó que se

le relevara de cumplir con los requisitos del PEJC y se

le

orientara

sobre

el

procedimiento

para

cambiar

su

estatus en el RUA a abogado inactivo. Empero, el letrado

no indicó qué problemas de salud le impedían el ejercicio

de la profesión y, en consecuencia, el cumplimiento con

los requisitos del PEJC.

Evaluada

la

comparecencia

del

licenciado

Aragón

Longo, el 19 de septiembre de 2016 el PEJC le notificó a

este

último

el

Informe

del

Oficial

Examinador

y

la

determinación del Director de la referida dependencia de

este Tribunal, el licenciado José Ignacio Campos Pérez,

respecto a la vista celebrada por su incumplimiento con

los requisitos del Programa para el periodo 2011-2012. En

dichas comunicaciones se le informó al referido letrado

que éste no había justificado su incumplimiento con los

requisitos del PEJC, por lo que se referiría el asunto a

la Junta del Programa para que esta decidiera si su caso

debería ser elevado ante esta Curia. Además, se le indicó

al abogado en cuestión que, de referirse su caso a este

Tribunal,

también

se

nos

informaría

sobre

el

incumplimiento de éste con los requisitos en los periodos

TS-15,951

5

posteriores, entiéndase los periodos 2011-2012 y 20132014. Atendido el mencionado asunto por la Junta del PEJC,

esta decidió referir el mismo a este Tribunal.

De conformidad con lo anterior, el 9 de marzo de 2017

compareció ante nos el licenciado José Ignacio Campos

Pérez, Director Ejecutivo del PEJC, mediante Informe sobre

Incumplimiento

con

Requisito

de

Educación

Jurídica

Continua, en el cual le comunicó a este Tribunal que el

licenciado Aragón Longo ha incumplido con los requisitos

de educación jurídica continua para los periodos 20092010, 2011-2012 y 2013-2014.1 Asimismo, indicó que el

mencionado

letrado

no

había

pagado

la

multa

por

cumplimiento tardío, conforme lo exige la Regla 30(C) del

Reglamento del PEJC para ninguno de los periodos.

Evaluado el referido Informe, el 26 de abril de 2017

este Tribunal emitió una Resolución, notificada el 27 de

abril de 2017, en la que se le concedió al licenciado

Aragón Longo un término de veinte (20) días para que

compareciera ante nos y mostrara causa por la cual no

debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía por

incumplir

con

los

requisitos

de

educación

jurídica

continua y por no comparecer ante el PEJC cuando le fue

requerido.

No

obstante,

la

mencionada

comunicación

nuevamente no fue reclamada (“Return to Sender, Unclaimed,

Es menester señalar que, en el referido Informe el Director del PEJC

indica que en cuanto al periodo 2013-2014 al licenciado Aragón Longo

se le notificó un Aviso de Incumplimiento, el 19 de febrero de 2015,

pero este no ha sido citado a una vista informal.

1

TS-15,951

6

Unable to Forward”) por el referido letrado, por lo que

fue devuelta por el servicio postal.

Tras el incumplimiento del licenciado Aragón Longo

con nuestra orden de 26 de abril de 2017, emitimos una

segunda Resolución el 26 de enero de 2018, notificada el

2 de febrero de 2018, en la que se le concedió a éste un

término final de diez (10) días, para cumplir con lo

ordenado en la Resolución del 26 de abril de 2017. Dicha

Resolución fue notificada a la dirección del licenciado

Aragón Longo, en el estado de Florida, que surgía del

escrito de comparecencia a la vista informal ante el PEJC

para el periodo 2011-2012. No obstante, una vez más, la

misma fue devuelta por el servicio postal por no ser

reclamada

(“Return

to

Sender,

Unclaimed,

Unable

to

Forward”).

Narrado el trasfondo fáctico ante nos, procedemos,

pues, a exponer la normativa aplicable a este asunto.

II.

A.

Como es sabido, el Código de Ética Profesional, 4

LPRA Ap. IX, recoge las normas de conducta que rigen a los

miembros de la profesión legal, ello con el objetivo de

promover,

en

nuestro

país,

el

desempeño

personal

y

profesional de los abogados y las abogadas conforme a los

más altos principios de conducta. In re Cruz Liciaga, 2017

TS-15,951

7

TSPR 160; In re Franco Rivera, 197 DPR 628, 634 (2017);

In re López Santos, 2016 TSPR 37, 194 DPR 960 (2015). El

incumplimiento con estas normas que imponen la ley y el

ordenamiento

ético

puede

acarrear

serias

sanciones

disciplinarias. In re Pestaña Segovia, 192 DPR 485 (2015);

In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368 (2014); In re Asencio

Márquez, 183 DPR 659 (2011).

En particular, y en lo pertinente al caso que nos

ocupa, el Código de Ética Profesional a través de su Canon

9, 4 LPRA Ap. XI, C. 9, requiere que todo abogado y abogada

observe “para con los tribunales una conducta que se

caracterice por el mayor respeto”. In re Cruz Liciaga,

supra; In re López Méndez, 196 DPR 956 (2016); In re

Montalvo

Delgado,

196

DPR

541

(2016);

In

re

Torres

Rodríguez, 188 DPR 304 (2013). Conforme se ha interpretado

en reiteradas ocasiones, lo anterior incluye el deber de

todo abogado y abogada de responder a los requerimientos

y

órdenes

de

particularmente

este

Foro

cuando

con

la

mayor

se

trata

de

diligencia,

procesos

disciplinarios. In re Rivera Navarro, 193 DPR 303 (2015);

In re Irizarry Irizarry, supra; In re Martínez Romero, 188

DPR 511 (2013); In re Lugo Cruz, 188 DPR 112 (2013).

La desatención o el incumplimiento, por parte de los

abogados o abogadas, con los requerimientos u órdenes

judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de

los tribunales que, a su vez, infringe el Canon 9 del

TS-15,951

8

Código de Ética Profesional, supra. In re López Méndez,

supra; In

re

Pestaña

Segovia, supra;

In

re

García

Incera, 177 DPR 329 (2010); In re Maldonado Rivera, 147

DPR 380 (1999). Consecuentemente, cuando un abogado o

abogada ignora las órdenes de este Tribunal y se muestre

indiferente ante nuestros apercibimientos de imponerle

sanciones

disciplinarias,

procede

su

suspensión

indefinida e inmediata de la abogacía. In re Pérez Román,

191 DPR 186, 188 (2014); In re Martínez Romero, supra; In

re Arroyo Rivera, 182 DPR 732, 735-736 (2011); In re

Montalvo Guzmán, supra.

B.

De otra parte, y por también considerarlo en extremo

pertinente

para

la

correcta

disposición

del

proceso

disciplinario que nos ocupa, conviene recordar que la Regla

9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo establece que todo

abogado

o

abogada

“tendrá

la

obligación

de

mantener

actualizados sus datos en el Registro Único de Abogados”.

4 LPRA Ap. XXI-B. El fiel cumplimiento con este deber hace

viable el ejercicio eficaz de nuestra función de velar por

el cumplimiento de los abogados con los deberes impuestos

por

nuestro

ordenamiento

deontológico.

In

re

Pratts

Barbarossa, 2018 TSPR 5; In re López Méndez, supra; In re

Marichal Morales, 195 DPR 115 (2016). Ello, pues la omisión

de un abogado de mantener actualizados sus datos en el RUA

obstaculiza

sustancialmente

el

ejercicio

de

nuestra

TS-15,951

9

jurisdicción disciplinaria. In re López Méndez, supra; In

re Ezratty Samo, 2016 TSPR 19, 194 DPR 960 (2016); In re

Arroyo Acosta, 192 DPR 848, 852 (2015). Cónsono con lo

anterior, en numerosas ocasiones hemos reiterado que el

incumplimiento

fundamento

con

esta

suficiente

obligación,

para

por

suspender

sí

solo,

es

inmediata

e

indefinidamente a un abogado o abogada del ejercicio de la

profesión. In re Pratts Barbarossa, supra; In re Arroyo

Acosta, supra, pág. 852; In re Guzmán Ortiz, 2015 TSPR 106,

193 DPR 1022 (2015).

III.

Como ha quedado claramente demostrado, en el presente

caso,

el

licenciado

Aragón

Longo

ha

incumplido,

en

reiteradas ocasiones, con las órdenes de este Tribunal. De

igual forma, los innumerables esfuerzos para contactar al

mismo han resultado infructuosos.

Ello, en gran parte, se

ha debido a que éste no ha actualizado su información en

el RUA.

Sin

letrado

duda

con

su

alguna,

el

obligación

incumplimiento

de

mantener

del

referido

actualizada

su

información personal en el RUA ha obstaculizado nuestra

jurisdicción disciplinaria, lo que constituye una violación

a la Regla 9(j) del Reglamento de este Tribunal. Como

mencionamos previamente, incumplir con dicha obligación es

suficiente

para

imponerle

sanciones

disciplinarias

al

licenciado

severas

y

Aragón

Longo,

suspenderlo

TS-15,951

10

indefinidamente

del

ejercicio

de

la

profesión

por

su

conducta para con este Tribunal.

En vista de lo anterior, se le suspende inmediata e

indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría.

Además, se le impone al licenciado Aragón Longo el deber

de notificar a todos sus clientes su inhabilidad para

continuar

representándolos,

devolver

cualesquiera

honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar

inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y

administrativos en los que tenga algún asunto pendiente.

Además, tiene la obligación de acreditar y certificar ante

este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del

término de treinta (30) días.

En la eventualidad de que

solicite reinstalación al ejercicio de la profesión legal

el licenciado Aragón Longo deberá acreditar el cumplimiento

con los requisitos del PEJC.

Se ordena, también, al Alguacil de este Tribunal a

realizar todas las gestiones necesarias para incautar su

obra notarial, incluyendo su sello notarial, y entregarlos

al Director de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN)

para el correspondiente examen e informe a este Tribunal.

La

fianza

notarial

del

licenciado

Aragón

Longo

queda

automáticamente cancelada. La misma se considerará buena y

válida por tres (3) años después de su terminación en cuanto

a los actos realizados por el letrado durante el periodo

en que la misma estuvo vigente.

TS-15,951

Notifíquese personalmente.

Se dictará Sentencia de conformidad.

11

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Juan Aragón Longo

TS-15,951

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de abril de 2018.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de la presente

Sentencia, se suspende al licenciado Aragón Longo

inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía

y la notaría. Además, se le impone al licenciado Aragón

Longo el deber de notificar a todos sus clientes su

inhabilidad para continuar representándolos, devolver

cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no

realizados e informar inmediatamente de su suspensión a

los foros judiciales y administrativos en los que tenga

algún asunto pendiente. Además, tiene la obligación de

acreditar

y

certificar

ante

este

Tribunal

el

cumplimiento con lo anterior, dentro del término de

treinta (30) días. En la eventualidad de que solicite

reinstalación al ejercicio de la profesión legal el

licenciado

Aragón

Longo

deberá

acreditar

el

cumplimiento con los requisitos del Programa de

Educación Jurídica Continua.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam

y Sentencia.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo