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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Rogelio Canales Pacheco

2018 TSPR 100

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Rogelio Canales Pacheco

TS-8,755

Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por violar el Canon 9 de Ética Profesional.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2018 TSPR 100

Rogelio Canales Pacheco

Número del Caso:

200 DPR ____

TS-8,755

Fecha: 10 de mayo de 2018

Abogado del promovido:

Lcdo. Edmundo Ayala Oquendo

Oficina de Inspección de Notarías

Lcdo. Manuel Ávila De Jesús

Director

Materia: La suspensión será efectiva el 5 de junio de 2018, fecha en

que se le notificó por correo al abogado de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación

y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Núm. TS-8,755

Rogelio Canales Pacheco

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2018.

En esta ocasión, nos corresponde ordenar la suspensión

inmediata e indefinida de la abogacía de un profesional del

Derecho por violar el canon 9 del Código de ética profesional,

4 L.P.R.A. Ap. IX, C.9.

I

El Lcdo. Rogelio Canales Pacheco fue admitido a la

profesión de la abogacía el 4 de enero de 1988 y a la notaría

el 13 de julio del mismo año.

El 27 de enero de 2017, mediante Resolución notificada

personalmente,

se

ordenó

la

suspensión

preventiva

del

ejercicio de la notaría del licenciado Canales Pacheco. Esto,

tras evaluar los informes presentados por el Lcdo. Manuel E.

Ávila de Jesús, Director de la Oficina de Inspección de

Notarías (ODIN), y por la Oficina de la Procuradora General.

Véase In re Rogelio Pacheco Canales, 197 D.P.R. 274 (2017).

En la referida Resolución, se determinó que la suspensión

preventiva

sería

hasta

tanto

este

Tribunal

tomara

una

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2

determinación final sobre la queja (AB-2014-95) presentada

en su contra.1

Durante el trámite de la notificación personal de la

mencionada

Resolución,

abogado,

la

cual

surgieron

una

fue

serie

se

incautó

la

inspeccionada.

de

deficiencias

obra

De

notarial

del

esta

inspección

se

encuentran

que

enumeradas en el informe rendido por la inspectora Lcda. Enid

Almenas Serrano, el 19 de abril de 2017. Dicho informe destaca

las siguientes deficiencias: (1) la falta de encuadernación,

índice, numeración, notas de apertura y cierre en los años

naturales del 2014 al 2017, inclusive, en la obra notarial

examinada; (2) la nota de apertura está incompleta y hay una

omisión de la nota de cierre del Protocolo; (3) la omisión

de nota de saca; (4) el número de instrumento no consta o no

concuerda con el orden cronológico; (5) la falta de signo,

sello o rúbrica en un instrumento público; (6) la ausencia

de cinco (5) instrumentos públicos; (7) la no consignación

del número de catastro o, si lo desconocía, no se hizo constar

ni se anejó una certificación negativa del CRIM; (8) la

omisión de sellos de Rentas Internas (RI), Impuesto Notarial

(IN)

y

Sociedad

para

la

Asistencia

Legal

(SAL)

en

los

instrumentos públicos ascendentes a la cantidad de $2,298.50,

Además de dicha queja, la cual advino querella tras la

presentación del correspondiente informe de la Oficina del

Procurador General (CP-2016-6), el licenciado Canales Pacheco

tiene

otra

querella

(CP-2017-6)

pendiente

ante

la

consideración de este Tribunal. Asimismo, el licenciado

Canales Pacheco se encuentra actualmente en incumplimiento

con los créditos requeridos por el Programa de Educación

Jurídica Continua.

1

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3

y (9) la falta de la firma del notario y del sello notarial

en varios Asientos del Libro de Registros de Testimonios.

Asimismo, surge del informe que el licenciado Canales Pacheco

adeuda múltiples Informes de Actividad Notarial Mensual e

Informes Estadísticos Anuales de Actividad Notarial. Por

último,

nos

informa

el

Director

de

la

ODIN

que

en

el

expediente no hay evidencia acreditativa del pago de la Fianza

Notarial para los años 2014 al 2017.

El 12 de mayo de 2017, concedimos al licenciado Canales

Pacheco un término de quince (15) días para que entregara los

instrumentos públicos no incautados, los informes notariales

adeudados

a

la

ODIN

y

la

correspondiente

evidencia

acreditativa del pago de la fianza notarial para los años

2014-2017. De otra parte, se le ordenó, en un término de

sesenta (60) días, subsanar a sus expensas la obra notarial

incautada, incluyendo la deficiencia arancelaria notificada.

Por último, le advertimos al letrado que su incumplimiento

podría

acarrear

sanciones

más

severas,

incluyendo

la

separación del ejercicio de la abogacía.

El 21 de julio de 2017, compareció nuevamente el Director

de la ODIN y nos informó que los términos concedidos en la

Resolución del 12 de mayo de 2017 estaban vencidos y que el

letrado

tampoco

había

comparecido.

En

respuesta

a

ello,

ordenamos al licenciado Canales Pacheco, en un término de

cinco

(5)

días,

mostrar

causa

por

suspenderlo de la profesión legal.

la

cual

no

debíamos

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4

Así las cosas, el 11 de agosto de 2017, el licenciado

Canales Pacheco compareció y arguyó que confrontaba problemas

de

índole

personal,

de

salud

y

económicos

los

cuales

provocaron su incumplimiento con las órdenes de la ODIN y

este Tribunal. Por tanto, solicitó un término adicional de

seis (6) meses para subsanar las deficiencias de su obra

notarial. A pesar de las escuetas excusas ofrecidas por el

licenciado

Canales

incumplimiento,

Pacheco

le

respecto

concedimos

un

a

su

término

reiterado

final

e

improrrogable de cuarenta y cinco (45) días, mediante la

Resolución emitida el 28 de noviembre de 2017. Además, se le

advirtió nuevamente que su incumplimiento podría conllevar

la suspensión de la profesión legal.

El 26 de enero de 2018, el Director de la ODIN compareció

mediante Moción notificando incumplimiento de orden y en

solicitud de remedios. En ésta, nos alertó que el término

final e improrrogable concedido al licenciado Canales Pacheco

para cumplir con lo ordenado por la ODIN y este Tribunal había

vencido.

Surge

de

la

moción

que,

a

la

fecha

de

su

presentación, el licenciado Canales Pacheco aún no había

realizado

gestión

alguna

para

encaminar

el

proceso

de

subsanación de su obra notarial.

Como resultado del trámite que antecede, el Director de

la ODIN nos solicita que refiramos el asunto al proceso de

desacato ante el Tribunal de Primera Instancia para el trámite

correspondiente y que determinemos si procede la suspensión

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5

de manera inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía

del letrado.

Sin embargo, el 5 de febrero de 2018, el licenciado

Canales Pacheco compareció, mediante su representación legal,

ante este Foro y presentó una Moción en cumplimiento de orden.

Surge

del

escrito

que

el

letrado

presuntamente

está

coordinando con la ODIN un término improrrogable de quince

(15) días para subsanar los aranceles adeudados. Por ende,

solicita un término adicional de sesenta (60) días para

continuar sus gestiones en aras de cumplir con lo ordenado

por este Tribunal.

Luego de corroborar con la ODIN, y a pesar del tiempo

transcurrido

desde

las

respectivas

comparecencias

del

Director de la ODIN y del licenciado Canales Pacheco, al día

de hoy éste último aún no ha subsanado las deficiencias

señaladas en su obra notarial.

II

En nuestra jurisdicción, todo miembro de la abogacía

tiene

el

deber

de

cumplir

con

las

normas

de

conducta

contenidas en el Código de ética profesional. Entre éstas,

se encuentra el deber para con los tribunales. Sobre este

particular, el canon 9 de Ética profesional dispone que todo

abogado debe “observar para con los tribunales una conducta

que se caracterice por el mayor respeto”. 4 L.P.R.A. AP. IX,

C.9.

De este postulado ético, surge el deber de todo abogado

de responder diligentemente a las órdenes y requerimientos

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6

del tribunal. Véase In re Aponte Sánchez, 178 D.P.R. 647, 649

(2010); In re Cubero Feliciano I, 175 D.P.R. 794 (2009). En

atención a ello, en repetidas ocasiones hemos afirmado que

“procede suspender inmediata e indefinidamente de la práctica

de la abogacía en nuestra jurisdicción a cualquier miembro

de la profesión legal que opta por ignorar nuestras órdenes

y

muestra

indiferencia

ante

nuestros

apercibimientos

de

sanciones disciplinarias”. In re Mangual Acevedo, 197 D.P.R.

998, 1001 (2017); In re González Acevedo, 197 D.P.R. 360, 365

(2017); In re Colón Collazo, 196 D.P.R. 239, 242 (2016).

Asimismo, los deberes y las obligaciones impuestas en

este canon se extienden a los requerimientos de la Oficina

del

Procurador

General,

de

la

Oficina

de

Inspección

de

Notarías y del Programa de Educación Jurídica Continua. In

re Abreu Figueroa, 198 D.P.R. 532 (2017); In re Montañez

Melecio,

197

D.P.R.

275

(2017).

Asumir

una

de

tribunal

indiferencia

hacia

las

órdenes

requerimientos

de

los

entes

antes

un

actitud

mencionados

y

de

los

resulta

contrario a los principios consagrados en el canon 9. In re

Abreu Figueroa, 198 D.P.R. 532, 538 (2017). Dicha actitud

podría conllevar la imposición de sanciones disciplinarias

severas, como es la suspensión del ejercicio de la profesión.

Id.; In re Torres Román, 195 D.P.R. 882 (2016).

III

En

el

año

2017,

el

licenciado

Canales

Pacheco

fue

suspendido preventivamente del ejercicio de la notaría tras

una queja presentada en su contra y las correspondientes

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7

investigaciones de rigor. Como resultado de dicha suspensión,

la obra notarial del licenciado de referencia fue incautada

y,

posteriormente,

inspeccionada.

De

este

procedimiento

surgieron un sinnúmero de deficiencias notariales, las cuales

al presente no han sido subsanadas.

Del historial disciplinario aquí reseñado, reluce un

patrón de falta de interés desplegado por el licenciado

Canales Pacheco en su quehacer como profesional del Derecho.

El

letrado

ha

tenido

tiempo

suficiente

para

hacer

las

gestiones necesarias para cumplir con nuestras órdenes y los

requerimientos

de

la

ODIN.

La

actitud

displicente

y

la

conducta de indiferencia desplegada por el licenciado Canales

Pacheco hacia dichas órdenes, y conforme a los más altos

estándares éticos en nuestra jurisdicción, sin lugar a duda,

constituyen una violación al canon 9 del Código de ética

profesional. Véase In re Abreu Figueroa, 198 D.P.R. 532

(2017). Por todo lo cual, procede su suspensión inmediata de

la notaría y de la práctica de la abogacía.

IV

En atención a lo anterior, se ordena la suspensión

inmediata e indefinida de la práctica de la notaría y la

abogacía del licenciado Canales Pacheco. Se le impone el deber

de notificar a sus clientes sobre su inhabilidad de continuar

representándoles, devolver los honorarios por los trabajos

no realizados e informar inmediatamente de su suspensión a

cualquier foro judicial y administrativo en el que tenga casos

pendientes. Asimismo, deberá acreditar a este Tribunal el

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8

cumplimiento con lo anterior en un término de treinta (30)

días contados a partir de la notificación de esta Opinión Per

Curiam y Sentencia. Provisto que el señor Canales Pacheco

tiene

pendiente

varias

querellas

ante

este

Tribunal,

se

ordena el archivo administrativo de las mismas.

Consecuentemente, la última fianza notarial prestada

queda automáticamente cancelada. La fianza se considerará

buena y válida por 3 años después de su terminación en cuanto

a los actos realizados por el licenciado Canales Pacheco

durante el periodo en que la fianza estuvo vigente.

Por último, se le ordena que, en un término de sesenta

(60) días, subsane a sus expensas las deficiencias señaladas

por la ODIN. De no cumplir con lo aquí ordenado, se le

apercibe que referiremos el asunto al proceso de desacato

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

correspondiente.

Notifíquese personalmente.

Se dictará sentencia de conformidad.

para

el

trámite

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Núm. TS-8,755

Lcdo. Rogelio Canales Pacheco

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2018.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, se ordena la suspensión

inmediata e indefinida de la práctica de la notaría y

la abogacía del Lcdo. Rogelio Canales Pacheco. En caso

de que éste se encuentre representando clientes ante

nuestros tribunales en la actualidad, se le impone el

deber de notificar a estos sobre su inhabilidad de

continuar representándolos, devolver los honorarios

por

los

trabajos

no

realizados

e

informar

inmediatamente

de

su

respectiva

suspensión

a

cualquier foro judicial y administrativo en el que

tenga casos pendientes. Deberá acreditar a este

Tribunal el cumplimiento con lo anterior en un término

de treinta (30) días contados a partir de la

notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Consecuentemente, la última fianza notarial

prestada queda automáticamente cancelada. La fianza

se considerará buena y válida por 3 años después de

su terminación en cuanto a los actos realizados por

el licenciado Canales Pacheco durante el periodo en

que la fianza estuvo vigente.

Por último, se le ordena que en un término de

sesenta (60) días subsane, a sus expensas, las

deficiencias señaladas por la Oficina de Inspección

de Notarías (ODIN).

De no cumplir con lo aquí

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2

ordenado, se le apercibe que referiremos el asunto al proceso

de desacato ante el Tribunal de Primera Instancia para el

trámite correspondiente.

Notifíquese

Sentencia.

personalmente

esta

Opinión

Per

Curiam

y

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no

intervino.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo