Tribunal Supremo de Puerto Rico
Cancel Rivera v. González Ruiz
2018 TSPR 94
Poder Judicial de Puerto Rico
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Cancel Rivera v. González Ruiz
CC-2017-226
Derecho de familia: Jurisdicción de los tribunales de Puerto Rico para modificar un decreto de alimentos y relaciones paternofiliales emitido por un tribunal de otro estado de Estados Unidos.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Jackeline Cancel Rivera
Certiorari
Recurrida
v.
2018 TSPR 94
Carlos David González Ruiz
200 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2017-226
Fecha: 16 de mayo de 2018
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón y Carolina
Abogado de la parte peticionaria:
Lcdo. Harry Brugman Mercado
Abogada de la parte recurrida:
Lcda. Leticia Pabón Ortiz
Materia: Derecho de familia: Jurisdicción de los tribunales
de Puerto Rico para modificar un decreto de alimentos y
relaciones paternofiliales emitido por un tribunal de otro
estado de Estados Unidos.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Jackeline Cancel Rivera
Recurrida
v.
CC-2017-0226
Certiorari
Carlos David González Ruiz
Peticionario
EL JUEZ ASOCIADO
Tribunal.
SEÑOR
RIVERA
GARCÍA
emitió
la
opinión
del
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2018.
Nos corresponde resolver una controversia en
la
que
hay
dos
jurisdicciones
en
conflicto.
Específicamente debemos auscultar si los tribunales
de Puerto Rico tienen jurisdicción para modificar
un
decreto
de
paternofiliales
de
alimentos
otro
estado
y
en
relaciones
el
que
éste
último se reservó la jurisdicción sobre el caso y
las
partes.
existir
un
En
otros
decreto
términos,
original
de
si
a
pesar
de
ese
estado,
los
foros locales tienen jurisdicción para modificarlo
por el hecho de que los menores han residido en
Puerto
Rico
por
un
periodo
de
cinco
años.
2
Por
los
fundamentos
que
elaboramos
a
continuación,
resolvemos en la negativa. Los tribunales de Puerto Rico
tienen jurisdicción para modificar un decreto de alimentos y
relaciones paternofiliales de otro estado siempre y cuando
cumplan
con
Kidnapping
los
requisitos
Prevention
Act
establecidos
(PKPA)
y
en
la
el
Parental
Ley
uniforme
interesatatal sobre alimentos para la familia, Ley Núm. 32015.
I
El Sr. Carlos David González Ruiz (peticionario o señor
González Ruiz) y la Sra. Jackeline Cancel Rivera (señora
Cancel Rivera o recurrida) se divorciaron el 23 de junio de
2011, mediante Judgment of Divorce (sentencia de divorcio)
ante el Tribunal del Circuito para el Condado de Macom,
Michigan,
Estados
estipuló,
entre
Unidos.1
otros
La
asuntos,
sentencia
que
las
de
divorcio
partes
tendrían
custodia legal compartida (joint legal custody) sobre sus
dos hijos menores de edad. Por existir un acuerdo entre las
partes,
dispuso
que
el
domicilio
de
estos
sería
con
la
recurrida en Puerto Rico.2 Asimismo, estableció que el pago
de pensión alimentaria, según las guías mandatorias para el
cálculo de pensión alimentaria de Michigan, sería de $ 416
mensuales.
1 Judgment of Divorce, Apéndice de la Petición de certiorari, págs.
118-127.
2
Íd., págs. 119-122.
3
No obstante, conforme a la discreción que le otorgan
las leyes de ese estado, aplicó el mecanismo del desvío
(deviation award) y determinó que la suma correspondiente se
destinaría a los gastos de viaje y transportación en los que
el peticionario tendría que incurrir para relacionarse con
los menores. Instituyó que durante los recesos de verano y
navidad los menores viajarían a la residencia del padre en
Michigan
y
durante
el
receso
de
Semana
Santa
el
padre
viajaría a Puerto Rico para estar con ellos.3 Finalmente, en
la referida sentencia el tribunal se reservó y retuvo la
jurisdicción sobre los asuntos dispuestos en la sentencia y
las partes, para asegurar su cumplimiento.4
Una vez en Puerto Rico, la señora Cancel Rivera acudió
a la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) para
solicitar una pensión alimentaria.
En
noviembre de 2011,
mediante Orden, la agencia impuso al peticionario el pago de
$638.85. El 6 de mayo de 2014 ASUME celebró una vista de
objeción
de
deuda
que
solicitó
el
peticionario.
Allí
la
agencia emitió una Orden, notificada el 30 de mayo de 2014,
mediante
la
desestimación
falta
de
cual
declaró
presentada
jurisdicción.5
con
lugar
la
el
señor
González
por
Ello,
por
existir
solicitud
una
de
Ruiz
por
orden
del
Tribunal de Michigan que estableció que por acuerdo entre
las partes, “[p]laintiff shall be responsible for the cost
3
Íd., págs. 122-123.
4
Íd., pág. 126.
5
Orden, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 100-105.
4
of the transportation of the minor children to and from
Puerto
Rico
for
his
parenting
time.
In
lieu
of
the
considerable expense of this transportation, Defendant shall
not receive any child support from Plaintiff”. Por lo tanto,
dejó sin efecto la pensión alimentaria fijada por falta de
jurisdicción. Fundamentó su decisión en que la Ley Núm. 1801997,
conocida
Alimentos
como
entre
la
Ley
Parientes,
Uniforme
según
Interestatal
enmendada,
de
tiene
el
2015,
el
Michigan
una
propósito de evitar la multiplicidad de órdenes.6
Por
otro
peticionario
moción
lado,
presentó
sobre
el
22
ante
incumplimiento
de
el
de
diciembre
Tribunal
orden
de
de
en
contra
de
la
recurrida.7 Indicó que ésta incumplió los acuerdos de la
sentencia
de
divorcio
en
cuanto
las
relaciones
paternofiliales establecidas para que los menores viajaran a
relacionarse con su padre en Michigan, donde éste último
reside.
El 15 de enero de 2016, se celebró una vista a la que
comparecieron ambas partes para atender la moción presentada
por el peticionario. El Tribunal de Michigan, ordenó a la
señora
Cancel
Rivera
a
no
interferir
en
las
relaciones
paternofiliales decretadas. De lo contrario, le apercibió
que tendría que presentarse ante la jueza que presidió la
vista y mostrar causa por lo cual el tribunal
6
no debía
Íd., pág. 129.
Motion and/or Order to Show Cause, Apéndice de la Petición de
certiorari, pág. 134.
7
5
imponerle
una
orden
de
desacato.8
Finalmente,
reiteró
su
jurisdicción y dispuso que todas las órdenes emitidas por el
referido tribunal permanecerían en efecto y válidas hasta
que se dispusiera lo contrario.9
Así las cosas, una vez la recurrida regresó a Puerto
Rico, el 25 de agosto de 2016 presentó una demanda sobre
fijación de relaciones paternofiliales y alimentos ante el
Tribunal de Primera Instancia. Alegó, entre otras cosas, que
la sentencia de divorcio del estado de Michigan era absurda
al
conceder
vacaciones
oportunidad
de
de
relaciones
verano
y
compartir
paternofiliales
navidad
con
sin
los
que
la
menores
durante
las
madre
tenga
durante
esos
periodos. Solicitó una pensión alimentaria de $ 1,000 para
el sustento de los menores, y que el padre costeara los
gastos de viaje y los gastos escolares dos veces al año para
el regreso a clases.
El 12 de octubre de 2016, el peticionario presentó una
Comparecencia Especial y Solicitud de Desestimación mediante
la cual, sin someterse a la jurisdicción, solicitó que se
tomara conocimiento de la sentencia de divorcio emitida el
23 de junio de 2011 por el Tribunal de Michigan. Arguyó que
éste último se reservó la jurisdicción, por lo que procedía
la desestimación de la demanda.
En la Orden la Jueza señaló que si la señora Cancel Rivera
cooperaba para que los menores se relacionaran con su padre y no
intervenía en las relaciones paternofiliales no tendría que comparecer a
la corte.
8
Específicamente, el tribunal señalٕó que “[a]ll other Orders not
in conflict remain in full force and effect until further Order of this
Honorable Court”. Íd., pág. 138.
9
6
El
2
de
diciembre
de
2016,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia notificó una resolución en la que declaró no ha
lugar
la
solicitud
de
desestimación.
El
entendió
que
como
el
peticionario
domicilio
de
los
menores
fuera
en
jurisdicción
para
atender
los
asuntos
foro
primario
consintió
a
Puerto
Rico,
de
que
el
tenía
alimentos
y
filiación de los menores. Ello, al amparo de la Sección
1301(a)(5) de la Ley Uniforme Interestatal sobre Alimentos
para
la
Familia
(LUIAF).10
En
consecuencia,
autorizó
los
de
el
emplazamientos por edicto. 11
En
desacuerdo,
peticionario
el
presentó
12
de
diciembre
reconsideración.
Entre
2016
otras
cosas,
alegó que nunca consintió a que el domicilio de los menores
fuera Puerto Rico y que el Tribunal de Michigan mantenía
jurisdicción continua al amparo de la Uniform Child Custody
and Jurisdiction Enforcement Act (UCCJEA).12
El 23 de diciembre de 2016, la señora Cancel Rivera
presentó una moción para informar que el 16 de diciembre de
2016 emplazó al peticionario mediante edicto. El 9 de enero
de
2017
el
resolución
Tribunal
y
declaró
de
no
Primera
ha
Instancia
lugar
la
notificó
una
solicitud
de
reconsideración. El foro primario reiteró los fundamentos
10 8 LPRA sec. 1301. Cabe destacar que uno de los fundamentos para
que el tribunal ejerza la jurisdicción sobre un individuo no residente
en un procedimiento al momento de establecer o ejecutar una orden de
pensión alimentaria es que “el menor resid[a] en Puerto Rico como
resultado de actos o directrices del individuo”.
11
Íd., págs. 61-62.
12
Íd., págs. 63-64.
7
esbozados en su resolución notificada el 2 de diciembre de
2016 y añadió lo siguiente:
El Tribunal reconoce que existe entre las
partes de este caso un decreto original sobre
alimentos y relaciones paterno filiales en el
“Judgement of Divorce” (Sentencia de Divorcio)
emitida en el estado de Michigan. No obstante,
resolvemos que Puerto Rico adquirió calidad de
estado-hogar de los menores, ya que éstos han
residido en esta jurisdicción por cinco (5) años.
El Tribunal entiende que en el mejor interés de
los menores, se debe atender el caso en la
jurisdicción de Puerto Rico porque la evidencia
sustancial sobre el mismo existe en nuestra
jurisdicción. La evidencia sustancial sobre el
cuidado,
protección,
educación
y
relaciones
personales presentes y futuras de los menores está
en Puerto Rico; y por eso entendemos que es el
foro
más
adecuado
para
adjudicar
todo
lo
relacionado a los menores […].13 (Énfasis nuestro).
El 11 de enero de 2017, el foro primario notificó una
orden por la cual se dio por enterado del emplazamiento por
edicto, señaló una vista para el 9 de febrero de 2017 y
refirió
el
Alimentaria.
caso
ante
la
Posteriormente,
Examinadora
el
26
de
de
enero
Pensiones
de
2017,
notificó una orden mediante la cual atendió una solicitud de
renuncia
de
representación
legal,
anotó
la
rebeldía
al
peticionario e indicó que la vista se celebraría en la fecha
indicada.14
Inconforme, el 3 de febrero de 2017 el peticionario
presentó
un
recurso
de
Apelaciones.
Sostuvo
que
certiorari
el
foro
ante
el
Tribunal
de
primario
incidió
al
determinar que tenía jurisdicción para atender el petitorio
13
Íd., pág. 116.
14
Íd., pág. 181.
8
de
relaciones
paternofiliales
y
alimentos,
aun
cuando
existía un decreto original del estado de Michigan en el que
el tribunal retuvo y ejerció la jurisdicción continua sobre
la materia y las partes en el litigio. Además, señaló que el
foro erró
momento
al actuar en claro abuso de discreción
en
que
autorizó
el
emplazamiento
por
en el
edicto
y
declaró al peticionario en rebeldía, a pesar de que existían
argumentos sobre la falta de jurisdicción. El peticionario
acompañó
con
su
petición
una
moción
en
auxilio
de
jurisdicción. La recurrida se opuso. El 8 de febrero de 2017
el
Tribunal
medios
de
Apelaciones
electrónicos
una
notificó
resolución
inmediatamente
por
para
la
ordenar
paralización de los procedimientos ante el foro primario
hasta
tanto
el
foro
apelativo
intermedio
resolviera
el
recurso.15
El 21 de febrero de 2017 el señor González Ruiz, sin
someterse
a
la
reconsideración
jurisdicción,
y
solicitó
presentó
al
foro
una
moción
de
intermedio
la
modificación de la determinación que hizo en cuanto a que el
peticionario
se
había
sometido
jurisdicción
del
tribunal.16
No
voluntariamente
obstante,
la
a
la
misma
fue
declarada no ha lugar mediante resolución notificada el 28
de febrero de 2017.
Se notificó posteriormente el 9 de febrero de 2017, mediante el
formulario OAT-750. El Tribunal de Apelaciones advirtió al peticionario
que se había sometido voluntariamente a la jurisdicción de dicho foro ya
que en su escrito planteó no solo asuntos jurisdiccionales sino también
aquellos relacionados a los méritos del caso. Resolución, Apéndice de la
Petición de certiorari, págs. 250-252.
15
16
Íd., págs. 253-258.
9
Así las cosas, el 2 de marzo de 2017, el foro apelativo
intermedio
confirmó la resolución de
Tribunal de Primera
Instancia y devolvió el caso para la continuación de los
procedimientos. Concluyó que los menores habían residido en
Puerto Rico por más de 5 años y que no se había fijado una
pensión alimentaria. Entendió que en el mejor interés de los
menores, el caso de fijación de relaciones paterno-filiales
y alimentos se debía atender en Puerto Rico. Fundamentó su
decisión en el inciso (c) de la Sección 1738A del Parental
Kidnapping
Prevention
Act
(PKPA),
que
según
interpretó,
otorga preferencia jurisdiccional al estado de residencia
del menor.17
En
desacuerdo
aún,
el
27
de
marzo
de
2017,
el
peticionario acudió ante nos mediante recurso de certiorari.
Señaló los errores siguientes:
Erró el Tribunal de Apelaciones al validar la
actuación del Tribunal de Primera Instancia de
adquirir jurisdicción sobre la materia a pesar de
que existe una orden final y firme emitida por la
Administración para el Sustento de Menores entre
las
mismas
partes
que
declara
que
no
hay
jurisdicción y no dar entera fe y crédito a la
sentencia del estado de Michigan.
Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que
el
[sic]
se
perfeccionó
correctamente
el
procedimiento de emplazamiento por edicto ante el
TPI y consiguientemente la anotación de rebeldía
al peticionario.
Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que
el peticionario se sometió voluntariamente a la
jurisdicción del tribunal.
17
28 USC sec. 1738A.
10
Examinados los planteamientos y con el beneficio de la
comparecencia de ambas partes, resolvemos.
II
A. Jurisdicción, jurisdicción sobre la materia y sobre
la persona
La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal
para considerar y decidir casos y controversias.18 Cuando
hablamos de jurisdicción sobre la materia, nos referimos a
la capacidad de un tribunal para atender y resolver una
controversia sobre un aspecto legal. Si no hay jurisdicción
sobre la materia, el tribunal está obligado a desestimar el
caso.19
Por
adquirir
otra
parte,
jurisdicción
el
emplazamiento
sobre
la
persona
es
la
contra
forma
la
que
de
se
reclama en un proceso judicial. Así, luego que se presenta
la demanda, se expide el emplazamiento y con su posterior
diligenciamiento, el tribunal adquiere jurisdicción sobre la
persona
del
voluntaria
de
demandado. Ahora
la
parte
bien,
demandada
la
suple
comparecencia
la
omisión
del
emplazamiento. De manera que ésta se coloca al alcance del
tribunal para que atienda el recurso presentado y resuelva
la
controversia
en
sus
méritos.20
De
lo
contrario,
el
tribunal no tiene jurisdicción sobre la persona, a menos que
alguna disposición en ley lo exceptúe.
18
Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014).
19
Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012).
20
Franco v. Corte, 71 DPR 687 (1950).
11
B. Parental Kidnapping Prevention Act (PKPA) y la Full
Faith and Credit for Child Support Orders Act (FFCCSOA)
La
Parental
federal
Kidnapping
promulgada
en
Prevention
1980
por
el
Act
es
Congreso
una
de
ley
Estados
Unidos. Su propósito primordial es facilitar la ejecución de
los decretos de los estados sobre custodia y derechos de
visita,
y
prevenir
la
competencia
y
el
conflicto
interjurisdiccional.21 Esta ley rige expresamente en todos
los estados de Estados Unidos, en los territorios y sus
posesiones –incluyendo a Puerto Rico- y en el Distrito de
Columbia.22
Además,
ocupa
el
campo
en
materia
de
determinaciones interestatales de custodia. Por ello, cuando
existe un conflicto interjurisdiccional respecto a decretos
de
custodia
entre
los
estados,
el
PKPA
ocupa
el
campo
for
Child
incluso sobre las leyes locales como la LUIAF.23
Por
su
parte,
la
Full
Faith
and
Credit
Support Orders Act (FFCCSOA) es una ley que se promulgó en
1994 con el propósito de que ningún estado pueda modificar
una determinación de pensión alimentaria que sea compatible
con las leyes del estado en que se emite, a menos que se
cumpla
con
ciertos
requisitos
jurisdiccionales.24
A
tales
21
Pub. L. No. 96-611, secs. 6-10, 94 Stat. 3568-3573 (1980).
Véase, además, Santiago v. Kabuka, 166 DPR 526, 534 (2005).
22
28 USC sec. 1738A (b)(8); Santiago v. Kabuka, supra.
23
Íd.
Congressional Findings and Declaration of Purpose, en US
Government Publishing Office, https://www.gpo.gov/fdsys/granule/USCODE2011-title28/USCODE-2011-title28-partV-chap115-sec1738B (última visita,
10 de mayo de 2018).
24
12
efectos, la FFCCSOA requiere que se cumpla con el dictamen
original
de
pensión
alimentaria
que
establece
el
estado
emisor.
Ambas leyes están codificadas bajo el mismo título. La
Sección 8 de la PKPA se codificó bajo el título 28 del
United States Code, en la sección 1738A y se le nombró Full
Faith and Credit Given to Child Custody Determinations y la
Full
Faith
and
Credit
for
Child
Support
Orders
Act
se
codificó en la sección 1738B. Así, las secciones 1738A y
1738B establecen que los tribunales de Puerto Rico deben
reconocer entera fe y crédito a los decretos sobre custodia
y pensión alimentaria de otros estados o jurisdicciones,
siempre que sean compatibles con estas disposiciones y que
el foro original mantenga jurisdicción sobre la materia. Por
cuanto, debemos examinar esta controversia a la luz de la
PKPA y la FFCCSOA.
1. Dictámenes sobre custodia y el derecho de visita
La
Sección
determinaciones
1738A,
de
establece
custodia
o
el
lo
relacionado
derecho
de
a
visita.
las
El
inciso (a) de la ley establece que la autoridad competente
de cada estado debe ejecutar las determinaciones de custodia
o derechos de visita de un tribunal emisor conforme a las
disposiciones de la PKPA. Advierte que éstas no pueden ser
modificadas a menos que se cumpla con las subsecciones (f),
(g) y (h).25
25
28 USC sec. 1738A, inciso (a).
13
Una determinación de custodia o derecho de visita es
compatible
con
la
PKPA
únicamente
si
el
tribunal
emisor
tenía jurisdicción para ello, conforme a las leyes de su
estado y si se cumple con una de las condiciones siguientes:
(A) Ese estado (i) es el estado de residencia del
menor
a
la
fecha
en
que
comenzaron
los
procedimientos, o (ii) ha sido el estado de
residencia del menor seis meses antes de la fecha
en que comenzaron los procedimientos y el menor se
encuentra
fuera
del
estado
porque
ha
sido
trasladado o retenido por una de las partes o por
otras razones, y una de las partes aún reside en
el estado que emitió el decreto;
(B) (i) surge que ningún otro estado tiene
jurisdicción bajo el párrafo (A), y (ii) para el
mejor bienestar del menor, el tribunal de dicho
estado asume jurisdicción debido a que (I) el
menor y sus padres, o el menor y al menos uno de
los litigantes, tiene contactos significativos con
el estado, más allá de la mera presencia física en
el mismo, y (II) está disponible en ese estado
evidencia
sustancial
relativa
al
cuidado,
protección, entrenamiento y relaciones personales
presentes o futuras del menor;
(C) el menor está físicamente presente en ese
estado, y (i) ha sido abandonado, o (ii) existe
una emergencia que requiera su protección porque
el niño, un hermano o uno de sus padres, ha
recibido amenazas o ha estado expuesto a maltrato
o abuso;
(D) (i) surge que no hay otro estado con
jurisdicción bajo los párrafos (A), (B), (C) o
(E),
u
otro
estado
ha
declinado
ejercer
jurisdicción bajo el fundamento de que el estado
cuya jurisdicción está en controversia es el foro
más apropiado para determinar la custodia del
menor, y (ii) es para el mejor bienestar del menor
que ese tribunal asuma jurisdicción; o
(E)
el
tribunal
tiene
jurisdicción
continua
conforme al inciso (d) de esta sección. 28 USC
sec. 1738A(c). (Traducción de este Tribunal en el
caso Santiago v. Kabuka, supra, pág. 535).
(Énfasis suplido).
14
Para que un tribunal conserve su jurisdicción continua
debe
cumplir
decreto
con
los
siguientes
original
de
custodia
requisitos:
sea
(1)
compatible
que
con
el
las
disposiciones de la PKPA; (2) que el foro original mantenga
jurisdicción bajo sus propias leyes, y (3) que dicho foro
continúe siendo el estado de residencia del menor o al menos
de una de las partes.26
De
manera
que
la
PKPA
“establece
un
esquema
de
preferencia jurisdiccional mediante el cual se favorece el
estado de residencia del menor como el foro que mejor está
capacitado
para
atender
las
cuestiones
de
custodia
del
menor”.27 Es decir, se le concede un trato preferencial al
estado de residencia del menor porque se entiende que es el
que puede determinar mejor lo que es más beneficioso para el
niño. Es allí en donde el niño ha hecho amistades, asiste a
la
escuela,
recibe
asistencia
médica
y
su
vida
se
ha
desenvuelto.28 Por lo tanto, se entiende que en el estado
residencia del menor es el lugar
donde con mayor probabilidad está disponible la
evidencia que se requiere para hacer una adecuada
determinación de custodia, una que tome en cuenta
lo que es más conveniente para el menor. De manera
que de existir conflicto con respecto a cuál es el
requisito jurisdiccional aplicable de acuerdo al
P.K.P.A., siempre deberá prevalecer el del estado
residencia del menor.29 (Énfasis suplido).
26
28 USC sec. 1738 A (d).
27
Santiago v. Kabuka, supra, pág. 536.
28
Ortega, Jr. v. Morales Ortega, 131 DPR 783, 792 (1992).
29
Íd.
15
Es preciso aclarar que para propósitos de la custodia o
derechos de visita la ley define el concepto de estado de
residencia (home State) como “aquel estado o jurisdicción en
la que el menor haya vivido con uno o ambos padres, o con un
tutor, al menos durante seis meses consecutivos antes de la
fecha de inicio de los procedimientos de custodia o fijación
de derechos de visita”.30
Al
citar
una
sentencia
de
un
estado
de
forma
ilustrativa, sostuvimos que, según la PKPA, la jurisdicción
del “estado de residencia” tiene prioridad sobre las otras
consideraciones. Y, añadimos que
[n]o será sino hasta que se determine que
ningún otro estado podría asumir jurisdicción a la
luz
de
la
sección
relativa
al
“estado
de
residencia”, que se tomará en consideración el
criterio de los mejores intereses del menor o el
que
otro
estado
haya
declinado
asumir
jurisdicción, a menos que el menor se encuentre en
este estado y exista una situación de abandono o
de emergencia.31
A pesar
de lo anterior, en Santiago v. Kabuka, supra,
este Tribunal determinó lo siguiente:
(. . .)[S]i bien el PKPA da preferencia al estado
de residencia del menor sobre cualquier otra
jurisdicción,
la
ley
confiere
jurisdicción
continua al estado o foro que haya emitido un
decreto original de custodia para que haga valer o
revise sus determinaciones originales. 28 U.S.C.A.
sec. 1738A(d). Debe entenderse que ante la
existencia de un decreto original que se ajuste a
las disposiciones del estatuto, la jurisdicción
continua es el criterio principal, aun cuando ésta
no sea la jurisdicción de residencia del menor.
Moraza Choisne, supra, pág. 319 (“In these actions
30
28 USC sec. 1738A, inciso (b)(4). (Traducción nuestra).
31
Ortega, Jr. v. Morales Ortega, supra, pág. 792.
16
the jurisdictional basis [providing continuous
jurisdiction] is hierarchically superior even to
home state jurisdiction”).
Para que un foro mantenga jurisdicción continua es
necesario que se cumplan tres requisitos: un
decreto original de custodia compatible con las
disposiciones del PKPA; que el foro original
mantenga jurisdicción bajo sus propias leyes, y
que dicho foro continúe siendo el estado de
residencia del menor o al menos de una de las
partes. 28 U.S.C.A. sec. 1738A(d).32 (Bastardillas
en el original y énfasis suplido).
Así, en Collazo Dragoni v. Noceda González, 2017 TSPR
120, 198 DPR __ (2017), al atender una controversia sobre la
jerarquía jurisdiccional que establece la PKPA, establecimos
que si el dictamen original de custodia se emitió conforme a
los parámetros de la PKPA, los tribunales de otro estado no
podrán modificar ese dictamen. Por lo tanto, allí reiteramos
que la jurisdicción continua es la norma que prevalece sobre
el estado de residencia del menor, mientras se cumpla con
las disposiciones y las bases jurisdiccionales del estatuto
federal y que ese estado, en donde se emitió el decreto
original, se mantenga como el estado de residencia del menor
o una de las partes.
2. Dictámenes sobre pensión alimentaria
Respecto a los decretos de alimentos, la norma general
es
que
los
ejecutar
32
una
tribunales
orden
de
de
cada
pensión
estado
están
alimentaria
Santiago v. Kabuka, supra, pág. 536.
obligados
que
haya
a
sido
17
emitida por otro estado conforme a las disposiciones y los
parámetros establecidos en la FFCCSOA.33
Una orden de pensión es consistente con los parámetros
de la FFCCSOA si cumple con lo siguiente:
(1) a court that makes the order, pursuant to the
laws of the State in which the court is located
and subsections (e), (f), and (g)—
(A) has subject matter jurisdiction to hear
the matter and enter such an order; and
(B)
has
personal
contestants; and
jurisdiction
over
the
(2) reasonable notice and opportunity to be heard
is given to the contestants.
En
otros
términos,
jurisdicción
conforme
jurisdicción
sobre
si
a
las
el
tribunal
las
leyes
partes
y
emisor
del
cumplió
actuó
con
estado,
tenía
con
debido
el
proceso de ley en cuanto a la notificación y el derecho que
tienen las partes de ser oídas al momento de emitir la
orden,
entonces
el
decreto
se
hizo
conforme
a
las
disposiciones de la FFCCSOA.
Ahora bien, un tribunal que emitió una orden de pensión
alimentaria tendrá jurisdicción continua y exclusiva sobre
la
orden
de
pensión
alimentaria
si
el
estado
emisor
es
también el lugar de residencia del menor (child’s State) o
de alguna de las partes; o si las partes han prestado su
consentimiento
tribunal
33
en
mantenga
récord
el
o
corte
ejercicio
28 USC sec. 1738B(a).
abierta
de
la
para
que
dicho
jurisdicción
para
18
modificar la orden cuando sea necesario. Ello, a menos que
un tribunal de otro estado haya modificado la orden pero
para
ello
tiene
que
haber
cumplido
con
los
requisitos
jurisdiccionales y procesales dispuestos en la ley.34
De manera que la FFCCSOA otorga autoridad para que un
estado pueda modificar una orden de pensión alimentaria de
otro estado siempre y cuando estén presentes los requisitos
siguientes:
(1)
que
la
orden
del
registrada,
(2)
que
el
tribunal
tribunal
tenga
emisor
esté
jurisdicción
para
realizar la modificación y (3) que el tribunal emisor ya no
ostente la jurisdicción continua y exclusiva de la referida
orden de pensión alimentaria porque el estado emisor ya no
es la residencia del menor ni el estado de residencia de
alguna de las partes. Además, se requiere que las partes no
hayan consentido en récord público o en corte abierta a que
el tribunal del estado emisor mantenga el ejercicio de la
jurisdicción
para
modificar
la
referida
orden.35
En
consecuencia, para que un tribunal de otro estado que no es
el emisor asuma la jurisdicción continua y exclusiva para
modificar una orden de pensión alimentaria de otro estado,
las
partes
tienen
que
prestar
su
consentimiento
por
escrito.36
C. Procedimiento para establecer, ejecutar o modificar
una orden de pensión alimentaria conforme a la Ley Uniforme
Interestatal sobre Alimentos para la Familia
34
Íd., inciso (d): Continuing Jurisdiction.
35
Íd., inciso(e): Authority to Modify Orders.
36
Íd.
19
Con miras a establecer uniformidad en el procesamiento
de
casos
de
Legislativa
de
alimentos
Puerto
interestatales,
Rico
aprobó
la
Ley
la
Asamblea
Núm.
103-2015,
conocida como la Ley Uniforme Interestatal sobre Alimentos
para la Familia (LUIAF).37 Ello, con el propósito de adoptar
en
Puerto
Rico
el
modelo
de
ley
conocido
como
Uniform
de
LUIAF,
Interstate Family Support Act (UIFSA).38
En
dispone
lo
pertinente,
cuáles
procedimiento
pensión
son
para
alimentaria,
la
los
Sección
fundamentos
establecer
un
1301(a)
o
tribunal
para
ejecutar
de
la
que,
una
Puerto
en
un
orden
de
Rico
pueda
ejercer jurisdicción sobre un individuo no residente o sobre
el tutor o encargado. Así la referida disposición señala que
se debe cumplir con alguno de los siguientes:
(1) El individuo es emplazado
personalmente en Puerto Rico;
o
notificado
(2) el individuo se somete a la jurisdicción de
Puerto Rico mediante un consentimiento que consta
en récord, mediante la comparecencia voluntaria
sin cuestionar la jurisdicción del tribunal o
mediante
la
presentación
de
una
alegación
responsiva que tiene el efecto de una renuncia a
la defensa de falta de jurisdicción sobre su
persona;
(3) el individuo residió en Puerto Rico con el
menor;
(4) el individuo residió en Puerto Rico y proveyó
gastos prenatales o alimentos para el menor;
37
8 LPRA sec. 1291.
Según aprobado por la American Bar Association el 9 de febrero
de 1993 y las enmiendas a dicho modelo adoptadas por la National
Conference of Commissioners on Uniform State Laws, el 30 de septiembre
de 2008.
38
20
(5) el menor reside en Puerto Rico como resultado
de actos o directrices del individuo;
(6) la persona sostuvo relaciones sexuales en
Puerto Rico y el menor pudo haber sido concebido
de dicha relación sexual;
(7) el individuo reconoció e inscribió al menor en
el Registro Demográfico que está adscrito al
Departamento de Salud de Puerto Rico; o
(8) existe cualquier otro fundamento consistente
con la Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y la de los Estados Unidos para
ejercer
jurisdicción
sobre
la
persona
del
39
individuo.
Ahora
tribunales
bien,
la
locales
sección
1301(b)
dispone
pueden
utilizar
los
no
que
los
fundamentos
esbozados en el inciso (a) para ejercer su jurisdicción
sobre un no residente con el objetivo de modificar una orden
de pensión alimentaria emitida por otro estado, a menos que
se cumpla con los requisitos establecidos en la sec. 1381 de
este
título,
pensión
o,
en
el
alimentaria,
a
caso
de
menos
una
orden
que
se
extranjera
cumpla
con
de
los
requisitos establecidos en la sec. 1385 de este título.40
Cónsono con lo anterior, la sección 1381 de la LUIAF
dispone las instancias en las cuales un tribunal de Puerto
Rico puede modificar una orden de pensión alimentaria para
un menor emitida en otro estado. Específicamente establece:
(a) Ante el recibo de una petición, un tribunal de
Puerto Rico puede modificar una orden de pensión
alimentaria para un menor emitida en otro estado y
registrada en Puerto Rico, si no es de aplicación
39
8 LPRA sec. 1301(a).
40
Íd.
21
la sec. 1383 de este título, y si, luego de
notificación y vista, el tribunal determina que:
(1) Los siguientes requisitos se han cumplido:
(A) Ni el menor, ni el alimentista ni
alimentante residen en el estado emisor;
el
(B) un peticionario, que no es residente de
Puerto Rico, solicita la modificación de la
orden; y
(C)
el
peticionado
está
sujeto
a
la
jurisdicción del tribunal de Puerto Rico; o
(2) Puerto Rico es la residencia del menor, o una
parte que es un individuo está sujeta a la
jurisdicción del tribunal de Puerto Rico, y todas
las partes que son individuos han presentado
consentimientos que constan en récord en el
tribunal emisor para que un tribunal de Puerto
Rico modifique la misma y asuma jurisdicción
continua y exclusiva.
(b) La modificación de una orden de pensión
alimentaria para un menor que ha sido registrada,
está
sujeta
a
los
mismos
requisitos,
procedimientos y defensas que aplican a la
modificación de una orden emitida por un tribunal
de Puerto Rico, y la orden podrá ser ejecutada y
satisfecha de la misma forma.
(c) Un tribunal de Puerto Rico no podrá modificar
ningún aspecto de la orden de pensión alimentaria
para un menor que no pueda ser modificado al
amparo de la ley del estado emisor, incluyendo la
duración de la obligación de proveer alimentos. Si
dos o más tribunales han emitido órdenes de
pensión alimentaria con respecto a un mismo
alimentante y un mismo menor, la orden que rige o
controla y debe ser reconocida al amparo de la
sec. 1307 de este título, establecerá los aspectos
de la orden de pensión alimentaria que no son
modificables.
(d) En un procedimiento para modificar una orden
de pensión alimentaria para un menor, la ley del
estado que se determine emitió la orden control
inicial, rige la duración de la obligación de
proveer alimentos. El cumplimiento del alimentante
con la totalidad de su obligación de prestar
alimentos, establecida por dicha orden, le impide
22
a
un
tribunal
de
Puerto
Rico
obligación de alimentar más extensa.
imponer
una
(e) Tras la emisión de una orden por un tribunal
de Puerto Rico mediante la cual se modifica una
orden de pensión alimentaria para un menor que fue
emitida en otro estado, el tribunal de Puerto Rico
se convierte en el tribunal con jurisdicción
continua y exclusiva.
(f) A pesar de lo dispuesto en los incisos (a) a
la (e) y la sec. 1301(b) de este título, un
tribunal de Puerto Rico retiene la jurisdicción
para modificar una orden emitida por un tribunal
de Puerto Rico si:
(1) Una de las partes reside en otro estado; y
(2) la otra parte reside fuera
Unidos.41 (Énfasis suplido).
de
los
Estados
En otros términos, se requiere que ni las partes ni el
menor residan en el estado emisor; que el peticionario, no
residente en Puerto Rico, sea quien solicite la modificación
de
la
orden;
y
que
esté
sujeto
a
la
jurisdicción
del
Tribunal de Puerto Rico. En la alternativa, un tribunal de
Puerto Rico puede modificar una orden de pensión alimentaria
si Puerto Rico es la residencia del menor o una parte está
sujeta a la jurisdicción de Puerto Rico; y, además, consta
en el récord que todas las partes consintieron a que el foro
local modificara la orden y asumiera jurisdicción continua y
exclusiva.42
D. Desviation award on child support
En 1988 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Family
Support Act. Esta requiere que todos los estados de la Unión
41
8 LPRA sec. 1383.
42
Íd., sec. 1381.
23
implementaran
guías
mandatorias
para
la
fijación
de
la
pensión alimentaria.43 Específicamente, la ley establece lo
siguiente:
(a) Establishment of guidelines; method
Each State, as a condition for having its State
plan approved under this part, must establish
guidelines for child support award amounts within
the State. The guidelines may be established by
law or by judicial or administrative action, and
shall be reviewed at least once every 4 years to
ensure that their application results in the
determination of appropriate child support award
amounts.44
Entre
otras
controvertible
de
cosas,
que
el
al
estatuto
aplicar
crea
las
una
guías
presunción
y
hacer
el
cálculo para fijar la pensión, la cantidad resultante es la
correcta. La ley también facultó a los tribunales para que,
a
su
discreción,
si
al
momento
de
fijar
la
pensión
consideran que es injusta o inapropiada, se “desvíen” de las
guías
establecidas.
En
lo
pertinente
la
disposición
cuestión señala lo siguiente:
(2) There shall be a rebuttable presumption, in
any judicial or administrative proceeding for the
award of child support, that the amount of the
award which would result from the application of
such guidelines is the correct amount of child
support to be awarded. A written finding or
specific
finding
on
the
record
that
the
application of the guidelines would be unjust or
inappropriate in a particular case, as determined
under criteria established by the State, shall be
sufficient to rebut the presumption in that case.
43
42 USC sec. 667.
44
Íd.
en
24
Así, cada estado ha creado sus propios métodos para el
desvío luego de determinar, a base de las guías, la cantidad
que
cada
uno
de
los
padres
alimentaria.45
Estas
sinnúmero
circunstancias
de
debe
desviaciones
y
pagar
de
pensión
están
basadas
en
un
factores.
Algunas
de
las
razones pueden estar relacionadas a necesidades económicas
del
padre
o
emocionales
madre
que
no
tenga
custodio,
el
a
menor;
condiciones
así
como
físicas
los
o
gastos
relacionados al derecho de visita, entre otros.46
El
estado
de
Michigan,
en
particular,
obliga
a
los
tribunales a determinar y establecer una pensión alimentaria
según
la
fórmula
(Michigan
Child
Support
Formula)
y
las
guías mandatorias establecidas.47 Para ello se requiere que
las cortes consideren tanto las necesidades del alimentista
como los recursos de cada uno de los padres. No obstante,
una vez se determina la cantidad de pensión alimentaria, el
tribunal tiene discreción para desviarse de las guías si, a
base de los hechos particulares de cada caso, determina que
aplicarlas constituye una acción injusta o inapropiada.48
P. Woodland Faerber, Empirical Study: A Guide to the Guidelines:
A Longitudinal Study of Child Support Guidelines in the United States, 1
J. L. & Fam Stud. 151 (1999).
45
46
Íd.
En 1982 la Legislatura de Michigan aprobó una ley que requería a
la Oficina Administrativa de los Amigos de la Corte (State Court
Administrative Office’s Friend of the Court Bureau) de ese estado
desarrollar
una
fórmula
para
establecer
y
modificar
pensiones
alimentarias. Véase Burba v. Burba, 610 N.W. 2d 873 (2000).
47
48
Michigan Compiled Laws, sec.
deviation from formula; agreement,en
552.605,
Child
support
order;
http://www.legislature.mi.gov/(S(0c2z5bjjk1a5igs5wmbckm5v))/mileg.aspx?p
age=GetObject&objectname=mcl-552-605 (última visita, 17 de enero de
2018).
25
Para desviarse de la fórmula, primero, la corte debe
establecer la cantidad de pensión alimentaria que, conforme
al proceso, ésta
hubiese ordenado.49 Es imperativo que se
cumpla con unos criterios específicos y que conste en récord
por escrito la cantidad determinada y los fundamentos para
el desvío.50 Específicamente, la solicitud para la concesión
del desvío debe contener lo siguiente:
(a) The child support amount determined
application of the child support formula.
by
(b) How the child support order deviates from the
child support formula.
(c) The value of property or other support awarded
instead of the payment of child support, if
applicable.
(d) The reasons why application of the child
support formula would be unjust or inappropriate
in the case.51
La ley también permite que las partes lleguen a un
acuerdo en cuanto a la cantidad, siempre que se cumplan los
requisitos
mencionados
desviación
de
jurídico
que
la
y
aun
fórmula.52
aplica
en
cuando
Luego
este
de
caso
ello
implique
esbozar
el
analizaremos
una
marco
las
interrogantes planteadas.
III
49
Íd.
50
Íd.
51 Íd.; Burba v. Burba, supra; Ghidotti v. Barber, 586 N.W.2d 883
(1998). Véase, además, https://sdmichiganfamilylaw.com/child-supportformula-in-michigan/(última visita, 17 de enero de 2018).
52
Michigan Compiled Laws, sec. 552.605, inciso 5(3).
26
La
controversia
Tribunal
de
se
Primera
circunscribe
Instancia
tenía
a
determinar
si
jurisdicción
el
para
modificar la sentencia de divorcio emitida por el Tribunal
de
Michigan,
alimentaria
y
que
establece
la
custodia,
la
pensión
las
relaciones
paternofiliales
de
los
dos
hijos menores de edad de la señora Cancel Rivera y del señor
González Ruiz.
Los foros inferiores resolvieron que, al amparo de la
Sección 1301 de la LUIAF, los tribunales de Puerto Rico
tenían
jurisdicción.
El
Tribunal
de
Primera
Instancia
resolvió que conforme al inciso (a) de la referida ley un
individuo no residente se somete a la jurisdicción de Puerto
Rico cuando, entre otras razones, presenta una alegación
responsiva que tiene el efecto de una renuncia a la defensa
de falta de jurisdicción o cuando el menor reside en Puerto
Rico como resultado de sus actos o directrices.
A base de lo anterior, determinó que el peticionario se
había
sometido
a
Rico,
ya
—como
que
la
jurisdicción
parte
de
la
del
tribunal
referida
de
Puerto
sentencia
de
divorcio— consintió a que los menores residieran en Puerto
Rico. Además, señaló que “Puerto Rico adquirió calidad de
estado-hogar de los menores, ya que éstos han residido en
esta
jurisdicción
por
cinco
(5)
años”.
Por
lo
tanto,
entendió “que en el mejor interés de los menores, se debe
atender el caso en la jurisdicción de Puerto Rico porque la
evidencia
sustancial
jurisdicción”.
Por
su
sobre
el
parte,
el
mismo
existe
Tribunal
de
en
nuestra
Apelaciones
27
resolvió
que
la
sentencia
de
divorcio
emitida
por
el
Tribunal de Michigan no estableció una pensión alimentaria.
Por
esta
razón,
entendió
que
Puerto
Rico
podía
asumir
jurisdicción ya que no estaba impedido de así hacerlo, según
lo
establecido
en
la
LUIAF.
Ambos
foros
erraron
en
su
proceder.
A
En primer lugar, según las disposiciones de la PKPA,
antes de modificar una sentencia de divorcio que contiene lo
relacionado a la custodia y el derecho de visita de los
hijos menores, lo primero que un tribunal debe verificar es
si el dictamen original del foro con jurisdicción continua
cumple con la PKPA. Así, al examinar con detenimiento la
letra de la ley, es evidente que el Tribunal de Michigan
cumplió
con
este
requisito.
Éste
jurisdicción,
pues,
tanto
las
partes
en
ese
residían
allá.
Además,
era
era
el
como
estado
foro
los
en
con
menores
donde,
al
momento de la determinación, estaba disponible la evidencia
sustancial relativa al cuidado de éstos.
El foro judicial de Michigan, en efecto, realizó una
determinación sobre custodia y alimentos que fue consentida
por las partes y que no fue impugnada. En la sentencia de
divorcio estableció que, conforme a la discreción que le da
la ley para conceder un desvío, la suma correspondiente a
los
alimentos
sería
para
cubrir
los
gastos
de
viaje
y
28
transportación para que el padre pueda relacionarse con los
menores.53
Relacionado a lo anterior y acorde con la Sección 1738B
(e)(2)(A), entendemos que para que el foro local pudiese
modificar la orden de pensión alimentaria de un tribunal de
otro estado, ese otro estado no podía haber retenido, ni
haber ejercido,
la jurisdicción continua ni exclusiva;
y
ninguna de las partes podía ser residente en dicho estado.
En el caso de epígrafe, estos requisitos no se cumplen ya
que, como mencionáramos, el foro de Michigan sí continuó
ejerciendo
su
jurisdicción
continua
y
el
peticionario
continuó residiendo allí.
Surge del expediente que en todo momento el Tribunal de
Michigan retuvo y continuó ejerciendo su jurisdicción sobre
la materia y las partes. Además, basta con leer la sentencia
para darse cuenta de que ese foro expresamente se reservó el
derecho
de
emitir
cualquier
orden
para
implementar
los
términos del decreto. Asimismo, mediante el acápite titulado
“Retention of Jurisdiction” retuvo la jurisdicción sobre los
asuntos
dispuestos
asegurar
su
en
la
cumplimiento.
sentencia
Así
lo
y
las
consignó
partes,
para
tanto
la
en
sentencia de divorcio como en la orden que emitió el 15 de
enero
de
2016,
para
que
la
recurrida
cumpliera
con
los
acuerdos filiales de la sentencia de divorcio. Cabe destacar
que no surge del expediente que hubiera un consentimiento
Judgement of Divorce, Apéndice de la Petición de certiorari, págs.
122-123.
53
29
expreso
para
que
el
foro
local
asumiera
la
jurisdicción
continua y exclusiva. Por lo anterior, no se justificaba que
este asumiera jurisdicción.
En
varias
ocasiones
hemos
realizado
interpretaciones
sobre la PKPA, particularmente en asuntos sobre custodia.
Por ejemplo, en Ortega v. Morales, supra, expresamos que la
PKPA le daba preferencia al estado de residencia del menor
y, que de existir conflicto con respecto a cuál requisito
jurisdiccional
procedía
prevalecer
del
obstante,
el
en
aplicarse,
estado
Santiago
v.
“siempre
residencia
Kabuka,
del
supra,
deber[ía]
menor”.54
señalamos
No
que,
aunque la PKPA daba preferencia al estado residencia, dicho
estatuto confería jurisdicción continua al estado emisor del
decreto original y que “la jurisdicción continua [era] el
criterio
principal,
aun
cuando
ésta
no
[fuera]
la
Collazo
Dragoni
v.
jurisdicción de residencia del menor”.55
Finalmente,
Noceda González,
como
mencionamos,
supra,
en
resolvimos que
los tribunales de
Puerto Rico mantienen jurisdicción continua para atender una
modificación de custodia siempre y cuando se satisfagan los
requisitos de la PKPA, aun cuando el estado de residencia
del menor sea otro. En lo pertinente, allí expresamos que
cuando una parte solicite a un tribunal modificar un decreto
de custodia o de relaciones filiales, ese tribunal, antes de
atender el asunto, debe auscultar si tiene jurisdicción para
54
Íd., pág. 792.
55
Íd., pág. 536.
30
ello conforme al PKPA. En este sentido, si existe un decreto
de custodia que emitió un tribunal, según la ley de ese
estado,
ningún
otro
tribunal
puede
modificarlo.
Por
consiguiente, ante la existencia de un decreto original que
se ajuste a las disposiciones del estatuto, la jurisdicción
continua es el criterio principal, aun cuando ésta no sea el
estado de residencia del menor.
B
En
cuanto
a
los
procedimientos
para
establecer
o
ejecutar una orden de pensión alimentaria, un tribunal de
Puerto Rico podrá ejercer jurisdicción sobre un individuo no
residente, o sobre el tutor o encargado del individuo, si el
menor
reside
en
Puerto
Rico
directrices
del
individuo.56
determinar
que
tal
como
resultado
Empero,
fundamento
no
la
podrá
ley
de
actos
o
es
clara
al
utilizarse
para
adquirir jurisdicción sobre la persona del individuo si lo
que se pretende es modificar una orden de pensión emitida
por otro estado, a menos que se cumpla con los requisitos
establecidos en la sección 1381 del mismo título. Más aún,
la sección 1381 dispone que ante el recibo de una petición,
un
tribunal
de
Puerto
Rico
puede
modificar
una
orden
de
pensión alimentaria para un menor emitida en otro estado y
registrada en Puerto Rico, si no es de aplicación la sec.
1383 de la Ley, y si, luego de notificación y vista, el
56
8 LPRA sec. 1301, inciso (5).
31
tribunal determina que se han cumplido ciertos requisitos
estatutarios.
En ese contexto, es oportuno aclarar que un tribunal de
Puerto Rico puede modificar una orden de pensión alimentaria
para un menor emitida en otro estado y registrada en Puerto
Rico,
si
luego
de
la
notificación
y
vista,
el
tribunal
determina que:
(1) Los siguientes requisitos se han cumplido:
(A) Ni el menor, ni el alimentista ni
alimentante residen en el estado emisor;
el
(B) un peticionario, que no es residente de
Puerto Rico solicita la modificación de la
orden; y
(C)
el
peticionario
está
sujeto
a
la
jurisdicción del tribunal de Puerto Rico; o
(2)Puerto Rico es la residencia del menor, o una
parte que es un individuo está sujeta a la
jurisdicción del tribunal de Puerto Rico, y todas
las
partes
han
prestado
consentimientos
que
constan en récord en el tribunal emisor para que
un tribunal de Puerto Rico modifique la misma y
asuma jurisdicción continua y exclusiva.57
Es decir, que para que un foro judicial en Puerto Rico
pueda modificar una orden de pensión alimentaria emitida por
otro
estado,
en
primera
instancia,
la
orden
debe
estar
registrada en Puerto Rico; se le tiene que notificar a las
partes y debe haberse celebrado una vista. Además, ninguna
de
las
partes
debe
residir
peticionario
no
residente
modificación
de
la
57
8 LPRA sec. 1381.
orden
en
es
de
el
quien
pensión
estado
emisor,
el
debe
solicitar
la
alimentaria
y
estar
32
sujeto a la jurisdicción de Puerto Rico. En la alternativa,
debe constar en récord que todas las partes prestaron su
consentimiento en el tribunal emisor para que el tribunal
local tenga jurisdicción continua y exclusiva.
No obstante, reiteramos que cuando un tribunal de un
estado retiene la jurisdicción continua y exclusiva sobre
una orden de pensión alimentaria, los tribunales de otro
estado están impedidos de modificarla.58
C
Luego de analizar el estado de derecho enunciado es
forzoso
concluir
que
el
Tribunal
de
Michigan
emitió
un
decreto de custodia y alimentos de forma consistente con la
ley y conservó la jurisdicción continua y exclusiva sobre su
dictamen original. Por lo tanto, al no estar presentes los
requisitos estatutarios para que el tribunal de Puerto Rico
adquiera
jurisdicción,
tanto
el
Tribunal
de
Primera
Instancia como el Tribunal de Apelaciones excedieron sus
facultades, al actuar sin jurisdicción. Por consiguiente,
están
impedidos
de
modificar
ese
dictamen
judicial.
Al
considerar las disposiciones antes aludidas, colegimos que
Véase Aponte v. Barbosa Dieppa, 146 DPR 558 (1998). Allí examinamos
una solicitud de rebaja de pensión a la luz de la Ley Núm. 180-1997, Ley
Interestatal Uniforme de Alimentos entre Parientes (LIUAP), 8 LPRA 541
et seq., y la FFCCSOA. Distinto a lo que ocurrió en el caso ante nos, en
aquel los tribunales inferiores determinaron que, conforme a la sección
611 de la Uniform Interstate Family Support Act -equivalente a la
sección 547(b) de la LIUAP- no tenían jurisdicción continua y exclusiva
para modificar la orden de pensión alimentaria emitida por el tribunal
de Massachusetts. En aquella ocasión, entre otras cosas, confirmamos ya
que los menores aún residían en ese estado y las partes no prestaron su
consentimiento escrito para que los tribunales de Puerto Rico pudiesen
modificarla.
58
33
el fundamento utilizado para justificar su intromisión es
contrario al esquema jurídico que aplica a la controversia
ante nuestra consideración.
IV
Por
los
fundamentos
que
anteceden,
se
revoca
la
determinación del Tribunal de Apelaciones. En consecuencia,
se
desestima
la
demanda
para
fijar
pensión
y
relaciones
paternofiliales. Se dicta sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Jackeline Cancel Rivera
Recurrida
v.
Carlos David González Ruiz
CC-2017-0226
Peticionario
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2018.
Por los fundamentos que anteceden, se revoca la
determinación del Tribunal de Apelaciones. En
consecuencia, se desestima la demanda para fijar
pensión y relaciones paternofiliales.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el
Secretario
del
Tribunal
Supremo.
Los
Jueces
Asociados señores Estrella Martínez y Colón Pérez
no intervinieron.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo