Tribunal Supremo de Puerto Rico
Bernier González v. Rodríguez Becerra
2018 TSPR 114
Poder Judicial de Puerto Rico
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Bernier González v. Rodríguez Becerra
CC-2015-304
Derecho procesal civil: El término para diligenciar el emplazamiento que confiere la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil es improrrogable.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Larry E. Bernier González
Cathy E. Bernier González
Elsie Esther González Mercado
Certiorari
Recurridos
2018 TSPR 114
v.
200 DPR ____
José Carlos Rodríguez Becerra
Peticionario
Número del Caso: CC-2015-304
Fecha: 22 de junio de 2018
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce-Humacao
Abogado del peticionario:
Lcdo. Gamaliel Rodríguez López
Abogado del recurrido:
Lcdo. José Santiago Pereles
Materia: Derecho procesal civil: El término para diligenciar el
emplazamiento que confiere la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil
es improrrogable.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Larry E. Bernier González
Cathy E. Bernier González
Elsie Esther González Mercado
Recurridos
CC-2015-0304
Certiorari
v.
José Carlos Rodríguez Becerra
Peticionario
Opinión del Tribunal
Kolthoff Caraballo
emitida
por
el
Juez
Asociado
señor
San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2018.
Este
caso
nos
presenta
la
oportunidad
de
establecer si, con posterioridad a la aprobación de
la
Regla
4.3
(c)
de
Procedimiento
Civil
de
2009,
infra, el término de 120 días para diligenciar los
emplazamientos puede prorrogarse.
Resolvemos que el término para diligenciar el
emplazamiento es improrrogable. Veamos.
I
El caso ante nuestra consideración se originó
el 19 de abril de 2011 mediante la presentación de
una demanda sobre daños y perjuicios por parte del
Sr.
Larry
E.
Bernier
González,
la
Sra.
Cathy
E.
CC-2015-0304
Bernier
2
González
la
Sra.
Elsie
contra
del
Sr.
Becerra
(peticionario).
Sin
embargo,
trámites
procesales,
Tribunal
(recurridos),
en
y
el
E.
González
José
Carlos
Rodríguez
luego
de
Primera
Instancia
de
Mercado
varios
desestimó –sin perjuicio- la referida demanda al amparo
de la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.
III.1
Así,
el
16
de
octubre
de
2013
los
recurridos
presentaron, por segunda ocasión, la demanda sobre daños
y
perjuicios.
En
esta
misma
fecha,
la
Secretaría
del
Tribunal de Primera Instancia expidió los emplazamientos
correspondientes
para
su
diligenciamiento.
Posteriormente, mediante una Orden notificada el 16 de
diciembre de 2013, el foro de instancia redujo el término
para diligenciar los emplazamientos a 45 días.2 Además,
apercibió a los recurridos que el incumplimiento con lo
ordenado conllevaría la desestimación -sin perjuicio- de
la causa de acción.3
A pesar de lo anterior, el 24 de enero de 2014,
antes
de
que
venciera
el
término
de
45
días
para
emplazar, los recurridos presentaron una Moción urgente
solicitando
prórroga
para
diligenciar
emplazamiento.
Mediante una Orden notificada el 5 de febrero de 2014, el
Sentencia (Caso Núm.
certiorari, pág. 73.
1
JDP2012-0439),
Apéndice
de
la
Petición
de
Nótese que el término concedido de 45 días para emplazar vencía el
30 de enero de 2014.
2
3
Orden, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 74-75.
CC-2015-0304
3
Tribunal de Primera Instancia concedió a los recurridos
el término de 45 días adicionales para diligenciar el
emplazamiento.4
Tras
no
poder
emplazamientos,
solicitaron
edicto.5
el
una
Para
7
diligenciar
de
marzo
autorización
respaldar
su
de
personalmente
2014
para
los
los
recurridos
emplazar
mediante
petición,
los
recurridos
anejaron una declaración jurada en la que acreditaron las
gestiones
realizadas
peticionario,
las
para
emplazar
personalmente
al
cuales
alegaron
resultaron
ser
infructuosas.6 En respuesta, el foro de instancia resolvió
conforme a lo solicitado y, mediante una Orden notificada
el 19 de marzo de 2014, expidió los emplazamientos. De
conformidad con la orden autorizando a emplazar mediante
edicto,
los
recurridos
mismo
su
envío
y
a
la
acreditaron
última
la
publicación
dirección
conocida
del
del
peticionario.7
A raíz de lo anterior, el peticionario presentó una
solicitud
para
que
se
desestimara
-con
perjuicio-
la
Orden, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 81. Nótese que,
una vez fue concedida la prórroga, el Sr. Larry E. Bernier González,
la Sra. Cathy E. Bernier González y la Sra. Elsie E. González Mercado
(recurridos) tenían hasta el 17 de marzo de 2014 para diligenciar el
emplazamiento.
4
Moción solicitando publicación de edicto, Apéndice de la Petición
de certiorari, págs. 82-83.
5
Declaración jurada, Apéndice de la Petición de certiorari, págs.
84-85.
6
Moción en cumplimiento
certiorari, págs. 90-91.
7
de
orden,
Apéndice
de
la
Petición
de
CC-2015-0304
demanda.8
En
4
resumen,
el
peticionario
alegó
que,
de
conformidad con la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil,
32 LPRA Ap. V, el Tribunal de Primera Instancia no tenía
discreción para prorrogar el término de 120 días para
emplazar, toda vez que los emplazamientos se expidieron
el mismo día en que se presentó la demanda, entiéndase el
16 de octubre de 2013. Añadió que no fue hasta el 19 de
marzo
de
2014,
es
decir,
146
días
después
de
la
presentación de la demanda que el foro primario ordenó el
emplazamiento
por
edicto.
peticionario
solicitó
emplazamiento
por
edicto
Conforme
a
ello,
el
que
se
declarase
nulo
el
y
que,
consecuentemente,
se
desestimara la demanda con perjuicio. Por su parte, los
recurridos se opusieron a la solicitud de desestimación.9
Así las cosas, el 29 de octubre de 2014 el Tribunal
de Primera Instancia notificó una Resolución en la que
declaró “no ha lugar” la solicitud de desestimación.10
Ello, tras concluir que adquirió jurisdicción sobre el
peticionario. El foro de instancia manifestó que:
En este caso, el Tribunal está seguro que el
[peticionario] conoce del procedimiento en su
contra, al menos desde la fecha en que se recibió
la comunicación con copia de la demanda y del
emplazamiento por edictos en la dirección que el
propio
[peticionario],
en
su
comparecencia
especial reclamando desestimación, admite reside.
Solicitud para que se desestime y archive con perjuicio el caso de
epígrafe al amparo de la Regla 4.3(c), Apéndice de la Petición de
certiorari, págs. 92-103.
8
Moción urgente solicitando vista evidenciaria y
Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 107-109.
9
10
otros
asuntos,
Resolución, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 145-162.
CC-2015-0304
5
Ello, unido a todo el trámite anterior a la Orden
autorizando el emplazamiento por edicto, es
garantía del estricto cumplimiento que se ha dado
en este caso, con el debido procedimiento de ley
que cobija al [peticionario] y ello ha permitido
al Tribunal adquirir Jurisdicción sobre [éste].11
Ante
la
denegatoria
de
la
solicitud
de
desestimación, el 13 de noviembre de 2014 el peticionario
presentó
una
mediante
una
reconsideración,
Resolución
la
notificada
cual
fue
denegada
el
de
noviembre
de
2014
25
de 2014.
Inconforme,
el
29
de
diciembre
el
peticionario presentó un recurso de certiorari ante el
Tribunal
de
Apelaciones,12
Tribunal
de
Primera
en
el
Instancia
cual
erró
señaló
al
que
el
prorrogar
el
término de 120 para emplazar y, además, al permitir que
se diligenciara el emplazamiento a través del mecanismo
de publicación de edictos.
El 18 de febrero de 2015 el Tribunal de Apelaciones
notificó una Resolución en la que denegó la expedición
del auto de certiorari. En síntesis, el foro apelativo
intermedio expresó lo siguiente:
En
este
caso,
el
24
de
enero
de
2014,
transcurridos 100 días de los 120 que tenían para
diligenciar los emplazamientos, [los recurridos
presentaron
una]
Moción
Urgente
Solicitando
Prórroga para diligenciar emplazamiento. A pesar
de que bajo el palio de la transcrita Regla 4.3
Resolución del Tribunal de Primera
Petición de certiorari, págs. 145-162.
11
Instancia,
Apéndice
de
la
Destacamos
que
el
Sr.
José
Carlos
Rodríguez
Becerra
(peticionario)acudió ante el Tribunal de Apelaciones en fecha hábil
debido a que el 26 de diciembre de 2014 se consideró día feriado para
efectos de la computación de los términos para recurrir. Véase In re
Extensión Términos I, 192 DPR 72 (2014).
12
CC-2015-0304
6
(c) posiblemente no tenían derecho a ello, pues
los emplazamientos se emitieron en la misma fecha
en que se presentó la Demanda, el Tribunal
recurrido concedió lo pedido y extendió el
término para emplazar más allá de los 120 días
reglamentarios. Ahora bien, como todo estatuto,
la discutida Regla 4.3 (C) debe aplicarse en
atención a las circunstancias particulares de
cada caso. Pues son los hechos los que determinan
el Derecho y no a la inversa.
El récord judicial refleja que [los recurridos
realizaron] activamente gestiones para emplazar
personalmente
al
[peticionario].
Lejos
de
incurrir en la inacción que se desea desalentar
con la Regla, [los recurridos fueron proactivos]
en tratar de emplazar al [peticionario]. De
nuevo, lo anterior, constituyen razones válidas
para que procediera, bajo la Regla 49.2, el
relevo de sentencia de desestimación o archivo
que hubiera dictado el Foro recurrido.13
De esta manera, el foro apelativo intermedio concluyó
que, por las particularidades del caso, procedía denegar
la expedición del recurso de certiorari. En desacuerdo, el
24
de
febrero
reconsideración,
de
la
2015
cual
el
peticionario
fue
denegada
presentó
una
mediante
una
Resolución notificada el 17 de marzo de 2015.
Insatisfecho, el 16 de abril de 2015 el peticionario
presentó una Petición de certiorari ante este Tribunal.
En específico, señaló lo siguiente:
(1) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al
convalidar la actuación del TPI de extender el
término para emplazar de 120 días que dispone la
Regla 4.3 de Procedimiento Civil sin tener
facultad para hacerlo.
(2) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al
igual que el TPI al acceder a que los recurridos
emplazaran mediante la publicación de edictos
conforme dispone la Regla 4.6 de Procedimiento
Civil, cuando lo exigido por dicha regla no es de
13
Véase Resolución, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 22.
CC-2015-0304
7
aplicación a los hechos que tuvo ante sí tanto el
TPI como el Honorable Tribunal de Apelaciones,
porque dicha regla aplica cuando la persona a ser
emplazada está fuera de Puerto Rico o estando no
puede ser localizada, o se oculta, situaciones
que no se dieron.
(3) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al
convalidar la discreción del TPI, autorizando el
emplazamiento mediante la publicación de edictos
aun cuando los recurridos no llevaron a cabo
gestión afirmativa para emplazar al peticionario,
más aún cuando todos y cada uno de los recurridos
conocían dónde reside el peticionario.
Con la comparecencia de ambas partes, procedemos a
resolver la controversia ante nuestra consideración.
II
A.
El emplazamiento
El emplazamiento es un mecanismo procesal que tiene
como propósito notificar al demandado sobre la existencia
de una reclamación incoada en su contra y es a través de
este mecanismo que el tribunal adquiere jurisdicción sobre
la persona del demandado.14 Es decir, “representa el paso
inaugural
del
debido
proceso
ejercicio
de
la
emplazado,
el
demandado
de
jurisdicción
podrá
ley
que
viabiliza
judicial”.15
comparecer
Una
al
el
vez
juicio,
ejercer su derecho a ser oído y presentar prueba a su
favor.16 Por ello, a los demandados les asiste el derecho
Véanse Cirino González v. Adm. Corrección, 190 DPR 14, 30 (2014);
Banco Popular v. SLG Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005), First Bank of PR
v. Inmob Nac., Inc., 144 DPR 901, 913 (1998).
14
15
Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997).
16
Banco Popular v. SLG Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005).
CC-2015-0304
8
de ser emplazados conforme a derecho.17
Consecuentemente,
se requiere el cumplimiento con las disposiciones de la
Regla 4 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap.V.
Es política pública de nuestro ordenamiento jurídico
que
se
evite
el
fraude
y
se
utilicen
procedimientos
judiciales que priven a una persona de su propiedad sin
el debido proceso de ley.18 “Esa política pública de que
se haga bien el emplazamiento pesa más en este caso que
el
principio
de
economía
procesal”.19
Por
ello,
“se
permite al demandado impugnar el emplazamiento a fines de
asegurar el estricto cumplimiento de las reglas sobre
emplazamientos de parte de los demandantes”.20
B.
El término para diligenciar el emplazamiento
La anterior Regla 4.3 (b) de Procedimiento Civil de
1979,
32
LPRA
Ap.
III,
disponía
que
el
término
para
diligenciar el emplazamiento era de 6 meses. No obstante,
ese
término
podía
ser
prorrogado
a
discreción
del
tribunal, en el escenario en que el demandante demostrara
justa causa para ello.21 Además, la Regla enfatizaba que
si no se lograba diligenciar el emplazamiento dentro del
Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854, 869 (2015).
Quiñones Román v. CIA ABC, 152 DPR 367,375(2000); First Bank of PR
v. Inmob. Nac., Inc, supra, pág. 916.
17
18
R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: derecho
procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, pág. 258.
19
20
21
Hernández Colón, op. cit., pág. 258.
Véanse First Bank of PR v. Inmob. Nac., Inc., supra; López v.
Porrata-Doria, 140 DPR 96 (1996) y Banco Metropolitano v. Berríos,110
DPR 721 (1981).
CC-2015-0304
9
término original o de la prórroga concedida entonces se
tendría por desistida la demanda con perjuicio.22
Ahora bien, bajo la encomienda de evaluar las Reglas
de Procedimiento Civil, este Tribunal reactivó el Comité
Asesor Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil
(Comité Asesor). Luego de una extensa evaluación de las
Reglas
de
Procedimiento
Civil
y
del
insumo
de
la
comunidad jurídica, el Comité Asesor remitió a este Foro
su
Informe
Final.
En
lo
pertinente,
el
Comité
Asesor
sugirió lo siguiente:
(c) El emplazamiento será diligenciado en el término
de noventa (90) días a partir de la presentación de
la demanda o de la fecha de expedición de la orden
para el emplazamiento por edicto. Transcurrido dicho
término
sin
que
se
haya
diligenciado
el
emplazamiento, el tribunal deberá dictar sentencia
decretando la desestimación y archivo sin perjuicio.
Una
subsiguiente
desestimación
y
archivo
por
incumplimiento con el término aquí dispuesto tendrá
el efecto de una adjudicación en los méritos. Informe
De Reglas De Procedimiento Civil, marzo 2008.
Vemos,
reducir
el
como
el
término
Comité
para
Asesor,
emplazar
a
además
90
de
sugerir
días,
propuso
eliminar la discreción del Tribunal de Primera Instancia
para la concesión de prórrogas y el carácter fatal de la
primera
desestimación.
Consecuentemente,
en
la
El texto original de la Regla 4.3 (b), 32 LPRA Ap. III, leía como
sigue:
[…]
(b) El emplazamiento será diligenciado en el término de
seis (6) meses de haber sido expedido. Dicho término solo
podrá ser prorrogado por un término razonable a discreción
del tribunal si el demandante demuestra justa causa para la
concesión de la prórroga y solicita la misma dentro del
término original. Transcurrido el término original o su
prórroga
sin
que
el
emplazamiento
hubiere
sido
diligenciado, se tendrá a la parte actora por desistida,
con perjuicio.
22
CC-2015-0304
10
eventualidad de que la parte actora presentara la demanda
nuevamente,
el
Comité
Asesor
aludió
a
concederle
una
segunda oportunidad para emplazar. En caso de que la parte
actora también incumpliera con el término dispuesto para
diligenciar
el
tendría
efecto
un
emplazamiento
en
los
la
desestimación
méritos,
es
decir
entonces
sería
con
perjuicio.
Ahora bien, a raíz de la Ley Núm. 17-2009 la antigua
Regla 4.3 (b), supra, fue enmendada. En particular, se
incorporó
la
norma
establecida
en
Monell
v.
Mun.
de
Carolina, 146 DPR 20 (1998) para equiparar la fecha de la
expedición de los emplazamientos con la presentación de
la demanda.23 Nótese que, en lo pertinente al caso ante
nuestra
consideración,
la
enmienda
no
alteró
la
discreción del Tribunal para prorrogar el término para
emplazar y mantuvo el carácter de la desestimación con
perjuicio. Específicamente, la Ley Núm. 17-2009 dispuso
lo siguiente:
[…]
(b) El emplazamiento será diligenciado en el
término de seis (6) meses desde que se presenta
la Demanda.
La secretaría del Tribunal de
Primera
Instancia
deberá
expedir
los
emplazamientos el mismo día en que se radica la
demanda.
Si la secretaría no expide el mismo
día, el tiempo que demore será el mismo tiempo
adicional que los tribunales otorgarán para
diligenciar los emplazamientos una vez las partes
presenten oportunamente una solicitud de prórroga
para diligenciar el emplazamiento de su demanda.
Además de lo anterior, el término de seis (6)
meses sólo podrá ser prorrogado por cualquier
23
Monell v. Mun.de Carolina, 146 DPR 20, 25 (1998).
CC-2015-0304
11
otra razón, por un término razonable a discreción
del tribunal si el demandante demuestra justa
causa para la concesión de la prórroga y solicita
la
misma
dentro
del
término
original.
Transcurrido el término original o su prórroga
sin
que
el
emplazamiento
hubiere
sido
diligenciado, se tendrá a la parte actora por
desistida, con perjuicio.
Posterior
a
la
Ley
Núm.17-2009
y
con
el
fin
de
revisar las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, este
Tribunal ponderó las recomendaciones del Comité Asesor.
Así, mediante Resolución, adoptamos y remitimos para la
consideración
de
la
Asamblea
Legislativa,
en
lo
pertinente, la siguiente disposición:
(c) El emplazamiento será diligenciado en el
término de ciento ochenta (180) días a partir de
la presentación de la demanda o de la fecha de
expedición del emplazamiento por edicto. El
Secretario
o
Secretaria
deberá
expedir
los
emplazamientos el mismo día en que se presenta la
demanda. Si el Secretario o Secretaria no los
expide el mismo día, el tiempo que demore será el
mismo
tiempo
adicional
que
los
tribunales
otorgarán para diligenciar los emplazamientos una
vez la parte demandante haya presentado de forma
oportuna una solicitud de prórroga. Transcurrido
dicho término sin que se haya diligenciado el
emplazamiento,
el
tribunal
deberá
dictar
sentencia decretando la desestimación y archivo
con perjuicio.24
De la citada Resolución se percibe la inclinación a
seguir la recomendación del Comité Asesor en lo relativo a
eliminar la discreción del Tribunal de Primera Instancia a
la hora de conceder prórrogas para extender el término del
diligenciamiento del emplazamiento.
In Re: Aprobación de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto
Rico, 176 DPR 673,682 (2009).
24
CC-2015-0304
12
Finalmente, la Ley 220-2009 para enmendar las Reglas
de
Procedimiento
significativos
en
Civil
la
del
Regla
1979
4.3(c),
realizó
cambios
a
en
saber:
la
discreción para prorrogar el término para emplazar y en
el carácter dispositivo de la demanda.
En
la
actualidad,
la
Regla
4.3(c)
dispone
lo
siguiente:
El emplazamiento será diligenciado en el término
de ciento veinte (120) días a partir de la
presentación de la demanda o de la fecha de
expedición del emplazamiento por edicto. El
Secretario
o
Secretaria
deberá
expedir
los
emplazamientos el mismo día en que se presenta la
demanda. Si el Secretario o Secretaria no los
expide el mismo día, el tiempo que se demore será
el mismo tiempo adicional que los tribunales
otorgarán para diligenciar los emplazamientos una
vez la parte demandante haya presentado de forma
oportuna una solicitud de prórroga. Transcurrido
dicho término sin que se haya diligenciado el
emplazamiento,
el
Tribunal
deberá
dictar
sentencia decretando la desestimación y archivo
sin perjuicio. Una subsiguiente desestimación y
archivo por incumplimiento con el término aquí
dispuesto tendrá el efecto de una adjudicación en
los méritos. (Énfasis nuestro).
Vemos que la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil,
supra,
preceptúa
varios
aspectos
del
emplazamiento,
a
saber: el término que tiene el demandante para emplazar,
desde cuándo comienza a transcurrir dicho término, en qué
momento
la
Secretaría
del
tribunal
de
instancia
debe
expedir los emplazamientos, qué sucede si la Secretaría
no expide los emplazamientos en el momento preciso y el
efecto dispositivo que tendrá la causa de acción si el
demandante
no
logra
diligenciar
conforme a la mencionada regla.
los
emplazamientos
CC-2015-0304
En
13
cuanto
a
en
qué
momento
la
Secretaría
del
tribunal de instancia debe expedir los emplazamientos, la
Regla 4. 3 (c) de Procedimiento Civil, supra, es clara al
establecer
que
emplazamientos
ésta
el
tiene
mismo
el
día
deber
de
expedir
los
que
se
presente
la
en
demanda.25 Claro está, siempre que el demandante entregue
los formularios de emplazamiento ese mismo día.26 Así,
“expedido
el
emplazamiento,
la
parte
que
solicita
el
mismo cuenta con un término de ciento veinte (120) días
para poder diligenciarlo”.27 Este término es improrrogable
y, consecuentemente, si en 120 días el demandante no ha
podido
diligenciar
el
emplazamiento
automáticamente
se
desestimará su causa de acción.
Al
comenta
respecto,
el
profesor
que
el
caso
“[e]n
que
Rafael
Hernández
Secretaría
Colón
expida
los
emplazamientos el mismo día, la Regla 4.3 (c) no provee
discreción al tribunal para extender el término”.28 Por
ello, “no puede recurrirse a la R. 68.2, 2009 para que el
juez conceda una prórroga al término para emplazar debido
a
que
estaría
en
contravención
con
la
intención
legislativa”.29
25
Regla 4.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V.
26
Bco. Des. Eco. v. AMC Surgery, 157 DPR 150, 155 (2002).
27
Torres Zayas v. Montano Gómez, 2017 TSPR 202, 198 DPR ___ (2017).
28
Hernández Colón, op. cit., págs. 232-233.
Íd., pág. 267. La Regla 68.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32
LPRA Ap. V, lee como sigue:
Cuando por estas reglas o por una notificación dada en
virtud de sus disposiciones, o por una orden del tribunal
29
CC-2015-0304
Ahora
14
bien,
si
la
Secretaría
del
tribunal
de
instancia no expidiera los emplazamientos el mismo día en
que se presentó la demanda junto a los formularios de
emplazamiento, la Regla 4. 3 (c) de Procedimiento Civil,
supra,
establece
que
el
tiempo
que
se
haya
demorado
Secretaría será el mismo tiempo adicional que el tribunal
otorgará para gestionar el diligenciamiento. Ello, una
vez el demandante presente oportunamente una solicitud de
prórroga.
Sin embargo, es sabido que “[p]ara que comience a
decursar ese término, es requisito no solamente que se
haya presentado la demanda y sometido el emplazamiento
correspondiente sino, además, que el emplazamiento sea
expedido por el tribunal”.30 Esto, unido a que la propia
regla establece que el tiempo que se demore la Secretaría
en
expedir
adicional
los
que
emplazamientos
otorgarán
los
será
el
tribunales,
mismo
nos
tiempo
lleva
a
concluir que no se trata de solicitar una prórroga como
tal. Mas bien, se trata del deber de presentar una moción
se requiera o permita la realización de un acto en o dentro
de un plazo especificado, el tribunal podrá, por justa
causa, en cualquier momento y en el ejercicio de su
discreción: (1) previa moción o notificación, o sin ellas,
ordenar que se prorrogue o acorte el término si así se
solicita
antes
de
expirar
el
término
originalmente
prescrito o según prorrogado por orden anterior, o (2) en
virtud de moción presentada después de haber expirado el
plazo especificado, permitir que el acto se realice si la
omisión se debió a justa causa, pero no podrá prorrogar o
reducir el plazo para actuar bajo las disposiciones de las
Reglas 43.1, 44.1, 47, 48.2, 48.4, 49.2 y 52.2, salvo lo
dispuesto en las mismas bajo las condiciones en ellas
prescritas.
Bco. Des. Eco. v. AMC Surgery, supra, y Torres Zayas v. Montano
Gómez, 2017 TSPR 202, 198 DPR ___ (2017).
30
CC-2015-0304
al
tribunal
15
solicitando
la
expedición
de
los
emplazamientos.31 En consecuencia, una vez la Secretaría
expide el emplazamiento, entonces comenzará a transcurrir
el término de 120 días. Por eso, no se trata en realidad
de
una
prórroga
debido
a
que
en
ninguna
de
estas
circunstancias la parte contará con más de 120 días.
Ahora bien, los demandantes no pueden cruzarse de
brazos y dejar que transcurra un periodo irrazonable para
presentar la moción.32 De lo contrario, se actuaría en
contravención
al
principio
rector
de
resolver
las
controversias de forma justa, rápida y económica.
III
El peticionario alega que el Tribunal de Primera
Instancia no tenía discreción para prorrogar el término
de
120
días
para
diligenciar
el
emplazamiento.
Tiene
razón.
Tras analizar el tracto legislativo, es notorio que
la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, sufrió
cambios sustanciales. En lo pertinente a la controversia
ante nuestra consideración, es de especial atención la
discreción de los jueces a la hora de extender el término
para diligenciar el emplazamiento. Nótese que, desde la
vigencia33 de la Regla 4. 3 (c) de Procedimiento Civil,
31
Bco. Des. Eco. v. AMC Surgery, supra, pág. 156.
32
Íd.
La Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, está
vigente desde el 1 de julio de 2010.
33
CC-2015-0304
16
supra, si la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia
expide los emplazamientos el mismo día en que se presenta
la demanda no cabe hablar de discreción a la hora de
extender
el
término
de
120
días
para
diligenciar
los
emplazamientos. Lo anterior responde a los cambios que
sufrió la Regla 4. 3 (c) de Procedimiento Civil, supra,
en
cuanto
al
carácter
dispositivo
respecto,
el
profesor
Hernández
de
la
demanda.
Al
Colón
comenta
lo
siguiente:
[D]ado
que
el
incumplimiento
con
el
diligenciamiento ya no cuenta con la drástica
sanción de la desestimación con perjuicio en un
primer intento, y que el texto que concedía al
juez discreción para permitir la prórroga fue
eliminado, el término para el diligenciamiento no
puede ser prorrogado cuando Secretaría expide el
mismo día en que se presenta la demanda.34
Como mencionáramos, en el caso de autos la demanda
fue
presentada
por
segunda
ocasión
el
16
de
octubre
de 2013 y ese mismo día la Secretaría del Tribunal de
Primera
Instancia
consiguiente,
expidió
los
recurridos
los
emplazamientos.
tenían
120
días
Por
para
diligenciar los emplazamientos contados a partir del 16
de octubre de 2013 y vencederos el 13 de febrero de 2014.
Es
decir,
una
vez
transcurridos
los
120
días
sin
diligenciar los emplazamientos, el Tribunal de Primera
Instancia venía obligado a desestimar la demanda de forma
automática,
34
ello,
sin
concesión
Hernández Colón, op. cit., págs. 267-268.
de
prórroga
alguna.
CC-2015-0304
17
Nótese que la prórroga concedida a los recurridos tuvo el
efecto de extender el término a 152 días para diligenciar
el emplazamiento. No obstante, a pesar de que el Tribunal
de Primera Instancia otorgó a los recurridos la prórroga
solicitada,
emplazar
por
éstos
presentaron
edictos.
Nótese
una
que
Moción
para
solicitando
esta
fecha
ya
habían transcurrido 142 días desde que se presentó la
demanda y se expidieron los emplazamientos. Queda claro
que todo lo anterior va en total contravención a la Regla
4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra.
De
esta
forma,
nuevamente
erró
el
Tribunal
de
Primera Instancia al declarar con lugar la solicitud del
emplazamiento por edicto. Consecuentemente, el Tribunal
de Primera Instancia no adquirió jurisdicción sobre el
peticionario a través del emplazamiento por edicto.35
Concluimos
lograron
que
diligenciar
debido
a
que
los
recurridos
no
personalmente
los
emplazamientos
dentro del término de 120 días, la demanda debió ser
desestimada automáticamente.
Sin embargo, lo anterior no dispone totalmente del
caso
de
epígrafe
puesto
que
nos
resta
atender
si
la
desestimación de la demanda es con o sin perjuicio. Al
analizar la Regla 4. 3 (c) de Procedimiento Civil, supra,
queda claro que un primer incumplimiento con el término
de 120 días para diligenciar el emplazamiento conlleva la
A raíz de dicha conclusión, prescindimos de atender los
señalamientos de error relativos a la pertinencia y suficiencia del
emplazamiento por edictos.
35
CC-2015-0304
18
desestimación
sin
perjuicio.
No
obstante,
un
segundo
incumplimiento tendrá el efecto de una adjudicación en
los
méritos,
es
decir
la
desestimación
será
con
perjuicio.
Surge
del
expediente
que
la
primera
presentada
por
los
perjuicio36
al
amparo
recurridos
fue
desestimada
sin
39.
de
de
la
Regla
2
demanda
(a)
Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap.V.37 Esta primera
desestimación
correspondió
a
que
los
recurridos
no
cumplieron con las órdenes del tribunal ni con la Regla
4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra. Por consiguiente,
es forzoso concluir que como los recurridos incumplieron,
por
segunda
ocasión,
con
el
término
para
emplazar,
entonces la desestimación de la demanda de epígrafe debe
ser con perjuicio.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, se revoca tanto
la denegatoria de expedición del Tribunal de Apelaciones
Véase Sentencia (Caso Núm. JDP2012-0439), Apéndice de la Petición
de certiorari, pág. 73.
36
La Regla 39. 2 (a) de Procedimiento Civil de 2009, dispone lo
siguiente:
Desestimación
(a) Si la parte demandante deja de cumplir con estas reglas
o con cualquier orden del tribunal, el tribunal a
iniciativa propia o a solicitud de la parte demandada podrá
decretar la desestimación del pleito o de cualquier
reclamación
contra
ésta
o
la
eliminación
de
las
alegaciones, según corresponda.32 LPRA Ap.V.
37
[…]
CC-2015-0304
como
el
dictamen
19
del
Tribunal
de
Primera
Instancia.
Consecuentemente, se desestima la demanda con perjuicio.
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Larry E. Bernier González
Cathy E. Bernier González
Elsie Esther González Mercado
Recurridos
CC-2015-0304
Certiorari
v.
José Carlos Rodríguez Becerra
Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2018.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede la cual se hace formar parte íntegra de
la presente, se revoca tanto la denegatoria de
expedición del Tribunal de Apelaciones como el
dictamen
del
Tribunal
de
Primera
Instancia.
Consecuentemente, se desestima la demanda con
perjuicio.
Así
lo
pronunció,
manda
el
Tribunal
y
certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La
Jueza Asociada señora Pabón Charneco concurre con el
resultado y hace constar la siguiente expresión:
“La
Jueza
Asociada
señora
Pabón
Charneco concurre con el resultado. Los
recurridos no lograron diligenciar los
emplazamientos ni solicitaron emplazar
por
edictos
dentro
del
término
dispuesto en la Regla 4.3 (c) de
Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA
Ap. V. Si los recurridos hubieran
solicitado emplazar por edictos dentro
del término dispuesto, estos hubieran
tenido 120 días para emplazar desde la
fecha de expedición del emplazamiento
por edicto”.
CC-2015-0304
2
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez concurre sin
opinión escrita. El Juez Asociado señor Rivera García
emite Opinión disidente.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Larry E. Bernier González
Cathy E. Bernier González
Elsie Esther González Mercado
Recurridos
v.
José Colón Rodríguez
Peticionario
CC-2015-0304
Opinión disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR RIVERA GARCÍA
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2018.
El
caso
objeto
de
estudio
nos
concedía
la
ocasión de disipar cualquier interrogante sobre la
naturaleza
del
término
preceptúa
la
Regla
de
ciento
4.3(c)
de
veinte
las
días
que
Reglas
de
Procedimiento Civil, infra, para que un demandante
diligencie el emplazamiento a la parte demandada.
Una
mayoría
intención
plazo
de
mis
legislativa
en
uno
de
en
ausencia
de
efecto
convirtió
el
jurisdiccional
o
compañeros
a
tal
carácter
improrrogable a pesar de que las Reglas 4.3(c) y
68.2
de
confirieron
Procedimiento
esa
Civil,
característica.
infra,
Esta
no
le
apreciación
tiene repercusiones fatales y se aparta radicalmente
de
las
normas
de
hermenéutica
que
hemos
CC-2015-0304
elaborado.
2
Primero,
imprime
a
la
Regla
un
grado
de
automatismo, toda vez que, transcurrido el periodo en un
subsiguiente caso, el pleito se tendría que desestimar
con
perjuicio
sin
consideración
ulterior.
Segundo,
arrebata totalmente la discreción que reconocimos a los
juzgadores
para
extender
demandante
satisface
este
las
término
condiciones
cuando
el
necesarias
y
acredita la existencia de justa causa para su dilación.38
Debido a que los hechos se encuentran consignados en
la
Opinión
Mayoritaria,
procederé
a
esbozar
el
marco
legal para justipreciar la controversia.
I
Nuestros
foros
judiciales
tienen
que
obtener
jurisdicción sobre la persona del demandado para poder
contar
con
autoridad
emplazamiento
permite
al
es
para
actuar
sobre
éste.39
El
principal
que
“el
mecanismo
procesal
tribunal
adquirir
jurisdicción
sobre
el
demandado de forma tal que éste quede obligado por el
dictamen que finalmente se emita”.40 Es, además, un método
para hacer valer la exigencia constitucional del debido
proceso de ley que requiere que toda parte demandada sea
notificada de la reclamación en su contra y que se le
brinde
la
oportunidad
de
ser
oída
antes
de
que
se
adjudiquen derechos y responsabilidades su contra.41
38
Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721 (1981).
39
Álvarez v. Arias, 156 DPR 351, 365-366 (2002).
40
Cirino González v. Adm. Corrección, 190 DPR 14, 29-30 (2014).
J. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1era ed.
rev., Colombia, Ed. Nomos, 2012, pág. 54.
41
CC-2015-0304
3
Por ser un imperativo constitucional, recientemente,
en Torres Zayas et als. v. Montano Gómez, et als., 2017
TSPR
202,
Tribunal
en
la
página
reafirmó
que
11,
“los
198
DPR
___
requisitos
que
(2017),
este
dispone
la
regla de emplazamiento son de estricto cumplimiento”.42
(Énfasis
suplido).
requerimientos
que
Precisamente,
establece
nuestro
uno
de
los
Derecho
Procesal
Civil para el emplazamiento es que se diligencie en un
plazo de ciento veinte días. Esta exigencia se consignó
en la Regla 4.3(c) al preceptuar que
[e]l emplazamiento será diligenciado en el
término de ciento veinte (120) días a partir de
la presentación de la demanda o de la fecha de
expedición del emplazamiento por edicto. Si el
Secretario o Secretaria no los expide el mismo
día, el tiempo que se demore será el mismo
tiempo adicional que los tribunales otorgarán
para diligenciar los emplazamientos una vez la
parte demandante haya presentado de forma
oportuna
una
solicitud
de
prórroga.
Transcurrido dicho término sin que se haya
diligenciado el emplazamiento, el tribunal
deberá
dictar
sentencia
decretando
la
desestimación y archivo sin perjuicio. Una
subsiguiente
desestimación
y
archivo
por
incumplimiento con el término aquí dispuesto
tendrá el efecto de una adjudicación en los
méritos.
De acuerdo a lo transcrito, de ordinario, el periodo
para diligenciar el emplazamiento comienza a correr desde
que
se
insta
la
demanda
o
cuando
se
expide
el
emplazamiento por edicto. Esto se debe a que el mismo se
tiene que expedir inmediatamente de instarse la demanda
Véase, además: Quiñones Román v. Cía, 152 DPR 367, (2000), donde
expusimos que “el emplazamiento es un imperativo constitucional del
debido proceso de ley, hemos exigido un cumplimiento estricto cuando
se trata de sus requisitos”.
42
CC-2015-0304
4
porque “se trata de un trámite ministerial, automático,
subsiguiente a la presentación de la demanda”.43 Si no se
expide en esa fecha, el tribunal tendrá que conceder una
prórroga por el mismo tiempo que se demoró el Secretario
o
Secretaria
en
expedir
el
emplazamiento,
si
el
demandante lo solicita. En el caso de que trascurra el
término dispuesto sin haberse diligenciado, el tribunal
deberá dictar sentencia desestimando la causa de acción
sin perjuicio. Sin embargo, una segunda desestimación por
la
inobservancia
del
referido
plazo
conlleva
una
adjudicación en los méritos.
Ahora
periodo
bien,
para
como
tenemos
diligenciar
que
el
determinar
emplazamiento
si
el
puede
prorrogarse, debemos ponderar las normas relacionadas a
los términos. Esto se debe a que uno de los principios de
mayor
relevancia
en
el
esquema
normativo
del
proceso
civil es el que impera sobre los plazos que las partes
tienen para actuar.44 El término es el periodo que la ley
concede
para
ejecutar
determinada
actuación
procesal.45
Los términos que las reglas procesales proveen son para
que las partes actúen dentro los mismos y los efectos de
sus
inobservancias
varían.46
A
lo
largo
de
nuestra
casuística hemos admitido que existen distintos tipos de
43
Monell Cardona v. Aponte, 146 DPR 20, 24 (1998).
44
Cruz Parilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 402 (2012).
R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico Derecho
Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. Lexis Nexis de Puerto Rico,
2017, pág. 230.
45
“los términos provistos por las leyes y reglas procesales son para
que las partes actúen en determinado plazo y las consecuencias de la
inacción varían con frecuencia”. Hernández Colón, op. cit., pág. 230.
46
CC-2015-0304
plazos,
a
5
saber:
discrecionales,
cumplimiento
estricto
y
pertinencia,
nuestro
enfoque
directivos,
jurisdiccionales.47
estará
en
de
Por
su
los
periodos
que
no
jurisdiccionales y de cumplimiento estricto.
Los
términos
jurisdiccionales
son
los
están
sujetos a ser interrumpidos o a que se cumplan de forma
tardía.48
Se
denominan
“porque
transcurren
como
jurisdiccionales
inexorablemente,
no
o
fatales
importa
las
consecuencias procesales que su expiración provoque”.49
Con el propósito de descifrar
carácter
jurisdiccional
es
si un
imprescindible
plazo es de
examinar
la
Regla 68.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Esta
regla dispone que
[c]uando
por
estas
reglas
o
por
una
notificación
dada
en
virtud
de
sus
disposiciones, o por una orden del tribunal se
requiera o permita la realización de un acto en
o dentro de un plazo especificado, el tribunal
podrá, por justa causa, en cualquier momento y
en el ejercicio de su discreción: (1) previa
moción o notificación, o sin ellas, ordenar que
se prorrogue o acorte el término si así se
solicita
antes
de
expirar
el
término
originalmente prescrito o según prorrogado por
orden anterior, o (2) en virtud de moción
presentada después de haber expirado el plazo
especificado, permitir que el acto se realice
si la omisión se debió a justa causa, pero no
podrá prorrogar o reducir el plazo para actuar
bajo las disposiciones de las Reglas 43.1,
44.1, 47, 48.2, 48.4, 49.2 y 52.2 todas de este
apéndice, salvo lo dispuesto en las mismas bajo
las condiciones en ellas prescritas.(Énfasis
suplido).
47
Hernández Colón, op. cit., pág. 230.
48
Cruz Parilla v. Depto. Vivienda, supra, pág. 403.
49
Hernández Colón, op cit., pág. 234.
CC-2015-0304
6
Obsérvese que la
reglas
cuyos
disposición
periodos
son
citada establece
las
jurisdiccionales
o
improrrogables. Tenemos que tomar en cuenta, también, que
a
raíz
de
“las
graves
determinar
que
un
jurisdiccional,
claramente
la
imponerle
esa
consecuencias
que
acarrea
término
de
naturaleza
es
hemos
expresado
que
debe
intención
legislativa
del
legislador
característica
al
el
surgir
de
término”.(Énfasis
suplido).50 Es decir, para razonar que un plazo es de
naturaleza jurisdiccional, o improrrogable, es ineludible
que se desprenda una intención legislativa de imprimirle
dicho carácter al mismo. Para esto, “los tribunales deben
realizar un ejercicio de interpretación estatutaria para
encontrar la expresión clara del legislador en cuanto a
la naturaleza del término”.51
Por otro lado, los periodos de estricto cumplimiento
son aquellos que “se sitúan a medio camino entre los
términos prorrogables y los improrrogables. Se trata de
un énfasis en su aplicación mediante la mecánica de justa
causa más estricta que la que se requiere para prorrogar
los
términos
ordinarios”.52
Estos
pueden
prorrogarse
cuando la parte que peticiona la prórroga, o actúa fuera
del periodo, evidencia la existencia de una justa causa
que impidió ejecutar la acción en el término establecido
Cruz Parilla v. Depto. Vivienda, supra, 403-404. Véase, además: J.
Directores v. Ramos, 157 DPR 818, 823-824 (2002).
50
51
Cruz Parilla v. Depto. Vivienda, supra, pág. 404.
52
Hernández Colón, op. cit., pág. 235.
CC-2015-0304
7
por ley.53 En otras palabras, la extensión de un plazo de
cumplimiento estricto está supeditada a que se demuestre
justa
causa.
Así,
en
estos
casos,
“los
tribunales
no
están atados al automatismo que conlleva un requisito de
carácter
jurisdiccional
pertinente,
y
pueden
extendiendo
el
proveer
el
término
remedio
según
las
circunstancias”.54
Esbozada la normativa jurídica
pertinente
al caso
que nos ocupa, evaluaremos la naturaleza del término que
la
parte
demandante
tiene
para
diligenciar
el
el
del
emplazamiento.
II
Según
aludido,
para
determinar
carácter
periodo que las Reglas de Procedimiento Civil erigen para
diligenciar
el
emplazamiento
desprenda
claramente
imprimirle
esa
realicemos
un
para
auscultar
una
es
intención
característica.
ejercicio
la
de
imprescindible
Ello
que
se
legislativa
de
conlleva
que
interpretación
expresión
del
estatutaria
legislador
sobre
la
naturaleza del término. También, debemos ser conscientes
que las Reglas requieren una interpretación que facilite
el acceso a los tribunales y el manejo del proceso para
así garantizar un resultado justo, rápido y económico.55
Con esto en mente, procedamos a indagar si el término
objeto de examen es de carácter jurisdiccional.
53
Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013).
54
Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1910.
55
32 LPRA Ap. V, R. 1.
CC-2015-0304
8
El primer paso para interpretar un estatuto es ver
su texto, “ya que si el legislador se expresó de forma
clara e inequívoca, [este] es considerado la expresión
misma de la intención legislativa”.56 En ese sentido, cabe
resaltar que la Regla 4.3(c) expresamente establece que
una parte puede solicitar la extensión del plazo para
diligenciar
Mayoría
el
emplazamiento.57
entiende
“solicitud
de
que
No
aunque
prorroga”,
no
la
lo
obstante
Regla
es.
Por
ello,
alude
el
a
la
una
contrario,
argumenta que se trata de un deber de pedir al tribunal
que expida el emplazamiento para que el periodo comience
a transcurrir. A raíz de ello, concluye que las partes
nunca contarán con más de ciento veinte días. Difiero.
Veamos el por qué.
Según el propio texto de la Regla y lo resuelto en
Monell Cardona v. Aponte, 146 DPR 20 (1998), el término
para emplazar siempre comienza a de cursar desde que se
insta la demanda o cuando se expide el emplazamiento por
edicto.
Esto,
dado
que
la
Regla
4.1
exige
que
el
demandante presente el formulario de emplazamiento junto
con la demanda y que el Secretario o Secretaria lo expida
inmediatamente.
disponer
que
No
cuando
obstante,
el
la
Regla
emplazamiento
no
es
clara
al
se
expide
el
mismo día en que se insta la demanda, la parte puede
56
Cordero Vargas v. Pérez Pérez, 2017 TSPR 152, 198 DPR ____ (2017).
En particular, dispone que “Si el Secretario o Secretaria no los
expide el mismo día, el tiempo que se demore será el mismo tiempo
adicional
que
los
tribunales
otorgarán
para
diligenciar
los
emplazamientos una vez la parte demandante haya presentado de forma
oportuna una solicitud de prórroga”.
57
CC-2015-0304
9
solicitar una prórroga oportunamente y el tribunal tiene
la obligación de concederla por el mismo tiempo que se
demoró en expedirlo. Es decir, cuando la parte demandante
no
peticiona
transcurrir
la
una
extensión,
vez
se
el
presenta
término
la
comienza
demanda.
Por
a
tal
razón, se trata de una prórroga al plazo que, de por sí,
veda que el Tribunal lo catalogue como improrrogable.
Ahora bien, a los fines de disipar cualquier duda
nos referimos al historial legislativo de la medida. Tras
examinar el mismo, nada permite inferir que se pretendió
hacer
del
periodo
estudiado
uno
jurisdiccional.
En
el
Informe de la Cámara de Representantes se expresó que
“[s]e
modificó
el
término
para
diligenciar
el
emplazamiento y el término para contestar una demanda,
entre otros”.58
Informe Positivo sobre el P. de la C. 2249, 11 de noviembre de
2009, a la pág. 7. También se expresó lo siguiente:
58
El Comité enmendó la Regla de 1979 para, entre otras
cosas, establecer un término de noventa (90) días para el
diligenciamiento del emplazamiento con el fin de agilizar
el proceso judicial y evitar dilaciones injustificadas.
El Comité consideró que el término de seis meses
establecido en la regla de 1979 era sumamente extenso, lo
cual creaba dilaciones innecesarias.
No obstante, el
Tribunal
Supremo
no
acogió
dicha
recomendación
y
estableció que el emplazamiento será diligenciado en el
término de ciento ochenta (180) días a partir de la
presentación de la demanda o de la fecha de expedición
del emplazamiento por edicto.
Luego del proceso de
vistas públicas y reuniones entre ambas Comisiones, se
enmendó dicha regla para establecer el término de ciento
veinte (120) días a partir de la presentación de la
demanda o de la fecha de expedición del emplazamiento por
edicto, esto con el fin de agilizar el proceso judicial y
evitar dilaciones injustificadas, además de equipararlo a
lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil del
Tribunal Federal.
De igual forma, se enmendó para que transcurrido
dicho
término
sin
que
se
haya
diligenciado
el
emplazamiento,
el
tribunal
deberá
dictar
sentencia
decretando la desestimación y archivo sin perjuicio.
Además se incluyó el siguiente texto: Una subsiguiente
desestimación y archivo por incumplimiento con el término
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10
Asimismo,
el
Informe
de
Reglas
Civil
tampoco
contiene
expresión
plazo
aquí
disputa
no
en
se
de
Procedimiento
indicativa
puede
de
que
el
prorrogar.59
En
lo
pertinente, lo que se manifestó fue que
[l]a importancia del proceso estriba en que,
mediante el emplazamiento, el tribunal adquiere
jurisdicción sobre el demandado por lo que la
validez o nulidad del proceso y la sentencia
que se dicte en su día dependen de que se haya
cumplido todos los requisitos establecidos en
la regla. Por tal razón, el Tribunal Supremo
reiteradamente
ha
exigido
el
cumplimiento
estricto cuando se trata de los requisitos del
emplazamiento.
La
política
pública
existente
en
nuestro
ordenamiento es a los efectos de que los
demandados deben ser emplazados debidamente
para evitar fraude y que se utilicen los
procedimientos judiciales para privar a una
persona de su propiedad sin el debido proceso
de ley. De no cumplirse estrictamente con los
requisitos establecidos para el emplazamiento,
el tribunal no adquiere jurisdicción sobre la
persona del demandado.(Énfasis suplido).60
Es decir, se consignó lo que previamente habíamos
reconocido, que a los requisitos del emplazamiento se les
debe dar cumplimiento estricto.
Otro fundamento que impide concluir que el periodo
para
diligenciar
jurisdiccional
lo
el
emplazamiento
hallamos
en
la
es
de
Regla
carácter
68.2.
Esta
disposición establece aquellos términos de las Reglas de
Procedimiento
Civil
que
no
pueden
ser
prorrogados
ni
aquí dispuesto tendrá el efecto de una adjudicación en
los méritos. Íd., pág. 9.
Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Comité Asesor Permanente
de las Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de la Conferencia
Judicial y Notarial, 2008, págs. 34-38.
59
Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Comité Asesor Permanente
de las Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de la Conferencia
Judicial y Notarial, 2008, pág. 37.
60
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reducidos,
11
a
saber:
las
Reglas
43.1,
44.1,
47,
48.2,
48.4, 49.2 y 52.2. Nótese que, sin lugar a dudas, el
plazo aquí en controversia no se incorporó entre aquellos
que no se pueden prorrogar. Es más, hace tres décadas, en
Banco
Metropolitano
v.
Berríos,
110
DPR
721
(1981),
pautamos que, a luz de la Regla 4.3(b) y 68.2 de las
Reglas de Procedimiento Civil de 1979, el término para
diligenciar
el
emplazamiento
podía
ser
prorrogado
si
mediaba justa causa. En esa ocasión, la parte demandada
adujo que la prórroga para extender el plazo se pidió una
vez trascurrido el mismo, por tanto, la demanda se debía
desestimar
automáticamente.
Tras
estudiar
las
disposiciones aludidas reconocimos que el texto de las
dos
reglas
in[j]erencia
“dejan
sentado
decisiva
de
la
con
gran
discreción
claridad
judicial
en
la
la
prórroga del término para diligenciar el emplazamiento,
discreción para determinar, en el momento procesal en que
se
suscite
la
cuestión,
negligencia
excusable
(Bastardillas
en
el
en
si
medió
la
original
y
justa
causa
omisión
combatida.
énfasis
suplido).61
Reconocimos, además, que
[l]a Regla 4.3 (b) es un desarrollo paralelo de
la Regla 39.1(b) sobre desestimación del pleito
por inactividad, y ambas tienen el mismo
propósito de acelerar la litigación y despejar
los calendarios, operando la primera en la
temprana etapa del pleito. Sufriría el justo
equilibrio procesal, de negar a la parte que no
pudo diligenciar el emplazamiento en el término
original de seis meses, la oportunidad de ser
oído e invocar la discreción del juez con
demostración de justa causa que la Regla 39.2
61
o
Banco Metropolitano v. Berríos, supra, pag. 723.
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ordena para los casos en que no hubiere trámite
durante los últimos meses.62
Inclusive, pronunciamos que “[l]a expiración del término
de seis meses no tiene efecto de caducidad de la acción,
ni de nulidad, ni mucho menos afecta la jurisdicción del
tribunal”.63
En apretada síntesis, pautamos que bien sea por la
antigua
regla
de
la
emplazamiento
cual
contenía
una
disposición sobre cómo se debía prorrogar o por la Regla
68.2, el periodo para emplazar podía ser prorrogado por
justa causa. Aclaramos que este término es un mecanismo
para acelerar la litigación y despejar los calendarios.
Resolvimos que el hecho de que la regla ordenara que
“[t]ranscurrido el término original o su prórroga sin que
el emplazamiento hubiere sido diligenciado, se tendrá a
la parte actora desistida, con perjuicio”, no afectaba la
jurisdicción de los tribunales.64
Siendo
esa
la
norma
vigente
al
considerarse
las
nuevas reglas, de haber querido la Asamblea Legislativa
que el término fuera de carácter jurisdiccional: primero,
no
hubiese
Aponte,
adoptado
supra,
y
lo
resuelto
estatuido
la
en
Monell
“solicitud
Cardona
de
v.
prorroga”
cuando no se expide el día que se presenta la demanda; y,
segundo, hubiese incluido la Regla 4.3(c) a la Regla 68.2
62
Banco Metropolitano v. Berríos, supra, pág. 724.
63
Íd., págs. 725-726.
64
Íd., pág. 724.
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dentro de aquellos periodos que no se pueden prorrogar.
Sin embargo, no fue así.
No quedaba de otra que concluir que a la luz de las
Reglas 4 (c) y 68.2 una parte puede solicitar prorroga
oportunamente en dos escenarios: (1) cuando el Secretario
o
la
Secretaria
haya
expedido
el
emplazamiento
con
posterioridad a la presentación de la demanda; o (2) si
puede acreditar claramente la existencia de justa causa
para ello.
De hecho, con posterioridad a la aprobación de las
Reglas de Procedimiento Civil de 2009, hemos dispuesto
que los requisitos relacionados con el emplazamiento son
de cumplimiento estricto. Véanse: Torres Zayas et als. v.
Montano Gómez, supra; Sánchez Rivera v. Malavé Rivera,
192
DPR
854,
comparten
este
874
(2015).
criterio.
Además,
El
varios
profesor
tratadistas
Cuevas
Segarra
asevera que dentro de los plazos de cumplimiento estricto
queda
comprendida
“[l]a
Regla
4.3(c)-
[que]
reduce
el
término para emplazar de seis meses a ciento veinte (120)
días”.65 Asimismo, el profesor Javier Echevarría Vargas
estimó que
a los tribunales le debe ser reconocida la
facultad de discrecionalmente ampliar o reducir
ese término siempre que exista justa causa para
ello. Ortalaza v. FSE, 116 DPR 700 (1985). Esa
facultad judicial surge conforme con el alcance
de la Regla 68.2 de Procedimiento Civil de 2009
la que permite la ampliación, o la reducción,
de los términos siempre que exista justa causa
para ello. (Énfasis suplido).66
65
Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1910.
66
Echevarría Vargas, op. cit., pág. 62.
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Como observamos, son varios los fundamentos que nos
inclinan a concluir que el periodo para diligenciar el
emplazamiento
no
es
jurisdiccional
prorrogable.
Primero,
para
y
que
que
un
sí
término
es
sea
jurisdiccional es menester que se desprenda claramente la
intención
legislativa
de
concederle
ese
carácter.
Segundo, el texto de la Regla 4.3 expresamente establece
que la parte puede solicitar una prórroga. Tercero, la
Regla 68.2 no dispone que el plazo para diligenciar el
emplazamiento
es
improrrogable.
casuística
ha
sido
tajante
al
disponer
requisitos
del
emplazamiento
se
les
cumplimiento
estricto.
Por
todo
Cuarto,
lo
que
tienen
anterior,
nuestra
a
los
que
dar
disiento
respetuosamente de la norma de Derecho formulada por la
Mayoría.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado