Tribunal Supremo de Puerto Rico
Municipio Autónomo de Carolina v. CH Properties
2018 TSPR 125
Poder Judicial de Puerto Rico
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Municipio Autónomo de Carolina v. CH Properties
CC-2017-704
Derecho procesal civil: Aplicación del procedimiento de recusación de jueces en un pleito civil conforme a la Regla 63 de Procedimiento Civil y los Cánones de Ética Judicial. Deber de inhibición de un Juez que eleva los autos ante el Tribunal Supremo para evaluar la procedencia de una acción disciplinaria en contra de los representantes legales de una parte del caso que aun presidente y no ha culminado.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Municipio Autónomo de
Carolina
Recurrido
Certiorari
v.
2018 TSPR 125
CH Properties
200 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2017-704
Fecha: 29 de junio de 2018
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón y Carolina
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. José A. Andreu Fuentes
Lcdo. Pedro López Bergollo
Lcdo. Pedro Rosario Urdaz
Abogados de la parte recurrida:
Lcdo. Frank Torres Viada
Lcda. Maritere De Jesús Aponte
Lcda. Carmen Sonia Zayas
Derecho
procesal
civil:
Aplicación
del
procedimiento
de
recusación de jueces en un pleito civil conforme a la Regla 63
de Procedimiento Civil y los Cánones de Ética Judicial. Deber de
inhibición de un Juez que eleva los autos ante el Tribunal
Supremo para evaluar la procedencia de una acción disciplinaria
en contra de los representantes legales de una parte del caso
que aun presidente y no ha culminado.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Municipio
Carolina
Autónomo
de
Recurrido
v.
CC-2017-0704
Certiorari
CH Properties
Peticionaria
Opinión del Tribunal
Kolthoff Caraballo
emitida
por
el
Juez
Asociado
señor
(Regla 50)
San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018.
Este
contestar
caso
nos
presenta
las
siguientes
la
oportunidad
interrogantes:
de
¿la
recusación de un juez puede darse sin acreditar
bajo
qué
escenario
Procedimiento
¿procede
eleva
los
la
de
Civil,
inhibición
autos
ante
la
infra,
de
el
un
Regla
se
63.1
de
configura?;
juez
cuando
éste
Tribunal
Supremo
para
evaluar la procedencia de una acción disciplinaria
en contra de
los representantes legales
de una
parte del caso que el mismo juez preside y aún no
ha culminado?
Los asuntos que se presentan ante esta Curia
solo
requieren
que
detallemos
algunos
aspectos
CC-2017-0704
2
procesales del caso, sin tener que entrar a considerar los
hechos sustantivos del mismo. Veamos.
I
El
Municipio
de
Carolina
(Municipio)
presentó
una
Moción urgente [de] inhibición o recusación en contra del
Hon.
Wilfredo
Juez
Superior
Maldonado
que
García
atendía
(Juez
varias
Maldonado
causas
de
García),
acción
presentadas por ambas partes en este caso.1 En su moción, el
Municipio alegó que el Juez Maldonado García había abusado
de su poder judicial al adelantar su criterio y prejuzgar
controversias medulares del caso. Añadió que lo anterior
provocó la presentación de una querella ante la Oficina de
Administración de los Tribunales (OAT).2 De esta forma, el
Municipio sostuvo que existía “base razonable para dudar de
la imparcialidad del Juez Maldonado García por virtud del
proceso disciplinario promovido por el Municipio. Ello, en
unión
a
las
posiciones,
preferencias
y
rechazos
anteriormente asumidos por [el Juez Maldonado García], sin
importar la prueba recibida en sala e incluso antes que se
someta prueba alguna”.3
Luego de evaluar la Moción urgente [de] inhibición o
recusación, el Juez Maldonado García determinó que no tenía
motivo para inhibirse en el caso. A tales efectos, ordenó
Véase Moción urgente [de] inhibición o recusación, Apéndice de la
Petición de certiorari, págs. 265-270.
1
El 5 de febrero de 2018, la Oficina de Administración de Tribunales
(OAT) archivó la querella sin más por no encontrar violación alguna a
los Cánones de Ética Judicial por parte del Juez Maldonado García.
2
3
Íd., pág. 269.
CC-2017-0704
3
la notificación de su Resolución a la Jueza Administradora
Regional del Tribunal de Primera Instancia, quien, a su
vez, refirió el asunto al Hon. Lizardo W. Mattei Román para
su consideración. Evaluado el asunto, el Juez Mattei Román
denegó
la
Municipio,
petición
tras
de
concluir
inhibición
presentada
por
el
que
desprende
razón
o
“no
se
motivo que jurídicamente justifique la inhibición del Juez
Maldonado
García”.4
En
consecuencia,
el
Juez
serie
de
Maldonado
García continuó a cargo del caso.
Así
disputas
moción
de
las
cosas,
y
tras
una
procesales,
el
Municipio
presentó
inhibición
o
recusación5
en
trámites
una
contra
y
segunda
del
Juez
Maldonado García.
En esta segunda moción de inhibición se hizo alusión
a
ciertas
resoluciones
emitidas
por
el
Juez
Maldonado
García que, según concluyó el Municipio, exponían:
[. . .] unas
caracterizaciones
sobre
las
representaciones e intenciones del ayuntamiento
poco
prudentes
e
impropias
y
peor
aún,
totalmente erróneas. Lo cual, unido a la
radicación
de
la
querella
ética
y
los
procedimientos atinentes a la presentación de
la primera Moción de Inhibición o Recusación
diluyen aquella interpretación vertida por el
Juez Mattei Román en cuanto a que la radicación
de una querella, por sí sola, no refleja
conducta que aparente parcialidad alguna por
parte de un juez.
Pues, ahora no solo existe la querella, sino
que las expresiones contenidas en [una de las
resoluciones resueltas por el Juez Maldonado]
4
Resolución, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 294-301.
Véase Segunda moción de inhibición
Petición de certiorari, págs. 302-317.
5
o
recusación,
Apéndice
de
la
CC-2017-0704
4
en sí mismas reflejan el ánimo prevenido de
este Juez a favor de la parte demandada y en
prejuicio de la parte compareciente[...]6
En respuesta a lo anterior, el Juez Maldonado García
emitió
una
Resolución
en
la
que
concluyó
que
no
tenía
pasión, prejuicio ni parcialidad en la controversia ante su
consideración, por lo que
no se inhibiría del caso.
En
particular, expresó lo siguiente:
Volvemos y repetimos nuestra función ha sido y
será
una
estrictamente
de
naturaleza
adjudicativa en la cual jamás hemos faltado ni
a nuestros deberes ni responsabilidades mas no
vamos ni a continuar ni a tolerar el que se nos
continúe atacando por determinaciones tomadas
las cuales, según el propio expediente del caso
y a lo dispuesto por Tribunales de superior
jerarquía, todas se ajustan en derecho.7
Así,
Regional
remitió
para
su
la
moción
disposición.
a
la
Jueza
Además,
el
Administradora
Juez
Maldonado
García le solicitó a la Jueza Administradora Regional que
elevara los autos ante el Tribunal Supremo, de manera tal
que este Foro tomara conocimiento de la acción presentada
en su contra y
acción
determinara sobre la procedencia de una
disciplinaria.
En
respuesta,
la
Jueza
Administradora Regional refirió el expediente del caso a la
Jueza Coordinadora de Asuntos de lo Civil de la Región
Judicial
de
Carolina
(Jueza
Coordinadora)
para
que
atendiera la referida moción de inhibición. Sin embargo, la
Jueza Coordinadora simplemente determinó reasignar el caso
Véase Apéndice, pág. 304. Cabe señalar que las determinaciones que
dieron lugar a la segunda querella fueron a su vez, objeto de otro
recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.
6
7
Resolución, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 320.
CC-2017-0704
5
al Hon. Ignacio
E. Morales
Gómez para que atendiera el
mismo.8 En su Resolución, la Jueza Coordinadora no expuso
fundamento
alguno
para
la
remoción
del
Juez
Maldonado
García, sino que señaló que la acción se tomaba “en el uso
de nuestra discreción y fundamentados en las facultades y
prerrogativas que la posición administrativa que ocupamos
nos confiere”.9 También dejó sin efecto el referido para que
se elevaran los autos del caso al Tribunal Supremo, tras
concluir que el asunto era académico.10
En desacuerdo con la determinación del Tribunal de
Primera
Instancia,
Tribunal
de
CH
Properties,
Apelaciones
y
solicitó
Inc.,
acudió
ante
la
revocación
de
el
la
Resolución y Orden emitida por la Jueza Coordinadora. Sin
embargo, y mediante la Sentencia de la cual se recurre, el
Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del foro
de instancia en cuanto a la recusación del Juez Maldonado
García. En resumen, el Tribunal de Apelaciones razonó que a
pesar de que las dos
solicitudes de inhibición no eran
suficientes para recusar al Juez Maldonado García, el tono
de las expresiones del magistrado aludiendo a que no está
parcializado, la elevación de los autos ante este Foro para
consideraciones disciplinarias y la querella ante la OAT
“macula la pureza de los procesos y su imparcialidad, al
El Hon. Ignacio E. Morales Gómez se inhibió motu proprio de presidir
el caso.
8
Véase Resolución y Orden, Apéndice de la Petición de certiorari, págs.
322-323.
9
10
Íd.
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6
menos en su apariencia”.(Énfasis suplido).11 No obstante,
revocó y dejó sin efecto la denegatoria de elevar los autos
para
la
consideración
de
una
acción
disciplinaria,
ello
tras concluir que le corresponde a esta Curia pasar juicio
sobre los asuntos éticos y que, además, el Juez Maldonado
García tenía la potestad de elevar los autos.
Inconforme, CH Properties acude ante este Tribunal
mediante un recurso de certiorari y como único señalamiento
de error expuso lo siguiente:
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al
confirmar la recusación del Honorable Juez
Wilfredo Maldonado García.
Procedemos a expedir el recurso y disponer de las
controversias al amparo de la Regla 50 del Reglamento del
Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B. Pasemos, pues a exponer
el marco jurídico para resolver el asunto presentado ante
nuestra consideración.
II
A. La inhibición y recusación de jueces
La inhibición y recusación de jueces está regulada
por los Cánones de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, y las
Reglas 63.1 y 63.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.
En específico, la Regla 63.1 de Procedimiento Civil,
supra,
establece
jueces
se
ven
varios
obligados
escenarios
a
o
inhibirse
causas
motu
en
proprio
recusación de parte, a saber:
11
que
Sentencia, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 339.
los
o
a
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(a) por tener prejuicio o parcialidad hacia
cualquiera de las personas o los abogados o
abogadas que intervengan en el pleito, o por
haber prejuzgado el caso;
(b) por tener interés personal o económico en
el resultado del caso;
(c) por existir un parentesco de consanguinidad
o afinidad dentro del cuarto grado con el (la)
fiscal, procurador o procuradora de asuntos de
familia, defensor(a) judicial, procurador(a) de
menores o cualquiera de las partes o sus
representantes legales en un procedimiento
civil;
(d) por existir una relación de amistad de tal
naturaleza entre el juez o jueza y cualquiera
de las partes, sus abogados o abogadas,
testigos u otra persona involucrada en el
pleito que pueda frustrar los fines de la
justicia;
(e) por haber sido abogado(a), o asesor(a) de
cualquiera de las partes o de sus abogados(as)
en la materia en controversia, o fiscal en una
investigación o procedimiento criminal en el
que los hechos fueron los mismos presentes en
el caso ante su consideración;
(f) por haber presidido el juicio del mismo
caso en un tribunal inferior o por haber
actuado como magistrado(a) a los fines de
expedir una orden de arresto o citación para
determinar
causa
probable
en
la
vista
preliminar de un procedimiento criminal;
(g) por intervenir en el procedimiento una
persona
natural
o
jurídica
que
le
haya
facilitado o gestionado algún préstamo en el
que no se hayan dispensado las garantías o
condiciones usuales;
(h) cuando en calidad de funcionario(a) que
desempeña un empleo público, haya participado
como abogado(a), asesor(a), o testigo esencial
del caso en controversia;
(i) cuando uno de los abogados(as) de las
partes sea abogado(a) de los jueces o juezas
que han de resolver la controversia ante su
consideración o lo haya sido durante los
últimos tres años, o
(j) por
cualquier
otra
causa
que
pueda
razonablemente
arrojar
dudas
sobre
su
imparcialidad para adjudicar o que tienda a
minar la confianza pública en el sistema de
justicia. (Énfasis suplido).
7
CC-2017-0704
Por
8
otro
lado,
mientras
Procedimiento
Civil,
escenarios
en
los
que
recusado,
la
Regla
63.2
sobre
el
dispone
la
supra,
establece
un
deberá
de
juez
Regla
63.1
de
las
causas
o
inhibirse
Procedimiento
perfeccionamiento
de
la
Civil,
o
ser
supra,
solicitud
de
inhibición o recusación y el procedimiento. La regla señala
lo siguiente:
a) Toda solicitud de recusación será jurada y
se presentará ante el juez o jueza recusado(a)
dentro de veinte (20) días desde que la parte
solicitante
conozca
de
la
causa
de
la
recusación. La solicitud incluirá los hechos
específicos en los cuales se fundamenta y la
prueba documental y declaraciones juradas en
apoyo
a
la
solicitud.
Cuando
la
parte
promovente de la recusación no cumpla con las
formalidades antes señaladas, el juez o jueza
podrá continuar con los procedimientos del
caso.
(b)
Una
vez
presentada
la
solicitud
de
recusación, si el juez o jueza recusado(a)
concluye que procede su inhibición, hará
constar mediante resolución escrita los incisos
(a) a (i) de la Regla 63.1 de este apéndice
aplicable, en su defecto, la razón específica
para su inhibición bajo el inciso (j) y la
notificará a todas las partes. El caso será
asignado a otro juez o jueza.
(c) Si el juez o la jueza concluye que no
procede
su
inhibición,
se
abstendrá
de
continuar actuando en su capacidad de juez o
jueza en el caso y remitirá los autos de éste
al juez administrador o jueza administradora
para la designación de un juez o jueza que
resuelva
la
solicitud
de
recusación.
La
recusación se resolverá dentro del término de
treinta (30) días de quedar sometida.
(d) Una vez un juez o jueza haya comenzado a
intervenir en un caso, no podrán unirse al caso
los abogados o abogadas cuya intervención pueda
producir su recusación.
CC-2017-0704
9
Con anterioridad a la aprobación de la Regla 63.2 de
Procedimiento Civil, supra, la Regla 63.1 de Procedimiento
Civil de 1979 disponía lo siguiente:
Cualquier recusación deberá ser jurada y
expondrá los hechos en que se funda. Dicha
recusación deberá ser presentada tan pronto el
solicitante advenga en conocimiento de la causa
de recusación.12
Nótese que la referida disposición solamente exponía
el contenido de la moción de recusación, pero no establecía
el procedimiento. Por ello, los cambios establecidos en la
actual
Regla
63.2
de
Procedimiento
Civil,
supra,
van
dirigidos a especificar el procedimiento a seguir.
Conforme a lo anterior, vemos que la inhibición de un
juez puede producirse bajo dos escenarios: a iniciativa del
juez (motu proprio) o por solicitud de recusación de una
parte. Si la inhibición
surge
abstendrá
tan
de
intervenir
motu proprio,
pronto
conozca
el juez se
la
causa
y,
además, emitirá una resolución escrita y fundamentada. Si
se trata de que una parte solicitará la recusación del juez
y éste determinara que en efecto procede su inhibición,
entonces lo hará constar a través de una resolución en la
cual
especificará
el
inciso
de
la
Regla
63.1
de
Procedimiento Civil, supra, que motiva su abstención. No
obstante, si se alude a la Regla 63.1(j) de Procedimiento
Civil, supra (cualquier otra causa que pueda razonablemente
arrojar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar o que
Regla 63.2
(derogada).
12
de
Procedimiento
Civil
de
1979,
32
LPRA.
Ap.
III
CC-2017-0704
tienda
a
justicia)
10
minar
la
confianza
entonces
deberá
pública
detallar
en
el
sistema
de
las
circunstancias
específicas.13
Por otro lado, en caso de que una parte solicite la
inhibición al juez y éste rehúse inhibirse, entonces el
asunto deberá referirse al Juez Administrador para que éste
asigne otro juez, quien tendrá la encomienda de determinar
si procede o no la recusación del juez en cuestión. El juez
a quien se le asigne la evaluación de tal solicitud de
recusación deberá, a los 30 días de habérsele asignado el
asunto, emitir su determinación por escrito y fundamentada
en cualquiera de los escenarios dispuestos por la Regla
63.1
de
Procedimiento
Civil,
supra.
Distinto
a
la
circunstancia en que el juez que está viendo el caso se
inhibe, la Regla 63.2 de Procedimiento Civil, supra, no
establece expresamente la obligación del juez a quien se le
asigna
la
evaluación
de
una
solicitud
de
recusación
de
emitir su determinación por escrito y fundamentada en al
menos una de las causas que establece la Regla 63.1 de
Procedimiento Civil, supra. Sin embargo, consideraciones de
debido
proceso
de
ley
-en
su
contexto
apelativo-
y
de
simple sentido común así lo requieren.
B. Los Cánones 8 y 20 (j) de Ética Judicial
Como vimos, el último escenario de la Regla 63.1 de
Procedimiento
Civil,
supra,
el
inciso
(j),
provee
una
R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: derecho
procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2017, pág. 324.
13
CC-2017-0704
11
cláusula residual a través de la cual se amplían las causas
de inhibición y recusación. Esta cláusula es de carácter
remedial, por lo que debe interpretarse liberalmente,14 y
constituye
una
causa
de
inhibición
fundamentada
en
la
apariencia de imparcialidad, que armoniza con los Cánones 8
y 20(j) de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B.
El Canon 8 de Ética Judicial, supra, en lo pertinente
establece que “[l]a conducta de las juezas y de los jueces
ha de excluir la posible apariencia de que son susceptibles
de actuar por influencias[…]”. Asimismo, el Canon 20(j) de
Ética
Judicial,
inhibirse
supra,
“por
establece
cualquier
que
otra
los
jueces
deberán
que
pueda
causa
razonablemente arrojar dudas sobre su imparcialidad para
adjudicar o que tienda a minar la confianza pública en el
sistema de justicia”.
En cuanto al significado de prejuicio o parcialidad
personal, este Tribunal ha precisado que se refiere a una
actitud que se origina fuera del plano judicial, es decir,
en el plano extrajudicial.15 Así, al determinar si existe o
no prejuicio personal de parte del juez, debemos analizar
la totalidad de las circunstancias a la luz de la prueba
presentada.16 “Para ello, es necesario que utilicemos la
norma objetiva para todos: la del buen padre de familia;
mirando
no
desde
la
perspectiva
del
Juez
o
de
los
J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San
Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. V, pág. 1851.
14
15
Pueblo v. Maldonado Dipiní, 96 DPR 897, 910 (1969).
16
Ruiz v. Pepsico PR, Inc., 148 DPR 586, 589 (1999).
CC-2017-0704
12
litigantes, sino desde la óptica de este mítico ser”.17 Nos
menciona
ético
el
es
objetivo:
conocimiento
sobre
la
tratadista
de
Cuevas
Segarra
que
si
una
las
circunstancias,
todas
imparcialidad
manifestado
que
“[l]a
prejuicio,
como
punta
del
persona
juez”.18
imputación
de
lanza,
“el
estándar
razonable,
tendría
Esta
con
dudas
Curia
ha
de
parcialidad
o
debe
cimentarse
en
cuestiones personales serias, no triviales ni judiciales;
es
decir,
una
actitud
originada
extrajudicialmente
en
situaciones que revistan sustancialidad”.19
Vemos que la exigencia de apariencia de imparcialidad
es una norma firmemente enraizada en importantes principios
éticos.20 Con respecto a ello, este Tribunal ha expresado
que para que proceda la inhibición o recusación de un juez
no es imprescindible probar la existencia de prejuicio o
parcialidad de hecho, basta con que exista la apariencia de
prejuicio o parcialidad.21 Es decir, “la mera apariencia de
parcialidad constituye motivo suficiente para la inhibición
o recusación de un juez”.(Énfasis suplido).22 Ello, pues “la
fe de la ciudadanía en el sistema de justicia que impera en
nuestro País resulta ser imprescindible para su bienestar
17
Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1852.
18
Íd., pág. 1835.
19
Ruiz v. Pepsico PR, Inc., supra, pág. 588.
20
Lind v. Cruz, 160 DPR 485, 490 (2003).
21
Pueblo v. Martes Olán, 103 DPR 351, 355 (1975).
22
Lind v. Cruz, supra, pág.. 494 (2003).
CC-2017-0704
13
general”.23 Consecuentemente, “no basta con que el juez sea
imparcial y objetivo; es preciso que lo parezca”.(Énfasis
omitido).24
Es sabido que “el Estado de Derecho se asienta sobre
el recto y sabio ejercicio de las funciones judiciales. La
singularidad de esta función configura la imparcialidad del
juzgador como exigencia del debido proceso de ley”.25 De
esta forma, no solamente se requiere que los jueces sean
imparciales, sino que su conducta excluya la apariencia de
imparcialidad.26
Los
jueces
están
independencia
judicial.
igualdad
condiciones
de
De
llamados
esta
tendrán
a
manera,
ejemplificar
la
las
en
derecho
personas
a
ser
oídas
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e
imparcial.27 Los tribunales de justicia deben velar porque
la
balanza
en
que
se
pesan
los
derechos
de
todos
los
ciudadanos esté libre de sospechas, aunque las mismas sean
infundadas.28
23
Íd., pág. 488.
24
Íd.
25
Martí Soler v. Gallardo Álvarez, 170 DPR 1, 7-8 (2007).
26
Lind v. Cruz, supra, pág. 490.
Canon 2 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B; In re Mercado Santaella,
197 DPR 1032, 1059, (2017).
27
In re Mercado Santaella, supra, pág. 1064, citando a Sucn. Ortiz
Campoamor Redín, 125 DPR 106, 190 (1990).
28
CC-2017-0704
14
C. El Canon 7 de
Profesional
Por
otro
Ética Judicial y el Canon 9 de Ética
lado,
el
Canon
7
de
Ética
Judicial,
4 LPRA Ap. IV-B, establece como un deber que “cuando los
hechos les consten personalmente, las juezas y los jueces
promoverán
y
cooperarán
con
los
procedimientos
disciplinarios que procedan contra cualquier jueza, juez,
abogada,
abogado,
empleado
de
la
funcionaria,
Rama
Judicial
funcionario,
que
actúe
empleada
contrario
a
o
lo
dispuesto en los cánones, en las normas administrativas,
reglamentos
como
los
y
leyes
jueces
vigentes”.
tienen
el
Así,
deber
de
tanto
los
abogados,
velar
porque
no
se
empañe la imagen de imparcialidad de la Judicatura.29
Por otro lado, y conforme con el Canon 9 del Código
de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, la buena marcha del
proceso judicial es parte de la responsabilidad ineludible
de todo miembro de la profesión legal. Por ello, “el deber
de respeto propio para con los tribunales incluye también
la obligación de tomar las medidas que procedan en ley
contra
funcionarios
judiciales
que
abusan
de
sus
prerrogativas o desempeñan impropiamente sus funciones y
que no observen una actitud cortés y respetuosa”.30
D. La administración de los Centros Judiciales
La
administración
de
los
Centros
Judiciales
está
compuesta principalmente por un Juez Administrador, un Juez
29
In re Lugo Rodríguez II, 155 DPR 123, 134 (2001).
30
Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.
CC-2017-0704
Subadministrador,
15
un
Director
Administrativo
y
Jueces
Coordinadores.31
El Juez Administrador tiene a cargo la supervisión y
el buen funcionamiento del Centro Judicial de la Región
asignada. Nótese que “[l]a función del Juez Administrador
es de carácter administrativo.” (Énfasis suplido).32 Para
cumplir con esa encomienda contará con la ayuda del Juez
Subadministrador y del Director Administrativo.33
Con relación al Juez Coordinador, las Reglas para la
Administración del Tribunal de Primera Instancia disponen
lo siguiente:
(A) Los Jueces Administradores o las Juezas
Administradoras de las regiones judiciales
nombrarán, de entre los jueces y las juezas de
cada centro judicial, los Jueces Coordinadores
o
las
Juezas
Coordinadoras
de
Asuntos
Judiciales —civiles, criminales, relaciones de
familia y de asuntos de menores— o de aquellas
áreas que sean necesarias para asistir en la
administración
de
dicha
subunidad
administrativa.
Éstos
y
éstas
le
serán
responsables al Juez Administrador o a la Jueza
Administradora de la Región Judicial del buen
funcionamiento del centro judicial en lo
concerniente
a
su
particular
esfera
de
actividad.
(B) Los Jueces Coordinadores o las Juezas
Coordinadoras no ejercerán ningún tipo de
función administrativa que pueda interferir con
las
funciones
asignadas
a
los
Jueces
Administradores y a las Juezas Administradoras
de las regiones judiciales, y deberán coordinar
con éstos o éstas con respecto a cualquier
Véanse Reglas para la Administración
Instancia, según enmendadas, 4 LPRA Ap.II-B.
31
32
Hernández Colón, op. cit., pág. 88.
33
Íd.
del
Tribunal
de
Primera
CC-2017-0704
16
asunto que pueda afectar el funcionamiento de
las salas. (Énfasis suplido).34
III
Del expediente de este caso surge que cuando el Juez
Maldonado García fue recusado no se hizo constar la causa
que
justificó
su
recusación.
Es
decir,
no
se
desprende
alguno de los escenarios que dan paso a la recusación,
según establecidos en la Regla 63.1 de Procedimiento Civil,
supra,
y
el Canon 20 de Ética Judicial, supra.
En este
contexto, es preciso aclarar que cuando un juez concluye
que
no
procede
establecido
supra,
por
su
inhibición
la
Regla
para que el juez
procedencia
de
la
y
63.2
se
de
activa
el
proceso
Procedimiento
Civil,
designado pase juicio sobre la
recusación,
éste
último
tiene
la
obligación de hacer constar en qué causa de las dispuestas
en la Regla 63.1, de Procedimiento Civil, supra, fundamenta
su
determinación.
En
otras
palabras,
nuestro
sistema
no
permite que ante una solicitud de recusación un juez que
está presidiendo un caso sea removido del mismo sin que se
establezca
el
para
remoción
tal
fundamento
y
según
que
el
la
mencionada
fundamento
Regla
sea
63.1
claramente
establecido en una resolución. De lo contrario, la parte
que
no
ha
solicitado
la
inhibición
del
juez
queda
imposibilitada de señalar los fundamentos específicos por
los
cuales
entiende
que
el
foro
de
instancia
erró
al
recusar al juez que presidía el caso y, consecuentemente,
Véase Reglas para la Administración del
Instancia, según enmendadas, 4 LPRA Ap. II-B.
34
Tribunal
de
Primera
CC-2017-0704
17
su derecho a revisión se ve afectado. Además, obstaculiza
la función revisora del Tribunal de Apelaciones.
De particular preocupación es el hecho de que la
recusación en este caso se fundamentó únicamente en que la
Jueza Coordinadora presuntamente tenía tales facultades y
prerrogativas.
Por
eso
es
preciso
aclarar
que
tales
facultades o prerrogativas en realidad no le asisten al
Juez
Coordinador.
Recordemos
que
este
puesto
es
estrictamente administrativo. Lo que significa que el mismo
no
confiere
ni
a
al
juez
coordinador
ni
a
los
jueces
designados para actuar en la administración de un Centro
Judicial, el poder para, fundamentado en la sola discreción
que el puesto que ocupan le confiere, ordenar la recusación
de un compañero juez o jueza que se encuentre presidiendo
un
proceso
judicial.
Esto
es,
una
vez
referida
una
solicitud de recusación, un Juez Coordinador no puede dejar
de atenderla y reasignar el caso sin más. La adjudicación
de una solicitud de recusación tiene que basarse en las
causales que se enumeran en la Regla 63.1 de Procedimiento
Civil, supra. Ciertamente, no podemos avalar una acción en
contrario que, además de no encontrar apoyo en la Regla
63.1, de Procedimiento Civil, supra, trastoca, a lo menos
en apariencia, la pureza y transparencia del procedimiento.
Es menester tener presente que remover a un juez en
contra de su voluntad de un caso que ya ha iniciado es un
asunto muy serio que requiere que la acción se fundamente
en
hechos
claros
y
determinaciones
fundamentadas
en
CC-2017-0704
18
derecho. De esta forma se le permite a todas las partes
entender, en lo que sea posible, a qué se ha debido la
acción. Al no realizarse el proceso correcto, se pueden
crear
dudas
que
empañen
y
resten
legitimidad
a
nuestro
sistema de justicia.
Ahora bien, en este caso el Tribunal de Apelaciones
confirmó
la
fundamentado
recusación
en
que
la
del
Juez
querella
Maldonado
incoada
en
García
contra
del
magistrado, el tono de las expresiones emitidas por éste en
la Resolución aludida y el acto de elevar los autos ante
este
Foro
(para
disciplinaria)
evaluar
la
podrían
imparcialidad.
Razonó
procedencia
generar
que
a
pesar
una
de
una
acción
apariencia
de
que
todos
de
estos
incidentes no justifican de forma aislada la inhibición del
Juez
Maldonado
García,
ambas
querellas
toman
ahora
la
apariencia de una especie de disputa ética entre el Juez
Maldonado García y los abogados.
En
primer
lugar,
y
en
cuanto
al
“tono
de
las
expresiones” del Juez Maldonado García aludiendo a que no
estaba parcializado, concluimos que las mismas no fueron
unas irrespetuosas o destempladas que proyectaran, de por
sí, una falta de temperamento judicial o animosidad contra
alguna de las partes o sus abogados. Simplemente el Juez
Maldonado García articuló una expresión firme ante lo que
él entendía que eran unas expresiones de tono ofensivo de
los
abogados
del
Municipio
y
que
atentaban
contra
su
función como juez en el caso. Ciertamente, y como concluyó
CC-2017-0704
19
el tribunal apelativo intermedio, las expresiones del Juez
Maldonado García al rehusar inhibirse, por sí solas, no
podían provocar su recusación.
En cuanto a la querella presentada en contra del Juez
Maldonado García como fundamento para su recusación, nótese
que los incisos (a) a (i) de la Regla 63.1 de Procedimiento
Civil,
supra,
automático
de
no
contemplan
inhibición
o
este
escenario
recusación.
como
Con
motivo
relación
al
inciso (j) de la misma Regla 63.1, supra, y los Cánones 8 y
20
(j)
de
Ética
Judicial,
disposiciones
en
Procedimiento
Civil,
conclusión
que
de
armonía
con
supra,
estas
supra,
al
la
evaluar
Regla
estas
63(d),
tenemos
que
llegar
disposiciones
no
se
de
a
la
refieren
a
alguna acción presentada o llevada a cabo por cualquiera de
las partes en el caso que está ante la consideración del
juez.
De
hecho,
es
claro
que
permitir
que
la
mera
presentación de una querella contra un juez que preside un
caso sea suficiente para provocar su inhibición, abriría la
puerta para que se presentaran este tipo de querellas con
el único propósito de lograr la recusación automática de
los
jueces,
cuando
así
alguna
parte
lo
entienda
conveniente. Como bien señala el tratadista Cuevas Segarra,
no podemos permitir que la regla 63.1(j) de Procedimiento
Civil,
supra,
se
utilice
como
subterfugio.35
Concluimos,
entonces, que ni las expresiones del Juez Maldonado García
35
Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1832.
CC-2017-0704
20
ni la querella presentada en su contra, consideradas aún de
manera
conjunta,
constituían
razón
para
ordenar
su
recusación.
Corresponde entonces que consideremos el hecho de que
el Juez Maldonado García, a la vez que decidió no inhibirse
del
caso,
elevó
los
autos
ante
este
Foro
para
la
consideración de una medida disciplinaria en contra de los
abogados del Municipio. Nótese que el resultado de permitir
tal
acción
García
hubiera
presidía
el
sido
que
mientras
el
Juez
caso,
los
representantes
Maldonado
legales
del
Municipio (que son abogados en el caso) serían objeto de un
proceso de acción disciplinaria ante esta Curia iniciado
por el juez, proceso en el cual existe la posibilidad de
que el propio juez fuera parte querellante en contra de
esos abogados. En ese contexto, aunque estipuláramos que el
Juez
Maldonado
prejuiciado,
es
García
no
estuviera
forzoso
concluir
parcializado
que,
bajo
el
o
tracto
procesal antes descrito y el lenguaje categórico utilizado
por éste
al momento de rehusar inhibirse,
la
acción de
elevar los autos mientras el caso aún está pendiente no
supera
la
exigencia
de
apariencia
de
específicamente
exige
el
Canon
20(j)
supra.
contrario,
ante
los
Por
el
imparcialidad
de
ojos
Ética
de
que
Judicial,
una
persona
razonable, pone en tela de juicio la imparcialidad en la
adjudicación del caso, situación que, como vimos, es lo que
precisamente
pretende
Procedimiento Civil,
evitar
supra.
la
Regla
En ocasiones
63.1(j)
ocurren
de
eventos
CC-2017-0704
21
que, aun cuando no necesariamente inciden sobre el criterio
del
juez,
podrían
dejar
una
impresión
de
apariencia
de
parcialidad.
Por otro lado, los foros de instancia cuentan con el
poder inherente de tomar medidas dirigidas a supervisar y
controlar la conducta de los abogados y las partes durante
los procesos judiciales.36 Así, para mantener el mejor orden
y control de los procesos o incluso para salvaguardar el
honor y la dignidad del tribunal, el juez que preside el
mismo
puede
incluso
la
utilizar
mecanismos
imposición
de
como
sanciones,
la
amonestación
cuando
lo
e
entienda
necesario. Lo que no debe hacer un juez en circunstancias
similares a las de este caso, es elevar los autos mientras
se mantiene presidiendo el mismo.
IV
Por todo lo anterior, expedimos el auto de certiorari
sin trámite ulterior de conformidad con la Regla 50 del
Reglamento de este Tribunal, supra, y confirmamos por otros
fundamentos
la
Sentencia
emitida
por
el
Tribunal
de
Apelaciones.
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
36
Meléndez Vega v. Caribbean Intern. News, 151 DPR 649, 660-661 (2000).
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Municipio
Carolina
Autónomo
de
Recurrido
v.
CC-2017-0704
Certiorari
CH Properties
Peticionaria
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede la cual se hace formar parte íntegra de
la presente, expedimos el auto de certiorari sin
trámite ulterior de conformidad con la Regla 50 del
Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, y
confirmamos por otros fundamentos la Sentencia
emitida por el Tribunal de Apelaciones.
Así
lo
pronunció,
manda
el
Tribunal
y
certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La
Jueza Asociada señora Pabón Charneco emite un Voto de
Conformidad. El Juez Asociado señor Colón Pérez
concurre con el resultado y hace constar la siguiente
expresión:
“El Juez Asociado señor Colón Pérez
concurre
con
lo
resuelto
por
este
Tribunal en el día de hoy, a saber:
establecer que cuando un juez o jueza del
Tribunal de Primera Instancia concluye
que no procede su inhibición en cierto
proceso judicial en curso, y que preside,
y se activa el proceso de recusación
establecido en la Regla 63.2 de las de
CC-2017-0704
2
Procedimiento Civil, 31 LPRA Ap. V, R.63.2, el
juez designado para pasar juicio sobre la
procedencia
o
no
de
dicha
recusación
-- incluyendo al Juez(a) Coordinador(a) --,
tendrá la obligación de hacer constar en cuál
de las causas de las dispuestas en la Regla
63.1 de Procedimiento Civil, 31 LPRA Ap. V, R.
63.1, fundamenta su determinación. Concurre por
entender que, para llegar al único resultado
que hoy se llega, bastaba con que este Foro se
limitara a realizar un estudio de lo dispuesto
en las reglas procesales antes mencionadas,
entiéndase
las
Reglas
63.1
y
63.2
de
Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia
interpretativa, sin más.”
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez se une a la
expresión del Juez Asociado señor Colón Pérez. El Juez
Asociado señor Feliberti Cintrón no interviene.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Municipio Autónomo de
Carolina
Certiorari
Recurrido
v.
CC-2017-704
CH Properties
Peticionaria
Voto de Conformidad emitido por la Jueza Asociada Señora
Pabón Charneco.
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018.
Estoy
conforme
con
la
Opinión
que
antecede.
Sin
embargo, debo expresarme respecto al trámite procesal que
culminó en la recusación del Juez Superior, Hon. Wilfredo
Maldonado García (Juez Maldonado García). No puedo ignorar
la gestión obstinada del Municipio de Carolina (Municipio)
y
de
su
representación
legal,
cuya
sola
misión
desde
principios del año 2016 fue lograr la inhibición del Juez
Maldonado García en el caso CH Properties v. Municipio de
Carolina,
Núm.
Civil
FCD2013-0838
pendiente
ante
el
Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. Veamos.
I
El 18 de marzo de 2016, el Municipio presentó una
Demanda
de
Auto
Inhibitorio
contra
el
Juez
Maldonado
García. Allí, nos solicitó que le ordenáramos abstenerse de
proseguir con los procedimientos del caso de autos porque
CC-2017-704
2
el foro primario carecía de jurisdicción in personam y
sobre la materia. Tras evaluar detenidamente el recurso
extraordinario, el 31 de marzo de 2016 lo denegamos.
El 29 de agosto de 2016, el Alcalde del Municipio presentó
una
Querella
contra
el
Juez
Maldonado
García
ante
la
Oficina de Administración de los Tribunales (OAT). Inter
alia, arguyó que el Juez Maldonado García: (1) abusó de su
poder judicial y violó el Canon 13 de Ética Judicial al
citarlo so pena de desacato; (2) adelantó su criterio sin
escuchar prueba y denotó un ánimo prevenido en favor de CH
Properties, en violación al Canon 9 de Ética Judicial y (3)
exhibió un comportamiento errático e irrespetuoso respecto
al
Municipio,
en
contravención
al
Canon
14
de
Ética
Judicial. Solicitó, como medida cautelar, que lo recusaran
“para preservar la integridad del proceso judicial” ya que
su conducta presuntamente arrojaba “serias dudas sobre la
transparencia y pureza de los procedimientos”, así como una
“irreparable
fue
apariencia
archivada
porque
de
del
imparcialidad”.
expediente
Esta
judicial
Querella
no
surgía
prueba indicativa de violación ética alguna.
Ad interim, el 5 de octubre de 2016, el Municipio presentó
una Moción Urgente Inhibición o Recusación. Arguyó que la
Querella interpuesta por el Alcalde del Municipio contra el
Juez
Maldonado
juzgador
y
actuaría
con
era
García
maculaba
la
razón
suficiente
para
prejuicio
respecto
pasión
y
imparcialidad
creer
al
que
del
este
Municipio.
Sostuvo que la presentación de la Querella per se requería
CC-2017-704
3
la inhibición o recusación del juez querellado. El Juez
Maldonado
García
determinó
que
no
tenía
motivo
para
inhibirse y refirió el asunto a la Jueza Administradora
Regional quien, a su vez, lo refirió al Hon. Lizardo W.
Mattei Román (Juez Mattei Román). El 12 de diciembre de
2016, el Juez Mattei Román emitió una Resolución en la que
concluyó que no existía fundamento legal que requiriera la
inhibición
del
Juez
Maldonado
García
y
que
tanto
la
Querella como la Moción de Inhibición o Recusación eran
subterfugios
del
Municipio
para
no
cumplir
con
una
Sentencia dictada por transacción judicial.
El 31 de mayo de 2017, el Municipio presentó una Segunda
Moción
de
Maldonado
imprudentes
Inhibición
García
o
realizó
respecto
al
Recusación.
Arguyó
caracterizaciones
Municipio
en
unas
que
el
Juez
impropias
e
Resoluciones.
Sostuvo que si bien una Querella no es suficiente per se
para requerir la inhibición del juez, el lenguaje de las
Resoluciones reflejaba el ánimo prevenido del Juez. Indicó
que “ya no se trata[ba] de una mera creencia de ausencia de
imparcialidad”, sino que ahora el Juez Maldonado García, en
efecto, utilizaba el poder judicial para actuar apasionada
y prejuiciadamente contra el Municipio. Nuevamente, el Juez
Maldonado García determinó que no se inhibiría del caso
pues su función
había sido
estrictamente adjudicativa y
jamás había actuado con pasión, prejuicio ni parcialidad.
Así las cosas, refirió el asunto a la Jueza Administradora
Regional y le solicitó que elevara los autos ante nos, con el
CC-2017-704
propósito
4
de
que
determináramos
si
procedía
una
acción
disciplinaria contra los abogados del Municipio por los
continuos ataques contra su integridad.
Tras varios trámites procesales, la controversia llegó ante
nos y motivó la Opinión que antecede.
II
La conducta desplegada por el Municipio y su representación
legal
denota,
judicial.
como
Desde
el
poco,
un
claro
inicio,
abuso
utilizaron
del
sistema
planteamientos
jurisdiccionales, procesales y ético-disciplinarios con un
solo propósito:
recusar al
Juez Maldonado García. Estos
planteamientos fueron rechazados una y otra vez por ser
infundados y carecer de apoyo en el expediente judicial.
Primero, nos solicitaron que le ordenáramos abstenerse
de proseguir con los procedimientos del caso
utilizando
como pretexto planteamientos jurisdiccionales desprovistos
de base y fundamento legal en el expediente. Denegamos el
recurso. Segundo, presentaron una Querella ante la OAT en
la que le imputaron la violación de varios Cánones de Ética
Judicial. Tercero, poco tiempo después, le solicitaron que
se inhibiera porque la Querella presentada en su contra
constituía razón suficiente para creer que este actuaría
apasionada
y
prejuiciadamente
contra
el
Municipio.
Por
último, y a pesar de que: (1) la Querella fue archivada por
no
encontrarse
violación
alguna
a
los
Cánones
de
Ética
Judicial y (2) la Moción de Inhibición o Recusación fue
CC-2017-704
denegada,
5
le
solicitaron
nuevamente
la
inhibición
con
fundamentos similares a los previamente rechazados.
Coincido con la apreciación del Juez Mattei Román y la
Jueza
María
Gómez
Córdova
respecto
a
que
los
múltiples
intentos de recusar al Juez Maldonado García formaron parte
de un patrón de tácticas dilatorias con miras a eludir el
cumplimiento de una Sentencia final, firme e inapelable.
Aunque ciertamente el Juez
continuar
el
proceso
pudo
establecido
haberse limitado a
en
la
Regla
63.2
de
Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, o utilizar
otros
mecanismos
al
evaluar
la
Segunda
Moción
de
Inhibición, en todo su derecho optó por elevar los autos
para
que
evaluáramos
disciplinario
contra
si
procedía
los
iniciar
abogados
del
un
proceso
Municipio.
Lamentablemente, ello lo convierte en parte promovente de
la acción disciplinaria y, por ende, crea una apariencia de
parcialidad.
quien
le
fundamento
Irónicamente,
confirió
legal
al
que
el
Juez
Municipio
estos
Maldonado
y
carecían
a
sus
para
García
fue
abogados
el
justificar
su
inhibición en el caso de autos. Si bien la actuación del
Juez Maldonado García nos obliga a confirmar su recusación,
no cabe duda de que ello atentará contra la solución justa,
rápida y económica del caso.
Mildred G. Pabón Charneco
Jueza Asociada