LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Administración de Vivienda Pública P/C de su agente administrador FPC Crespo Group v. Vega Martínez

2018 TSPR 84

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Administración de Vivienda Pública P/C de su agente administrador FPC Crespo Group v. Vega Martínez

CC-2017-625

Procedimiento de desahucio: Forma de computar el término para apelar que dispone el Art. 628 del Código de Enjuiciamiento Civil.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Administración de Vivienda

Pública P/C de su agente

administrador FPC Crespo Group

Certiorari

Recurrida

2018 TSPR 84

v.

200 DPR ____

Joanie Vega Martínez

Peticionaria

Número del Caso: CC-2017-625

Fecha: 10 de mayo de 2018

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Mayagüez-Utuado

Abogada de la parte peticionaria:

Lcda. Imghard Del Toro Morales

Abogado de la parte recurrida:

Lcdo. Héctor Santiago Romero

Materia: Procedimiento de desahucio: Forma de computar el término

para apelar que dispone el Art. 628 del Código de Enjuiciamiento

Civil.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

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distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Administración de Vivienda

Pública P/C de su agente

administrador FPC Crespo

Group

Certiorari

Recurrida

CC-2017-0625

v.

Joanie Vega Martínez

Peticionaria

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora

Pabón Charneco.

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2018.

Comparece ante nos la Sra. Joanie Vega Martínez (“la

peticionaria”) y nos solicita que revoquemos la Sentencia

emitida por el Tribunal de Apelaciones el 21 de abril de

2017. Mediante esta, por presuntamente ser tardía, el foro

apelativo intermedio desestimó la Apelación en la que la

peticionaria recurrió de la Sentencia de desahucio que el

foro primario emitió en su contra el 20 de marzo de 2017.

El

presente

recurso

nos

brinda

la

oportunidad

de

analizar, en el contexto de la Regla 68 de Procedimiento

Civil de 2009, infra, cómo se computa el término de cinco

(5) días que dispone el Código de Enjuiciamiento Civil,

infra,

para

apelar

las

sentencias

emitidas

en

procedimientos de desahucio sumario.

A continuación, pasamos a delinear los antecedentes

fácticos que dieron génesis a la controversia de autos.

CC-2017-0625

2

I

La controversia en el caso de epígrafe está centrada

en

el

trámite

limitaremos

procesal

apelativo.

esbozar

aquellos

a

Por

tal

razón,

hechos

nos

pertinentes

incontrovertidos en cuanto a este particular.

La

señora

Vega

Martínez

reside

en

uno

de

los

apartamentos del Residencial Público Francisco Figueroa en

el pueblo de Añasco desde el 1 de diciembre de 1992. Ello,

en virtud de un Contrato de Arrendamiento que suscribió

con

la

Administración

de

Vivienda

Pública,

dueña

del

complejo residencial. El referido complejo es administrado

por FPC Crespo Group, Inc. (“Crespo”).

El 18 de enero de 2017, Crespo presentó una Demanda

de desahucio contra la señora Vega Martínez. Arguyó que

esta incumplió con el proceso de recertificación que debe

completar

anualmente.

presuntamente

le

incumplimiento

con

Lo

anterior,

advirtió

dicho

a

la

a

pesar

de

que

que

el

acarrear

la

peticionaria

requisito

podría

cancelación del contrato de arrendamiento. Luego de varios

trámites

procesales,

el

8

de

marzo

de

2017,

el

foro

primario celebró una Vista Evidenciaria y Argumentativa.

El 20 de marzo de 2017, el foro primario emitió una

Sentencia

en

la

que

declaró

Ha

Lugar

la

Demanda

de

desahucio. La Sentencia fue notificada ese mismo día pero

se depositó en el correo el día siguiente: martes, 21 de

marzo

de

2017.

peticionaria

El

martes,

presentó

un

28

de

recurso

marzo

de

de

2017,

Apelación

en

la

el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Añasco, foro que

CC-2017-0625

emitió

la

después,

3

Sentencia

29

de

cuya

marzo

de

revisión

solicitaba.

2017,

notificó

el

El

día

recurso

apelativo al Tribunal de Apelaciones.

El 21 de abril de 2017, el foro apelativo intermedio

emitió una Sentencia en la que desestimó la Apelación de

la peticionaria. El foro a quo se decretó sin jurisdicción

pues entendió que el recurso fue presentado tardíamente.

Resolvió que la peticionaria tenía cinco (5) días a partir

de la fecha en la que se depositó la notificación en el

correo

para

apelar

la

Sentencia

y

que

dicho

término

expiraba el domingo, 26 de marzo de 2017, por lo que se

extendía y culminaba el lunes, 27 de marzo de 2017.

Así las cosas, el 2 de mayo de 2017, la peticionaria

presentó

una

Moción

de

Reconsideración.

Adujo

que

el

término para apelar la Sentencia debía contarse a partir

del 21 de marzo de 2017, fecha en la que se depositó la

notificación de la Sentencia en el correo. Sostuvo que

dicho día debía excluirse del cómputo. Indicó que el día

siguiente --22 de marzo de 2017-- también debía excluirse

del

cómputo

intermedio,

por

el

Día

constituir

de

la

un

Abolición

día

de

feriado

la

legal

Esclavitud.

Arguyó que el término para apelar comenzó propiamente el

23 de marzo y que, al excluir los días sábado y domingo,

el término culminaba el miércoles, 29 de marzo de 2017.

Añadió que presentó el recurso oportunamente en la Sala

del Tribunal de Primera Instancia que dictó la Sentencia

apelada y que notificó el mismo al Tribunal de Apelaciones

dentro del término reglamentario para ello. El 28 de junio

CC-2017-0625

de

2017,

4

el

foro

apelativo

intermedio

emitió

una

Resolución en la que denegó la Moción de Reconsideración

de la peticionaria.

Inconforme, el 25 de julio de 2017, la peticionaria

presentó ante este Tribunal el recurso de certiorari que

nos ocupa y planteó la comisión del error siguiente:

Erró

el

Honorable

Tribunal

Apelativo

al

desestimar el recurso de apelación presentado por

falta de jurisdicción, en contravención a la

Regla 68.1 de Procedimiento Civil, Reglamento del

Tribunal

de

Apelaciones

y

la

Ley

de

la

Judicatura.

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al

desestimar el recurso de apelación por falta de

jurisdicción, tomando como fecha de presentación

el 29 de marzo de 2017, en contravención a la

Regla

14

del

Reglamento

del

Tribunal

de

Apelaciones.

El

mismo

día,

presentó

una

Moción

en

Auxilio

de

Jurisdicción. Evaluada la solicitud y atendido el recurso,

el 27 de julio de 2017 emitimos una Resolución en la que

expedimos

el

auto,

ordenamos

la

paralización

de

los

procedimientos ante el foro primario y le concedimos un

término de veinte (20) días a la recurrida para comparecer

y

mostrar

causa

por

la

cual

no

debíamos

revocar

la

Sentencia recurrida. Esta no compareció. Posteriormente, a

solicitud

de

la

peticionaria,

acogimos

la

petición

de

certiorari como su alegato. Así las cosas, le concedimos a

la recurrida un término de treinta (30) días para presentar

su alegato. Esta no compareció, por lo que el caso quedó

sometido sin el beneficio de su comparecencia. Así las

cosas,

procedemos

trámite.

a

resolver

el

recurso

sin

ulterior

CC-2017-0625

5

II

A.

El desahucio es el medio que tiene el dueño de un

inmueble arrendado para recobrar judicialmente la posesión

del

inmueble

concurrencia

Lucas

cuando

de

el

alguna

Fernández,

arrendamiento

de

las

causas

Comentarios

al

se

acaba

por

la

de

extinción.

F.

Código

Civil

y

compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Priv. 1980,

T.XX, Vol. 1, pág. 470. El desahucio puede solicitarse en

un proceso ordinario o en un proceso sumario. El desahucio

sumario está reglamentado por los Arts. 620-634 del Código

de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 2821-2838.

Esta

reglamentación responde al interés del Estado en atender

expeditamente

la

reclamación del dueño de un

inmueble,

cuyo derecho a poseer y disfrutar su propiedad ha sido

interrumpido. ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, 196 DPR 5, 9

(2016).

Las Sentencias que el Tribunal de Primera Instancia

emite como parte del procedimiento de desahucio sumario

son

apelables.

Civil,

32

LPRA

Art.

628

sec.

del

2830.

Código

de

En

pertinente

lo

Enjuiciamiento

a

la

controversia que nos ocupa, la parte adversamente afectada

por una Sentencia de desahucio sumario puede apelarla en

un término jurisdiccional de cinco (5) días, a partir de

la fecha de archivo en autos de la notificación de la

sentencia. 32 LPRA sec. 2831. ATPR v. SLG Volmar-Mathieu,

supra.

B.

CC-2017-0625

6

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones provee dos

(2) maneras de formalizar el recurso de Apelación en casos

civiles.

Este

puede

presentarse

en

la

Secretaría

del

Tribunal de Apelaciones o en la Secretaría del Tribunal de

Primera Instancia que dictó la Sentencia apelada. Véase:

Regla

14

del

Reglamento

del

Tribunal

de

Apelaciones,

supra.1 Ahora bien, en ambas instancias, el Reglamento del

Tribunal de Apelaciones impone requisitos adicionales de

notificación

con

el

propósito

de

asegurar

que

ambos

tribunales se enteren de la presentación del recurso.

Los documentos que la parte apelante debe notificarle

a un tribunal u otro y el término que tiene para ello

dependen

del

foro

donde

se

haya

presentado

el

escrito

original de Apelación. Por un lado, si la Apelación se

presenta

en

el

Tribunal

de

Apelaciones,

entonces

el

apelante tiene setenta y dos (72) horas, a partir de la

presentación del escrito, para notificarle a la Sala del

Tribunal

de

Primera

Instancia

apelada,

la

cubierta

o

Apelación

debidamente

presentación.

Íd.

Por

que

primera

dictó

página

la

del

Sentencia

escrito

de

y

hora

de

Apelación

se

sellada

con

la

fecha

otro

lado,

si

la

presenta en la Sala del Tribunal de Primera Instancia que

dictó la Sentencia apelada, entonces el apelante tiene

cuarenta y ocho (48) horas, a partir de la presentación

del escrito, para notificarle al Tribunal de Apelaciones,

La Regla 14(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra,

dispone que:

1

La apelación se formalizará presentando el original del

escrito de apelación y tres copias en la Secretaría del

Tribunal de Apelaciones o en la Secretaría del Tribunal de

Primera Instancia que dictó la sentencia apelada.

CC-2017-0625

el

original

7

del

escrito

de

Apelación

con

el

arancel

cancelado y tres copias del escrito debidamente selladas

por

la

Secretaría

de

la

sede

del

Tribunal

de

Primera

Instancia. Íd. Estos términos son de cumplimiento estricto

y le son aplicables las disposiciones relativas al cómputo

de términos dispuestas en la Regla 68.1 de Procedimiento

Civil de 2009, supra. Véase: Hernández Jiménez v. AEE, 194

DPR 378 (2015); Regla 14 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra.

C.

Con

respecto

a

cuándo

comienza

a

transcurrir

el

término para apelar una Sentencia del Tribunal de Primera

Instancia

es

preciso

examinar

las

Reglas

52.2(a)

de

Procedimiento Civil, supra, y la Regla 13 del Reglamento

del

Tribunal

de

Apelaciones,

4

LPRA

XI-B.2

Como

norma

general, dicho término comienza a contarse a partir de la

fecha

en

la

que

se

archiva

en

autos

la

copia

de

la

notificación de la Sentencia. Íd. Sin embargo, cuando la

2

La Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil de 2009, supra, dispone que:

Los recursos de apelación al Tribunal de Apelaciones o al

Tribunal

Supremo

para

revisar

sentencias

deberán

presentarse dentro del término jurisdiccional de treinta

(30) días contados desde el archivo en autos de copia de

la notificación de la sentencia dictada por el tribunal

apelado.

La Regla 13 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XIB, dispone que:

Las apelaciones contra las sentencias dictadas en casos

civiles

por

el

Tribunal

de

Primera

Instancia,

se

presentaran dentro del término jurisdiccional de treinta

días contados desde el archivo en autos de una copia de la

notificación de la sentencia.

...

Si la fecha de archivo en autos de copia de la

notificación de la sentencia es distinta a la del depósito

en el correo de dicha notificación, el término se

calculará a partir de la fecha del depósito en el correo.

CC-2017-0625

fecha

en

la

8

que

se

archivó

en

autos

la

copia

de

la

notificación de la Sentencia es distinta a la fecha en la

que

dicha

notificación

se

depositó

en

el

correo,

el

término para apelar la Sentencia comienza a transcurrir a

partir de la fecha del depósito en el correo. Véase: Regla

68.3 de Procedimiento Civil de 2009, supra; Regla 13 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.3

D.

Como norma general, las Reglas de Procedimiento Civil

aplican en todo procedimiento de naturaleza civil que se

celebre en el Tribunal General de Justicia. Regla 1 de

Procedimiento Civil de 2009, 34 LPRA Ap. V, R.1. La Regla

68.1

de

Procedimiento

Civil,

computan

los

términos

dispuestos

órdenes

del

Tribunal

y

en

supra,

en

cualquier

ilustra

las

cómo

se

reglas,

las

estatuto

civil

aplicable.4 En gran medida, la forma en la que se computa

un término depende de la cantidad de días en que consista.

La Regla 68.3 de Procedimiento Civil de 2009, supra, dispone en parte

que:

Los términos que se computen a partir del archivo en autos

de copia de la notificación de una sentencia, resolución u

orden comenzarán a transcurrir a partir del depósito en el

correo de la notificación del dictamen, cuando esta fecha

sea distinta a la de su archivo en autos.

3

La Regla 68.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 68.1,

dispone que:

4

En el cómputo de cualquier término concedido por estas

reglas, o por orden del tribunal o por cualquier estatuto

aplicable, no se contará el día en que se realice el acto,

evento o incumplimiento después del cual el término fijado

empieza a transcurrir. El último día del término así

computado se incluirá siempre que no sea sábado, domingo

ni día de fiesta legal, extendiéndose entonces el plazo

hasta el fin del próximo día que no sea sábado, domingo ni

día legalmente feriado. También podrá suspenderse o

extenderse cualquier término por causa justificada cuando

el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo decrete mediante

resolución. Cuando el plazo concedido sea menor de siete

(7) días, los sábados, domingos o días de fiesta legal

CC-2017-0625

9

Por un lado, los términos que consisten en siete (7)

días o más, comienzan a computarse el día después de que

ocurre el acto o evento que lo activa. Íd. Los sábados,

domingos y días feriados intermedios se cuentan como parte

del cómputo. Íd. El último día del término se incluye

siempre y cuando no sea sábado, domingo ni día de fiesta

legal. Íd. Si el último día del término es un sábado,

domingo o día festivo, entonces el término se extiende

hasta el fin del próximo día que no sea sábado, domingo ni

día feriado legal. Íd.

Por otro lado, los términos menores de siete (7) días

se computan de forma distinta. Al igual que ocurre con los

demás

términos,

estos

comienzan

a

computarse

el

día

después de que ocurre el acto o evento que lo activó. Es

decir, el día del acto o evento que activa el término se

excluye del cómputo. No obstante, y a diferencia de lo que

ocurre al computar términos que consisten en siete (7)

días o más, en estos casos también se excluyen del cómputo

los

sábados,

domingos

y/o

días

de

fiesta

legal

intermedios. Íd. Ahora bien, si el último día del término

es un sábado, domingo o día festivo legal, entonces el

término se extiende hasta el fin del próximo día que no

sea sábado, domingo ni día feriado legal, como ocurre con

los demás términos. Íd.

Este

Tribunal

ha

aplicado

la

Regla

68.1

de

Procedimiento Civil al cómputo de términos apelativos en

reiteradas ocasiones. Recientemente, en Hernández Jiménez

intermedios se excluirán del cómputo. Medio día feriado se

considerara como feriado en su totalidad.

CC-2017-0625

10

v. AEE, 194 DPR 378, 387-388 (2015) aseveramos claramente

que la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, supra, aplica a

los

términos

de

naturaleza

apelativa,

en

virtud

de

la

Regla 1 de Procedimiento Civil. Allí, resolvimos que el

mecanismo

de

cómputo

que

provee

la

Regla

68.1

de

Procedimiento Civil aplica al computar el término de 72

horas

que

provee

la

Regla

33(A)

del

Reglamento

del

Tribunal de Apelaciones. Para ello, citamos con aprobación

a Medio Mundo, Inc. v. Rivera, 154 DPR 315, 331-332 (2001)

(Donde aplicamos la Regla 68.1 de Procedimiento Civil de

1979 para computar los 30 días para apelar una sentencia

ante el Tribunal de Apelaciones); Maymí v. Gob. Mun. Aut.

Ponce, 151 DPR 689, 697 (2000) (Donde aplicamos la Regla

68.1 de Procedimiento Civil de 1979 para computar los 30

días para presentar un recurso de certiorari al Tribunal

Supremo); Ortiz v. Adm. Sist. de Retiro Emp. Gob., 147 DPR

816, 823, n.6 (1999) (Donde aplicamos la Regla 68.1 de

Procedimiento Civil de 1979 para computar el término para

presentar un recurso de revisión administrativa ante el

Tribunal

de

Apelaciones).

Colón,

Derecho

procesal

Véase

civil,

además:

6ta

R.

ed.,

Hernández

San

Juan,

LexisNexis, 2017, Sec. 5302 y 5544, págs. 501 y 550.

Ni el recurrido alega ni vemos razón alguna para no

aplicar la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, supra, al

caso

de

autos.

Ciertamente,

las

normas

de

desahucio

sumario no vedan la aplicación de dicha regla. Asimismo,

entendemos que el mecanismo dispuesto por la Regla 68.1 de

Procedimiento Civil no es incompatible con el proceso de

CC-2017-0625

desahucio

11

sumario.

Tampoco

atenta

contra

la

solución

justa, rápida y económica de los procesos judiciales. A

contrario

sensu,

ejercicio

del

pretenda

recurrir

aquí

derecho

procedimiento.

mecanismo

lo

de

resuelto

milita

de

apelación

de

una

Sentencia

Consecuentemente,

provisto

por

la

Regla

a

favor

del

todo

aquel

que

este

tipo

de

resolvemos

que

el

en

68.1

de

Procedimiento

Civil aplica al término jurisdiccional de cinco (5) días

que el Art. 630 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32

LPRA

sec.

2831,

provee

para

apelar

una

Sentencia

de

desahucio sumario.

Conforme

a

la

normativa

jurídica

antes

expuesta,

pasamos a resolver la controversia ante nos.

III

La peticionaria arguye que el Tribunal de Apelaciones

erró al decretarse sin jurisdicción. Aduce que formalizó la

Apelación

oportunamente,

por

lo

que

el

foro

apelativo

intermedio tenía jurisdicción para atenderla. Tiene razón.

A continuación, disponemos de ambos señalamientos de error

en conjunto por estar íntimamente relacionados.

No hay controversia con respecto a cuándo comenzó a

transcurrir

el

término

apelar

el

dictamen

Primera

Instancia

que

la

peticionaria

tenía

para

del

foro

primario.

El

Tribunal

de

emitió

la

Sentencia

de

desahucio

el

lunes, 20 de marzo de 2017. La Sentencia fue archivada en

autos ese mismo día. Sin embargo, la notificación de dicha

Sentencia fue depositada en el correo un día después: el

martes, 21 de marzo de 2017. Por tal razón, y conforme a la

CC-2017-0625

12

Regla 68.3 de Procedimiento Civil, supra, y a la Regla 13

del

Reglamento

del

Tribunal

de

Apelaciones,

supra,

el

término que tenía la peticionaria para apelar la Sentencia

de desahucio comenzó a transcurrir a partir del martes, 21

de

marzo

de

2017,

fecha

en

la

que

la

notificación

controversia

con

respecto

se

depositó en el correo.

Tampoco

existe

a

que

la

peticionaria tenía cinco (5) días para apelar la Sentencia

de

desahucio,

conforme

al

Art.

629

del

Código

de

Enjuiciamiento Civil, supra. Ahora bien, ¿cómo se computa

ese

término?

¿Hasta

cuándo

tenía

la

peticionaria

para

presentar su Apelación? Al justipreciar la controversia de

autos a la luz de las Reglas 68.1 y 68.3 de Procedimiento

Civil de 2009, supra, concluimos que la peticionaria tenía

hasta el miércoles, 29 de marzo de 2017, para apelar la

Sentencia de desahucio. Nos explicamos.

El martes, 21 de marzo de 2017 se realizó el acto a

partir del cual el término comenzó a transcurrir, a saber:

el depósito de la notificación en el correo.

Por lo tanto,

conforme a la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, supra, ese

día se excluye del cómputo. Tomamos conocimiento judicial

de que el miércoles, 22 de marzo de 2017 se celebró el Día

de la Abolición de la Esclavitud, un día feriado legal.5

Debido a que el término de apelación en controversia es

La Regla 201 de Evidencia de Puerto Rico dispone, en parte, que los

tribunales

pueden

tomar

conocimiento

judicial

sobre

hechos

adjudicativos que son de conocimiento general en Puerto Rico y/o de

corroboración inmediata y exacta por fuentes cuya exactitud no puede

ser razonablemente cuestionada. La toma de conocimiento judicial puede

ser motu proprio e inclusive durante el trámite apelativo. 32 LPRA Ap.

VI, R.201.

5

CC-2017-0625

13

menor de siete (7) días, el miércoles, 22 de marzo de 2017

también

se

excluye

del

cómputo

por

constituir

un

día

feriado legal intermedio. Así las cosas, el término de

cinco

(5)

días

para

apelar

la

Sentencia

de

desahucio

comenzó a transcurrir propiamente el jueves, 23 de marzo de

2017. Conforme a la Regla 68.1 de Procedimiento Civil,

supra, el sábado, 25 de marzo y el domingo, 26 de marzo de

2017 también se excluyen del cómputo.

Al computar el término conforme a la Regla 68.1 y 68.3

de Procedimiento Civil de 2009, resolvemos que los cinco

(5) días para apelar la Sentencia de desahucio culminaban

el miércoles, 29 de marzo de 2017.6 Por lo tanto, erró el

Tribunal de Apelaciones al concluir que la peticionaria

tenía hasta el lunes, 27 de marzo de 2017 para presentar el

recurso de Apelación.

El que la peticionaria haya presentado su recurso de

Apelación en el Tribunal de Primera Instancia tampoco privó

de jurisdicción al Tribunal de Apelaciones. La peticionaria

presentó el recurso el 28 de marzo de 2017 en la Secretaría

del Tribunal de Primera Instancia que emitió la Sentencia

apelada, conforme lo permite la Regla 14(c) del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra. Asimismo, notificó el

recurso al Tribunal de Apelaciones el 29 de marzo de 2017;

es decir, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas que

dispone

para

ello

la

Regla

14(c)

del

Tribunal

de

Apelaciones, supra. Consecuentemente, la recurrida presentó

El jueves, 23 de marzo de 2017 fue el primer día. El viernes, 24 de

marzo fue el segundo día. El lunes, 27 de marzo fue el tercer día. El

martes, 28 de marzo fue el cuarto día. El miércoles, 29 de marzo fue

el quinto y último día del término para apelar.

6

CC-2017-0625

14

y notificó el recurso de Apelación oportunamente, por lo

que el mismo quedó debidamente formalizado.

En fin, erró el Tribunal de Apelaciones al decretarse

sin jurisdicción y desestimar la Apelación presentada por

la peticionaria.

IV

Por todo lo antes expuesto, revocamos la Sentencia

recurrida.

Debido

a

que

la

peticionaria

recurrió

oportunamente de la Sentencia de desahucio que emitió el

Tribunal de Primera Instancia el 20 de marzo de 2017, el

Tribunal de Apelaciones erró al decretarse sin jurisdicción

y

desestimar

el

recurso

de

Apelación.

Conforme

a

lo

resuelto en Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, 176 DPR

408

(2009),

devolvemos

el

caso

de

autos

al

Panel

del

Tribunal de Apelaciones correspondiente para que considere

y atienda los méritos del recurso de Apelación presentado

por la peticionaria.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Administración de Vivienda

Pública P/C de su agente

administrador FPC Crespo

Group

Recurrida

Certiorari

CC-2017-0625

v.

Joanie Vega Martínez

Peticionaria

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2018.

Por todo lo antes expuesto, revocamos la Sentencia

recurrida.

Debido

a

que

la

peticionaria

recurrió

oportunamente de la Sentencia de desahucio que emitió el

Tribunal de Primera Instancia el 20 de marzo de 2017, el

Tribunal de Apelaciones erró al decretarse sin jurisdicción

y desestimar el recurso de Apelación. Conforme a lo

resuelto en Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, 176 DPR

408 (2009), devolvemos el caso de autos al Panel del

Tribunal de Apelaciones correspondiente para que considere

y atienda los méritos del recurso de Apelación presentado

por la peticionaria.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo.

La Juez Presidenta

Interina señora Rodríguez Rodríguez concurre sin opinión

escrita.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no

intervino.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo