LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

ECA General Contractors, Inc. v. Municipio Autónomo de Mayagüez

2018 TSPR 124

Poder Judicial de Puerto Rico

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ECA General Contractors, Inc. v. Municipio Autónomo de Mayagüez

CC-2014-1001

Ley de Municipios Autónomos: Fecha determinante para la imposición del arbitrio de construcción en un proceso de requerimiento de propuestas. Delimitación de los contornos de la base contributiva del arbitrio de construcción.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

ECA General Contractors, Inc.

Recurrida

Certiorari

v.

2018 TSPR 124

Municipio Autónomo de Mayagüez

200 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC-2014-1001

Fecha: 29 de junio de 2018

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Mayagüez-Aguadilla y Aibonito

Abogado del peticionario:

Lcdo. Efraín Colón Sanz

Abogado del recurrido:

Lcdo. Rebeca Barnes Rosich

Ley de Municipios Autónomos: Fecha determinante para la imposición del

arbitrio de construcción en un proceso de requerimiento de propuestas.

Delimitación de los contornos de la base contributiva del arbitrio de

construcción.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

ECA General Contractors, Inc.

Recurrida

Municipio

Mayagüez

Certiorari

CC-2014-1001

v.

Autónomo

de

Peticionario

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió la Opinión del Tribunal

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018.

En esta ocasión, nos corresponde resolver cuál

es la fecha determinante, al amparo de la Ley de

Municipios Autónomos, infra, para la imposición del

arbitrio

de

construcción

requerimiento

de

en

un

propuestas.

proceso

Además,

de

precisa

delimitar los contornos de la base contributiva de

dicho

impuesto

con

el

fin

de

determinar

qué

desembolsos están sujetos a la contribución. Por los

fundamentos que pasamos a exponer, resolvemos que el

arbitrio de construcción se fija en el día de cierre

del

requerimiento.

costos

que

Asimismo,

tributan

son

concluimos

aquellos

a

la

que

que

directamente

relacionados

construcción.

A continuación los hechos que

los

estén

actividad

de

dieron

CC-2014-1001

2

inicio a la controversia ante nuestra consideración.

I

La

Autoridad

Infraestructura

Público

(AFI)

Privadas

para

el

y

Autoridad

la

(AAPP)

Financiamiento

para

suscribieron

de

la

las

Alianzas

un

acuerdo

interagencial mediante el cual la primera se comprometió a

brindar apoyo técnico, administrativo y legal a la última

en

la

consecución

de

un

programa

de

modernización

del

sistema de enseñanza público.

A raíz del acuerdo, se efectuó un requerimiento de

propuestas para el diseño, construcción y conservación del

Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez

(CROEM). El procedimiento de entrega de propuestas cerró

el 18 de noviembre de 2011 a las 5:00 p.m. y, tras la

evaluación

correspondiente,

la

AFI

concluyó

que

ECA

General Contractors, Inc. (ECA) ofreció la mejor calidad

por

el

valor

sugerido

y

le

adjudicó

el

proyecto

de

modernización del CROEM por la cantidad de $5,161,900.00.

La

contratación

incluyó

el

diseño

de

la

obra,

su

construcción, el suplido de ciertos equipos y materiales y

la conservación de la obra por el término de un año luego

de finalizada la construcción.

El Municipio Autónomo de Mayagüez (Municipio) advino

en conocimiento de la remodelación del CROEM y obtuvo de

la Oficina del Contralor una copia del contrato suscrito

entre

ECA

y

la

AFI,

la

cual

utilizó

para

calcular

la

obligación contributiva de ECA por concepto de arbitrios

CC-2014-1001

3

de construcción. Como consecuencia del cómputo efectuado,

el

Municipio

deficiencia

le

por

remitió

a

concepto

de

ECA

una

arbitrios

notificación

de

por

de

la

suma

$25,809.50, pues entendió que la obligación contributiva

debió calcularse utilizando la tasa de 5%, según dispuesta

en

la

Ordenanza

Núm.

11,

serie

2011-2012.

En

lo

pertinente, dicha Ordenanza establece que “[s]e cobrará

como arbitrio el cinco por ciento (5.0%) del costo total

de

la

obra

o

actividad

cubierta

por

esta

Ordenanza”.

Sección 4ta, Ordenanza Municipal Núm. 11, serie 2011-2012.

Posteriormente,

segunda

notificación

el

Municipio

le

de

deficiencia

cursó

por

la

a

ECA

cantidad

una

de

$48,404.00 tras razonar que ECA dedujo del cómputo del

arbitrio ciertas partidas no exentas de tributación. Apoyó

su determinación en una lectura puntual de la Sección 2da

de la Ordenanza Núm. 11, serie 2011-2012, la cual dispone

que el costo total de la obra “es el costo en que se

incurra para realizar el proyecto luego de deducirle el

costo

de

adquisición

de

terrenos,

edificaciones

ya

construidas y enclavadas en el lugar de la obra, costos de

estudios,

diseños,

planos,

permisos,

consultorías

y

servicios legales”.

Inconforme con la cuantía impuesta, ECA presentó una

demanda contra el Municipio en la que solicitó la revisión

de la contribución. Arguyó que el Municipio se equivocó en

el cálculo del impuesto al utilizar una tasa contributiva

que no estaba en vigor al momento de la adjudicación de la

CC-2014-1001

4

subasta. Además, alegó que se incluyeron ciertas partidas

exentas

de

tributación

costos

atribuibles

a

en

el

cómputo,

conservación,

tales

como

los

estudios,

gastos

de

oficina, equipos y computadoras.

Explicó que cuando la AFI cerró el requerimiento de

propuestas para el diseño, construcción y conservación del

plan

de

modernización

Ordenanza

Núm.

119,

del

serie

CROEM

estaba

2001-2002,

que

vigente

la

imponía

un

arbitrio de 4% sobre el costo incurrido en la obra de

construcción. Por tanto, indicó que radicó una declaración

de

volumen

de

$238,375.91

negocios

por

tributables

concepto

de

y

pagó

patentes

la

y

suma

de

arbitrios

relacionados al proyecto.

El

Municipio

contestó

la

demanda

y

negó

que

se

hubiera celebrado una subasta pública. Alegó que la obra

se

adjudicó

el

9

de

marzo

de

20121

mediante

un

procedimiento de requerimiento de propuestas, por lo que

era de aplicación la Ordenanza Núm. 11, serie 2011-2012,

pues

ésta

entró

en

vigor

el

11

de

febrero

de

2012.

Asimismo, arguyó que calculó el arbitrio de construcción

conforme a derecho toda vez que el ordenamiento jurídico

vigente enumera de forma taxativa los costos susceptibles

de deducción y señaló que las deducciones solicitadas por

Sin embargo, en su Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia

Sumaria, el Municipio indica que el contrato se otorgó el 11 de abril

de 2012. Apéndice, pág. 412.

1

CC-2014-1001

5

ECA eran improcedentes, pues no correspondían a ninguna de

las exclusiones permitidas por ley.2

Tras varios incidentes procesales, ECA y el Municipio

presentaron

sendas

mociones

de

sentencia

sumaria.

Examinadas las mismas, el foro primario determinó que el

proceso

de

requerimiento

incluido

dentro

del

de

concepto

propuestas

se

de

pública.

subasta

encontraba

Por

consiguiente, concluyó que la fecha determinante para la

imposición del arbitrio era la del cierre de la subasta,

por

lo

que

el

Municipio

debió

computar

el

arbitrio

utilizando la Ordenanza Núm. 119, serie 2001-2002, la cual

fijaba una tasa contributiva de 4%, y no la Ordenanza Núm.

11, serie 2011-2012, la cual se aprobó tras el cierre de

la subasta.3

Además, el foro primario concluyó que el Municipio se

excedió

del

poder

delegado

al

imponer

el

arbitrio

de

construcción sobre el valor del contrato. Estimó que sólo

son tributables aquellos costos directos atribuibles a la

actividad de construcción por lo que dedujo de la base

tributable

la

ganancia

del

contratista,

las

partidas

En específico, aludió al Artículo 2.002 de la Ley de Municipios

Autónomos, el cual dispone que:

2

para los propósitos de la determinación del arbitrio de

construcción, el costo de la obra será el costo en que se

incurra para realizar el proyecto luego de deducirle el

costo

de

adquisición

de

terreno,

edificaciones

ya

cons tru ida s y

enclavadas en el lugar de la obra, costos de estudios,

diseño, planos, permisos, consultoría y servicios legales.

21 LPRA sec. 4052.

3 Sentencia, Apéndice, págs. 60-62.

CC-2014-1001

incluidas

6

bajo

transportación

el

y

renglón

de

adquisición

“General

de

los

Conditions”,4

equipos

la

utilizados

para el proyecto y los costos de conservación de la obra.

En atención a lo anterior, el Tribunal de Primera

Instancia

cuantificó

el

arbitrio

correspondiente

al

proyecto en $122,524.74 y ordenó el rembolso de la suma

pagada en exceso, la cual valoró en $121,201.55.

Inconforme, el Municipio apeló contra la sentencia.

Alegó

que

el

foro

primario

erró

al

dictar

sentencia

sumaria amparándose en la similitud entre la subasta y el

requerimiento de propuestas, así como al determinar que

las exclusiones establecidas en el Artículo 2.002 de la

Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico de 1991 (Ley de Municipios Autónomos), 21 LPRA

sec. 4052, son numerus apertus.

El foro apelativo intermedio confirmó al Tribunal de

Primera Instancia. Al igual que el foro primario, concluyó

que

el

mecanismo

comprendido

de

dentro

requerimiento

del

término

de

de

propuestas

subasta

está

pública

y

determinó que, para efectos del arbitrio de construcción

municipal, “la fecha en que se cierra el requerimiento de

propuestas, equivale a la fecha del cierre de la subasta”.5

De

igual

forma,

razonó

que

el

Municipio

no

tenía

la

facultad para imponer el impuesto sobre aquellas partidas

que no constituyen una actividad directa de construcción.

Éstas incluyen permisos y costos no asociados a la actividad de

construcción.

5 Sentencia, Apéndice, pág. 16.

4

CC-2014-1001

7

Aún en desacuerdo, el Municipio interpuso un recurso

de certiorari ante este Tribunal. En esencia, alega que

erraron

los

foros

recurridos

al:

(1)

concluir

que

el

proceso de subasta formal es análogo al procedimiento de

requerimiento de propuestas; (2) concluir que la ganancia

del

contratista

es

un

costo

excluible

de

la

base

tributable del arbitrio de construcción; (3) concluir que

las

exclusiones

provistas

por

la

Ley

de

Municipios

Autónomos, 21 LPRA sec. 4001 et seq., para el cálculo del

arbitrio

de

ordenar

el

construcción

rembolso

de

son

numerus

$121,201.55

apertus;

por

y

(4)

contribuciones

cobradas en exceso.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

estamos en posición de resolver.

II

A

La

revestida

contratación

del

más

gubernamental

alto

interés

de

servicios

público,

pues

está

persigue

fomentar la inversión adecuada, responsable y eficiente de

los recursos del Estado. Aut. Carreteras v. CD Builders,

Inc., 177 DPR 398, 404 (2009).

La

subasta

formal

es

el

vehículo

procesal

ordinariamente utilizado por el Estado en la adquisición

de bienes y servicios. R & B Power v. E.L.A., 170 DPR 606,

620

(2007).

El

objetivo

primordial

de

la

subasta

es

brindarle protección al erario mediante el acceso a la

construcción

de

obras

públicas

y

la

adquisición

de

CC-2014-1001

servicios

de

8

calidad

para

el

Gobierno

al

mejor

precio

posible. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 848-849

(1999). Por consiguiente, la subasta gubernamental procura

“establecer

un

esquema

que

asegure

la

competencia

equitativa entre los licitadores, evite la corrupción y

minimice los riesgos de incumplimiento”. Aut. Carreteras

v. CD Builders, Inc., supra, pág. 404; Véanse Mar-Mol Co.,

Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 DPR 864, 871 (1990);

Justiniano v. E.L.A., 100 DPR 334, 338 (1971).

Nuestro ordenamiento jurídico no contiene un estatuto

uniforme que regule la subasta gubernamental dirigida a la

adquisición de bienes y servicios. RBR Const., S.E. v.

A.C.,

supra,

pág.

850.

Por

ello,

corresponde

a

cada

agencia ejercer su poder de reglamentación para establecer

las normas que habrán de gobernar sus procedimientos de

subasta. Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., supra, pág.

404.

De

formal

ordinario,

el

consta

varias

preparación

de

de

procedimiento

los

etapas,

pliegos

de

subasta

pública

a

saber:

(1)

la

condiciones

y

de

especificaciones; (2) la publicación del aviso de subasta;

(3) el recibo de las propuestas selladas y su posterior

apertura

pública;

(4)

la

evaluación

y

estudio

de

las

propuestas por el comité evaluador de la agencia; (5) la

recomendación del comité respecto a la adjudicación de la

buena pro; (6) la adjudicación de la subasta; y (7) la

CC-2014-1001

9

notificación a los licitadores. R & B Power v. E.L.A.,

supra, pág. 621.

Una vez sometida la propuesta, el proceso no admite

negociación entre la agencia y el licitador. Íd. A tales

efectos, una de las particularidades de la subasta formal

reside en la presentación sellada de las ofertas, lo cual

garantiza la secretividad del procedimiento en la etapa

anterior

a

la

apertura

de

la

licitación.

Caribbean

Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR 978, 995 (2009).

La

secretividad

es

elemento

indispensable

para

la

existencia de una competencia leal y honesta, “pues impide

que un postor enmiende su propuesta para superar la de un

competidor”. Íd.

Aunque la subasta tradicional se caracteriza por su

formalidad y secretividad, esto no impide que la agencia

adopte

mecanismos

que

propicien

el

cumplimiento

de

las

condiciones y requerimientos establecidos en los pliegos

de especificaciones durante la etapa previa a la entrega

de las licitaciones. A modo de ejemplo, el procedimiento

de subasta formal puede incluir: (1) aclaraciones sobre

cualquier

ambigüedad

en

las

especificaciones;

(2)

la

celebración de reuniones pre-subasta; (3) inspecciones en

el lugar donde se instalará el producto o equipo; y (4) el

suministro de modelos o muestras que puedan asistir al

licitador a entender las especificaciones de la agencia.

Íd., págs. 995-996. La adopción de este tipo de medidas

CC-2014-1001

10

posibilita la presentación de ofertas que se ajusten a las

necesidades de la agencia correspondiente.

Por otra parte, el ente gubernamental también puede

acudir

al requerimiento de propuestas

(también conocido

como “RFP” por sus siglas en inglés) para la adquisición

de bienes y servicios. R & B Power v. E.L.A., supra, pág.

621. De ordinario, se recurre a este procedimiento “cuando

se

trata

de

la

adquisición

de

bienes

o

servicios

especializados –que involucran asuntos altamente técnicos

y

complejos-

o

cualificados”.

propuestas

cuando

Íd.,

es,

págs.

ante

existen

escasos

621-622.

El

todo,

“un

competidores

requerimiento

mecanismo

de

de

compra

negociada” y, por lo tanto, admite la negociación entre

los licitadores y la agencia durante la evaluación de las

propuestas

recibidas.

Íd.,

pág.

621;

Caribbean

Communications v. Pol. de P.R., supra, pág. 997.

En el requerimiento de propuestas la agencia enumera

los requisitos y factores que utilizará en la adjudicación

del contrato en cuestión y a los cuales todo licitador

tiene que responder. R & B Power v. E.L.A., supra, pág.

622. Generalmente, el ente gubernamental le adjudica un

valor

o

peso

adjudicar

la

a

los

buena

factores

pro.

Íd.

que

va

a

considerar

al

Además,

el

requerimiento

describe cómo se llevará a cabo el proceso, los términos

del contrato que se otorgará y el itinerario para recibir,

evaluar

y

adjudicar

el

contrato,

lo

cual

facilita

la

CC-2014-1001

11

negociación entre la entidad gubernamental y el oferente.

Íd.

Anteriormente hemos expresado que el criterio rector

para determinar si en efecto hubo una negociación en un

procedimiento

de

subasta

mediante

un

RFP

es

si

se

le

concedió al postor la oportunidad de revisar y modificar

su propuesta. Caribbean Communications v. Pol. de P.R.,

supra, pág. 997. De no permitirse la modificación de la

oferta, se entiende que la comunicación entre la entidad

gubernamental y el licitador constituye una aclaración.

Íd.

La

aclaración

realizadas

en

agencia

por

o

se

efectúa

respuesta

el

a

mediante

preguntas

licitador

y,

a

explicaciones

efectuadas

por

la

diferencia

de

la

negociación, solo ofrece la oportunidad de aclarar ciertos

asuntos sobre la propuesta presentada.

Íd.

Así, el criterio central para determinar si medió una

negociación es la conducta entre el ente gubernamental y

el licitador y no la denominación utilizada por la agencia

para describir la comunicación. Íd.

B

Nuestro

Legislativa

ordenamiento

el

poder

jurídico

impositivo

confiere

del

a

Estado.

la

Rama

Interior

Developers v. Mun. de San Juan, 177 DPR 693, 703 (2009). A

tales

efectos,

poder

del

nuestra

Estado

Libre

Constitución

Asociado

para

dispone

imponer

que

“[e]l

y

cobrar

contribuciones y autorizar su imposición y cobro por los

CC-2014-1001

12

municipios se ejercerá según se disponga por la Asamblea

Legislativa, y nunca será rendido o suspendido”. Art. VI,

Sec.

2,

Const.

E.L.A.,

LPRA,

Tomo

1.

A

tenor

con

lo

anterior, la Asamblea Legislativa, en el ejercicio de su

poder constitucional, ostenta la facultad para delegar el

poder

impositivo

Developers

v.

del

Mun.

Estado

de

a

San

los

Juan,

municipios.

supra,

pág.

Interior

703.

Por

tratarse de un poder delegado, “los municipios no tienen

un poder inherente, independiente del Estado, para imponer

contribuciones”. Levy, Hijo v. Municipio de Manatí, 151

DPR 292, 299 (2000).

El poder impositivo municipal quedó codificado en el

Artículo 2.002 de la Ley de Municipios Autónomos, supra,

que

faculta

licencias

la

y

contribuciones

imposición

otros

de

cargos

autorizadas

por

contribuciones,

derechos,

análogos.6

de

dicha

Una

legislación

las

es

el

arbitrio de construcción. Íd.

Esta es una contribución impuesta por los municipios,

a través de una ordenanza municipal, que “recae sobre el

derecho de llevar a cabo una actividad de construcción o

una

obra

de

construcción

dentro

de

los

límites

territoriales del municipio”. Art. 1.003(cc) de la Ley de

Municipios

Autónomos,

21

LPRA

sec.

4001(cc);

Interior

Developers v. Mun. de San Juan, supra, pág. 704. En lo

pertinente, la Ley señala que:

La Ley de Municipios Autónomos se aprobó con el propósito de otorgar

a los municipios un mayor grado de gobierno propio y autonomía fiscal.

Muñiz Burgos, Inc. v. Mun. Yauco, 187 DPR 665, 675 (2013).

6

CC-2014-1001

13

[t]oda obra de construcción dentro de los límites

territoriales de un municipio, realizada por una

persona natural o jurídica privada, o que sea

llevada a cabo por una persona natural o jurídica

privada a favor o en representación de, o por

contrato o subcontrato suscrito con una agencia o

instrumentalidad del Gobierno Central o municipal

o del gobierno federal, incluyendo aquella obra

que no requiera la solicitud o expedición de un

permiso por la Administración de Reglamentos y

Permisos o por un municipio autónomo, deberá

pagar arbitrio de construcción correspondiente,

previo al comienzo de dicha obra. Art. 2.002(d)

de la Ley de Municipios Autónomos, supra.

De

la

obligación

cuando

disposición

que

de

arbitrio

pagar

concurren

el

las

precede

se

de

circunstancias

deriva

que

construcción

allí

la

nace

descritas,

a

saber: (1) que se trate de una obra de construcción; (2)

que

esté

dentro

municipio; y (3)

de

los

límites

territoriales

del

que la realice una persona natural o

jurídica privada, o una persona natural o jurídica privada

contratada

por

una

agencia

o

dependencia

del

Gobierno

Central, municipal o federal. Interior Developers v. Mun.

de San Juan, supra, pág. 705.

Más

aún,

determinante

el

para

Artículo

la

imposición

“[e]l

efectos,

señala

que

municipal

será

vigente

subasta

el

debidamente

adjudicación

del

también

a

la

fecha

arbitrio.

A

tales

arbitrio

de

la

fecha

de

cierre

de

la

a

la

fecha

de

la

obras

de

convocada

contrato

del

provee

o

para

construcción

aquellas

construcción que no requieran subasta”. Art. 2.002(d) de

la

Ley

de

Municipios

Autónomos,

supra.

Por

lo

tanto,

aquellos bienes y servicios tributables adquiridos por el

CC-2014-1001

Gobierno

14

mediante

subasta

estarán

sujetos

al

pago

del

arbitrio existente al momento del cierre de la misma.

Es

un

legislación

principio

firmemente

contributiva

no

se

establecido

interpreta

que

de

la

forma

extensiva, sino de forma justa de modo que cumpla con sus

propios términos. BBC Realty v. Secretario de Hacienda,

166 DPR 498, 511 (2005). Por ello, cuando una ley que

impone contribuciones, impuestos o arbitrios es ambigua

“se debe interpretar restrictivamente en contra del Estado

y a favor del ciudadano”. Íd., págs. 511-512.

La

Ley

de

Municipios

Autónomos

dispone

que

el

arbitrio de construcción recae sobre el costo total de la

obra,

luego

de

deducir

“el

costo

de

adquisición

de

terrenos, edificaciones ya construidas y enclavadas en el

lugar de la obra, costos de estudios, diseños, planos,

permisos, consultoría y servicios legales”. Art. 2.002(d)

de la Ley de Municipios Autónomos, supra. De esta manera,

la Asamblea Legislativa optó por excluir aquellas partidas

que no constituyen una actividad directa de construcción y

que

ocurren

antes

de

comenzar

la

obra

o

construcción,

evitando así una carga onerosa para el diseño de la obra.

HBA Contractors v. Mun. de Ceiba, 166 DPR 443, 472 (2005);

Informe de la Comisión de Asuntos Municipales y de la

Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes con

respecto

al P. de la C. 1938 de 8 de mayo de 1996, págs.

22-23.

A la luz de este marco jurídico, resolvemos.

CC-2014-1001

15

III

El

Municipio

calcular

el

sostiene

arbitrio

que

de

actuó

correctamente

al

utilizando

la

construcción

Ordenanza Núm. 11, serie 2011-2012. Apoya su contención en

una lectura literal del texto del Artículo 2.002(d) de la

Ley de Municipios Autónomos, supra, el cual señala que,

para aquellas obras que no requieran subasta, el arbitrio

de construcción municipal será el vigente a la fecha de la

adjudicación del contrato.

En apretada síntesis, el Municipio arguye que la obra

en

cuestión

se

adjudicó

mediante

un

requerimiento

de

propuestas,

que

el

requerimiento

de

propuestas

un

procedimiento fundamentalmente

que,

por

consiguiente,

la

distinto

fecha

es

al de subasta y

determinante

en

la

imposición del arbitrio de construcción es la fecha en la

que

se

adjudica

el

contrato.

A

tono

con

lo

anterior,

señala que el contrato se otorgó el 11 de abril de 2012,

fecha para la cual la Ordenanza Núm. 11, serie 2011-2012,

había entrado en vigor.

Como vimos, aunque son procedimientos distintos, el

requerimiento de propuestas y la subasta formal “no son

totalmente

incompatibles”.

Caribbean

Communications

v.

Pol. de P.R., supra, pág. 997. Estos persiguen un mismo

fin cuando se trata de proyectos gubernamentales, a saber:

proteger el erario mediante el acceso a bienes y servicios

de calidad al mejor precio posible. RBR Const., S.E. v.

A.C., supra, págs. 848-849. De ordinario, esto se alcanza

CC-2014-1001

mediante

el

garanticen

eviten

16

diseño

de

libre

competencia

la

la

corrupción

esquemas

y

de

adquisición

entre

minimicen

que

los

licitadores,

los

riesgos

de

incumplimiento. Íd. La transparencia brindada por dichos

esquemas fomenta la participación de un mayor número de

postores en las subastas gubernamentales, proveyéndole al

Estado un mayor núcleo de licitadores cualificados para

llevar a cabo sus proyectos, lo cual redunda en bienes y

servicios de mayor calidad a un mejor precio.

Por la fundamentación anterior, coincidimos con los

foros recurridos en cuanto a que el concepto de subasta

del Artículo 2.002(d) de la Ley de Municipios Autónomos,

supra,

incluye

propuestas.

artículo

Apoya

solo

especificar

el

si

mecanismo

nuestra

de

requerimiento

determinación

se

incluyó

el

se

trataba

del

que

término

en

dicho

subasta,

procedimiento

de

formal

sin

o

informal.

Según explicamos, el Artículo 2.002(d) de la Ley de

Municipios Autónomos, supra, dispone que “[e]l arbitrio de

construcción

municipal

será

el

vigente

a

la

fecha

de

cierre de la subasta debidamente convocada”.

En vista de que el cierre de la subasta, es decir, el

procedimiento

de

entrega

de

propuestas

ante

nuestra

consideración culminó el 18 de noviembre de 2011 a las

5:00 p.m., aplica la Ordenanza Municipal Núm. 119, serie

2001-2002, la cual fija una tasa contributiva de 4%, por

CC-2014-1001

ser

ésta

17

la

que

estaba

vigente,

y

no

la

Ordenanza

Municipal Núm. 11, serie 2011-2012.

hace

Más

aún,

su

oferta

imposiciones

cabe

recordar

toma

en

que

“cuando

consideración

contributivas,

sean

el

el

éstas

contratista

monto

en

de

las

forma

de

arbitrios, patentes o de cualquier otra forma, a los fines

de determinar el precio de la obra, lo cual incluye todos

los costos, más el margen de ganancia”. Río Const. Corp.

v. Mun. de Caguas, 155 DPR 394, 415 (2001). Asimismo, “las

partes

licitadoras

no

deben

estar

sujetas

a

la

incertidumbre de un cambio en los arbitrios luego que se

han movido a licitar conociendo cuál era el arbitrio al

momento de formalizarse su oferta”. Íd., pág. 416. Ante

esta realidad, resulta irrazonable permitirle al Municipio

imponer los arbitrios fijados en la Ordenanza Núm. 11,

serie

2011-2012.

Máxime

cuando

esa

Ordenanza

se

aprobó

luego de que los licitadores sometieran sus propuestas.

En segundo lugar, el Municipio sostiene que calculó

el arbitrio de construcción conforme a derecho ya que el

ordenamiento jurídico vigente enumera de manera taxativa

los costos susceptibles de deducción. Fundamentándose en

lo anterior, alega que las deducciones solicitadas por ECA

son improcedentes pues no concuerdan con ninguna de las

exenciones permitidas por ley.

Como

vimos,

el

Artículo

Municipios

Autónomos,

supra,

propósitos

de

la

2.002(d)

señala

determinación

de

que

del

la

Ley

de

“[p]ara

los

arbitrio

de

CC-2014-1001

18

construcción, el costo total de la obra será el costo en

que

se

incurra

para

el

costo

deducirle

realizar

de

el

proyecto

adquisición

luego

de

de

terrenos,

edificaciones ya construidas y enclavadas en el lugar de

la obra, costos de estudios, diseños, planos, permisos,

consultoría

y

servicios

legales”.

Al

incorporar

dicho

lenguaje en el estatuto, la Asamblea Legislativa excluyó

aquellas partidas que no constituyen una actividad directa

de construcción y que ocurren antes de comenzar la obra o

construcción,

evitando

diseño

de

obra.

supra,

pág.

la

472;

así

HBA

una

carga

Contractors

Informe

de

la

onerosa

v.

Mun.

Comisión

para

de

de

el

Ceiba,

Asuntos

Municipales y de la Comisión de Hacienda de la Cámara de

Representantes con respecto

al P. de la C. 1938 de 8 de

mayo de 1996, págs. 22-23.

Más aún, resulta pertinente recordar que el precitado

Artículo debe interpretarse de forma que armonice con la

definición del impuesto provista por la Ley de Municipios

Autónomos. A tales efectos, el Artículo 1.003 de dicha

legislación

define

el

arbitrio

de

construcción

como

“aquella contribución impuesta por los municipios a través

de

una

ordenanza

municipal

aprobada

con

dos

terceras

partes para ese fin, la cual recae sobre el derecho de

llevar a cabo una actividad de construcción o una obra de

construcción

dentro

municipio”.

Art.

de

los

1.003(cc)

límites

de

la

territoriales

Ley

de

del

Municipios

Autónomos, supra (énfasis suplido). En lo pertinente, el

CC-2014-1001

Artículo

como

“el

19

de referencia

acto

ampliar,

o

define actividad de construcción

actividad

reparar,

de

demoler,

construir,

remover,

reconstruir,

trasladar

o

relocalizar cualquier edificación, obra, estructura, casa

o construcción de similar naturaleza fija y permanente,

pública

o

privada,

realizada

entre

los

límites

territoriales de un municipio”.7 Art. 1.003(dd) de la Ley

de Municipios Autónomos, supra.

Por consiguiente, concluimos que el estatuto faculta

la imposición del arbitrio sobre el costo de la actividad

de construcción, según ésta es definida en la Ley, y no

sobre toda partida incluida en el contrato de obra. En

atención a lo anterior, concluimos que no se cometió el

error

imputado,

pues

el

Municipio

excedió

el

poder

delegado al incluir en el cómputo del arbitrio los costos

atribuibles a conservación, estudios, gastos de oficina,

Por su importancia en el caso ante nos, procedemos a transcribir en

su totalidad la definición de actividad de construcción provista por

el Artículo 1.003(dd) de la Ley de Municipios Autónomos, supra:

7

Significará el acto o actividad de construir, reconstruir,

ampliar, reparar, demoler, remover, trasladar o relocalizar

cualquier

edificación,

obra,

estructura,

casa

o

construcción de similar naturaleza fija y permanente,

pública

o

privada,

realizada

entre

los

límites

territoriales de un municipio, y para la cual se requiera o

no un permiso de construcción expedido por la Oficina de

Gerencia de Permisos o por un municipio autónomo que posea

tal autoridad. Significará, además, la pavimentación o

repavimentación,

construcción

o

reconstrucción

de

estacionamientos, puentes, calles, caminos, carreteras,

aceras y encintados, tanto en propiedad pública como

privada

dentro

de

los

límites

territoriales

de

un

municipio, y en las cuales ocurra [cualquier movimiento de

tierra o en las cuales se incorpore] cualquier material

compactable, agregado o bituminoso que cree o permita la

construcción de una superficie uniforme para el tránsito

peatonal o vehicular. Incluye cualquier obra de excavación

para instalación de tubería de cualquier tipo o cablería de

cualquier naturaleza y que suponga la apertura de huecos o

zanjas por donde discurrirán las tuberías o cablerías

dentro de los límites territoriales de un municipio.

CC-2014-1001

equipos

y

20

computadoras

ya

que

éstas

partidas

no

constituyen una actividad de construcción.8

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta

Para un desglose de los costos incurridos en el proyecto, véanse

Apéndice, págs. 166-172.

8

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

ECA General Contractors, Inc.

Recurrida

CC-2014-1001

v.

Municipio

Mayagüez

Autónomo

Certiorari

de

Peticionario

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018.

Por los fundamentos antes expuestos, en la

Opinión que antecede, la cual se hace formar parte

de la presente Sentencia, se confirma la Sentencia

emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo concurre con el resultado sin

opinión escrita. El Juez Asociado señor Estrella

Martínez emite opinión disidente. La Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez disiente y emite la

siguiente expresión:

La

Juez

Asociada

señora

Rodríguez

Rodríguez disiente por entender que el

mero reconocimiento de un mecanismo de

subasta híbrido se aparta del rigor que

debe

imperar

en

la

contratación

gubernamental

y

propende

a

una

flexibilización

indebida

de

las

exigencias inherentes a los procesos de

subasta en nuestra jurisdicción.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

ECA General Contractors, Inc.

Recurrida

v.

CC-2014-1001

Certiorari

Municipio Autonómo de

Mayagüez

Peticionario

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ

San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018.

En esta ocasión nos correspondía decretar cuál es

la

fecha

determinante

construcción

adjudicó

para

imponer

correspondiente

mediante

un

proceso

a

el

una

de

arbitrio

obra

de

que

se

requerimiento

de

propuestas negociado. Asimismo, debíamos precisar qué

partidas debían ser excluidas del cómputo para fijar

el referido tributo.

Una Mayoría de este Tribunal equipara el proceso

de requerimiento de propuestas acaecido en este caso

al de una subasta, en el contexto por el pago de

arbitrios

de

construcción

municipales,

por

lo

que

concluye erróneamente que procede la imposición del arbitrio

CC-2014-1001

2

de construcción vigente al momento de la fecha de cierre

del requerimiento de propuestas. A su vez, resuelve que

procede descontar del cómputo de arbitrio de construcción

ciertas partidas que no están contempladas en la Ley Núm.

81-1991, infra.

Por diferir de lo anterior, entiendo que opera la

disposición

estatutaria

que

impone

construcción

vigente

la

fecha

a

el

de

arbitrio

de

firma

del

la

contrato. Asimismo, considero que el tributo procedía

sobre

ciertas

partidas

que

fueron

excluidas

en

la

decisión que hoy avala la Mayoría de este Tribunal. A

tenor con ello, disiento del curso de acción propuesto.

I

La

controversia

génesis

cuando

notificó

a

el

ECA

ante

nuestra

Municipio

General

de

consideración

Mayagüez

Contractors,

tiene

su

(Municipio)

le

Inc.

(ECA)

una

deficiencia por el pago de arbitrios de construcción. La

deficiencia

notificada

está

relacionada

al

proyecto

de

modernización de la escuela CROEM ubicada en el referido

Municipio.

A esos fines, es necesario adentrarnos en el proceso

que tuvo lugar para la adjudicación del referido proyecto.

Éste

se

realizó

a

tenor

con

la

Ley

Núm.29-2009,

mejor

conocida como Ley de Alianzas Público Privadas, 27 LPRA sec.

2601

et

seq.,

a

través

de

la

Autoridad

para

el

Financiamiento de la Infraestructura (AFI). A esos efectos,

se

publicó

precualificar

una

a

solicitud

aquellos

de

cualificaciones

proponentes

interesados

para

en

CC-2014-1001

3

participar en los contratos relacionados con la prestación

de diseño, construcción y conservación correspondientes al

proyecto

de

Modernización

de

conocido

como

Escuelas

Siglo

del

Escuelas

21.

de

Como

Puerto

parte

de

Rico

ese

proceso, se calificaron 125 proponentes. El 5 de octubre de

2011, se emitió un aviso de invitación para solicitud de

propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) a los proponentes

calificados y luego se celebraron reuniones informativas y

visitas de campo para el referido proyecto. El proceso para

recibir la entrega de propuestas cerró el 18 de noviembre de

2011.

Para el proyecto se recibieron 5 ofertas formales y se

detallaron los costos propuestos. Los proponentes eran ECA,

Costamar

Construction,

Construction,

Corp.

y

Inc.,

CapCon,

Rama

Construction,

Corp.

En

lo

Karimar

pertinente,

conforme surge del aviso de adjudicación de subasta, ECA

propuso un valor total para el proyecto de $5,544,800.9 El

método de selección fue basado en un proceso de evaluación

de propuestas de forma competitiva en diseño, construcción y

conservación, cuyo costo reflejara una mayor calidad y valor

por la inversión propuesta.10

Al evaluar las propuestas, se determinó que Costamar

Construction, Karimar Construction, Corp. y ECA mostraban

mejor calidad por el valor propuesto, por lo que se procedió

9El

valor total propuesto equivale a $590,000 por el

diseño, $4,343,200 por construcción, $470,000 por aditivas,

y $141,600 por conservación.

10Véase

Aviso de Adjudicación, Apéndice del recurso de

certiorari, pág. 82.

CC-2014-1001

a

reunirse

4

con

éstos

“para

negociaciones

(Énfasis

suplido).

Específicamente,

propuestas

revisadas.

De

acuerdo

con

se

lo

ulteriores”.11

requirieron

solicitado,

ECA

presentó su propuesta el 10 de enero de 2012. Luego de

varias reuniones, AFI recibió las propuestas finales de los

licitadores. Luego, se entendió que las propuestas revisadas

que

mejor

se

ajustaban

a

las

necesidades

eran

las

de

a

las

Costamar Construction y ECA.

Posteriormente,

AFI

solicitó

aclaraciones

propuestas revisadas con relación al ámbito de trabajo. ECA

presentó su propuesta final revisada el 9 de marzo de 2012.

Al evaluar las propuestas revisadas, AFI determinó que ECA

reflejaba

mejor

valor

por

calidad

de

trabajo

en

la

“propuesta final y firme del 9 de marzo de 2012” para un

total de $5,161,900.12 Así las cosas, el 14 de marzo de 2012

se emitió la recomendación a favor de ECA, ya que ésta

representaba

mejor

los

intereses

por

la

“cantidad

total

negociada”,13 por lo que el contrato fue adjudicado a su

favor el 11 de abril de 2012.

En cuanto a los arbitrios de construcción, ECA pagó

$213,758.29.

Municipio

11Íd.,

No

obstante,

notificó

que

el

los

10

de

agosto

arbitrios

de

de

2012,

el

construcción

pág. 83.

12Nótese

que la propuesta original era por $5,544,800.

El costo revisado es por $350,000 de diseño, $4,169,200 por

construcción,

$501,100

por

aditivas

y

$141,600

por

conservación. Adviértase que de la oferta inicial la única

partida que no fue revisada fue la de conservación de la

obra.

13Véase,

Aviso de Adjudicación, Apéndice del recurso de

certiorari, pág. 87.

CC-2014-1001

ascendían

a

5

$258,095.14

Ello,

al

aplicar

el

arbitrio

de

construcción al 5%, según la Ordenanza Núm. 11, Serie 20112012,

adoptada

Municipal

y

desde

enero

de

2012

efectiva

desde

el

11

por

de

la

Legislatura

febrero

de

2012.

Posteriormente, el 11 de diciembre de 2012 notificó una

deficiencia

por

el

pago

del

arbitrio

correspondiente

de

$48,404.15

ECA cuestionó la deficiencia notificada al indicar que

se utilizó el total de la cuantía del proyecto, sin deducir

ciertos

costos.16

Municipio

ajustó

Tras

a

evaluar

$29,968

la

la

solicitud

deficiencia

de

ECA,

el

notificada

al

excluir el gasto del diseño del cómputo para determinar el

arbitrio de construcción.17

En

desacuerdo,

ECA

acudió

al

Tribunal

de

Primera

Instancia impugnando la deficiencia notificada. En síntesis,

planteó que el arbitrio de construcción debía ser de 4%

conforme a la ordenanza vigente al momento del cierre de la

subasta, Ordenanza Núm. 119, Serie 2001-2002. A su vez,

14Es

decir, el costo total de la propuesta por el 5%

($5,161,900 x .05 = $258,095).

15La

deficiencia equivale al arbitrio determinado menos

lo pagado por ECA ($258,095-213,758= $44,337). A eso se le

suman los intereses ($1,850) y adiciones ($2,217) para una

deficiencia total de $48,404.

16En

ese momento, ECA no cuestionó la imposición del

arbitrio a base de la Ordenanza Núm. 11, Serie 2011-2012.

Esta suma equivale a la deficiencia notificada menos

la diferencia del arbitrio calculado por la partida de

diseño [$44,337-($350,000 x .05)]=$26,837. A esa cantidad

se le añade los intereses ($1,789) y adiciones ($1,342)

para una deficiencia total de $29,968.

17

CC-2014-1001

6

reclamó que del costo de la obra debía reducirse, el diseño,

el suplido de equipos, la conservación de ésta, y estudios,

entre otros. Posteriormente, ECA solicitó que se dictara

sentencia sumaria a su favor. Argumentó que el arbitrio de

construcción

sólo

procede

sobre

aquellas

actividades

que

constituyen construcción, por tanto, sostuvo que son los

costos, dentro de los límites territoriales del Municipio,

en

los

que

incurre

el

contratista

para

realizar

la

actividad, los que componen la base tributable. De esta

forma,

aseveró

que

la

ganancia

del

contratista,18

los

equipos, el diseño, los sellos del colegio de ingenieros,

los gastos de consultoría y control de calidad, los permisos

medioambientales, gastos de consulta legal y conservación,

tampoco deben ser objeto del arbitrio de construcción, pues

entiende que estas partidas no constituyen una actividad de

construcción.19

A

su

vez,

arguyó

que

el

arbitrio

que

corresponde es el de 4% establecido en la Ordenanza Núm.

119, Serie 2001-2002, pues era el vigente a la fecha del

cierre de presentación de propuestas, por lo que el impuesto

18La

ganancia del contratista se calculó a base del 20%

del valor del contrato, menos diseño, conservación, equipos

y

otras

partidas.[($5,161,900-350,000-141,600-160,000681,402) x.20 =$765,779.60].

19En

consecuencia, del valor del contrato ($5,161,900)

rebajaría el diseño ($350,000), los costos de conservación

($141,600), de muebles y computadoras ($160,000), otras

partidas de condiciones generales ($681,402) y la ganancia

del contratista ($765,779.60) para una base tributable de

$3,063,118.40.

CC-2014-1001

asciende

a

7

$122,524.74.20

Siendo

ello

así,

solicitó

el

reembolso de $121,201.55, que alega pagó en exceso.21

El

Municipio

se

opuso

a

que

se

dictara

sentencia

sumaria a favor de ECA. Por el contrario, argumentó que

procedía dictarla a su favor. En esencia, sostuvo que el

proceso de adjudicación del proyecto fue uno de negociación

entre la agencia y los proponentes que culminó cuando ECA

presentó su propuesta final el 9 de marzo de 2012. Así las

cosas,

razonó

que

no

constituyéndose

una

subasta

o

un

proceso análogo, procede imponer el arbitrio a la fecha de

adjudicación del contrato. A ese momento, estaba vigente la

Ordenanza Núm. 11, Serie 2011-2012, que imponía el 5% para

el

cómputo

Municipio

de

arbitrios

afirmó

que

la

de

construcción.

ley

es

clara

Igualmente,

el

cuanto

las

en

a

partidas que no forman parte del costo de construcción,

limitándolas

a

la

construidas

o

enclavadas,

planos,

permisos,

adquisición

de

costos

consultoría

y

terrenos,

de

edificaciones

estudios,

servicios

diseño,

legales.

Por

tanto, reiteró que no procede eximir del referido cómputo

las partidas expuestas por la ECA.

Evaluadas las posturas de las partes, el Tribunal de

Primera Instancia emitió la Sentencia a favor de ECA. El

foro primario concluyó que la solicitud de propuestas está

20ECA

calculó el arbitrio de construcción al 4%

descontando todas las partidas de diseño, conservación,

equipos,

condiciones

generales

y

la

ganancia

del

contratista.

($5,161,900-350,000-141,600-160,000-681,402765,779.60) x 4%=$122,524.74.

21Esta

suma equivale al arbitrio pagado de $213,758.29

más la deficiencia notificada de $29,968.

CC-2014-1001

8

comprendida dentro del término subasta, por lo que la fecha

para

determinar

el

arbitrio

es

la

del

cierre

del

requerimiento de propuestas, es decir, que aplica la tasa

del 4% vigente a ese momento. Además, razonó que la facultad

para

imponer

el

arbitrio

está

sujeta

a

los

costos

de

construcción y no al valor del contrato, por lo que entendió

que ciertas partidas de condiciones generales, conservación

y la ganancia del contratista, entre otras, no son partidas

relacionadas con la construcción del proyecto sujetas al

arbitrio de construcción. Así las cosas, ordenó el reembolso

de $121,201.55 pagados en exceso, según reclamado por ECA.

El Municipio acudió ante el Tribunal de Apelaciones, el

cual

confirmó

al

Tribunal

de

Primera

Instancia

mediante

Sentencia emitida el 16 de septiembre de 2014.

Inconforme, el Municipio acude ante este Tribunal y se

reafirmó

en

los

recurridos.

Este

argumentos

Tribunal

esgrimidos

expidió

el

ante

los

recurso

y

foros

con

el

beneficio de la comparecencia de las partes está en posición

de atenderlo en los méritos.

II

A.

La facultad para imponer contribuciones le corresponde

primordialmente a la Rama Legislativa. Art. II, Sec. 2.,

Const. ELA, LPRA Tomo 1; Cía Turismo de P.R. v. Mun. de

Vieques, 179 DPR 578, 583-584 (2010). No obstante, no existe

impedimento

para

que

la

expresamente

su

facultad

Asamblea

para

Legislativa

imponer

delegue

contribuciones.

Interior Developers v. Mun. de San Juan, 177 DPR 693, 703

CC-2014-1001

9

(2009); HBA Contractors v. Mun. de Ceiba, 166 DPR 443, 453454 (20015). A tenor con esa autoridad, se delegó a los

municipios

el

poder

de

imponer

tributos

para

que

éstos

puedan recaudar fondos y brindar mejores servicios a sus

habitantes. Véanse, Muñiz Burgos, Inc. v. Mun. Yauco, 187

DPR 665, 675 (2013); El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187

DPR 811, 818 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186

DPR 113, 121 (2012); Pfizer Pharm. v. Mun. de Vega Baja, 182

DPR 267, 286 (2011); Cía Turismo de P.R. v. Mun. de Vieques,

supra, págs. 583-584; Café Rico, Inc. v. Mun. de Mayagüez,

155 DPR 548, 559 (2001).

Con ese objetivo, se aprobó la Ley Núm. 81-1991, según

enmendada, conocida como la Ley de Municipios Autónomos del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, 21 LPRA sec.

4001

et

seq.

(Ley

Núm.

81).

Este

estatuto,

establece

claramente que la interpretación a los poderes y facultades

conferidos a los municipios por éste o cualquier otro, se

interpretarán

liberalmente

para

desarrollo

implantación

de

e

la

que

se

política

propicie

el

pública

de

garantizar a los municipios las facultades necesarias en el

orden jurídico, fiscal y administrativo. De tal forma que

éstos,

puedan

atender

eficazmente

las

necesidades

y

el

bienestar de sus habitantes. Art. 3 de la Ley Núm. 81, 21

LPRA sec. 4003; Río Const. Corp v. Mun. de Carolina, 153 DPR

615 (2001). Es decir, en aras de cumplir con la intención

legislativa,

la

interpretación

delegación

amplia

al

poder

judicial

debe

impositivo

avalar

una

conferido

al

municipio. Cía Turismo de P.R. v. Mun. de Vieques, supra,

CC-2014-1001

10

págs. 584-585; Café Rico, Inc. v. Mun. de Mayagüez, supra,

pág.

553.

La

política

pública

implantada

buscaba

descentralizar el gobierno con el fin de desarrollar una

mayor autonomía municipal. Const. José Caro v. Mun. Dorado,

supra, pág. 122.

Dentro

potestad

de

de

los

poderes

imponer

y

delegados

cobrar

se

encuentra

contribuciones,

la

derechos,

licencias, arbitrios de construcción y otros arbitrios e

impuestos, tasas y tarifas razonables dentro de sus límites

territoriales

Código

de

en

la

Rentas

medida

Internas

que

y

sean

las

compatibles

leyes

del

con

Estado.

el

Art.

2.002(d) de la Ley Núm. 81, 21 LPRA sec. 4052(d). En lo

particular

a

las

obras

de

construcción,

el

arbitrio

de

construcción es una contribución separada que recae sobre el

derecho a llevar a cabo una actividad de construcción o una

obra de construcción dentro de los límites territoriales del

municipio. Íd. Véase, además, Art. 1.003 (cc) de la Ley Núm.

81, 21 LPRA sec. 4001 (cc); Muñiz Burgos, Inc. v. Mun.

Yauco, supra, pág. 675.

Como el fin de la Ley Núm. 81 es ampliar la facultad

impositiva

forma

de

los

abarcadora

construcción.

construir,

Por

sino

municipios,

lo

que

ello,

que

se

la

contempla

incluyó

además

legislación

el

como

sólo

definió

de

actividad

de

no

tan

el

de

reconstruir,

acto

de

ampliar,

reparar, demoler, remover, trasladar o relocalizar cualquier

edificación, obra, estructura, casa, o construcción fija y

permanente. No importa si ésta es de naturaleza pública o

privada, o requiera o no de un permiso de construcción.

CC-2014-1001

11

Asimismo,

destaca

hasta

pavimentación,

la

reconstrucción

caminos,

que

de

carreteras,

actividad

de

la

obra

de

construcción

repavimentación,

estacionamientos,

aceras

y

construcción

construcción

puentes,

encintados.

incluso

comprende

Más

abarca

o

calles,

aún,

hasta

la

las

excavaciones para instalar tuberías o cablería de cualquier

tipo que requiera la apertura de huecos o zanjas.

Lo importante es que la obra de construcción se realice

en los límites territoriales del municipio. El obligado a

pagar el arbitrio de construcción puede ser el dueño de la

obra o las personas contratadas por éste para realizarlas.

Véase, Art. 1.003 (dd) y (ee) de la Ley Núm. 81, 21 LPRA

sec. 4001 (dd) y (ee). Igualmente, el estatuto impuso que el

incumplimiento con el referido pago conlleva el que no se

otorguen los permisos de construcción correspondientes. Art.

2.002 de la Ley Núm. 81, supra.

B.

Para fijar el tributo, la Ley Núm. 81 establece que “el

arbitrio de construcción municipal será el vigente a la

fecha de cierre de la subasta debidamente convocada o a la

fecha de la adjudicación del contrato para aquellas obras de

construcción que no requieran subastas”. Art. 2.002(d) de la

Ley Núm. 81, 21 LPRA sec. 4052(d).22 (Énfasis suplido).

22Como

todo proyecto de construcción, éste puede ser

objeto de cambios que aumentan o disminuyen el arbitrio de

construcción pagado. En esos casos, la Ley Núm. 81 provee

lo que procede en esas circunstancias. De ocurrir una

ampliación, el arbitrio de construcción se fijará a la

fecha de la petición de orden de cambio. Por el contrario,

si la orden de cambio reduce el costo final de la obra, la

persona que pagó el arbitrio tiene derecho a reclamar un

CC-2014-1001

12

Con relación al momento en el que se fija el arbitrio

de

construcción,

hemos

establecido

que

en

los

casos

de

subasta pública el tributo se fija desde que se adjudica la

buena pro al licitador agraciado. En Río Const. v. Mun. de

Caguas,

155

DPR

394

(2001),

adjudicación

es

precisamente

concluimos

cuando

que

la

fecha

de

surge

una

relación

contractual entre las partes, la cual no puede ser resuelta

o alterada unilateralmente. Íd., pág. 416. Razonamos que, en

estos casos, cuando el contratista hace su oferta considera

el monto de las imposiciones contributivas para determinar

el precio de la obra. Además, señalamos que las partes no

deben estar sujetas a la incertidumbre de cambio en los

arbitrios luego que licitan conociendo cuál era el vigente

al momento de formalizar su oferta. Íd., págs. 415-516. Ello

pues, la subasta es un proceso en el que no tiene cabida la

negociación. R & B Power v. E.L.A., 170 DPR 606, 621 (2007).

En los casos de contratación por pública subasta, la

adjudicación de ésta a favor de una parte está supeditada a

que

contenga

todos

los

elementos

esenciales

para

la

conclusión del contrato. Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 113

DPR 517, 523 (1982). Por ello, hemos establecido que el acto

de adjudicar la buena pro al licitador crea “una relación

contractual… que no puede ser resuelta unilateralmente o

arbitrariamente”. Cancel v. Municipio de San Juan, 101 DPR

296, 299 (1973). Ahora bien, en los casos de fondos públicos

o entidades gubernamentales, la adjudicación no obliga a la

reembolso por la cantidad pagada en exceso. Art. 2.002(d)

de la Ley Núm. 81, 21 LPRA sec. 4052 (d).

CC-2014-1001

13

agencia hasta que se formalice el contrato escrito para la

ejecución

de

la

obra

conteniendo

todos

los

requisitos

legales. Justiniano v. E.L.A., 100 DPR 334, 340 (1971). En

casos de subasta, el Art. 2.002 (d) de la Ley Núm. 81,

supra,

establece

expresamente

que

el

arbitrio

de

construcción se fija al momento del cierre de la subasta.

No

obras

obstante,

en

las

el

estatuto

cuales

no

se

dispone

que

para

celebró

subasta

aquellas

la

fecha

determinante para asignar el arbitrio de construcción es la

vigente a la firma del contrato. La controversia que se

suscita

es

si

ello

aplica

al

caso

ante

nuestra

consideración.

Para ello, la Opinión Mayoritaria correctamente expone

que

otro

mecanismo

disponible

para

adquirir

bienes

y

servicios lo es el requerimiento de propuestas. Caribbean

Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR 978, 996 (2009); R &

B Power v. E.L.A., supra. A diferencia de la subasta, la

característica predominante del requerimiento de propuestas

es

que

éste

admite

la

negociación,

por

lo

que

es

un

mecanismo de compra negociada. R & B Power v. E.L.A., supra,

pág. 621. Este proceso normalmente es uno de naturaleza

competitiva

para

adquirir

servicios

especializados

o

altamente técnicos y complejos, o cuando existen escasos

competidores cualificados. Íd., págs. 621-622. Por ello, el

requerimiento de propuestas permite entablar negociaciones

con los licitadores durante la evaluación de las propuestas

recibidas,

proveyéndoles

la

oportunidad

de

revisar

y

modificar sus ofertas antes de su adjudicación. De hecho,

CC-2014-1001

14

hemos expresado que “el factor central para determinar si

hubo o no una negociación en un procedimiento de subasta

mediante

un

[requerimiento

de

propuestas]

es

si

se

le

concedió al licitador la oportunidad de revisar y modificar

su propuesta”. Caribbean Communications v. Pol. de P.R.,

supra, pág. 997.

En

el

caso

de

las

alianzas

Reglamento

para

la

licitación,

público

privadas,

evaluación,

el

selección,

negociación y adjudicación de contratos de Alianzas Público

Privadas

bajo

la

Ley

Núm.

29

del

8

de

junio

de

2009,

Reglamento Número 7853 de 17 de mayo de 2010 (Reglamento),

dispone en su inciso 4.10 que la propuesta presentada puede

ser modificada sólo en una ocasión antes de la fecha de

vencimiento. Sin embargo, ello no impide que la evaluación

de

la

propuesta

modificaciones

presentada

esté

posteriores

sujeta

durante

a

la

negociación

o

etapa

su

de

evaluación. Como veremos, la Sección 5 del Reglamento es la

que

establece

el

proceso

de

evaluación

y

selección

de

propuestas. A estos efectos, establece un proceso de tres

fases, según apliquen.

En

revisión

lo

de

propuestas

pertinente,

la

control

de

aprobaron

los

primera

calidad

fase

para

requisitos

consiste

en

una

determinar

si

las

básicos

delineados.

Véase, Sección 5.1(a) del Reglamento. Una vez cumplido con

ese

control

de

calidad,

la

segunda

fase

consiste

en

la

revisión y evaluación de las propuestas. En esta etapa, se

puede

solicitar

información

adicional

que

asista

a

este

objetivo y se seleccionará una o ninguna de las propuestas

CC-2014-1001

15

cuando

estamos

embargo,

el

varias

ante

un

Reglamento

propuestas

en

proceso

de

no-negociación.

contempla

el

que

aquellas

se

instancias

Sin

seleccionen

donde

existen

negociaciones competitivas. Véase, Sección 5.1 (b)(i) del

Reglamento.

Ahora

bien,

en

aquellos

procesos

competitivos,

se

pueden seguir negociaciones entre las partes o un proceso

regular de no licitación. Así las cosas, la tercera fase

dependerá

de

si

negociaciones

se

trata

simultáneas

de

un

(Fase

proceso

Tres-A),

competitivo

con

un

con

proceso

negociación con los proponentes clasificados (Fase Tres-B) o

uno regular de licitación no negociado (Fase Tres-C).

Particularmente, la Fase Tres-A consiste de un proceso

competitivo en el que se consideran las propuestas conforme

a unos criterios de evaluación para clasificarlas. A base de

esa clasificación, se realizan discusiones y negociaciones

con todos los proponentes, o se negocia con el proponente

mejor

calificado

y

de

no

ser

fructífero,

se

continúan

negociaciones en el orden correspondiente. Véase, Sección

5.1 (c) del Reglamento.

Conforme a lo anterior, se puede invitar a reuniones

privadas

para

propuesta,

discutir

mejorar

y

aspectos

contestar

preguntas

técnicos,

y

otros

sobre

la

tipos

de

discusiones brindando a todos los proponentes la oportunidad

de

discutir

y

repasar

sus

propuestas.

Asimismo,

se

les

permite proveer su mejor y última oferta en respuesta a las

discusiones y negociaciones celebradas. Mientras que la Fase

Tres-B contempla la negociación con el proponente con la

CC-2014-1001

16

clasificación más alta, y de terminarse las negociaciones

con éste se pueden comenzar negociaciones con el próximo

proponente dentro de la clasificación. Véase, Sección 5.1

(d) del Reglamento. Tanto en la Fase Tres-A como la Fase

Tres-B

estamos

ante

procesos

de

negociaciones.

Véanse,

Sección 5.1 (c) y (d) del Reglamento. Sin embargo, si la

evaluación prosigue el procedimiento establecido en la Fase

Tres-C (no-negociado) estamos ante un proceso competitivo

regular

de

licitación

donde

se

elige

el

proponente

sometió

la

propuesta

más

alta

basado

en

los

que

criterios

solicitados, sin discusión o negociación alguna con ningún

proponente, como si fuera una subasta. Véase, Sección 5.1

(e) del Reglamento.

Lo

expuesto,

refleja

que

en

requerimientos

de

propuestas como el de autos, la evaluación puede incluir

negociaciones posteriores con los proponentes que permiten

la modificación de la oferta original en una etapa posterior

a la fecha de cierre del requerimiento de propuestas. Por

tanto, de seguirse este tipo de evaluación que permite la

negociación posterior y presentación de una propuesta final,

no podemos equiparar el requerimiento de propuesta a una

subasta.

C.

Por otro lado, las partidas que se incluyen como parte

del cómputo del arbitrio de construcción han sido objeto de

cuestionamiento

impugnaba

el

ante

que

el

este

Tribunal.

arbitrio

impuesto

En

su

sobre

origen,

se

la

de

obra

construcción constituía una doble tributación al incluir el

CC-2014-1001

17

costo total de la obra, pues por ésta también se pagaban

patentes municipales. Sin embargo, el 6 de septiembre de

1996, la Ley Núm. 81 fue enmendada y se aprobó la Ley de

Arbitrios

Municipales,

Ley

Núm.

199-1996

(21

LPRA

secs.

4001(bb) y (cc), 4052 (d) y 4057) que aclaró las partidas

que no forman parte del cómputo para la determinación del

arbitrio de construcción.23 Véase, Levy, Hijo v. Mun. de

Manatí, 151 DPR 292 (2000).

Al

aprobar

la

Ley

Núm.

199-1996,

resulta

relevante

indicar que al momento de presentarse el proyecto surgía la

distinción

del

arbitrio

patentes

municipales.

patente

municipal

mientras

que

el

de

construcción

Específicamente,

grava

el

arbitrio

de

volumen

se

frente

a

las

explicó

que

la

bruto

de

negocios

construcción

no.

Así,

el

proyecto original para aprobar la Ley Núm. 199-1996 disponía

que:

[p]ara los propósitos de la determinación del

arbitrio de construcción, el costo total de la

obra será el costo de adquisición de terrenos,

edificaciones ya construidas y enclavadas en el

lugar de la obra, costos de estudios, diseños,

planos, permisos, consultoría, servicios legales

y

contabilidad,

financiamiento,

mercadeo,

publicidad, ventas y gastos de oficina. Véase, P.

de la C. 1938 presentado el 18 de mayo de 1995,

5ta.

Sesión

Ordinaria,

12ma.

Asamblea

Legislativa, pág. 5. (Énfasis suplido).

Cónsono con ello, la exposición de motivos del proyecto

que se convirtió en la Ley Núm. 199-1996 advertía que ello

significaba

el

construcción”.

23La

1938.

“ingreso

Íd.,

pág.

neto

4.

resultante

Tal

de

lenguaje

la

obra

de

provocó

un

Ley Núm. 199-1996 se originó como el P. de la C.

CC-2014-1001

18

sinnúmero de comentarios dirigidos a aclarar la base sobre

la cual se impone la tasa de arbitrios de construcción. En

particular, se señaló que la nueva fórmula provocaría nuevas

controversias

al

administrativos

proveer

a

quien

para

que

realice

se

la

descontaran

obra

o

gastos

mejora.

Se

advirtió que los desarrolladores intentarían descontar una

mayor cantidad de gastos sin que los municipios pudieran

auditar éstos. Igualmente, se destacó que el texto propuesto

sugería que al costo total de construcción, se eliminarían

los costos incurridos previos al comienzo de la actividad de

la obra. Por tanto, se solicitó eliminar la referencia a que

el

arbitrio

de

construcción

corresponde

al

ingreso

neto

resultante de la obra en construcción.24 Véanse, Ponencia

del Gobierno Municipal de Ponce de 10 de julio de 1995 sobre

el

P.

de

la

C.

1938,

págs.

3-4;

Ponencia

del

Gobierno

Municipal de Loíza de 8 de julio de 1995 sobre el P. de la

C. 1938, págs. 2-4; Ponencia del Gobierno Municipal de Ponce

de 14 de junio de 1995 sobre el P. de la C. 1938, págs. 1-3.

Atendiendo las preocupaciones esgrimidas, el proyecto

que culminó en la Ley Núm. 199-1996 sufrió unas enmiendas.

En lo pertinente, se eliminó la referencia a los gastos de

contabilidad, financiamiento, mercadeo, publicidad, ventas y

gastos de oficina como partidas no sujetas al tributo de

construcción para solamente excluir aquellas partidas en las

24Ello

pues, se sostenía que la práctica no incluía

los costos de adquisición de terrenos, edificaciones ya

construidas y enclavadas, costos de estudios, diseños,

planes y permisos como parte del costo para determinar el

arbitrio de construcción correspondiente.

CC-2014-1001

que

se

19

incurre

previo

al

comienzo

de

la

obra

de

construcción. Véanse, Informe del Senado sobre el P. de la

C. 1938 de 10 de junio de 1996, 7ma. Sesión Ordinaria, 12ma

Asamblea

Legislativa,

pág.

2;

Informe

de

la

Cámara

de

Representantes en torno al P. de la C. 1938 de 8 de mayo de

1996,

7ma.

págs.

2,

Sesión

23.

Ordinario,

Asimismo,

se

12ma.

Asamblea

excluyó

de

la

Legislativa,

exposición

de

motivos de la Ley Núm. 199-1996, cualquier referencia a que

el arbitrio de construcción recaía sobre el ingreso neto

resultante de la obra de construcción. Con esas enmiendas

fue aprobada la Ley Núm. 199-1996.

El efecto de la enmienda aclaró que la cuantía del

arbitrio de construcción se determina a base del “costo en

que se incurra para realizar el proyecto luego de deducirle

el

costo

de

adquisición

de

terrenos,

edificaciones

ya

construidas y enclavadas en el lugar de la obra, costos de

estudios, diseños, planos, permisos, consultoría y servicios

legales”. Art. 2.002 (d) de la Ley Núm. 81, 21 LPRA sec.

4052(d).

(Énfasis

suplido).

Estas

partidas

excluidas

no

constituyen una actividad directa de construcción y ocurren

antes de comenzar la obra o construcción con el fin de

evitar una carga onerosa para el diseño de ésta antes de ser

realizada. HBA Contractors, v. Mun. de Ceiba, supra, pág.

472;

véase,

además,

Informe

de

la

Comisión

de

Asuntos

Municipales y de la Comisión de Hacienda de la Cámara de

Representantes con respecto al P. de la C. 1938 de 8 de mayo

de 1996, págs. 22-23. Igualmente, eliminó todo debate de que

el arbitrio de construcción constituya una doble tributación

CC-2014-1001

impuesta

20

por

una

misma

actividad

y

se

despejó

la

incertidumbre en torno a si éste recaía sobre el ingreso

neto de la obra de construcción. Claramente, esto respondió

a

la

política

pública

expuesta

de

conceder

mayores

facultades impositivas a los municipios.

III

La controversia ante nuestra consideración surge por

una discrepancia con relación a cuál es la tasa del arbitrio

de construcción que debe imponerse en el desarrollo del

proyecto CROEM y sobre cuáles partidas deben incluirse en el

cómputo. Por una parte, el Municipio reclama que la tasa

contributiva

debe

ser

la

del

5%,

conforme

dispone

la

Ordenanza Núm. 11, Serie 2011-2012, y que no proceden las

deducciones solicitadas por ECA en cuanto a las partidas de

conservación, equipos, ganancia del contratista y otras. Por

el contrario, ECA sostiene que el impuesto debe ser de 4%, a

tenor con la Ordenanza Núm. 119, Serie 2001-2002, vigente al

momento del cierre del requerimiento de propuestas y que no

procede la imposición sobre ciertas partidas que entiende no

están relacionadas directamente con la construcción de la

obra.

En primer lugar, al examinar el aviso de adjudicación a

favor de ECA, se desprende que el proceso de evaluación de

las

ofertas

presentadas

proponentes

múltiples

a

Reglamento,

descartándose

fue

uno

tenor

un

de

negociación

con

la

Fase

del

con

proceso

de

Tres

no-negociación

contemplado también en el Reglamento. Los hechos demuestran

diáfanamente que todas las propuestas fueron revisadas a tal

CC-2014-1001

grado

que

21

prácticamente

todas

las

partidas

sufrieron

adjudicación

surge

que

evaluación

modificaciones.25

Del

aviso

de

la

consideró paralelamente a tres proponentes que reflejaron la

mejor calidad por el valor propuesto y se les convocó para

“negociaciones

ulteriores”.26

Así

las

cosas,

se

procedió

simultáneamente a reunirse con éstos de forma individual

para

que

revisaran

sus

ofertas.

Luego

de

evaluadas

y

aclaradas las propuestas revisadas, se determinó que ECA era

el

consorcio

que

mejor

valor

por

la

calidad

de

trabajo

propuso mediante la oferta final y firme negociada del 9 de

marzo de 2012.27

Los

reflejan

hechos

ante

que

evaluación

la

nuestra

de

consideración

claramente

las

no

propuestas

estuvo

exenta de discusión y negociaciones. En este sentido, se

calificó a los proponentes, se negoció a la vez con éstos, y

se

les

ordenó

revisar

las

propuestas.

Cuando

todos

presentaron sus propuestas revisadas y finales éstas fueron

evaluadas para determinar a quién se debía adjudicar la

obra. No cabe duda de que la evaluación no consistió en la

adjudicación al licitador con la clasificación más alta de

los criterios a cumplir, sin discusión o negociación alguna

entre las partes.

25La

única partida que no fue alterada fue la referente

al gasto de conservación.

26Véase,

certiorari,

27Íd.,

Aviso de Adjudicación, Apéndice del recurso de

pág. 83.

págs. 83 y 87.

CC-2014-1001

22

Ante tal realidad, no puedo avalar una interpretación a

los

efectos

de

que

procede

equiparar,

bajo

estas

circunstancias, el requerimiento de propuestas del proyecto

de

CROEM

a

uno

de

subasta.

Ello

pues,

lo

acontecido

demuestra, sin ambages, que hubo negociaciones al grado de

que se concedió la oportunidad a los proponentes de revisar

y modificar sus propuestas. Siendo ello así, la Ley Núm. 81

dispone expresamente que el arbitrio será el vigente a la

fecha de adjudicación del contrato. Art. 2.002 (d) de la Ley

Núm. 81, supra. Es decir, el arbitrio vigente al 11 de abril

de 2012.

Por tanto, habiéndose aprobado la Ordenanza Núm. 11,

Serie 2011-2012, desde enero de 2012 y estando vigente desde

el

11

de

febrero

de

2012,

procedía

el

arbitrio

de

5%

contemplado en ésta. A la fecha de la presentación de las

propuestas finales, los proponentes conocían de la vigencia

de la Ordenanza Núm. 11, Serie 2011-2012, por lo que éstos

no

estaban

impedidos

de

considerar

el

monto

de

esa

imposición contributiva al momento de revisar las propuestas

finales para la realización del proyecto. Es decir, ECA

sabía

que

el

impuesto

vigente

era

de

5%

al

momento

de

presentar su oferta final el 9 de marzo de 2012. Por ende,

no estaba impedida ni existía incertidumbre en cuanto al

arbitrio vigente.

Con

relación

a

las

partidas

a

ser

incluidas

en

el

cómputo del arbitrio de construcción, es imperativo recordar

que la Ley Núm. 81 faculta a los municipios a imponer el

tributo

sobre

la

construcción

de

obras

en

sus

límites

CC-2014-1001

23

territoriales. Tal poder responde a la política pública de

viabilizar

la

recauden

fondos

ciudadanía.

autonomía

Al

para

municipal

con

el

fin de

que

se

la

brindar

mejores

servicios

a

la

Núm.

hubo una

amplia

enmendar

Ley

81

discusión sobre las consecuencias de eximir del arbitrio de

construcción

partidas

financiamiento,

relacionadas

mercadeo,

con

publicidad,

la

contabilidad,

ventas

y

gastos

de

oficina, ya que se entendía que la fiscalización de estos

gastos imposibilitaba el fin público del tributo sobre la

obra

de

construcción.

Atendiendo

esa

preocupación,

el

lenguaje propuesto en el proyecto de ley se enmendó para

eliminar las referencias a estas partidas y excluir sólo

aquellas en la etapa anterior al proyecto. De esta manera,

se buscó no encarecer el costo de construcción a la vez que

se promulgó el recaudo de fondos a las arcas municipales.

Sobre

este

particular,

ECA

reclama

que

no

procedía

imponer arbitrios de construcción con relación al diseño

($350,000), costo de conservación de la obra ($141,600),

equipos ($160,000), condiciones generales ($681,402)28 y la

ganancia del contratista ($765,779.60). Por su parte, el

Municipio

entendió

28Estos

que

sólo

procedía

excluir

la

partida

responde

a

restauración

de

oficina

de

inspección ($10,000), Permiso de demolición ($5,000),

Permiso

Consolidado

(5,000),

Permiso

de

excavación

($1,000), Plan de Mantenimiento para la Construcción

($18,000), Permiso Mitigación Plomo ($8,000), Oficina de

Inspección y construcción en campo ($72,000), Permiso

Mitigación Asbesto ($8,000),

Administración ($96,000),

impuestos ($238,375.91), Plan de Seguridad y Control

($36,000), Construction Project Management ($6,000), Storm

Water Pollution Plan ($6,000), Seguros ($171,026.10) y

Rótulo Proyecto ($1,000). Véase, Apéndice del recurso de

certiorari, pág. 166.

CC-2014-1001

24

relacionada con el diseño. Entiendo que procede descontar

del cómputo partidas adicionales a las descontadas por el

Municipio.

Ciertamente,

sobre

la

el

totalidad

$5,161,900.

No

arbitrio

del

de

costo

obstante,

construcción

de

la

considero

no

procede

obra

ascendente

a

que

al

de

costo

construcción procede descontarle las partidas que la Ley

Núm.

81

exime

del

pago

de

arbitrio

de

construcción

de

acuerdo con el Art. 2.002 (d) de la Ley Núm. 81, supra.

Éstas son el costo de adquisición de terrenos, edificaciones

ya construidas y enclavadas en el lugar, costos de estudios,

diseño, planos, permisos, consultoría y servicios legales.

Al examinar las partidas del proyecto en cuestión,

opino

que

debe

construcción

excluirse

las

condiciones

cómputo

relacionadas

generales

contribuciones

del

al

relacionadas

necesarias

para

del

arbitrio

diseño

de

($350,000),

con

los

permisos

proseguir

con

el

y

proyecto

($271,735.91)29 y la de conservación de la obra ($141,600),

por

ser

ésta

construcción.

relación

a

una

actividad

Empero,

procede

los

equipos

no

el

relacionada

pago

($160,000),

de

con

su

arbitrios

con

condiciones

generales

($410,026.10)30 y la ganancia del contratista ($765,779.60).

Esto equivale a las partidas desglosadas en las

condiciones generales de Permiso de demolición ($5,000),

Permiso

Consolidado

($5,000),

Permiso

de

excavación

($1,000),

Permiso

Mitigación

Plomo

($8,000),

Permiso

Mitigación Asbesto ($8,000), impuestos ($238,375.91), y el

Storm Water Pollution Plan ($6,000). Íd.

29

30Esta

suma proviene del gasto por restauración de

oficina de inspección ($10,000), Plan de Mantenimiento para

la

Construcción

($18,000),

Oficina

de

Inspección

y

CC-2014-1001

25

Una interpretación contraria abriría las puertas a evadir el

mandato legislativo.

Por consiguiente, el arbitrio de construcción que debió

pagar ECA por el proyecto de CROEM asciende a $219,928.20.31

ECA

pagó

la

totalidad

de

$243,726.2932

por

arbitrios

de

construcción, por lo que el Municipio debería reembolsar

$23,798.09 que corresponde a lo pagado en exceso.

IV

Por

las

razones

expuestas,

disiento

del

dictamen

emitido por la Mayoría de este Tribunal.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

construcción en campo ($72,000), Administración ($96,000),

Plan de Seguridad y Control ($36,000), Construction Project

Management

($6,000),

Seguros

($171,026.10)

y

Rótulo

Proyecto ($1,000). Íd.

31Este

es el producto del costo de la obra menos las

partidas aquí determinadas por el 5% del tributo impuesto

conforme a la Ordenanza Núm. 11, Serie 2011-2012, vigente

al momento de la firma del contrato. ($5,161,900-350,000271,735.91-141,600) X 5%= $219,928.20.

32ECA

pagó originalmente $213,758 por concepto de

arbitrios más la deficiencia notificada por el Municipio de

$29,968.