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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Cancel Rivera v. González Ruiz

2018 TSPR 94

Poder Judicial de Puerto Rico

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Cancel Rivera v. González Ruiz

CC-2017-226

Derecho de familia: Jurisdicción de los tribunales de Puerto Rico para modificar un decreto de alimentos y relaciones paternofiliales emitido por un tribunal de otro estado de Estados Unidos.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Jackeline Cancel Rivera

Certiorari

Recurrida

v.

2018 TSPR 94

Carlos David González Ruiz

200 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC-2017-226

Fecha: 16 de mayo de 2018

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón y Carolina

Abogado de la parte peticionaria:

Lcdo. Harry Brugman Mercado

Abogada de la parte recurrida:

Lcda. Leticia Pabón Ortiz

Materia: Derecho de familia: Jurisdicción de los tribunales

de Puerto Rico para modificar un decreto de alimentos y

relaciones paternofiliales emitido por un tribunal de otro

estado de Estados Unidos.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Jackeline Cancel Rivera

Recurrida

v.

CC-2017-0226

Certiorari

Carlos David González Ruiz

Peticionario

EL JUEZ ASOCIADO

Tribunal.

SEÑOR

RIVERA

GARCÍA

emitió

la

opinión

del

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2018.

Nos corresponde resolver una controversia en

la

que

hay

dos

jurisdicciones

en

conflicto.

Específicamente debemos auscultar si los tribunales

de Puerto Rico tienen jurisdicción para modificar

un

decreto

de

paternofiliales

de

alimentos

otro

estado

y

en

relaciones

el

que

éste

último se reservó la jurisdicción sobre el caso y

las

partes.

existir

un

En

otros

decreto

términos,

original

de

si

a

pesar

de

ese

estado,

los

foros locales tienen jurisdicción para modificarlo

por el hecho de que los menores han residido en

Puerto

Rico

por

un

periodo

de

cinco

años.

2

Por

los

fundamentos

que

elaboramos

a

continuación,

resolvemos en la negativa. Los tribunales de Puerto Rico

tienen jurisdicción para modificar un decreto de alimentos y

relaciones paternofiliales de otro estado siempre y cuando

cumplan

con

Kidnapping

los

requisitos

Prevention

Act

establecidos

(PKPA)

y

en

la

el

Parental

Ley

uniforme

interesatatal sobre alimentos para la familia, Ley Núm. 32015.

I

El Sr. Carlos David González Ruiz (peticionario o señor

González Ruiz) y la Sra. Jackeline Cancel Rivera (señora

Cancel Rivera o recurrida) se divorciaron el 23 de junio de

2011, mediante Judgment of Divorce (sentencia de divorcio)

ante el Tribunal del Circuito para el Condado de Macom,

Michigan,

Estados

estipuló,

entre

Unidos.1

otros

La

asuntos,

sentencia

que

las

de

divorcio

partes

tendrían

custodia legal compartida (joint legal custody) sobre sus

dos hijos menores de edad. Por existir un acuerdo entre las

partes,

dispuso

que

el

domicilio

de

estos

sería

con

la

recurrida en Puerto Rico.2 Asimismo, estableció que el pago

de pensión alimentaria, según las guías mandatorias para el

cálculo de pensión alimentaria de Michigan, sería de $ 416

mensuales.

1 Judgment of Divorce, Apéndice de la Petición de certiorari, págs.

118-127.

2

Íd., págs. 119-122.

3

No obstante, conforme a la discreción que le otorgan

las leyes de ese estado, aplicó el mecanismo del desvío

(deviation award) y determinó que la suma correspondiente se

destinaría a los gastos de viaje y transportación en los que

el peticionario tendría que incurrir para relacionarse con

los menores. Instituyó que durante los recesos de verano y

navidad los menores viajarían a la residencia del padre en

Michigan

y

durante

el

receso

de

Semana

Santa

el

padre

viajaría a Puerto Rico para estar con ellos.3 Finalmente, en

la referida sentencia el tribunal se reservó y retuvo la

jurisdicción sobre los asuntos dispuestos en la sentencia y

las partes, para asegurar su cumplimiento.4

Una vez en Puerto Rico, la señora Cancel Rivera acudió

a la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) para

solicitar una pensión alimentaria.

En

noviembre de 2011,

mediante Orden, la agencia impuso al peticionario el pago de

$638.85. El 6 de mayo de 2014 ASUME celebró una vista de

objeción

de

deuda

que

solicitó

el

peticionario.

Allí

la

agencia emitió una Orden, notificada el 30 de mayo de 2014,

mediante

la

desestimación

falta

de

cual

declaró

presentada

jurisdicción.5

con

lugar

la

el

señor

González

por

Ello,

por

existir

solicitud

una

de

Ruiz

por

orden

del

Tribunal de Michigan que estableció que por acuerdo entre

las partes, “[p]laintiff shall be responsible for the cost

3

Íd., págs. 122-123.

4

Íd., pág. 126.

5

Orden, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 100-105.

4

of the transportation of the minor children to and from

Puerto

Rico

for

his

parenting

time.

In

lieu

of

the

considerable expense of this transportation, Defendant shall

not receive any child support from Plaintiff”. Por lo tanto,

dejó sin efecto la pensión alimentaria fijada por falta de

jurisdicción. Fundamentó su decisión en que la Ley Núm. 1801997,

conocida

Alimentos

como

entre

la

Ley

Parientes,

Uniforme

según

Interestatal

enmendada,

de

tiene

el

2015,

el

Michigan

una

propósito de evitar la multiplicidad de órdenes.6

Por

otro

peticionario

moción

lado,

presentó

sobre

el

22

ante

incumplimiento

de

el

de

diciembre

Tribunal

orden

de

de

en

contra

de

la

recurrida.7 Indicó que ésta incumplió los acuerdos de la

sentencia

de

divorcio

en

cuanto

las

relaciones

paternofiliales establecidas para que los menores viajaran a

relacionarse con su padre en Michigan, donde éste último

reside.

El 15 de enero de 2016, se celebró una vista a la que

comparecieron ambas partes para atender la moción presentada

por el peticionario. El Tribunal de Michigan, ordenó a la

señora

Cancel

Rivera

a

no

interferir

en

las

relaciones

paternofiliales decretadas. De lo contrario, le apercibió

que tendría que presentarse ante la jueza que presidió la

vista y mostrar causa por lo cual el tribunal

6

no debía

Íd., pág. 129.

Motion and/or Order to Show Cause, Apéndice de la Petición de

certiorari, pág. 134.

7

5

imponerle

una

orden

de

desacato.8

Finalmente,

reiteró

su

jurisdicción y dispuso que todas las órdenes emitidas por el

referido tribunal permanecerían en efecto y válidas hasta

que se dispusiera lo contrario.9

Así las cosas, una vez la recurrida regresó a Puerto

Rico, el 25 de agosto de 2016 presentó una demanda sobre

fijación de relaciones paternofiliales y alimentos ante el

Tribunal de Primera Instancia. Alegó, entre otras cosas, que

la sentencia de divorcio del estado de Michigan era absurda

al

conceder

vacaciones

oportunidad

de

de

relaciones

verano

y

compartir

paternofiliales

navidad

con

sin

los

que

la

menores

durante

las

madre

tenga

durante

esos

periodos. Solicitó una pensión alimentaria de $ 1,000 para

el sustento de los menores, y que el padre costeara los

gastos de viaje y los gastos escolares dos veces al año para

el regreso a clases.

El 12 de octubre de 2016, el peticionario presentó una

Comparecencia Especial y Solicitud de Desestimación mediante

la cual, sin someterse a la jurisdicción, solicitó que se

tomara conocimiento de la sentencia de divorcio emitida el

23 de junio de 2011 por el Tribunal de Michigan. Arguyó que

éste último se reservó la jurisdicción, por lo que procedía

la desestimación de la demanda.

En la Orden la Jueza señaló que si la señora Cancel Rivera

cooperaba para que los menores se relacionaran con su padre y no

intervenía en las relaciones paternofiliales no tendría que comparecer a

la corte.

8

Específicamente, el tribunal señalٕó que “[a]ll other Orders not

in conflict remain in full force and effect until further Order of this

Honorable Court”. Íd., pág. 138.

9

6

El

2

de

diciembre

de

2016,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia notificó una resolución en la que declaró no ha

lugar

la

solicitud

de

desestimación.

El

entendió

que

como

el

peticionario

domicilio

de

los

menores

fuera

en

jurisdicción

para

atender

los

asuntos

foro

primario

consintió

a

Puerto

Rico,

de

que

el

tenía

alimentos

y

filiación de los menores. Ello, al amparo de la Sección

1301(a)(5) de la Ley Uniforme Interestatal sobre Alimentos

para

la

Familia

(LUIAF).10

En

consecuencia,

autorizó

los

de

el

emplazamientos por edicto. 11

En

desacuerdo,

peticionario

el

presentó

12

de

diciembre

reconsideración.

Entre

2016

otras

cosas,

alegó que nunca consintió a que el domicilio de los menores

fuera Puerto Rico y que el Tribunal de Michigan mantenía

jurisdicción continua al amparo de la Uniform Child Custody

and Jurisdiction Enforcement Act (UCCJEA).12

El 23 de diciembre de 2016, la señora Cancel Rivera

presentó una moción para informar que el 16 de diciembre de

2016 emplazó al peticionario mediante edicto. El 9 de enero

de

2017

el

resolución

Tribunal

y

declaró

de

no

Primera

ha

Instancia

lugar

la

notificó

una

solicitud

de

reconsideración. El foro primario reiteró los fundamentos

10 8 LPRA sec. 1301. Cabe destacar que uno de los fundamentos para

que el tribunal ejerza la jurisdicción sobre un individuo no residente

en un procedimiento al momento de establecer o ejecutar una orden de

pensión alimentaria es que “el menor resid[a] en Puerto Rico como

resultado de actos o directrices del individuo”.

11

Íd., págs. 61-62.

12

Íd., págs. 63-64.

7

esbozados en su resolución notificada el 2 de diciembre de

2016 y añadió lo siguiente:

El Tribunal reconoce que existe entre las

partes de este caso un decreto original sobre

alimentos y relaciones paterno filiales en el

“Judgement of Divorce” (Sentencia de Divorcio)

emitida en el estado de Michigan. No obstante,

resolvemos que Puerto Rico adquirió calidad de

estado-hogar de los menores, ya que éstos han

residido en esta jurisdicción por cinco (5) años.

El Tribunal entiende que en el mejor interés de

los menores, se debe atender el caso en la

jurisdicción de Puerto Rico porque la evidencia

sustancial sobre el mismo existe en nuestra

jurisdicción. La evidencia sustancial sobre el

cuidado,

protección,

educación

y

relaciones

personales presentes y futuras de los menores está

en Puerto Rico; y por eso entendemos que es el

foro

más

adecuado

para

adjudicar

todo

lo

relacionado a los menores […].13 (Énfasis nuestro).

El 11 de enero de 2017, el foro primario notificó una

orden por la cual se dio por enterado del emplazamiento por

edicto, señaló una vista para el 9 de febrero de 2017 y

refirió

el

Alimentaria.

caso

ante

la

Posteriormente,

Examinadora

el

26

de

de

enero

Pensiones

de

2017,

notificó una orden mediante la cual atendió una solicitud de

renuncia

de

representación

legal,

anotó

la

rebeldía

al

peticionario e indicó que la vista se celebraría en la fecha

indicada.14

Inconforme, el 3 de febrero de 2017 el peticionario

presentó

un

recurso

de

Apelaciones.

Sostuvo

que

certiorari

el

foro

ante

el

Tribunal

de

primario

incidió

al

determinar que tenía jurisdicción para atender el petitorio

13

Íd., pág. 116.

14

Íd., pág. 181.

8

de

relaciones

paternofiliales

y

alimentos,

aun

cuando

existía un decreto original del estado de Michigan en el que

el tribunal retuvo y ejerció la jurisdicción continua sobre

la materia y las partes en el litigio. Además, señaló que el

foro erró

momento

al actuar en claro abuso de discreción

en

que

autorizó

el

emplazamiento

por

en el

edicto

y

declaró al peticionario en rebeldía, a pesar de que existían

argumentos sobre la falta de jurisdicción. El peticionario

acompañó

con

su

petición

una

moción

en

auxilio

de

jurisdicción. La recurrida se opuso. El 8 de febrero de 2017

el

Tribunal

medios

de

Apelaciones

electrónicos

una

notificó

resolución

inmediatamente

por

para

la

ordenar

paralización de los procedimientos ante el foro primario

hasta

tanto

el

foro

apelativo

intermedio

resolviera

el

recurso.15

El 21 de febrero de 2017 el señor González Ruiz, sin

someterse

a

la

reconsideración

jurisdicción,

y

solicitó

presentó

al

foro

una

moción

de

intermedio

la

modificación de la determinación que hizo en cuanto a que el

peticionario

se

había

sometido

jurisdicción

del

tribunal.16

No

voluntariamente

obstante,

la

a

la

misma

fue

declarada no ha lugar mediante resolución notificada el 28

de febrero de 2017.

Se notificó posteriormente el 9 de febrero de 2017, mediante el

formulario OAT-750. El Tribunal de Apelaciones advirtió al peticionario

que se había sometido voluntariamente a la jurisdicción de dicho foro ya

que en su escrito planteó no solo asuntos jurisdiccionales sino también

aquellos relacionados a los méritos del caso. Resolución, Apéndice de la

Petición de certiorari, págs. 250-252.

15

16

Íd., págs. 253-258.

9

Así las cosas, el 2 de marzo de 2017, el foro apelativo

intermedio

confirmó la resolución de

Tribunal de Primera

Instancia y devolvió el caso para la continuación de los

procedimientos. Concluyó que los menores habían residido en

Puerto Rico por más de 5 años y que no se había fijado una

pensión alimentaria. Entendió que en el mejor interés de los

menores, el caso de fijación de relaciones paterno-filiales

y alimentos se debía atender en Puerto Rico. Fundamentó su

decisión en el inciso (c) de la Sección 1738A del Parental

Kidnapping

Prevention

Act

(PKPA),

que

según

interpretó,

otorga preferencia jurisdiccional al estado de residencia

del menor.17

En

desacuerdo

aún,

el

27

de

marzo

de

2017,

el

peticionario acudió ante nos mediante recurso de certiorari.

Señaló los errores siguientes:

Erró el Tribunal de Apelaciones al validar la

actuación del Tribunal de Primera Instancia de

adquirir jurisdicción sobre la materia a pesar de

que existe una orden final y firme emitida por la

Administración para el Sustento de Menores entre

las

mismas

partes

que

declara

que

no

hay

jurisdicción y no dar entera fe y crédito a la

sentencia del estado de Michigan.

Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que

el

[sic]

se

perfeccionó

correctamente

el

procedimiento de emplazamiento por edicto ante el

TPI y consiguientemente la anotación de rebeldía

al peticionario.

Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que

el peticionario se sometió voluntariamente a la

jurisdicción del tribunal.

17

28 USC sec. 1738A.

10

Examinados los planteamientos y con el beneficio de la

comparecencia de ambas partes, resolvemos.

II

A. Jurisdicción, jurisdicción sobre la materia y sobre

la persona

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal

para considerar y decidir casos y controversias.18 Cuando

hablamos de jurisdicción sobre la materia, nos referimos a

la capacidad de un tribunal para atender y resolver una

controversia sobre un aspecto legal. Si no hay jurisdicción

sobre la materia, el tribunal está obligado a desestimar el

caso.19

Por

adquirir

otra

parte,

jurisdicción

el

emplazamiento

sobre

la

persona

es

la

contra

forma

la

que

de

se

reclama en un proceso judicial. Así, luego que se presenta

la demanda, se expide el emplazamiento y con su posterior

diligenciamiento, el tribunal adquiere jurisdicción sobre la

persona

del

voluntaria

de

demandado. Ahora

la

parte

bien,

demandada

la

suple

comparecencia

la

omisión

del

emplazamiento. De manera que ésta se coloca al alcance del

tribunal para que atienda el recurso presentado y resuelva

la

controversia

en

sus

méritos.20

De

lo

contrario,

el

tribunal no tiene jurisdicción sobre la persona, a menos que

alguna disposición en ley lo exceptúe.

18

Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014).

19

Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012).

20

Franco v. Corte, 71 DPR 687 (1950).

11

B. Parental Kidnapping Prevention Act (PKPA) y la Full

Faith and Credit for Child Support Orders Act (FFCCSOA)

La

Parental

federal

Kidnapping

promulgada

en

Prevention

1980

por

el

Act

es

Congreso

una

de

ley

Estados

Unidos. Su propósito primordial es facilitar la ejecución de

los decretos de los estados sobre custodia y derechos de

visita,

y

prevenir

la

competencia

y

el

conflicto

interjurisdiccional.21 Esta ley rige expresamente en todos

los estados de Estados Unidos, en los territorios y sus

posesiones –incluyendo a Puerto Rico- y en el Distrito de

Columbia.22

Además,

ocupa

el

campo

en

materia

de

determinaciones interestatales de custodia. Por ello, cuando

existe un conflicto interjurisdiccional respecto a decretos

de

custodia

entre

los

estados,

el

PKPA

ocupa

el

campo

for

Child

incluso sobre las leyes locales como la LUIAF.23

Por

su

parte,

la

Full

Faith

and

Credit

Support Orders Act (FFCCSOA) es una ley que se promulgó en

1994 con el propósito de que ningún estado pueda modificar

una determinación de pensión alimentaria que sea compatible

con las leyes del estado en que se emite, a menos que se

cumpla

con

ciertos

requisitos

jurisdiccionales.24

A

tales

21

Pub. L. No. 96-611, secs. 6-10, 94 Stat. 3568-3573 (1980).

Véase, además, Santiago v. Kabuka, 166 DPR 526, 534 (2005).

22

28 USC sec. 1738A (b)(8); Santiago v. Kabuka, supra.

23

Íd.

Congressional Findings and Declaration of Purpose, en US

Government Publishing Office, https://www.gpo.gov/fdsys/granule/USCODE2011-title28/USCODE-2011-title28-partV-chap115-sec1738B (última visita,

10 de mayo de 2018).

24

12

efectos, la FFCCSOA requiere que se cumpla con el dictamen

original

de

pensión

alimentaria

que

establece

el

estado

emisor.

Ambas leyes están codificadas bajo el mismo título. La

Sección 8 de la PKPA se codificó bajo el título 28 del

United States Code, en la sección 1738A y se le nombró Full

Faith and Credit Given to Child Custody Determinations y la

Full

Faith

and

Credit

for

Child

Support

Orders

Act

se

codificó en la sección 1738B. Así, las secciones 1738A y

1738B establecen que los tribunales de Puerto Rico deben

reconocer entera fe y crédito a los decretos sobre custodia

y pensión alimentaria de otros estados o jurisdicciones,

siempre que sean compatibles con estas disposiciones y que

el foro original mantenga jurisdicción sobre la materia. Por

cuanto, debemos examinar esta controversia a la luz de la

PKPA y la FFCCSOA.

1. Dictámenes sobre custodia y el derecho de visita

La

Sección

determinaciones

1738A,

de

establece

custodia

o

el

lo

relacionado

derecho

de

a

visita.

las

El

inciso (a) de la ley establece que la autoridad competente

de cada estado debe ejecutar las determinaciones de custodia

o derechos de visita de un tribunal emisor conforme a las

disposiciones de la PKPA. Advierte que éstas no pueden ser

modificadas a menos que se cumpla con las subsecciones (f),

(g) y (h).25

25

28 USC sec. 1738A, inciso (a).

13

Una determinación de custodia o derecho de visita es

compatible

con

la

PKPA

únicamente

si

el

tribunal

emisor

tenía jurisdicción para ello, conforme a las leyes de su

estado y si se cumple con una de las condiciones siguientes:

(A) Ese estado (i) es el estado de residencia del

menor

a

la

fecha

en

que

comenzaron

los

procedimientos, o (ii) ha sido el estado de

residencia del menor seis meses antes de la fecha

en que comenzaron los procedimientos y el menor se

encuentra

fuera

del

estado

porque

ha

sido

trasladado o retenido por una de las partes o por

otras razones, y una de las partes aún reside en

el estado que emitió el decreto;

(B) (i) surge que ningún otro estado tiene

jurisdicción bajo el párrafo (A), y (ii) para el

mejor bienestar del menor, el tribunal de dicho

estado asume jurisdicción debido a que (I) el

menor y sus padres, o el menor y al menos uno de

los litigantes, tiene contactos significativos con

el estado, más allá de la mera presencia física en

el mismo, y (II) está disponible en ese estado

evidencia

sustancial

relativa

al

cuidado,

protección, entrenamiento y relaciones personales

presentes o futuras del menor;

(C) el menor está físicamente presente en ese

estado, y (i) ha sido abandonado, o (ii) existe

una emergencia que requiera su protección porque

el niño, un hermano o uno de sus padres, ha

recibido amenazas o ha estado expuesto a maltrato

o abuso;

(D) (i) surge que no hay otro estado con

jurisdicción bajo los párrafos (A), (B), (C) o

(E),

u

otro

estado

ha

declinado

ejercer

jurisdicción bajo el fundamento de que el estado

cuya jurisdicción está en controversia es el foro

más apropiado para determinar la custodia del

menor, y (ii) es para el mejor bienestar del menor

que ese tribunal asuma jurisdicción; o

(E)

el

tribunal

tiene

jurisdicción

continua

conforme al inciso (d) de esta sección. 28 USC

sec. 1738A(c). (Traducción de este Tribunal en el

caso Santiago v. Kabuka, supra, pág. 535).

(Énfasis suplido).

14

Para que un tribunal conserve su jurisdicción continua

debe

cumplir

decreto

con

los

siguientes

original

de

custodia

requisitos:

sea

(1)

compatible

que

con

el

las

disposiciones de la PKPA; (2) que el foro original mantenga

jurisdicción bajo sus propias leyes, y (3) que dicho foro

continúe siendo el estado de residencia del menor o al menos

de una de las partes.26

De

manera

que

la

PKPA

“establece

un

esquema

de

preferencia jurisdiccional mediante el cual se favorece el

estado de residencia del menor como el foro que mejor está

capacitado

para

atender

las

cuestiones

de

custodia

del

menor”.27 Es decir, se le concede un trato preferencial al

estado de residencia del menor porque se entiende que es el

que puede determinar mejor lo que es más beneficioso para el

niño. Es allí en donde el niño ha hecho amistades, asiste a

la

escuela,

recibe

asistencia

médica

y

su

vida

se

ha

desenvuelto.28 Por lo tanto, se entiende que en el estado

residencia del menor es el lugar

donde con mayor probabilidad está disponible la

evidencia que se requiere para hacer una adecuada

determinación de custodia, una que tome en cuenta

lo que es más conveniente para el menor. De manera

que de existir conflicto con respecto a cuál es el

requisito jurisdiccional aplicable de acuerdo al

P.K.P.A., siempre deberá prevalecer el del estado

residencia del menor.29 (Énfasis suplido).

26

28 USC sec. 1738 A (d).

27

Santiago v. Kabuka, supra, pág. 536.

28

Ortega, Jr. v. Morales Ortega, 131 DPR 783, 792 (1992).

29

Íd.

15

Es preciso aclarar que para propósitos de la custodia o

derechos de visita la ley define el concepto de estado de

residencia (home State) como “aquel estado o jurisdicción en

la que el menor haya vivido con uno o ambos padres, o con un

tutor, al menos durante seis meses consecutivos antes de la

fecha de inicio de los procedimientos de custodia o fijación

de derechos de visita”.30

Al

citar

una

sentencia

de

un

estado

de

forma

ilustrativa, sostuvimos que, según la PKPA, la jurisdicción

del “estado de residencia” tiene prioridad sobre las otras

consideraciones. Y, añadimos que

[n]o será sino hasta que se determine que

ningún otro estado podría asumir jurisdicción a la

luz

de

la

sección

relativa

al

“estado

de

residencia”, que se tomará en consideración el

criterio de los mejores intereses del menor o el

que

otro

estado

haya

declinado

asumir

jurisdicción, a menos que el menor se encuentre en

este estado y exista una situación de abandono o

de emergencia.31

A pesar

de lo anterior, en Santiago v. Kabuka, supra,

este Tribunal determinó lo siguiente:

(. . .)[S]i bien el PKPA da preferencia al estado

de residencia del menor sobre cualquier otra

jurisdicción,

la

ley

confiere

jurisdicción

continua al estado o foro que haya emitido un

decreto original de custodia para que haga valer o

revise sus determinaciones originales. 28 U.S.C.A.

sec. 1738A(d). Debe entenderse que ante la

existencia de un decreto original que se ajuste a

las disposiciones del estatuto, la jurisdicción

continua es el criterio principal, aun cuando ésta

no sea la jurisdicción de residencia del menor.

Moraza Choisne, supra, pág. 319 (“In these actions

30

28 USC sec. 1738A, inciso (b)(4). (Traducción nuestra).

31

Ortega, Jr. v. Morales Ortega, supra, pág. 792.

16

the jurisdictional basis [providing continuous

jurisdiction] is hierarchically superior even to

home state jurisdiction”).

Para que un foro mantenga jurisdicción continua es

necesario que se cumplan tres requisitos: un

decreto original de custodia compatible con las

disposiciones del PKPA; que el foro original

mantenga jurisdicción bajo sus propias leyes, y

que dicho foro continúe siendo el estado de

residencia del menor o al menos de una de las

partes. 28 U.S.C.A. sec. 1738A(d).32 (Bastardillas

en el original y énfasis suplido).

Así, en Collazo Dragoni v. Noceda González, 2017 TSPR

120, 198 DPR __ (2017), al atender una controversia sobre la

jerarquía jurisdiccional que establece la PKPA, establecimos

que si el dictamen original de custodia se emitió conforme a

los parámetros de la PKPA, los tribunales de otro estado no

podrán modificar ese dictamen. Por lo tanto, allí reiteramos

que la jurisdicción continua es la norma que prevalece sobre

el estado de residencia del menor, mientras se cumpla con

las disposiciones y las bases jurisdiccionales del estatuto

federal y que ese estado, en donde se emitió el decreto

original, se mantenga como el estado de residencia del menor

o una de las partes.

2. Dictámenes sobre pensión alimentaria

Respecto a los decretos de alimentos, la norma general

es

que

los

ejecutar

32

una

tribunales

orden

de

de

cada

pensión

estado

están

alimentaria

Santiago v. Kabuka, supra, pág. 536.

obligados

que

haya

a

sido

17

emitida por otro estado conforme a las disposiciones y los

parámetros establecidos en la FFCCSOA.33

Una orden de pensión es consistente con los parámetros

de la FFCCSOA si cumple con lo siguiente:

(1) a court that makes the order, pursuant to the

laws of the State in which the court is located

and subsections (e), (f), and (g)—

(A) has subject matter jurisdiction to hear

the matter and enter such an order; and

(B)

has

personal

contestants; and

jurisdiction

over

the

(2) reasonable notice and opportunity to be heard

is given to the contestants.

En

otros

términos,

jurisdicción

conforme

jurisdicción

sobre

si

a

las

el

tribunal

las

leyes

partes

y

emisor

del

cumplió

actuó

con

estado,

tenía

con

debido

el

proceso de ley en cuanto a la notificación y el derecho que

tienen las partes de ser oídas al momento de emitir la

orden,

entonces

el

decreto

se

hizo

conforme

a

las

disposiciones de la FFCCSOA.

Ahora bien, un tribunal que emitió una orden de pensión

alimentaria tendrá jurisdicción continua y exclusiva sobre

la

orden

de

pensión

alimentaria

si

el

estado

emisor

es

también el lugar de residencia del menor (child’s State) o

de alguna de las partes; o si las partes han prestado su

consentimiento

tribunal

33

en

mantenga

récord

el

o

corte

ejercicio

28 USC sec. 1738B(a).

abierta

de

la

para

que

dicho

jurisdicción

para

18

modificar la orden cuando sea necesario. Ello, a menos que

un tribunal de otro estado haya modificado la orden pero

para

ello

tiene

que

haber

cumplido

con

los

requisitos

jurisdiccionales y procesales dispuestos en la ley.34

De manera que la FFCCSOA otorga autoridad para que un

estado pueda modificar una orden de pensión alimentaria de

otro estado siempre y cuando estén presentes los requisitos

siguientes:

(1)

que

la

orden

del

registrada,

(2)

que

el

tribunal

tribunal

tenga

emisor

esté

jurisdicción

para

realizar la modificación y (3) que el tribunal emisor ya no

ostente la jurisdicción continua y exclusiva de la referida

orden de pensión alimentaria porque el estado emisor ya no

es la residencia del menor ni el estado de residencia de

alguna de las partes. Además, se requiere que las partes no

hayan consentido en récord público o en corte abierta a que

el tribunal del estado emisor mantenga el ejercicio de la

jurisdicción

para

modificar

la

referida

orden.35

En

consecuencia, para que un tribunal de otro estado que no es

el emisor asuma la jurisdicción continua y exclusiva para

modificar una orden de pensión alimentaria de otro estado,

las

partes

tienen

que

prestar

su

consentimiento

por

escrito.36

C. Procedimiento para establecer, ejecutar o modificar

una orden de pensión alimentaria conforme a la Ley Uniforme

Interestatal sobre Alimentos para la Familia

34

Íd., inciso (d): Continuing Jurisdiction.

35

Íd., inciso(e): Authority to Modify Orders.

36

Íd.

19

Con miras a establecer uniformidad en el procesamiento

de

casos

de

Legislativa

de

alimentos

Puerto

interestatales,

Rico

aprobó

la

Ley

la

Asamblea

Núm.

103-2015,

conocida como la Ley Uniforme Interestatal sobre Alimentos

para la Familia (LUIAF).37 Ello, con el propósito de adoptar

en

Puerto

Rico

el

modelo

de

ley

conocido

como

Uniform

de

LUIAF,

Interstate Family Support Act (UIFSA).38

En

dispone

lo

pertinente,

cuáles

procedimiento

pensión

son

para

alimentaria,

la

los

Sección

fundamentos

establecer

un

1301(a)

o

tribunal

para

ejecutar

de

la

que,

una

Puerto

en

un

orden

de

Rico

pueda

ejercer jurisdicción sobre un individuo no residente o sobre

el tutor o encargado. Así la referida disposición señala que

se debe cumplir con alguno de los siguientes:

(1) El individuo es emplazado

personalmente en Puerto Rico;

o

notificado

(2) el individuo se somete a la jurisdicción de

Puerto Rico mediante un consentimiento que consta

en récord, mediante la comparecencia voluntaria

sin cuestionar la jurisdicción del tribunal o

mediante

la

presentación

de

una

alegación

responsiva que tiene el efecto de una renuncia a

la defensa de falta de jurisdicción sobre su

persona;

(3) el individuo residió en Puerto Rico con el

menor;

(4) el individuo residió en Puerto Rico y proveyó

gastos prenatales o alimentos para el menor;

37

8 LPRA sec. 1291.

Según aprobado por la American Bar Association el 9 de febrero

de 1993 y las enmiendas a dicho modelo adoptadas por la National

Conference of Commissioners on Uniform State Laws, el 30 de septiembre

de 2008.

38

20

(5) el menor reside en Puerto Rico como resultado

de actos o directrices del individuo;

(6) la persona sostuvo relaciones sexuales en

Puerto Rico y el menor pudo haber sido concebido

de dicha relación sexual;

(7) el individuo reconoció e inscribió al menor en

el Registro Demográfico que está adscrito al

Departamento de Salud de Puerto Rico; o

(8) existe cualquier otro fundamento consistente

con la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico y la de los Estados Unidos para

ejercer

jurisdicción

sobre

la

persona

del

39

individuo.

Ahora

tribunales

bien,

la

locales

sección

1301(b)

dispone

pueden

utilizar

los

no

que

los

fundamentos

esbozados en el inciso (a) para ejercer su jurisdicción

sobre un no residente con el objetivo de modificar una orden

de pensión alimentaria emitida por otro estado, a menos que

se cumpla con los requisitos establecidos en la sec. 1381 de

este

título,

pensión

o,

en

el

alimentaria,

a

caso

de

menos

una

orden

que

se

extranjera

cumpla

con

de

los

requisitos establecidos en la sec. 1385 de este título.40

Cónsono con lo anterior, la sección 1381 de la LUIAF

dispone las instancias en las cuales un tribunal de Puerto

Rico puede modificar una orden de pensión alimentaria para

un menor emitida en otro estado. Específicamente establece:

(a) Ante el recibo de una petición, un tribunal de

Puerto Rico puede modificar una orden de pensión

alimentaria para un menor emitida en otro estado y

registrada en Puerto Rico, si no es de aplicación

39

8 LPRA sec. 1301(a).

40

Íd.

21

la sec. 1383 de este título, y si, luego de

notificación y vista, el tribunal determina que:

(1) Los siguientes requisitos se han cumplido:

(A) Ni el menor, ni el alimentista ni

alimentante residen en el estado emisor;

el

(B) un peticionario, que no es residente de

Puerto Rico, solicita la modificación de la

orden; y

(C)

el

peticionado

está

sujeto

a

la

jurisdicción del tribunal de Puerto Rico; o

(2) Puerto Rico es la residencia del menor, o una

parte que es un individuo está sujeta a la

jurisdicción del tribunal de Puerto Rico, y todas

las partes que son individuos han presentado

consentimientos que constan en récord en el

tribunal emisor para que un tribunal de Puerto

Rico modifique la misma y asuma jurisdicción

continua y exclusiva.

(b) La modificación de una orden de pensión

alimentaria para un menor que ha sido registrada,

está

sujeta

a

los

mismos

requisitos,

procedimientos y defensas que aplican a la

modificación de una orden emitida por un tribunal

de Puerto Rico, y la orden podrá ser ejecutada y

satisfecha de la misma forma.

(c) Un tribunal de Puerto Rico no podrá modificar

ningún aspecto de la orden de pensión alimentaria

para un menor que no pueda ser modificado al

amparo de la ley del estado emisor, incluyendo la

duración de la obligación de proveer alimentos. Si

dos o más tribunales han emitido órdenes de

pensión alimentaria con respecto a un mismo

alimentante y un mismo menor, la orden que rige o

controla y debe ser reconocida al amparo de la

sec. 1307 de este título, establecerá los aspectos

de la orden de pensión alimentaria que no son

modificables.

(d) En un procedimiento para modificar una orden

de pensión alimentaria para un menor, la ley del

estado que se determine emitió la orden control

inicial, rige la duración de la obligación de

proveer alimentos. El cumplimiento del alimentante

con la totalidad de su obligación de prestar

alimentos, establecida por dicha orden, le impide

22

a

un

tribunal

de

Puerto

Rico

obligación de alimentar más extensa.

imponer

una

(e) Tras la emisión de una orden por un tribunal

de Puerto Rico mediante la cual se modifica una

orden de pensión alimentaria para un menor que fue

emitida en otro estado, el tribunal de Puerto Rico

se convierte en el tribunal con jurisdicción

continua y exclusiva.

(f) A pesar de lo dispuesto en los incisos (a) a

la (e) y la sec. 1301(b) de este título, un

tribunal de Puerto Rico retiene la jurisdicción

para modificar una orden emitida por un tribunal

de Puerto Rico si:

(1) Una de las partes reside en otro estado; y

(2) la otra parte reside fuera

Unidos.41 (Énfasis suplido).

de

los

Estados

En otros términos, se requiere que ni las partes ni el

menor residan en el estado emisor; que el peticionario, no

residente en Puerto Rico, sea quien solicite la modificación

de

la

orden;

y

que

esté

sujeto

a

la

jurisdicción

del

Tribunal de Puerto Rico. En la alternativa, un tribunal de

Puerto Rico puede modificar una orden de pensión alimentaria

si Puerto Rico es la residencia del menor o una parte está

sujeta a la jurisdicción de Puerto Rico; y, además, consta

en el récord que todas las partes consintieron a que el foro

local modificara la orden y asumiera jurisdicción continua y

exclusiva.42

D. Desviation award on child support

En 1988 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Family

Support Act. Esta requiere que todos los estados de la Unión

41

8 LPRA sec. 1383.

42

Íd., sec. 1381.

23

implementaran

guías

mandatorias

para

la

fijación

de

la

pensión alimentaria.43 Específicamente, la ley establece lo

siguiente:

(a) Establishment of guidelines; method

Each State, as a condition for having its State

plan approved under this part, must establish

guidelines for child support award amounts within

the State. The guidelines may be established by

law or by judicial or administrative action, and

shall be reviewed at least once every 4 years to

ensure that their application results in the

determination of appropriate child support award

amounts.44

Entre

otras

controvertible

de

cosas,

que

el

al

estatuto

aplicar

crea

las

una

guías

presunción

y

hacer

el

cálculo para fijar la pensión, la cantidad resultante es la

correcta. La ley también facultó a los tribunales para que,

a

su

discreción,

si

al

momento

de

fijar

la

pensión

consideran que es injusta o inapropiada, se “desvíen” de las

guías

establecidas.

En

lo

pertinente

la

disposición

cuestión señala lo siguiente:

(2) There shall be a rebuttable presumption, in

any judicial or administrative proceeding for the

award of child support, that the amount of the

award which would result from the application of

such guidelines is the correct amount of child

support to be awarded. A written finding or

specific

finding

on

the

record

that

the

application of the guidelines would be unjust or

inappropriate in a particular case, as determined

under criteria established by the State, shall be

sufficient to rebut the presumption in that case.

43

42 USC sec. 667.

44

Íd.

en

24

Así, cada estado ha creado sus propios métodos para el

desvío luego de determinar, a base de las guías, la cantidad

que

cada

uno

de

los

padres

alimentaria.45

Estas

sinnúmero

circunstancias

de

debe

desviaciones

y

pagar

de

pensión

están

basadas

en

un

factores.

Algunas

de

las

razones pueden estar relacionadas a necesidades económicas

del

padre

o

emocionales

madre

que

no

tenga

custodio,

el

a

menor;

condiciones

así

como

físicas

los

o

gastos

relacionados al derecho de visita, entre otros.46

El

estado

de

Michigan,

en

particular,

obliga

a

los

tribunales a determinar y establecer una pensión alimentaria

según

la

fórmula

(Michigan

Child

Support

Formula)

y

las

guías mandatorias establecidas.47 Para ello se requiere que

las cortes consideren tanto las necesidades del alimentista

como los recursos de cada uno de los padres. No obstante,

una vez se determina la cantidad de pensión alimentaria, el

tribunal tiene discreción para desviarse de las guías si, a

base de los hechos particulares de cada caso, determina que

aplicarlas constituye una acción injusta o inapropiada.48

P. Woodland Faerber, Empirical Study: A Guide to the Guidelines:

A Longitudinal Study of Child Support Guidelines in the United States, 1

J. L. & Fam Stud. 151 (1999).

45

46

Íd.

En 1982 la Legislatura de Michigan aprobó una ley que requería a

la Oficina Administrativa de los Amigos de la Corte (State Court

Administrative Office’s Friend of the Court Bureau) de ese estado

desarrollar

una

fórmula

para

establecer

y

modificar

pensiones

alimentarias. Véase Burba v. Burba, 610 N.W. 2d 873 (2000).

47

48

Michigan Compiled Laws, sec.

deviation from formula; agreement,en

552.605,

Child

support

order;

http://www.legislature.mi.gov/(S(0c2z5bjjk1a5igs5wmbckm5v))/mileg.aspx?p

age=GetObject&objectname=mcl-552-605 (última visita, 17 de enero de

2018).

25

Para desviarse de la fórmula, primero, la corte debe

establecer la cantidad de pensión alimentaria que, conforme

al proceso, ésta

hubiese ordenado.49 Es imperativo que se

cumpla con unos criterios específicos y que conste en récord

por escrito la cantidad determinada y los fundamentos para

el desvío.50 Específicamente, la solicitud para la concesión

del desvío debe contener lo siguiente:

(a) The child support amount determined

application of the child support formula.

by

(b) How the child support order deviates from the

child support formula.

(c) The value of property or other support awarded

instead of the payment of child support, if

applicable.

(d) The reasons why application of the child

support formula would be unjust or inappropriate

in the case.51

La ley también permite que las partes lleguen a un

acuerdo en cuanto a la cantidad, siempre que se cumplan los

requisitos

mencionados

desviación

de

jurídico

que

la

y

aun

fórmula.52

aplica

en

cuando

Luego

este

de

caso

ello

implique

esbozar

el

analizaremos

una

marco

las

interrogantes planteadas.

III

49

Íd.

50

Íd.

51 Íd.; Burba v. Burba, supra; Ghidotti v. Barber, 586 N.W.2d 883

(1998). Véase, además, https://sdmichiganfamilylaw.com/child-supportformula-in-michigan/(última visita, 17 de enero de 2018).

52

Michigan Compiled Laws, sec. 552.605, inciso 5(3).

26

La

controversia

Tribunal

de

se

Primera

circunscribe

Instancia

tenía

a

determinar

si

jurisdicción

el

para

modificar la sentencia de divorcio emitida por el Tribunal

de

Michigan,

alimentaria

y

que

establece

la

custodia,

la

pensión

las

relaciones

paternofiliales

de

los

dos

hijos menores de edad de la señora Cancel Rivera y del señor

González Ruiz.

Los foros inferiores resolvieron que, al amparo de la

Sección 1301 de la LUIAF, los tribunales de Puerto Rico

tenían

jurisdicción.

El

Tribunal

de

Primera

Instancia

resolvió que conforme al inciso (a) de la referida ley un

individuo no residente se somete a la jurisdicción de Puerto

Rico cuando, entre otras razones, presenta una alegación

responsiva que tiene el efecto de una renuncia a la defensa

de falta de jurisdicción o cuando el menor reside en Puerto

Rico como resultado de sus actos o directrices.

A base de lo anterior, determinó que el peticionario se

había

sometido

a

Rico,

ya

—como

que

la

jurisdicción

parte

de

la

del

tribunal

referida

de

Puerto

sentencia

de

divorcio— consintió a que los menores residieran en Puerto

Rico. Además, señaló que “Puerto Rico adquirió calidad de

estado-hogar de los menores, ya que éstos han residido en

esta

jurisdicción

por

cinco

(5)

años”.

Por

lo

tanto,

entendió “que en el mejor interés de los menores, se debe

atender el caso en la jurisdicción de Puerto Rico porque la

evidencia

sustancial

jurisdicción”.

Por

su

sobre

el

parte,

el

mismo

existe

Tribunal

de

en

nuestra

Apelaciones

27

resolvió

que

la

sentencia

de

divorcio

emitida

por

el

Tribunal de Michigan no estableció una pensión alimentaria.

Por

esta

razón,

entendió

que

Puerto

Rico

podía

asumir

jurisdicción ya que no estaba impedido de así hacerlo, según

lo

establecido

en

la

LUIAF.

Ambos

foros

erraron

en

su

proceder.

A

En primer lugar, según las disposiciones de la PKPA,

antes de modificar una sentencia de divorcio que contiene lo

relacionado a la custodia y el derecho de visita de los

hijos menores, lo primero que un tribunal debe verificar es

si el dictamen original del foro con jurisdicción continua

cumple con la PKPA. Así, al examinar con detenimiento la

letra de la ley, es evidente que el Tribunal de Michigan

cumplió

con

este

requisito.

Éste

jurisdicción,

pues,

tanto

las

partes

en

ese

residían

allá.

Además,

era

era

el

como

estado

foro

los

en

con

menores

donde,

al

momento de la determinación, estaba disponible la evidencia

sustancial relativa al cuidado de éstos.

El foro judicial de Michigan, en efecto, realizó una

determinación sobre custodia y alimentos que fue consentida

por las partes y que no fue impugnada. En la sentencia de

divorcio estableció que, conforme a la discreción que le da

la ley para conceder un desvío, la suma correspondiente a

los

alimentos

sería

para

cubrir

los

gastos

de

viaje

y

28

transportación para que el padre pueda relacionarse con los

menores.53

Relacionado a lo anterior y acorde con la Sección 1738B

(e)(2)(A), entendemos que para que el foro local pudiese

modificar la orden de pensión alimentaria de un tribunal de

otro estado, ese otro estado no podía haber retenido, ni

haber ejercido,

la jurisdicción continua ni exclusiva;

y

ninguna de las partes podía ser residente en dicho estado.

En el caso de epígrafe, estos requisitos no se cumplen ya

que, como mencionáramos, el foro de Michigan sí continuó

ejerciendo

su

jurisdicción

continua

y

el

peticionario

continuó residiendo allí.

Surge del expediente que en todo momento el Tribunal de

Michigan retuvo y continuó ejerciendo su jurisdicción sobre

la materia y las partes. Además, basta con leer la sentencia

para darse cuenta de que ese foro expresamente se reservó el

derecho

de

emitir

cualquier

orden

para

implementar

los

términos del decreto. Asimismo, mediante el acápite titulado

“Retention of Jurisdiction” retuvo la jurisdicción sobre los

asuntos

dispuestos

asegurar

su

en

la

cumplimiento.

sentencia

Así

lo

y

las

consignó

partes,

para

tanto

la

en

sentencia de divorcio como en la orden que emitió el 15 de

enero

de

2016,

para

que

la

recurrida

cumpliera

con

los

acuerdos filiales de la sentencia de divorcio. Cabe destacar

que no surge del expediente que hubiera un consentimiento

Judgement of Divorce, Apéndice de la Petición de certiorari, págs.

122-123.

53

29

expreso

para

que

el

foro

local

asumiera

la

jurisdicción

continua y exclusiva. Por lo anterior, no se justificaba que

este asumiera jurisdicción.

En

varias

ocasiones

hemos

realizado

interpretaciones

sobre la PKPA, particularmente en asuntos sobre custodia.

Por ejemplo, en Ortega v. Morales, supra, expresamos que la

PKPA le daba preferencia al estado de residencia del menor

y, que de existir conflicto con respecto a cuál requisito

jurisdiccional

procedía

prevalecer

del

obstante,

el

en

aplicarse,

estado

Santiago

v.

“siempre

residencia

Kabuka,

del

supra,

deber[ía]

menor”.54

señalamos

No

que,

aunque la PKPA daba preferencia al estado residencia, dicho

estatuto confería jurisdicción continua al estado emisor del

decreto original y que “la jurisdicción continua [era] el

criterio

principal,

aun

cuando

ésta

no

[fuera]

la

Collazo

Dragoni

v.

jurisdicción de residencia del menor”.55

Finalmente,

Noceda González,

como

mencionamos,

supra,

en

resolvimos que

los tribunales de

Puerto Rico mantienen jurisdicción continua para atender una

modificación de custodia siempre y cuando se satisfagan los

requisitos de la PKPA, aun cuando el estado de residencia

del menor sea otro. En lo pertinente, allí expresamos que

cuando una parte solicite a un tribunal modificar un decreto

de custodia o de relaciones filiales, ese tribunal, antes de

atender el asunto, debe auscultar si tiene jurisdicción para

54

Íd., pág. 792.

55

Íd., pág. 536.

30

ello conforme al PKPA. En este sentido, si existe un decreto

de custodia que emitió un tribunal, según la ley de ese

estado,

ningún

otro

tribunal

puede

modificarlo.

Por

consiguiente, ante la existencia de un decreto original que

se ajuste a las disposiciones del estatuto, la jurisdicción

continua es el criterio principal, aun cuando ésta no sea el

estado de residencia del menor.

B

En

cuanto

a

los

procedimientos

para

establecer

o

ejecutar una orden de pensión alimentaria, un tribunal de

Puerto Rico podrá ejercer jurisdicción sobre un individuo no

residente, o sobre el tutor o encargado del individuo, si el

menor

reside

en

Puerto

Rico

directrices

del

individuo.56

determinar

que

tal

como

resultado

Empero,

fundamento

no

la

podrá

ley

de

actos

o

es

clara

al

utilizarse

para

adquirir jurisdicción sobre la persona del individuo si lo

que se pretende es modificar una orden de pensión emitida

por otro estado, a menos que se cumpla con los requisitos

establecidos en la sección 1381 del mismo título. Más aún,

la sección 1381 dispone que ante el recibo de una petición,

un

tribunal

de

Puerto

Rico

puede

modificar

una

orden

de

pensión alimentaria para un menor emitida en otro estado y

registrada en Puerto Rico, si no es de aplicación la sec.

1383 de la Ley, y si, luego de notificación y vista, el

56

8 LPRA sec. 1301, inciso (5).

31

tribunal determina que se han cumplido ciertos requisitos

estatutarios.

En ese contexto, es oportuno aclarar que un tribunal de

Puerto Rico puede modificar una orden de pensión alimentaria

para un menor emitida en otro estado y registrada en Puerto

Rico,

si

luego

de

la

notificación

y

vista,

el

tribunal

determina que:

(1) Los siguientes requisitos se han cumplido:

(A) Ni el menor, ni el alimentista ni

alimentante residen en el estado emisor;

el

(B) un peticionario, que no es residente de

Puerto Rico solicita la modificación de la

orden; y

(C)

el

peticionario

está

sujeto

a

la

jurisdicción del tribunal de Puerto Rico; o

(2)Puerto Rico es la residencia del menor, o una

parte que es un individuo está sujeta a la

jurisdicción del tribunal de Puerto Rico, y todas

las

partes

han

prestado

consentimientos

que

constan en récord en el tribunal emisor para que

un tribunal de Puerto Rico modifique la misma y

asuma jurisdicción continua y exclusiva.57

Es decir, que para que un foro judicial en Puerto Rico

pueda modificar una orden de pensión alimentaria emitida por

otro

estado,

en

primera

instancia,

la

orden

debe

estar

registrada en Puerto Rico; se le tiene que notificar a las

partes y debe haberse celebrado una vista. Además, ninguna

de

las

partes

debe

residir

peticionario

no

residente

modificación

de

la

57

8 LPRA sec. 1381.

orden

en

es

de

el

quien

pensión

estado

emisor,

el

debe

solicitar

la

alimentaria

y

estar

32

sujeto a la jurisdicción de Puerto Rico. En la alternativa,

debe constar en récord que todas las partes prestaron su

consentimiento en el tribunal emisor para que el tribunal

local tenga jurisdicción continua y exclusiva.

No obstante, reiteramos que cuando un tribunal de un

estado retiene la jurisdicción continua y exclusiva sobre

una orden de pensión alimentaria, los tribunales de otro

estado están impedidos de modificarla.58

C

Luego de analizar el estado de derecho enunciado es

forzoso

concluir

que

el

Tribunal

de

Michigan

emitió

un

decreto de custodia y alimentos de forma consistente con la

ley y conservó la jurisdicción continua y exclusiva sobre su

dictamen original. Por lo tanto, al no estar presentes los

requisitos estatutarios para que el tribunal de Puerto Rico

adquiera

jurisdicción,

tanto

el

Tribunal

de

Primera

Instancia como el Tribunal de Apelaciones excedieron sus

facultades, al actuar sin jurisdicción. Por consiguiente,

están

impedidos

de

modificar

ese

dictamen

judicial.

Al

considerar las disposiciones antes aludidas, colegimos que

Véase Aponte v. Barbosa Dieppa, 146 DPR 558 (1998). Allí examinamos

una solicitud de rebaja de pensión a la luz de la Ley Núm. 180-1997, Ley

Interestatal Uniforme de Alimentos entre Parientes (LIUAP), 8 LPRA 541

et seq., y la FFCCSOA. Distinto a lo que ocurrió en el caso ante nos, en

aquel los tribunales inferiores determinaron que, conforme a la sección

611 de la Uniform Interstate Family Support Act -equivalente a la

sección 547(b) de la LIUAP- no tenían jurisdicción continua y exclusiva

para modificar la orden de pensión alimentaria emitida por el tribunal

de Massachusetts. En aquella ocasión, entre otras cosas, confirmamos ya

que los menores aún residían en ese estado y las partes no prestaron su

consentimiento escrito para que los tribunales de Puerto Rico pudiesen

modificarla.

58

33

el fundamento utilizado para justificar su intromisión es

contrario al esquema jurídico que aplica a la controversia

ante nuestra consideración.

IV

Por

los

fundamentos

que

anteceden,

se

revoca

la

determinación del Tribunal de Apelaciones. En consecuencia,

se

desestima

la

demanda

para

fijar

pensión

y

relaciones

paternofiliales. Se dicta sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Jackeline Cancel Rivera

Recurrida

v.

Carlos David González Ruiz

CC-2017-0226

Peticionario

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2018.

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la

determinación del Tribunal de Apelaciones. En

consecuencia, se desestima la demanda para fijar

pensión y relaciones paternofiliales.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el

Secretario

del

Tribunal

Supremo.

Los

Jueces

Asociados señores Estrella Martínez y Colón Pérez

no intervinieron.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo