Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: María de los Ángeles Torres Hernández
2018 TSPR 86
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: María de los Ángeles Torres Hernández
TS-11,256
Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por incumplir con los requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua, con las órdenes del Tribunal Supremo y no mantener sus datos actualizados en el Registro Único de Abogados y Abogadas del Tribunal Supremo.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2018 TSPR 86
María de los Ángeles Torres
Hernández
Número del Caso:
200 DPR ____
TS-11,256
Fecha: 11 de mayo de 2018
Abogado del promovida:
Por derecho propio
Programa de Educación Jurídica Continua:
Lcdo. José I. Campos Pérez
Director
Materia: La suspensión será efectiva el 15 de mayo de 2018, fecha
en que se le notifico por correo a la abogada de su suspensión
inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
María de los Ángeles Torres
Hernández
TS-11,256
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2018.
Nos vemos obligados, una vez más, a suspender
a
un
miembro
de
la
profesión
jurídica
por
no
cumplir con las órdenes de este Tribunal y con los
requerimientos
de
operacionales
y,
uno
a
de
la
nuestros
vez,
no
brazos
mantener
actualizados sus datos personales en el Registro
Único de Abogados y Abogadas del Tribunal Supremo
de Puerto Rico (RUA).
I
La
Lcda.
María
Hernández
(licenciada
admitida
a la
de
los
Torres
Ángeles
o
letrada)
Torres
fue
TS-11,256
2
profesión de la abogacía el 30 de junio de 1995.1 A inicios
del año 2010, el Programa de Educación Jurídica Continua
(PEJC) le envió un Aviso de Incumplimiento correspondiente
al período entre el 1 de diciembre de 2007 y el 30 de
noviembre
de
2009.
En
respuesta,
la
licenciada
Torres
remitió copia de varios documentos de los cuales surgía que
estaba
admitida
a
la
profesión
legal
en
el
estado
de
Florida y que cumplía con los cursos de educación jurídica
continua de esa jurisdicción. A raíz de ello, el PEJC se
comunicó vía telefónica y por correo electrónico con la
licenciada
proceso
Torres,
que
a
debía
cumplimiento
por
los
fines
seguir
justa
de
para
causa,
orientarla
ser
sobre
exonerada
entiéndase,
por
el
del
estar
admitida en otra jurisdicción de los Estados Unidos en la
cual se requería cumplir con educación jurídica continua.2
Sin embargo, la licenciada Torres hizo caso omiso a tal
recomendación. A tales efectos, no presentó la solicitud de
relevo o exoneración, ni los documentos correspondientes y
tampoco cumplió con el período señalado.
Ante el incumplimiento de la licenciada Torres, esta
fue
citada
a
una
vista
informal,
compareció.
La
notificación
de
la
a
la
vista
cual
tampoco
informal
fue
enviada a la dirección postal que constaba en el RUA, pero
Del expediente de la letrada se desprende que aprobó
el Examen de la Reválida Notarial, pero no ha juramentado
como tal.
1
2Véase,
Regla 4(C)(3)(d) del Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua, 164 DPR 555, 558-59, 560 y 562
(2005); In re Sitiriche Torres, 192 DPR 777, 781 (2015).
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3
fue devuelta por el servicio postal por no corresponder a
la destinataria.3 Lo mismo ocurrió con las notificaciones
del Informe
de la vista informal
y de la determinación
final, dado que ambas notificaciones fueron devueltas por
el servicio postal.
Ante tal escenario, el 9 de marzo de 2017, el Director
Ejecutivo del PEJC presentó ante este Tribunal el Informe
sobre incumplimiento con requisito de educación jurídica
continua en el que nos notificó el incumplimiento de la
licenciada Torres con los requisitos reglamentarios de la
educación jurídica continua para el periodo entre el 1 de
diciembre de 2007 al 30 de noviembre de 2009. Ello, a pesar
de
los
debidos
apercibimientos
y
la
oportunidad
de
una
vista informal.4
Acorde con lo anterior, el 28 de abril de 2017, este
Tribunal le concedió un término a la licenciada Torres para
que compareciera y mostrara causa por la cual no debía ser
suspendida de la abogacía ante sus incumplimientos con los
requisitos
del
requerido.
Ahora
PEJC
y
no
comparecer
cuando
le
fue
bien,
esa
resolución
no
logró
ser
notificada, puesto que fue devuelta por el servicio postal.
Por
tanto,
quedó
claro
que
los
datos
personales
de
la
3Tomamos
conocimiento de que el PEJC procedió a
enviarle una notificación electrónica, aun cuando tal
dirección no constaba en el Registro Único de Abogados y
Abogadas (RUA), sino que surgía de las comunicaciones
anteriores. En ésta se le advirtió de su obligación de
actualizar los datos en el RUA.
4En
el Informe, el Director del PEJC informó que la
licenciada Torres también ha incumplido los períodos
subsiguientes, pero no ha sido citada a una vista informal.
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4
licenciada Torres no están actualizados en el RUA y no
consta algún correo electrónico o número telefónico.
II
En múltiples ocasiones, hemos disciplinado a abogados
que incumplen con su deber de contestar con diligencia los
requerimientos de este Tribunal y acatar nuestras órdenes.
In re Vélez Rivera, res. el 8 de enero de 2018, 2018 TSPR
4; In re Pérez Padín, 195 DPR 575, 578 (2016). Sabido es
que desatender nuestros requerimientos es incompatible con
la
práctica
de
la
profesión,
ya
que
constituye
una
violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4
LPRA Ap. IX, y menoscaba nuestro poder inherente de regular
la profesión jurídica. In re Vélez Rivera, supra; In re
García-Rodríguez Pimentel, res. el 29 de junio de 2017,
2017
TSPR
128.
Consecuentemente,
hemos
sido
tajantes
al
concluir que tal conducta conlleva la separación inmediata
e indefinida del ejercicio de la abogacía. Íd.
Así
extiende
también,
hemos
a
requerimientos
operacionales,
los
tales
expresado
como
la
que
lo
anterior
de
nuestros
Oficina
del
se
brazos
Procurador
General, la Oficina de Inspección de Notarías y el PEJC. In
re Méndez Molina, res. el 5 de enero de 2018, 2018 TSPR 3;
In re Abendaño Ezquerro, res. el 26 de julio de 2017, 2017
TSPR 140. De esa forma, hemos suspendido indefinidamente
del
ejercicio
de
la
profesión
a
abogados
por
haber
desatendido los requerimientos del PEJC y apartarse de las
exigencias concernientes a la educación jurídica continua.
TS-11,256
5
In re Montañez Melecio, 197 DPR 275, 282 (2017); In re
Arroyo Acosta, 192 DPR 848, 852 (2015). La desidia y la
dejadez
ante
los
requerimientos
del
PEJC
no
sólo
constituyen un gasto de recursos administrativos, sino que
también
refleja
una
patente
falta
de
compromiso
con
el
deber de excelencia y competencia que encarna el Código de
Ética Profesional. In re García-Rodríguez Pimentel, supra.
De
otra
parte,
la
Regla
9(j)
del
Reglamento
del
Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 9(j), exige a los
abogados
mantener
personales,
actualizados
entre
estos,
la
en
el
dirección
RUA
sus
datos
seleccionada
para
recibir notificaciones. In re Pratts Barbarossa, res. el 11
de enero de 2018, 2018 TSPR 5; In re Pérez Padín, supra,
pág. 579; In re Rivera Trani, 188 DPR 454, 460 (2013). Por
lo cual, hemos señalado que incumplir con esta exigencia
obstaculiza
el
disciplinaria
y,
independiente
para
indefinida
del
ejercicio
de
nuestra
por
es
motivo
suficiente
e
la
suspensión
inmediata
e
la
abogacía.
ende,
ordenar
ejercicio
de
jurisdicción
In
re
Pratts
Barbarossa, supra; In re García-Rodríguez Pimentel, supra;
In re Pérez Padín, supra.
Al
amparo
de
la
normativa
jurídica
expuesta,
evaluaremos la conducta exhibida por la licenciada Torres.
III
Surge
del
expediente
que,
ante
un
aviso
de
incumplimiento del PEJC, este último advino en conocimiento
de que la licenciada Torres estaba ejerciendo la abogacía
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en el estado de Florida. Por tal razón, se le informó que
podía solicitar el relevo o exoneración del PEJC por justa
causa. No obstante, la letrada no realizó tal solicitud,
aun cuando fue instruida al respecto y tampoco cumplió con
la deficiencia señalada.5
Es por ello, que el PEJC la citó a una vista informal
para darle oportunidad a expresarse sobre su incumplimiento
con la educación jurídica continua requerida. Empero, la
licenciada
Torres
no
compareció.
A
su
vez,
hubo
dificultades con tal notificación y con las subsiguientes
emitidas por el PEJC y por este Tribunal, ya que fueron
devueltas por el servicio postal. Ello, pues la dirección
postal que consta en el RUA no está actualizada.
Como mencionáramos, es obligación de todo abogado y
abogada
mantener
al
día
su
información
en
el
RUA.
La
desidia de la licenciada Torres en no mantener actualizados
sus
datos
en
el
y
fiscalización.
supervisión
RUA
ha
obstaculizado
Ello,
nuestra
pues
nos
tarea
hemos
de
visto
impedidos de lograr comunicación con la letrada a los fines
de que cumpla con nuestras órdenes. Además, la falta de
actualización en el RUA, no sólo ha entorpecido nuestra
labor,
sino
también
la
del
PEJC
que
ha
confrontado
problemas con las notificaciones a la licenciada Torres.
Por
consiguiente,
incumplimiento
a
los
concluimos
requerimientos
que,
del
PEJC
ante
el
y
las
con
órdenes de este Tribunal, así como no mantener actualizada
5
Véase, In re Sitiriche Torres, supra.
TS-11,256
7
la información en el RUA, hacen que la licenciada Torres
haya incurrido en violación de postulados del Canon 9 del
Código de Ética Profesional, supra, y la Regla 9 de nuestro
Reglamento. Con tales actuaciones, la letrada ha demostrado
desinterés y dejadez hacia la profesión legal. Más aún,
cuando se le orientó sobre la oportunidad de ser excusada
de
la
educación
Advertimos
abogacía
que,
en
jurídica
aun
otra
continua
cuando
se
jurisdicción,
e
hizo
caso
omiso.
encuentre
ejerciendo
la
al
el
de
tener
estatus
abogada activa en nuestra jurisdicción, la letrada tenía el
deber y la obligación de cumplir con nuestras órdenes y de
mantener al día su información personal en el RUA. Por no
cumplir
con
suspenderla
lo
antes
inmediata
señalado,
e
nos
vemos
indefinidamente
de
obligados
la
a
profesión
legal.
IV
Por
los
fundamentos
que
anteceden,
suspendemos
inmediata e indefinidamente a la Lcda. María de los Ángeles
Torres Hernández del ejercicio de la abogacía en Puerto
Rico.
Como consecuencia, se le impone el deber de notificar
a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar
representándoles. Del mismo modo, se le ordena que devuelva
a sus clientes los expedientes de los casos pendientes y
cualesquiera
honorarios
recibidos
por
trabajos
no
realizados. Además, se le impone la obligación de informar
inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y
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administrativos en los que tenga asuntos pendientes. Por
último, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento
con lo aquí ordenado, dentro del término de treinta días
contados a partir de la notificación de esta Opinión Per
Curiam y Sentencia.
Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia a la
Sra. María
de
los
Ángeles
Torres
Hernández
por
correo
certificado con acuse de recibo a la dirección que consta
en el RUA.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
María de los Ángeles
Torres Hernández
TS-11,256
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2018.
Por los fundamentos que anteceden, se suspende inmediata
e indefinidamente a la Lcda. María de los Ángeles Torres
Hernández del ejercicio de la abogacía en Puerto Rico.
Como consecuencia, se le impone el deber de notificar a
todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar
representándoles. Del mismo modo, se le ordena que devuelva a
sus clientes los expedientes de los casos pendientes y
cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados.
Además, se le impone la obligación de informar inmediatamente
de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en
los que tenga asuntos pendientes. Por último, deberá acreditar
a este Tribunal el cumplimiento con lo aquí ordenado, dentro
del término de treinta días (30) contados a partir de la
notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia a la Sra.
María de los Ángeles Torres Hernández por correo certificado
con acuse de recibo a la dirección que consta en el RUA.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario
del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no
intervino.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo