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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: María de los Ángeles Torres Hernández

2018 TSPR 86

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: María de los Ángeles Torres Hernández

TS-11,256

Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por incumplir con los requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua, con las órdenes del Tribunal Supremo y no mantener sus datos actualizados en el Registro Único de Abogados y Abogadas del Tribunal Supremo.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2018 TSPR 86

María de los Ángeles Torres

Hernández

Número del Caso:

200 DPR ____

TS-11,256

Fecha: 11 de mayo de 2018

Abogado del promovida:

Por derecho propio

Programa de Educación Jurídica Continua:

Lcdo. José I. Campos Pérez

Director

Materia: La suspensión será efectiva el 15 de mayo de 2018, fecha

en que se le notifico por correo a la abogada de su suspensión

inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

María de los Ángeles Torres

Hernández

TS-11,256

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2018.

Nos vemos obligados, una vez más, a suspender

a

un

miembro

de

la

profesión

jurídica

por

no

cumplir con las órdenes de este Tribunal y con los

requerimientos

de

operacionales

y,

uno

a

de

la

nuestros

vez,

no

brazos

mantener

actualizados sus datos personales en el Registro

Único de Abogados y Abogadas del Tribunal Supremo

de Puerto Rico (RUA).

I

La

Lcda.

María

Hernández

(licenciada

admitida

a la

de

los

Torres

Ángeles

o

letrada)

Torres

fue

TS-11,256

2

profesión de la abogacía el 30 de junio de 1995.1 A inicios

del año 2010, el Programa de Educación Jurídica Continua

(PEJC) le envió un Aviso de Incumplimiento correspondiente

al período entre el 1 de diciembre de 2007 y el 30 de

noviembre

de

2009.

En

respuesta,

la

licenciada

Torres

remitió copia de varios documentos de los cuales surgía que

estaba

admitida

a

la

profesión

legal

en

el

estado

de

Florida y que cumplía con los cursos de educación jurídica

continua de esa jurisdicción. A raíz de ello, el PEJC se

comunicó vía telefónica y por correo electrónico con la

licenciada

proceso

Torres,

que

a

debía

cumplimiento

por

los

fines

seguir

justa

de

para

causa,

orientarla

ser

sobre

exonerada

entiéndase,

por

el

del

estar

admitida en otra jurisdicción de los Estados Unidos en la

cual se requería cumplir con educación jurídica continua.2

Sin embargo, la licenciada Torres hizo caso omiso a tal

recomendación. A tales efectos, no presentó la solicitud de

relevo o exoneración, ni los documentos correspondientes y

tampoco cumplió con el período señalado.

Ante el incumplimiento de la licenciada Torres, esta

fue

citada

a

una

vista

informal,

compareció.

La

notificación

de

la

a

la

vista

cual

tampoco

informal

fue

enviada a la dirección postal que constaba en el RUA, pero

Del expediente de la letrada se desprende que aprobó

el Examen de la Reválida Notarial, pero no ha juramentado

como tal.

1

2Véase,

Regla 4(C)(3)(d) del Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua, 164 DPR 555, 558-59, 560 y 562

(2005); In re Sitiriche Torres, 192 DPR 777, 781 (2015).

TS-11,256

3

fue devuelta por el servicio postal por no corresponder a

la destinataria.3 Lo mismo ocurrió con las notificaciones

del Informe

de la vista informal

y de la determinación

final, dado que ambas notificaciones fueron devueltas por

el servicio postal.

Ante tal escenario, el 9 de marzo de 2017, el Director

Ejecutivo del PEJC presentó ante este Tribunal el Informe

sobre incumplimiento con requisito de educación jurídica

continua en el que nos notificó el incumplimiento de la

licenciada Torres con los requisitos reglamentarios de la

educación jurídica continua para el periodo entre el 1 de

diciembre de 2007 al 30 de noviembre de 2009. Ello, a pesar

de

los

debidos

apercibimientos

y

la

oportunidad

de

una

vista informal.4

Acorde con lo anterior, el 28 de abril de 2017, este

Tribunal le concedió un término a la licenciada Torres para

que compareciera y mostrara causa por la cual no debía ser

suspendida de la abogacía ante sus incumplimientos con los

requisitos

del

requerido.

Ahora

PEJC

y

no

comparecer

cuando

le

fue

bien,

esa

resolución

no

logró

ser

notificada, puesto que fue devuelta por el servicio postal.

Por

tanto,

quedó

claro

que

los

datos

personales

de

la

3Tomamos

conocimiento de que el PEJC procedió a

enviarle una notificación electrónica, aun cuando tal

dirección no constaba en el Registro Único de Abogados y

Abogadas (RUA), sino que surgía de las comunicaciones

anteriores. En ésta se le advirtió de su obligación de

actualizar los datos en el RUA.

4En

el Informe, el Director del PEJC informó que la

licenciada Torres también ha incumplido los períodos

subsiguientes, pero no ha sido citada a una vista informal.

TS-11,256

4

licenciada Torres no están actualizados en el RUA y no

consta algún correo electrónico o número telefónico.

II

En múltiples ocasiones, hemos disciplinado a abogados

que incumplen con su deber de contestar con diligencia los

requerimientos de este Tribunal y acatar nuestras órdenes.

In re Vélez Rivera, res. el 8 de enero de 2018, 2018 TSPR

4; In re Pérez Padín, 195 DPR 575, 578 (2016). Sabido es

que desatender nuestros requerimientos es incompatible con

la

práctica

de

la

profesión,

ya

que

constituye

una

violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4

LPRA Ap. IX, y menoscaba nuestro poder inherente de regular

la profesión jurídica. In re Vélez Rivera, supra; In re

García-Rodríguez Pimentel, res. el 29 de junio de 2017,

2017

TSPR

128.

Consecuentemente,

hemos

sido

tajantes

al

concluir que tal conducta conlleva la separación inmediata

e indefinida del ejercicio de la abogacía. Íd.

Así

extiende

también,

hemos

a

requerimientos

operacionales,

los

tales

expresado

como

la

que

lo

anterior

de

nuestros

Oficina

del

se

brazos

Procurador

General, la Oficina de Inspección de Notarías y el PEJC. In

re Méndez Molina, res. el 5 de enero de 2018, 2018 TSPR 3;

In re Abendaño Ezquerro, res. el 26 de julio de 2017, 2017

TSPR 140. De esa forma, hemos suspendido indefinidamente

del

ejercicio

de

la

profesión

a

abogados

por

haber

desatendido los requerimientos del PEJC y apartarse de las

exigencias concernientes a la educación jurídica continua.

TS-11,256

5

In re Montañez Melecio, 197 DPR 275, 282 (2017); In re

Arroyo Acosta, 192 DPR 848, 852 (2015). La desidia y la

dejadez

ante

los

requerimientos

del

PEJC

no

sólo

constituyen un gasto de recursos administrativos, sino que

también

refleja

una

patente

falta

de

compromiso

con

el

deber de excelencia y competencia que encarna el Código de

Ética Profesional. In re García-Rodríguez Pimentel, supra.

De

otra

parte,

la

Regla

9(j)

del

Reglamento

del

Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 9(j), exige a los

abogados

mantener

personales,

actualizados

entre

estos,

la

en

el

dirección

RUA

sus

datos

seleccionada

para

recibir notificaciones. In re Pratts Barbarossa, res. el 11

de enero de 2018, 2018 TSPR 5; In re Pérez Padín, supra,

pág. 579; In re Rivera Trani, 188 DPR 454, 460 (2013). Por

lo cual, hemos señalado que incumplir con esta exigencia

obstaculiza

el

disciplinaria

y,

independiente

para

indefinida

del

ejercicio

de

nuestra

por

es

motivo

suficiente

e

la

suspensión

inmediata

e

la

abogacía.

ende,

ordenar

ejercicio

de

jurisdicción

In

re

Pratts

Barbarossa, supra; In re García-Rodríguez Pimentel, supra;

In re Pérez Padín, supra.

Al

amparo

de

la

normativa

jurídica

expuesta,

evaluaremos la conducta exhibida por la licenciada Torres.

III

Surge

del

expediente

que,

ante

un

aviso

de

incumplimiento del PEJC, este último advino en conocimiento

de que la licenciada Torres estaba ejerciendo la abogacía

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6

en el estado de Florida. Por tal razón, se le informó que

podía solicitar el relevo o exoneración del PEJC por justa

causa. No obstante, la letrada no realizó tal solicitud,

aun cuando fue instruida al respecto y tampoco cumplió con

la deficiencia señalada.5

Es por ello, que el PEJC la citó a una vista informal

para darle oportunidad a expresarse sobre su incumplimiento

con la educación jurídica continua requerida. Empero, la

licenciada

Torres

no

compareció.

A

su

vez,

hubo

dificultades con tal notificación y con las subsiguientes

emitidas por el PEJC y por este Tribunal, ya que fueron

devueltas por el servicio postal. Ello, pues la dirección

postal que consta en el RUA no está actualizada.

Como mencionáramos, es obligación de todo abogado y

abogada

mantener

al

día

su

información

en

el

RUA.

La

desidia de la licenciada Torres en no mantener actualizados

sus

datos

en

el

y

fiscalización.

supervisión

RUA

ha

obstaculizado

Ello,

nuestra

pues

nos

tarea

hemos

de

visto

impedidos de lograr comunicación con la letrada a los fines

de que cumpla con nuestras órdenes. Además, la falta de

actualización en el RUA, no sólo ha entorpecido nuestra

labor,

sino

también

la

del

PEJC

que

ha

confrontado

problemas con las notificaciones a la licenciada Torres.

Por

consiguiente,

incumplimiento

a

los

concluimos

requerimientos

que,

del

PEJC

ante

el

y

las

con

órdenes de este Tribunal, así como no mantener actualizada

5

Véase, In re Sitiriche Torres, supra.

TS-11,256

7

la información en el RUA, hacen que la licenciada Torres

haya incurrido en violación de postulados del Canon 9 del

Código de Ética Profesional, supra, y la Regla 9 de nuestro

Reglamento. Con tales actuaciones, la letrada ha demostrado

desinterés y dejadez hacia la profesión legal. Más aún,

cuando se le orientó sobre la oportunidad de ser excusada

de

la

educación

Advertimos

abogacía

que,

en

jurídica

aun

otra

continua

cuando

se

jurisdicción,

e

hizo

caso

omiso.

encuentre

ejerciendo

la

al

el

de

tener

estatus

abogada activa en nuestra jurisdicción, la letrada tenía el

deber y la obligación de cumplir con nuestras órdenes y de

mantener al día su información personal en el RUA. Por no

cumplir

con

suspenderla

lo

antes

inmediata

señalado,

e

nos

vemos

indefinidamente

de

obligados

la

a

profesión

legal.

IV

Por

los

fundamentos

que

anteceden,

suspendemos

inmediata e indefinidamente a la Lcda. María de los Ángeles

Torres Hernández del ejercicio de la abogacía en Puerto

Rico.

Como consecuencia, se le impone el deber de notificar

a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar

representándoles. Del mismo modo, se le ordena que devuelva

a sus clientes los expedientes de los casos pendientes y

cualesquiera

honorarios

recibidos

por

trabajos

no

realizados. Además, se le impone la obligación de informar

inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y

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8

administrativos en los que tenga asuntos pendientes. Por

último, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento

con lo aquí ordenado, dentro del término de treinta días

contados a partir de la notificación de esta Opinión Per

Curiam y Sentencia.

Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia a la

Sra. María

de

los

Ángeles

Torres

Hernández

por

correo

certificado con acuse de recibo a la dirección que consta

en el RUA.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

María de los Ángeles

Torres Hernández

TS-11,256

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2018.

Por los fundamentos que anteceden, se suspende inmediata

e indefinidamente a la Lcda. María de los Ángeles Torres

Hernández del ejercicio de la abogacía en Puerto Rico.

Como consecuencia, se le impone el deber de notificar a

todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar

representándoles. Del mismo modo, se le ordena que devuelva a

sus clientes los expedientes de los casos pendientes y

cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados.

Además, se le impone la obligación de informar inmediatamente

de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en

los que tenga asuntos pendientes. Por último, deberá acreditar

a este Tribunal el cumplimiento con lo aquí ordenado, dentro

del término de treinta días (30) contados a partir de la

notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia a la Sra.

María de los Ángeles Torres Hernández por correo certificado

con acuse de recibo a la dirección que consta en el RUA.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no

intervino.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo