LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón; Vissepó & Diez Construction, Corp. v. Municipio de Mayagüez

2018 TSPR 109

Poder Judicial de Puerto Rico

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Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón; Vissepó & Diez Construction, Corp. v. Municipio de Mayagüez

CC-2016-1132

Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito: La exención provista por el Art. 6.08 de la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito exime del pago del arbitrio de construcción al contratista que realiza una obra por encargo de una cooperativa

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Cooperativa de Ahorro y Crédito

de Rincón; Vissepó & Diez

Construction, Corp.

Certiorari

Peticionarios

2018 TSPR 109

v.

200 DPR ____

Municipio de Mayagüez

Recurrido

Número del Caso: CC-2016-1132

Fecha: 13 de junio de 2018

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Mayagüez

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Luis Santos Montalvo

Lcdo. Adalberto Moret Rivera

Lcda. Sylvette Moret Guzmán

Lcdo. Omar Moret Guzmán.

Abogado de la parte recurrida:

Lcdo. Efraín Colón Sanz.

Abogada del amigo de la corte:

Lcda. Irma Nereida Torres Suárez

Materia: Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito - La

exención provista por el Art. 6.08 de la Ley de Sociedades

Cooperativas de Ahorro y Crédito exime del pago del arbitrio de

construcción al contratista que realiza una obra por encargo de

una cooperativa.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Cooperativa

de

Ahorro

y

Crédito de Rincón; Vissepó &

Diez Construction, Corp.

Peticionarios

v.

CC-2016-1132

Municipio de Mayagüez

Recurrido

La Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ emitió la Opinión del Tribunal

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de junio de 2018.

En esta ocasión, debemos resolver si la exención

provista por el Art. 6.08 de la Ley de Sociedades

Cooperativas

de

Ahorro

y

Crédito

de

2002

(Ley

de

Cooperativas), infra, exime del pago del arbitrio de

construcción al contratista que realiza una obra por

encargo de una cooperativa. Por los fundamentos que

exponemos

a

continuación,

contestamos

esta

interrogante en la afirmativa.

I

El

Ahorro

14

y

de

Crédito

una demanda

sentencia

agosto

de

sobre

declaratoria

de

2015,

Rincón

la

Cooperativa

(Cooperativa)

de

presentó

cobro

de

dinero

y

contra

el

Municipio

de

CC-2016-1132

2

Mayagüez (Municipio). Explicó que operaba una sucursal en el

“Mayagüez Mall”, con cuya administración pactó mudarse a un

local de mayor cabida debido a un aumento en su volumen de

negocios. Relató que, con el fin de atemperar el espacio a

sus necesidades, contrató a Vissepó & Diez Construction,

Corp.

(Vissepó)

para

que

realizase

algunas

mejoras

al

establecimiento, lo cual notificó al Municipio para que se

le

eximiese

conforme

a

del

lo

pago

de

dispuesto

los

en

arbitrios

el

Art.

de

6.08

construcción,

de

la

Ley

de

Cooperativas, infra.

Alegó que el Sr. Heriberto Rodríguez Díaz, agente de

impuestos del Municipio, se personó al establecimiento una

vez

iniciada

la

remodelación

y

le

informó

que

adeudaba

$19,945.00 en arbitrios de construcción, los cuales debía

satisfacer

antes

de

continuar

con

el

proyecto.1

Según

explicó, el agente le indicó que la exención provista por

la

Ley

de

Cooperativas,

infra,

no

se

extendía

al

contratista, por lo que Vissepó venía obligado a pagar el

impuesto.2

La Cooperativa detalló que, a pesar de sus esfuerzos,

el

Municipio

se

mantuvo

firme

en

su

postura.

Por

lo

anterior, el 30 de julio de 2015, el señor Rodríguez Díaz

regresó a la sucursal para gestionar el cobro de la deuda.

En

esa

ocasión,

le

entregó

una

carta

dirigida

al

Demanda. Apéndice, pág. 2.

En específico, consignó que el fundamento para el cobro del impuesto

fue que “el pago de arbitrios municipales se le requería a el

contratista y no a la Cooperativa […]”. Íd. (Énfasis suprimido).

1

2

CC-2016-1132

3

contratista, en la cual le apercibió que la falta de pago

conllevaría

la

paralización

del

proyecto.

Así,

la

Cooperativa alegó que pagó bajo protesta para evitar el

atraso

de

la

construcción,

por

lo

que

solicitó

la

devolución de los arbitrios que abonó por la obra.

Finalmente, planteó que

judicial

porque

el

acudió directamente al foro

Municipio

no

le

notificó

sobre

su

derecho a reconsiderar el dictamen. Añadió que, por tal

razón,

entregó

personalmente

una

solicitud

de

reconsideración al señor Rodríguez Díaz, quien se negó a

aceptarla por haberle cobrado el arbitrio al contratista.

Además,

argumentó

que

podía

preterir

el

trámite

administrativo porque el Municipio carecía de facultad para

imponerle el impuesto.

Tras solicitar un término adicional para contestar la

demanda, el Municipio presentó una moción de desestimación,

en la cual plasmó su versión de los hechos. Explicó que,

antes de que se iniciase la remodelación,

Cooperativa

sobre

los

pormenores

del

orientó a la

impuesto,

en

cuyo

momento le informó que estaría exenta del pago del arbitrio

siempre y cuando realizase la obra “por administración”.3

Afirmó que la Cooperativa le indicó que había contratado a

Vissepó

para

que

desarrollase

el

proyecto,

a

lo

que

Moción solicitando desestimación de la demanda contra el demandado por

falta de jurisdicción sobre la materia y sobre la persona de acuerdo a

lo que establece la Ley de Municipios Autónomos de 1991, dejar de

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio y

dejar de acumular una parte indispensable bajo la Regla 10.2 de las

Reglas de Procedimiento Civil vigente. Apéndice, págs. 14-15.

3

CC-2016-1132

respondió

4

que

Cooperativas,

la

exención

infra,

provista

por

la

Ley

de

no se extendía al contratista, por lo

que este vendría obligado a pagar el impuesto.

Relató que posteriormente visitó el establecimiento y

se percató que la remodelación se inició sin que se hubiese

saldado el gravamen. Detalló que lo anterior ocasionó que

se comunicase con la Cooperativa, quien optó por pagar el

arbitrio por temor a que se ordenase la paralización del

proyecto.

advirtió

Destacó

que

se

que,

le

antes

cobraba

de

al

recibir

el

contratista,

pago,

por

le

lo

que

emitió el recibo a nombre de este.

Así, planteó que la demanda no exponía una reclamación

que justificara la concesión de un remedio, ya que: (1) la

exención estatuida en la Ley de Cooperativas, infra, no se

extendía

al

contratista;

legitimación

activa

contratista,

quien

(3) no

se

agotó

(2)

porque

la

Cooperativa

el

arbitrio

no

figura

como

el

procedimiento

parte

se

carecía

de

cobró

al

demandante,

administrativo

y

para

impugnar la imposición del impuesto.

El 9 de diciembre de 2015, el Tribunal de Primera

Instancia emitió una Resolución y Orden, en virtud de la

cual concluyó que tenía jurisdicción sobre la materia y

denegó

la

moción

de

desestimación

Municipio.4

Asimismo,

le

concedió

término

treinta

(30)

días

de

presentó

el

a

la

Cooperativa

un

para

que

incluyese

al

contratista como parte en el pleito.

4

que

Resolución y Orden. Apéndice, págs. 38-45.

CC-2016-1132

En

5

cumplimiento

con

lo

ordenado,

la

Cooperativa

acumuló a Vissepó mediante una Demanda Enmendada, en la

cual reiteró las alegaciones que formuló en su demanda.

Además, solicitó la devolución de una partida adicional de

$4,779.85 que el Municipio le cobró por una remodelación

que

efectuó

“en

el

antiguo

local

ocupado

por

la

Cooperativa”.5

En

respuesta,

solicitud

de

el

Municipio

desestimación

en

presentó

la

que

una

nueva

reprodujo

los

argumentos que esgrimió en su primer escrito.6 Por su parte,

la

Cooperativa

y

Vissepó

(en

conjunto,

peticionarios)

sometieron una Moción en réplica de moción de desestimación

de

30

de

marzo

de

2016,

en

la

cual

alegaron

que

la

solicitud del Municipio era improcedente porque el tribunal

ya había atendido sus planteamientos.

El

30

de

junio

de

2016,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia dictó sentencia desestimando la demanda de los

peticionarios,

pues

concluyó

que

esta

no

exponía

una

reclamación que justificara la concesión de un remedio.7

Ello, pues entendió que la exención provista por la Ley de

Cooperativas, infra, no se extendía al contratista, de modo

que el Municipio estaba facultado a cobrarle el impuesto.

Inconformes, los peticionarios recurrieron al Tribunal

de Apelaciones y solicitaron la revisión del dictamen. Como

Demanda Enmendada. Apéndice, pág. 54.

Moción de desestimación de la demanda enmendada por falta de

jurisdicción sobre la materia y sobre la persona bajo la Ley de

Municipios Autónomos de 1991, la Regla 10.2 y Regla 10.3 de las Reglas

de Procedimiento Civil vigente. Apéndice, págs. 58-80.

7 Sentencia. Apéndice, págs. 87-96.

5

6

CC-2016-1132

6

único señalamiento de error, alegaron que el foro primario

erró al resolver que la exención estatuida en el Art. 6.08

de

la

Ley

de

Cooperativas,

contratista

de

una

obra

infra,

no

efectuada

a

se

extendía

favor

al

de

una

cooperativa.8 Ello, en virtud a lo dispuesto en Interior

Developers v. Mun. de San Juan, 177 DPR 693 (2009).

Tras evaluar las posturas de las partes, el Tribunal

de

Apelaciones

confirmó

el

emitió

dictamen

una

Sentencia

recurrido.9

Al

mediante

igual

que

la

cual

el

foro

primario, estimó que la exención que invocó la Cooperativa

no cobijaba al contratista, por lo que resolvió que el

desembolso que esta realizó constituyó un pago por tercero.

Además,

puntualizó

que

la

Cooperativa

debió

“detener

la

obra y acudir en revisión judicial si lo que cuestionaba

era la legalidad del arbitrio”, y señaló que cualquier otra

reclamación

debía

tramitarse

mediante

el

procedimiento

administrativo correspondiente.10

Aún insatisfechos, los peticionarios acudieron a este

Tribunal mediante

el recurso que nos ocupa, en el cual

plantearon

Tribunal

que

el

de

Apelaciones

erró:

(1)

al

concluir que la exención provista por el Art. 6.08 de la

Ley de Cooperativas, infra, no se extiende al contratista

de

una

obra

efectuada

por

encargo

de

una

cooperativa;

Sentencia. Apéndice, pág. 30.

La Hon. Olga E. Birriel Cardona emitió un Voto disidente, en el cual

consignó que revocaría la sentencia recurrida por entender que la

exención que cobija a la Cooperativa se extiende al contratista.

Además, sostuvo que la Cooperativa podía acudir directamente a los

tribunales para impugnar el impuesto que se le pretende imponer sin

autoridad en ley. Íd., págs. 41-42.

10 Íd., pág. 39.

8

9

CC-2016-1132

7

(2) al resolver que la reclamación no se tramitó a través

del

procedimiento

administrativo,

determinación

del

foro

constituía

ley

del

la

primario

caso,

y

a

pesar

sobre

(3)

al

su

de

que

la

jurisdicción

consignar

hechos

formulados por el Municipio en su moción de desestimación.

Luego

de

que

expidiésemos

el

recurso,

la

Liga

de

Cooperativas de Puerto Rico presentó una Moción solicitando

comparecencia especial de “amicus curiae”, en la cual nos

urgió a que resolviésemos que la exención de la Cooperativa

también cobija al contratista.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

resolvemos.

II

A

En

aras

de

fomentar

la

autonomía

municipal,

el

Art. 2.002 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (Ley de Municipios

Autónomos), 21 LPRA sec. 4052, le confiere a los municipios

la facultad de imponer ciertas contribuciones, derechos y

licencias, entre las cuales se encuentra el arbitrio de

construcción.

Según hemos explicado, el arbitrio de construcción es

un impuesto que recae sobre el derecho a efectuar una obra

de construcción dentro de los límites territoriales de un

CC-2016-1132

8

municipio.11 Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113,

123 (2012); Levy, Hijo v. Mun. de Manatí, 151 DPR 292, 300

(2000).

Para

propósitos

de

este

impuesto,

se

considera

contribuyente a todo aquel que: (1) sea dueño de la obra y

personalmente ejecute las labores de administración, así

como

los

trabajos

físicos

e

intelectuales

inherentes

al

desarrollo del proyecto, o (2) sea contratado para efectuar

las labores antes descritas en beneficio del dueño de la

obra. Art. 1.003(ee) de la Ley de Municipios Autónomos,

21 LPRA sec. 4001(ee); Interior Developers v. Mun. de San

Juan, supra, pág. 706.

No

arbitrio

obstante,

a

las

el

estatuto

agencias

exime

del

pago

gubernamentales

de

este

estatales

y

federales que realicen las obras con su propio personal.

Río

Const.

Corp.

v.

Mun.

de

Carolina,

153

620 (2001).

Ello,

pues

el

Art.

2.007(f)

de

DPR

la

615,

Ley

de

Municipios Autónomos establece que:

Quedan

exentas

del

pago

de

arbitrio

de

construcción aquellas obras hechas mediante el

método conocido como administración, es decir,

como parte de los programas de construcción de una

agencia

del

gobierno

central

o

sus

instrumentalidades, una corporación pública, un

En lo pertinente al caso que nos ocupa, el Art. 2.002(d) de la Ley de

Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991

(Ley de Municipios Autónomos), dispone que:

Toda obra de construcción dentro de los límites territoriales

de un municipio, realizada por una persona natural o jurídica

privada, o que sea llevada a cabo por una persona natural o

jurídica privada a favor o en representación de, o por

contrato

o

subcontrato

suscrito

con

una

agencia

o

instrumentalidad del Gobierno Central o municipal o del

gobierno federal, incluyendo aquella obra que no requiera la

solicitud o expedición de un permiso por la Administración de

Reglamentos y Permisos o por un municipio autónomo, deberá

pagar arbitrio de construcción correspondiente, previo al

comienzo de dicha obra. 21 LPRA sec. 4052(d).

11

CC-2016-1132

9

municipio o una agencia del Gobierno Federal. No

obstante, esta exención no aplica a las obras de

construcción llevadas a cabo por una persona

natural o jurídica privada, actuando a favor o en

representación de o por contrato o subcontrato

suscrito con una agencia o instrumentalidad del

Gobierno Central o Municipal. Tampoco aplica dicha

exención cuando se trate de obras de construcción

llevadas a cabo por una persona natural o jurídica

privada actuando a favor o en representación de o

por contrato o subcontrato suscrito con una

agencia del gobierno federal, cuando las leyes o

reglamentos federales aplicables así lo permitan.

21 LPRA sec. 4057(f). (Énfasis suplido).

Así,

en

reiteradas

ocasiones

hemos

resuelto

que

procede la imposición del arbitrio cuando: (1) se trata de

una

obra

de

construcción;

(2)

que

está

dentro

de

los

límites territoriales del municipio, y (3) es realizada por

una persona natural o jurídica privada, o por una persona

natural o jurídica privada contratada por una agencia o

dependencia

del

Gobierno

Central,

municipal

o

federal.

Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, págs. 122-123;

Interior Developers v. Mun. de San Juan, supra, pág. 705;

Mun. de Utuado v. Aireko Const. Corp., 176 DPR 897, 905-906

(2009).

B

Como

es

sabido,

una

cooperativa

autónoma

de

personas

que

se

unen

es

una

asociación

voluntariamente

para

adelantar sus necesidades económicas, sociales y culturales

mediante

una

empresa

de

propiedad

conjunta

que

es

controlada democráticamente.12 Así, los servicios provistos

por las entidades cooperativistas se caracterizan por su

Véase Exposición de motivos de la Ley de Sociedades Cooperativas de

Ahorro y Crédito de 2002, Ley Núm. 255-2002.

12

CC-2016-1132

10

impacto social, ya que estas empresas se originan en los

contornos

de

Historical

la

democracia

Dictionary

of

participativa.

the

J.

Cooperative

Shaffer,

Movement,

Lanham, Md, Scarecrow Press, 1999, pág. 49. Véase también

Cooperativa Cafeteros P.R. v. Colón Torres, 84 DPR 278,

281 (1961).

En nuestro ordenamiento jurídico, la Ley de Sociedades

Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002, 7 LPRA sec. 1361

et seq., regula el funcionamiento de las cooperativas que

actúan

como

motivos

de

instituciones

esta

financieras.

legislación

cataloga

La

a

exposición

las

de

cooperativas

como “pieza integral y un fuerte pilar para el desarrollo

económico

y

social

del

país”,

fortalecimiento del cooperativismo

y

dispone

que

el

“está revestido de un

alto interés público”. Exposición de motivos de la Ley de

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002, Ley

Núm. 255-2002. Además, establece que el propósito principal

del estatuto es brindarle a estas entidades “la oportunidad

de ser entes más competitivos y protagónicos” en nuestra

economía de mercado. Íd.

En aras de alcanzar este objetivo, el legislador le

concedió

una

serie

de

exenciones

contributivas

a

estas

instituciones. A tales efectos, y en lo pertinente al caso

de autos, el Art. 6.08(a)(3) de la

Ley de Cooperativas

postula que:

Las cooperativas y sus subsidiarias o afiliadas

estarán exentas del pago de derechos, arbitrios o

aranceles estatales o municipales, incluyendo el

CC-2016-1132

11

pago de cargos por licencias, patentes, permisos y

registros, del pago de cargos, derechos, sellos o

comprobantes de rentas internas relativos al

otorgamiento de toda clase de documentos públicos y

privados, del pago de cargos, derechos, sellos o

comprobantes de rentas internas relativos a la

inscripción de los mismos en el Registro de la

Propiedad o cualquier otro registro público u

oficina gubernamental y del pago de cargos,

derechos, sellos o comprobantes de rentas internas

relativos a la expedición de certificaciones por

dichos registros o por cualquier otra oficina

gubernamental. Las cooperativas y sus subsidiarias

o afiliadas estarán exentas, además, del pago de

cargos, derechos, sellos o comprobantes de rentas

internas, arbitrios o aranceles requeridos en el

Tribunal General de Justicia de Puerto Rico o por

cualquier agencia, instrumentalidad, corporación

pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o

cualquier subdivisión política de éste. 7 LPRA

sec. 1366g(a)(3).

III

Como cuestión de umbral, debemos resolver si, según

sostiene

el

Municipio,

carecía de jurisdicción

el

Tribunal

de

para dilucidar

Primera

Instancia

esta controversia

debido a que los peticionarios no agotaron los remedios

administrativos dispuestos en el Art. 2.007 de la Ley de

Municipios

Autónomos,

supra,

para

impugnar

una

determinación de arbitrio de construcción.13

Según hemos resuelto en reiteradas ocasiones, cuando se

impugna la autoridad en ley de un municipio para imponer

una contribución, y no así, por ejemplo, el monto de esta,

“resulta innecesario agotar el procedimiento administrativo

dispuesto en ley”. Interior Developers v. Mun. de San Juan,

supra,

pág.

710.

Véanse

Alcalde

de

Guayama

v.

ELA,

Esto pues, a diferencia de lo alegado por los peticionarios, la

determinación jurisdiccional que emitió el foro primario no constituye

la ley del caso por tratarse de un dictamen interlocutorio. Véase Cacho

Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1 (2016).

13

CC-2016-1132

12

192 DPR 329,

338

(2015);

Yiyi

Motors,

Inc.

v.

E.L.A.,

177 DPR 230, 279 (2009); Mun. Trujillo Alto v. Cable TV,

132 DPR 1008, 1011 (1993); Compañía Azucarera del Toa v.

Municipio, 76 DPR 331, 337 (1954).

En vista de que los peticionarios impugnan la facultad

del

Municipio

construcción

que

los

para

imponer

realizadas

un

por

arbitrio

las

podían

de

Instancia

Primera

las

cooperativas,

peticionarios

Tribunal

a

acudir

obras

de

resolvemos

directamente

al

completar

el

sin

procedimiento administrativo dispuesto en el Art. 2.007 de

la Ley de Municipios Autónomos, supra.

Resuelto

méritos

de

lo

la

anterior,

nos

controversia.

corresponde

Esto

es,

si

atender

la

los

exención

provista por el Art. 6.08 de la Ley de Cooperativas, supra,

se

extiende

al

contratista

de

una

obra

efectuada

por

encargo de una cooperativa.

Según surge del expediente, el Municipio plantea que el

contratista no está exento del pago del arbitrio porque el

Art. 1.003(ee) de la Ley de Municipios Autónomos, supra, lo

considera contribuyente para propósitos de este impuesto.

Por

lo

tanto,

esboza

que

los

foros

recurridos

actuaron

correctamente al desestimar la demanda, puesto que la suma

que consignó la Cooperativa constituyó un pago por tercero.

En apoyo de su contención, resalta –a modo de analogía- que

las

exenciones

provistas

a

las

agencias

e

instrumentalidades estatales y federales por el Art. 2.007

de la Ley de Municipios Autónomos, supra, no aplican cuando

CC-2016-1132

13

estas utilizan a un contratista para el desarrollo de la

obra.

En cambio, los peticionarios alegan que la intención

legislativa

al

promulgar

el

Art.

6.08

de

la

Ley

de

Cooperativas, supra, fue eximir a las cooperativas del pago

de este tipo de impuesto, por lo que argumentan que adoptar

el raciocinio propuesto por el Municipio conduciría a un

resultado absurdo. Así, nos invitan a resolver que el poder

impositivo del Municipio no se extiende a las obras

construcción

que

las

cooperativas

efectúan

por

de

encargo.

Ello, conforme a lo dispuesto en Interior Developers v.

Mun. de San Juan, supra.

Luego de evaluar las posturas de las partes, así como

la

comparecencia

Cooperativas

de

especial

Puerto

Rico

que

presentó

como

amigo

la

de

Liga

la

de

corte,

resolvemos que los foros recurridos erraron al concluir que

el contratista no estaba exento del pago del arbitrio.

Como vimos, la Ley de Cooperativas, supra, se aprobó

con

el

propósito

de

fortalecer

el

movimiento

cooperativista, brindándole así la oportunidad de asumir un

papel más protagónico en el desarrollo económico de Puerto

Rico. En aras de adelantar dicho propósito y promover el

crecimiento integral del sector cooperativo, el legislador

estatuyó una exención contributiva abarcadora a favor de

las cooperativas, la cual les exime del pago de una gama

amplia

de

arbitrios,

aranceles,

licencias,

patentes,

CC-2016-1132

14

derechos, sellos, impuestos municipales y estatales, entre

otros.

El

Municipio

arguye

que

la

referida

exención

solo

aplica a tributos que los municipios cobren directamente a

las cooperativas. La dificultad con ese planteamiento es

que

no

toma

en

cuenta

que

el

monto

del

arbitrio

de

construcción que pretende cobrar al contratista se incluye

como parte del costo de la obra, por lo que en última

instancia

es

la

interpretación

cooperativa

vulneraría

la

que

lo

pagará.14

directamente

el

Esta

propósito

legislativo y el alcance del estatuto, el cual ampliamente

exime a las cooperativas de ahorro y crédito del “pago de …

arbitrios

…

municipales”.

Art.

6.08

de

la

Ley

de

Cooperativas, supra.

Para propósitos de este análisis, resulta pertinente

discutir nuestros pronunciamientos en Interior Developers

v.

Mun.

de

determinar

imponer

San

si

Juan,

los

arbitrios

supra.

municipios

de

En

esa

tienen

construcción

ocasión

la

a

debíamos

autoridad

para

contratistas

que

realizan obras por encargo de la Rama Legislativa. Según

indicamos,

la

facultad

de

un

municipio

para

cobrar

el

arbitrio de construcción surge cuando se configuran tres

elementos:

(1)

una

obra

de

construcción;

(2)

localizada

dentro de los límites del municipio; (3) realizada por “una

persona natural o jurídica privada, o una persona natural o

jurídica privada contratada por una agencia o dependencia

14

Véase 21 LPRA sec. 4001(ee)(2).

CC-2016-1132

del

15

Gobierno

Central,

municipal

o

federal”.

Interior

Developers v. Mun. de San Juan, supra, pág. 705 (citando a

21 LPRA sec. 4052).

Debido a este último factor, “para determinar si un

municipio

tiene

facultad

para

cobrar

el

arbitrio

de

construcción hay que examinar, además del tipo de obra y su

localización,

a

quién

pertenece

la

obra.”

Íd.

(énfasis

suplido). Resaltamos que la Ley de Municipios Autónomos no

autorizó

a

los

municipios

a

imponerle

un

arbitrio

de

construcción a las obras de construcción realizadas por la

Rama

Legislativa

“o

las

personas

naturales

o

jurídicas

privadas contratadas por ésta”. Íd., págs. 712-713 (énfasis

suplido).

Por ello, resolvimos que no procedía la imposición del

arbitrio de construcción al contratista que llevó a cabo la

construcción, debido a que la obra pertenecía a la Asamblea

Legislativa, entidad sobre la cual el Municipio de San Juan

no

tenía

autoridad

para

imponer

el

arbitrio

de

consideración

se

construcción.15

El

caso

diferencia

supra,

en

que

de

tenemos

Interior

que

aquí

ante

nuestra

Developers

la

v.

Asamblea

Mun.

de

San

Legislativa

Juan,

limitó

explícitamente el alcance de la autoridad tributaria del

gobierno

central

y

de

los

municipios

cuando

aprobó

la

En aquella ocasión resolvimos que, debido a que no nació la

obligación tributaria, resultaba innecesario determinar quién es el

contribuyente, ya que dicha figura sólo entra en juego una vez surge

dicha obligación. Interior Developers v. Mun. de San Juan, supra, pág.

711.

15

CC-2016-1132

exención

16

contributiva

del

Art.

6.08(a)

de

la

Ley

de

Cooperativas, supra. Este artículo se redactó utilizando un

lenguaje sumamente abarcador ilustrativo de una intención

legislativa contra el ejercicio del poder

tributario

sobre

las cooperativas.16

Según el texto de la ley, la intención legislativa

exige que la exención contributiva en cuestión aplique a

las obras de construcción que realizan las cooperativas,

independientemente de si las encargaron a un contratista o

si las propias cooperativas las realizaron. Por tanto, los

municipios carecen de autoridad para requerir el pago del

arbitrio de construcción a la Cooperativa que encarga la

obra. Resolver que, aun así, pueden cobrar el arbitrio al

contratista que realiza la obra sería permitir de forma

indirecta el cobro que está vedado hacer directamente a la

cooperativa.

Como

privilegios

excepcionales,

las

exenciones

contributivas se deben interpretar restrictivamente y, en

caso de duda, a favor de su inexistencia. Pfizer Pharm. v.

Mun. de Vega Baja, 182 DPR 267, 279 (2011). No obstante, no

debemos

perder

de

perspectiva

que

su

interpretación

no

puede ser tan restrictiva que tenga el efecto de frustrar

Véanse Art. 6.08(a)(1) de la Ley de Cooperativas, 7 LPRA sec.

1366g(a)(1) (“Las cooperativas . . . estarán exent[a]s de toda clase de

tributación sobre ingresos, propiedad, arbitrio, patente o cualquiera

otra contribución impuesta o que más adelante se impusiere por el

Estado Libre Asociado de Puerto Rico o cualquier subdivisión política

de

éste,

excepto

[ciertos

impuestos

estatales

específicamente

detallados]”) y el Art. 6.08(a)(3) de la Ley de Cooperativas, 7 LPRA

sec. 1366g(a)(3) (“Las cooperativas . . . estarán exentas del pago de

derechos, arbitrios o aranceles estatales o municipales . . .”).

16

CC-2016-1132

la

17

intención

legislativa.

Ortiz

Chévere,

et

al.

v.

Srio. Hacienda, 186 DPR 951, 976 (2012); Pfizer Pharm. v.

Mun. de Vega Baja, supra, pág. 279. Nuestra determinación

reafirma

estos

principios

abarcadora

exención

intención

legislativa

de

hermenéutica,

contributiva

de

bajo

estimular

el

ya

que

la

estudio

y

la

desarrollo

y

crecimiento de las cooperativas no permite otro resultado.

IV

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

se

revoca

el

dictamen recurrido y, se devuelve el caso al Tribunal de

Primera

Instancia

para

que

continúen

los

procedimientos

conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Cooperativa de Ahorro y

Crédito de Rincón; Vissepó

& Diez Construction, Corp.

Peticionarios

CC-2016-1132

v.

Municipio de Mayagüez

Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de junio de 2018.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de la presente

Sentencia, se revoca el dictamen recurrido y, se devuelve

el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen

los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo