Tribunal Supremo de Puerto Rico
ECA General Contractors, Inc. v. Municipio Autónomo de Mayagüez
2018 TSPR 124
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
ECA General Contractors, Inc. v. Municipio Autónomo de Mayagüez
CC-2014-1001
Ley de Municipios Autónomos: Fecha determinante para la imposición del arbitrio de construcción en un proceso de requerimiento de propuestas. Delimitación de los contornos de la base contributiva del arbitrio de construcción.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
ECA General Contractors, Inc.
Recurrida
Certiorari
v.
2018 TSPR 124
Municipio Autónomo de Mayagüez
200 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2014-1001
Fecha: 29 de junio de 2018
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Mayagüez-Aguadilla y Aibonito
Abogado del peticionario:
Lcdo. Efraín Colón Sanz
Abogado del recurrido:
Lcdo. Rebeca Barnes Rosich
Ley de Municipios Autónomos: Fecha determinante para la imposición del
arbitrio de construcción en un proceso de requerimiento de propuestas.
Delimitación de los contornos de la base contributiva del arbitrio de
construcción.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que
está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y
publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución
electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
ECA General Contractors, Inc.
Recurrida
Municipio
Mayagüez
Certiorari
CC-2014-1001
v.
Autónomo
de
Peticionario
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió la Opinión del Tribunal
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018.
En esta ocasión, nos corresponde resolver cuál
es la fecha determinante, al amparo de la Ley de
Municipios Autónomos, infra, para la imposición del
arbitrio
de
construcción
requerimiento
de
en
un
propuestas.
proceso
Además,
de
precisa
delimitar los contornos de la base contributiva de
dicho
impuesto
con
el
fin
de
determinar
qué
desembolsos están sujetos a la contribución. Por los
fundamentos que pasamos a exponer, resolvemos que el
arbitrio de construcción se fija en el día de cierre
del
requerimiento.
costos
que
Asimismo,
tributan
son
concluimos
aquellos
a
la
que
que
directamente
relacionados
construcción.
A continuación los hechos que
los
estén
actividad
de
dieron
CC-2014-1001
2
inicio a la controversia ante nuestra consideración.
I
La
Autoridad
Infraestructura
Público
(AFI)
Privadas
para
el
y
Autoridad
la
(AAPP)
Financiamiento
para
suscribieron
de
la
las
Alianzas
un
acuerdo
interagencial mediante el cual la primera se comprometió a
brindar apoyo técnico, administrativo y legal a la última
en
la
consecución
de
un
programa
de
modernización
del
sistema de enseñanza público.
A raíz del acuerdo, se efectuó un requerimiento de
propuestas para el diseño, construcción y conservación del
Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez
(CROEM). El procedimiento de entrega de propuestas cerró
el 18 de noviembre de 2011 a las 5:00 p.m. y, tras la
evaluación
correspondiente,
la
AFI
concluyó
que
ECA
General Contractors, Inc. (ECA) ofreció la mejor calidad
por
el
valor
sugerido
y
le
adjudicó
el
proyecto
de
modernización del CROEM por la cantidad de $5,161,900.00.
La
contratación
incluyó
el
diseño
de
la
obra,
su
construcción, el suplido de ciertos equipos y materiales y
la conservación de la obra por el término de un año luego
de finalizada la construcción.
El Municipio Autónomo de Mayagüez (Municipio) advino
en conocimiento de la remodelación del CROEM y obtuvo de
la Oficina del Contralor una copia del contrato suscrito
entre
ECA
y
la
AFI,
la
cual
utilizó
para
calcular
la
obligación contributiva de ECA por concepto de arbitrios
CC-2014-1001
3
de construcción. Como consecuencia del cómputo efectuado,
el
Municipio
deficiencia
le
por
remitió
a
concepto
de
ECA
una
arbitrios
notificación
de
por
de
la
suma
$25,809.50, pues entendió que la obligación contributiva
debió calcularse utilizando la tasa de 5%, según dispuesta
en
la
Ordenanza
Núm.
11,
serie
2011-2012.
En
lo
pertinente, dicha Ordenanza establece que “[s]e cobrará
como arbitrio el cinco por ciento (5.0%) del costo total
de
la
obra
o
actividad
cubierta
por
esta
Ordenanza”.
Sección 4ta, Ordenanza Municipal Núm. 11, serie 2011-2012.
Posteriormente,
segunda
notificación
el
Municipio
le
de
deficiencia
cursó
por
la
a
ECA
cantidad
una
de
$48,404.00 tras razonar que ECA dedujo del cómputo del
arbitrio ciertas partidas no exentas de tributación. Apoyó
su determinación en una lectura puntual de la Sección 2da
de la Ordenanza Núm. 11, serie 2011-2012, la cual dispone
que el costo total de la obra “es el costo en que se
incurra para realizar el proyecto luego de deducirle el
costo
de
adquisición
de
terrenos,
edificaciones
ya
construidas y enclavadas en el lugar de la obra, costos de
estudios,
diseños,
planos,
permisos,
consultorías
y
servicios legales”.
Inconforme con la cuantía impuesta, ECA presentó una
demanda contra el Municipio en la que solicitó la revisión
de la contribución. Arguyó que el Municipio se equivocó en
el cálculo del impuesto al utilizar una tasa contributiva
que no estaba en vigor al momento de la adjudicación de la
CC-2014-1001
4
subasta. Además, alegó que se incluyeron ciertas partidas
exentas
de
tributación
costos
atribuibles
a
en
el
cómputo,
conservación,
tales
como
los
estudios,
gastos
de
oficina, equipos y computadoras.
Explicó que cuando la AFI cerró el requerimiento de
propuestas para el diseño, construcción y conservación del
plan
de
modernización
Ordenanza
Núm.
119,
del
serie
CROEM
estaba
2001-2002,
que
vigente
la
imponía
un
arbitrio de 4% sobre el costo incurrido en la obra de
construcción. Por tanto, indicó que radicó una declaración
de
volumen
de
$238,375.91
negocios
por
tributables
concepto
de
y
pagó
patentes
la
y
suma
de
arbitrios
relacionados al proyecto.
El
Municipio
contestó
la
demanda
y
negó
que
se
hubiera celebrado una subasta pública. Alegó que la obra
se
adjudicó
el
9
de
marzo
de
20121
mediante
un
procedimiento de requerimiento de propuestas, por lo que
era de aplicación la Ordenanza Núm. 11, serie 2011-2012,
pues
ésta
entró
en
vigor
el
11
de
febrero
de
2012.
Asimismo, arguyó que calculó el arbitrio de construcción
conforme a derecho toda vez que el ordenamiento jurídico
vigente enumera de forma taxativa los costos susceptibles
de deducción y señaló que las deducciones solicitadas por
Sin embargo, en su Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia
Sumaria, el Municipio indica que el contrato se otorgó el 11 de abril
de 2012. Apéndice, pág. 412.
1
CC-2014-1001
5
ECA eran improcedentes, pues no correspondían a ninguna de
las exclusiones permitidas por ley.2
Tras varios incidentes procesales, ECA y el Municipio
presentaron
sendas
mociones
de
sentencia
sumaria.
Examinadas las mismas, el foro primario determinó que el
proceso
de
requerimiento
incluido
dentro
del
de
concepto
propuestas
se
de
pública.
subasta
encontraba
Por
consiguiente, concluyó que la fecha determinante para la
imposición del arbitrio era la del cierre de la subasta,
por
lo
que
el
Municipio
debió
computar
el
arbitrio
utilizando la Ordenanza Núm. 119, serie 2001-2002, la cual
fijaba una tasa contributiva de 4%, y no la Ordenanza Núm.
11, serie 2011-2012, la cual se aprobó tras el cierre de
la subasta.3
Además, el foro primario concluyó que el Municipio se
excedió
del
poder
delegado
al
imponer
el
arbitrio
de
construcción sobre el valor del contrato. Estimó que sólo
son tributables aquellos costos directos atribuibles a la
actividad de construcción por lo que dedujo de la base
tributable
la
ganancia
del
contratista,
las
partidas
En específico, aludió al Artículo 2.002 de la Ley de Municipios
Autónomos, el cual dispone que:
2
para los propósitos de la determinación del arbitrio de
construcción, el costo de la obra será el costo en que se
incurra para realizar el proyecto luego de deducirle el
costo
de
adquisición
de
terreno,
edificaciones
ya
cons tru ida s y
enclavadas en el lugar de la obra, costos de estudios,
diseño, planos, permisos, consultoría y servicios legales.
21 LPRA sec. 4052.
3 Sentencia, Apéndice, págs. 60-62.
CC-2014-1001
incluidas
6
bajo
transportación
el
y
renglón
de
adquisición
“General
de
los
Conditions”,4
equipos
la
utilizados
para el proyecto y los costos de conservación de la obra.
En atención a lo anterior, el Tribunal de Primera
Instancia
cuantificó
el
arbitrio
correspondiente
al
proyecto en $122,524.74 y ordenó el rembolso de la suma
pagada en exceso, la cual valoró en $121,201.55.
Inconforme, el Municipio apeló contra la sentencia.
Alegó
que
el
foro
primario
erró
al
dictar
sentencia
sumaria amparándose en la similitud entre la subasta y el
requerimiento de propuestas, así como al determinar que
las exclusiones establecidas en el Artículo 2.002 de la
Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico de 1991 (Ley de Municipios Autónomos), 21 LPRA
sec. 4052, son numerus apertus.
El foro apelativo intermedio confirmó al Tribunal de
Primera Instancia. Al igual que el foro primario, concluyó
que
el
mecanismo
comprendido
de
dentro
requerimiento
del
término
de
de
propuestas
subasta
está
pública
y
determinó que, para efectos del arbitrio de construcción
municipal, “la fecha en que se cierra el requerimiento de
propuestas, equivale a la fecha del cierre de la subasta”.5
De
igual
forma,
razonó
que
el
Municipio
no
tenía
la
facultad para imponer el impuesto sobre aquellas partidas
que no constituyen una actividad directa de construcción.
Éstas incluyen permisos y costos no asociados a la actividad de
construcción.
5 Sentencia, Apéndice, pág. 16.
4
CC-2014-1001
7
Aún en desacuerdo, el Municipio interpuso un recurso
de certiorari ante este Tribunal. En esencia, alega que
erraron
los
foros
recurridos
al:
(1)
concluir
que
el
proceso de subasta formal es análogo al procedimiento de
requerimiento de propuestas; (2) concluir que la ganancia
del
contratista
es
un
costo
excluible
de
la
base
tributable del arbitrio de construcción; (3) concluir que
las
exclusiones
provistas
por
la
Ley
de
Municipios
Autónomos, 21 LPRA sec. 4001 et seq., para el cálculo del
arbitrio
de
ordenar
el
construcción
rembolso
de
son
numerus
$121,201.55
apertus;
por
y
(4)
contribuciones
cobradas en exceso.
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,
estamos en posición de resolver.
II
A
La
revestida
contratación
del
más
gubernamental
alto
interés
de
servicios
público,
pues
está
persigue
fomentar la inversión adecuada, responsable y eficiente de
los recursos del Estado. Aut. Carreteras v. CD Builders,
Inc., 177 DPR 398, 404 (2009).
La
subasta
formal
es
el
vehículo
procesal
ordinariamente utilizado por el Estado en la adquisición
de bienes y servicios. R & B Power v. E.L.A., 170 DPR 606,
620
(2007).
El
objetivo
primordial
de
la
subasta
es
brindarle protección al erario mediante el acceso a la
construcción
de
obras
públicas
y
la
adquisición
de
CC-2014-1001
servicios
de
8
calidad
para
el
Gobierno
al
mejor
precio
posible. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 848-849
(1999). Por consiguiente, la subasta gubernamental procura
“establecer
un
esquema
que
asegure
la
competencia
equitativa entre los licitadores, evite la corrupción y
minimice los riesgos de incumplimiento”. Aut. Carreteras
v. CD Builders, Inc., supra, pág. 404; Véanse Mar-Mol Co.,
Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 DPR 864, 871 (1990);
Justiniano v. E.L.A., 100 DPR 334, 338 (1971).
Nuestro ordenamiento jurídico no contiene un estatuto
uniforme que regule la subasta gubernamental dirigida a la
adquisición de bienes y servicios. RBR Const., S.E. v.
A.C.,
supra,
pág.
850.
Por
ello,
corresponde
a
cada
agencia ejercer su poder de reglamentación para establecer
las normas que habrán de gobernar sus procedimientos de
subasta. Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., supra, pág.
404.
De
formal
ordinario,
el
consta
varias
preparación
de
de
procedimiento
los
etapas,
pliegos
de
subasta
pública
a
saber:
(1)
la
condiciones
y
de
especificaciones; (2) la publicación del aviso de subasta;
(3) el recibo de las propuestas selladas y su posterior
apertura
pública;
(4)
la
evaluación
y
estudio
de
las
propuestas por el comité evaluador de la agencia; (5) la
recomendación del comité respecto a la adjudicación de la
buena pro; (6) la adjudicación de la subasta; y (7) la
CC-2014-1001
9
notificación a los licitadores. R & B Power v. E.L.A.,
supra, pág. 621.
Una vez sometida la propuesta, el proceso no admite
negociación entre la agencia y el licitador. Íd. A tales
efectos, una de las particularidades de la subasta formal
reside en la presentación sellada de las ofertas, lo cual
garantiza la secretividad del procedimiento en la etapa
anterior
a
la
apertura
de
la
licitación.
Caribbean
Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR 978, 995 (2009).
La
secretividad
es
elemento
indispensable
para
la
existencia de una competencia leal y honesta, “pues impide
que un postor enmiende su propuesta para superar la de un
competidor”. Íd.
Aunque la subasta tradicional se caracteriza por su
formalidad y secretividad, esto no impide que la agencia
adopte
mecanismos
que
propicien
el
cumplimiento
de
las
condiciones y requerimientos establecidos en los pliegos
de especificaciones durante la etapa previa a la entrega
de las licitaciones. A modo de ejemplo, el procedimiento
de subasta formal puede incluir: (1) aclaraciones sobre
cualquier
ambigüedad
en
las
especificaciones;
(2)
la
celebración de reuniones pre-subasta; (3) inspecciones en
el lugar donde se instalará el producto o equipo; y (4) el
suministro de modelos o muestras que puedan asistir al
licitador a entender las especificaciones de la agencia.
Íd., págs. 995-996. La adopción de este tipo de medidas
CC-2014-1001
10
posibilita la presentación de ofertas que se ajusten a las
necesidades de la agencia correspondiente.
Por otra parte, el ente gubernamental también puede
acudir
al requerimiento de propuestas
(también conocido
como “RFP” por sus siglas en inglés) para la adquisición
de bienes y servicios. R & B Power v. E.L.A., supra, pág.
621. De ordinario, se recurre a este procedimiento “cuando
se
trata
de
la
adquisición
de
bienes
o
servicios
especializados –que involucran asuntos altamente técnicos
y
complejos-
o
cualificados”.
propuestas
cuando
Íd.,
es,
págs.
ante
existen
escasos
621-622.
El
todo,
“un
competidores
requerimiento
mecanismo
de
de
compra
negociada” y, por lo tanto, admite la negociación entre
los licitadores y la agencia durante la evaluación de las
propuestas
recibidas.
Íd.,
pág.
621;
Caribbean
Communications v. Pol. de P.R., supra, pág. 997.
En el requerimiento de propuestas la agencia enumera
los requisitos y factores que utilizará en la adjudicación
del contrato en cuestión y a los cuales todo licitador
tiene que responder. R & B Power v. E.L.A., supra, pág.
622. Generalmente, el ente gubernamental le adjudica un
valor
o
peso
adjudicar
la
a
los
buena
factores
pro.
Íd.
que
va
a
considerar
al
Además,
el
requerimiento
describe cómo se llevará a cabo el proceso, los términos
del contrato que se otorgará y el itinerario para recibir,
evaluar
y
adjudicar
el
contrato,
lo
cual
facilita
la
CC-2014-1001
11
negociación entre la entidad gubernamental y el oferente.
Íd.
Anteriormente hemos expresado que el criterio rector
para determinar si en efecto hubo una negociación en un
procedimiento
de
subasta
mediante
un
RFP
es
si
se
le
concedió al postor la oportunidad de revisar y modificar
su propuesta. Caribbean Communications v. Pol. de P.R.,
supra, pág. 997. De no permitirse la modificación de la
oferta, se entiende que la comunicación entre la entidad
gubernamental y el licitador constituye una aclaración.
Íd.
La
aclaración
realizadas
en
agencia
por
o
se
efectúa
respuesta
el
a
mediante
preguntas
licitador
y,
a
explicaciones
efectuadas
por
la
diferencia
de
la
negociación, solo ofrece la oportunidad de aclarar ciertos
asuntos sobre la propuesta presentada.
Íd.
Así, el criterio central para determinar si medió una
negociación es la conducta entre el ente gubernamental y
el licitador y no la denominación utilizada por la agencia
para describir la comunicación. Íd.
B
Nuestro
Legislativa
ordenamiento
el
poder
jurídico
impositivo
confiere
del
a
Estado.
la
Rama
Interior
Developers v. Mun. de San Juan, 177 DPR 693, 703 (2009). A
tales
efectos,
poder
del
nuestra
Estado
Libre
Constitución
Asociado
para
dispone
imponer
que
“[e]l
y
cobrar
contribuciones y autorizar su imposición y cobro por los
CC-2014-1001
12
municipios se ejercerá según se disponga por la Asamblea
Legislativa, y nunca será rendido o suspendido”. Art. VI,
Sec.
2,
Const.
E.L.A.,
LPRA,
Tomo
1.
A
tenor
con
lo
anterior, la Asamblea Legislativa, en el ejercicio de su
poder constitucional, ostenta la facultad para delegar el
poder
impositivo
Developers
v.
del
Mun.
Estado
de
a
San
los
Juan,
municipios.
supra,
pág.
Interior
703.
Por
tratarse de un poder delegado, “los municipios no tienen
un poder inherente, independiente del Estado, para imponer
contribuciones”. Levy, Hijo v. Municipio de Manatí, 151
DPR 292, 299 (2000).
El poder impositivo municipal quedó codificado en el
Artículo 2.002 de la Ley de Municipios Autónomos, supra,
que
faculta
licencias
la
y
contribuciones
imposición
otros
de
cargos
autorizadas
por
contribuciones,
derechos,
análogos.6
de
dicha
Una
legislación
las
es
el
arbitrio de construcción. Íd.
Esta es una contribución impuesta por los municipios,
a través de una ordenanza municipal, que “recae sobre el
derecho de llevar a cabo una actividad de construcción o
una
obra
de
construcción
dentro
de
los
límites
territoriales del municipio”. Art. 1.003(cc) de la Ley de
Municipios
Autónomos,
21
LPRA
sec.
4001(cc);
Interior
Developers v. Mun. de San Juan, supra, pág. 704. En lo
pertinente, la Ley señala que:
La Ley de Municipios Autónomos se aprobó con el propósito de otorgar
a los municipios un mayor grado de gobierno propio y autonomía fiscal.
Muñiz Burgos, Inc. v. Mun. Yauco, 187 DPR 665, 675 (2013).
6
CC-2014-1001
13
[t]oda obra de construcción dentro de los límites
territoriales de un municipio, realizada por una
persona natural o jurídica privada, o que sea
llevada a cabo por una persona natural o jurídica
privada a favor o en representación de, o por
contrato o subcontrato suscrito con una agencia o
instrumentalidad del Gobierno Central o municipal
o del gobierno federal, incluyendo aquella obra
que no requiera la solicitud o expedición de un
permiso por la Administración de Reglamentos y
Permisos o por un municipio autónomo, deberá
pagar arbitrio de construcción correspondiente,
previo al comienzo de dicha obra. Art. 2.002(d)
de la Ley de Municipios Autónomos, supra.
De
la
obligación
cuando
disposición
que
de
arbitrio
pagar
concurren
el
las
precede
se
de
circunstancias
deriva
que
construcción
allí
la
nace
descritas,
a
saber: (1) que se trate de una obra de construcción; (2)
que
esté
dentro
municipio; y (3)
de
los
límites
territoriales
del
que la realice una persona natural o
jurídica privada, o una persona natural o jurídica privada
contratada
por
una
agencia
o
dependencia
del
Gobierno
Central, municipal o federal. Interior Developers v. Mun.
de San Juan, supra, pág. 705.
Más
aún,
determinante
el
para
Artículo
la
imposición
“[e]l
efectos,
señala
que
municipal
será
vigente
subasta
el
debidamente
adjudicación
del
también
a
la
fecha
arbitrio.
A
tales
arbitrio
de
la
fecha
de
cierre
de
la
a
la
fecha
de
la
obras
de
convocada
contrato
del
provee
o
para
construcción
aquellas
construcción que no requieran subasta”. Art. 2.002(d) de
la
Ley
de
Municipios
Autónomos,
supra.
Por
lo
tanto,
aquellos bienes y servicios tributables adquiridos por el
CC-2014-1001
Gobierno
14
mediante
subasta
estarán
sujetos
al
pago
del
arbitrio existente al momento del cierre de la misma.
Es
un
legislación
principio
firmemente
contributiva
no
se
establecido
interpreta
que
de
la
forma
extensiva, sino de forma justa de modo que cumpla con sus
propios términos. BBC Realty v. Secretario de Hacienda,
166 DPR 498, 511 (2005). Por ello, cuando una ley que
impone contribuciones, impuestos o arbitrios es ambigua
“se debe interpretar restrictivamente en contra del Estado
y a favor del ciudadano”. Íd., págs. 511-512.
La
Ley
de
Municipios
Autónomos
dispone
que
el
arbitrio de construcción recae sobre el costo total de la
obra,
luego
de
deducir
“el
costo
de
adquisición
de
terrenos, edificaciones ya construidas y enclavadas en el
lugar de la obra, costos de estudios, diseños, planos,
permisos, consultoría y servicios legales”. Art. 2.002(d)
de la Ley de Municipios Autónomos, supra. De esta manera,
la Asamblea Legislativa optó por excluir aquellas partidas
que no constituyen una actividad directa de construcción y
que
ocurren
antes
de
comenzar
la
obra
o
construcción,
evitando así una carga onerosa para el diseño de la obra.
HBA Contractors v. Mun. de Ceiba, 166 DPR 443, 472 (2005);
Informe de la Comisión de Asuntos Municipales y de la
Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes con
respecto
al P. de la C. 1938 de 8 de mayo de 1996, págs.
22-23.
A la luz de este marco jurídico, resolvemos.
CC-2014-1001
15
III
El
Municipio
calcular
el
sostiene
arbitrio
que
de
actuó
correctamente
al
utilizando
la
construcción
Ordenanza Núm. 11, serie 2011-2012. Apoya su contención en
una lectura literal del texto del Artículo 2.002(d) de la
Ley de Municipios Autónomos, supra, el cual señala que,
para aquellas obras que no requieran subasta, el arbitrio
de construcción municipal será el vigente a la fecha de la
adjudicación del contrato.
En apretada síntesis, el Municipio arguye que la obra
en
cuestión
se
adjudicó
mediante
un
requerimiento
de
propuestas,
que
el
requerimiento
de
propuestas
un
procedimiento fundamentalmente
que,
por
consiguiente,
la
distinto
fecha
es
al de subasta y
determinante
en
la
imposición del arbitrio de construcción es la fecha en la
que
se
adjudica
el
contrato.
A
tono
con
lo
anterior,
señala que el contrato se otorgó el 11 de abril de 2012,
fecha para la cual la Ordenanza Núm. 11, serie 2011-2012,
había entrado en vigor.
Como vimos, aunque son procedimientos distintos, el
requerimiento de propuestas y la subasta formal “no son
totalmente
incompatibles”.
Caribbean
Communications
v.
Pol. de P.R., supra, pág. 997. Estos persiguen un mismo
fin cuando se trata de proyectos gubernamentales, a saber:
proteger el erario mediante el acceso a bienes y servicios
de calidad al mejor precio posible. RBR Const., S.E. v.
A.C., supra, págs. 848-849. De ordinario, esto se alcanza
CC-2014-1001
mediante
el
garanticen
eviten
16
diseño
de
libre
competencia
la
la
corrupción
esquemas
y
de
adquisición
entre
minimicen
que
los
licitadores,
los
riesgos
de
incumplimiento. Íd. La transparencia brindada por dichos
esquemas fomenta la participación de un mayor número de
postores en las subastas gubernamentales, proveyéndole al
Estado un mayor núcleo de licitadores cualificados para
llevar a cabo sus proyectos, lo cual redunda en bienes y
servicios de mayor calidad a un mejor precio.
Por la fundamentación anterior, coincidimos con los
foros recurridos en cuanto a que el concepto de subasta
del Artículo 2.002(d) de la Ley de Municipios Autónomos,
supra,
incluye
propuestas.
artículo
Apoya
solo
especificar
el
si
mecanismo
nuestra
de
requerimiento
determinación
se
incluyó
el
se
trataba
del
que
término
en
dicho
subasta,
procedimiento
de
formal
sin
o
informal.
Según explicamos, el Artículo 2.002(d) de la Ley de
Municipios Autónomos, supra, dispone que “[e]l arbitrio de
construcción
municipal
será
el
vigente
a
la
fecha
de
cierre de la subasta debidamente convocada”.
En vista de que el cierre de la subasta, es decir, el
procedimiento
de
entrega
de
propuestas
ante
nuestra
consideración culminó el 18 de noviembre de 2011 a las
5:00 p.m., aplica la Ordenanza Municipal Núm. 119, serie
2001-2002, la cual fija una tasa contributiva de 4%, por
CC-2014-1001
ser
ésta
17
la
que
estaba
vigente,
y
no
la
Ordenanza
Municipal Núm. 11, serie 2011-2012.
hace
Más
aún,
su
oferta
imposiciones
cabe
recordar
toma
en
que
“cuando
consideración
contributivas,
sean
el
el
éstas
contratista
monto
en
de
las
forma
de
arbitrios, patentes o de cualquier otra forma, a los fines
de determinar el precio de la obra, lo cual incluye todos
los costos, más el margen de ganancia”. Río Const. Corp.
v. Mun. de Caguas, 155 DPR 394, 415 (2001). Asimismo, “las
partes
licitadoras
no
deben
estar
sujetas
a
la
incertidumbre de un cambio en los arbitrios luego que se
han movido a licitar conociendo cuál era el arbitrio al
momento de formalizarse su oferta”. Íd., pág. 416. Ante
esta realidad, resulta irrazonable permitirle al Municipio
imponer los arbitrios fijados en la Ordenanza Núm. 11,
serie
2011-2012.
Máxime
cuando
esa
Ordenanza
se
aprobó
luego de que los licitadores sometieran sus propuestas.
En segundo lugar, el Municipio sostiene que calculó
el arbitrio de construcción conforme a derecho ya que el
ordenamiento jurídico vigente enumera de manera taxativa
los costos susceptibles de deducción. Fundamentándose en
lo anterior, alega que las deducciones solicitadas por ECA
son improcedentes pues no concuerdan con ninguna de las
exenciones permitidas por ley.
Como
vimos,
el
Artículo
Municipios
Autónomos,
supra,
propósitos
de
la
2.002(d)
señala
determinación
de
que
del
la
Ley
de
“[p]ara
los
arbitrio
de
CC-2014-1001
18
construcción, el costo total de la obra será el costo en
que
se
incurra
para
el
costo
deducirle
realizar
de
el
proyecto
adquisición
luego
de
de
terrenos,
edificaciones ya construidas y enclavadas en el lugar de
la obra, costos de estudios, diseños, planos, permisos,
consultoría
y
servicios
legales”.
Al
incorporar
dicho
lenguaje en el estatuto, la Asamblea Legislativa excluyó
aquellas partidas que no constituyen una actividad directa
de construcción y que ocurren antes de comenzar la obra o
construcción,
evitando
diseño
de
obra.
supra,
pág.
la
472;
así
HBA
una
carga
Contractors
Informe
de
la
onerosa
v.
Mun.
Comisión
para
de
de
el
Ceiba,
Asuntos
Municipales y de la Comisión de Hacienda de la Cámara de
Representantes con respecto
al P. de la C. 1938 de 8 de
mayo de 1996, págs. 22-23.
Más aún, resulta pertinente recordar que el precitado
Artículo debe interpretarse de forma que armonice con la
definición del impuesto provista por la Ley de Municipios
Autónomos. A tales efectos, el Artículo 1.003 de dicha
legislación
define
el
arbitrio
de
construcción
como
“aquella contribución impuesta por los municipios a través
de
una
ordenanza
municipal
aprobada
con
dos
terceras
partes para ese fin, la cual recae sobre el derecho de
llevar a cabo una actividad de construcción o una obra de
construcción
dentro
municipio”.
Art.
de
los
1.003(cc)
límites
de
la
territoriales
Ley
de
del
Municipios
Autónomos, supra (énfasis suplido). En lo pertinente, el
CC-2014-1001
Artículo
como
“el
19
de referencia
acto
ampliar,
o
define actividad de construcción
actividad
reparar,
de
demoler,
construir,
remover,
reconstruir,
trasladar
o
relocalizar cualquier edificación, obra, estructura, casa
o construcción de similar naturaleza fija y permanente,
pública
o
privada,
realizada
entre
los
límites
territoriales de un municipio”.7 Art. 1.003(dd) de la Ley
de Municipios Autónomos, supra.
Por consiguiente, concluimos que el estatuto faculta
la imposición del arbitrio sobre el costo de la actividad
de construcción, según ésta es definida en la Ley, y no
sobre toda partida incluida en el contrato de obra. En
atención a lo anterior, concluimos que no se cometió el
error
imputado,
pues
el
Municipio
excedió
el
poder
delegado al incluir en el cómputo del arbitrio los costos
atribuibles a conservación, estudios, gastos de oficina,
Por su importancia en el caso ante nos, procedemos a transcribir en
su totalidad la definición de actividad de construcción provista por
el Artículo 1.003(dd) de la Ley de Municipios Autónomos, supra:
7
Significará el acto o actividad de construir, reconstruir,
ampliar, reparar, demoler, remover, trasladar o relocalizar
cualquier
edificación,
obra,
estructura,
casa
o
construcción de similar naturaleza fija y permanente,
pública
o
privada,
realizada
entre
los
límites
territoriales de un municipio, y para la cual se requiera o
no un permiso de construcción expedido por la Oficina de
Gerencia de Permisos o por un municipio autónomo que posea
tal autoridad. Significará, además, la pavimentación o
repavimentación,
construcción
o
reconstrucción
de
estacionamientos, puentes, calles, caminos, carreteras,
aceras y encintados, tanto en propiedad pública como
privada
dentro
de
los
límites
territoriales
de
un
municipio, y en las cuales ocurra [cualquier movimiento de
tierra o en las cuales se incorpore] cualquier material
compactable, agregado o bituminoso que cree o permita la
construcción de una superficie uniforme para el tránsito
peatonal o vehicular. Incluye cualquier obra de excavación
para instalación de tubería de cualquier tipo o cablería de
cualquier naturaleza y que suponga la apertura de huecos o
zanjas por donde discurrirán las tuberías o cablerías
dentro de los límites territoriales de un municipio.
CC-2014-1001
equipos
y
20
computadoras
ya
que
éstas
partidas
no
constituyen una actividad de construcción.8
IV
Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la
Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Presidenta
Para un desglose de los costos incurridos en el proyecto, véanse
Apéndice, págs. 166-172.
8
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
ECA General Contractors, Inc.
Recurrida
CC-2014-1001
v.
Municipio
Mayagüez
Autónomo
Certiorari
de
Peticionario
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018.
Por los fundamentos antes expuestos, en la
Opinión que antecede, la cual se hace formar parte
de la presente Sentencia, se confirma la Sentencia
emitida por el Tribunal de Apelaciones.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario
del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Kolthoff Caraballo concurre con el resultado sin
opinión escrita. El Juez Asociado señor Estrella
Martínez emite opinión disidente. La Juez Asociada
señora Rodríguez Rodríguez disiente y emite la
siguiente expresión:
La
Juez
Asociada
señora
Rodríguez
Rodríguez disiente por entender que el
mero reconocimiento de un mecanismo de
subasta híbrido se aparta del rigor que
debe
imperar
en
la
contratación
gubernamental
y
propende
a
una
flexibilización
indebida
de
las
exigencias inherentes a los procesos de
subasta en nuestra jurisdicción.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
ECA General Contractors, Inc.
Recurrida
v.
CC-2014-1001
Certiorari
Municipio Autonómo de
Mayagüez
Peticionario
Opinión disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ
San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018.
En esta ocasión nos correspondía decretar cuál es
la
fecha
determinante
construcción
adjudicó
para
imponer
correspondiente
mediante
un
proceso
a
el
una
de
arbitrio
obra
de
que
se
requerimiento
de
propuestas negociado. Asimismo, debíamos precisar qué
partidas debían ser excluidas del cómputo para fijar
el referido tributo.
Una Mayoría de este Tribunal equipara el proceso
de requerimiento de propuestas acaecido en este caso
al de una subasta, en el contexto por el pago de
arbitrios
de
construcción
municipales,
por
lo
que
concluye erróneamente que procede la imposición del arbitrio
CC-2014-1001
2
de construcción vigente al momento de la fecha de cierre
del requerimiento de propuestas. A su vez, resuelve que
procede descontar del cómputo de arbitrio de construcción
ciertas partidas que no están contempladas en la Ley Núm.
81-1991, infra.
Por diferir de lo anterior, entiendo que opera la
disposición
estatutaria
que
impone
construcción
vigente
la
fecha
a
el
de
arbitrio
de
firma
del
la
contrato. Asimismo, considero que el tributo procedía
sobre
ciertas
partidas
que
fueron
excluidas
en
la
decisión que hoy avala la Mayoría de este Tribunal. A
tenor con ello, disiento del curso de acción propuesto.
I
La
controversia
génesis
cuando
notificó
a
el
ECA
ante
nuestra
Municipio
General
de
consideración
Mayagüez
Contractors,
tiene
su
(Municipio)
le
Inc.
(ECA)
una
deficiencia por el pago de arbitrios de construcción. La
deficiencia
notificada
está
relacionada
al
proyecto
de
modernización de la escuela CROEM ubicada en el referido
Municipio.
A esos fines, es necesario adentrarnos en el proceso
que tuvo lugar para la adjudicación del referido proyecto.
Éste
se
realizó
a
tenor
con
la
Ley
Núm.29-2009,
mejor
conocida como Ley de Alianzas Público Privadas, 27 LPRA sec.
2601
et
seq.,
a
través
de
la
Autoridad
para
el
Financiamiento de la Infraestructura (AFI). A esos efectos,
se
publicó
precualificar
una
a
solicitud
aquellos
de
cualificaciones
proponentes
interesados
para
en
CC-2014-1001
3
participar en los contratos relacionados con la prestación
de diseño, construcción y conservación correspondientes al
proyecto
de
Modernización
de
conocido
como
Escuelas
Siglo
del
Escuelas
21.
de
Como
Puerto
parte
de
Rico
ese
proceso, se calificaron 125 proponentes. El 5 de octubre de
2011, se emitió un aviso de invitación para solicitud de
propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) a los proponentes
calificados y luego se celebraron reuniones informativas y
visitas de campo para el referido proyecto. El proceso para
recibir la entrega de propuestas cerró el 18 de noviembre de
2011.
Para el proyecto se recibieron 5 ofertas formales y se
detallaron los costos propuestos. Los proponentes eran ECA,
Costamar
Construction,
Construction,
Corp.
y
Inc.,
CapCon,
Rama
Construction,
Corp.
En
lo
Karimar
pertinente,
conforme surge del aviso de adjudicación de subasta, ECA
propuso un valor total para el proyecto de $5,544,800.9 El
método de selección fue basado en un proceso de evaluación
de propuestas de forma competitiva en diseño, construcción y
conservación, cuyo costo reflejara una mayor calidad y valor
por la inversión propuesta.10
Al evaluar las propuestas, se determinó que Costamar
Construction, Karimar Construction, Corp. y ECA mostraban
mejor calidad por el valor propuesto, por lo que se procedió
9El
valor total propuesto equivale a $590,000 por el
diseño, $4,343,200 por construcción, $470,000 por aditivas,
y $141,600 por conservación.
10Véase
Aviso de Adjudicación, Apéndice del recurso de
certiorari, pág. 82.
CC-2014-1001
a
reunirse
4
con
éstos
“para
negociaciones
(Énfasis
suplido).
Específicamente,
propuestas
revisadas.
De
acuerdo
con
se
lo
ulteriores”.11
requirieron
solicitado,
ECA
presentó su propuesta el 10 de enero de 2012. Luego de
varias reuniones, AFI recibió las propuestas finales de los
licitadores. Luego, se entendió que las propuestas revisadas
que
mejor
se
ajustaban
a
las
necesidades
eran
las
de
a
las
Costamar Construction y ECA.
Posteriormente,
AFI
solicitó
aclaraciones
propuestas revisadas con relación al ámbito de trabajo. ECA
presentó su propuesta final revisada el 9 de marzo de 2012.
Al evaluar las propuestas revisadas, AFI determinó que ECA
reflejaba
mejor
valor
por
calidad
de
trabajo
en
la
“propuesta final y firme del 9 de marzo de 2012” para un
total de $5,161,900.12 Así las cosas, el 14 de marzo de 2012
se emitió la recomendación a favor de ECA, ya que ésta
representaba
mejor
los
intereses
por
la
“cantidad
total
negociada”,13 por lo que el contrato fue adjudicado a su
favor el 11 de abril de 2012.
En cuanto a los arbitrios de construcción, ECA pagó
$213,758.29.
Municipio
11Íd.,
No
obstante,
notificó
que
el
los
10
de
agosto
arbitrios
de
de
2012,
el
construcción
pág. 83.
12Nótese
que la propuesta original era por $5,544,800.
El costo revisado es por $350,000 de diseño, $4,169,200 por
construcción,
$501,100
por
aditivas
y
$141,600
por
conservación. Adviértase que de la oferta inicial la única
partida que no fue revisada fue la de conservación de la
obra.
13Véase,
Aviso de Adjudicación, Apéndice del recurso de
certiorari, pág. 87.
CC-2014-1001
ascendían
a
5
$258,095.14
Ello,
al
aplicar
el
arbitrio
de
construcción al 5%, según la Ordenanza Núm. 11, Serie 20112012,
adoptada
Municipal
y
desde
enero
de
2012
efectiva
desde
el
11
por
de
la
Legislatura
febrero
de
2012.
Posteriormente, el 11 de diciembre de 2012 notificó una
deficiencia
por
el
pago
del
arbitrio
correspondiente
de
$48,404.15
ECA cuestionó la deficiencia notificada al indicar que
se utilizó el total de la cuantía del proyecto, sin deducir
ciertos
costos.16
Municipio
ajustó
Tras
a
evaluar
$29,968
la
la
solicitud
deficiencia
de
ECA,
el
notificada
al
excluir el gasto del diseño del cómputo para determinar el
arbitrio de construcción.17
En
desacuerdo,
ECA
acudió
al
Tribunal
de
Primera
Instancia impugnando la deficiencia notificada. En síntesis,
planteó que el arbitrio de construcción debía ser de 4%
conforme a la ordenanza vigente al momento del cierre de la
subasta, Ordenanza Núm. 119, Serie 2001-2002. A su vez,
14Es
decir, el costo total de la propuesta por el 5%
($5,161,900 x .05 = $258,095).
15La
deficiencia equivale al arbitrio determinado menos
lo pagado por ECA ($258,095-213,758= $44,337). A eso se le
suman los intereses ($1,850) y adiciones ($2,217) para una
deficiencia total de $48,404.
16En
ese momento, ECA no cuestionó la imposición del
arbitrio a base de la Ordenanza Núm. 11, Serie 2011-2012.
Esta suma equivale a la deficiencia notificada menos
la diferencia del arbitrio calculado por la partida de
diseño [$44,337-($350,000 x .05)]=$26,837. A esa cantidad
se le añade los intereses ($1,789) y adiciones ($1,342)
para una deficiencia total de $29,968.
17
CC-2014-1001
6
reclamó que del costo de la obra debía reducirse, el diseño,
el suplido de equipos, la conservación de ésta, y estudios,
entre otros. Posteriormente, ECA solicitó que se dictara
sentencia sumaria a su favor. Argumentó que el arbitrio de
construcción
sólo
procede
sobre
aquellas
actividades
que
constituyen construcción, por tanto, sostuvo que son los
costos, dentro de los límites territoriales del Municipio,
en
los
que
incurre
el
contratista
para
realizar
la
actividad, los que componen la base tributable. De esta
forma,
aseveró
que
la
ganancia
del
contratista,18
los
equipos, el diseño, los sellos del colegio de ingenieros,
los gastos de consultoría y control de calidad, los permisos
medioambientales, gastos de consulta legal y conservación,
tampoco deben ser objeto del arbitrio de construcción, pues
entiende que estas partidas no constituyen una actividad de
construcción.19
A
su
vez,
arguyó
que
el
arbitrio
que
corresponde es el de 4% establecido en la Ordenanza Núm.
119, Serie 2001-2002, pues era el vigente a la fecha del
cierre de presentación de propuestas, por lo que el impuesto
18La
ganancia del contratista se calculó a base del 20%
del valor del contrato, menos diseño, conservación, equipos
y
otras
partidas.[($5,161,900-350,000-141,600-160,000681,402) x.20 =$765,779.60].
19En
consecuencia, del valor del contrato ($5,161,900)
rebajaría el diseño ($350,000), los costos de conservación
($141,600), de muebles y computadoras ($160,000), otras
partidas de condiciones generales ($681,402) y la ganancia
del contratista ($765,779.60) para una base tributable de
$3,063,118.40.
CC-2014-1001
asciende
a
7
$122,524.74.20
Siendo
ello
así,
solicitó
el
reembolso de $121,201.55, que alega pagó en exceso.21
El
Municipio
se
opuso
a
que
se
dictara
sentencia
sumaria a favor de ECA. Por el contrario, argumentó que
procedía dictarla a su favor. En esencia, sostuvo que el
proceso de adjudicación del proyecto fue uno de negociación
entre la agencia y los proponentes que culminó cuando ECA
presentó su propuesta final el 9 de marzo de 2012. Así las
cosas,
razonó
que
no
constituyéndose
una
subasta
o
un
proceso análogo, procede imponer el arbitrio a la fecha de
adjudicación del contrato. A ese momento, estaba vigente la
Ordenanza Núm. 11, Serie 2011-2012, que imponía el 5% para
el
cómputo
Municipio
de
arbitrios
afirmó
que
la
de
construcción.
ley
es
clara
Igualmente,
el
cuanto
las
en
a
partidas que no forman parte del costo de construcción,
limitándolas
a
la
construidas
o
enclavadas,
planos,
permisos,
adquisición
de
costos
consultoría
y
terrenos,
de
edificaciones
estudios,
servicios
diseño,
legales.
Por
tanto, reiteró que no procede eximir del referido cómputo
las partidas expuestas por la ECA.
Evaluadas las posturas de las partes, el Tribunal de
Primera Instancia emitió la Sentencia a favor de ECA. El
foro primario concluyó que la solicitud de propuestas está
20ECA
calculó el arbitrio de construcción al 4%
descontando todas las partidas de diseño, conservación,
equipos,
condiciones
generales
y
la
ganancia
del
contratista.
($5,161,900-350,000-141,600-160,000-681,402765,779.60) x 4%=$122,524.74.
21Esta
suma equivale al arbitrio pagado de $213,758.29
más la deficiencia notificada de $29,968.
CC-2014-1001
8
comprendida dentro del término subasta, por lo que la fecha
para
determinar
el
arbitrio
es
la
del
cierre
del
requerimiento de propuestas, es decir, que aplica la tasa
del 4% vigente a ese momento. Además, razonó que la facultad
para
imponer
el
arbitrio
está
sujeta
a
los
costos
de
construcción y no al valor del contrato, por lo que entendió
que ciertas partidas de condiciones generales, conservación
y la ganancia del contratista, entre otras, no son partidas
relacionadas con la construcción del proyecto sujetas al
arbitrio de construcción. Así las cosas, ordenó el reembolso
de $121,201.55 pagados en exceso, según reclamado por ECA.
El Municipio acudió ante el Tribunal de Apelaciones, el
cual
confirmó
al
Tribunal
de
Primera
Instancia
mediante
Sentencia emitida el 16 de septiembre de 2014.
Inconforme, el Municipio acude ante este Tribunal y se
reafirmó
en
los
recurridos.
Este
argumentos
Tribunal
esgrimidos
expidió
el
ante
los
recurso
y
foros
con
el
beneficio de la comparecencia de las partes está en posición
de atenderlo en los méritos.
II
A.
La facultad para imponer contribuciones le corresponde
primordialmente a la Rama Legislativa. Art. II, Sec. 2.,
Const. ELA, LPRA Tomo 1; Cía Turismo de P.R. v. Mun. de
Vieques, 179 DPR 578, 583-584 (2010). No obstante, no existe
impedimento
para
que
la
expresamente
su
facultad
Asamblea
para
Legislativa
imponer
delegue
contribuciones.
Interior Developers v. Mun. de San Juan, 177 DPR 693, 703
CC-2014-1001
9
(2009); HBA Contractors v. Mun. de Ceiba, 166 DPR 443, 453454 (20015). A tenor con esa autoridad, se delegó a los
municipios
el
poder
de
imponer
tributos
para
que
éstos
puedan recaudar fondos y brindar mejores servicios a sus
habitantes. Véanse, Muñiz Burgos, Inc. v. Mun. Yauco, 187
DPR 665, 675 (2013); El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187
DPR 811, 818 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186
DPR 113, 121 (2012); Pfizer Pharm. v. Mun. de Vega Baja, 182
DPR 267, 286 (2011); Cía Turismo de P.R. v. Mun. de Vieques,
supra, págs. 583-584; Café Rico, Inc. v. Mun. de Mayagüez,
155 DPR 548, 559 (2001).
Con ese objetivo, se aprobó la Ley Núm. 81-1991, según
enmendada, conocida como la Ley de Municipios Autónomos del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, 21 LPRA sec.
4001
et
seq.
(Ley
Núm.
81).
Este
estatuto,
establece
claramente que la interpretación a los poderes y facultades
conferidos a los municipios por éste o cualquier otro, se
interpretarán
liberalmente
para
desarrollo
implantación
de
e
la
que
se
política
propicie
el
pública
de
garantizar a los municipios las facultades necesarias en el
orden jurídico, fiscal y administrativo. De tal forma que
éstos,
puedan
atender
eficazmente
las
necesidades
y
el
bienestar de sus habitantes. Art. 3 de la Ley Núm. 81, 21
LPRA sec. 4003; Río Const. Corp v. Mun. de Carolina, 153 DPR
615 (2001). Es decir, en aras de cumplir con la intención
legislativa,
la
interpretación
delegación
amplia
al
poder
judicial
debe
impositivo
avalar
una
conferido
al
municipio. Cía Turismo de P.R. v. Mun. de Vieques, supra,
CC-2014-1001
10
págs. 584-585; Café Rico, Inc. v. Mun. de Mayagüez, supra,
pág.
553.
La
política
pública
implantada
buscaba
descentralizar el gobierno con el fin de desarrollar una
mayor autonomía municipal. Const. José Caro v. Mun. Dorado,
supra, pág. 122.
Dentro
potestad
de
de
los
poderes
imponer
y
delegados
cobrar
se
encuentra
contribuciones,
la
derechos,
licencias, arbitrios de construcción y otros arbitrios e
impuestos, tasas y tarifas razonables dentro de sus límites
territoriales
Código
de
en
la
Rentas
medida
Internas
que
y
sean
las
compatibles
leyes
del
con
Estado.
el
Art.
2.002(d) de la Ley Núm. 81, 21 LPRA sec. 4052(d). En lo
particular
a
las
obras
de
construcción,
el
arbitrio
de
construcción es una contribución separada que recae sobre el
derecho a llevar a cabo una actividad de construcción o una
obra de construcción dentro de los límites territoriales del
municipio. Íd. Véase, además, Art. 1.003 (cc) de la Ley Núm.
81, 21 LPRA sec. 4001 (cc); Muñiz Burgos, Inc. v. Mun.
Yauco, supra, pág. 675.
Como el fin de la Ley Núm. 81 es ampliar la facultad
impositiva
forma
de
los
abarcadora
construcción.
construir,
Por
sino
municipios,
lo
que
ello,
que
se
la
contempla
incluyó
además
legislación
el
como
sólo
definió
de
actividad
de
no
tan
el
de
reconstruir,
acto
de
ampliar,
reparar, demoler, remover, trasladar o relocalizar cualquier
edificación, obra, estructura, casa, o construcción fija y
permanente. No importa si ésta es de naturaleza pública o
privada, o requiera o no de un permiso de construcción.
CC-2014-1001
11
Asimismo,
destaca
hasta
pavimentación,
la
reconstrucción
caminos,
que
de
carreteras,
actividad
de
la
obra
de
construcción
repavimentación,
estacionamientos,
aceras
y
construcción
construcción
puentes,
encintados.
incluso
comprende
Más
abarca
o
calles,
aún,
hasta
la
las
excavaciones para instalar tuberías o cablería de cualquier
tipo que requiera la apertura de huecos o zanjas.
Lo importante es que la obra de construcción se realice
en los límites territoriales del municipio. El obligado a
pagar el arbitrio de construcción puede ser el dueño de la
obra o las personas contratadas por éste para realizarlas.
Véase, Art. 1.003 (dd) y (ee) de la Ley Núm. 81, 21 LPRA
sec. 4001 (dd) y (ee). Igualmente, el estatuto impuso que el
incumplimiento con el referido pago conlleva el que no se
otorguen los permisos de construcción correspondientes. Art.
2.002 de la Ley Núm. 81, supra.
B.
Para fijar el tributo, la Ley Núm. 81 establece que “el
arbitrio de construcción municipal será el vigente a la
fecha de cierre de la subasta debidamente convocada o a la
fecha de la adjudicación del contrato para aquellas obras de
construcción que no requieran subastas”. Art. 2.002(d) de la
Ley Núm. 81, 21 LPRA sec. 4052(d).22 (Énfasis suplido).
22Como
todo proyecto de construcción, éste puede ser
objeto de cambios que aumentan o disminuyen el arbitrio de
construcción pagado. En esos casos, la Ley Núm. 81 provee
lo que procede en esas circunstancias. De ocurrir una
ampliación, el arbitrio de construcción se fijará a la
fecha de la petición de orden de cambio. Por el contrario,
si la orden de cambio reduce el costo final de la obra, la
persona que pagó el arbitrio tiene derecho a reclamar un
CC-2014-1001
12
Con relación al momento en el que se fija el arbitrio
de
construcción,
hemos
establecido
que
en
los
casos
de
subasta pública el tributo se fija desde que se adjudica la
buena pro al licitador agraciado. En Río Const. v. Mun. de
Caguas,
155
DPR
394
(2001),
adjudicación
es
precisamente
concluimos
cuando
que
la
fecha
de
surge
una
relación
contractual entre las partes, la cual no puede ser resuelta
o alterada unilateralmente. Íd., pág. 416. Razonamos que, en
estos casos, cuando el contratista hace su oferta considera
el monto de las imposiciones contributivas para determinar
el precio de la obra. Además, señalamos que las partes no
deben estar sujetas a la incertidumbre de cambio en los
arbitrios luego que licitan conociendo cuál era el vigente
al momento de formalizar su oferta. Íd., págs. 415-516. Ello
pues, la subasta es un proceso en el que no tiene cabida la
negociación. R & B Power v. E.L.A., 170 DPR 606, 621 (2007).
En los casos de contratación por pública subasta, la
adjudicación de ésta a favor de una parte está supeditada a
que
contenga
todos
los
elementos
esenciales
para
la
conclusión del contrato. Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 113
DPR 517, 523 (1982). Por ello, hemos establecido que el acto
de adjudicar la buena pro al licitador crea “una relación
contractual… que no puede ser resuelta unilateralmente o
arbitrariamente”. Cancel v. Municipio de San Juan, 101 DPR
296, 299 (1973). Ahora bien, en los casos de fondos públicos
o entidades gubernamentales, la adjudicación no obliga a la
reembolso por la cantidad pagada en exceso. Art. 2.002(d)
de la Ley Núm. 81, 21 LPRA sec. 4052 (d).
CC-2014-1001
13
agencia hasta que se formalice el contrato escrito para la
ejecución
de
la
obra
conteniendo
todos
los
requisitos
legales. Justiniano v. E.L.A., 100 DPR 334, 340 (1971). En
casos de subasta, el Art. 2.002 (d) de la Ley Núm. 81,
supra,
establece
expresamente
que
el
arbitrio
de
construcción se fija al momento del cierre de la subasta.
No
obras
obstante,
en
las
el
estatuto
cuales
no
se
dispone
que
para
celebró
subasta
aquellas
la
fecha
determinante para asignar el arbitrio de construcción es la
vigente a la firma del contrato. La controversia que se
suscita
es
si
ello
aplica
al
caso
ante
nuestra
consideración.
Para ello, la Opinión Mayoritaria correctamente expone
que
otro
mecanismo
disponible
para
adquirir
bienes
y
servicios lo es el requerimiento de propuestas. Caribbean
Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR 978, 996 (2009); R &
B Power v. E.L.A., supra. A diferencia de la subasta, la
característica predominante del requerimiento de propuestas
es
que
éste
admite
la
negociación,
por
lo
que
es
un
mecanismo de compra negociada. R & B Power v. E.L.A., supra,
pág. 621. Este proceso normalmente es uno de naturaleza
competitiva
para
adquirir
servicios
especializados
o
altamente técnicos y complejos, o cuando existen escasos
competidores cualificados. Íd., págs. 621-622. Por ello, el
requerimiento de propuestas permite entablar negociaciones
con los licitadores durante la evaluación de las propuestas
recibidas,
proveyéndoles
la
oportunidad
de
revisar
y
modificar sus ofertas antes de su adjudicación. De hecho,
CC-2014-1001
14
hemos expresado que “el factor central para determinar si
hubo o no una negociación en un procedimiento de subasta
mediante
un
[requerimiento
de
propuestas]
es
si
se
le
concedió al licitador la oportunidad de revisar y modificar
su propuesta”. Caribbean Communications v. Pol. de P.R.,
supra, pág. 997.
En
el
caso
de
las
alianzas
Reglamento
para
la
licitación,
público
privadas,
evaluación,
el
selección,
negociación y adjudicación de contratos de Alianzas Público
Privadas
bajo
la
Ley
Núm.
29
del
8
de
junio
de
2009,
Reglamento Número 7853 de 17 de mayo de 2010 (Reglamento),
dispone en su inciso 4.10 que la propuesta presentada puede
ser modificada sólo en una ocasión antes de la fecha de
vencimiento. Sin embargo, ello no impide que la evaluación
de
la
propuesta
modificaciones
presentada
esté
posteriores
sujeta
durante
a
la
negociación
o
etapa
su
de
evaluación. Como veremos, la Sección 5 del Reglamento es la
que
establece
el
proceso
de
evaluación
y
selección
de
propuestas. A estos efectos, establece un proceso de tres
fases, según apliquen.
En
revisión
lo
de
propuestas
pertinente,
la
control
de
aprobaron
los
primera
calidad
fase
para
requisitos
consiste
en
una
determinar
si
las
básicos
delineados.
Véase, Sección 5.1(a) del Reglamento. Una vez cumplido con
ese
control
de
calidad,
la
segunda
fase
consiste
en
la
revisión y evaluación de las propuestas. En esta etapa, se
puede
solicitar
información
adicional
que
asista
a
este
objetivo y se seleccionará una o ninguna de las propuestas
CC-2014-1001
15
cuando
estamos
embargo,
el
varias
ante
un
Reglamento
propuestas
en
proceso
de
no-negociación.
contempla
el
que
aquellas
se
instancias
Sin
seleccionen
donde
existen
negociaciones competitivas. Véase, Sección 5.1 (b)(i) del
Reglamento.
Ahora
bien,
en
aquellos
procesos
competitivos,
se
pueden seguir negociaciones entre las partes o un proceso
regular de no licitación. Así las cosas, la tercera fase
dependerá
de
si
negociaciones
se
trata
simultáneas
de
un
(Fase
proceso
Tres-A),
competitivo
con
un
con
proceso
negociación con los proponentes clasificados (Fase Tres-B) o
uno regular de licitación no negociado (Fase Tres-C).
Particularmente, la Fase Tres-A consiste de un proceso
competitivo en el que se consideran las propuestas conforme
a unos criterios de evaluación para clasificarlas. A base de
esa clasificación, se realizan discusiones y negociaciones
con todos los proponentes, o se negocia con el proponente
mejor
calificado
y
de
no
ser
fructífero,
se
continúan
negociaciones en el orden correspondiente. Véase, Sección
5.1 (c) del Reglamento.
Conforme a lo anterior, se puede invitar a reuniones
privadas
para
propuesta,
discutir
mejorar
y
aspectos
contestar
preguntas
técnicos,
y
otros
sobre
la
tipos
de
discusiones brindando a todos los proponentes la oportunidad
de
discutir
y
repasar
sus
propuestas.
Asimismo,
se
les
permite proveer su mejor y última oferta en respuesta a las
discusiones y negociaciones celebradas. Mientras que la Fase
Tres-B contempla la negociación con el proponente con la
CC-2014-1001
16
clasificación más alta, y de terminarse las negociaciones
con éste se pueden comenzar negociaciones con el próximo
proponente dentro de la clasificación. Véase, Sección 5.1
(d) del Reglamento. Tanto en la Fase Tres-A como la Fase
Tres-B
estamos
ante
procesos
de
negociaciones.
Véanse,
Sección 5.1 (c) y (d) del Reglamento. Sin embargo, si la
evaluación prosigue el procedimiento establecido en la Fase
Tres-C (no-negociado) estamos ante un proceso competitivo
regular
de
licitación
donde
se
elige
el
proponente
sometió
la
propuesta
más
alta
basado
en
los
que
criterios
solicitados, sin discusión o negociación alguna con ningún
proponente, como si fuera una subasta. Véase, Sección 5.1
(e) del Reglamento.
Lo
expuesto,
refleja
que
en
requerimientos
de
propuestas como el de autos, la evaluación puede incluir
negociaciones posteriores con los proponentes que permiten
la modificación de la oferta original en una etapa posterior
a la fecha de cierre del requerimiento de propuestas. Por
tanto, de seguirse este tipo de evaluación que permite la
negociación posterior y presentación de una propuesta final,
no podemos equiparar el requerimiento de propuesta a una
subasta.
C.
Por otro lado, las partidas que se incluyen como parte
del cómputo del arbitrio de construcción han sido objeto de
cuestionamiento
impugnaba
el
ante
que
el
este
Tribunal.
arbitrio
impuesto
En
su
sobre
origen,
se
la
de
obra
construcción constituía una doble tributación al incluir el
CC-2014-1001
17
costo total de la obra, pues por ésta también se pagaban
patentes municipales. Sin embargo, el 6 de septiembre de
1996, la Ley Núm. 81 fue enmendada y se aprobó la Ley de
Arbitrios
Municipales,
Ley
Núm.
199-1996
(21
LPRA
secs.
4001(bb) y (cc), 4052 (d) y 4057) que aclaró las partidas
que no forman parte del cómputo para la determinación del
arbitrio de construcción.23 Véase, Levy, Hijo v. Mun. de
Manatí, 151 DPR 292 (2000).
Al
aprobar
la
Ley
Núm.
199-1996,
resulta
relevante
indicar que al momento de presentarse el proyecto surgía la
distinción
del
arbitrio
patentes
municipales.
patente
municipal
mientras
que
el
de
construcción
Específicamente,
grava
el
arbitrio
de
volumen
se
frente
a
las
explicó
que
la
bruto
de
negocios
construcción
no.
Así,
el
proyecto original para aprobar la Ley Núm. 199-1996 disponía
que:
[p]ara los propósitos de la determinación del
arbitrio de construcción, el costo total de la
obra será el costo de adquisición de terrenos,
edificaciones ya construidas y enclavadas en el
lugar de la obra, costos de estudios, diseños,
planos, permisos, consultoría, servicios legales
y
contabilidad,
financiamiento,
mercadeo,
publicidad, ventas y gastos de oficina. Véase, P.
de la C. 1938 presentado el 18 de mayo de 1995,
5ta.
Sesión
Ordinaria,
12ma.
Asamblea
Legislativa, pág. 5. (Énfasis suplido).
Cónsono con ello, la exposición de motivos del proyecto
que se convirtió en la Ley Núm. 199-1996 advertía que ello
significaba
el
construcción”.
23La
1938.
“ingreso
Íd.,
pág.
neto
4.
resultante
Tal
de
lenguaje
la
obra
de
provocó
un
Ley Núm. 199-1996 se originó como el P. de la C.
CC-2014-1001
18
sinnúmero de comentarios dirigidos a aclarar la base sobre
la cual se impone la tasa de arbitrios de construcción. En
particular, se señaló que la nueva fórmula provocaría nuevas
controversias
al
administrativos
proveer
a
quien
para
que
realice
se
la
descontaran
obra
o
gastos
mejora.
Se
advirtió que los desarrolladores intentarían descontar una
mayor cantidad de gastos sin que los municipios pudieran
auditar éstos. Igualmente, se destacó que el texto propuesto
sugería que al costo total de construcción, se eliminarían
los costos incurridos previos al comienzo de la actividad de
la obra. Por tanto, se solicitó eliminar la referencia a que
el
arbitrio
de
construcción
corresponde
al
ingreso
neto
resultante de la obra en construcción.24 Véanse, Ponencia
del Gobierno Municipal de Ponce de 10 de julio de 1995 sobre
el
P.
de
la
C.
1938,
págs.
3-4;
Ponencia
del
Gobierno
Municipal de Loíza de 8 de julio de 1995 sobre el P. de la
C. 1938, págs. 2-4; Ponencia del Gobierno Municipal de Ponce
de 14 de junio de 1995 sobre el P. de la C. 1938, págs. 1-3.
Atendiendo las preocupaciones esgrimidas, el proyecto
que culminó en la Ley Núm. 199-1996 sufrió unas enmiendas.
En lo pertinente, se eliminó la referencia a los gastos de
contabilidad, financiamiento, mercadeo, publicidad, ventas y
gastos de oficina como partidas no sujetas al tributo de
construcción para solamente excluir aquellas partidas en las
24Ello
pues, se sostenía que la práctica no incluía
los costos de adquisición de terrenos, edificaciones ya
construidas y enclavadas, costos de estudios, diseños,
planes y permisos como parte del costo para determinar el
arbitrio de construcción correspondiente.
CC-2014-1001
que
se
19
incurre
previo
al
comienzo
de
la
obra
de
construcción. Véanse, Informe del Senado sobre el P. de la
C. 1938 de 10 de junio de 1996, 7ma. Sesión Ordinaria, 12ma
Asamblea
Legislativa,
pág.
2;
Informe
de
la
Cámara
de
Representantes en torno al P. de la C. 1938 de 8 de mayo de
1996,
7ma.
págs.
2,
Sesión
23.
Ordinario,
Asimismo,
se
12ma.
Asamblea
excluyó
de
la
Legislativa,
exposición
de
motivos de la Ley Núm. 199-1996, cualquier referencia a que
el arbitrio de construcción recaía sobre el ingreso neto
resultante de la obra de construcción. Con esas enmiendas
fue aprobada la Ley Núm. 199-1996.
El efecto de la enmienda aclaró que la cuantía del
arbitrio de construcción se determina a base del “costo en
que se incurra para realizar el proyecto luego de deducirle
el
costo
de
adquisición
de
terrenos,
edificaciones
ya
construidas y enclavadas en el lugar de la obra, costos de
estudios, diseños, planos, permisos, consultoría y servicios
legales”. Art. 2.002 (d) de la Ley Núm. 81, 21 LPRA sec.
4052(d).
(Énfasis
suplido).
Estas
partidas
excluidas
no
constituyen una actividad directa de construcción y ocurren
antes de comenzar la obra o construcción con el fin de
evitar una carga onerosa para el diseño de ésta antes de ser
realizada. HBA Contractors, v. Mun. de Ceiba, supra, pág.
472;
véase,
además,
Informe
de
la
Comisión
de
Asuntos
Municipales y de la Comisión de Hacienda de la Cámara de
Representantes con respecto al P. de la C. 1938 de 8 de mayo
de 1996, págs. 22-23. Igualmente, eliminó todo debate de que
el arbitrio de construcción constituya una doble tributación
CC-2014-1001
impuesta
20
por
una
misma
actividad
y
se
despejó
la
incertidumbre en torno a si éste recaía sobre el ingreso
neto de la obra de construcción. Claramente, esto respondió
a
la
política
pública
expuesta
de
conceder
mayores
facultades impositivas a los municipios.
III
La controversia ante nuestra consideración surge por
una discrepancia con relación a cuál es la tasa del arbitrio
de construcción que debe imponerse en el desarrollo del
proyecto CROEM y sobre cuáles partidas deben incluirse en el
cómputo. Por una parte, el Municipio reclama que la tasa
contributiva
debe
ser
la
del
5%,
conforme
dispone
la
Ordenanza Núm. 11, Serie 2011-2012, y que no proceden las
deducciones solicitadas por ECA en cuanto a las partidas de
conservación, equipos, ganancia del contratista y otras. Por
el contrario, ECA sostiene que el impuesto debe ser de 4%, a
tenor con la Ordenanza Núm. 119, Serie 2001-2002, vigente al
momento del cierre del requerimiento de propuestas y que no
procede la imposición sobre ciertas partidas que entiende no
están relacionadas directamente con la construcción de la
obra.
En primer lugar, al examinar el aviso de adjudicación a
favor de ECA, se desprende que el proceso de evaluación de
las
ofertas
presentadas
proponentes
múltiples
a
Reglamento,
descartándose
fue
uno
tenor
un
de
negociación
con
la
Fase
del
con
proceso
de
Tres
no-negociación
contemplado también en el Reglamento. Los hechos demuestran
diáfanamente que todas las propuestas fueron revisadas a tal
CC-2014-1001
grado
que
21
prácticamente
todas
las
partidas
sufrieron
adjudicación
surge
que
evaluación
modificaciones.25
Del
aviso
de
la
consideró paralelamente a tres proponentes que reflejaron la
mejor calidad por el valor propuesto y se les convocó para
“negociaciones
ulteriores”.26
Así
las
cosas,
se
procedió
simultáneamente a reunirse con éstos de forma individual
para
que
revisaran
sus
ofertas.
Luego
de
evaluadas
y
aclaradas las propuestas revisadas, se determinó que ECA era
el
consorcio
que
mejor
valor
por
la
calidad
de
trabajo
propuso mediante la oferta final y firme negociada del 9 de
marzo de 2012.27
Los
reflejan
hechos
ante
que
evaluación
la
nuestra
de
consideración
claramente
las
no
propuestas
estuvo
exenta de discusión y negociaciones. En este sentido, se
calificó a los proponentes, se negoció a la vez con éstos, y
se
les
ordenó
revisar
las
propuestas.
Cuando
todos
presentaron sus propuestas revisadas y finales éstas fueron
evaluadas para determinar a quién se debía adjudicar la
obra. No cabe duda de que la evaluación no consistió en la
adjudicación al licitador con la clasificación más alta de
los criterios a cumplir, sin discusión o negociación alguna
entre las partes.
25La
única partida que no fue alterada fue la referente
al gasto de conservación.
26Véase,
certiorari,
27Íd.,
Aviso de Adjudicación, Apéndice del recurso de
pág. 83.
págs. 83 y 87.
CC-2014-1001
22
Ante tal realidad, no puedo avalar una interpretación a
los
efectos
de
que
procede
equiparar,
bajo
estas
circunstancias, el requerimiento de propuestas del proyecto
de
CROEM
a
uno
de
subasta.
Ello
pues,
lo
acontecido
demuestra, sin ambages, que hubo negociaciones al grado de
que se concedió la oportunidad a los proponentes de revisar
y modificar sus propuestas. Siendo ello así, la Ley Núm. 81
dispone expresamente que el arbitrio será el vigente a la
fecha de adjudicación del contrato. Art. 2.002 (d) de la Ley
Núm. 81, supra. Es decir, el arbitrio vigente al 11 de abril
de 2012.
Por tanto, habiéndose aprobado la Ordenanza Núm. 11,
Serie 2011-2012, desde enero de 2012 y estando vigente desde
el
11
de
febrero
de
2012,
procedía
el
arbitrio
de
5%
contemplado en ésta. A la fecha de la presentación de las
propuestas finales, los proponentes conocían de la vigencia
de la Ordenanza Núm. 11, Serie 2011-2012, por lo que éstos
no
estaban
impedidos
de
considerar
el
monto
de
esa
imposición contributiva al momento de revisar las propuestas
finales para la realización del proyecto. Es decir, ECA
sabía
que
el
impuesto
vigente
era
de
5%
al
momento
de
presentar su oferta final el 9 de marzo de 2012. Por ende,
no estaba impedida ni existía incertidumbre en cuanto al
arbitrio vigente.
Con
relación
a
las
partidas
a
ser
incluidas
en
el
cómputo del arbitrio de construcción, es imperativo recordar
que la Ley Núm. 81 faculta a los municipios a imponer el
tributo
sobre
la
construcción
de
obras
en
sus
límites
CC-2014-1001
23
territoriales. Tal poder responde a la política pública de
viabilizar
la
recauden
fondos
ciudadanía.
autonomía
Al
para
municipal
con
el
fin de
que
se
la
brindar
mejores
servicios
a
la
Núm.
hubo una
amplia
enmendar
Ley
81
discusión sobre las consecuencias de eximir del arbitrio de
construcción
partidas
financiamiento,
relacionadas
mercadeo,
con
publicidad,
la
contabilidad,
ventas
y
gastos
de
oficina, ya que se entendía que la fiscalización de estos
gastos imposibilitaba el fin público del tributo sobre la
obra
de
construcción.
Atendiendo
esa
preocupación,
el
lenguaje propuesto en el proyecto de ley se enmendó para
eliminar las referencias a estas partidas y excluir sólo
aquellas en la etapa anterior al proyecto. De esta manera,
se buscó no encarecer el costo de construcción a la vez que
se promulgó el recaudo de fondos a las arcas municipales.
Sobre
este
particular,
ECA
reclama
que
no
procedía
imponer arbitrios de construcción con relación al diseño
($350,000), costo de conservación de la obra ($141,600),
equipos ($160,000), condiciones generales ($681,402)28 y la
ganancia del contratista ($765,779.60). Por su parte, el
Municipio
entendió
28Estos
que
sólo
procedía
excluir
la
partida
responde
a
restauración
de
oficina
de
inspección ($10,000), Permiso de demolición ($5,000),
Permiso
Consolidado
(5,000),
Permiso
de
excavación
($1,000), Plan de Mantenimiento para la Construcción
($18,000), Permiso Mitigación Plomo ($8,000), Oficina de
Inspección y construcción en campo ($72,000), Permiso
Mitigación Asbesto ($8,000),
Administración ($96,000),
impuestos ($238,375.91), Plan de Seguridad y Control
($36,000), Construction Project Management ($6,000), Storm
Water Pollution Plan ($6,000), Seguros ($171,026.10) y
Rótulo Proyecto ($1,000). Véase, Apéndice del recurso de
certiorari, pág. 166.
CC-2014-1001
24
relacionada con el diseño. Entiendo que procede descontar
del cómputo partidas adicionales a las descontadas por el
Municipio.
Ciertamente,
sobre
la
el
totalidad
$5,161,900.
No
arbitrio
del
de
costo
obstante,
construcción
de
la
considero
no
procede
obra
ascendente
a
que
al
de
costo
construcción procede descontarle las partidas que la Ley
Núm.
81
exime
del
pago
de
arbitrio
de
construcción
de
acuerdo con el Art. 2.002 (d) de la Ley Núm. 81, supra.
Éstas son el costo de adquisición de terrenos, edificaciones
ya construidas y enclavadas en el lugar, costos de estudios,
diseño, planos, permisos, consultoría y servicios legales.
Al examinar las partidas del proyecto en cuestión,
opino
que
debe
construcción
excluirse
las
condiciones
cómputo
relacionadas
generales
contribuciones
del
al
relacionadas
necesarias
para
del
arbitrio
diseño
de
($350,000),
con
los
permisos
proseguir
con
el
y
proyecto
($271,735.91)29 y la de conservación de la obra ($141,600),
por
ser
ésta
construcción.
relación
a
una
actividad
Empero,
procede
los
equipos
no
el
relacionada
pago
($160,000),
de
con
su
arbitrios
con
condiciones
generales
($410,026.10)30 y la ganancia del contratista ($765,779.60).
Esto equivale a las partidas desglosadas en las
condiciones generales de Permiso de demolición ($5,000),
Permiso
Consolidado
($5,000),
Permiso
de
excavación
($1,000),
Permiso
Mitigación
Plomo
($8,000),
Permiso
Mitigación Asbesto ($8,000), impuestos ($238,375.91), y el
Storm Water Pollution Plan ($6,000). Íd.
29
30Esta
suma proviene del gasto por restauración de
oficina de inspección ($10,000), Plan de Mantenimiento para
la
Construcción
($18,000),
Oficina
de
Inspección
y
CC-2014-1001
25
Una interpretación contraria abriría las puertas a evadir el
mandato legislativo.
Por consiguiente, el arbitrio de construcción que debió
pagar ECA por el proyecto de CROEM asciende a $219,928.20.31
ECA
pagó
la
totalidad
de
$243,726.2932
por
arbitrios
de
construcción, por lo que el Municipio debería reembolsar
$23,798.09 que corresponde a lo pagado en exceso.
IV
Por
las
razones
expuestas,
disiento
del
dictamen
emitido por la Mayoría de este Tribunal.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado
construcción en campo ($72,000), Administración ($96,000),
Plan de Seguridad y Control ($36,000), Construction Project
Management
($6,000),
Seguros
($171,026.10)
y
Rótulo
Proyecto ($1,000). Íd.
31Este
es el producto del costo de la obra menos las
partidas aquí determinadas por el 5% del tributo impuesto
conforme a la Ordenanza Núm. 11, Serie 2011-2012, vigente
al momento de la firma del contrato. ($5,161,900-350,000271,735.91-141,600) X 5%= $219,928.20.
32ECA
pagó originalmente $213,758 por concepto de
arbitrios más la deficiencia notificada por el Municipio de
$29,968.