LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Bernier González v. Rodríguez Becerra

2018 TSPR 114

Poder Judicial de Puerto Rico

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Bernier González v. Rodríguez Becerra

CC-2015-304

Derecho procesal civil: El término para diligenciar el emplazamiento que confiere la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil es improrrogable.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Larry E. Bernier González

Cathy E. Bernier González

Elsie Esther González Mercado

Certiorari

Recurridos

2018 TSPR 114

v.

200 DPR ____

José Carlos Rodríguez Becerra

Peticionario

Número del Caso: CC-2015-304

Fecha: 22 de junio de 2018

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Ponce-Humacao

Abogado del peticionario:

Lcdo. Gamaliel Rodríguez López

Abogado del recurrido:

Lcdo. José Santiago Pereles

Materia: Derecho procesal civil: El término para diligenciar el

emplazamiento que confiere la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil

es improrrogable.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

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distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Larry E. Bernier González

Cathy E. Bernier González

Elsie Esther González Mercado

Recurridos

CC-2015-0304

Certiorari

v.

José Carlos Rodríguez Becerra

Peticionario

Opinión del Tribunal

Kolthoff Caraballo

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2018.

Este

caso

nos

presenta

la

oportunidad

de

establecer si, con posterioridad a la aprobación de

la

Regla

4.3

(c)

de

Procedimiento

Civil

de

2009,

infra, el término de 120 días para diligenciar los

emplazamientos puede prorrogarse.

Resolvemos que el término para diligenciar el

emplazamiento es improrrogable. Veamos.

I

El caso ante nuestra consideración se originó

el 19 de abril de 2011 mediante la presentación de

una demanda sobre daños y perjuicios por parte del

Sr.

Larry

E.

Bernier

González,

la

Sra.

Cathy

E.

CC-2015-0304

Bernier

2

González

la

Sra.

Elsie

contra

del

Sr.

Becerra

(peticionario).

Sin

embargo,

trámites

procesales,

Tribunal

(recurridos),

en

y

el

E.

González

José

Carlos

Rodríguez

luego

de

Primera

Instancia

de

Mercado

varios

desestimó –sin perjuicio- la referida demanda al amparo

de la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

III.1

Así,

el

16

de

octubre

de

2013

los

recurridos

presentaron, por segunda ocasión, la demanda sobre daños

y

perjuicios.

En

esta

misma

fecha,

la

Secretaría

del

Tribunal de Primera Instancia expidió los emplazamientos

correspondientes

para

su

diligenciamiento.

Posteriormente, mediante una Orden notificada el 16 de

diciembre de 2013, el foro de instancia redujo el término

para diligenciar los emplazamientos a 45 días.2 Además,

apercibió a los recurridos que el incumplimiento con lo

ordenado conllevaría la desestimación -sin perjuicio- de

la causa de acción.3

A pesar de lo anterior, el 24 de enero de 2014,

antes

de

que

venciera

el

término

de

45

días

para

emplazar, los recurridos presentaron una Moción urgente

solicitando

prórroga

para

diligenciar

emplazamiento.

Mediante una Orden notificada el 5 de febrero de 2014, el

Sentencia (Caso Núm.

certiorari, pág. 73.

1

JDP2012-0439),

Apéndice

de

la

Petición

de

Nótese que el término concedido de 45 días para emplazar vencía el

30 de enero de 2014.

2

3

Orden, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 74-75.

CC-2015-0304

3

Tribunal de Primera Instancia concedió a los recurridos

el término de 45 días adicionales para diligenciar el

emplazamiento.4

Tras

no

poder

emplazamientos,

solicitaron

edicto.5

el

una

Para

7

diligenciar

de

marzo

autorización

respaldar

su

de

personalmente

2014

para

los

los

recurridos

emplazar

mediante

petición,

los

recurridos

anejaron una declaración jurada en la que acreditaron las

gestiones

realizadas

peticionario,

las

para

emplazar

personalmente

al

cuales

alegaron

resultaron

ser

infructuosas.6 En respuesta, el foro de instancia resolvió

conforme a lo solicitado y, mediante una Orden notificada

el 19 de marzo de 2014, expidió los emplazamientos. De

conformidad con la orden autorizando a emplazar mediante

edicto,

los

recurridos

mismo

su

envío

y

a

la

acreditaron

última

la

publicación

dirección

conocida

del

del

peticionario.7

A raíz de lo anterior, el peticionario presentó una

solicitud

para

que

se

desestimara

-con

perjuicio-

la

Orden, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 81. Nótese que,

una vez fue concedida la prórroga, el Sr. Larry E. Bernier González,

la Sra. Cathy E. Bernier González y la Sra. Elsie E. González Mercado

(recurridos) tenían hasta el 17 de marzo de 2014 para diligenciar el

emplazamiento.

4

Moción solicitando publicación de edicto, Apéndice de la Petición

de certiorari, págs. 82-83.

5

Declaración jurada, Apéndice de la Petición de certiorari, págs.

84-85.

6

Moción en cumplimiento

certiorari, págs. 90-91.

7

de

orden,

Apéndice

de

la

Petición

de

CC-2015-0304

demanda.8

En

4

resumen,

el

peticionario

alegó

que,

de

conformidad con la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V, el Tribunal de Primera Instancia no tenía

discreción para prorrogar el término de 120 días para

emplazar, toda vez que los emplazamientos se expidieron

el mismo día en que se presentó la demanda, entiéndase el

16 de octubre de 2013. Añadió que no fue hasta el 19 de

marzo

de

2014,

es

decir,

146

días

después

de

la

presentación de la demanda que el foro primario ordenó el

emplazamiento

por

edicto.

peticionario

solicitó

emplazamiento

por

edicto

Conforme

a

ello,

el

que

se

declarase

nulo

el

y

que,

consecuentemente,

se

desestimara la demanda con perjuicio. Por su parte, los

recurridos se opusieron a la solicitud de desestimación.9

Así las cosas, el 29 de octubre de 2014 el Tribunal

de Primera Instancia notificó una Resolución en la que

declaró “no ha lugar” la solicitud de desestimación.10

Ello, tras concluir que adquirió jurisdicción sobre el

peticionario. El foro de instancia manifestó que:

En este caso, el Tribunal está seguro que el

[peticionario] conoce del procedimiento en su

contra, al menos desde la fecha en que se recibió

la comunicación con copia de la demanda y del

emplazamiento por edictos en la dirección que el

propio

[peticionario],

en

su

comparecencia

especial reclamando desestimación, admite reside.

Solicitud para que se desestime y archive con perjuicio el caso de

epígrafe al amparo de la Regla 4.3(c), Apéndice de la Petición de

certiorari, págs. 92-103.

8

Moción urgente solicitando vista evidenciaria y

Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 107-109.

9

10

otros

asuntos,

Resolución, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 145-162.

CC-2015-0304

5

Ello, unido a todo el trámite anterior a la Orden

autorizando el emplazamiento por edicto, es

garantía del estricto cumplimiento que se ha dado

en este caso, con el debido procedimiento de ley

que cobija al [peticionario] y ello ha permitido

al Tribunal adquirir Jurisdicción sobre [éste].11

Ante

la

denegatoria

de

la

solicitud

de

desestimación, el 13 de noviembre de 2014 el peticionario

presentó

una

mediante

una

reconsideración,

Resolución

la

notificada

cual

fue

denegada

el

de

noviembre

de

2014

25

de 2014.

Inconforme,

el

29

de

diciembre

el

peticionario presentó un recurso de certiorari ante el

Tribunal

de

Apelaciones,12

Tribunal

de

Primera

en

el

Instancia

cual

erró

señaló

al

que

el

prorrogar

el

término de 120 para emplazar y, además, al permitir que

se diligenciara el emplazamiento a través del mecanismo

de publicación de edictos.

El 18 de febrero de 2015 el Tribunal de Apelaciones

notificó una Resolución en la que denegó la expedición

del auto de certiorari. En síntesis, el foro apelativo

intermedio expresó lo siguiente:

En

este

caso,

el

24

de

enero

de

2014,

transcurridos 100 días de los 120 que tenían para

diligenciar los emplazamientos, [los recurridos

presentaron

una]

Moción

Urgente

Solicitando

Prórroga para diligenciar emplazamiento. A pesar

de que bajo el palio de la transcrita Regla 4.3

Resolución del Tribunal de Primera

Petición de certiorari, págs. 145-162.

11

Instancia,

Apéndice

de

la

Destacamos

que

el

Sr.

José

Carlos

Rodríguez

Becerra

(peticionario)acudió ante el Tribunal de Apelaciones en fecha hábil

debido a que el 26 de diciembre de 2014 se consideró día feriado para

efectos de la computación de los términos para recurrir. Véase In re

Extensión Términos I, 192 DPR 72 (2014).

12

CC-2015-0304

6

(c) posiblemente no tenían derecho a ello, pues

los emplazamientos se emitieron en la misma fecha

en que se presentó la Demanda, el Tribunal

recurrido concedió lo pedido y extendió el

término para emplazar más allá de los 120 días

reglamentarios. Ahora bien, como todo estatuto,

la discutida Regla 4.3 (C) debe aplicarse en

atención a las circunstancias particulares de

cada caso. Pues son los hechos los que determinan

el Derecho y no a la inversa.

El récord judicial refleja que [los recurridos

realizaron] activamente gestiones para emplazar

personalmente

al

[peticionario].

Lejos

de

incurrir en la inacción que se desea desalentar

con la Regla, [los recurridos fueron proactivos]

en tratar de emplazar al [peticionario]. De

nuevo, lo anterior, constituyen razones válidas

para que procediera, bajo la Regla 49.2, el

relevo de sentencia de desestimación o archivo

que hubiera dictado el Foro recurrido.13

De esta manera, el foro apelativo intermedio concluyó

que, por las particularidades del caso, procedía denegar

la expedición del recurso de certiorari. En desacuerdo, el

24

de

febrero

reconsideración,

de

la

2015

cual

el

peticionario

fue

denegada

presentó

una

mediante

una

Resolución notificada el 17 de marzo de 2015.

Insatisfecho, el 16 de abril de 2015 el peticionario

presentó una Petición de certiorari ante este Tribunal.

En específico, señaló lo siguiente:

(1) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al

convalidar la actuación del TPI de extender el

término para emplazar de 120 días que dispone la

Regla 4.3 de Procedimiento Civil sin tener

facultad para hacerlo.

(2) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al

igual que el TPI al acceder a que los recurridos

emplazaran mediante la publicación de edictos

conforme dispone la Regla 4.6 de Procedimiento

Civil, cuando lo exigido por dicha regla no es de

13

Véase Resolución, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 22.

CC-2015-0304

7

aplicación a los hechos que tuvo ante sí tanto el

TPI como el Honorable Tribunal de Apelaciones,

porque dicha regla aplica cuando la persona a ser

emplazada está fuera de Puerto Rico o estando no

puede ser localizada, o se oculta, situaciones

que no se dieron.

(3) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al

convalidar la discreción del TPI, autorizando el

emplazamiento mediante la publicación de edictos

aun cuando los recurridos no llevaron a cabo

gestión afirmativa para emplazar al peticionario,

más aún cuando todos y cada uno de los recurridos

conocían dónde reside el peticionario.

Con la comparecencia de ambas partes, procedemos a

resolver la controversia ante nuestra consideración.

II

A.

El emplazamiento

El emplazamiento es un mecanismo procesal que tiene

como propósito notificar al demandado sobre la existencia

de una reclamación incoada en su contra y es a través de

este mecanismo que el tribunal adquiere jurisdicción sobre

la persona del demandado.14 Es decir, “representa el paso

inaugural

del

debido

proceso

ejercicio

de

la

emplazado,

el

demandado

de

jurisdicción

podrá

ley

que

viabiliza

judicial”.15

comparecer

Una

al

el

vez

juicio,

ejercer su derecho a ser oído y presentar prueba a su

favor.16 Por ello, a los demandados les asiste el derecho

Véanse Cirino González v. Adm. Corrección, 190 DPR 14, 30 (2014);

Banco Popular v. SLG Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005), First Bank of PR

v. Inmob Nac., Inc., 144 DPR 901, 913 (1998).

14

15

Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997).

16

Banco Popular v. SLG Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005).

CC-2015-0304

8

de ser emplazados conforme a derecho.17

Consecuentemente,

se requiere el cumplimiento con las disposiciones de la

Regla 4 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap.V.

Es política pública de nuestro ordenamiento jurídico

que

se

evite

el

fraude

y

se

utilicen

procedimientos

judiciales que priven a una persona de su propiedad sin

el debido proceso de ley.18 “Esa política pública de que

se haga bien el emplazamiento pesa más en este caso que

el

principio

de

economía

procesal”.19

Por

ello,

“se

permite al demandado impugnar el emplazamiento a fines de

asegurar el estricto cumplimiento de las reglas sobre

emplazamientos de parte de los demandantes”.20

B.

El término para diligenciar el emplazamiento

La anterior Regla 4.3 (b) de Procedimiento Civil de

1979,

32

LPRA

Ap.

III,

disponía

que

el

término

para

diligenciar el emplazamiento era de 6 meses. No obstante,

ese

término

podía

ser

prorrogado

a

discreción

del

tribunal, en el escenario en que el demandante demostrara

justa causa para ello.21 Además, la Regla enfatizaba que

si no se lograba diligenciar el emplazamiento dentro del

Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854, 869 (2015).

Quiñones Román v. CIA ABC, 152 DPR 367,375(2000); First Bank of PR

v. Inmob. Nac., Inc, supra, pág. 916.

17

18

R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: derecho

procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, pág. 258.

19

20

21

Hernández Colón, op. cit., pág. 258.

Véanse First Bank of PR v. Inmob. Nac., Inc., supra; López v.

Porrata-Doria, 140 DPR 96 (1996) y Banco Metropolitano v. Berríos,110

DPR 721 (1981).

CC-2015-0304

9

término original o de la prórroga concedida entonces se

tendría por desistida la demanda con perjuicio.22

Ahora bien, bajo la encomienda de evaluar las Reglas

de Procedimiento Civil, este Tribunal reactivó el Comité

Asesor Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil

(Comité Asesor). Luego de una extensa evaluación de las

Reglas

de

Procedimiento

Civil

y

del

insumo

de

la

comunidad jurídica, el Comité Asesor remitió a este Foro

su

Informe

Final.

En

lo

pertinente,

el

Comité

Asesor

sugirió lo siguiente:

(c) El emplazamiento será diligenciado en el término

de noventa (90) días a partir de la presentación de

la demanda o de la fecha de expedición de la orden

para el emplazamiento por edicto. Transcurrido dicho

término

sin

que

se

haya

diligenciado

el

emplazamiento, el tribunal deberá dictar sentencia

decretando la desestimación y archivo sin perjuicio.

Una

subsiguiente

desestimación

y

archivo

por

incumplimiento con el término aquí dispuesto tendrá

el efecto de una adjudicación en los méritos. Informe

De Reglas De Procedimiento Civil, marzo 2008.

Vemos,

reducir

el

como

el

término

Comité

para

Asesor,

emplazar

a

además

90

de

sugerir

días,

propuso

eliminar la discreción del Tribunal de Primera Instancia

para la concesión de prórrogas y el carácter fatal de la

primera

desestimación.

Consecuentemente,

en

la

El texto original de la Regla 4.3 (b), 32 LPRA Ap. III, leía como

sigue:

[…]

(b) El emplazamiento será diligenciado en el término de

seis (6) meses de haber sido expedido. Dicho término solo

podrá ser prorrogado por un término razonable a discreción

del tribunal si el demandante demuestra justa causa para la

concesión de la prórroga y solicita la misma dentro del

término original. Transcurrido el término original o su

prórroga

sin

que

el

emplazamiento

hubiere

sido

diligenciado, se tendrá a la parte actora por desistida,

con perjuicio.

22

CC-2015-0304

10

eventualidad de que la parte actora presentara la demanda

nuevamente,

el

Comité

Asesor

aludió

a

concederle

una

segunda oportunidad para emplazar. En caso de que la parte

actora también incumpliera con el término dispuesto para

diligenciar

el

tendría

efecto

un

emplazamiento

en

los

la

desestimación

méritos,

es

decir

entonces

sería

con

perjuicio.

Ahora bien, a raíz de la Ley Núm. 17-2009 la antigua

Regla 4.3 (b), supra, fue enmendada. En particular, se

incorporó

la

norma

establecida

en

Monell

v.

Mun.

de

Carolina, 146 DPR 20 (1998) para equiparar la fecha de la

expedición de los emplazamientos con la presentación de

la demanda.23 Nótese que, en lo pertinente al caso ante

nuestra

consideración,

la

enmienda

no

alteró

la

discreción del Tribunal para prorrogar el término para

emplazar y mantuvo el carácter de la desestimación con

perjuicio. Específicamente, la Ley Núm. 17-2009 dispuso

lo siguiente:

[…]

(b) El emplazamiento será diligenciado en el

término de seis (6) meses desde que se presenta

la Demanda.

La secretaría del Tribunal de

Primera

Instancia

deberá

expedir

los

emplazamientos el mismo día en que se radica la

demanda.

Si la secretaría no expide el mismo

día, el tiempo que demore será el mismo tiempo

adicional que los tribunales otorgarán para

diligenciar los emplazamientos una vez las partes

presenten oportunamente una solicitud de prórroga

para diligenciar el emplazamiento de su demanda.

Además de lo anterior, el término de seis (6)

meses sólo podrá ser prorrogado por cualquier

23

Monell v. Mun.de Carolina, 146 DPR 20, 25 (1998).

CC-2015-0304

11

otra razón, por un término razonable a discreción

del tribunal si el demandante demuestra justa

causa para la concesión de la prórroga y solicita

la

misma

dentro

del

término

original.

Transcurrido el término original o su prórroga

sin

que

el

emplazamiento

hubiere

sido

diligenciado, se tendrá a la parte actora por

desistida, con perjuicio.

Posterior

a

la

Ley

Núm.17-2009

y

con

el

fin

de

revisar las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, este

Tribunal ponderó las recomendaciones del Comité Asesor.

Así, mediante Resolución, adoptamos y remitimos para la

consideración

de

la

Asamblea

Legislativa,

en

lo

pertinente, la siguiente disposición:

(c) El emplazamiento será diligenciado en el

término de ciento ochenta (180) días a partir de

la presentación de la demanda o de la fecha de

expedición del emplazamiento por edicto. El

Secretario

o

Secretaria

deberá

expedir

los

emplazamientos el mismo día en que se presenta la

demanda. Si el Secretario o Secretaria no los

expide el mismo día, el tiempo que demore será el

mismo

tiempo

adicional

que

los

tribunales

otorgarán para diligenciar los emplazamientos una

vez la parte demandante haya presentado de forma

oportuna una solicitud de prórroga. Transcurrido

dicho término sin que se haya diligenciado el

emplazamiento,

el

tribunal

deberá

dictar

sentencia decretando la desestimación y archivo

con perjuicio.24

De la citada Resolución se percibe la inclinación a

seguir la recomendación del Comité Asesor en lo relativo a

eliminar la discreción del Tribunal de Primera Instancia a

la hora de conceder prórrogas para extender el término del

diligenciamiento del emplazamiento.

In Re: Aprobación de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto

Rico, 176 DPR 673,682 (2009).

24

CC-2015-0304

12

Finalmente, la Ley 220-2009 para enmendar las Reglas

de

Procedimiento

significativos

en

Civil

la

del

Regla

1979

4.3(c),

realizó

cambios

a

en

saber:

la

discreción para prorrogar el término para emplazar y en

el carácter dispositivo de la demanda.

En

la

actualidad,

la

Regla

4.3(c)

dispone

lo

siguiente:

El emplazamiento será diligenciado en el término

de ciento veinte (120) días a partir de la

presentación de la demanda o de la fecha de

expedición del emplazamiento por edicto. El

Secretario

o

Secretaria

deberá

expedir

los

emplazamientos el mismo día en que se presenta la

demanda. Si el Secretario o Secretaria no los

expide el mismo día, el tiempo que se demore será

el mismo tiempo adicional que los tribunales

otorgarán para diligenciar los emplazamientos una

vez la parte demandante haya presentado de forma

oportuna una solicitud de prórroga. Transcurrido

dicho término sin que se haya diligenciado el

emplazamiento,

el

Tribunal

deberá

dictar

sentencia decretando la desestimación y archivo

sin perjuicio. Una subsiguiente desestimación y

archivo por incumplimiento con el término aquí

dispuesto tendrá el efecto de una adjudicación en

los méritos. (Énfasis nuestro).

Vemos que la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil,

supra,

preceptúa

varios

aspectos

del

emplazamiento,

a

saber: el término que tiene el demandante para emplazar,

desde cuándo comienza a transcurrir dicho término, en qué

momento

la

Secretaría

del

tribunal

de

instancia

debe

expedir los emplazamientos, qué sucede si la Secretaría

no expide los emplazamientos en el momento preciso y el

efecto dispositivo que tendrá la causa de acción si el

demandante

no

logra

diligenciar

conforme a la mencionada regla.

los

emplazamientos

CC-2015-0304

En

13

cuanto

a

en

qué

momento

la

Secretaría

del

tribunal de instancia debe expedir los emplazamientos, la

Regla 4. 3 (c) de Procedimiento Civil, supra, es clara al

establecer

que

emplazamientos

ésta

el

tiene

mismo

el

día

deber

de

expedir

los

que

se

presente

la

en

demanda.25 Claro está, siempre que el demandante entregue

los formularios de emplazamiento ese mismo día.26 Así,

“expedido

el

emplazamiento,

la

parte

que

solicita

el

mismo cuenta con un término de ciento veinte (120) días

para poder diligenciarlo”.27 Este término es improrrogable

y, consecuentemente, si en 120 días el demandante no ha

podido

diligenciar

el

emplazamiento

automáticamente

se

desestimará su causa de acción.

Al

comenta

respecto,

el

profesor

que

el

caso

“[e]n

que

Rafael

Hernández

Secretaría

Colón

expida

los

emplazamientos el mismo día, la Regla 4.3 (c) no provee

discreción al tribunal para extender el término”.28 Por

ello, “no puede recurrirse a la R. 68.2, 2009 para que el

juez conceda una prórroga al término para emplazar debido

a

que

estaría

en

contravención

con

la

intención

legislativa”.29

25

Regla 4.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V.

26

Bco. Des. Eco. v. AMC Surgery, 157 DPR 150, 155 (2002).

27

Torres Zayas v. Montano Gómez, 2017 TSPR 202, 198 DPR ___ (2017).

28

Hernández Colón, op. cit., págs. 232-233.

Íd., pág. 267. La Regla 68.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32

LPRA Ap. V, lee como sigue:

Cuando por estas reglas o por una notificación dada en

virtud de sus disposiciones, o por una orden del tribunal

29

CC-2015-0304

Ahora

14

bien,

si

la

Secretaría

del

tribunal

de

instancia no expidiera los emplazamientos el mismo día en

que se presentó la demanda junto a los formularios de

emplazamiento, la Regla 4. 3 (c) de Procedimiento Civil,

supra,

establece

que

el

tiempo

que

se

haya

demorado

Secretaría será el mismo tiempo adicional que el tribunal

otorgará para gestionar el diligenciamiento. Ello, una

vez el demandante presente oportunamente una solicitud de

prórroga.

Sin embargo, es sabido que “[p]ara que comience a

decursar ese término, es requisito no solamente que se

haya presentado la demanda y sometido el emplazamiento

correspondiente sino, además, que el emplazamiento sea

expedido por el tribunal”.30 Esto, unido a que la propia

regla establece que el tiempo que se demore la Secretaría

en

expedir

adicional

los

que

emplazamientos

otorgarán

los

será

el

tribunales,

mismo

nos

tiempo

lleva

a

concluir que no se trata de solicitar una prórroga como

tal. Mas bien, se trata del deber de presentar una moción

se requiera o permita la realización de un acto en o dentro

de un plazo especificado, el tribunal podrá, por justa

causa, en cualquier momento y en el ejercicio de su

discreción: (1) previa moción o notificación, o sin ellas,

ordenar que se prorrogue o acorte el término si así se

solicita

antes

de

expirar

el

término

originalmente

prescrito o según prorrogado por orden anterior, o (2) en

virtud de moción presentada después de haber expirado el

plazo especificado, permitir que el acto se realice si la

omisión se debió a justa causa, pero no podrá prorrogar o

reducir el plazo para actuar bajo las disposiciones de las

Reglas 43.1, 44.1, 47, 48.2, 48.4, 49.2 y 52.2, salvo lo

dispuesto en las mismas bajo las condiciones en ellas

prescritas.

Bco. Des. Eco. v. AMC Surgery, supra, y Torres Zayas v. Montano

Gómez, 2017 TSPR 202, 198 DPR ___ (2017).

30

CC-2015-0304

al

tribunal

15

solicitando

la

expedición

de

los

emplazamientos.31 En consecuencia, una vez la Secretaría

expide el emplazamiento, entonces comenzará a transcurrir

el término de 120 días. Por eso, no se trata en realidad

de

una

prórroga

debido

a

que

en

ninguna

de

estas

circunstancias la parte contará con más de 120 días.

Ahora bien, los demandantes no pueden cruzarse de

brazos y dejar que transcurra un periodo irrazonable para

presentar la moción.32 De lo contrario, se actuaría en

contravención

al

principio

rector

de

resolver

las

controversias de forma justa, rápida y económica.

III

El peticionario alega que el Tribunal de Primera

Instancia no tenía discreción para prorrogar el término

de

120

días

para

diligenciar

el

emplazamiento.

Tiene

razón.

Tras analizar el tracto legislativo, es notorio que

la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, sufrió

cambios sustanciales. En lo pertinente a la controversia

ante nuestra consideración, es de especial atención la

discreción de los jueces a la hora de extender el término

para diligenciar el emplazamiento. Nótese que, desde la

vigencia33 de la Regla 4. 3 (c) de Procedimiento Civil,

31

Bco. Des. Eco. v. AMC Surgery, supra, pág. 156.

32

Íd.

La Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, está

vigente desde el 1 de julio de 2010.

33

CC-2015-0304

16

supra, si la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia

expide los emplazamientos el mismo día en que se presenta

la demanda no cabe hablar de discreción a la hora de

extender

el

término

de

120

días

para

diligenciar

los

emplazamientos. Lo anterior responde a los cambios que

sufrió la Regla 4. 3 (c) de Procedimiento Civil, supra,

en

cuanto

al

carácter

dispositivo

respecto,

el

profesor

Hernández

de

la

demanda.

Al

Colón

comenta

lo

siguiente:

[D]ado

que

el

incumplimiento

con

el

diligenciamiento ya no cuenta con la drástica

sanción de la desestimación con perjuicio en un

primer intento, y que el texto que concedía al

juez discreción para permitir la prórroga fue

eliminado, el término para el diligenciamiento no

puede ser prorrogado cuando Secretaría expide el

mismo día en que se presenta la demanda.34

Como mencionáramos, en el caso de autos la demanda

fue

presentada

por

segunda

ocasión

el

16

de

octubre

de 2013 y ese mismo día la Secretaría del Tribunal de

Primera

Instancia

consiguiente,

expidió

los

recurridos

los

emplazamientos.

tenían

120

días

Por

para

diligenciar los emplazamientos contados a partir del 16

de octubre de 2013 y vencederos el 13 de febrero de 2014.

Es

decir,

una

vez

transcurridos

los

120

días

sin

diligenciar los emplazamientos, el Tribunal de Primera

Instancia venía obligado a desestimar la demanda de forma

automática,

34

ello,

sin

concesión

Hernández Colón, op. cit., págs. 267-268.

de

prórroga

alguna.

CC-2015-0304

17

Nótese que la prórroga concedida a los recurridos tuvo el

efecto de extender el término a 152 días para diligenciar

el emplazamiento. No obstante, a pesar de que el Tribunal

de Primera Instancia otorgó a los recurridos la prórroga

solicitada,

emplazar

por

éstos

presentaron

edictos.

Nótese

una

que

Moción

para

solicitando

esta

fecha

ya

habían transcurrido 142 días desde que se presentó la

demanda y se expidieron los emplazamientos. Queda claro

que todo lo anterior va en total contravención a la Regla

4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra.

De

esta

forma,

nuevamente

erró

el

Tribunal

de

Primera Instancia al declarar con lugar la solicitud del

emplazamiento por edicto. Consecuentemente, el Tribunal

de Primera Instancia no adquirió jurisdicción sobre el

peticionario a través del emplazamiento por edicto.35

Concluimos

lograron

que

diligenciar

debido

a

que

los

recurridos

no

personalmente

los

emplazamientos

dentro del término de 120 días, la demanda debió ser

desestimada automáticamente.

Sin embargo, lo anterior no dispone totalmente del

caso

de

epígrafe

puesto

que

nos

resta

atender

si

la

desestimación de la demanda es con o sin perjuicio. Al

analizar la Regla 4. 3 (c) de Procedimiento Civil, supra,

queda claro que un primer incumplimiento con el término

de 120 días para diligenciar el emplazamiento conlleva la

A raíz de dicha conclusión, prescindimos de atender los

señalamientos de error relativos a la pertinencia y suficiencia del

emplazamiento por edictos.

35

CC-2015-0304

18

desestimación

sin

perjuicio.

No

obstante,

un

segundo

incumplimiento tendrá el efecto de una adjudicación en

los

méritos,

es

decir

la

desestimación

será

con

perjuicio.

Surge

del

expediente

que

la

primera

presentada

por

los

perjuicio36

al

amparo

recurridos

fue

desestimada

sin

39.

de

de

la

Regla

2

demanda

(a)

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap.V.37 Esta primera

desestimación

correspondió

a

que

los

recurridos

no

cumplieron con las órdenes del tribunal ni con la Regla

4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra. Por consiguiente,

es forzoso concluir que como los recurridos incumplieron,

por

segunda

ocasión,

con

el

término

para

emplazar,

entonces la desestimación de la demanda de epígrafe debe

ser con perjuicio.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca tanto

la denegatoria de expedición del Tribunal de Apelaciones

Véase Sentencia (Caso Núm. JDP2012-0439), Apéndice de la Petición

de certiorari, pág. 73.

36

La Regla 39. 2 (a) de Procedimiento Civil de 2009, dispone lo

siguiente:

Desestimación

(a) Si la parte demandante deja de cumplir con estas reglas

o con cualquier orden del tribunal, el tribunal a

iniciativa propia o a solicitud de la parte demandada podrá

decretar la desestimación del pleito o de cualquier

reclamación

contra

ésta

o

la

eliminación

de

las

alegaciones, según corresponda.32 LPRA Ap.V.

37

[…]

CC-2015-0304

como

el

dictamen

19

del

Tribunal

de

Primera

Instancia.

Consecuentemente, se desestima la demanda con perjuicio.

Se dictará sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Larry E. Bernier González

Cathy E. Bernier González

Elsie Esther González Mercado

Recurridos

CC-2015-0304

Certiorari

v.

José Carlos Rodríguez Becerra

Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2018.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede la cual se hace formar parte íntegra de

la presente, se revoca tanto la denegatoria de

expedición del Tribunal de Apelaciones como el

dictamen

del

Tribunal

de

Primera

Instancia.

Consecuentemente, se desestima la demanda con

perjuicio.

Así

lo

pronunció,

manda

el

Tribunal

y

certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La

Jueza Asociada señora Pabón Charneco concurre con el

resultado y hace constar la siguiente expresión:

“La

Jueza

Asociada

señora

Pabón

Charneco concurre con el resultado. Los

recurridos no lograron diligenciar los

emplazamientos ni solicitaron emplazar

por

edictos

dentro

del

término

dispuesto en la Regla 4.3 (c) de

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA

Ap. V. Si los recurridos hubieran

solicitado emplazar por edictos dentro

del término dispuesto, estos hubieran

tenido 120 días para emplazar desde la

fecha de expedición del emplazamiento

por edicto”.

CC-2015-0304

2

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez concurre sin

opinión escrita. El Juez Asociado señor Rivera García

emite Opinión disidente.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Larry E. Bernier González

Cathy E. Bernier González

Elsie Esther González Mercado

Recurridos

v.

José Colón Rodríguez

Peticionario

CC-2015-0304

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR RIVERA GARCÍA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2018.

El

caso

objeto

de

estudio

nos

concedía

la

ocasión de disipar cualquier interrogante sobre la

naturaleza

del

término

preceptúa

la

Regla

de

ciento

4.3(c)

de

veinte

las

días

que

Reglas

de

Procedimiento Civil, infra, para que un demandante

diligencie el emplazamiento a la parte demandada.

Una

mayoría

intención

plazo

de

mis

legislativa

en

uno

de

en

ausencia

de

efecto

convirtió

el

jurisdiccional

o

compañeros

a

tal

carácter

improrrogable a pesar de que las Reglas 4.3(c) y

68.2

de

confirieron

Procedimiento

esa

Civil,

característica.

infra,

Esta

no

le

apreciación

tiene repercusiones fatales y se aparta radicalmente

de

las

normas

de

hermenéutica

que

hemos

CC-2015-0304

elaborado.

2

Primero,

imprime

a

la

Regla

un

grado

de

automatismo, toda vez que, transcurrido el periodo en un

subsiguiente caso, el pleito se tendría que desestimar

con

perjuicio

sin

consideración

ulterior.

Segundo,

arrebata totalmente la discreción que reconocimos a los

juzgadores

para

extender

demandante

satisface

este

las

término

condiciones

cuando

el

necesarias

y

acredita la existencia de justa causa para su dilación.38

Debido a que los hechos se encuentran consignados en

la

Opinión

Mayoritaria,

procederé

a

esbozar

el

marco

legal para justipreciar la controversia.

I

Nuestros

foros

judiciales

tienen

que

obtener

jurisdicción sobre la persona del demandado para poder

contar

con

autoridad

emplazamiento

permite

al

es

para

actuar

sobre

éste.39

El

principal

que

“el

mecanismo

procesal

tribunal

adquirir

jurisdicción

sobre

el

demandado de forma tal que éste quede obligado por el

dictamen que finalmente se emita”.40 Es, además, un método

para hacer valer la exigencia constitucional del debido

proceso de ley que requiere que toda parte demandada sea

notificada de la reclamación en su contra y que se le

brinde

la

oportunidad

de

ser

oída

antes

de

que

se

adjudiquen derechos y responsabilidades su contra.41

38

Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721 (1981).

39

Álvarez v. Arias, 156 DPR 351, 365-366 (2002).

40

Cirino González v. Adm. Corrección, 190 DPR 14, 29-30 (2014).

J. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1era ed.

rev., Colombia, Ed. Nomos, 2012, pág. 54.

41

CC-2015-0304

3

Por ser un imperativo constitucional, recientemente,

en Torres Zayas et als. v. Montano Gómez, et als., 2017

TSPR

202,

Tribunal

en

la

página

reafirmó

que

11,

“los

198

DPR

___

requisitos

que

(2017),

este

dispone

la

regla de emplazamiento son de estricto cumplimiento”.42

(Énfasis

suplido).

requerimientos

que

Precisamente,

establece

nuestro

uno

de

los

Derecho

Procesal

Civil para el emplazamiento es que se diligencie en un

plazo de ciento veinte días. Esta exigencia se consignó

en la Regla 4.3(c) al preceptuar que

[e]l emplazamiento será diligenciado en el

término de ciento veinte (120) días a partir de

la presentación de la demanda o de la fecha de

expedición del emplazamiento por edicto. Si el

Secretario o Secretaria no los expide el mismo

día, el tiempo que se demore será el mismo

tiempo adicional que los tribunales otorgarán

para diligenciar los emplazamientos una vez la

parte demandante haya presentado de forma

oportuna

una

solicitud

de

prórroga.

Transcurrido dicho término sin que se haya

diligenciado el emplazamiento, el tribunal

deberá

dictar

sentencia

decretando

la

desestimación y archivo sin perjuicio. Una

subsiguiente

desestimación

y

archivo

por

incumplimiento con el término aquí dispuesto

tendrá el efecto de una adjudicación en los

méritos.

De acuerdo a lo transcrito, de ordinario, el periodo

para diligenciar el emplazamiento comienza a correr desde

que

se

insta

la

demanda

o

cuando

se

expide

el

emplazamiento por edicto. Esto se debe a que el mismo se

tiene que expedir inmediatamente de instarse la demanda

Véase, además: Quiñones Román v. Cía, 152 DPR 367, (2000), donde

expusimos que “el emplazamiento es un imperativo constitucional del

debido proceso de ley, hemos exigido un cumplimiento estricto cuando

se trata de sus requisitos”.

42

CC-2015-0304

4

porque “se trata de un trámite ministerial, automático,

subsiguiente a la presentación de la demanda”.43 Si no se

expide en esa fecha, el tribunal tendrá que conceder una

prórroga por el mismo tiempo que se demoró el Secretario

o

Secretaria

en

expedir

el

emplazamiento,

si

el

demandante lo solicita. En el caso de que trascurra el

término dispuesto sin haberse diligenciado, el tribunal

deberá dictar sentencia desestimando la causa de acción

sin perjuicio. Sin embargo, una segunda desestimación por

la

inobservancia

del

referido

plazo

conlleva

una

adjudicación en los méritos.

Ahora

periodo

bien,

para

como

tenemos

diligenciar

que

el

determinar

emplazamiento

si

el

puede

prorrogarse, debemos ponderar las normas relacionadas a

los términos. Esto se debe a que uno de los principios de

mayor

relevancia

en

el

esquema

normativo

del

proceso

civil es el que impera sobre los plazos que las partes

tienen para actuar.44 El término es el periodo que la ley

concede

para

ejecutar

determinada

actuación

procesal.45

Los términos que las reglas procesales proveen son para

que las partes actúen dentro los mismos y los efectos de

sus

inobservancias

varían.46

A

lo

largo

de

nuestra

casuística hemos admitido que existen distintos tipos de

43

Monell Cardona v. Aponte, 146 DPR 20, 24 (1998).

44

Cruz Parilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 402 (2012).

R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico Derecho

Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. Lexis Nexis de Puerto Rico,

2017, pág. 230.

45

“los términos provistos por las leyes y reglas procesales son para

que las partes actúen en determinado plazo y las consecuencias de la

inacción varían con frecuencia”. Hernández Colón, op. cit., pág. 230.

46

CC-2015-0304

plazos,

a

5

saber:

discrecionales,

cumplimiento

estricto

y

pertinencia,

nuestro

enfoque

directivos,

jurisdiccionales.47

estará

en

de

Por

su

los

periodos

que

no

jurisdiccionales y de cumplimiento estricto.

Los

términos

jurisdiccionales

son

los

están

sujetos a ser interrumpidos o a que se cumplan de forma

tardía.48

Se

denominan

“porque

transcurren

como

jurisdiccionales

inexorablemente,

no

o

fatales

importa

las

consecuencias procesales que su expiración provoque”.49

Con el propósito de descifrar

carácter

jurisdiccional

es

si un

imprescindible

plazo es de

examinar

la

Regla 68.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Esta

regla dispone que

[c]uando

por

estas

reglas

o

por

una

notificación

dada

en

virtud

de

sus

disposiciones, o por una orden del tribunal se

requiera o permita la realización de un acto en

o dentro de un plazo especificado, el tribunal

podrá, por justa causa, en cualquier momento y

en el ejercicio de su discreción: (1) previa

moción o notificación, o sin ellas, ordenar que

se prorrogue o acorte el término si así se

solicita

antes

de

expirar

el

término

originalmente prescrito o según prorrogado por

orden anterior, o (2) en virtud de moción

presentada después de haber expirado el plazo

especificado, permitir que el acto se realice

si la omisión se debió a justa causa, pero no

podrá prorrogar o reducir el plazo para actuar

bajo las disposiciones de las Reglas 43.1,

44.1, 47, 48.2, 48.4, 49.2 y 52.2 todas de este

apéndice, salvo lo dispuesto en las mismas bajo

las condiciones en ellas prescritas.(Énfasis

suplido).

47

Hernández Colón, op. cit., pág. 230.

48

Cruz Parilla v. Depto. Vivienda, supra, pág. 403.

49

Hernández Colón, op cit., pág. 234.

CC-2015-0304

6

Obsérvese que la

reglas

cuyos

disposición

periodos

son

citada establece

las

jurisdiccionales

o

improrrogables. Tenemos que tomar en cuenta, también, que

a

raíz

de

“las

graves

determinar

que

un

jurisdiccional,

claramente

la

imponerle

esa

consecuencias

que

acarrea

término

de

naturaleza

es

hemos

expresado

que

debe

intención

legislativa

del

legislador

característica

al

el

surgir

de

término”.(Énfasis

suplido).50 Es decir, para razonar que un plazo es de

naturaleza jurisdiccional, o improrrogable, es ineludible

que se desprenda una intención legislativa de imprimirle

dicho carácter al mismo. Para esto, “los tribunales deben

realizar un ejercicio de interpretación estatutaria para

encontrar la expresión clara del legislador en cuanto a

la naturaleza del término”.51

Por otro lado, los periodos de estricto cumplimiento

son aquellos que “se sitúan a medio camino entre los

términos prorrogables y los improrrogables. Se trata de

un énfasis en su aplicación mediante la mecánica de justa

causa más estricta que la que se requiere para prorrogar

los

términos

ordinarios”.52

Estos

pueden

prorrogarse

cuando la parte que peticiona la prórroga, o actúa fuera

del periodo, evidencia la existencia de una justa causa

que impidió ejecutar la acción en el término establecido

Cruz Parilla v. Depto. Vivienda, supra, 403-404. Véase, además: J.

Directores v. Ramos, 157 DPR 818, 823-824 (2002).

50

51

Cruz Parilla v. Depto. Vivienda, supra, pág. 404.

52

Hernández Colón, op. cit., pág. 235.

CC-2015-0304

7

por ley.53 En otras palabras, la extensión de un plazo de

cumplimiento estricto está supeditada a que se demuestre

justa

causa.

Así,

en

estos

casos,

“los

tribunales

no

están atados al automatismo que conlleva un requisito de

carácter

jurisdiccional

pertinente,

y

pueden

extendiendo

el

proveer

el

término

remedio

según

las

circunstancias”.54

Esbozada la normativa jurídica

pertinente

al caso

que nos ocupa, evaluaremos la naturaleza del término que

la

parte

demandante

tiene

para

diligenciar

el

el

del

emplazamiento.

II

Según

aludido,

para

determinar

carácter

periodo que las Reglas de Procedimiento Civil erigen para

diligenciar

el

emplazamiento

desprenda

claramente

imprimirle

esa

realicemos

un

para

auscultar

una

es

intención

característica.

ejercicio

la

de

imprescindible

Ello

que

se

legislativa

de

conlleva

que

interpretación

expresión

del

estatutaria

legislador

sobre

la

naturaleza del término. También, debemos ser conscientes

que las Reglas requieren una interpretación que facilite

el acceso a los tribunales y el manejo del proceso para

así garantizar un resultado justo, rápido y económico.55

Con esto en mente, procedamos a indagar si el término

objeto de examen es de carácter jurisdiccional.

53

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013).

54

Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1910.

55

32 LPRA Ap. V, R. 1.

CC-2015-0304

8

El primer paso para interpretar un estatuto es ver

su texto, “ya que si el legislador se expresó de forma

clara e inequívoca, [este] es considerado la expresión

misma de la intención legislativa”.56 En ese sentido, cabe

resaltar que la Regla 4.3(c) expresamente establece que

una parte puede solicitar la extensión del plazo para

diligenciar

Mayoría

el

emplazamiento.57

entiende

“solicitud

de

que

No

aunque

prorroga”,

no

la

lo

obstante

Regla

es.

Por

ello,

alude

el

a

la

una

contrario,

argumenta que se trata de un deber de pedir al tribunal

que expida el emplazamiento para que el periodo comience

a transcurrir. A raíz de ello, concluye que las partes

nunca contarán con más de ciento veinte días. Difiero.

Veamos el por qué.

Según el propio texto de la Regla y lo resuelto en

Monell Cardona v. Aponte, 146 DPR 20 (1998), el término

para emplazar siempre comienza a de cursar desde que se

insta la demanda o cuando se expide el emplazamiento por

edicto.

Esto,

dado

que

la

Regla

4.1

exige

que

el

demandante presente el formulario de emplazamiento junto

con la demanda y que el Secretario o Secretaria lo expida

inmediatamente.

disponer

que

No

cuando

obstante,

el

la

Regla

emplazamiento

no

es

clara

al

se

expide

el

mismo día en que se insta la demanda, la parte puede

56

Cordero Vargas v. Pérez Pérez, 2017 TSPR 152, 198 DPR ____ (2017).

En particular, dispone que “Si el Secretario o Secretaria no los

expide el mismo día, el tiempo que se demore será el mismo tiempo

adicional

que

los

tribunales

otorgarán

para

diligenciar

los

emplazamientos una vez la parte demandante haya presentado de forma

oportuna una solicitud de prórroga”.

57

CC-2015-0304

9

solicitar una prórroga oportunamente y el tribunal tiene

la obligación de concederla por el mismo tiempo que se

demoró en expedirlo. Es decir, cuando la parte demandante

no

peticiona

transcurrir

la

una

extensión,

vez

se

el

presenta

término

la

comienza

demanda.

Por

a

tal

razón, se trata de una prórroga al plazo que, de por sí,

veda que el Tribunal lo catalogue como improrrogable.

Ahora bien, a los fines de disipar cualquier duda

nos referimos al historial legislativo de la medida. Tras

examinar el mismo, nada permite inferir que se pretendió

hacer

del

periodo

estudiado

uno

jurisdiccional.

En

el

Informe de la Cámara de Representantes se expresó que

“[s]e

modificó

el

término

para

diligenciar

el

emplazamiento y el término para contestar una demanda,

entre otros”.58

Informe Positivo sobre el P. de la C. 2249, 11 de noviembre de

2009, a la pág. 7. También se expresó lo siguiente:

58

El Comité enmendó la Regla de 1979 para, entre otras

cosas, establecer un término de noventa (90) días para el

diligenciamiento del emplazamiento con el fin de agilizar

el proceso judicial y evitar dilaciones injustificadas.

El Comité consideró que el término de seis meses

establecido en la regla de 1979 era sumamente extenso, lo

cual creaba dilaciones innecesarias.

No obstante, el

Tribunal

Supremo

no

acogió

dicha

recomendación

y

estableció que el emplazamiento será diligenciado en el

término de ciento ochenta (180) días a partir de la

presentación de la demanda o de la fecha de expedición

del emplazamiento por edicto.

Luego del proceso de

vistas públicas y reuniones entre ambas Comisiones, se

enmendó dicha regla para establecer el término de ciento

veinte (120) días a partir de la presentación de la

demanda o de la fecha de expedición del emplazamiento por

edicto, esto con el fin de agilizar el proceso judicial y

evitar dilaciones injustificadas, además de equipararlo a

lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil del

Tribunal Federal.

De igual forma, se enmendó para que transcurrido

dicho

término

sin

que

se

haya

diligenciado

el

emplazamiento,

el

tribunal

deberá

dictar

sentencia

decretando la desestimación y archivo sin perjuicio.

Además se incluyó el siguiente texto: Una subsiguiente

desestimación y archivo por incumplimiento con el término

CC-2015-0304

10

Asimismo,

el

Informe

de

Reglas

Civil

tampoco

contiene

expresión

plazo

aquí

disputa

no

en

se

de

Procedimiento

indicativa

puede

de

que

el

prorrogar.59

En

lo

pertinente, lo que se manifestó fue que

[l]a importancia del proceso estriba en que,

mediante el emplazamiento, el tribunal adquiere

jurisdicción sobre el demandado por lo que la

validez o nulidad del proceso y la sentencia

que se dicte en su día dependen de que se haya

cumplido todos los requisitos establecidos en

la regla. Por tal razón, el Tribunal Supremo

reiteradamente

ha

exigido

el

cumplimiento

estricto cuando se trata de los requisitos del

emplazamiento.

La

política

pública

existente

en

nuestro

ordenamiento es a los efectos de que los

demandados deben ser emplazados debidamente

para evitar fraude y que se utilicen los

procedimientos judiciales para privar a una

persona de su propiedad sin el debido proceso

de ley. De no cumplirse estrictamente con los

requisitos establecidos para el emplazamiento,

el tribunal no adquiere jurisdicción sobre la

persona del demandado.(Énfasis suplido).60

Es decir, se consignó lo que previamente habíamos

reconocido, que a los requisitos del emplazamiento se les

debe dar cumplimiento estricto.

Otro fundamento que impide concluir que el periodo

para

diligenciar

jurisdiccional

lo

el

emplazamiento

hallamos

en

la

es

de

Regla

carácter

68.2.

Esta

disposición establece aquellos términos de las Reglas de

Procedimiento

Civil

que

no

pueden

ser

prorrogados

ni

aquí dispuesto tendrá el efecto de una adjudicación en

los méritos. Íd., pág. 9.

Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Comité Asesor Permanente

de las Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de la Conferencia

Judicial y Notarial, 2008, págs. 34-38.

59

Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Comité Asesor Permanente

de las Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de la Conferencia

Judicial y Notarial, 2008, pág. 37.

60

CC-2015-0304

reducidos,

11

a

saber:

las

Reglas

43.1,

44.1,

47,

48.2,

48.4, 49.2 y 52.2. Nótese que, sin lugar a dudas, el

plazo aquí en controversia no se incorporó entre aquellos

que no se pueden prorrogar. Es más, hace tres décadas, en

Banco

Metropolitano

v.

Berríos,

110

DPR

721

(1981),

pautamos que, a luz de la Regla 4.3(b) y 68.2 de las

Reglas de Procedimiento Civil de 1979, el término para

diligenciar

el

emplazamiento

podía

ser

prorrogado

si

mediaba justa causa. En esa ocasión, la parte demandada

adujo que la prórroga para extender el plazo se pidió una

vez trascurrido el mismo, por tanto, la demanda se debía

desestimar

automáticamente.

Tras

estudiar

las

disposiciones aludidas reconocimos que el texto de las

dos

reglas

in[j]erencia

“dejan

sentado

decisiva

de

la

con

gran

discreción

claridad

judicial

en

la

la

prórroga del término para diligenciar el emplazamiento,

discreción para determinar, en el momento procesal en que

se

suscite

la

cuestión,

negligencia

excusable

(Bastardillas

en

el

en

si

medió

la

original

y

justa

causa

omisión

combatida.

énfasis

suplido).61

Reconocimos, además, que

[l]a Regla 4.3 (b) es un desarrollo paralelo de

la Regla 39.1(b) sobre desestimación del pleito

por inactividad, y ambas tienen el mismo

propósito de acelerar la litigación y despejar

los calendarios, operando la primera en la

temprana etapa del pleito. Sufriría el justo

equilibrio procesal, de negar a la parte que no

pudo diligenciar el emplazamiento en el término

original de seis meses, la oportunidad de ser

oído e invocar la discreción del juez con

demostración de justa causa que la Regla 39.2

61

o

Banco Metropolitano v. Berríos, supra, pag. 723.

CC-2015-0304

12

ordena para los casos en que no hubiere trámite

durante los últimos meses.62

Inclusive, pronunciamos que “[l]a expiración del término

de seis meses no tiene efecto de caducidad de la acción,

ni de nulidad, ni mucho menos afecta la jurisdicción del

tribunal”.63

En apretada síntesis, pautamos que bien sea por la

antigua

regla

de

la

emplazamiento

cual

contenía

una

disposición sobre cómo se debía prorrogar o por la Regla

68.2, el periodo para emplazar podía ser prorrogado por

justa causa. Aclaramos que este término es un mecanismo

para acelerar la litigación y despejar los calendarios.

Resolvimos que el hecho de que la regla ordenara que

“[t]ranscurrido el término original o su prórroga sin que

el emplazamiento hubiere sido diligenciado, se tendrá a

la parte actora desistida, con perjuicio”, no afectaba la

jurisdicción de los tribunales.64

Siendo

esa

la

norma

vigente

al

considerarse

las

nuevas reglas, de haber querido la Asamblea Legislativa

que el término fuera de carácter jurisdiccional: primero,

no

hubiese

Aponte,

adoptado

supra,

y

lo

resuelto

estatuido

la

en

Monell

“solicitud

Cardona

de

v.

prorroga”

cuando no se expide el día que se presenta la demanda; y,

segundo, hubiese incluido la Regla 4.3(c) a la Regla 68.2

62

Banco Metropolitano v. Berríos, supra, pág. 724.

63

Íd., págs. 725-726.

64

Íd., pág. 724.

CC-2015-0304

13

dentro de aquellos periodos que no se pueden prorrogar.

Sin embargo, no fue así.

No quedaba de otra que concluir que a la luz de las

Reglas 4 (c) y 68.2 una parte puede solicitar prorroga

oportunamente en dos escenarios: (1) cuando el Secretario

o

la

Secretaria

haya

expedido

el

emplazamiento

con

posterioridad a la presentación de la demanda; o (2) si

puede acreditar claramente la existencia de justa causa

para ello.

De hecho, con posterioridad a la aprobación de las

Reglas de Procedimiento Civil de 2009, hemos dispuesto

que los requisitos relacionados con el emplazamiento son

de cumplimiento estricto. Véanse: Torres Zayas et als. v.

Montano Gómez, supra; Sánchez Rivera v. Malavé Rivera,

192

DPR

854,

comparten

este

874

(2015).

criterio.

Además,

El

varios

profesor

tratadistas

Cuevas

Segarra

asevera que dentro de los plazos de cumplimiento estricto

queda

comprendida

“[l]a

Regla

4.3(c)-

[que]

reduce

el

término para emplazar de seis meses a ciento veinte (120)

días”.65 Asimismo, el profesor Javier Echevarría Vargas

estimó que

a los tribunales le debe ser reconocida la

facultad de discrecionalmente ampliar o reducir

ese término siempre que exista justa causa para

ello. Ortalaza v. FSE, 116 DPR 700 (1985). Esa

facultad judicial surge conforme con el alcance

de la Regla 68.2 de Procedimiento Civil de 2009

la que permite la ampliación, o la reducción,

de los términos siempre que exista justa causa

para ello. (Énfasis suplido).66

65

Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1910.

66

Echevarría Vargas, op. cit., pág. 62.

CC-2015-0304

14

Como observamos, son varios los fundamentos que nos

inclinan a concluir que el periodo para diligenciar el

emplazamiento

no

es

jurisdiccional

prorrogable.

Primero,

para

y

que

que

un

sí

término

es

sea

jurisdiccional es menester que se desprenda claramente la

intención

legislativa

de

concederle

ese

carácter.

Segundo, el texto de la Regla 4.3 expresamente establece

que la parte puede solicitar una prórroga. Tercero, la

Regla 68.2 no dispone que el plazo para diligenciar el

emplazamiento

es

improrrogable.

casuística

ha

sido

tajante

al

disponer

requisitos

del

emplazamiento

se

les

cumplimiento

estricto.

Por

todo

Cuarto,

lo

que

tienen

anterior,

nuestra

a

los

que

dar

disiento

respetuosamente de la norma de Derecho formulada por la

Mayoría.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado