Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Alfredo Cardona Álvarez
2018 TSPR 111
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Alfredo Cardona Álvarez
TS-3,627
Conducta Profesional: Censura enérgica por desatender los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías y, de esa forma, cumplir tardíamente con la Ley Notarial de Puerto Rico y el Canon 9 de Ética Profesional.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2018 TSPR 111
200 DPR ____
Alfredo Cardona Álvarez
Número del Caso: TS-3,627
Fecha:
13 de junio de 2018
Abogado del promovido:
Por derecho propio
Oficina de Inspección de Notarías:
Lcdo. Manuel Ávila De Jesús
Director
Materia: Conducta Profesional: Censura enérgica por desatender los
requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías y, de esa
forma, cumplir tardíamente con la Ley Notarial de Puerto Rico y el
Canon 9 de Ética Profesional.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Alfredo Cardona Álvarez
TS-3,627
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 13 de junio de 2018.
Nos
vemos
obligados
a
ejercer
nuestro
poder
disciplinario y censurar enérgicamente a un miembro de la
profesión
Notarial
jurídica
de
Puerto
por
Rico,
cumplir
infra,
tardíamente
con
y
9
el
Canon
la
de
Ley
Ética
Profesional, infra, al desatender los requerimientos de la
Oficina de Inspección de Notarías (ODIN).
I
El 7 de mayo de 2018, el Lcdo. Manuel E. Ávila De
Jesús, Director de la ODIN, presentó ante este Tribunal el
Informe Especial sobre Incumplimiento de la Ley Notarial y
su Reglamento/ Solicitud Urgente de Incautación Preventiva
de Obra Protocolar (Informe). En esencia, señaló que el
Lcdo. Alfredo Cardona Álvarez (licenciado Cardona Álvarez
o promovido) se negó a expedir una copia certificada de
una escritura pública, ello en contravención a los Arts.
43 y 44 de la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial),
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4 LPRA secs. 2065-2066.1 Según surge del Informe, el 19 de
diciembre de 2014, el licenciado Cardona Álvarez autorizó
la escritura pública número treinta sobre compraventa, en
la cual el Sr. Roberto Emil Pérez Rivera (señor Pérez
Rivera o requirente) compareció como otorgante. Así las
cosas, desde el
21 de julio de 2017, la
representación legal del señor Pérez Rivera le solicitó al
promovido
que
expidiera
una
copia
certificada
de
la
escritura mencionada para fines de presentar la misma en
el Registro de la Propiedad. No obstante, el licenciado
Cardona Álvarez se negó a expedir la copia certificada,
dado que el requirente le adeudaba
concepto
de
honorarios
desde
desprende
del
la
$500.00 en
otorgación
de
la
resolver
la
escritura.
Según
se
Informe,
para
situación en controversia y tras la reiterada negativa del
promovido, el 31 de enero de 2018, la representación legal
del señor Pérez Rivera se comunicó con la ODIN. A esos
efectos,
la
ODIN
llevó
a
cabo
la
investigación
correspondiente. Consecuentemente, se comunicó con ambos
letrados
y
le
solicitó
al
licenciado
Cardona
Álvarez
coordinar con el requirente para la expedición de la copia
certificada solicitada en o antes del 3 abril de 2018. A
pesar de ello, la representación legal del señor Pérez
1El
Lcdo. Alfredo Cardona Álvarez fue admitido al
ejercicio de la abogacía el 24 de noviembre de 1970 y
juramentó como notario el 13 de mayo de 1971.
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Rivera le notificó a la ODIN que el licenciado Cardona
Álvarez había incumplido con sus requerimientos y que no
había
podido
comunicarse
con
él,
a
pesar
de
varios
intentos. Empero, el 20 de abril de 2018, el promovido
contestó
el
Informe
y,
en
síntesis,
alegó
que
su
denegatoria a expedir la copia certificada se fundamentaba
en los honorarios adeudados por el requirente. Ante ello,
el
Director
de
la
ODIN
se
comunicó
con
el
licenciado
Cardona Álvarez y éste se negó nuevamente a expedir la
copia
certificada
en
cuestión.
Por
consiguiente,
el
Director de la ODIN instruyó a un inspector de protocolos
y
notarías
visitar
al
promovido.
En
esa
visita,
éste
último insistió nuevamente en su negativa de expedir la
copia certificada.
Examinado el Informe, el 15 de mayo de 2018 emitimos
una Resolución, notificada el 29 de mayo de 2018, en la
cual le concedimos un término de diez días al licenciado
Cardona Álvarez para que expidiera la copia certificada,
lo acreditara ante este Tribunal y mostrara causa por la
cual no debía ser suspendido inmediata e indefinidamente
del
ejercicio
de
la
abogacía
por
desobedecer
los
requerimientos de la ODIN.
El 17 de mayo de 2018, compareció el promovido en
contestación
al
Informe
presentado
síntesis,
aceptó
que
se
negó
certificada
dado
que
el
requirente
le
honorarios,
los
sellos
de
internas
a
rentas
por
la
entregar
ODIN.
En
la
copia
adeudaba
los
y
los
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4
comprobantes
de
inscripción
de
cuando
se
otorgó
la
escritura. Entiéndase, el licenciado Cardona Álvarez alegó
que “podía exigir el pago de los honorarios notariales
como
condición
para
Contestación
a
Notarial
su
y
expedir
Informe
la
sobre
Reglamento
copia
certificada...”.
Incumplimiento
de
la
Ley
y
Urgente
de
Solicitud
Incautación Preventiva de Obra Protocolar, pág. 2. A su
vez, señaló que ya presentó la escritura en el Registro de
la Propiedad y que luego le envió la copia certificada al
representante legal del señor Pérez Rivera. Sin embargo,
según se desprende de su contestación, esta gestión fue
producto de una comunicación con la otra parte otorgante
de la escritura, quien se comprometió a pagar para que se
expidiera
la
copia
argumenta
que
el
certificada.
procedimiento
Además,
el
debe
llevar
se
promovido
a
cabo
conforme al Art. 44 de la Ley Notarial, supra. Es decir,
que de la decisión de la ODIN se debe recurrir a la sala
competente del Tribunal de Primera Instancia. Por último,
arguyó
que
este
Tribunal
se
situaciones
como
ésta,
dado
Notarial,
supra,
sec.
2131,
debe
que
el
expresar
sobre
las
Art.
77
de
Ley
los
honorarios
establece
la
correspondientes de los notarios.
Por último, el 31 de mayo de 2018, el licenciado
Cardona Álvarez compareció nuevamente ante este Tribunal,
en esta ocasión para responder sobre la posibilidad de ser
disciplinado.
En
ésta,
únicamente
expresa
que
presentó
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5
contestación al Informe en el cual señaló que ya expidió
la copia certificada requerida.
II
A.
El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA
Ap. XI, C. 9, requiere que los abogados y abogadas se
conduzcan con el mayor respeto hacia los tribunales. In re
López Santiago, res. el 21 de febrero de 2018, 2018 TSPR
31, pág. 11 (Per Curiam). Conforme a ello, en múltiples
ocasiones, hemos disciplinado a abogados que incumplen con
su deber de contestar con diligencia los requerimientos de
este
Tribunal
y
acatar
nuestras
órdenes.
In
re
Cesani
Rodríguez, res. el 11 de mayo de 2018, 2018 TSPR 93, págs.
6-7 (Per Curiam); In re Vélez Rivera, res. el 8 de enero
de 2018, 2018 TSPR 4, pág. 6 (Per Curiam). Sabido es que
desatender
nuestras
órdenes
es
incompatible
con
la
práctica de la profesión, ya que constituye una violación
al
Canon
9
del
Código
de
Ética
Profesional,
supra,
y
menoscaba nuestro poder inherente de regular la profesión
jurídica. In re Pérez Lugo, res. el 11 de mayo de 2018,
2018 TSPR 87, pág. 3 (Per Curiam); In re Vélez Rivera,
supra. Consecuentemente, hemos sido tajantes al concluir
que
tal
indefinida
conducta
del
conlleva
ejercicio
de
la
separación
la
abogacía.
inmediata
In
re
e
Torres
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6
Hernández, res. el 11 de mayo de 2018, 2018 TSPR 86, pág.
4 (Per Curiam).
Así
también,
hemos
a
requerimientos
extiende
los
expresado
que
lo
anterior
de
nuestros
se
brazos
operacionales, tales como la ODIN. In re Espino Valcárcel,
res. el 13 de febrero de 2018, 2018 TSPR 30, pág. 8 (Per
Curiam); In re Pratts Barbarossa, res. el 11 de enero de
2018, 2018 TSPR 5, pág. 7 (Per Curiam). De esta forma,
hemos
expresado
requerimientos
órdenes
que
que
que
hace
“[d]ebe
realiza
este
quedar
la
ODIN
Foro,
de
claro
son
manera
que
los
análogos
a
tal
deben
que
las
atenderse con igual premura y diligencia”. In re Arocho
Cruz, res. el 22 de mayo de 2018, 2018 TSPR 97, pág. 11.
Así pues, hemos sancionado disciplinariamente por, entre
otras cosas, haber desatendido los requerimientos de la
ODIN. Íd.; In re Pratts Barbarossa, supra.
B.
Los
notarios
tienen
la
obligación
de
cumplir
oportunamente con la Ley Notarial, su Reglamento y los
cánones del Código de Ética Profesional. El incumplimiento
con
alguna
implica
que
de
estas
fuentes
el
notario
de
podría
obligaciones
estar
sujeto
y
deberes
a
acciones
disciplinarias. Ello, ya que lesiona la confianza y la
función
pública
que
le
fue
confiada.
In
re
Cardona
Rodríguez, 198 DPR 494, 499 (2017).
Específicamente,
la
Ley
Notarial
y
su
Reglamento
establecen que tienen derecho a obtener copia certificada
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de una escritura los otorgantes, sus representantes, los
causahabientes y todas las personas a cuyo favor resulte
de la escritura un derecho, entre otros. 4 LPRA sec. 2065;
4 LPRA Ap. XXIV, R. 47. Sobre la negativa por parte del
notario en expedir una copia certificada, el Art. 44 de la
Ley Notarial, supra, señala que se podrá acudir ante el
Director de la ODIN. “Si la decisión fuese ordenando la
expedición de la copia, el notario lo hará constar en la
nota de expedición de la copia en la escritura matriz y en
la nota de certificación de la misma copia”. Íd. Por el
contrario, si la negativa es confirmada se podrá recurrir
ante la sala competente del Tribunal de Primera Instancia.
Según ese artículo, la resolución que emita ese foro será
revisable mediante certiorari ante este Tribunal Supremo.
Sobre la negativa por parte del notario en expedir
una
copia
certificada
de
una
escritura
pública,
este
Tribunal ha expresado lo siguiente:
[L]os honorarios del notario por certificar
una copia están predispuestos en la ley. Por
ende, si
una
parte
interesada satisface
esos
honorarios y derechos de rentas internas, el
notario no puede negarse a prestar ese servicio
bajo pretexto de que no le han pagado otros
honorarios no arancelarios, aun por servicios
legítimos prestados (v.g., estudios de título,
redacción de contrato o estudios de cláusulas
extraordinarias). Tiene que expedir la copia
certificada. Véase Román v. Agosto, 27 D.P.R. 574
(1919). Claro está, un notario a quien no
le pagan previamente los honorarios estipulados
en ley o los sellos de rentas internas no viene
obligado a otorgar, dar fe, ni autenticar el
instrumento concernido. Si el interesado no
retribuye sus honorarios y el monto de sellos de
rentas internas, el notario puede lícitamente
excusarse y abstenerse de intervenir y legitimar
el negocio.
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Razones poderosas fundadas en la naturaleza
y función eminentemente pública del quehacer
notarial, nos mueven a concluir que una vez el
notario
autoriza
una escritura,
no
puede
sustraerla,
como
tampoco
condicionar
la
juridicidad de haber dado fe, fundado en que no
se han satisfecho sus honorarios no arancelarios.
Desde el momento que opta por realizar el acto
notarial se expone a que queden relegados a
segundo plano tales honorarios no arancelarios y
por ende forzado a instar una acción ordinaria
para cobrarlos al amparo del Art. 1473 del Código
Civil. 31
L.P.R.A.
sec.
4111.
A
poco
reflexionemos nos percatamos de que es la única
interpretación compatible con la función pública
y el ejercicio excelente de la práctica notarial
que rechaza toda noción de afán de lucro
desmedido. Un notario puede arriesgarse --pero no
viene
compelido
a
autorizar
determinada escritura-- sin haber recibido sus
honorarios no arancelarios y los arancelarios,
inclusive
los
sellos
de
rentas
internas
correspondientes. (Énfasis
suplido)
(Escolio
omitido) In re Feliciano, 115 DPR 172, 180-181
(1984).
A la luz del marco jurídico expuesto, procedemos a
evaluar la conducta desplegada por el licenciado Cardona
Álvarez.
III
En este caso, no existe controversia que el promovido
se negó a expedir oportunamente la copia certificada de la
escrituras públicas del señor Pérez Rivera. Así lo aceptó
el
licenciado
Cardona
Álvarez
en
su
contestación
al
Informe. Su única defensa fue que el requirente no había
cumplido con su compromiso de pagar los honorarios, los
sellos
de
inscripción
rentas
de
internas
cuando
se
y
otorgó
los
la
comprobantes
escritura.
A
de
esos
efectos, y ante su tenaz determinación de no entregar la
copia
certificada,
fue
necesario
que
el
representante
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legal del requirente acudiera ante la ODIN. Ésta última,
después de analizar la situación de hechos, concluyó que
el licenciado Cardona Álvarez, conforme la Ley Notarial y
su
Reglamento,
debía
emitir
la
copia
certificada
en
controversia. No obstante tal requerimiento de la ODIN, el
promovido no lo acató. No es hasta que nos fue remitido el
correspondiente
Informe
y
que,
además,
la
otra
parte
otorgante de la escritura solicitó la copia certificada,
que el licenciado Cardona Álvarez procedió a emitirla.
Queda
claro
que
las
actuaciones
del
licenciado
Cardona Álvarez fueron contrarias a la Ley Notarial, su
Reglamento
y
la
jurisprudencia
interpretativa
correspondiente. El promovido no podía negarse a expedir
la
copia
certificada
de
la
escritura
pública
por
el
fundamento de existir una deuda de honorarios. Como bien
expusimos
anteriormente,
la
función
del
notario
es
una
eminentemente pública. Tan pronto acepta realizar un acto
notarial
está
formalidades
obligado
exigidas
por
a
cumplir
ley,
aun
con
cuando
todas
le
las
adeuden
honorarios. En este caso, a pesar que el requirente le
hubiera adeudado honorarios por los servicios que ya había
prestado, estaba obligado a emitir la copia certificada,
siempre y cuando el requirente de la copia certificada
cumpliese con los requisitos de expedición dispuestos en
el ordenamiento notarial.
Por
otra
parte,
el
promovido
ha
incumplido
los
requerimientos de nuestro brazo operacional, la ODIN. Ello
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en violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional,
supra. Tan pronto la ODIN emitió una determinación sobre
la denegatoria de la expedición de la copia certificada,
el licenciado Cardona Álvarez, conforme la Ley Notarial,
estaba obligado a emitirla y hacerlo constar en la nota de
expedición de la escritura matriz y de la misma copia
expedida. Por tanto, no era aplicable el procedimiento de
acudir al Tribunal de Primera Instancia. Ello, debido a
que
la
ley
sólo
confirma
la
denegatoria
copia
permite
certificada,
el
tal
del
proceder
notario.
promovido
cuando
Al
no
incumplió
la
ODIN
expedir
su
la
función
pública notarial y actuó en violación ética. A su vez, en
su
comparecencia
ante
este
Tribunal
en
cumplimiento
de
nuestra orden para que mostrara causa por la cual no debía
ser
suspendido,
ofreció
razones
el
licenciado
justificadas
Cardona
por
la
Álvarez
cual
no
no
nos
debamos
disciplinarlo por no atender los requerimientos de la ODIN
y haber incumplido con la Ley Notarial y su Reglamento.
Como hemos expresado, la función notarial exige un
alto
cuidado,
diligencia
y
esmero.
Ello
incluye
el
estricto cumplimiento con la Ley Notarial, su Reglamento y
los cánones de Ética Profesional. Si se aparta de esta
normativa,
el
notario
está
sujeto
a
acciones
disciplinarias. Los hechos aquí presentados demuestran que
el licenciado Cardona Álvarez fue incapaz de acatar los
rigores
de
corresponde.
la
Ley
Notarial
y
su
Reglamento,
según
TS-3,627
11
IV
Al
amparo
de
los
fundamentos
que
anteceden,
se
censura enérgicamente al Lcdo. Alfredo Cardona Álvarez por
sus
actuaciones.
Se
le
la
notaría
incumplimientos
a
conllevar
separación
la
apercibe
y
su
de
que
futuros
reglamento
permanente
del
podrán
ejercicio
profesional. Asimismo, se le advierte que en lo sucesivo
deberá atender con premura los requerimientos de la ODIN y
de cualquier otro brazo operacional de este Tribunal.
Notifíquese
personalmente
al
Lcdo.
Alfredo
Álvarez esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Cardona
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Alfredo Cardona Álvarez
TS-3627
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 13 de junio de 2018.
Al amparo de los fundamentos que anteceden,
se censura enérgicamente al Lcdo. Alfredo Cardona
Álvarez por sus actuaciones. Se le apercibe de
que futuros incumplimientos a la notaría y su
reglamento
podrán
conllevar
la
separación
permanente del ejercicio profesional.
Asimismo,
se
le
advierte
que
en
lo
sucesivo deberá
atender
con
premura
los
requerimientos de la ODIN y de cualquier otro
brazo operacional de este Tribunal.
Notifíquese
personalmente
esta
Opinión
Per Curiam y Sentencia al Lcdo. Alfredo Cardona
Álvarez.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica
el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza
Presidenta Oronoz Rodríguez y la Juez Presidenta
Interina
señora
Rodríguez
Rodríguez
no
intervinieron.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo