Tribunal Supremo de Puerto Rico
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón; Vissepó & Diez Construction, Corp. v. Municipio de Mayagüez
2018 TSPR 109
Poder Judicial de Puerto Rico
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Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón; Vissepó & Diez Construction, Corp. v. Municipio de Mayagüez
CC-2016-1132
Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito: La exención provista por el Art. 6.08 de la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito exime del pago del arbitrio de construcción al contratista que realiza una obra por encargo de una cooperativa
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Cooperativa de Ahorro y Crédito
de Rincón; Vissepó & Diez
Construction, Corp.
Certiorari
Peticionarios
2018 TSPR 109
v.
200 DPR ____
Municipio de Mayagüez
Recurrido
Número del Caso: CC-2016-1132
Fecha: 13 de junio de 2018
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Mayagüez
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. Luis Santos Montalvo
Lcdo. Adalberto Moret Rivera
Lcda. Sylvette Moret Guzmán
Lcdo. Omar Moret Guzmán.
Abogado de la parte recurrida:
Lcdo. Efraín Colón Sanz.
Abogada del amigo de la corte:
Lcda. Irma Nereida Torres Suárez
Materia: Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito - La
exención provista por el Art. 6.08 de la Ley de Sociedades
Cooperativas de Ahorro y Crédito exime del pago del arbitrio de
construcción al contratista que realiza una obra por encargo de
una cooperativa.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Cooperativa
de
Ahorro
y
Crédito de Rincón; Vissepó &
Diez Construction, Corp.
Peticionarios
v.
CC-2016-1132
Municipio de Mayagüez
Recurrido
La Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ emitió la Opinión del Tribunal
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de junio de 2018.
En esta ocasión, debemos resolver si la exención
provista por el Art. 6.08 de la Ley de Sociedades
Cooperativas
de
Ahorro
y
Crédito
de
2002
(Ley
de
Cooperativas), infra, exime del pago del arbitrio de
construcción al contratista que realiza una obra por
encargo de una cooperativa. Por los fundamentos que
exponemos
a
continuación,
contestamos
esta
interrogante en la afirmativa.
I
El
Ahorro
14
y
de
Crédito
una demanda
sentencia
agosto
de
sobre
declaratoria
de
2015,
Rincón
la
Cooperativa
(Cooperativa)
de
presentó
cobro
de
dinero
y
contra
el
Municipio
de
CC-2016-1132
2
Mayagüez (Municipio). Explicó que operaba una sucursal en el
“Mayagüez Mall”, con cuya administración pactó mudarse a un
local de mayor cabida debido a un aumento en su volumen de
negocios. Relató que, con el fin de atemperar el espacio a
sus necesidades, contrató a Vissepó & Diez Construction,
Corp.
(Vissepó)
para
que
realizase
algunas
mejoras
al
establecimiento, lo cual notificó al Municipio para que se
le
eximiese
conforme
a
del
lo
pago
de
dispuesto
los
en
arbitrios
el
Art.
de
6.08
construcción,
de
la
Ley
de
Cooperativas, infra.
Alegó que el Sr. Heriberto Rodríguez Díaz, agente de
impuestos del Municipio, se personó al establecimiento una
vez
iniciada
la
remodelación
y
le
informó
que
adeudaba
$19,945.00 en arbitrios de construcción, los cuales debía
satisfacer
antes
de
continuar
con
el
proyecto.1
Según
explicó, el agente le indicó que la exención provista por
la
Ley
de
Cooperativas,
infra,
no
se
extendía
al
contratista, por lo que Vissepó venía obligado a pagar el
impuesto.2
La Cooperativa detalló que, a pesar de sus esfuerzos,
el
Municipio
se
mantuvo
firme
en
su
postura.
Por
lo
anterior, el 30 de julio de 2015, el señor Rodríguez Díaz
regresó a la sucursal para gestionar el cobro de la deuda.
En
esa
ocasión,
le
entregó
una
carta
dirigida
al
Demanda. Apéndice, pág. 2.
En específico, consignó que el fundamento para el cobro del impuesto
fue que “el pago de arbitrios municipales se le requería a el
contratista y no a la Cooperativa […]”. Íd. (Énfasis suprimido).
1
2
CC-2016-1132
3
contratista, en la cual le apercibió que la falta de pago
conllevaría
la
paralización
del
proyecto.
Así,
la
Cooperativa alegó que pagó bajo protesta para evitar el
atraso
de
la
construcción,
por
lo
que
solicitó
la
devolución de los arbitrios que abonó por la obra.
Finalmente, planteó que
judicial
porque
el
acudió directamente al foro
Municipio
no
le
notificó
sobre
su
derecho a reconsiderar el dictamen. Añadió que, por tal
razón,
entregó
personalmente
una
solicitud
de
reconsideración al señor Rodríguez Díaz, quien se negó a
aceptarla por haberle cobrado el arbitrio al contratista.
Además,
argumentó
que
podía
preterir
el
trámite
administrativo porque el Municipio carecía de facultad para
imponerle el impuesto.
Tras solicitar un término adicional para contestar la
demanda, el Municipio presentó una moción de desestimación,
en la cual plasmó su versión de los hechos. Explicó que,
antes de que se iniciase la remodelación,
Cooperativa
sobre
los
pormenores
del
orientó a la
impuesto,
en
cuyo
momento le informó que estaría exenta del pago del arbitrio
siempre y cuando realizase la obra “por administración”.3
Afirmó que la Cooperativa le indicó que había contratado a
Vissepó
para
que
desarrollase
el
proyecto,
a
lo
que
Moción solicitando desestimación de la demanda contra el demandado por
falta de jurisdicción sobre la materia y sobre la persona de acuerdo a
lo que establece la Ley de Municipios Autónomos de 1991, dejar de
exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio y
dejar de acumular una parte indispensable bajo la Regla 10.2 de las
Reglas de Procedimiento Civil vigente. Apéndice, págs. 14-15.
3
CC-2016-1132
respondió
4
que
Cooperativas,
la
exención
infra,
provista
por
la
Ley
de
no se extendía al contratista, por lo
que este vendría obligado a pagar el impuesto.
Relató que posteriormente visitó el establecimiento y
se percató que la remodelación se inició sin que se hubiese
saldado el gravamen. Detalló que lo anterior ocasionó que
se comunicase con la Cooperativa, quien optó por pagar el
arbitrio por temor a que se ordenase la paralización del
proyecto.
advirtió
Destacó
que
se
que,
le
antes
cobraba
de
al
recibir
el
contratista,
pago,
por
le
lo
que
emitió el recibo a nombre de este.
Así, planteó que la demanda no exponía una reclamación
que justificara la concesión de un remedio, ya que: (1) la
exención estatuida en la Ley de Cooperativas, infra, no se
extendía
al
contratista;
legitimación
activa
contratista,
quien
(3) no
se
agotó
(2)
porque
la
Cooperativa
el
arbitrio
no
figura
como
el
procedimiento
parte
se
carecía
de
cobró
al
demandante,
administrativo
y
para
impugnar la imposición del impuesto.
El 9 de diciembre de 2015, el Tribunal de Primera
Instancia emitió una Resolución y Orden, en virtud de la
cual concluyó que tenía jurisdicción sobre la materia y
denegó
la
moción
de
desestimación
Municipio.4
Asimismo,
le
concedió
término
treinta
(30)
días
de
presentó
el
a
la
Cooperativa
un
para
que
incluyese
al
contratista como parte en el pleito.
4
que
Resolución y Orden. Apéndice, págs. 38-45.
CC-2016-1132
En
5
cumplimiento
con
lo
ordenado,
la
Cooperativa
acumuló a Vissepó mediante una Demanda Enmendada, en la
cual reiteró las alegaciones que formuló en su demanda.
Además, solicitó la devolución de una partida adicional de
$4,779.85 que el Municipio le cobró por una remodelación
que
efectuó
“en
el
antiguo
local
ocupado
por
la
Cooperativa”.5
En
respuesta,
solicitud
de
el
Municipio
desestimación
en
presentó
la
que
una
nueva
reprodujo
los
argumentos que esgrimió en su primer escrito.6 Por su parte,
la
Cooperativa
y
Vissepó
(en
conjunto,
peticionarios)
sometieron una Moción en réplica de moción de desestimación
de
30
de
marzo
de
2016,
en
la
cual
alegaron
que
la
solicitud del Municipio era improcedente porque el tribunal
ya había atendido sus planteamientos.
El
30
de
junio
de
2016,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia dictó sentencia desestimando la demanda de los
peticionarios,
pues
concluyó
que
esta
no
exponía
una
reclamación que justificara la concesión de un remedio.7
Ello, pues entendió que la exención provista por la Ley de
Cooperativas, infra, no se extendía al contratista, de modo
que el Municipio estaba facultado a cobrarle el impuesto.
Inconformes, los peticionarios recurrieron al Tribunal
de Apelaciones y solicitaron la revisión del dictamen. Como
Demanda Enmendada. Apéndice, pág. 54.
Moción de desestimación de la demanda enmendada por falta de
jurisdicción sobre la materia y sobre la persona bajo la Ley de
Municipios Autónomos de 1991, la Regla 10.2 y Regla 10.3 de las Reglas
de Procedimiento Civil vigente. Apéndice, págs. 58-80.
7 Sentencia. Apéndice, págs. 87-96.
5
6
CC-2016-1132
6
único señalamiento de error, alegaron que el foro primario
erró al resolver que la exención estatuida en el Art. 6.08
de
la
Ley
de
Cooperativas,
contratista
de
una
obra
infra,
no
efectuada
a
se
extendía
favor
al
de
una
cooperativa.8 Ello, en virtud a lo dispuesto en Interior
Developers v. Mun. de San Juan, 177 DPR 693 (2009).
Tras evaluar las posturas de las partes, el Tribunal
de
Apelaciones
confirmó
el
emitió
dictamen
una
Sentencia
recurrido.9
Al
mediante
igual
que
la
cual
el
foro
primario, estimó que la exención que invocó la Cooperativa
no cobijaba al contratista, por lo que resolvió que el
desembolso que esta realizó constituyó un pago por tercero.
Además,
puntualizó
que
la
Cooperativa
debió
“detener
la
obra y acudir en revisión judicial si lo que cuestionaba
era la legalidad del arbitrio”, y señaló que cualquier otra
reclamación
debía
tramitarse
mediante
el
procedimiento
administrativo correspondiente.10
Aún insatisfechos, los peticionarios acudieron a este
Tribunal mediante
el recurso que nos ocupa, en el cual
plantearon
Tribunal
que
el
de
Apelaciones
erró:
(1)
al
concluir que la exención provista por el Art. 6.08 de la
Ley de Cooperativas, infra, no se extiende al contratista
de
una
obra
efectuada
por
encargo
de
una
cooperativa;
Sentencia. Apéndice, pág. 30.
La Hon. Olga E. Birriel Cardona emitió un Voto disidente, en el cual
consignó que revocaría la sentencia recurrida por entender que la
exención que cobija a la Cooperativa se extiende al contratista.
Además, sostuvo que la Cooperativa podía acudir directamente a los
tribunales para impugnar el impuesto que se le pretende imponer sin
autoridad en ley. Íd., págs. 41-42.
10 Íd., pág. 39.
8
9
CC-2016-1132
7
(2) al resolver que la reclamación no se tramitó a través
del
procedimiento
administrativo,
determinación
del
foro
constituía
ley
del
la
primario
caso,
y
a
pesar
sobre
(3)
al
su
de
que
la
jurisdicción
consignar
hechos
formulados por el Municipio en su moción de desestimación.
Luego
de
que
expidiésemos
el
recurso,
la
Liga
de
Cooperativas de Puerto Rico presentó una Moción solicitando
comparecencia especial de “amicus curiae”, en la cual nos
urgió a que resolviésemos que la exención de la Cooperativa
también cobija al contratista.
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,
resolvemos.
II
A
En
aras
de
fomentar
la
autonomía
municipal,
el
Art. 2.002 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (Ley de Municipios
Autónomos), 21 LPRA sec. 4052, le confiere a los municipios
la facultad de imponer ciertas contribuciones, derechos y
licencias, entre las cuales se encuentra el arbitrio de
construcción.
Según hemos explicado, el arbitrio de construcción es
un impuesto que recae sobre el derecho a efectuar una obra
de construcción dentro de los límites territoriales de un
CC-2016-1132
8
municipio.11 Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113,
123 (2012); Levy, Hijo v. Mun. de Manatí, 151 DPR 292, 300
(2000).
Para
propósitos
de
este
impuesto,
se
considera
contribuyente a todo aquel que: (1) sea dueño de la obra y
personalmente ejecute las labores de administración, así
como
los
trabajos
físicos
e
intelectuales
inherentes
al
desarrollo del proyecto, o (2) sea contratado para efectuar
las labores antes descritas en beneficio del dueño de la
obra. Art. 1.003(ee) de la Ley de Municipios Autónomos,
21 LPRA sec. 4001(ee); Interior Developers v. Mun. de San
Juan, supra, pág. 706.
No
arbitrio
obstante,
a
las
el
estatuto
agencias
exime
del
pago
gubernamentales
de
este
estatales
y
federales que realicen las obras con su propio personal.
Río
Const.
Corp.
v.
Mun.
de
Carolina,
153
620 (2001).
Ello,
pues
el
Art.
2.007(f)
de
DPR
la
615,
Ley
de
Municipios Autónomos establece que:
Quedan
exentas
del
pago
de
arbitrio
de
construcción aquellas obras hechas mediante el
método conocido como administración, es decir,
como parte de los programas de construcción de una
agencia
del
gobierno
central
o
sus
instrumentalidades, una corporación pública, un
En lo pertinente al caso que nos ocupa, el Art. 2.002(d) de la Ley de
Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991
(Ley de Municipios Autónomos), dispone que:
Toda obra de construcción dentro de los límites territoriales
de un municipio, realizada por una persona natural o jurídica
privada, o que sea llevada a cabo por una persona natural o
jurídica privada a favor o en representación de, o por
contrato
o
subcontrato
suscrito
con
una
agencia
o
instrumentalidad del Gobierno Central o municipal o del
gobierno federal, incluyendo aquella obra que no requiera la
solicitud o expedición de un permiso por la Administración de
Reglamentos y Permisos o por un municipio autónomo, deberá
pagar arbitrio de construcción correspondiente, previo al
comienzo de dicha obra. 21 LPRA sec. 4052(d).
11
CC-2016-1132
9
municipio o una agencia del Gobierno Federal. No
obstante, esta exención no aplica a las obras de
construcción llevadas a cabo por una persona
natural o jurídica privada, actuando a favor o en
representación de o por contrato o subcontrato
suscrito con una agencia o instrumentalidad del
Gobierno Central o Municipal. Tampoco aplica dicha
exención cuando se trate de obras de construcción
llevadas a cabo por una persona natural o jurídica
privada actuando a favor o en representación de o
por contrato o subcontrato suscrito con una
agencia del gobierno federal, cuando las leyes o
reglamentos federales aplicables así lo permitan.
21 LPRA sec. 4057(f). (Énfasis suplido).
Así,
en
reiteradas
ocasiones
hemos
resuelto
que
procede la imposición del arbitrio cuando: (1) se trata de
una
obra
de
construcción;
(2)
que
está
dentro
de
los
límites territoriales del municipio, y (3) es realizada por
una persona natural o jurídica privada, o por una persona
natural o jurídica privada contratada por una agencia o
dependencia
del
Gobierno
Central,
municipal
o
federal.
Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, págs. 122-123;
Interior Developers v. Mun. de San Juan, supra, pág. 705;
Mun. de Utuado v. Aireko Const. Corp., 176 DPR 897, 905-906
(2009).
B
Como
es
sabido,
una
cooperativa
autónoma
de
personas
que
se
unen
es
una
asociación
voluntariamente
para
adelantar sus necesidades económicas, sociales y culturales
mediante
una
empresa
de
propiedad
conjunta
que
es
controlada democráticamente.12 Así, los servicios provistos
por las entidades cooperativistas se caracterizan por su
Véase Exposición de motivos de la Ley de Sociedades Cooperativas de
Ahorro y Crédito de 2002, Ley Núm. 255-2002.
12
CC-2016-1132
10
impacto social, ya que estas empresas se originan en los
contornos
de
Historical
la
democracia
Dictionary
of
participativa.
the
J.
Cooperative
Shaffer,
Movement,
Lanham, Md, Scarecrow Press, 1999, pág. 49. Véase también
Cooperativa Cafeteros P.R. v. Colón Torres, 84 DPR 278,
281 (1961).
En nuestro ordenamiento jurídico, la Ley de Sociedades
Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002, 7 LPRA sec. 1361
et seq., regula el funcionamiento de las cooperativas que
actúan
como
motivos
de
instituciones
esta
financieras.
legislación
cataloga
La
a
exposición
las
de
cooperativas
como “pieza integral y un fuerte pilar para el desarrollo
económico
y
social
del
país”,
fortalecimiento del cooperativismo
y
dispone
que
el
“está revestido de un
alto interés público”. Exposición de motivos de la Ley de
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002, Ley
Núm. 255-2002. Además, establece que el propósito principal
del estatuto es brindarle a estas entidades “la oportunidad
de ser entes más competitivos y protagónicos” en nuestra
economía de mercado. Íd.
En aras de alcanzar este objetivo, el legislador le
concedió
una
serie
de
exenciones
contributivas
a
estas
instituciones. A tales efectos, y en lo pertinente al caso
de autos, el Art. 6.08(a)(3) de la
Ley de Cooperativas
postula que:
Las cooperativas y sus subsidiarias o afiliadas
estarán exentas del pago de derechos, arbitrios o
aranceles estatales o municipales, incluyendo el
CC-2016-1132
11
pago de cargos por licencias, patentes, permisos y
registros, del pago de cargos, derechos, sellos o
comprobantes de rentas internas relativos al
otorgamiento de toda clase de documentos públicos y
privados, del pago de cargos, derechos, sellos o
comprobantes de rentas internas relativos a la
inscripción de los mismos en el Registro de la
Propiedad o cualquier otro registro público u
oficina gubernamental y del pago de cargos,
derechos, sellos o comprobantes de rentas internas
relativos a la expedición de certificaciones por
dichos registros o por cualquier otra oficina
gubernamental. Las cooperativas y sus subsidiarias
o afiliadas estarán exentas, además, del pago de
cargos, derechos, sellos o comprobantes de rentas
internas, arbitrios o aranceles requeridos en el
Tribunal General de Justicia de Puerto Rico o por
cualquier agencia, instrumentalidad, corporación
pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o
cualquier subdivisión política de éste. 7 LPRA
sec. 1366g(a)(3).
III
Como cuestión de umbral, debemos resolver si, según
sostiene
el
Municipio,
carecía de jurisdicción
el
Tribunal
de
para dilucidar
Primera
Instancia
esta controversia
debido a que los peticionarios no agotaron los remedios
administrativos dispuestos en el Art. 2.007 de la Ley de
Municipios
Autónomos,
supra,
para
impugnar
una
determinación de arbitrio de construcción.13
Según hemos resuelto en reiteradas ocasiones, cuando se
impugna la autoridad en ley de un municipio para imponer
una contribución, y no así, por ejemplo, el monto de esta,
“resulta innecesario agotar el procedimiento administrativo
dispuesto en ley”. Interior Developers v. Mun. de San Juan,
supra,
pág.
710.
Véanse
Alcalde
de
Guayama
v.
ELA,
Esto pues, a diferencia de lo alegado por los peticionarios, la
determinación jurisdiccional que emitió el foro primario no constituye
la ley del caso por tratarse de un dictamen interlocutorio. Véase Cacho
Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1 (2016).
13
CC-2016-1132
12
192 DPR 329,
338
(2015);
Yiyi
Motors,
Inc.
v.
E.L.A.,
177 DPR 230, 279 (2009); Mun. Trujillo Alto v. Cable TV,
132 DPR 1008, 1011 (1993); Compañía Azucarera del Toa v.
Municipio, 76 DPR 331, 337 (1954).
En vista de que los peticionarios impugnan la facultad
del
Municipio
construcción
que
los
para
imponer
realizadas
un
por
arbitrio
las
podían
de
Instancia
Primera
las
cooperativas,
peticionarios
Tribunal
a
acudir
obras
de
resolvemos
directamente
al
completar
el
sin
procedimiento administrativo dispuesto en el Art. 2.007 de
la Ley de Municipios Autónomos, supra.
Resuelto
méritos
de
lo
la
anterior,
nos
controversia.
corresponde
Esto
es,
si
atender
la
los
exención
provista por el Art. 6.08 de la Ley de Cooperativas, supra,
se
extiende
al
contratista
de
una
obra
efectuada
por
encargo de una cooperativa.
Según surge del expediente, el Municipio plantea que el
contratista no está exento del pago del arbitrio porque el
Art. 1.003(ee) de la Ley de Municipios Autónomos, supra, lo
considera contribuyente para propósitos de este impuesto.
Por
lo
tanto,
esboza
que
los
foros
recurridos
actuaron
correctamente al desestimar la demanda, puesto que la suma
que consignó la Cooperativa constituyó un pago por tercero.
En apoyo de su contención, resalta –a modo de analogía- que
las
exenciones
provistas
a
las
agencias
e
instrumentalidades estatales y federales por el Art. 2.007
de la Ley de Municipios Autónomos, supra, no aplican cuando
CC-2016-1132
13
estas utilizan a un contratista para el desarrollo de la
obra.
En cambio, los peticionarios alegan que la intención
legislativa
al
promulgar
el
Art.
6.08
de
la
Ley
de
Cooperativas, supra, fue eximir a las cooperativas del pago
de este tipo de impuesto, por lo que argumentan que adoptar
el raciocinio propuesto por el Municipio conduciría a un
resultado absurdo. Así, nos invitan a resolver que el poder
impositivo del Municipio no se extiende a las obras
construcción
que
las
cooperativas
efectúan
por
de
encargo.
Ello, conforme a lo dispuesto en Interior Developers v.
Mun. de San Juan, supra.
Luego de evaluar las posturas de las partes, así como
la
comparecencia
Cooperativas
de
especial
Puerto
Rico
que
presentó
como
amigo
la
de
Liga
la
de
corte,
resolvemos que los foros recurridos erraron al concluir que
el contratista no estaba exento del pago del arbitrio.
Como vimos, la Ley de Cooperativas, supra, se aprobó
con
el
propósito
de
fortalecer
el
movimiento
cooperativista, brindándole así la oportunidad de asumir un
papel más protagónico en el desarrollo económico de Puerto
Rico. En aras de adelantar dicho propósito y promover el
crecimiento integral del sector cooperativo, el legislador
estatuyó una exención contributiva abarcadora a favor de
las cooperativas, la cual les exime del pago de una gama
amplia
de
arbitrios,
aranceles,
licencias,
patentes,
CC-2016-1132
14
derechos, sellos, impuestos municipales y estatales, entre
otros.
El
Municipio
arguye
que
la
referida
exención
solo
aplica a tributos que los municipios cobren directamente a
las cooperativas. La dificultad con ese planteamiento es
que
no
toma
en
cuenta
que
el
monto
del
arbitrio
de
construcción que pretende cobrar al contratista se incluye
como parte del costo de la obra, por lo que en última
instancia
es
la
interpretación
cooperativa
vulneraría
la
que
lo
pagará.14
directamente
el
Esta
propósito
legislativo y el alcance del estatuto, el cual ampliamente
exime a las cooperativas de ahorro y crédito del “pago de …
arbitrios
…
municipales”.
Art.
6.08
de
la
Ley
de
Cooperativas, supra.
Para propósitos de este análisis, resulta pertinente
discutir nuestros pronunciamientos en Interior Developers
v.
Mun.
de
determinar
imponer
San
si
Juan,
los
arbitrios
supra.
municipios
de
En
esa
tienen
construcción
ocasión
la
a
debíamos
autoridad
para
contratistas
que
realizan obras por encargo de la Rama Legislativa. Según
indicamos,
la
facultad
de
un
municipio
para
cobrar
el
arbitrio de construcción surge cuando se configuran tres
elementos:
(1)
una
obra
de
construcción;
(2)
localizada
dentro de los límites del municipio; (3) realizada por “una
persona natural o jurídica privada, o una persona natural o
jurídica privada contratada por una agencia o dependencia
14
Véase 21 LPRA sec. 4001(ee)(2).
CC-2016-1132
del
15
Gobierno
Central,
municipal
o
federal”.
Interior
Developers v. Mun. de San Juan, supra, pág. 705 (citando a
21 LPRA sec. 4052).
Debido a este último factor, “para determinar si un
municipio
tiene
facultad
para
cobrar
el
arbitrio
de
construcción hay que examinar, además del tipo de obra y su
localización,
a
quién
pertenece
la
obra.”
Íd.
(énfasis
suplido). Resaltamos que la Ley de Municipios Autónomos no
autorizó
a
los
municipios
a
imponerle
un
arbitrio
de
construcción a las obras de construcción realizadas por la
Rama
Legislativa
“o
las
personas
naturales
o
jurídicas
privadas contratadas por ésta”. Íd., págs. 712-713 (énfasis
suplido).
Por ello, resolvimos que no procedía la imposición del
arbitrio de construcción al contratista que llevó a cabo la
construcción, debido a que la obra pertenecía a la Asamblea
Legislativa, entidad sobre la cual el Municipio de San Juan
no
tenía
autoridad
para
imponer
el
arbitrio
de
consideración
se
construcción.15
El
caso
diferencia
supra,
en
que
de
tenemos
Interior
que
aquí
ante
nuestra
Developers
la
v.
Asamblea
Mun.
de
San
Legislativa
Juan,
limitó
explícitamente el alcance de la autoridad tributaria del
gobierno
central
y
de
los
municipios
cuando
aprobó
la
En aquella ocasión resolvimos que, debido a que no nació la
obligación tributaria, resultaba innecesario determinar quién es el
contribuyente, ya que dicha figura sólo entra en juego una vez surge
dicha obligación. Interior Developers v. Mun. de San Juan, supra, pág.
711.
15
CC-2016-1132
exención
16
contributiva
del
Art.
6.08(a)
de
la
Ley
de
Cooperativas, supra. Este artículo se redactó utilizando un
lenguaje sumamente abarcador ilustrativo de una intención
legislativa contra el ejercicio del poder
tributario
sobre
las cooperativas.16
Según el texto de la ley, la intención legislativa
exige que la exención contributiva en cuestión aplique a
las obras de construcción que realizan las cooperativas,
independientemente de si las encargaron a un contratista o
si las propias cooperativas las realizaron. Por tanto, los
municipios carecen de autoridad para requerir el pago del
arbitrio de construcción a la Cooperativa que encarga la
obra. Resolver que, aun así, pueden cobrar el arbitrio al
contratista que realiza la obra sería permitir de forma
indirecta el cobro que está vedado hacer directamente a la
cooperativa.
Como
privilegios
excepcionales,
las
exenciones
contributivas se deben interpretar restrictivamente y, en
caso de duda, a favor de su inexistencia. Pfizer Pharm. v.
Mun. de Vega Baja, 182 DPR 267, 279 (2011). No obstante, no
debemos
perder
de
perspectiva
que
su
interpretación
no
puede ser tan restrictiva que tenga el efecto de frustrar
Véanse Art. 6.08(a)(1) de la Ley de Cooperativas, 7 LPRA sec.
1366g(a)(1) (“Las cooperativas . . . estarán exent[a]s de toda clase de
tributación sobre ingresos, propiedad, arbitrio, patente o cualquiera
otra contribución impuesta o que más adelante se impusiere por el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico o cualquier subdivisión política
de
éste,
excepto
[ciertos
impuestos
estatales
específicamente
detallados]”) y el Art. 6.08(a)(3) de la Ley de Cooperativas, 7 LPRA
sec. 1366g(a)(3) (“Las cooperativas . . . estarán exentas del pago de
derechos, arbitrios o aranceles estatales o municipales . . .”).
16
CC-2016-1132
la
17
intención
legislativa.
Ortiz
Chévere,
et
al.
v.
Srio. Hacienda, 186 DPR 951, 976 (2012); Pfizer Pharm. v.
Mun. de Vega Baja, supra, pág. 279. Nuestra determinación
reafirma
estos
principios
abarcadora
exención
intención
legislativa
de
hermenéutica,
contributiva
de
bajo
estimular
el
ya
que
la
estudio
y
la
desarrollo
y
crecimiento de las cooperativas no permite otro resultado.
IV
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
se
revoca
el
dictamen recurrido y, se devuelve el caso al Tribunal de
Primera
Instancia
para
que
continúen
los
procedimientos
conforme a lo aquí resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Presidenta
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Cooperativa de Ahorro y
Crédito de Rincón; Vissepó
& Diez Construction, Corp.
Peticionarios
CC-2016-1132
v.
Municipio de Mayagüez
Recurrido
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de junio de 2018.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte de la presente
Sentencia, se revoca el dictamen recurrido y, se devuelve
el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen
los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo