Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Rogelio Canales Pacheco
2018 TSPR 100
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Rogelio Canales Pacheco
TS-8,755
Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por violar el Canon 9 de Ética Profesional.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2018 TSPR 100
Rogelio Canales Pacheco
Número del Caso:
200 DPR ____
TS-8,755
Fecha: 10 de mayo de 2018
Abogado del promovido:
Lcdo. Edmundo Ayala Oquendo
Oficina de Inspección de Notarías
Lcdo. Manuel Ávila De Jesús
Director
Materia: La suspensión será efectiva el 5 de junio de 2018, fecha en
que se le notificó por correo al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Núm. TS-8,755
Rogelio Canales Pacheco
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2018.
En esta ocasión, nos corresponde ordenar la suspensión
inmediata e indefinida de la abogacía de un profesional del
Derecho por violar el canon 9 del Código de ética profesional,
4 L.P.R.A. Ap. IX, C.9.
I
El Lcdo. Rogelio Canales Pacheco fue admitido a la
profesión de la abogacía el 4 de enero de 1988 y a la notaría
el 13 de julio del mismo año.
El 27 de enero de 2017, mediante Resolución notificada
personalmente,
se
ordenó
la
suspensión
preventiva
del
ejercicio de la notaría del licenciado Canales Pacheco. Esto,
tras evaluar los informes presentados por el Lcdo. Manuel E.
Ávila de Jesús, Director de la Oficina de Inspección de
Notarías (ODIN), y por la Oficina de la Procuradora General.
Véase In re Rogelio Pacheco Canales, 197 D.P.R. 274 (2017).
En la referida Resolución, se determinó que la suspensión
preventiva
sería
hasta
tanto
este
Tribunal
tomara
una
TS-8,755
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determinación final sobre la queja (AB-2014-95) presentada
en su contra.1
Durante el trámite de la notificación personal de la
mencionada
Resolución,
abogado,
la
cual
surgieron
una
fue
serie
se
incautó
la
inspeccionada.
de
deficiencias
obra
De
notarial
del
esta
inspección
se
encuentran
que
enumeradas en el informe rendido por la inspectora Lcda. Enid
Almenas Serrano, el 19 de abril de 2017. Dicho informe destaca
las siguientes deficiencias: (1) la falta de encuadernación,
índice, numeración, notas de apertura y cierre en los años
naturales del 2014 al 2017, inclusive, en la obra notarial
examinada; (2) la nota de apertura está incompleta y hay una
omisión de la nota de cierre del Protocolo; (3) la omisión
de nota de saca; (4) el número de instrumento no consta o no
concuerda con el orden cronológico; (5) la falta de signo,
sello o rúbrica en un instrumento público; (6) la ausencia
de cinco (5) instrumentos públicos; (7) la no consignación
del número de catastro o, si lo desconocía, no se hizo constar
ni se anejó una certificación negativa del CRIM; (8) la
omisión de sellos de Rentas Internas (RI), Impuesto Notarial
(IN)
y
Sociedad
para
la
Asistencia
Legal
(SAL)
en
los
instrumentos públicos ascendentes a la cantidad de $2,298.50,
Además de dicha queja, la cual advino querella tras la
presentación del correspondiente informe de la Oficina del
Procurador General (CP-2016-6), el licenciado Canales Pacheco
tiene
otra
querella
(CP-2017-6)
pendiente
ante
la
consideración de este Tribunal. Asimismo, el licenciado
Canales Pacheco se encuentra actualmente en incumplimiento
con los créditos requeridos por el Programa de Educación
Jurídica Continua.
1
TS-8,755
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y (9) la falta de la firma del notario y del sello notarial
en varios Asientos del Libro de Registros de Testimonios.
Asimismo, surge del informe que el licenciado Canales Pacheco
adeuda múltiples Informes de Actividad Notarial Mensual e
Informes Estadísticos Anuales de Actividad Notarial. Por
último,
nos
informa
el
Director
de
la
ODIN
que
en
el
expediente no hay evidencia acreditativa del pago de la Fianza
Notarial para los años 2014 al 2017.
El 12 de mayo de 2017, concedimos al licenciado Canales
Pacheco un término de quince (15) días para que entregara los
instrumentos públicos no incautados, los informes notariales
adeudados
a
la
ODIN
y
la
correspondiente
evidencia
acreditativa del pago de la fianza notarial para los años
2014-2017. De otra parte, se le ordenó, en un término de
sesenta (60) días, subsanar a sus expensas la obra notarial
incautada, incluyendo la deficiencia arancelaria notificada.
Por último, le advertimos al letrado que su incumplimiento
podría
acarrear
sanciones
más
severas,
incluyendo
la
separación del ejercicio de la abogacía.
El 21 de julio de 2017, compareció nuevamente el Director
de la ODIN y nos informó que los términos concedidos en la
Resolución del 12 de mayo de 2017 estaban vencidos y que el
letrado
tampoco
había
comparecido.
En
respuesta
a
ello,
ordenamos al licenciado Canales Pacheco, en un término de
cinco
(5)
días,
mostrar
causa
por
suspenderlo de la profesión legal.
la
cual
no
debíamos
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4
Así las cosas, el 11 de agosto de 2017, el licenciado
Canales Pacheco compareció y arguyó que confrontaba problemas
de
índole
personal,
de
salud
y
económicos
los
cuales
provocaron su incumplimiento con las órdenes de la ODIN y
este Tribunal. Por tanto, solicitó un término adicional de
seis (6) meses para subsanar las deficiencias de su obra
notarial. A pesar de las escuetas excusas ofrecidas por el
licenciado
Canales
incumplimiento,
Pacheco
le
respecto
concedimos
un
a
su
término
reiterado
final
e
improrrogable de cuarenta y cinco (45) días, mediante la
Resolución emitida el 28 de noviembre de 2017. Además, se le
advirtió nuevamente que su incumplimiento podría conllevar
la suspensión de la profesión legal.
El 26 de enero de 2018, el Director de la ODIN compareció
mediante Moción notificando incumplimiento de orden y en
solicitud de remedios. En ésta, nos alertó que el término
final e improrrogable concedido al licenciado Canales Pacheco
para cumplir con lo ordenado por la ODIN y este Tribunal había
vencido.
Surge
de
la
moción
que,
a
la
fecha
de
su
presentación, el licenciado Canales Pacheco aún no había
realizado
gestión
alguna
para
encaminar
el
proceso
de
subsanación de su obra notarial.
Como resultado del trámite que antecede, el Director de
la ODIN nos solicita que refiramos el asunto al proceso de
desacato ante el Tribunal de Primera Instancia para el trámite
correspondiente y que determinemos si procede la suspensión
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de manera inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía
del letrado.
Sin embargo, el 5 de febrero de 2018, el licenciado
Canales Pacheco compareció, mediante su representación legal,
ante este Foro y presentó una Moción en cumplimiento de orden.
Surge
del
escrito
que
el
letrado
presuntamente
está
coordinando con la ODIN un término improrrogable de quince
(15) días para subsanar los aranceles adeudados. Por ende,
solicita un término adicional de sesenta (60) días para
continuar sus gestiones en aras de cumplir con lo ordenado
por este Tribunal.
Luego de corroborar con la ODIN, y a pesar del tiempo
transcurrido
desde
las
respectivas
comparecencias
del
Director de la ODIN y del licenciado Canales Pacheco, al día
de hoy éste último aún no ha subsanado las deficiencias
señaladas en su obra notarial.
II
En nuestra jurisdicción, todo miembro de la abogacía
tiene
el
deber
de
cumplir
con
las
normas
de
conducta
contenidas en el Código de ética profesional. Entre éstas,
se encuentra el deber para con los tribunales. Sobre este
particular, el canon 9 de Ética profesional dispone que todo
abogado debe “observar para con los tribunales una conducta
que se caracterice por el mayor respeto”. 4 L.P.R.A. AP. IX,
C.9.
De este postulado ético, surge el deber de todo abogado
de responder diligentemente a las órdenes y requerimientos
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del tribunal. Véase In re Aponte Sánchez, 178 D.P.R. 647, 649
(2010); In re Cubero Feliciano I, 175 D.P.R. 794 (2009). En
atención a ello, en repetidas ocasiones hemos afirmado que
“procede suspender inmediata e indefinidamente de la práctica
de la abogacía en nuestra jurisdicción a cualquier miembro
de la profesión legal que opta por ignorar nuestras órdenes
y
muestra
indiferencia
ante
nuestros
apercibimientos
de
sanciones disciplinarias”. In re Mangual Acevedo, 197 D.P.R.
998, 1001 (2017); In re González Acevedo, 197 D.P.R. 360, 365
(2017); In re Colón Collazo, 196 D.P.R. 239, 242 (2016).
Asimismo, los deberes y las obligaciones impuestas en
este canon se extienden a los requerimientos de la Oficina
del
Procurador
General,
de
la
Oficina
de
Inspección
de
Notarías y del Programa de Educación Jurídica Continua. In
re Abreu Figueroa, 198 D.P.R. 532 (2017); In re Montañez
Melecio,
197
D.P.R.
275
(2017).
Asumir
una
de
tribunal
indiferencia
hacia
las
órdenes
requerimientos
de
los
entes
antes
un
actitud
mencionados
y
de
los
resulta
contrario a los principios consagrados en el canon 9. In re
Abreu Figueroa, 198 D.P.R. 532, 538 (2017). Dicha actitud
podría conllevar la imposición de sanciones disciplinarias
severas, como es la suspensión del ejercicio de la profesión.
Id.; In re Torres Román, 195 D.P.R. 882 (2016).
III
En
el
año
2017,
el
licenciado
Canales
Pacheco
fue
suspendido preventivamente del ejercicio de la notaría tras
una queja presentada en su contra y las correspondientes
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investigaciones de rigor. Como resultado de dicha suspensión,
la obra notarial del licenciado de referencia fue incautada
y,
posteriormente,
inspeccionada.
De
este
procedimiento
surgieron un sinnúmero de deficiencias notariales, las cuales
al presente no han sido subsanadas.
Del historial disciplinario aquí reseñado, reluce un
patrón de falta de interés desplegado por el licenciado
Canales Pacheco en su quehacer como profesional del Derecho.
El
letrado
ha
tenido
tiempo
suficiente
para
hacer
las
gestiones necesarias para cumplir con nuestras órdenes y los
requerimientos
de
la
ODIN.
La
actitud
displicente
y
la
conducta de indiferencia desplegada por el licenciado Canales
Pacheco hacia dichas órdenes, y conforme a los más altos
estándares éticos en nuestra jurisdicción, sin lugar a duda,
constituyen una violación al canon 9 del Código de ética
profesional. Véase In re Abreu Figueroa, 198 D.P.R. 532
(2017). Por todo lo cual, procede su suspensión inmediata de
la notaría y de la práctica de la abogacía.
IV
En atención a lo anterior, se ordena la suspensión
inmediata e indefinida de la práctica de la notaría y la
abogacía del licenciado Canales Pacheco. Se le impone el deber
de notificar a sus clientes sobre su inhabilidad de continuar
representándoles, devolver los honorarios por los trabajos
no realizados e informar inmediatamente de su suspensión a
cualquier foro judicial y administrativo en el que tenga casos
pendientes. Asimismo, deberá acreditar a este Tribunal el
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cumplimiento con lo anterior en un término de treinta (30)
días contados a partir de la notificación de esta Opinión Per
Curiam y Sentencia. Provisto que el señor Canales Pacheco
tiene
pendiente
varias
querellas
ante
este
Tribunal,
se
ordena el archivo administrativo de las mismas.
Consecuentemente, la última fianza notarial prestada
queda automáticamente cancelada. La fianza se considerará
buena y válida por 3 años después de su terminación en cuanto
a los actos realizados por el licenciado Canales Pacheco
durante el periodo en que la fianza estuvo vigente.
Por último, se le ordena que, en un término de sesenta
(60) días, subsane a sus expensas las deficiencias señaladas
por la ODIN. De no cumplir con lo aquí ordenado, se le
apercibe que referiremos el asunto al proceso de desacato
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
correspondiente.
Notifíquese personalmente.
Se dictará sentencia de conformidad.
para
el
trámite
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Núm. TS-8,755
Lcdo. Rogelio Canales Pacheco
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2018.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, se ordena la suspensión
inmediata e indefinida de la práctica de la notaría y
la abogacía del Lcdo. Rogelio Canales Pacheco. En caso
de que éste se encuentre representando clientes ante
nuestros tribunales en la actualidad, se le impone el
deber de notificar a estos sobre su inhabilidad de
continuar representándolos, devolver los honorarios
por
los
trabajos
no
realizados
e
informar
inmediatamente
de
su
respectiva
suspensión
a
cualquier foro judicial y administrativo en el que
tenga casos pendientes. Deberá acreditar a este
Tribunal el cumplimiento con lo anterior en un término
de treinta (30) días contados a partir de la
notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Consecuentemente, la última fianza notarial
prestada queda automáticamente cancelada. La fianza
se considerará buena y válida por 3 años después de
su terminación en cuanto a los actos realizados por
el licenciado Canales Pacheco durante el periodo en
que la fianza estuvo vigente.
Por último, se le ordena que en un término de
sesenta (60) días subsane, a sus expensas, las
deficiencias señaladas por la Oficina de Inspección
de Notarías (ODIN).
De no cumplir con lo aquí
TS-8,755
2
ordenado, se le apercibe que referiremos el asunto al proceso
de desacato ante el Tribunal de Primera Instancia para el
trámite correspondiente.
Notifíquese
Sentencia.
personalmente
esta
Opinión
Per
Curiam
y
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no
intervino.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo