LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Municipio Autónomo de Carolina v. CH Properties

2018 TSPR 125

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Municipio Autónomo de Carolina v. CH Properties

CC-2017-704

Derecho procesal civil: Aplicación del procedimiento de recusación de jueces en un pleito civil conforme a la Regla 63 de Procedimiento Civil y los Cánones de Ética Judicial. Deber de inhibición de un Juez que eleva los autos ante el Tribunal Supremo para evaluar la procedencia de una acción disciplinaria en contra de los representantes legales de una parte del caso que aun presidente y no ha culminado.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Municipio Autónomo de

Carolina

Recurrido

Certiorari

v.

2018 TSPR 125

CH Properties

200 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC-2017-704

Fecha: 29 de junio de 2018

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón y Carolina

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. José A. Andreu Fuentes

Lcdo. Pedro López Bergollo

Lcdo. Pedro Rosario Urdaz

Abogados de la parte recurrida:

Lcdo. Frank Torres Viada

Lcda. Maritere De Jesús Aponte

Lcda. Carmen Sonia Zayas

Derecho

procesal

civil:

Aplicación

del

procedimiento

de

recusación de jueces en un pleito civil conforme a la Regla 63

de Procedimiento Civil y los Cánones de Ética Judicial. Deber de

inhibición de un Juez que eleva los autos ante el Tribunal

Supremo para evaluar la procedencia de una acción disciplinaria

en contra de los representantes legales de una parte del caso

que aun presidente y no ha culminado.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Municipio

Carolina

Autónomo

de

Recurrido

v.

CC-2017-0704

Certiorari

CH Properties

Peticionaria

Opinión del Tribunal

Kolthoff Caraballo

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

(Regla 50)

San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018.

Este

contestar

caso

nos

presenta

las

siguientes

la

oportunidad

interrogantes:

de

¿la

recusación de un juez puede darse sin acreditar

bajo

qué

escenario

Procedimiento

¿procede

eleva

los

la

de

Civil,

inhibición

autos

ante

la

infra,

de

el

un

Regla

se

63.1

de

configura?;

juez

cuando

éste

Tribunal

Supremo

para

evaluar la procedencia de una acción disciplinaria

en contra de

los representantes legales

de una

parte del caso que el mismo juez preside y aún no

ha culminado?

Los asuntos que se presentan ante esta Curia

solo

requieren

que

detallemos

algunos

aspectos

CC-2017-0704

2

procesales del caso, sin tener que entrar a considerar los

hechos sustantivos del mismo. Veamos.

I

El

Municipio

de

Carolina

(Municipio)

presentó

una

Moción urgente [de] inhibición o recusación en contra del

Hon.

Wilfredo

Juez

Superior

Maldonado

que

García

atendía

(Juez

varias

Maldonado

causas

de

García),

acción

presentadas por ambas partes en este caso.1 En su moción, el

Municipio alegó que el Juez Maldonado García había abusado

de su poder judicial al adelantar su criterio y prejuzgar

controversias medulares del caso. Añadió que lo anterior

provocó la presentación de una querella ante la Oficina de

Administración de los Tribunales (OAT).2 De esta forma, el

Municipio sostuvo que existía “base razonable para dudar de

la imparcialidad del Juez Maldonado García por virtud del

proceso disciplinario promovido por el Municipio. Ello, en

unión

a

las

posiciones,

preferencias

y

rechazos

anteriormente asumidos por [el Juez Maldonado García], sin

importar la prueba recibida en sala e incluso antes que se

someta prueba alguna”.3

Luego de evaluar la Moción urgente [de] inhibición o

recusación, el Juez Maldonado García determinó que no tenía

motivo para inhibirse en el caso. A tales efectos, ordenó

Véase Moción urgente [de] inhibición o recusación, Apéndice de la

Petición de certiorari, págs. 265-270.

1

El 5 de febrero de 2018, la Oficina de Administración de Tribunales

(OAT) archivó la querella sin más por no encontrar violación alguna a

los Cánones de Ética Judicial por parte del Juez Maldonado García.

2

3

Íd., pág. 269.

CC-2017-0704

3

la notificación de su Resolución a la Jueza Administradora

Regional del Tribunal de Primera Instancia, quien, a su

vez, refirió el asunto al Hon. Lizardo W. Mattei Román para

su consideración. Evaluado el asunto, el Juez Mattei Román

denegó

la

Municipio,

petición

tras

de

concluir

inhibición

presentada

por

el

que

desprende

razón

o

“no

se

motivo que jurídicamente justifique la inhibición del Juez

Maldonado

García”.4

En

consecuencia,

el

Juez

serie

de

Maldonado

García continuó a cargo del caso.

Así

disputas

moción

de

las

cosas,

y

tras

una

procesales,

el

Municipio

presentó

inhibición

o

recusación5

en

trámites

una

contra

y

segunda

del

Juez

Maldonado García.

En esta segunda moción de inhibición se hizo alusión

a

ciertas

resoluciones

emitidas

por

el

Juez

Maldonado

García que, según concluyó el Municipio, exponían:

[. . .] unas

caracterizaciones

sobre

las

representaciones e intenciones del ayuntamiento

poco

prudentes

e

impropias

y

peor

aún,

totalmente erróneas. Lo cual, unido a la

radicación

de

la

querella

ética

y

los

procedimientos atinentes a la presentación de

la primera Moción de Inhibición o Recusación

diluyen aquella interpretación vertida por el

Juez Mattei Román en cuanto a que la radicación

de una querella, por sí sola, no refleja

conducta que aparente parcialidad alguna por

parte de un juez.

Pues, ahora no solo existe la querella, sino

que las expresiones contenidas en [una de las

resoluciones resueltas por el Juez Maldonado]

4

Resolución, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 294-301.

Véase Segunda moción de inhibición

Petición de certiorari, págs. 302-317.

5

o

recusación,

Apéndice

de

la

CC-2017-0704

4

en sí mismas reflejan el ánimo prevenido de

este Juez a favor de la parte demandada y en

prejuicio de la parte compareciente[...]6

En respuesta a lo anterior, el Juez Maldonado García

emitió

una

Resolución

en

la

que

concluyó

que

no

tenía

pasión, prejuicio ni parcialidad en la controversia ante su

consideración, por lo que

no se inhibiría del caso.

En

particular, expresó lo siguiente:

Volvemos y repetimos nuestra función ha sido y

será

una

estrictamente

de

naturaleza

adjudicativa en la cual jamás hemos faltado ni

a nuestros deberes ni responsabilidades mas no

vamos ni a continuar ni a tolerar el que se nos

continúe atacando por determinaciones tomadas

las cuales, según el propio expediente del caso

y a lo dispuesto por Tribunales de superior

jerarquía, todas se ajustan en derecho.7

Así,

Regional

remitió

para

su

la

moción

disposición.

a

la

Jueza

Además,

el

Administradora

Juez

Maldonado

García le solicitó a la Jueza Administradora Regional que

elevara los autos ante el Tribunal Supremo, de manera tal

que este Foro tomara conocimiento de la acción presentada

en su contra y

acción

determinara sobre la procedencia de una

disciplinaria.

En

respuesta,

la

Jueza

Administradora Regional refirió el expediente del caso a la

Jueza Coordinadora de Asuntos de lo Civil de la Región

Judicial

de

Carolina

(Jueza

Coordinadora)

para

que

atendiera la referida moción de inhibición. Sin embargo, la

Jueza Coordinadora simplemente determinó reasignar el caso

Véase Apéndice, pág. 304. Cabe señalar que las determinaciones que

dieron lugar a la segunda querella fueron a su vez, objeto de otro

recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.

6

7

Resolución, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 320.

CC-2017-0704

5

al Hon. Ignacio

E. Morales

Gómez para que atendiera el

mismo.8 En su Resolución, la Jueza Coordinadora no expuso

fundamento

alguno

para

la

remoción

del

Juez

Maldonado

García, sino que señaló que la acción se tomaba “en el uso

de nuestra discreción y fundamentados en las facultades y

prerrogativas que la posición administrativa que ocupamos

nos confiere”.9 También dejó sin efecto el referido para que

se elevaran los autos del caso al Tribunal Supremo, tras

concluir que el asunto era académico.10

En desacuerdo con la determinación del Tribunal de

Primera

Instancia,

Tribunal

de

CH

Properties,

Apelaciones

y

solicitó

Inc.,

acudió

ante

la

revocación

de

el

la

Resolución y Orden emitida por la Jueza Coordinadora. Sin

embargo, y mediante la Sentencia de la cual se recurre, el

Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del foro

de instancia en cuanto a la recusación del Juez Maldonado

García. En resumen, el Tribunal de Apelaciones razonó que a

pesar de que las dos

solicitudes de inhibición no eran

suficientes para recusar al Juez Maldonado García, el tono

de las expresiones del magistrado aludiendo a que no está

parcializado, la elevación de los autos ante este Foro para

consideraciones disciplinarias y la querella ante la OAT

“macula la pureza de los procesos y su imparcialidad, al

El Hon. Ignacio E. Morales Gómez se inhibió motu proprio de presidir

el caso.

8

Véase Resolución y Orden, Apéndice de la Petición de certiorari, págs.

322-323.

9

10

Íd.

CC-2017-0704

6

menos en su apariencia”.(Énfasis suplido).11 No obstante,

revocó y dejó sin efecto la denegatoria de elevar los autos

para

la

consideración

de

una

acción

disciplinaria,

ello

tras concluir que le corresponde a esta Curia pasar juicio

sobre los asuntos éticos y que, además, el Juez Maldonado

García tenía la potestad de elevar los autos.

Inconforme, CH Properties acude ante este Tribunal

mediante un recurso de certiorari y como único señalamiento

de error expuso lo siguiente:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al

confirmar la recusación del Honorable Juez

Wilfredo Maldonado García.

Procedemos a expedir el recurso y disponer de las

controversias al amparo de la Regla 50 del Reglamento del

Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B. Pasemos, pues a exponer

el marco jurídico para resolver el asunto presentado ante

nuestra consideración.

II

A. La inhibición y recusación de jueces

La inhibición y recusación de jueces está regulada

por los Cánones de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, y las

Reglas 63.1 y 63.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

En específico, la Regla 63.1 de Procedimiento Civil,

supra,

establece

jueces

se

ven

varios

obligados

escenarios

a

o

inhibirse

causas

motu

en

proprio

recusación de parte, a saber:

11

que

Sentencia, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 339.

los

o

a

CC-2017-0704

(a) por tener prejuicio o parcialidad hacia

cualquiera de las personas o los abogados o

abogadas que intervengan en el pleito, o por

haber prejuzgado el caso;

(b) por tener interés personal o económico en

el resultado del caso;

(c) por existir un parentesco de consanguinidad

o afinidad dentro del cuarto grado con el (la)

fiscal, procurador o procuradora de asuntos de

familia, defensor(a) judicial, procurador(a) de

menores o cualquiera de las partes o sus

representantes legales en un procedimiento

civil;

(d) por existir una relación de amistad de tal

naturaleza entre el juez o jueza y cualquiera

de las partes, sus abogados o abogadas,

testigos u otra persona involucrada en el

pleito que pueda frustrar los fines de la

justicia;

(e) por haber sido abogado(a), o asesor(a) de

cualquiera de las partes o de sus abogados(as)

en la materia en controversia, o fiscal en una

investigación o procedimiento criminal en el

que los hechos fueron los mismos presentes en

el caso ante su consideración;

(f) por haber presidido el juicio del mismo

caso en un tribunal inferior o por haber

actuado como magistrado(a) a los fines de

expedir una orden de arresto o citación para

determinar

causa

probable

en

la

vista

preliminar de un procedimiento criminal;

(g) por intervenir en el procedimiento una

persona

natural

o

jurídica

que

le

haya

facilitado o gestionado algún préstamo en el

que no se hayan dispensado las garantías o

condiciones usuales;

(h) cuando en calidad de funcionario(a) que

desempeña un empleo público, haya participado

como abogado(a), asesor(a), o testigo esencial

del caso en controversia;

(i) cuando uno de los abogados(as) de las

partes sea abogado(a) de los jueces o juezas

que han de resolver la controversia ante su

consideración o lo haya sido durante los

últimos tres años, o

(j) por

cualquier

otra

causa

que

pueda

razonablemente

arrojar

dudas

sobre

su

imparcialidad para adjudicar o que tienda a

minar la confianza pública en el sistema de

justicia. (Énfasis suplido).

7

CC-2017-0704

Por

8

otro

lado,

mientras

Procedimiento

Civil,

escenarios

en

los

que

recusado,

la

Regla

63.2

sobre

el

dispone

la

supra,

establece

un

deberá

de

juez

Regla

63.1

de

las

causas

o

inhibirse

Procedimiento

perfeccionamiento

de

la

Civil,

o

ser

supra,

solicitud

de

inhibición o recusación y el procedimiento. La regla señala

lo siguiente:

a) Toda solicitud de recusación será jurada y

se presentará ante el juez o jueza recusado(a)

dentro de veinte (20) días desde que la parte

solicitante

conozca

de

la

causa

de

la

recusación. La solicitud incluirá los hechos

específicos en los cuales se fundamenta y la

prueba documental y declaraciones juradas en

apoyo

a

la

solicitud.

Cuando

la

parte

promovente de la recusación no cumpla con las

formalidades antes señaladas, el juez o jueza

podrá continuar con los procedimientos del

caso.

(b)

Una

vez

presentada

la

solicitud

de

recusación, si el juez o jueza recusado(a)

concluye que procede su inhibición, hará

constar mediante resolución escrita los incisos

(a) a (i) de la Regla 63.1 de este apéndice

aplicable, en su defecto, la razón específica

para su inhibición bajo el inciso (j) y la

notificará a todas las partes. El caso será

asignado a otro juez o jueza.

(c) Si el juez o la jueza concluye que no

procede

su

inhibición,

se

abstendrá

de

continuar actuando en su capacidad de juez o

jueza en el caso y remitirá los autos de éste

al juez administrador o jueza administradora

para la designación de un juez o jueza que

resuelva

la

solicitud

de

recusación.

La

recusación se resolverá dentro del término de

treinta (30) días de quedar sometida.

(d) Una vez un juez o jueza haya comenzado a

intervenir en un caso, no podrán unirse al caso

los abogados o abogadas cuya intervención pueda

producir su recusación.

CC-2017-0704

9

Con anterioridad a la aprobación de la Regla 63.2 de

Procedimiento Civil, supra, la Regla 63.1 de Procedimiento

Civil de 1979 disponía lo siguiente:

Cualquier recusación deberá ser jurada y

expondrá los hechos en que se funda. Dicha

recusación deberá ser presentada tan pronto el

solicitante advenga en conocimiento de la causa

de recusación.12

Nótese que la referida disposición solamente exponía

el contenido de la moción de recusación, pero no establecía

el procedimiento. Por ello, los cambios establecidos en la

actual

Regla

63.2

de

Procedimiento

Civil,

supra,

van

dirigidos a especificar el procedimiento a seguir.

Conforme a lo anterior, vemos que la inhibición de un

juez puede producirse bajo dos escenarios: a iniciativa del

juez (motu proprio) o por solicitud de recusación de una

parte. Si la inhibición

surge

abstendrá

tan

de

intervenir

motu proprio,

pronto

conozca

el juez se

la

causa

y,

además, emitirá una resolución escrita y fundamentada. Si

se trata de que una parte solicitará la recusación del juez

y éste determinara que en efecto procede su inhibición,

entonces lo hará constar a través de una resolución en la

cual

especificará

el

inciso

de

la

Regla

63.1

de

Procedimiento Civil, supra, que motiva su abstención. No

obstante, si se alude a la Regla 63.1(j) de Procedimiento

Civil, supra (cualquier otra causa que pueda razonablemente

arrojar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar o que

Regla 63.2

(derogada).

12

de

Procedimiento

Civil

de

1979,

32

LPRA.

Ap.

III

CC-2017-0704

tienda

a

justicia)

10

minar

la

confianza

entonces

deberá

pública

detallar

en

el

sistema

de

las

circunstancias

específicas.13

Por otro lado, en caso de que una parte solicite la

inhibición al juez y éste rehúse inhibirse, entonces el

asunto deberá referirse al Juez Administrador para que éste

asigne otro juez, quien tendrá la encomienda de determinar

si procede o no la recusación del juez en cuestión. El juez

a quien se le asigne la evaluación de tal solicitud de

recusación deberá, a los 30 días de habérsele asignado el

asunto, emitir su determinación por escrito y fundamentada

en cualquiera de los escenarios dispuestos por la Regla

63.1

de

Procedimiento

Civil,

supra.

Distinto

a

la

circunstancia en que el juez que está viendo el caso se

inhibe, la Regla 63.2 de Procedimiento Civil, supra, no

establece expresamente la obligación del juez a quien se le

asigna

la

evaluación

de

una

solicitud

de

recusación

de

emitir su determinación por escrito y fundamentada en al

menos una de las causas que establece la Regla 63.1 de

Procedimiento Civil, supra. Sin embargo, consideraciones de

debido

proceso

de

ley

-en

su

contexto

apelativo-

y

de

simple sentido común así lo requieren.

B. Los Cánones 8 y 20 (j) de Ética Judicial

Como vimos, el último escenario de la Regla 63.1 de

Procedimiento

Civil,

supra,

el

inciso

(j),

provee

una

R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: derecho

procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2017, pág. 324.

13

CC-2017-0704

11

cláusula residual a través de la cual se amplían las causas

de inhibición y recusación. Esta cláusula es de carácter

remedial, por lo que debe interpretarse liberalmente,14 y

constituye

una

causa

de

inhibición

fundamentada

en

la

apariencia de imparcialidad, que armoniza con los Cánones 8

y 20(j) de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B.

El Canon 8 de Ética Judicial, supra, en lo pertinente

establece que “[l]a conducta de las juezas y de los jueces

ha de excluir la posible apariencia de que son susceptibles

de actuar por influencias[…]”. Asimismo, el Canon 20(j) de

Ética

Judicial,

inhibirse

supra,

“por

establece

cualquier

que

otra

los

jueces

deberán

que

pueda

causa

razonablemente arrojar dudas sobre su imparcialidad para

adjudicar o que tienda a minar la confianza pública en el

sistema de justicia”.

En cuanto al significado de prejuicio o parcialidad

personal, este Tribunal ha precisado que se refiere a una

actitud que se origina fuera del plano judicial, es decir,

en el plano extrajudicial.15 Así, al determinar si existe o

no prejuicio personal de parte del juez, debemos analizar

la totalidad de las circunstancias a la luz de la prueba

presentada.16 “Para ello, es necesario que utilicemos la

norma objetiva para todos: la del buen padre de familia;

mirando

no

desde

la

perspectiva

del

Juez

o

de

los

J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San

Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. V, pág. 1851.

14

15

Pueblo v. Maldonado Dipiní, 96 DPR 897, 910 (1969).

16

Ruiz v. Pepsico PR, Inc., 148 DPR 586, 589 (1999).

CC-2017-0704

12

litigantes, sino desde la óptica de este mítico ser”.17 Nos

menciona

ético

el

es

objetivo:

conocimiento

sobre

la

tratadista

de

Cuevas

Segarra

que

si

una

las

circunstancias,

todas

imparcialidad

manifestado

que

“[l]a

prejuicio,

como

punta

del

persona

juez”.18

imputación

de

lanza,

“el

estándar

razonable,

tendría

Esta

con

dudas

Curia

ha

de

parcialidad

o

debe

cimentarse

en

cuestiones personales serias, no triviales ni judiciales;

es

decir,

una

actitud

originada

extrajudicialmente

en

situaciones que revistan sustancialidad”.19

Vemos que la exigencia de apariencia de imparcialidad

es una norma firmemente enraizada en importantes principios

éticos.20 Con respecto a ello, este Tribunal ha expresado

que para que proceda la inhibición o recusación de un juez

no es imprescindible probar la existencia de prejuicio o

parcialidad de hecho, basta con que exista la apariencia de

prejuicio o parcialidad.21 Es decir, “la mera apariencia de

parcialidad constituye motivo suficiente para la inhibición

o recusación de un juez”.(Énfasis suplido).22 Ello, pues “la

fe de la ciudadanía en el sistema de justicia que impera en

nuestro País resulta ser imprescindible para su bienestar

17

Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1852.

18

Íd., pág. 1835.

19

Ruiz v. Pepsico PR, Inc., supra, pág. 588.

20

Lind v. Cruz, 160 DPR 485, 490 (2003).

21

Pueblo v. Martes Olán, 103 DPR 351, 355 (1975).

22

Lind v. Cruz, supra, pág.. 494 (2003).

CC-2017-0704

13

general”.23 Consecuentemente, “no basta con que el juez sea

imparcial y objetivo; es preciso que lo parezca”.(Énfasis

omitido).24

Es sabido que “el Estado de Derecho se asienta sobre

el recto y sabio ejercicio de las funciones judiciales. La

singularidad de esta función configura la imparcialidad del

juzgador como exigencia del debido proceso de ley”.25 De

esta forma, no solamente se requiere que los jueces sean

imparciales, sino que su conducta excluya la apariencia de

imparcialidad.26

Los

jueces

están

independencia

judicial.

igualdad

condiciones

de

De

llamados

esta

tendrán

a

manera,

ejemplificar

la

las

en

derecho

personas

a

ser

oídas

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e

imparcial.27 Los tribunales de justicia deben velar porque

la

balanza

en

que

se

pesan

los

derechos

de

todos

los

ciudadanos esté libre de sospechas, aunque las mismas sean

infundadas.28

23

Íd., pág. 488.

24

Íd.

25

Martí Soler v. Gallardo Álvarez, 170 DPR 1, 7-8 (2007).

26

Lind v. Cruz, supra, pág. 490.

Canon 2 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B; In re Mercado Santaella,

197 DPR 1032, 1059, (2017).

27

In re Mercado Santaella, supra, pág. 1064, citando a Sucn. Ortiz

Campoamor Redín, 125 DPR 106, 190 (1990).

28

CC-2017-0704

14

C. El Canon 7 de

Profesional

Por

otro

Ética Judicial y el Canon 9 de Ética

lado,

el

Canon

7

de

Ética

Judicial,

4 LPRA Ap. IV-B, establece como un deber que “cuando los

hechos les consten personalmente, las juezas y los jueces

promoverán

y

cooperarán

con

los

procedimientos

disciplinarios que procedan contra cualquier jueza, juez,

abogada,

abogado,

empleado

de

la

funcionaria,

Rama

Judicial

funcionario,

que

actúe

empleada

contrario

a

o

lo

dispuesto en los cánones, en las normas administrativas,

reglamentos

como

los

y

leyes

jueces

vigentes”.

tienen

el

Así,

deber

de

tanto

los

abogados,

velar

porque

no

se

empañe la imagen de imparcialidad de la Judicatura.29

Por otro lado, y conforme con el Canon 9 del Código

de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, la buena marcha del

proceso judicial es parte de la responsabilidad ineludible

de todo miembro de la profesión legal. Por ello, “el deber

de respeto propio para con los tribunales incluye también

la obligación de tomar las medidas que procedan en ley

contra

funcionarios

judiciales

que

abusan

de

sus

prerrogativas o desempeñan impropiamente sus funciones y

que no observen una actitud cortés y respetuosa”.30

D. La administración de los Centros Judiciales

La

administración

de

los

Centros

Judiciales

está

compuesta principalmente por un Juez Administrador, un Juez

29

In re Lugo Rodríguez II, 155 DPR 123, 134 (2001).

30

Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

CC-2017-0704

Subadministrador,

15

un

Director

Administrativo

y

Jueces

Coordinadores.31

El Juez Administrador tiene a cargo la supervisión y

el buen funcionamiento del Centro Judicial de la Región

asignada. Nótese que “[l]a función del Juez Administrador

es de carácter administrativo.” (Énfasis suplido).32 Para

cumplir con esa encomienda contará con la ayuda del Juez

Subadministrador y del Director Administrativo.33

Con relación al Juez Coordinador, las Reglas para la

Administración del Tribunal de Primera Instancia disponen

lo siguiente:

(A) Los Jueces Administradores o las Juezas

Administradoras de las regiones judiciales

nombrarán, de entre los jueces y las juezas de

cada centro judicial, los Jueces Coordinadores

o

las

Juezas

Coordinadoras

de

Asuntos

Judiciales —civiles, criminales, relaciones de

familia y de asuntos de menores— o de aquellas

áreas que sean necesarias para asistir en la

administración

de

dicha

subunidad

administrativa.

Éstos

y

éstas

le

serán

responsables al Juez Administrador o a la Jueza

Administradora de la Región Judicial del buen

funcionamiento del centro judicial en lo

concerniente

a

su

particular

esfera

de

actividad.

(B) Los Jueces Coordinadores o las Juezas

Coordinadoras no ejercerán ningún tipo de

función administrativa que pueda interferir con

las

funciones

asignadas

a

los

Jueces

Administradores y a las Juezas Administradoras

de las regiones judiciales, y deberán coordinar

con éstos o éstas con respecto a cualquier

Véanse Reglas para la Administración

Instancia, según enmendadas, 4 LPRA Ap.II-B.

31

32

Hernández Colón, op. cit., pág. 88.

33

Íd.

del

Tribunal

de

Primera

CC-2017-0704

16

asunto que pueda afectar el funcionamiento de

las salas. (Énfasis suplido).34

III

Del expediente de este caso surge que cuando el Juez

Maldonado García fue recusado no se hizo constar la causa

que

justificó

su

recusación.

Es

decir,

no

se

desprende

alguno de los escenarios que dan paso a la recusación,

según establecidos en la Regla 63.1 de Procedimiento Civil,

supra,

y

el Canon 20 de Ética Judicial, supra.

En este

contexto, es preciso aclarar que cuando un juez concluye

que

no

procede

establecido

supra,

por

su

inhibición

la

Regla

para que el juez

procedencia

de

la

y

63.2

se

de

activa

el

proceso

Procedimiento

Civil,

designado pase juicio sobre la

recusación,

éste

último

tiene

la

obligación de hacer constar en qué causa de las dispuestas

en la Regla 63.1, de Procedimiento Civil, supra, fundamenta

su

determinación.

En

otras

palabras,

nuestro

sistema

no

permite que ante una solicitud de recusación un juez que

está presidiendo un caso sea removido del mismo sin que se

establezca

el

para

remoción

tal

fundamento

y

según

que

el

la

mencionada

fundamento

Regla

sea

63.1

claramente

establecido en una resolución. De lo contrario, la parte

que

no

ha

solicitado

la

inhibición

del

juez

queda

imposibilitada de señalar los fundamentos específicos por

los

cuales

entiende

que

el

foro

de

instancia

erró

al

recusar al juez que presidía el caso y, consecuentemente,

Véase Reglas para la Administración del

Instancia, según enmendadas, 4 LPRA Ap. II-B.

34

Tribunal

de

Primera

CC-2017-0704

17

su derecho a revisión se ve afectado. Además, obstaculiza

la función revisora del Tribunal de Apelaciones.

De particular preocupación es el hecho de que la

recusación en este caso se fundamentó únicamente en que la

Jueza Coordinadora presuntamente tenía tales facultades y

prerrogativas.

Por

eso

es

preciso

aclarar

que

tales

facultades o prerrogativas en realidad no le asisten al

Juez

Coordinador.

Recordemos

que

este

puesto

es

estrictamente administrativo. Lo que significa que el mismo

no

confiere

ni

a

al

juez

coordinador

ni

a

los

jueces

designados para actuar en la administración de un Centro

Judicial, el poder para, fundamentado en la sola discreción

que el puesto que ocupan le confiere, ordenar la recusación

de un compañero juez o jueza que se encuentre presidiendo

un

proceso

judicial.

Esto

es,

una

vez

referida

una

solicitud de recusación, un Juez Coordinador no puede dejar

de atenderla y reasignar el caso sin más. La adjudicación

de una solicitud de recusación tiene que basarse en las

causales que se enumeran en la Regla 63.1 de Procedimiento

Civil, supra. Ciertamente, no podemos avalar una acción en

contrario que, además de no encontrar apoyo en la Regla

63.1, de Procedimiento Civil, supra, trastoca, a lo menos

en apariencia, la pureza y transparencia del procedimiento.

Es menester tener presente que remover a un juez en

contra de su voluntad de un caso que ya ha iniciado es un

asunto muy serio que requiere que la acción se fundamente

en

hechos

claros

y

determinaciones

fundamentadas

en

CC-2017-0704

18

derecho. De esta forma se le permite a todas las partes

entender, en lo que sea posible, a qué se ha debido la

acción. Al no realizarse el proceso correcto, se pueden

crear

dudas

que

empañen

y

resten

legitimidad

a

nuestro

sistema de justicia.

Ahora bien, en este caso el Tribunal de Apelaciones

confirmó

la

fundamentado

recusación

en

que

la

del

Juez

querella

Maldonado

incoada

en

García

contra

del

magistrado, el tono de las expresiones emitidas por éste en

la Resolución aludida y el acto de elevar los autos ante

este

Foro

(para

disciplinaria)

evaluar

la

podrían

imparcialidad.

Razonó

procedencia

generar

que

a

pesar

una

de

una

acción

apariencia

de

que

todos

de

estos

incidentes no justifican de forma aislada la inhibición del

Juez

Maldonado

García,

ambas

querellas

toman

ahora

la

apariencia de una especie de disputa ética entre el Juez

Maldonado García y los abogados.

En

primer

lugar,

y

en

cuanto

al

“tono

de

las

expresiones” del Juez Maldonado García aludiendo a que no

estaba parcializado, concluimos que las mismas no fueron

unas irrespetuosas o destempladas que proyectaran, de por

sí, una falta de temperamento judicial o animosidad contra

alguna de las partes o sus abogados. Simplemente el Juez

Maldonado García articuló una expresión firme ante lo que

él entendía que eran unas expresiones de tono ofensivo de

los

abogados

del

Municipio

y

que

atentaban

contra

su

función como juez en el caso. Ciertamente, y como concluyó

CC-2017-0704

19

el tribunal apelativo intermedio, las expresiones del Juez

Maldonado García al rehusar inhibirse, por sí solas, no

podían provocar su recusación.

En cuanto a la querella presentada en contra del Juez

Maldonado García como fundamento para su recusación, nótese

que los incisos (a) a (i) de la Regla 63.1 de Procedimiento

Civil,

supra,

automático

de

no

contemplan

inhibición

o

este

escenario

recusación.

como

Con

motivo

relación

al

inciso (j) de la misma Regla 63.1, supra, y los Cánones 8 y

20

(j)

de

Ética

Judicial,

disposiciones

en

Procedimiento

Civil,

conclusión

que

de

armonía

con

supra,

estas

supra,

al

la

evaluar

Regla

estas

63(d),

tenemos

que

llegar

disposiciones

no

se

de

a

la

refieren

a

alguna acción presentada o llevada a cabo por cualquiera de

las partes en el caso que está ante la consideración del

juez.

De

hecho,

es

claro

que

permitir

que

la

mera

presentación de una querella contra un juez que preside un

caso sea suficiente para provocar su inhibición, abriría la

puerta para que se presentaran este tipo de querellas con

el único propósito de lograr la recusación automática de

los

jueces,

cuando

así

alguna

parte

lo

entienda

conveniente. Como bien señala el tratadista Cuevas Segarra,

no podemos permitir que la regla 63.1(j) de Procedimiento

Civil,

supra,

se

utilice

como

subterfugio.35

Concluimos,

entonces, que ni las expresiones del Juez Maldonado García

35

Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1832.

CC-2017-0704

20

ni la querella presentada en su contra, consideradas aún de

manera

conjunta,

constituían

razón

para

ordenar

su

recusación.

Corresponde entonces que consideremos el hecho de que

el Juez Maldonado García, a la vez que decidió no inhibirse

del

caso,

elevó

los

autos

ante

este

Foro

para

la

consideración de una medida disciplinaria en contra de los

abogados del Municipio. Nótese que el resultado de permitir

tal

acción

García

hubiera

presidía

el

sido

que

mientras

el

Juez

caso,

los

representantes

Maldonado

legales

del

Municipio (que son abogados en el caso) serían objeto de un

proceso de acción disciplinaria ante esta Curia iniciado

por el juez, proceso en el cual existe la posibilidad de

que el propio juez fuera parte querellante en contra de

esos abogados. En ese contexto, aunque estipuláramos que el

Juez

Maldonado

prejuiciado,

es

García

no

estuviera

forzoso

concluir

parcializado

que,

bajo

el

o

tracto

procesal antes descrito y el lenguaje categórico utilizado

por éste

al momento de rehusar inhibirse,

la

acción de

elevar los autos mientras el caso aún está pendiente no

supera

la

exigencia

de

apariencia

de

específicamente

exige

el

Canon

20(j)

supra.

contrario,

ante

los

Por

el

imparcialidad

de

ojos

Ética

de

que

Judicial,

una

persona

razonable, pone en tela de juicio la imparcialidad en la

adjudicación del caso, situación que, como vimos, es lo que

precisamente

pretende

Procedimiento Civil,

evitar

supra.

la

Regla

En ocasiones

63.1(j)

ocurren

de

eventos

CC-2017-0704

21

que, aun cuando no necesariamente inciden sobre el criterio

del

juez,

podrían

dejar

una

impresión

de

apariencia

de

parcialidad.

Por otro lado, los foros de instancia cuentan con el

poder inherente de tomar medidas dirigidas a supervisar y

controlar la conducta de los abogados y las partes durante

los procesos judiciales.36 Así, para mantener el mejor orden

y control de los procesos o incluso para salvaguardar el

honor y la dignidad del tribunal, el juez que preside el

mismo

puede

incluso

la

utilizar

mecanismos

imposición

de

como

sanciones,

la

amonestación

cuando

lo

e

entienda

necesario. Lo que no debe hacer un juez en circunstancias

similares a las de este caso, es elevar los autos mientras

se mantiene presidiendo el mismo.

IV

Por todo lo anterior, expedimos el auto de certiorari

sin trámite ulterior de conformidad con la Regla 50 del

Reglamento de este Tribunal, supra, y confirmamos por otros

fundamentos

la

Sentencia

emitida

por

el

Tribunal

de

Apelaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

36

Meléndez Vega v. Caribbean Intern. News, 151 DPR 649, 660-661 (2000).

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Municipio

Carolina

Autónomo

de

Recurrido

v.

CC-2017-0704

Certiorari

CH Properties

Peticionaria

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede la cual se hace formar parte íntegra de

la presente, expedimos el auto de certiorari sin

trámite ulterior de conformidad con la Regla 50 del

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, y

confirmamos por otros fundamentos la Sentencia

emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Así

lo

pronunció,

manda

el

Tribunal

y

certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La

Jueza Asociada señora Pabón Charneco emite un Voto de

Conformidad. El Juez Asociado señor Colón Pérez

concurre con el resultado y hace constar la siguiente

expresión:

“El Juez Asociado señor Colón Pérez

concurre

con

lo

resuelto

por

este

Tribunal en el día de hoy, a saber:

establecer que cuando un juez o jueza del

Tribunal de Primera Instancia concluye

que no procede su inhibición en cierto

proceso judicial en curso, y que preside,

y se activa el proceso de recusación

establecido en la Regla 63.2 de las de

CC-2017-0704

2

Procedimiento Civil, 31 LPRA Ap. V, R.63.2, el

juez designado para pasar juicio sobre la

procedencia

o

no

de

dicha

recusación

-- incluyendo al Juez(a) Coordinador(a) --,

tendrá la obligación de hacer constar en cuál

de las causas de las dispuestas en la Regla

63.1 de Procedimiento Civil, 31 LPRA Ap. V, R.

63.1, fundamenta su determinación. Concurre por

entender que, para llegar al único resultado

que hoy se llega, bastaba con que este Foro se

limitara a realizar un estudio de lo dispuesto

en las reglas procesales antes mencionadas,

entiéndase

las

Reglas

63.1

y

63.2

de

Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia

interpretativa, sin más.”

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez se une a la

expresión del Juez Asociado señor Colón Pérez. El Juez

Asociado señor Feliberti Cintrón no interviene.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Municipio Autónomo de

Carolina

Certiorari

Recurrido

v.

CC-2017-704

CH Properties

Peticionaria

Voto de Conformidad emitido por la Jueza Asociada Señora

Pabón Charneco.

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018.

Estoy

conforme

con

la

Opinión

que

antecede.

Sin

embargo, debo expresarme respecto al trámite procesal que

culminó en la recusación del Juez Superior, Hon. Wilfredo

Maldonado García (Juez Maldonado García). No puedo ignorar

la gestión obstinada del Municipio de Carolina (Municipio)

y

de

su

representación

legal,

cuya

sola

misión

desde

principios del año 2016 fue lograr la inhibición del Juez

Maldonado García en el caso CH Properties v. Municipio de

Carolina,

Núm.

Civil

FCD2013-0838

pendiente

ante

el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. Veamos.

I

El 18 de marzo de 2016, el Municipio presentó una

Demanda

de

Auto

Inhibitorio

contra

el

Juez

Maldonado

García. Allí, nos solicitó que le ordenáramos abstenerse de

proseguir con los procedimientos del caso de autos porque

CC-2017-704

2

el foro primario carecía de jurisdicción in personam y

sobre la materia. Tras evaluar detenidamente el recurso

extraordinario, el 31 de marzo de 2016 lo denegamos.

El 29 de agosto de 2016, el Alcalde del Municipio presentó

una

Querella

contra

el

Juez

Maldonado

García

ante

la

Oficina de Administración de los Tribunales (OAT). Inter

alia, arguyó que el Juez Maldonado García: (1) abusó de su

poder judicial y violó el Canon 13 de Ética Judicial al

citarlo so pena de desacato; (2) adelantó su criterio sin

escuchar prueba y denotó un ánimo prevenido en favor de CH

Properties, en violación al Canon 9 de Ética Judicial y (3)

exhibió un comportamiento errático e irrespetuoso respecto

al

Municipio,

en

contravención

al

Canon

14

de

Ética

Judicial. Solicitó, como medida cautelar, que lo recusaran

“para preservar la integridad del proceso judicial” ya que

su conducta presuntamente arrojaba “serias dudas sobre la

transparencia y pureza de los procedimientos”, así como una

“irreparable

fue

apariencia

archivada

porque

de

del

imparcialidad”.

expediente

Esta

judicial

Querella

no

surgía

prueba indicativa de violación ética alguna.

Ad interim, el 5 de octubre de 2016, el Municipio presentó

una Moción Urgente Inhibición o Recusación. Arguyó que la

Querella interpuesta por el Alcalde del Municipio contra el

Juez

Maldonado

juzgador

y

actuaría

con

era

García

maculaba

la

razón

suficiente

para

prejuicio

respecto

pasión

y

imparcialidad

creer

al

que

del

este

Municipio.

Sostuvo que la presentación de la Querella per se requería

CC-2017-704

3

la inhibición o recusación del juez querellado. El Juez

Maldonado

García

determinó

que

no

tenía

motivo

para

inhibirse y refirió el asunto a la Jueza Administradora

Regional quien, a su vez, lo refirió al Hon. Lizardo W.

Mattei Román (Juez Mattei Román). El 12 de diciembre de

2016, el Juez Mattei Román emitió una Resolución en la que

concluyó que no existía fundamento legal que requiriera la

inhibición

del

Juez

Maldonado

García

y

que

tanto

la

Querella como la Moción de Inhibición o Recusación eran

subterfugios

del

Municipio

para

no

cumplir

con

una

Sentencia dictada por transacción judicial.

El 31 de mayo de 2017, el Municipio presentó una Segunda

Moción

de

Maldonado

imprudentes

Inhibición

García

o

realizó

respecto

al

Recusación.

Arguyó

caracterizaciones

Municipio

en

unas

que

el

Juez

impropias

e

Resoluciones.

Sostuvo que si bien una Querella no es suficiente per se

para requerir la inhibición del juez, el lenguaje de las

Resoluciones reflejaba el ánimo prevenido del Juez. Indicó

que “ya no se trata[ba] de una mera creencia de ausencia de

imparcialidad”, sino que ahora el Juez Maldonado García, en

efecto, utilizaba el poder judicial para actuar apasionada

y prejuiciadamente contra el Municipio. Nuevamente, el Juez

Maldonado García determinó que no se inhibiría del caso

pues su función

había sido

estrictamente adjudicativa y

jamás había actuado con pasión, prejuicio ni parcialidad.

Así las cosas, refirió el asunto a la Jueza Administradora

Regional y le solicitó que elevara los autos ante nos, con el

CC-2017-704

propósito

4

de

que

determináramos

si

procedía

una

acción

disciplinaria contra los abogados del Municipio por los

continuos ataques contra su integridad.

Tras varios trámites procesales, la controversia llegó ante

nos y motivó la Opinión que antecede.

II

La conducta desplegada por el Municipio y su representación

legal

denota,

judicial.

como

Desde

el

poco,

un

claro

inicio,

abuso

utilizaron

del

sistema

planteamientos

jurisdiccionales, procesales y ético-disciplinarios con un

solo propósito:

recusar al

Juez Maldonado García. Estos

planteamientos fueron rechazados una y otra vez por ser

infundados y carecer de apoyo en el expediente judicial.

Primero, nos solicitaron que le ordenáramos abstenerse

de proseguir con los procedimientos del caso

utilizando

como pretexto planteamientos jurisdiccionales desprovistos

de base y fundamento legal en el expediente. Denegamos el

recurso. Segundo, presentaron una Querella ante la OAT en

la que le imputaron la violación de varios Cánones de Ética

Judicial. Tercero, poco tiempo después, le solicitaron que

se inhibiera porque la Querella presentada en su contra

constituía razón suficiente para creer que este actuaría

apasionada

y

prejuiciadamente

contra

el

Municipio.

Por

último, y a pesar de que: (1) la Querella fue archivada por

no

encontrarse

violación

alguna

a

los

Cánones

de

Ética

Judicial y (2) la Moción de Inhibición o Recusación fue

CC-2017-704

denegada,

5

le

solicitaron

nuevamente

la

inhibición

con

fundamentos similares a los previamente rechazados.

Coincido con la apreciación del Juez Mattei Román y la

Jueza

María

Gómez

Córdova

respecto

a

que

los

múltiples

intentos de recusar al Juez Maldonado García formaron parte

de un patrón de tácticas dilatorias con miras a eludir el

cumplimiento de una Sentencia final, firme e inapelable.

Aunque ciertamente el Juez

continuar

el

proceso

pudo

establecido

haberse limitado a

en

la

Regla

63.2

de

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, o utilizar

otros

mecanismos

al

evaluar

la

Segunda

Moción

de

Inhibición, en todo su derecho optó por elevar los autos

para

que

evaluáramos

disciplinario

contra

si

procedía

los

iniciar

abogados

del

un

proceso

Municipio.

Lamentablemente, ello lo convierte en parte promovente de

la acción disciplinaria y, por ende, crea una apariencia de

parcialidad.

quien

le

fundamento

Irónicamente,

confirió

legal

al

que

el

Juez

Municipio

estos

Maldonado

y

carecían

a

sus

para

García

fue

abogados

el

justificar

su

inhibición en el caso de autos. Si bien la actuación del

Juez Maldonado García nos obliga a confirmar su recusación,

no cabe duda de que ello atentará contra la solución justa,

rápida y económica del caso.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada