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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Vilma A. Cesani Rodríguez

2018 TSPR 93

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Vilma A. Cesani Rodríguez

TS-14,357

Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y notaría por incumplir con los requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua y las órdenes del Tribunal Supremo.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2018 TSPR 93

Vilma A. Cesani Rodríguez

Número del Caso:

200 DPR ____

TS-14,357

Fecha: 11 de mayo de 2018

Programa de Educación Jurídica Continua:

Lcdo. José I. Campos Pérez

Director

Materia:

La suspensión será efectiva el 29 de mayo de 2018,

fecha en que se le notificó a la abogada de su suspensión

inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Conducta

Vilma A. Cesani Rodríguez

TS-14,357

Profesional

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2018.

En

esta

ocasión,

nos

corresponde

ejercer

nuevamente nuestro poder disciplinario contra un

miembro de la profesión jurídica por incumplir con

los requisitos

y requerimientos

del Programa de

Educación Jurídica Continua (PEJC o el Programa) y

por no acatar las órdenes de este Tribunal. Por los

fundamentos

que

suspendemos

inmediata

ejercicio

la

de

enunciamos

e

abogacía

a

continuación

indefinidamente

y

la

práctica

del

de

la

notaría a la Lcda. Vilma A. Cesani Rodríguez.

I

La Lcda. Vilma A. Cesani Rodríguez (licenciada

Cesani Rodríguez) fue admitida al ejercicio de la

TS-14,357

2

abogacía el 23 de enero de 2003 y prestó juramento como

notaria el 21 de abril de 2005. El 20 de enero de 2010 se

le envió

a

la licenciada

Cesani Rodríguez

un Aviso de

Incumplimiento con el PEJC que informaba que el Programa no

había podido generar un informe de cumplimiento ya que ésta

no había completado el total de créditos requeridos por el

Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua,

según enmendado, 4 LPRA Ap. XVII–E, para el periodo del 1

de diciembre de 2007 al 30 de noviembre de 2009. En esa

comunicación se le otorgó, entre otras alternativas, un

término de sesenta días para tomar los cursos necesarios y

pagar la multa correspondiente por cumplimiento tardío.

Transcurrido el término sin que la letrada efectuara

lo requerido, el Director del PEJC la citó a una vista

informal ante un Oficial Examinador a celebrarse el 15 de

junio de 2012. La licenciada no compareció a la vista. El

30 de julio de 2014 se le notificó el Informe del Oficial

Examinador

y

la

determinación

de

la

entonces

Directora

Ejecutiva del PEJC, la Hon. Geisa M. Marrero Martínez,

sobre la vista informal que se celebró. El informe señaló

que

no

compareció

por

escrito

informal

señalada,

por

lo

que

ni

el

asistió

Oficial

a

la

vista

Examinador

recomendó que se remitiera el asunto ante nos. Asimismo, se

le advirtió a la licenciada Cesani Rodríguez que incumplir

con su obligación de subsanar la insuficiencia de créditos

y el pago de la multa conllevaría que se presentara su caso

TS-14,357

3

ante la Junta de Educación Jurídica Continua para que, a su

vez, ésta determine si el asunto debía referirse ante esta

Curia.

Del

mismo

referírsenos

modo,

cualquier

se

le

apercibió

incumplimiento

que

de

podría

periodos

posteriores.

Ante la incomparecencia de la togada, el asunto se

sometió a la Junta, quien ratificó el referido ante nos.

Así las cosas, el 15 de febrero de 2017, el Lcdo. José

Ignacio

Campos

Pérez,

Director

Informe

sobre

incumplimiento

del

con

PEJC,

[el]

presentó

un

requisito

de

educación jurídica continua refiriendo el asunto a nuestra

atención. En el informe manifestó que la letrada incumplió

con los requisitos reglamentarios referentes a los períodos

antes

mencionados

y

con

el

pago

de

la

multa

por

cumplimiento tardío correspondiente a ese periodo. Además,

informó que ésta también tiene incumplidos los periodos del

1 de diciembre de 2009 al 30 de noviembre de 2011 y del 1

de diciembre de 2011 al 30 de noviembre de 2013, para los

cuales se le notificó un Aviso de Incumplimiento. Surge del

expediente que tampoco ha efectuado el pago de la multa

correspondiente.1

Asimismo,

el

Historial

de

Cursos

Acreditados de la abogada refleja que para el periodo de 1

1 Es menester señalar que la abogada no ha sido citada para una

vista informal para estos periodos.

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4

de diciembre de 2013 al 30 de noviembre de 2016 no tiene

créditos acumulados.2

El

28

de

marzo

de

2017

emitimos

una

Resolución

mediante la cual concedimos a la abogada un término de

veinte días, contados a partir de la notificación, para que

compareciera y mostrara causa por la cual no debía ser

suspendida del ejercicio de la profesión por incumplir con

los requisitos del PEJC y por no comparecer cuando le fue

requerido. Debido a que la licenciada Cesani Rodríguez no

contestó nuestra orden, el 30 de mayo de 2017, concedimos

un término final de diez días con el mismo propósito. Esta

resolución fue notificada personalmente. No obstante, la

licenciada no ha comparecido ni ha dado cumplimiento con lo

ordenado.

II

Como parte de nuestro poder inherente de regular la

profesión legal en Puerto Rico nos corresponde asegurar que

los miembros admitidos a la práctica de la abogacía y la

notaría

ejerzan

sus

funciones

de

manera

responsable,

competente y diligente. A tono con ello, el Código de Ética

Profesional establece las normas mínimas de conducta que

2 Cabe destacar, que para este periodo no se le ha notificado el

Aviso de incumplimiento ni se le ha requerido el pago de la multa

correspondiente.

TS-14,357

5

deben desplegar los abogados y las abogadas que ejercen tan

ilustre profesión.3

El ejercicio de la profesión jurídica requiere que

todo abogado y toda abogada realice “esfuerzos para lograr

y mantener un alto grado de excelencia y competencia en su

profesión

a

través

del

estudio

y

la

participación

en

programas educativos de mejoramiento profesional”.4 Con tal

propósito, este Tribunal adoptó el Reglamento de Educación

Jurídica Continua, 4 LPRA Ap. XVII–D, según enmendado, y el

Reglamento del Programa

supra.

A

través

del

de Educación Jurídica Continua,

Reglamento

del

Programa,

se

les

requiere a los miembros de la profesión legal cumplir con

ciertas horas créditos en educación jurídica continua.

Acorde con lo anterior, los abogados y las abogadas

deben tomar, por lo menos, veinticuatro horas crédito de

educación jurídica continua en un periodo de tres años.5

Ello, tiene el propósito de que toda persona que solicite

sus servicios pueda contar con una representación legal

adecuada. De manera que todo aquel togado que no completa

veinticuatro

horas

crédito

en

un

periodo

de

tres

años

incumple con el deber de educarse continuamente.6 Por tal

razón,

nos

hemos

visto

precisados

a

suspender

a

todo

3 In re Alejandro Zúñiga, 198 DPR 504, 506 (2018); In re Marín

Serrano, 197 DPR 535, 538 (2017); In re Ducodray Acevedo, 197 DPR 253,

257 (2017).

4 Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

5 Véase Regla 6 del Reglamento de Educación Jurídica Continua y

la Regla 28 del Reglamento del PEJC.

6 In re Abreu Figueroa, 2017 TSPR 126, 198 DPR __ (2017); In re

Casale Villani, 2017 TSPR 100, 198 DPR __ (2017).

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6

abogado y toda abogada que desatienda los requerimientos

del

PEJC

sobre

el

cumplimiento

con

las

horas

crédito

requeridas.7

Sabido es que la calidad de la justicia y la buena

marcha de los procesos es responsabilidad de todo miembro

de

la

profesión

legal.

Ese

deber

también

incluye

el

realizar todas las gestiones propias y legales, observando

particular

y

rigurosamente

los

requerimientos

de

este

Tribunal. En lo pertinente, el Canon 9 del Código de Ética

Profesional, específicamente, obliga al abogado a observar

para con los tribunales una conducta que se caracterice por

el mayor respeto.8

En ese sentido, los abogados y las abogadas tienen un

deber ineludible de cumplir pronta y diligentemente las

órdenes de éste y todos los tribunales, al igual que con

los

requerimientos

intervienen

en

de

los

todas

procesos

las

entidades

públicas

disciplinarios.9

Asumir

que

una

actitud de menosprecio e indiferencia a nuestras órdenes y

los requerimientos de nuestros funcionarios y organismos

denota

una

falta

de

respeto

hacia

nuestra

autoridad

y

Íd.

In re Lee Navas, 2017 TSPR 208, 198 DPR __ (2017); In re Abreu

Figueroa, supra; In re Mangual Acevedo, 197 DPR 998, 1001 (2017); In

re Candelario Lajara I, 197 DPR 722, 725 (2017); In re Marín Serrano,

supra, pág. 539.

9 In re Alejandro Zúñiga, supra; In re Abreu Figueroa, supra; In

re Pérez Rojas, 195 DPR 571, 573 (2016).

7

8

TS-14,357

7

constituye una violación al Canon 9.10 Además, según hemos

reiterado en múltiples ocasiones, ello constituye un serio

agravio a la autoridad de los Tribunales y es suficiente

para decretar su separación indefinida de la profesión.11

III

Del Informe sobre Incumplimiento con [el] Requisito de

Educación

Jurídica

Continua

emitido

por

el

licenciado

Campos Pérez se desprenden los esfuerzos realizados por el

PEJC para requerirle a la licenciada Cesani Rodríguez el

cumplimiento con los requisitos del PEJC. A pesar de todos

esos esfuerzos y las oportunidades que éste concedió a la

abogada, éstos resultaron infructuosos, razón por la cual

tuvo

que

solicitar

nuestra

intervención.

La

letrada

no

compareció ante este Tribunal cuando le fue requerido ni

acreditó

su

cumplimiento

con

los

requisitos

del

PEJC.

Según se aprecia de lo antes relatado, la licenciada

Cesani Rodríguez no completó los requisitos reglamentarios

de

educación

jurídica

continua

durante

cuatro

periodos

consecutivos. Además, no cumplió con los requerimientos del

PEJC, no pagó las multas impuestas, ni compareció a los

procedimientos que el Programa inició en aras de atender su

incumplimiento.

In re Candelario Lajara I, supra, págs. 725-726. Véase además,

In re Colón Collazo, 196 DPR 239, 242 (2016); In re Rodríguez Zayas,

194 DPR 337, 341-342 (2015).

11 In re Abreu Figueroa, supra; In re Ducodray Acevedo, supra,

pág. 257; In re Pastrana Silva, 195 DPR 366, 369 (2016).

10

TS-14,357

8

Somos del criterio que el hecho de no responder a los

requerimientos

de

este

Tribunal

denota

una

conducta

censurable para un miembro de esta profesión. Además, la

actitud de indiferencia y dejadez es prueba de que ya no

desea continuar ejerciendo la profesión legal. Por todo lo

cual

nos

vemos

precisados

a

ejercer

nuestra

facultad

disciplinaria y suspenderla inmediata e indefinidamente de

la práctica de la profesión.

IV

En

vista

indefinidamente

de

lo

anterior,

suspendemos

a

la

licenciada

Cesani

inmediata

Rodríguez

de

e

la

profesión de la abogacía y el ejercicio de la notaría. Como

consecuencia, deberá notificar de forma inmediata a todos

sus

clientes

de

su

inhabilidad

para

continuar

representándolos. De igual forma, se le ordena devolverles

los expedientes de casos pendientes y cualquier cantidad

recibida en honorarios por trabajos no realizados.

Asimismo,

tiene

la

obligación

de

informar

inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y

administrativos en los que tenga algún asunto pendiente.

Por último, tiene la obligación de acreditar y certificar a

este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior, en un

término

de

treinta

días

contados

a

partir

de

la

notificación de esta Opinión per curiam y Sentencia. No

hacerlo pudiera conllevar a que no se le reinstale cuando

lo solicite.

TS-14,357

El

9

Alguacil

de

este

Tribunal

deberá

incautar

inmediatamente la obra y sello notarial de la licenciada

Cesani Rodríguez y los entregará al Director de la Oficina

de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e

informe

a

este

notarial

queda

Tribunal.

Consecuentemente,

automáticamente

cancelada.

La

su

fianza

fianza

se

considerará buena y válida por tres años después de su

terminación

en

cuanto

a

los

actos

realizados

por

la

licenciada Cesani Rodríguez durante el periodo en que la

misma estuvo vigente.

Notifíquese

inmediatamente

a

la

señora

Rodríguez esta Opinión per curiam y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Cesani

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Conducta

Vilma A. Cesani Rodríguez

TS-14,357

Profesional

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2018.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte

de

la

presente

Sentencia,

suspendemos

indefinidamente de la práctica de la abogacía y la

notaría a la Lcda. Vilma A. Cesani Rodríguez.

Como consecuencia, deberá notificar de forma

inmediata a todos sus clientes de su inhabilidad

para continuar representándolos. De igual forma,

se le ordena devolverles los expedientes de casos

pendientes

y

cualquier

cantidad

recibida

en

honorarios por trabajos no realizados. Asimismo,

tiene la obligación de informar inmediatamente de

su

suspensión

a

los

foros

judiciales

y

administrativos en los que tenga algún asunto

pendiente. Por último, tiene la obligación de

acreditar

y

certificar

a

este

Tribunal

el

cumplimiento con todo lo anterior, en un término

de

treinta

días

contados

a

partir

de

la

notificación

de

esta

Opinión

per

curiam

y

Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar a que no

se le reinstale cuando lo solicite.

El Alguacil de este Tribunal deberá incautar

inmediatamente la obra y sello notarial de la

TS-14,357

2

licenciada Cesani Rodríguez y los entregará al Director de la

Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente

examen e informe a este Tribunal. Consecuentemente, su fianza

notarial queda automáticamente cancelada. La fianza se

considerará buena y válida por tres años después de su

terminación en cuanto a los actos realizados por la

licenciada Cesani Rodríguez durante el periodo en que la

misma estuvo vigente.

Notifíquese inmediatamente a la señora Cesani Rodríguez

esta Opinión per curiam y Sentencia.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz

Rodríguez no intervino.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo