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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Fuentes Bonilla v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros

2018 TSPR 98

Poder Judicial de Puerto Rico

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Fuentes Bonilla v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros

AC-2016-116

Derecho Administrativo: El Tribunal de Apelaciones tiene jurisdicción y competencia para examinar la validez de una regla o reglamento que fue aplicado por una agencia al revisar el dictamen final administrativo. Procede que la Junta de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces notifique, junto a la aprobación del examen de reválida, el término de noventa días disponible para someter toda la documentación necesaria para obtener la licencia de corredor de bienes raíces.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

María Mercedes Fuentes Bonilla

Apelante

2018 TSPR 98

v.

200 DPR ____

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico y otros

Apelados

Número del Caso: AC-2016-116

Fecha: 22 de mayo de 2018

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Reinaldo Camps del Valle

Lcdo. Eufemio Martínez Cintrón

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Luis R. Román Negrón

Procurador General

Lcdo. Joseph Feldstein del Valle

Subprocurador General

Lcda. Carmen Riera Cintrón

Procuradora General Auxiliar

Materia: Derecho Administrativo - El Tribunal de Apelaciones tiene

jurisdicción y competencia para examinar la validez de una regla o

reglamento que fue aplicado por una agencia al revisar el dictamen

final administrativo. Procede que la Junta de Corredores, Vendedores

y Empresas de Bienes Raíces notifique, junto a la aprobación del

examen de reválida, el término de noventa días disponible para

someter toda la documentación necesaria para obtener la licencia de

corredor de bienes raíces.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

María Mercedes Fuentes

Bonilla

Apelante

AC-2016-0116

v.

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico y otros

Apelados

EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIVERA GARCÍA emitió la opinión del

Tribunal.

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2018.

El presente caso tiene su génesis en la presentación de

un recurso de revisión judicial en el cual se alegó que la

resolución

final

constitucionales

de

de

una

la

agencia

peticionaria

violaba

al

derechos

aplicarle

una

disposición reglamentaria. A su vez, se planteó la invalidez

de la regla por ser arbitraria y caprichosa e infringir la

doctrina de separación de poderes. Aunque en un principio el

Tribunal de Apelaciones adjudicó el caso en sus méritos,

luego de reconsiderar su dictamen desestimó el recurso. Ello,

pues, concluyó que no tenía jurisdicción para atender las

controversias planteadas, ya que debían presentarse ante el

Tribunal de Primera Instancia.

En

ese

contexto,

esta

controversia

permite

que

nos

expresemos sobre el ámbito de competencia del Tribunal de

Apelaciones

para

atender

este

tipo

de

recursos

y

que

aclaremos nuestros pronunciamientos en JP v. Frente Unido I,

AC-2016-0116

2

165 DPR 445 (2005), y Centro Unido Detallistas v. Com. Seg.

Pub.,

174

realizar

DPR

174

(2008).

una

evaluación

Para

ello,

integral

y

estamos

llamados

armoniosa

de

a

las

disposiciones y principios relativos a la revisión de un

dictamen final de una agencia administrativa. Veamos.

I

El 22 de diciembre de 2012 se notificó a la Sra. María

Mercedes

Fuentes

Bonilla

(señora

Fuentes

Bonilla

o

peticionaria) que aprobó el examen de reválida de corredora

de bienes raíces. Poco más de seis meses después, el 28 de

junio de 2013, presentó cierta documentación ante la Junta de

Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces (Junta)

con el fin de obtener la licencia que la autorizara a ejercer

esa profesión. La Junta denegó conceder la licencia porque

los

documentos

fueron

presentados

fuera

del

término

de

noventa días que establece el Art. 17 del Reglamento de la

Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces en Puerto

Rico (Reglamento Núm. 5567), Reglamento Núm. 5567 de 3 de

abril de 1997.

Inconforme, la peticionaria solicitó la reconsideración

del

dictamen

administrativo.

En

síntesis,

adujo

que

el

requisito de noventa días no surgía de la ley habilitadora de

la Junta, por lo que había excedido los poderes delegados

sobre

ese

asunto,

reglamentaria

y

que

arbitraria

se

y

trataba

caprichosa

de

que

una

disposición

resultaba

ser

AC-2016-0116

3

inconstitucional.1 Además, arguyó que aplicarle el plazo de

noventa días violaba su debido proceso de ley porque no fue

notificado con la aprobación del examen. Ante la inacción de

la

agencia

en

cuanto

a

la

moción

de

reconsideración,

la

señora Fuentes Bonilla recurrió al Tribunal de Apelaciones.

Allí,

en

gran

medida,

la

peticionaria

replanteó

las

alegaciones esbozadas en la moción de reconsideración.2

No obstante, el 14 de febrero de 2014 el foro apelativo

desestimó el recurso. Determinó que faltaban por agotarse

ciertos remedios administrativos, por lo que devolvió el caso

a

la

Junta.

Razonó

que

no

se

había

notificado

a

la

peticionaria de su derecho a que se celebrara un proceso

adjudicativo de conformidad con la Sección 5.4 de la LPAU,

infra, y el Art. 19 de la Ley para Reglamentar el Negocio de

Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, Vendedor o Empresa

de Bienes Raíces en Puerto Rico (Ley para Reglamentar la

Profesión de Corredor de Bienes Raíces), Ley 110-1994, según

enmendada, 20 LPRA sec. 3042.3

Celebrada la vista administrativa ante la Junta, el 18

de

diciembre

de

2014

ésta

reiteró

su

dictamen

original.

Señaló que la señora Fuentes Bonilla sometió los documentos

necesarios

para

obtener

la

licencia

183

días

después

de

habérsele notificado que aprobó el examen de corredores de

Solicitud de reconsideración, Apéndice, págs. 64-67.

Solicitud de revisión administrativa KLRA201300911, íd., págs.

76-86. Por su parte, la Oficina de la Procuradora General coincidió con

la peticionaria en cuanto a que procedía notificar, de nuevo, a la

peticionaria la aprobación del examen advirtiéndole de la existencia del

término de noventa días para completar el trámite ante la Junta. Escrito

en cumplimiento de orden, íd., pág. 95.

3 Sentencia, íd., págs. 112-113.

1

2

AC-2016-0116

bienes

4

raíces.

Concluyó

que,

como

la

disposición

que

establece el periodo de noventa días no había sido declarada

inconstitucional o inválida, estaba obligada a cumplir con

ella. Respecto a la notificación del término de noventa días,

entre

otras

cosas,

expuso

que

la

notificación

de

los

resultados de la reválida no era una decisión final, sino que

se trataba de una notificación que daba comienzo al proceso

de obtención de una licencia y que no incidía sobre las

garantías

del

peticionaria

no

debido

proceso

tenía

un

de

interés

ley.

Sostuvo

propietario

que

porque

la

solo

aprobó la reválida y no se había expedido la licencia a su

favor. Finalmente, la Junta apercibió a la peticionaria de su

derecho a solicitar la reconsideración de la resolución final

de

la

agencia

y

de

acudir

en

revisión

del

dictamen

administrativo ante el Tribunal de Apelaciones.4

Así las cosas, la peticionaria acudió nuevamente al foro

apelativo

intermedio.

comparecencia,

impugnó

Al

igual

que

la

legalidad

en

de

su

la

primera

disposición

reglamentaria que impone un término de noventa días para

completar los trámites de la licencia de corredores de bienes

raíces. Asimismo, alegó que la falta de notificación sobre el

plazo creado y

de las consecuencias de su incumplimiento

violaba su debido proceso de ley.5 Por ello, adujo que, de

sostenerse

4

5

30.

la

validez

de

las

disposiciones

reglamentarias

Véase la Resolución, íd., págs. 138-142.

Escrito de revisión administrativa KLRA20150067, íd., págs. 28-

AC-2016-0116

5

impugnadas, procedía que el caso fuera devuelto a la Junta

para que realizara una notificación adecuada.

La Procuradora General, en representación de la parte

recurrida, compareció y solicitó la desestimación del recurso

por alegada falta de jurisdicción. En lo pertinente a la

controversia que tenemos ante nuestra consideración, planteó

que, en vista de que la peticionaria impugnaba la validez de

un reglamento, el foro con jurisdicción para atender esos

planteamientos era el Tribunal de Primera Instancia.6 En la

alternativa, en el caso de que el foro apelativo no acogiera

su planteamiento jurisdiccional, defendió la corrección de la

determinación

administrativa

y

la

validez

de

la

reglamentación.

La peticionaria replicó el petitorio de la Oficina de la

Procuradora General. Señaló que este Tribunal nunca había

establecido que el Tribunal de Primera Instancia era el foro

con jurisdicción exclusiva cuando se impugna un reglamento

luego de un proceso adjudicativo administrativo. En su lugar,

arguyó que el Tribunal de Apelaciones podía atender el caso

en virtud de la Sec. 4.2 de la LPAU, infra.

El 31 de agosto de 2015 el foro intermedio apelativo

emitió

una

Sentencia

en

la

que

resolvió

a

favor

de

la

peticionaria y revocó la resolución emitida por la Junta. En

apretada síntesis, concluyó que la Ley para Reglamentar la

Profesión de Corredor de Bienes Raíces, supra, no establecía

como requisito que los documentos necesarios para obtener la

6

Escrito en cumplimiento de orden, íd., pág. 158.

AC-2016-0116

6

licencia de corredor de bienes raíces fueran entregados en

cierto término, por lo que la Junta había actuado en exceso a

las

facultades

término

delegadas.7

arbitrario

que

Razonó

no

se

que

se

trataba

sustentaba

en

de

la

un

ley

habilitadora y que la peticionaria nunca fue notificada de la

existencia del plazo de noventa días.8

Oportunamente, la Procuradora General en aquel entonces

peticionó la reconsideración del dictamen. Reiteró que el

foro apelativo carecía de jurisdicción conforme JP v. Frente

Unido I, supra, y Centro Unido de Detallistas v. Comisión de

Servicio Público, supra. Alegó que el Tribunal de Apelaciones

es un foro con jurisdicción limitada y que lo procedente era

desestimar el recurso.9

El Tribunal de Apelaciones reconsideró su determinación

original. En definitiva, desestimó el recurso bajo la premisa

de que el foro con jurisdicción para atender el caso era el

Tribunal

de

Primera

Instancia

porque

se

impugnó

la

constitucionalidad de un reglamento.

No conteste con esa decisión, la peticionaria acudió

ante esta Curia. Sostuvo, inter alia, que ambos foros tenían

jurisdicción

concurrente

puesto

solicitaba

revisión

la

la

de

que,

determinación

principalmente,

de

un

órgano

administrativo.10

Sentencia, íd., págs. 151-152.

Íd., pág. 152.

9 Solicitud de reconsideración, íd., pág. 202.

10

Específicamente, la peticionaria señaló los dos errores

siguientes:

“1. Erró el Tribunal de Apelaciones al dejar sin efecto su

Sentencia del 32 de agosto de 2015 y declararse sin

7

8

AC-2016-0116

7

El 27 de enero de 2017 acogimos el recurso como un

certiorari. Expuesto el cuadro fáctico que antecede, con la

comparecencia de las partes, resolvemos.

II

A. Cuestiones sobre jurisdicción y competencia: en general

La jurisdicción consiste en la autoridad o el poder que

tiene

el

tribunal

controversia.11

para

atender

Reiteradamente

y

hemos

decidir

un

reconocido

caso

que

o

las

cuestiones de jurisdicción son de índole privilegiada y deben

ser resueltas con preferencia.12 Como cuestión privilegiada,

un

planteamiento

hacerse

en

sentido,

los

sobre

cualquier

jurisdicción

etapa

tribunales

del

tienen

en

la

materia

procedimiento.13

el

deber

puede

En

ese

ministerial

de

examinarla y evaluarla rigurosamente, ya sea porque fuera

jurisdicción

para

atender

el

recurso

de

revisión

administrativa presentado, tras concluir que en armonía con

lo resuelto en J.P. v. Frente Unido, supra y Centro Unido

de Detallistas v. Com. Serv. Pub., supra, el Tribunal de

Primera Instancia tiene jurisdicción primaria exclusiva

para

atender

y

adjudicar

controversias

sobre

la

constitucionalidad o validez de las reglas o reglamentos

adoptados y aplicados a un ciudadano por una agencia.

2. Erró el Tribunal de Apelaciones al hacer extensivo su

dictamen de falta de jurisdicción, amparándose en los casos

de J.P. v. Frente Unido, supra y Centro Unido de

Detallistas v. Com. Serv. Pub., supra, para no atender un

asunto básico dentro de la jurisdicción general, a pesar de

que concluyó que la Junta actuó en violación del debido

proceso de ley, en su vertiente procesal, al no brindar una

adecuada notificación del término de 90 días ni de las

consecuencias de su incumplimiento”.

11 CIC Const. v. JMSP-UPR, 196 DPR 964, 972 (2016); Lozada Sánchez

v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012), al citar a SLG Solá-Moreno v. Bengoa

Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); Asoc. Punta las Marías v. ARPE, 170 DPR

253, 263 esc. 3 (2007). Véase además: Cordero v. ARPe, 187 DPR 445, 456457 (2012).

12 Horizon

v. JTA. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233-234

(2014); Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 DPR 122, 131 (2014);

Hernández Romero v. Pol. de PR, 177 DPR 121, 135 (2009); García v.

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); JP v. Frente Unido, 165 DPR

445, 458-459 (2005).

13 JP v. Frente Unido, supra, pág. 459; Aut. Desp. Sólidos v. Mun.

San Juan, 150 DPR 106, 111 (2000) (Sentencia).

AC-2016-0116

8

cuestionada o motu proprio, pues, por su naturaleza, incide

directamente sobre el poder que tiene para adjudicar las

controversias.14

Según

hemos

precisado,

la

falta

de

jurisdicción

[…] trae consigo las consecuencias siguientes: (1)

no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes

no

pueden

voluntariamente

conferírsela

a

un

tribunal como tampoco puede éste abrogársela; (3)

conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4)

impone a los tribunales el ineludible deber de

auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los

tribunales apelativos el deber de examinar la

jurisdicción del foro de donde procede el recurso,

y (6) puede presentarse en cualquier etapa del

procedimiento, a instancia de las partes o por el

tribunal motu proprio.15

Ahora bien, en el ejercicio de auscultar la jurisdicción

de

un

foro

Constitución

judicial,

dispone

debemos

que

“los

tener

presente

tribunales

de

que

nuestra

Puerto

Rico

constituirán un sistema judicial unificado en lo concerniente

a

jurisdicción,

funcionamiento

y

administración”.16

Este

precepto constitucional establece, además, la facultad de la

Asamblea

Legislativa,

sino

determinar

de

la

no

de

limitar

competencia

nuestra

y

jurisdicción,

organización

de

los

tribunales.17 En Rodríguez v. Registrador, 75 DPR 712, 722

14 Horizon v. JTA. Revisora, RA Holdings, supra, pág. 234; Cordero

v. ARPe, supra, pág. 457; JP v. Frente Unido, supra, pág. 459; Asoc.

Dueños Casa Parguera, Inc. v. JP, 148 DPR 307, 312 (1999).

15 Lozada Sánchez v. JCA, supra, pág. 909, al citar a González v.

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009); Págan v. Alcalde Mun.

de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997); Lemar SE v. Vargas Rosado, 130 DPR

203, 207 (1992).

16 Art. V, Sec. II, Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 426.

Véase además: Art. 2.001 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de

2003 (Ley de la Judicatura de 2003), Ley 201-2003, según enmendada, 4

LPRA sec. 24b.

17 Const. PR, supra, Art. V, Sec. II. El Informe de la Comisión de

la Rama Judicial de la Convención Constituyente expresó que esta

disposición

AC-2016-0116

9

(1953), al citar con aprobación la obra Notes and Comments on

the

Constitution

of

the

Commonwealth

of

Puerto

Rico,

reconocimos que el fin de este precepto constitucional era la

disposición rápida de los casos y el logro de decisiones en

sus méritos, y no a base de tecnicismos de jurisdicción.

establece la completa unificación de los tribunales de Puerto

Rico. La unificación de los tribunales produce, entre otros

efectos,

la

eliminación

de

problemas

técnicos

de

jurisdicción. El poder legislativo queda, no obstante,

facultado para determinar la competencia de los tribunales y

para disponer que de acudir un litigante a un tribunal

distinto al indicado por las leyes sobre competencia, la

parte contraria puede solicitar y obtener el traslado de la

causa, o el tribunal motu proprio puede así disponerlo. La

Asamblea Legislativa queda así mismo [sic] facultada para

autorizar

la

revisión

judicial

de

resoluciones

sobre

traslados.

La Comisión recomienda la adopción de este sistema

integrado a los fines de asegurar el logro de los siguientes

objetivos:

(1) La mayor eficiencia en el ejercicio del poder

judicial.

(2) Una distribución equitativa del trabajo de las

cortes que permita la mayor rapidez en los

procedimientos judiciales evitando la congestión

de causas pendientes en los tribunales.

(3) [É]nfasis en el principio de especialización de

jueces

en

lugar

de

la

especialización

de

tribunales,

evitándose

así

la

necesidad

de

tribunales o salas adicionales o de crear un

número excesivo de plazas de jueces.

(4) Reducción del costo por caso al erario público.

(5) La mayor flexibilidad en la administración de la

justicia.

Este

sistema

judicial

integrado

que

recomendamos

eliminará en los litigios las cuestiones técnicas de

jurisdicción.

Dentro

del

sistema

que

hasta

ahora

ha

prevalecido en Puerto Rico a menudo se derrotaban los fines

de la justicia y se perjudicaban irremediablemente los

derechos de litigantes por haber éstos acudido a tribunales

que, según dicho sistema, carecían, por razones sumamente

técnicas,

de

jurisdicción

para

conocer

en

su

causa.

Frecuentemente se descubría el error técnico cuando ya el

litigante había incurrido en gastos y pérdida de tiempo. El

establecimiento de este sistema judicial unificado que se

recomienda

eliminará

de

manera

absoluta

todas

estas

deficiencias. Por otro lado, se reserva el poder legislativo

la facultad de disponer por ley sobre la competencia de los

tribunales incluyendo el lugar donde deben ventilarse los

litigios. Un error por razón de competencia podrá siempre ser

subsanado a petición de las partes o por disposición del

tribunal sin que se perjudiquen fatalmente los derechos de

los litigantes”.

4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2609 (1961). Véase

además: Horizon v. JTA. Revisora, RA Holdings, supra, pág. 234.

AC-2016-0116

10

Con la aprobación de la Constitución de Puerto Rico

“nuestros

tribunales

dejaron

de

funcionar

como

células

u

órganos separados e independientes. A partir de ese momento

pasaron a formar una sola organización, un solo conjunto, un

tribunal único”.18 Desde entonces los tribunales de Puerto

actualmente

Rico

Tribunal

Rico

de

el

Tribunal

Apelaciones

y

el

de

Primera

Tribunal

Instancia,

Supremo

de

el

Puerto

componen un Tribunal General de Justicia que, tanto

legislativa

como

constitucionalmente,

cuenta

con

una

sola

jurisdicción.19 Sin duda, la adopción del Art. V, Sec. II de

la Constitución de Puerto Rico, evolucionó algunos aspectos

que hasta entonces se trataban como asuntos de “jurisdicción”

transformándolos

en

una

nueva

categoría

que

actualmente

se

canaliza

conocemos como “competencia”.

La

competencia

jurisdicción

a

es

través

la

de

forma

los

en

foros

cómo

judiciales.20

la

Conforme

expresamos después de la aprobación de la Constitución de

Puerto

Rico

distinción

y

de

la

entre

la

Ley

de

la

jurisdicción

Judicatura

y

la

de

1952,

competencia

la

está

coordinada con la diferencia entre el poder del tribunal y la

conveniencia

de

los

litigantes,

los

tribunales

y

los

testigos.21 Así pues, las normas de competencia lo que buscan

es

establecer

18

la

tramitación

ordenada

de

los

asuntos

Íd., pág. 234; Freire Ayala v. Vista Rent, 169 DPR 418, 441

(2006).

Véase Ley de la Judicatura de 2003, supra, 4 LPRA sec. 24b. Véase

además: Freire Ayala v. Vista Rent, supra, pág. 441.

20 Horizon v. JTA. Revisora, RA Holdings, supra, pág. 235.

21 Rodríguez v. Registrador, 75 DPR 712, 717 (1953).

19

AC-2016-0116

judiciales

11

dentro

de

nuestro

sistema

de

jurisdicción

unificada.22 Por ello, como norma general, a través de la

legislación promulgada podemos identificar cómo ésta se ha

instituido a través de los foros judiciales.

B. La creación de un Tribunal de Apelaciones para entender

sobre recursos de revisión judicial

A través de los años la forma en la cual se ha erigido

la competencia de los tribunales para revisar las actuaciones

de

las

agencias

administrativas

ha

evolucionado.

Inicialmente, luego de la aprobación de la Constitución de

Puerto Rico en 1952, el Tribunal General de Justicia estaba

compuesto por el Tribunal Supremo y un Tribunal de Primera

Instancia. Este último, a su vez, estaba conformado por el

Tribunal Superior, el Tribunal de Distrito y el Tribunal

Municipal.23 En aquel entonces era el Tribunal Superior el

que funcionaba como una especie de foro apelativo intermedio

que revisaba las determinaciones del Tribunal de Distrito y

el

Tribunal

Municipal;

así

como

las

decisiones

de

las

agencias administrativas que no eran de la competencia del

Tribunal Supremo.

Tras múltiples reformas judiciales para crear un foro

apelativo intermedio,24 la Ley de la Judicatura de Puerto

Lemar SE v. Vargas Rosado, supra, pág. 207.

Véase Ley de la Judicatura de 1952, Ley Núm. 11 de 24 de julio de

1952 (1952 Leyes de Puerto Rico 37).

24 Véanse: Ley Núm. 21 de 13 de julio de 1992 (1992 (Parte 1) Leyes

de Puerto Rico 131); Ley de la Judicatura de 1994, Plan de Reorganización

Núm. 1 de 28 de julio de 1994. Estas reformas, y sus enmiendas

correspondientes, fueron incrementando la competencia de los foros

judiciales apelativos intermedios para revisar las actuaciones de las

agencias administrativas. Véase, e.g., Ley Núm. 248 de 25 de diciembre de

1995.

22

23

AC-2016-0116

12

Rico de 2003 (Ley de la Judicatura de 2003), Ley 201-2003,

según

enmendada,

Tribunal

de

4

LPRA

Apelaciones

sec.

24

actual.

et

Su

seq.,

instituyó

promulgación

tuvo

el

el

objetivo de lograr un sistema de justicia de mejor calidad,

rápido, económico y accesible.25 En virtud de esta premisa,

la Ley de la Judicatura de 2003 reconoce que el Tribunal de

Apelaciones “deberá cumplir con el objetivo […] de dar mayor

acceso a la ciudadanía a los procesos judiciales”; así como

de

“ofrecer

acceso

fácil,

económico

y

efectivo

a

sus

procedimientos, eliminando obstáculos y barreras que impidan

impartir justicia apelativa a los ciudadanos con reclamos

válidos”.26 Acorde con lo anterior, los Arts. 4.002 y 4.006

de

la

ley

preceptúan

la

obligación

del

Tribunal

de

Apelaciones de atender los recursos de revisión judicial.27

De hecho, en lo pertinente, el Art. 4.006, el cual regula

expresamente la competencia del foro apelativo intermedio,

establece que estos recursos “se acoger[án] como cuestión de

derecho, de las decisiones, órdenes y resoluciones finales de

organismos

y

agencias

administrativas”,

y

que

el

Exposición de Motivos de la Ley de la Judicatura de 2003, supra.

(2003 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 971).

26 Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura de 2003, supra, 4 LPRA sec.

24u.

27 Íd. Aunque la Ley de la Judicatura, según aprobada originalmente,

disponía que las decisiones finales de las agencias administrativas

serían revisadas discrecionalmente por el foro intermedio, esto fue

enmendado posteriormente a los fines de aclarar que la revisión se

realizara como cuestión de derecho. Véase Art. 4.002 de la Ley de la

Judicatura de 2003, supra. (2003 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 984); Ley

466-2004. Por su parte, el Art. 9.004 de la Ley de la Judicatura de 2003

estableció que los Arts. 4.002 y 4.006 no tendrían vigencia inmediata y

las revisiones se realizarían discrecionalmente hasta que la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme, infra, fuera enmendada para

ajustarla a este nuevo lenguaje. Ley de la Judicatura de 2003, supra.

(2003 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 996).

25

AC-2016-0116

13

procedimiento a seguir es de acuerdo a lo establecido en la

LPAU, infra.28

Esto nos lleva a analizar las disposiciones de la LPAU,

infra, y la jurisprudencia emitida por este Tribunal, de modo

que determinemos si, en efecto, el foro apelativo intermedio

tiene competencia para entender sobre las controversias que

fueron planteadas.

III

La competencia del Tribunal de Apelaciones para revisar

las

actuaciones

principalmente,

en

administrativas

las

Secs.

2.7

está

y

4.2

articulada,

de

la

Ley

de

Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico (LPAU),

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA

secs. 2127 y 2172, respectivamente, vigentes al momento de

presentarse

el

recurso

de

revisión

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones.29 Examinamos, a continuación, lo pautado en la

Sec. 2.7.

A. La revisión de las reglas o reglamentos administrativos

La

Sec.

competencia

2.7(b)

para

de

la

dilucidar

LPAU

la

preceptúa

validez

de

el

foro

una

regla

con

o

28 (Énfasis suplido). Art. 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003,

supra, 4 LPRA sec. 24y. Véase además: Alonzo Reyes v. ASC, 185 DPR 861,

875-876 (2012); Fund. Surfrider y otros v. ARPe, 178 DPR 563, 573-574

(2010). Conforme a ello, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones reguló

lo concerniente a la revisión de las decisiones, los reglamentos, las

órdenes, las resoluciones y las providencias finales dictadas por las

agencias administrativas en las reglas 56 a la regla 67, ya sea en su

función adjudicativa o cuasi legislativa.

29 Cabe aclarar que la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, estaba

vigente al momento de acudirse al foro apelativo intermedio. En el 2017

se promulgó la Ley Núm. 38-2017, la cual no permitió que la Ley Núm. 2102016 entrara en vigor y alterara el lenguaje de las disposiciones a que

se hace referencia en esta Opinión. Actualmente, estas se encuentran

incorporadas en la Ley 38, supra.

AC-2016-0116

14

reglamento que se impugna de su faz por el incumplimiento con

las disposiciones del propio estatuto. En lo atinente, ésta

instituye que

[c]ualquier acción para impugnar la validez de su

faz de una regla o reglamento por el incumplimiento

con las disposiciones de esta Ley deberá iniciarse

en el Tribunal de Apelaciones dentro de los treinta

(30) días siguientes a la fecha de vigencia de

dicha regla o reglamento. La competencia sobre la

acción corresponderá a la región judicial donde

esté ubicado el domicilio del recurrente.30

Según hemos reconocido, esta sección provee un mecanismo

mediante el cual cualquier persona interesada puede impugnar

la validez de una regla o reglamento.31 Para promover la

acción en el Tribunal de Apelaciones, no se requiere que

quien

impugne

tenga

que

probar

cómo

se

afecta

de

manera

individualizada por su aplicación.32 Este es el beneficio de

la

acción

que

instaura

esta

sección:

concede

por

la

ley

legitimación a las personas interesadas para impugnar de su

faz una regla o reglamento en el Tribunal de Apelaciones

porque existe un interés general que se pretende proteger.

Ese interés general, que permite la impugnación de su faz de

un reglamento, “se circunscribe a los casos en que se alegue

el incumplimiento con las garantías procesales de la propia

ley”.33

LPAU, supra, 3 LPRA sec. 2127.

Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 156 DPR 105, 121 (2002).

Véase además: J. M. Farinacci Fernós, Cualquier persona: La facultad

plenaria de la Asamblea Legislativa para otorgar legitimación activa por

la vía estatutaria, 84 Rev. Jur. UPR 359, 371 (2015).

32 JP v. Frente unido I, supra, pág. 463; Centro Unido Detallistas

v. Com. Serv. Pub., 174 DPR 174, 186 (2008).

33 Centro Unido Detallistas v. Com. Serv. Púb., supra, pág. 186.

30

31

AC-2016-0116

15

Sin embargo, surge diáfanamente que la acción fijada en

la Sec. 2.7 debe presentarse dentro de los primeros treinta

días siguientes a que la reglamentación entre en vigor. En

ese sentido, la

Tribunal

de

aplicación

duración

legitimación que confiere para acudir al

Apelaciones,

particular

limitada.

de

sin

que

la

se

regla

Trascurrido

tenga

o

este

que

probar

la

reglamento,

posee

plazo

podría

no

presentarse la acción de nulidad al amparo de esta sección ya

que se trata de un término jurisdiccional.34

B. La revisión de una orden o resolución final proveniente

de un proceso administrativo adjudicativo

Además de la impugnación establecida en la Sec. 2.7, la

LPAU erige la revisión de las actuaciones administrativas en

su Capítulo IV. Al hacerlo, expresa que sus disposiciones

“serán

aplicables

a

aquellas

órdenes,

resoluciones

y

providencias adjudicativas finales dictadas por agencias o

funcionarios

administrativos

Tribunal

Apelaciones

de

que

mediante

serán

revisadas

Recurso

de

por

el

Revisión”,

excepto las que allí se enumeran.35 Así, la ley

define el ámbito de la facultad revisora de los

tribunales

sobre

las

determinaciones

cuasiadjudicativas [sic] de las agencias públicas.

[…] Reconoce que es responsabilidad de los foros

judiciales asegurarse de que el ente administrativo

actúe dentro del marco de los poderes que le han

sido delegados, y de conformidad con la política

pública que lo dirige. La revisión judicial

garantiza […] un foro al cual recurrir para

vindicar sus derechos y reclamar un remedio frente

34 Grupo HIMA v. Depto. de Salud, 181 DPR 72, 86 (2011); Asoc.

Dueños Casas Parguera, Inc. v. JP, supra.

35 Sec. 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de

Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. (3

LPRA sec. 2171).

AC-2016-0116

16

a posibles actuaciones arbitrarias de las agencias

públicas en un dictamen administrativo.36

La Sec. 5.4 de la LPAU señala que “[t]oda persona a la

que una agencia deniegue la concesión de una licencia […] o

gestión similar tendrá derecho a impugnar la determinación de

la

agencia

por

medio

de

un

procedimiento

adjudicativo”.37

Precisamente, la adjudicación de una agencia, según definido

por la LPAU, es el “pronunciamiento mediante el cual una

agencia determina los derechos, [las] obligaciones o [los]

privilegios que correspondan a la parte”.38 Por ende, luego

de

la

determinación

final

de

la

agencia

en

cuanto

a

la

solicitud de la licencia, entran en juego las disposiciones

que regulan los requisitos y la forma de presentar un recurso

de revisión ante el Tribunal de Apelaciones.

Como

mencionáramos,

la

competencia

del

Tribunal

de

Apelaciones para efectuar la revisión de las determinaciones

administrativas,

en

su

función

adjudicativa,

salvo

se

disponga lo contrario en una ley posterior, está regulada por

la Sec. 4.2 de la LPAU.

Ésta establece que

[u]na parte adversamente afectada por una orden o

resolución final de una agencia y que haya agotado

todos los remedios provistos por la agencia o por

el

organismo

administrativo

apelativo

correspondiente podrá presentar una solicitud de

revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro

del término de treinta (30) días contados a partir

de la fecha del archivo en autos de la copia de la

Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 947, 965 (2011).

Sec. 5.4 de la LPAU, supra, 3 LPRA sec. 2184.

38 Sec. 1.3 de la LPAU, supra, 3 LPRA sec. 2102 (b). Véanse además:

Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, supra, pág. 137; Mun. de San Juan v.

Jta. Planificación, 189 DPR 895, 911 (2013); Mun. de Toa Baja v. DRNA,

185 DPR 684, 694 (2012); ARPe v. Coordinadora, 165 DPR 850, 871 (2005).

Mun. de San Juan v. Jta. Planificación, supra, pág. 911; Claro TV y Junta

Regl. Tel. v. One Link, 179 DPR 177, 201 (2010); JP v. Frente Unido I,

supra, págs. 463-464.

36

37

AC-2016-0116

17

notificación de la orden o resolución final de la

agencia o a partir de la fecha aplicable de las

disposiciones en la Sección 3.15 de esta Ley,

cuando el término para solicitar la revisión

judicial

haya

sido

interrumpido

mediante

la

presentación

oportuna

de

una

moción

de

reconsideración. […]

. . . . . . . .

La revisión judicial aquí dispuesta será el

recurso exclusivo para revisar los méritos de una

decisión administrativa sea ésta de naturaleza

adjudicativa o de naturaleza informal emitida al

amparo de esta Ley.39

Esta disposición de la ley instituye el ámbito de la

revisión

judicial

de

procede

y

tiene

quién

las

agencias

acción

administrativas,

legitimada

para

cuándo

instar

el

recurso.40 Debe notarse que el mecanismo de revisión a que se

refiere

esta

sección

judicial

que

hace

es

una

a

“la

parte

solicitud

con

relación

de

intervención

a

la

decisión

efectuada por una agencia administrativa”.41 Al hacerlo, la

LPAU canaliza la jurisdicción de los tribunales en este tipo

de recursos a través del Tribunal de Apelaciones. Además,

limita

la

requisitos:

revisión

primero,

a

las

que

decisiones

trate

de

que

cumplan

órdenes

o

con

dos

resoluciones

finales; y, segundo, que la parte adversamente afectada haya

agotado

todos

los

remedios

provistos

por

la

agencia

Sec. 4.2 de la LPAU, supra, 3 LPRA sec. 2172. La Sec. 4.6 de la

LPAU reconoce, al igual que la Ley de la Judicatura de 2003, que “[e]l

Tribunal de Apelaciones revisará como cuestión de derecho las decisiones,

órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias administrativas”.

Íd., sec. 2176.

40 AEE v. Rivera, 167 DPR 201, 217 (2006) (Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Rivera Pérez).

41 Alonzo Reyes v. ASC, 185 DPR 861, 874-875 (2012), al citar a D.

Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 517.

39

AC-2016-0116

18

administrativa.42

Se

erige,

de

hecho,

que

este

es

el

mecanismo exclusivo para revisar los méritos de una decisión

administrativa en un proceso adjudicativo o de naturaleza

informal que haya sido emitido al amparo de esa ley.

IV

Como señala la Oficina del Procurador General, la Sec.

2.7 de la LPAU no aplica al caso de autos, puesto que la

acción que allí se crea tiene que presentarse dentro del

término de treinta días desde la vigencia del reglamento que

se impugne a su amparo. Sin embargo, la controversia en este

caso se generó ya que en JP v. Frente Unido I, supra, pág.

463, y Centro Unido Detallistas v. Com. Serv. Pub., supra,

págs. 184-185, expresamos que pasado el término de treinta

días

que

dispone

la

Sec.

2.7,

supra,

“cualquier

persona

afectada por la aplicación de una regla o reglamento aprobado

por

la

agencia

administrativa

podrá

impugnar

su

validez

constitucional, en cualquier momento, ante el Tribunal de

Primera

Instancia”.43

Así

pues,

la

Oficina

del

Procurador

General fundamentó su postura en esto para sostener que el

foro

apelativo

intermedio

errores

señalados

arguye

que

por

la

en

la

jurisdicción

del

Tribunal

Tribunal

Primera

de

estaba

impedido

peticionaria.

referida

de

de

atender

los

Específicamente,

jurisprudencia

limitamos

la

Apelaciones

y

concedimos

al

facultad

exclusiva

de

Instancia

la

42 Tosado v. AEE, 165 DPR 377, 384 (2005); Procuradora Paciente v.

MCS, 163 DPR 21, 34-35 (2004); J. Exam. Tec. Med. V. Elias et al., 144

DPR 483, 489 (1997).

43 JP v. Frente Unido I, supra, pág. 463. Véase además: Centro Unido

Detallistas v. Com. Serv. Pub., supra, págs. 184-185.

AC-2016-0116

19

revisar la validez de un reglamento, transcurrido el término

señalado en la Sec. 2.7 de la LPAU. Si bien una parte de los

planteamientos

de

la

peticionaria

se

realizaron

con

el

propósito de impugnar un reglamento administrativo que le fue

aplicado, la interpretación que la Oficina del Procurador

General quiere dar a nuestras expresiones es incorrecta.

En JP v. Frente Unido I, supra, se cuestionó la validez

del Reglamento de Zonificación Especial para las Reservas

Agrícolas de Puerto Rico, Reglamento de Planificación Núm. 28

de

la

Junta

Empero,

de

dicha

Planificación

impugnación

se

de

13

de

realizó

febrero

dentro

de

del

2004.

término

dispuesto en la Sec. 2.7 de la LPAU y sin que se aplicara a

algún

individuo

adjudicativo.44

particular

Nuestra

luego

función

se

de

un

proceso

circunscribió

a

tres

asuntos: primero, determinar si la Junta de Planificación

había presentado oportunamente una moción de reconsideración

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones;

segundo,

determinar

si

varios municipios eran parte con derecho a ser notificados

del recurso de revisión judicial; y, entonces, en

lugar,

pasar

juicio

sobre

la

legalidad

del

tercer

reglamento

impugnado.45 Concluimos que se trataba de un caso que surgía

de

un

proceso

ninguna

reglamentación

determinación

obligaciones

44

de

de

alguna

específica

persona,

en

el

cual

sobre

los

sino

que

se

hacía

derechos

y

establecían

Véase, e.g., Luan Investment Corp. v. Román, 125 DPR 533, 547

(1990).

45

se

no

Véase JP v. Frente Unido I, supra, pág. 454.

AC-2016-0116

20

normas de aplicación general.46 Fue por esto que únicamente

hicimos

referencia

a

lo

señalado

en

la

Sec.

2.7

y

dictaminamos que no aplicaba la Sec. 4.2 de la LPAU.

Por otra parte, en Centro Unido Detallistas v. Com.

Serv. Pub., supra, la interrogante se limitaba a si la Sec.

2.7 de la LPAU,

supra, aplicaba únicamente al impugnarse

faltas relacionadas con el proceso de reglamentación señalado

en dicha ley o si se extendía a requisitos establecidos en

legislación

distinta.

El

análisis

que

realizamos

fue

sencillo, toda vez que la Sec. 2.7 es clara al crear la

acción

de

nulidad.

Resolvimos

que

ésta

se

restringía

a

impugnaciones por el incumplimiento sustancial con la LPAU.

Para

ello,

hicimos

la

salvedad

de

que

“la

acción

de

impugnación reglamentaria provista por [la Sec. 2.7 de] la

L.P.A.U. es distinta de cualquier proceso que pueda entablar

un ciudadano agraviado por la acción de una agencia, bien

tras

un

procedimiento

de

adjudicación

o

a

raíz

de

la

aplicación de un reglamento que, a su entender, carezca de

validez”.47

Expresamos

que

la

distinción

respondía,

fundamentalmente, a

[…] que los tribunales ordinariamente examinan la

validez de los reglamentos de forma colateral. Por

lo

general,

el

foro

judicial

no

interviene

directamente con la acción de la agencia al adoptar

sus reglamentos, sino que la revisión se produce a

través de pleitos particulares en los que se

cuestionan las determinaciones tomadas por las

agencias

al

amparo

de

éstos.

Esas

acciones

normalmente

están

relacionadas

con

intentos

Íd., pág. 465.

Centro Unido Detallistas v. Com. Serv. Pub., supra, pág. 185, al

hacer referencia a Asoc. Dueños Casas Parguera, Inc. v. JP, supra, pág.

315 esc. 4; Fernández Quiñones, op. cit., págs. 120-122.

46

47

AC-2016-0116

21

concretos de aplicar la regla impugnada. Por eso,

en la práctica, el interdicto, la sentencia

declaratoria y el propio procedimiento para hacer

cumplir la resolución de la agencia son los

mecanismos más utilizados al revisar la validez de

las reglas administrativas. Véase D. Fernández

Quiñones, La revisión judicial de las decisiones

administrativas, 69 (Núm. 4) Rev. Jur. U.P.R. 1129,

1147–1148 (2000). E.g. Asociación de Maestros v.

Comisión, supra; Hernández v. Col. Optómetras,

supra.48

Lo

que

allí

esbozamos

no

debe

malinterpretarse.

Al

revisitar los orígenes de nuestros pronunciamientos, debemos

advertir que éstos se sustentaron en Asoc. Dueños Casas de la

Parguera, Inc. v. JP, 148 DPR 307 (1999), cuya situación está

muy

lejos

de

la

que

tenemos

ante

nos.

En

aquel

momento

tuvimos que resolver cuál es el término para impugnar un plan

de uso de terrenos aprobado por la Junta de Planificación.49

En ningún momento señalamos que la validez de un reglamento

podía revisarse exclusivamente ante el foro de instancia y

que, transcurrido el plazo de treinta días de la Sec. 2.7 de

la

LPAU,

ese

ejercicio

estaba

excluido

de

un

proceso

al

amparo de otra disposición de la ley. Además, es importante

precisar que este caso se produjo en el proceso de transición

establecido por la Asamblea Legislativa al promulgar la Ley

de la Judicatura de 1994 y enmendar la LPAU a los propósitos

de instituir al Tribunal de Circuito de Apelaciones como el

foro revisor de las actuaciones administrativas.50 Por ello,

Centro Unido Detallistas v. Com. Serv. Pub., supra, pág. 185.

El caso fue desestimado por falta de jurisdicción, pues el

recurso había sido presentado fuera del término establecido en la ley

para ese tipo de casos.

50 Asoc. Dueños Casas de la Parguera, Inc., supra, pág. 313 esc. 2.

En este caso la Sec. 2.7 de la LPAU que se utilizó no hacía referencia al

Tribunal de Circuito de Apelaciones, sino al Tribunal Superior.

48

49

AC-2016-0116

22

las normas sobre competencia que aplicamos en aquel entonces

eran distintas a las que debemos interpretar en esta ocasión.

Nótese que en aquellas ocasiones no tuvimos que resolver

si era posible examinar la constitucionalidad de una regla al

revisar un dictamen final de una agencia, como sucede en el

caso

ante

nos.

Por

ello,

lo

que

articulamos

no

estuvo

dirigido a limitar la competencia y el alcance de la revisión

que

puede

recurre

realizar

de

la

el

Tribunal

de

determinación

administrativa.

Debemos

tener

pronunciamientos

manaron

de

Apelaciones

final

de

presente

recursos

que

cuando

se

una

agencia

que

nuestros

se

presentaron

exclusivamente en virtud de la Sec. 2.7, y no al amparo de la

Sec. 4.2 de la LPAU. Indudablemente no aplicaría la Sec. 2.7

si pasara el término de treinta días que allí se dispone o si

la

acción

que

se

desea

presentar

no

está

dentro

de

su

alcance, como decidimos en Centro Unido Detallistas v. Com.

Serv. Púb., supra.51 Empero, esto no se traduce en que el

Tribunal de Apelaciones no tenga la facultad para adjudicar

las controversias en virtud de otras disposiciones de la

LPAU. La casuística de este Tribunal lo demuestra. Incluso

luego

de

JP

v.

Frente

Unido

I,

supra,

y

Centro

Unido

Detallista v. Com. Serv. Púb., supra, este Tribunal ha pasado

juicio sobre la validez de cierta reglamentación como parte

de la revisión final de la actuación administrativa.

Por ejemplo, en López Rivera v. Adm. de Corrección, 174

DPR 247 (2008), tuvimos que evaluar la validez de la Regla 20

51

(1998).

Véase además: Martínez v. Depto. del Trabajo, 145 DPR 588, 592

AC-2016-0116

del

23

Reglamento

Confinados

y

de

Procedimientos

Participantes

de

Disciplinarios

Programas

de

para

Desvío

y

Comunitarios, Reglamento Núm. 6994 de 29 de julio de 2005,

que establecía un término de cinco días para solicitar la

reconsideración del dictamen administrativo. La polémica se

suscitó tras que se instara una querella contra una persona

confinada,

el

Sr.

Bonifacio

López

Rivera

(señor

López

Rivera), y la agencia le cancelara la bonificación por buena

conducta acumulada por infringir el referido reglamento. El

señor López Rivera no solicitó reconsideración del dictamen

dentro del plazo de cinco días notificado en la resolución.

Por

el

contrario,

en

virtud

del

periodo

de

veinte

días

dispuesto en la Sec. 3.15 de la LPAU, supra, presentó su

petitorio

trece

días

después

de

que

se

notificara

la

determinación de la agencia.

Debido a que la Administración de Corrección no acogió

la

reconsideración

por

haber

trascurrido

el

término

establecido en el reglamento, el señor López Rivera acudió al

Tribunal de Apelaciones. Planteó que la Regla 20 violaba su

debido proceso de ley y era contraria a la LPAU.52 El foro

apelativo confirmó la determinación de la agencia. Resolvió

que

la

reglamentación

excepciones

contenidas

en

en

cuestión

la

se

LPAU

justificaba

para

el

en

las

manejo

de

emergencias y de situaciones de acción inmediata en procesos

adjudicativos.

Nótese que se trata de un recurso con señalamientos de error

similares a los del caso de autos.

52

AC-2016-0116

24

Atendido

el

caso,

invalidamos

la

disposición

reglamentaria mediante la revisión judicial de la decisión

administrativa. Concluimos que “ni la LPAU ni la Ley Orgánica

de la Administración de Corrección autoriza[ban] a la agencia

a

desviarse

por

vía

reglamentaria

de

los

parámetros

temporales que establece la […] Sec. 3.15 de la LPAU para los

supuestos en que una parte solicita la reconsideración”.53

Aunque este Tribunal expresó que la regla se invalidaba en

virtud de la Sec. 2.7 de la LPAU, supra, la realidad es que

la

impugnación

mediante

la

agencia.

Ello,

de

la

revisión

pues,

disposición

del

reglamentaria

proceso

cuando

se

adjudicativo

recurrió

al

se

logró

ante

la

Tribunal

de

Apelaciones, había trascurrido aproximadamente un año desde

la promulgación y entrada en vigor del reglamento impugnado.

Sin duda, esto excluía la revisión judicial que dispone la

Sec. 2.7, supra.

Asimismo, en OEG v. Santiago Guzmán, 188 DPR 215 (2013),

el Sr. Pedro Julio Santiago Guzmán (señor Santiago Guzmán)

recurrió al Tribunal de Apelaciones para que revisara una

determinación de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). En

síntesis, esta última impuso al señor Santiago Guzmán una

multa

de

$

estatutarias.

2,000

por

infringir

varias

disposiciones

Una

vez

llegó

caso

ante

el

nuestra

consideración, pasamos revista sobre la legalidad de ciertas

disposiciones del Reglamento para la Tramitación de Dispensas

para el Nombramiento, Promoción, Ascenso y Contratación de

53

(2008).

Véase López Rivera v. Adm. de Corrección, 174 DPR 247, 259-261

AC-2016-0116

25

Parientes, Reglamento Núm. 6450 del Departamento de Hacienda,

de 2 de mayo de 2002.

Este ejercicio

se realizó con el

objetivo de verificar si las imputaciones contra el señor

Santiago Guzmán, en efecto, habían sido cometidas y procedía

la

multa

impuesta.

Al

así

hacerlo,

reconocimos

que

la

invalidez de su faz de una regla legislativa podía surgir por

el

incumplimiento

LPAU;

pero,

sustancial

también,

podía

con

las

disposiciones

invalidarse

“porque

de

la

en

su

aplicación, la regla no se ajusta a los poderes que le delegó

la

Legislatura

a

la

agencia

administrativa

que

la

promulgó”.54 Tras comparar varias reglas con la Ley de Ética

Gubernamental, resolvimos que éstas no se ajustaban al poder

que delegó la Asamblea Legislativa.

De

igual

manera,

en

Ayala

Hernández

v.

Consejo

de

Titulares, 190 DPR 547 (2014), se tuvo que analizar si el

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) había actuado

correctamente al declarar nulo parte de un reglamento de un

condominio,

cuando

la

Sec.

26

del

Reglamento

sobre

Condominios Núm. 6728 del DACo, de 2 de diciembre de 2003,

señalaba que no tenía autoridad para hacerlo. El Tribunal de

Apelaciones revocó parcialmente la decisión administrativa

porque la Sec. 26 limitaba su jurisdicción para atender la

validez

y

legalidad

del

reglamento

del

condominio

en

cuestión.55

OEG v. Santiago Guzmán, 188 DPR 215, 225 (2013).

Específicamente, la Sec. 26 del Reglamento Núm. 6728 del DACo,

supra, establecía que toda reclamación que consistiera en cuestionar un

reglamento de un condominio, y dicho reglamento estuviera inscrito en el

54

55

AC-2016-0116

26

Así las cosas, estuvimos precisados a examinar la Sec.

26

del

Reglamento

Núm.

6728,

supra.56

Aunque

la

revisión

sobre la legalidad del reglamento del DACo se realizó por

este

Tribunal

ciertamente

y

no

por

hubiéramos

evaluación

si

éste

no

el

Tribunal

estado

podía

de

impedidos

realizarla.

Apelaciones,

de

hacer

Después

de

tal

todo

nuestra función revisora encuentra los mismos límites que en

el

Tribunal

de

Apelaciones,

con

la

diferencia

de

que

se

efectúa en una etapa posterior.57

Observamos que el caso presentaba un escenario anómalo,

ya que la agencia no obedeció su propio reglamento al asumir

jurisdicción en el caso. Empero, también expresamos que es

requisito que el reglamento promulgado por una agencia esté

dentro de los parámetros establecidos en su ley orgánica.58

Encontramos

adjudicar

reglamentos

que

ley

confería

controversias

relativas

en

la

circunstancias

autoridad

a

como

las

la

que

al

DACo

para

impugnación

de

presentaba

el

caso, contrario a lo que establecía el Reglamento Núm. 6728.

Por ello, resolvimos que el DACo no podía coartar, mediante

reglamentación,

la

jurisdicción

que

la

Legislatura

le

confirió expresamente, como lo hizo en la Sec. 26.59

Registro de la Propiedad, debía ventilarse en el Tribunal de Primera

Instancia.

56 En la Opinión señalamos que para resolver la controversia era

importante e imprescindible justipreciar la Sec. 26 del Reglamento Núm.

6728. Íd., pág. 569 esc. 17.

57 Véase Sec. 4.7 de la LPAU, supra, 3 LPRA sec. 2177.

58 Ayala Hernández v. Consejo de Titulares, 190 DPR 547, 568-569

(2014).

59 Para otros casos, véanse, e.g.: Danosa Caribean, Inc. v. Neg.

Asis. Contr., 185 DPR 1008 (2012); Sánchez v. Depto. Vivienda, 184 DPR 95

(2011); Tosado v. AEE, 165 DPR 377 (2005) (Tuvimos que evaluar el

procedimiento disciplinario interno por cargos presentados contra

AC-2016-0116

27

V

El análisis sobre la facultad revisora del Tribunal de

Apelaciones no se debe dar en el vacío. La revisión forma

parte de un trámite judicial cuyo diseño responde a proveer

mayor acceso a los tribunales y su existencia es un repudio

al principio de que la eficiencia de la reglamentación lo

derrota

todo.60

Como

es

sabido,

la

revisión

judicial

se

ejerce no solo en consideración de los propósitos del trámite

administrativo, sino a la importante función que tiene el

tribunal

dentro

del

esquema

que

entrelaza

las

Ramas

de

empleados gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Aunque

el enfoque principal de nuestra decisión estuvo dirigido a comprobar si

la decisión recurrida constituía una resolución final, este Tribunal pasó

juicio sobre la capacidad de la AEE para reglamentar el procedimiento

disciplinario mediante el Manual sobre Procedimientos Disciplinarios para

Empleados Unionados y Gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Concluimos, como parte de la revisión, que la AEE “podía reglamentar el

procedimiento disciplinario aludido mediante el referido manual sin que

ello se entienda como un subterfugio del procedimiento de reglamentación

pautado

en

la

L.P.A.U.”.

Íd.

pág.

392);

Perfect

Cleaning

v.

Cardiovascular, 162 DPR 745 (2004) (Declaramos ultra vires que mediante

reglamento se establecieran requisitos jurisdiccionales adicionales para

poder acudir a la revisión judicial de un proceso de subastas); Pérez v.

Com. Rel. Trab. Pub., 158 DPR 180 (2002) (Como parte de la revisión de la

determinación del Tribunal de Circuito de Apelaciones y del dictamen

final administrativo, tuvimos que analizar la validez del Art. 701 del

Reglamento de la Comisión. Aunque nuestro dictamen sobre la facultad del

foro apelativo para revisar la determinación de la Comisión se realizó al

amparo del Art. 10, Sec. 10.1 de la Ley de Relaciones del Trabajo para el

Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998,

según enmendada (3 LPRA sec. 1452d), esta ley lo que hacía era

reconocerle competencia al entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones

para entender sobre recursos de revisión de órdenes y resoluciones

finales de la Comisión de conformidad con la LPAU. En otros términos,

conforme se establecía en la Sec. 4.2 de la LPAU); Caribe Comms., Inc.

v. PRTCo, 157 DPR 203 (2002) (Resolvimos que la Junta Reglamentadora de

Telecomunicaciones había excedido los poderes delegados al establecer

mediante reglamento que tenía la facultad de ordenar la compensación por

daños en todo tipo de caso); Franco v. Depto. de Educación, 148 DPR 703

(1999); Aulet v. Depto. Servicios Sociales, 129 DPR 1, 38 (1991)

(Revocado en otros aspectos) (Aunque no existía el Tribunal de

Apelaciones, mediante la revisión que al presente realiza éste último,

evaluamos si ciertas disposiciones reglamentarias eran arbitrarias y

caprichosas).

60 Méndez v. Corporación Quintas de San Luis, 127 DPR 635, 637

(1991); Sackett v. EPA, 566 US 120, 130 (2012) (“[…] presumption of

judicial review is a repudiation of the principle that efficiency of

regulation conquers all”).

AC-2016-0116

28

gobierno.61 En concordancia con lo anterior, “[e]n la faena

de interpretar las leyes es nuestra obligación ‘armonizar,

siempre

que

sea

posible,

todos

aquellos

estatutos

involucrados en la solución de la controversia, de modo que

se obtenga un resultado sensato, lógico y razonable’ que

represente

y

salvaguarde

legislativa”.62

Por

ello,

la

efectividad

nuestra

de

la

intención

interpretación

de

la

competencia otorgada al Tribunal de Apelaciones mediante la

Ley de la Judicatura de 2003 y la LPAU toma en cuenta los

principios fundamentales por los cuales se creó el referido

foro judicial; así como la trascendencia y el alcance de la

revisión que se realiza de los dictámenes administrativos

que, finalmente, adjudican los derechos y obligaciones de las

partes en el proceso.

En ese sentido, pese a que en Centro Unido Detallistas

v. Com. Serv. Pub., supra, y JP v. Frente Unido I, supra,

expresamos

que

pasado

el

término

de

treinta

días

que

establece la LPAU en su Sec. 2.7 la parte que desee impugnar

una regla o reglamento, incluso constitucionalmente, puede

acudir al Tribunal de Primera Instancia, ello no significó

que únicamente ante este último foro era posible cuestionar

una

disposición

contexto

en

que

reglamentaria.

emitimos

esas

Debemos

tener

expresiones

presente

y

las

el

demás

disposiciones de la LPAU. Con ellas lo único que hicimos fue

reconocer que, en la práctica, comúnmente, la legalidad de

Ind. PR v. JP y AAA, 142 DPR 656, 671 (1997).

Mun. de Aguada y Aguadilla v. JCA, supra, pág. 142, al citar a

IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 741 (2012).

61

62

AC-2016-0116

29

las reglas o reglamentos administrativos se analiza mediante

otros

mecanismos

disponibles

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia. A eso se restringían nuestras expresiones.

En las múltiples ocasiones en que se creó un nuevo foro

apelativo

intermedio,

la

Asamblea

Legislativa

dejó

establecido siempre su objetivo de crear un sistema judicial

verdaderamente unificado, rápido, eficiente y económico; que

proveyera

justicia

ciudadanía.

Esto

apelativa

también

y

se

fuera

consignó

accesible

en

la

Ley

a

la

de

la

Judicatura de 2003 al disponerse el deber del Tribunal de

Apelaciones

procesos

de

dar

mayor,

judiciales,

y

fácil

el

y

deber

efectivo

de

acceso

impartir

a

los

justicia

apelativa a las personas con reclamos válidos.63

Cónsono

con

lo

anterior,

la

LPAU

se

inspiró

en

el

propósito de brindar a la ciudadanía servicios públicos de

alta calidad, eficiencia, esmero y prontitud; así que erigió

que se aplicaría e interpretaría liberalmente para alcanzar

dichos propósitos con el resguardo de las garantías básicas

del

debido

intención

proceso

de

ley.64

No

debe

frustrarse

legislativa

y

obtener

un

desenlace

que

esta

resulte

absurdo ante los ojos de cualquier persona. La conclusión a

la que lleguemos debe responder a los más altos principios de

administración de la justicia.

Exposición de Motivos de la Ley de la Judicatura de 2003, supra.

(2003 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 971); Íd., Art. 4.002. (4 LPRA sec.

24u).

64 Exposición de Motivos de la LPAU, supra. (1988 Leyes de Puerto

Rico 825-826). Véase, además, Hernández v. Golden Tower Dev. Corp., 125

DPR 744, 748 (1990).

63

AC-2016-0116

30

La Sec. 2.7 de la LPAU no limita la competencia del

Tribunal de Apelaciones para revisar una regla o reglamento

que se aplicó por una agencia en un proceso adjudicativo.

Tampoco excluye la revisión de una regla o reglamento al

amparo de otras disposiciones. Su letra se ciñe a crear la

acción de nulidad de un reglamento por el incumplimiento con

la LPAU, sin que se tenga que probar que la reglamentación

haya sido aplicada a quien la impugne. De igual manera, la

Sec. 4.2 no limita la competencia del tribunal apelativo

intermedio sobre ese asunto. En ese sentido, si bien la Sec.

2.7 de la LPAU establece un término de treinta días para

impugnar una regla o reglamento de su faz, por incumplir con

las

disposiciones

de

la

propia

ley,

esto

no

impide

que

posteriormente el foro apelativo revise la legalidad de un

reglamento cuando se recurre en revisión de la determinación

de una agencia bajo la Sec. 4.2 de la LPAU. En este último

caso el escrutinio se realiza, incidentalmente, como parte de

la revisión de la decisión final de la agencia.

Con ello en mente, cuando hemos tenido que revisar si

determinado

reglamento

es

válido

y

éste

sirvió

de

fundamento para la resolución final de la agencia, así lo

hemos

hecho.

Después

de

todo,

una

de

las

vertientes

sustantivas de la revisión judicial impone el deber a los

tribunales

de

pasar

juicio

en

cuanto

a

si

la

actuación

administrativa es conforme a derecho y se ajusta al poder

AC-2016-0116

31

delegado.65 Es decir, la revisión que hace el tribunal de las

decisiones

administrativas

tiene

como

fin

primordial

asegurarse de que éstas desempeñen sus funciones conforme a

la ley.66 Así, hemos precisado ciertos criterios que, como

cuestión de umbral, ayudan a determinar la legalidad de la

reglamentación

para,

entonces,

considerar

si

la

decisión

final agencial amparada en dicha regla o reglamento debe

sostenerse, a saber:

(1) si se delegó el poder de reglamentación; (2) si

la actuación administrativa está autorizada por

ley; (3) si la reglamentación promulgada está

dentro de los amplios poderes delegados; (4) si al

aprobarse el reglamento se cumplió con las normas

procesales de la ley habilitadora de la agencia y

la L.P.A.U., y (5) si la reglamentación es

arbitraria y caprichosa.67

En virtud de esta evaluación, con el fin de otorgar un

remedio apropiado y cerciorarnos de que las conclusiones y

fundamentos en derecho son correctos, no hay inconvenientes

en

que

si

el

Tribunal

de

Apelaciones

incumplió con éstos, se declare

administrativa.68

Resolver

lo

concluye

que

se

ultra vires la actuación

contrario

conllevaría

restringir la facultad del foro apelativo para revisar la

La Sec. 4.5 de la LPAU, supra, establece lo siguiente: “[e]l

Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina que el

recurrente tiene derecho a un remedio. Las determinaciones de hecho de

las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se

basan en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo.

Las conclusiones de derecho serán revisadas en todos sus aspectos por el

tribunal”. 3 LPRA sec. 2175.

66 Torres v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696, 707 (2004).

67 OEG v. Santiago Guzmán, supra, pág. 226, al citar a Perfect

Cleaning v. Cardiovascular, supra, pág. 759.

68 OEG v. Santiago Guzmán, supra, pág. 226. Véanse además: Ayala

Hernández v. Consejo de Titulares, supra, pág. 569 esc. 17; Perfect

Cleaning v. Cardiovascular, supra; Pérez v. Com. Rel. Trab. Pub., supra,

pág. 187; Caribe Comms., Inc. v. PRTCo, supra, págs. 211-212. Véase

además la Sec. 4.5 de la LPAU, supra, 3 LPRA sec. 2175.

65

AC-2016-0116

corrección

32

del

dictamen

adjudicativo

del

órgano

administrativo y, como resultado, privarlo de la competencia

concedida en la Sec. 4.2 de la ley. Además, tendría el efecto

de bifurcar procesos entre el Tribunal de Apelaciones y el

Tribunal de Primera Instancia, ya que la misma parte tendría

que

presentar

un

caso

en

ambos

foros

para

cuestionar

el

dictamen de la agencia. Este proceder resultaría contrario a

la

jurisdicción

unificada

que

impera

en

nuestro

sistema

judicial y constituiría un retroceso a la economía procesal

que persigue la LPAU y la Ley de la Judicatura de 2003.

VI

En

este

caso

la

peticionaria

acudió

al

Tribunal

de

Apelaciones y solicitó la revisión de la resolución final

emitida por la Junta dentro del término jurisdiccional de

treinta días dispuesto en la Sec. 4.2 de la LPAU. Esto, ante

la denegatoria de la agencia de concederle la licencia de

corredora

de

bienes

raíces.

La

decisión

de

la

Junta

se

produjo por haberse presentado los documentos a esos efectos

fuera del plazo de noventa días establecido en el Reglamento

Núm. 5567 de la Junta. Sin duda, el Tribunal de Apelaciones

estaba

obligado

exclusivo

que

como

es

a

cuestión

resolver

si

de

derecho

se

había

y

recurso

infringido

el

debido proceso de ley de la peticionaria y si era necesaria

la notificación del término de noventa días que establece el

reglamento. De no haber tenido razón la peticionaria en este

asunto, el Tribunal de Apelaciones no tenía más remedio que

pasar

juicio

sobre

la

legalidad

de

la

disposición

AC-2016-0116

33

reglamentaria

aplicada

como

parte

de

la

revisión

de

la

resolución final de la agencia. Esta sería la única forma en

que el foro apelativo intermedio hubiera podido determinar

que la actuación de la Junta, consignada en la resolución

administrativa, era correcta y conforme a derecho. El alcance

de

la

revisión

Apelaciones,

que

está

permitía

llamado

esta

a

hacer

evaluación.

el

Es

Tribunal

decir,

el

de

foro

apelativo intermedio tenía facultad para revisar la validez

del

Art.

17

del

Reglamento

erró

al

Consiguientemente,

Núm.

declararse

5567,

sin

supra.

jurisdicción

y

desestimar el recurso.

VII

Con el fin de salvaguardar la economía procesal que debe

imperar en todo procedimiento, y en vista de que el Tribunal

de

Apelaciones

había

adjudicado

inicialmente

las

controversias que tenía ante su consideración, al declarar

arbitrario y caprichoso el término de noventa días dispuesto

por

el

Reglamento

dilucidemos

las

Núm.

5567,

controversias

en

supra,

sus

es

preciso

méritos.

En

que

primer

lugar, a la luz de las normas de autolimitación judicial que

exigen no pasar juicio sobre la validez de una ley o un

reglamento a menos de que sea necesario, determinaremos si

debía notificarse a la peticionaria el término de noventa

días

para

presentar

la

solicitud

de

la

licencia.

En

ese

sentido, solo examinaremos si la Junta tenía la facultad

AC-2016-0116

34

delegada de establecer un término de noventa días, como lo

hizo, si decretamos que su notificación no era requerida.69

A. La notificación del término de noventa días

El Art. II, Sec. 7 de la Constitución de Puerto Rico

establece el derecho de toda persona a que se le garantice el

debido proceso de ley como condición para ser privado de su

propiedad o libertad.70 Esta garantía también se reconoce en

la Enmienda V y XIV de la Constitución de Estados Unidos.71

Al interpretar esta disposición de nuestra Carta Magna,

hemos aclarado que el debido proceso de ley se manifiesta en

dos dimensiones distintas: la sustantiva y la procesal. La

vertiente sustantiva requiere que “los tribunales examin[e]n

la

validez

de

una

ley,

a

la

luz

de

los

preceptos

constitucionales pertinentes, con el propósito de proteger

los derechos fundamentales de las personas”.72 Por su parte,

la vertiente procesal exige que la privación de los derechos

propietarios y libertarios se realice mediante un proceso

justo y equitativo.73 Esta última es la que está en disputa

en el caso ante nos.

Como

es

de

esperarse,

para

que

entre

en

vigor

la

modalidad procesal del debido proceso de ley, tiene que estar

69 ELA v. Aguayo, 80 DPR 552, 596 (1958); Brau, Linares v. ELA et

als., 190 DPR 315, 337-338 (2014).

70 Art. II, Sec. 7, Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 301

(“Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido

proceso de ley […]”).

71 Enm. V y XIV, Const. EU, USCA. Tomo 1.

72

Rivera Rodríguez & Co. v. Stowell Taylor, 133 DPR 881, 887

(1993).

73 Mun. de San Juan v. Jta. Planificación, 189 DPR 895, 907 (2013);

Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 DPR 720, 735-736 (2010);

Rivera Rodríguez & Co. v. Stowell Taylor, supra, págs. 887-888.

AC-2016-0116

35

en juego un interés individual de libertad o propiedad.74 Una

vez se determina que se cumplió esta exigencia, procede que

definamos cuál es el proceso exigido (what process is due).75

Por

su

naturaleza

circunstancias,

circunstancial,

diversas

“[d]ependiendo

situaciones

pueden

de

las

requerir

diferentes tipos de procedimientos, pero siempre persiste el

requisito general de que el proceso gubernamental debe ser

justo e imparcial”.76

La

Oficina

del

Procurador

General

arguyó

que

la

peticionaria no tenía derecho a que se le notificara sobre la

necesidad de someter los documentos para obtener la licencia

de corredora de bienes raíces porque, ante la ausencia de

algún

interés

propietario

que

se

viera

afectado,

no

se

activaba la cláusula constitucional de debido proceso de ley

en su vertiente procesal.77 Sostuvo que la aprobación del

examen de reválida no le confería un derecho de propiedad a

ésta

sobre

la

profesión,

por

lo

que

no

era

necesario

notificar el término aludido. Es decir, el Procurador General

74 Rivera Rodríguez & Co. v. Stowell Taylor, supra, pág. 888; Board

of Regent v. Roth, 408 US 564 (1972).

75

Rivera Rodríguez & Co. v. Stowell Taylor, supra, pág. 888;

Morrisey v. Brewer, 408 US 471, 481 (1972). En el contexto de procesos

adjudicativos, en el pasado hemos reconocido que el debido proceso de ley

procesal exige, como mínimo, lo siguiente: (1) notificación adecuada del

proceso; (2) proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído;

(4) derecho a contrainterrogar a los testigos y examinar la evidencia

presentada en su contra; (5) tener asistencia de un abogado, y (6) que la

decisión se base en el récord.

76

Rivera Rodríguez & Co. v. Stowell Taylor, supra, pág. 888;

Marcano v. Departamento de Estado, 163 DPR 778, 792 (2005). En ese

análisis, debemos evaluar: (1) cuáles son los intereses individuales

afectados por la acción oficial; (2) el riesgo de una determinación

errónea que prive a la persona del interés protegido mediante el proceso

utilizado y el valor probable de garantías adicionales o distintas, y (3)

el interés gubernamental protegido con la acción sumaria y la posibilidad

de usar métodos alternos. Rivera Rodríguez & Co. v. Stowell Taylor,

supra, pág. 888; Mathews v. Eldridge, 424 US 319 (1976).

77 Alegato del Estado, págs. 14 y 17.

AC-2016-0116

36

adujo que como la señora Fuentes Bonilla no tenía un derecho

adquirido

a

ejercer

raíces,

únicamente

la

profesión

estaba

de

corredora

obligada

a

de

bienes

notificarle

la

aprobación del examen y no a advertirle sobre el plazo de

noventa días. Expuso que la notificación de los resultados de

la reválida no era una decisión final, sino que se trataba de

una notificación que daba comienzo al proceso de obtención de

una licencia y que no incidía sobre las garantías del debido

proceso de ley. Además, alegó que el Reglamento Núm. 5567,

supra, era parte de las materias examinadas en la reválida,

por lo cual ésta debía conocer ese requisito. No tiene razón.

Si bien hemos reconocido que la aprobación de un examen

de reválida no confiere un derecho adquirido para ejercer la

profesión hasta tanto se otorgue la licencia correspondiente,

ello no significa que la señora Fuentes Bonilla no tuviera

derecho a ser notificada sobre la necesidad de presentar la

totalidad de los documentos dentro de un periodo de noventa

días.

En

primer

lugar,

debemos

tener

presente

que

el

incumplimiento con el plazo de noventa días tenía el efecto

de invalidar la aprobación del examen y la obligaba a tomarlo

nuevamente.78

Sin

embargo,

desde

Marcano

Rivera

v.

El Art. 17 del Reglamento Núm. 5567, supra, al erigir el trámite

una vez aprobado el examen expresa lo siguiente:

“Sección 1. A partir de la fecha en que el examinado es

notificado de que aprobó el examen, tendrá un término de

noventa (90) días para radicar y someter a la Junta todos los

documentos requeridos por la Ley o por este Reglamento y

cumplir con todos los requisitos posteriores al examen que

sean necesarios para completar el proceso de otorgamiento de

la licencia

Sección 2. Transcurrido el término de noventa (90) días sin

que el examinado cumpla con lo establecido en la sección

anterior, se archivará su solicitud por entender que el

78

AC-2016-0116

Departamento

37

de

Estado,

163

DPR

778,

793-794

(2005),

reconocimos que la aprobación de un examen de reválida, como

requisito previo para obtener una licencia, constituía un

interés valioso que solo procedía descartarlo de esa forma en

situaciones

excepcionales

como

las

que

presentaba

aquel

caso.79

En segundo lugar, hay instancias en las que la Asamblea

Legislativa o el propio órgano administrativo han reconocido

cuáles

garantías

procesales

deben

observarse.

En

esas

ocasiones, el cumplimiento cabal con las normas procesales no

se limita al momento en que la persona haya adquirido un

derecho propietario para ejercer alguna profesión, sino que

queda definido en las normas y estatutos correspondientes.

Una

agencia

no

puede

apartarse

del

proceso

establecido

mediante ley o reglamento.80

La Junta promulgó el Reglamento Núm. 5567, supra, para

instrumentar su ley orgánica “y proveer para la autorización

de la práctica de la profesión de corredores y vendedores de

bienes

raíces

[…]

mediante

la

concesión

de

las

correspondientes licencias a aquellas personas y empresas que

examinado no tiene interés en obtener su licencia y perderá

su derecho a obtenerla por haber aprobado ese examen”.

(Énfasis y subrayado suplido).

79

E.g., por acciones fraudulentas al suministrarse el examen.

Particularmente, en Marcano Rivera v. Departamento de Estado, supra,

págs. 790-791, no se exigió trámite específico con cada persona que había

aprobado

el

examen

porque

“[l]as

graves

irregularidades

en

la

administración del examen de reválida en cuestión imposibilitaban

determinar cuáles aspirantes tenían los conocimientos mínimos requeridos

para ejercer la profesión de perito electricista en forma responsable.

Ante esta conclusión, la única alternativa plausible era anular el examen

teórico y permitir a todos los aspirantes afectados tomarlo de nuevo,

libre de costo”.

80 Ayala Hernández v. Consejo de Titulares, supra.

AC-2016-0116

38

re[ú]nan los requisitos y condiciones prescritas por dicha

ley”.81 El Reglamento Núm. 5567 demuestra que la Junta estaba

obligada a proveer a la peticionaria las instrucciones sobre

los requisitos que debía cumplir para obtener, finalmente, la

licencia de corredora de bienes raíces.

La Sec. 4 del Art. 16 del Reglamento Núm. 5567 dispone

que “[e]n los casos en que el examinado apruebe el examen, se

le

enviará

junto

con

la

notificación

el

formulario

con

instrucciones para que proceda a radicar el pago de la fianza

y a cumplir con los demás requisitos que se disponen por la

ley o este reglamento”.82 Es decir, se erigió que en los

casos en que una persona apruebe el examen de reválida de

corredores

de

remitir

notificación

la

bienes

raíces,

de

la

Junta

haberlo

viene

aprobado

obligada

junto

a

a

las

instrucciones para que el aspirante proceda: (1) a radicar el

pago de la fianza requerida y (2) a cumplir con los demás

requisitos que se disponen en la ley o en ese reglamento.

Conforme

se

infiere,

el

término

de

noventa

días

dispuesto en el Art. 17 del Reglamento Núm. 5567 constituye

un requisito adicional que debe cumplir la peticionaria para

que se le conceda la licencia luego de aprobar la reválida.

Ello

hacía

expresamente

necesario

en

las

que

el

referido

instrucciones

de

plazo

los

se

incluyera

requisitos

que

dispone la ley y el reglamento.

81 Art. 3 del Reglamento de la Ley para Reglamentar el Negocio de

Bienes Raíces en Puerto Rico (Reglamento Núm. 5567), Reglamento Núm. 5567

de 3 de abril de 1997.

82 Art. 16, Sec. 4, del Reglamento Núm. 5567, supra.

AC-2016-0116

Como

obligada

39

consecuencia,

resolvemos

a

a

informarle

notificación

de

que

había

la

la

Junta

estaba

peticionaria,

junto

a

aprobado

que

el

examen,

que

la

tenía

noventa días para someter todos los documentos y cumplir con

los

demás

requisitos

para

que

se

le

pudiera

otorgar

su

licencia. Como no lo hizo, corresponde que la Junta notifique

nuevamente a la señora Fuentes Bonilla la aprobación del

examen

y

cumpla

las

demás

formalidades

que

erige

el

revocamos

la

Reglamento Núm. 5567.

VIII

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

Sentencia recurrida emitida por el Tribunal de Apelaciones y

devolvemos el caso a la Junta para ulteriores procedimientos

consistentes con esta opinión.

Se dictará sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

María Mercedes Fuentes

Bonilla

Apelante

AC-2016-0116

v.

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico y otros

Apelados

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2018.

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales se

hacen formar parte de la presente Sentencia, revocamos la

Sentencia recurrida emitida por el Tribunal de Apelaciones

y devolvemos el caso a la Junta de Corredores, Vendedores y

Empresas de Bienes Raíces para ulteriores procedimientos

consistentes con la Opinión.

La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disintió

sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Colón Pérez

concurrió sin opinión escrita. La Jueza Presidenta Oronoz

Rodríguez no intervino.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo Interina.

Sonnya Isabel Ramos Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo Interina