LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc.

2018 TSPR 88

Poder Judicial de Puerto Rico

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Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc.

CC-2017-232

Procedimiento sumario laboral: La moción de enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales que contempla la Regla 43.1 de Procedimiento Civil es incompatible con el procedimiento sumario de reclamaciones laborales establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961. · Hon. Kolthoff Caraballo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Mariela Ruiz Camilo

Peticionaria

v.

Trafon Group, Inc.

Certiorari

2018 TSPR 88

200 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: CC-2017-232

Fecha: 11 de mayo de 2018

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Abogada de la parte peticionaria:

Lcda. Sara Chico Matos

Abogado de la parte recurrida:

Lcdo. Goodwin Aldarondo Jiménez

Materia: Procedimiento sumario laboral: La moción de enmiendas o

determinaciones iniciales o adicionales que contempla la Regla 43.1 de

Procedimiento Civil es incompatible con el procedimiento sumario de

reclamaciones laborales establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre

de 1961.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que

está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y

publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución

electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Mariela Ruiz Camilo

Peticionaria

v.

CC-2017-232

Certiorari

Trafon Group, Inc.

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff

Caraballo

(Regla 50)

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2018.

Es requisito inherente para la existencia

y supervivencia futura de nuestro sistema

judicial, que este Tribunal en su misión

constitucional de pautar y realizar Justicia,

inyecte rapidez a todos los procedimientos

ante su consideración haciendo extensivo este

enfoque a los tribunales de primera instancia

mediante

el

establecimiento

de

normas

jurisprudenciales

claras,

precisas

y

consistentes.

Este

proceso

dinámico

decisional e institucional del Tribunal cobra

mayor validez tratándose de procedimientos

especiales

en

que

los

otros

poderes

constitucionales –legislativo y ejecutivo- en

el ejercicio válido de aprobar leyes, han

expresado su sentir sobre los asuntos que a su

juicio merecen especial atención.

Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 DPR 314 (1975)

Este

caso

nos

presenta

la

oportunidad

de

determinar si, a la luz de la aprobación de la

Ley

Núm.

133-2014, infra,

el

procedimiento

post

CC-2017-232

2

sentencia provisto por la Regla 43 de Procedimiento Civil

de

2009,

32

LPRA

Ap.

V

-la

moción

de

enmiendas

o

determinaciones iniciales o adicionales- aplica dentro del

procedimiento sumario de reclamaciones laborales dispuesto

en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada,

32 LPRA sec. 3118 et seq. (Ley 2).

Más aún, procede que

nos expresemos sobre si aplica o no la mencionada regla

debido a nuestros pronunciamientos en Aguayo Pomales v.

R & G Mortg., 169 DPR 36 (2006).

Por

considerar

que

la

moción

de

enmiendas

o

determinaciones iniciales o adicionales es incompatible con

el

procedimiento

sumario

de

reclamaciones

laborales

establecido en la Ley 2, supra, contestamos la interrogante

en la negativa.

Asimismo, nos corresponde dilucidar si el

Tribunal de Apelaciones tenía jurisdicción para atender el

recurso de apelación presentado por Trafon Group, Inc., en

el caso de referencia.

Contestamos en la negativa.

Así,

procede la revocación de la Sentencia emitida por ese foro.

A continuación, reseñamos los hechos que originaron la

controversia ante nuestra consideración.

I

La Sra. Mariela Ruiz Camilo (la señora Ruiz Camilo)

comenzó a trabajar para la compañía Packers Provision el

14 de marzo de 2007.

Más adelante, el 29 de junio de 2009

la

adquirió

empresa

operaciones

Encinal

de

manera

dicha

compañía

ininterrumpida.

y

Luego

continuó

de

la

adquisición, Packers Provision cambió de nombre a Trafon

CC-2017-232

3

Group, Inc. (Trafon) y ésta retuvo a la señora Ruiz Camilo

en su empleo, por lo que advino en su patrono sucesor.1

Específicamente, la señora Ruiz Camilo ocupó estos puestos

en la compañía: Accountant, Fringe Benefits Clerk, Fringe

Benefits Technician y Fringe Benefits Specialist.

Trafon

despidió a la señora Ruiz Camilo el 31 de agosto de 2012

mientras

ésta

ocupaba

el

puesto

de

Fringe

Benefits

Specialist en el Departamento de Recursos Humanos.

Así las cosas, el 19 de marzo de 2013, la señora Ruiz

Camilo presentó una querella por despido injustificado al

amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según

enmendada, conocida como la Ley de indemnización por despido

sin justa causa, 29 LPRA sec. 185a et seq. (Ley 80), y en

virtud del procedimiento sumario de reclamaciones laborales

dispuesto por la Ley 2.

En síntesis, adujo que fue despedida por Trafon el

31 de agosto de 2012 y que dicha empresa no cumplió con lo

dispuesto en el Art. 3 de la Ley 80, supra, el cual requiere

que el patrono retenga a los empleados de mayor antigüedad

si se dan unos criterios particulares.

Ante esto, reclamó

una mesada ascendente a $12,880 más $1,932 por honorarios

de abogado, para un total de $14,812.2

La empresa Trafon Group, Inc., es una corporación organizada al amparo

de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que se dedica a

la importación y exportación de alimentos, servicios y soluciones de

logística.

1

2

Querella, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 33.

CC-2017-232

Luego

4

de

que

Trafon

contestara

la

querella

y

se

celebrara una vista en su fondo, el Tribunal de Primera

Instancia emitió una Sentencia el 10 de octubre de 2014,

notificada el 14 de octubre de 2014, en la que falló a favor

de la señora Ruiz Camilo y condenó a Trafon al pago de

$14,812.

Más adelante, Trafon presentó una solicitud de

determinaciones de hechos adicionales y reconsideración, a

lo que la señora Ruiz Camilo se opuso.

Así, el foro de

instancia dictó una Sentencia Enmendada el 20 de abril

de 2015, notificada el 27 de abril de 2015, a los fines de

añadir unas determinaciones de hechos, mas no reconsideró

la decisión.

Inconforme

con

la

determinación

del

tribunal

de

instancia, el 26 de mayo de 2015 Trafon presentó un recurso

de apelación en el foro apelativo intermedio.

Ante esto,

la señora Ruiz Camilo solicitó la desestimación del recurso

por falta de jurisdicción.

Tribunal

de

Apelaciones

En específico, planteó que el

carecía

de

jurisdicción

para

atender el caso debido a que éste fue presentado fuera del

término

de

10

días

dispuesto

en

el

Art.

Ley Núm. 133-2014, 32 LPRA sec. 3127 (Ley 133).

5

de

la

Así las

cosas, el foro apelativo intermedio concedió a Trafon un

término

para

que

se

expresara

sobre

desestimación de la señora Ruiz Camilo.

la

petición

de

Trafon compareció

y expuso que la Ley 133 no aplicaba de manera retroactiva

al caso, pues la querella fue presentada antes de que

entrara

en

vigor

el

mencionado

estatuto

enmendando

la

CC-2017-232

Ley 2.

5

Asimismo, añadió que el foro de instancia convirtió

-de facto- el caso en un procedimiento ordinario.3

El 23 de septiembre de 2015, el Tribunal de Apelaciones

declaró “no ha lugar” la petición de desestimación de la

señora Ruiz Camilo y ésta solicitó reconsideración, pero la

misma

fue

denegada.

Esta

determinación

fue

objeto

del

recurso de certiorari CC-2015-0951 presentado ante esta

Curia por la señora Ruiz Camilo el 13 de noviembre de 2015

y que denegamos el 5 de febrero de 2016.4

Una vez enviado el mandato al Tribunal de Apelaciones,

ese foro emitió una Sentencia revocatoria el 28 de febrero

de 2017.5

Dentro del término de 20 días dispuesto por la

Ley 133, el 27 de marzo de 2017 la señora Ruiz Camilo

presentó su recurso de certiorari ante esta Curia, en el

cual esboza los señalamientos de error siguientes:

1. Erró el Tribunal de Apelaciones al no desestimar

el recurso apelativo por carecer de jurisdicción.

2. Erró el Tribunal de Apelaciones al acoger el

Recurso de Apelación radicado por la QuerellanteRecurrida, pues el foro apelativo carecía de

jurisdicción para atenderlo por este haber sido

presentado tardíamente.

3. Erró el Tribunal de Apelaciones al intervenir

con la apreciación de la prueba, la adjudicación de

credibilidad y las determinaciones de hechos que

realizó el Tribunal de Primera Instancia sin que

mediara pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto.

Moción en cumplimiento de orden y en oposición a moción

desestimación, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 187.

3

de

Una copia de la notificación de la Resolución se archivó en autos el

10 de febrero de 2016.

4

Una copia de la notificación de la Sentencia se archivó en autos el

6 de marzo de 2017.

5

CC-2017-232

6

4. Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar

que las funciones de la Recurrente y de la Sra. Pérez

eran claramente distintas.

5. Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar

que no hubo sustitución entre la Recurrente y la

Sra. Pérez y que, por ende, la Recurrente no tenía

derecho a preferencia de retención en el empleo,

aunque tenía mayor antigüedad que la Sra. Pérez.

6. Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar

que de la prueba se concluye que la relación entre

la Sra. Pérez y su supervisora, la Sra. Fresse, se

limitaba al ámbito laboral y que, en las decisiones

que tomó la Recurrida “no parece” haber influido la

amistad de la Sra. Pérez con su supervisora.

Procedemos a expedir el recurso y disponer de la

controversia al amparo de la Regla 50 del Reglamento del

Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B. Pasemos, pues, a exponer

el marco jurídico para resolver el asunto presentado ante

nuestra consideración.

II

A.

La Regla 43 de Procedimiento Civil sobre la moción

para enmendar determinaciones de hechos o conclusiones de

derecho iniciales o para formular determinaciones de hechos

o conclusiones de derecho adicionales

La moción que se presenta en virtud de la Regla 43.1

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, es aquella dirigida

a que “el tribunal que dicta una sentencia la corrija

mediante

enmiendas

formulando

determinaciones

de

hecho

–a base de la prueba presentada en juicio- o conclusiones

de derecho pertinentes al fallo”.6

Ésta no procede cuando

la sentencia se dicta al amparo de las Reglas 10.2 (moción

de desestimación) y 10.3 (moción para que se dicte sentencia

R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: derecho procesal

civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, pág. 466.

6

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7

por las alegaciones) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

ni cuando se trata de una resolución.7

Esta moción la puede

presentar cualquiera de las partes en el pleito, no sólo la

parte perdidosa.8

En particular, la Regla 43.1 de Procedimiento Civil,

supra, dispone lo siguiente:

No será necesario solicitar que se consignen

determinaciones de hechos a los efectos de una

apelación, pero a moción de parte, presentada a más

tardar quince (15) días después de haberse archivado

en autos copia de la notificación de la sentencia,

el tribunal podrá hacer las determinaciones de

hechos

y

conclusiones

de

derecho

iniciales

correspondientes, si es que éstas no se hubiesen

hecho por ser innecesarias, de acuerdo con la Regla

42.2, o podrá enmendar o hacer determinaciones

adicionales y podrá enmendar la sentencia en

conformidad.

Si una parte interesa presentar una

moción de enmiendas o determinaciones iniciales o

adicionales, reconsideración o de nuevo juicio,

éstas deberán presentarse en un solo escrito y el

tribunal resolverá de igual manera. En todo caso,

la suficiencia de la prueba para sostener las

determinaciones podrá ser suscitada posteriormente

aunque la parte que formule la cuestión no las haya

objetado en el tribunal inferior, o no haya

presentado una moción para enmendarlas, o no haya

solicitado sentencia.

La moción de enmiendas o determinaciones iniciales

o adicionales se notificará a las demás partes en

el

pleito

dentro

de

los

quince

(15)

días

establecidos por esta regla para presentarla ante

el tribunal.

El término para notificar será de

cumplimiento estricto. (Énfasis nuestro).

El profesor Rafael Hernández Colón enfatiza que el

derecho a solicitar determinaciones adicionales conforme a

la Regla 43.1 de Procedimiento Civil, supra, “no está

Hernández Colón, op. cit., pág. 466. Véanse, además: U.S. Fire Ins.

v. A.E.E., 151 DPR 962, 969-970 (2000); Roldán v. Lutrón, S.M., Inc.,

151 DPR 883, 892-893 (2000).

7

8

Hernández Colón, op. cit., pág. 466.

CC-2017-232

8

supeditado

a

una

apelación

pueden

posible

apelación

suscitarse

y

de

hecho en

planteamientos

sobre

una

estos

mismos asuntos sin necesidad de que se haya presentado una

moción de esta naturaleza ante el tribunal de instancia”.9

Bajo el esquema de las Reglas de Procedimiento Civil

de 1979 resolvimos el caso Aguayo Pomales v. R & G Mortg.,

169 DPR 36 (2006), con una controversia similar a la que

presenta el pleito de epígrafe.10 Específicamente, atendimos

la siguiente interrogante: ¿Procede que se apliquen las

disposiciones de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil [de

1979]

–sobre

mociones

de

determinaciones

de

hechos

y

conclusiones de derecho iniciales o adicionales- luego de

dictada

una

sentencia

dentro

de

un

procedimiento

reclamaciones

laborales

al

amparo

de

la

Ley 2?

de

Allí

contestamos en la afirmativa, es decir que luego de dictada

la sentencia en un procedimiento presentado al amparo de la

9

Hernández Colón, op. cit., pág. 467.

Los hechos del caso giraban en torno a que el tribunal de instancia

declaró “ha lugar” una querella por despido injustificado presentada

por la Sra. Jemir Aguayo Pomales (peticionaria) al amparo del

procedimiento sumario de la Ley 2 de 17 de octubre de 1961, según

enmendada, 32 LPRA sec. 3118 et seq. (Ley 2) en contra de su antiguo

patrono, R & G Mortgage Corporation (R & G). El patrono presentó una

moción para solicitar determinaciones de hechos y de derecho

adicionales, la cual fue denegada por el foro de instancia. Inconforme,

R & G presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones

y la peticionaria solicitó la desestimación del mismo al esbozar que

dicho foro no tenía jurisdicción para atender el recurso debido a que

fue presentado 50 días luego de notificada la decisión del tribunal de

instancia.

La peticionaria también argumentó que dentro de un

procedimiento sumario al amparo de la Ley 2 no procedía la presentación

de una moción para solicitar determinaciones de hechos y de derecho

adicionales, por lo que la moción presentada por R & G no tuvo el efecto

de interrumpir el término de 30 días para acudir en apelación.

Así las cosas, el foro apelativo intermedio declaró “no ha lugar”

la solicitud de desestimación de la peticionaria y entonces ésta acudió

ante este Tribunal.

10

CC-2017-232

9

Ley 2 sí aplicaban las disposiciones de la anterior Regla

43.3 de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA Ap. III.11

En

aquella

ocasión

fundamentamos

nuestra

Opinión

conforme a lo dispuesto en la Sección 3 de la propia Ley 2,

la cual recoge la norma general de que las Reglas de

Procedimiento Civil aplicarán en el procedimiento sumario

“en

todo

aquello

que

no

esté

en

conflicto

con

las

disposiciones específicas de las mismas o con el carácter

sumario del procedimiento”. 32 LPRA sec. 3120.

Resolvimos,

pues, que la moción presentada al amparo de la anterior

Regla 43.3 de Procedimiento Civil de 1979, supra, en una

reclamación laboral conforme a la Ley 2 sí cumplió con los

requisitos

de

especificidad

establecidos

en

Andino

v.

Topeka, Inc., 142 DPR 933 (1997), por lo que dicha moción

efectivamente interrumpió el término para apelar.

De esa

manera, en aquel momento el Tribunal de Apelaciones sí tenía

jurisdicción

para

correctamente

al

atender

denegar

la

la

apelación

moción

de

y

actuó

desestimación

presentada.

Es importante señalar que para la fecha en que se

decidió Aguayo Pomales v. R & G Mortg., supra, pág. 46, la

revisión de las sentencias dictadas por el tribunal de

instancia

en

casos

presentados

al

amparo

de la

Ley

2

En Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 169 DPR 36, 52 n. 11 (2006),

hicimos la aclaración de que esa moción tenía que cumplir con los

requisitos dispuestos en la Regla 43.3 de Procedimiento Civil de 1979,

32 LPRA Ap. III, esto es ser presentada dentro del término establecido

y con los requisitos de suficiente especificidad conforme a Andino v.

Topeka, Inc., 142 DPR 933 (1997).

11

CC-2017-232

disponía

10

que

éstas

serían

revisadas

conforme

al

procedimiento ordinario.12 No obstante, la Ley 2 fue objeto

de unas enmiendas sustanciales cuando se aprobó la Ley 133,

lo que incide directamente con lo resuelto en el 2006 en

Aguayo Pomales v. R & G Mortg, supra.

B.

La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 sobre el

procedimiento

sumario

de

reclamaciones

laborales

y

su enmienda a través de la Ley Núm. 133-2014

La Ley 2 es un estatuto que provee un procedimiento

sumario

de

reclamaciones

laborales

para

la

rápida

consideración y adjudicación de las querellas de obreros y

empleados contra sus patronos relacionadas con salarios,

beneficios y derechos laborales.13

Debido a su naturaleza

y finalidad, estas reclamaciones ameritan ser resueltas con

celeridad de forma tal que se pueda implantar la política

pública del Estado de proteger el empleo, desalentar el

despido sin justa causa y proveer al obrero despedido los

medios económicos para su subsistencia mientras consigue un

nuevo empleo.14

En

múltiples

naturaleza

sumaria

ocasiones

que

provee

hemos

la

reafirmado

Ley

2

que

la

constituye

su

característica esencial, por lo que tanto las partes como

Esto es, dentro del término jurisdiccional de 30 días (contado desde

el archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia dictada)

dispuesto en la anterior Regla 53.1 (c) de Procedimiento Civil de 1979,

32 LPRA Ap. III.

12

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 (2008).

además, 32 LPRA sec. 3118.

13

Véase,

Aguayo Pomales v. R & G Mortg., supra; Vizcarrondo Morales v. MVM,

Inc., supra, pág. 928; Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 897 (1998).

14

CC-2017-232

11

los tribunales deben respetarla y así no se desvirtúe el

carácter especial y sumario del procedimiento.15

Así las cosas, en el 2014 la Asamblea Legislativa

aprobó

la

Ley

133

con

el

propósito

de

atemperar

las

disposiciones de la Ley 2 al esquema judicial vigente,

específicamente en cuanto a extender el carácter sumario de

la Ley 2 a la etapa apelativa y así cumplir el principio

rector de proveer al obrero un remedio rápido y eficaz.16

Con esta Ley 133 se acortaron los términos jurisdiccionales

para pedir revisión ante los foros apelativos en casos

presentados

al

amparo

de

la

Ley

2.

Véase

32

LPRA

secs. 3121 y 3127. Asimismo, la Ley 133 derogó la Sec. 12

de la Ley 2, 32 LPRA ant. sec. 3129, relacionada a que el

trámite de revisión de las sentencias sería “conforme al

procedimiento

ordinario”,

es

decir

dentro

del

término

jurisdiccional de 30 días dispuesto en la anterior Regla

53.1 (c) de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA Ap. III,

contado

desde

el

archivo

en

autos

de

copia

de

la

notificación de la sentencia emitida.17

En particular, el Art. 5 de la Ley 133, 32 LPRA

sec.

3127,

dispone

nuevos

términos

para

revisar

las

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 929; Lucero v. San Juan

Star, 159 DPR 494, 505 (2003); Dávila, Rivera v. Antilles Shipping,

Inc., 147 DPR 483, 493 (1999).

15

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 133-2014. Véase, además, Medina

Nazario v. McNeill Healthcare LLC, 194 DPR 723, 733 (2016).

16

La Sección 12 de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según

enmendada, 32 LPRA ant. sec. 3129, leía de la manera siguiente:

Las sentencias dictadas en primera instancia por el Tribunal

de Primera Instancia podrán ser apeladas o revisadas por el

Tribunal Supremo conforme al procedimiento ordinario.

17

CC-2017-232

12

sentencias emitidas en virtud del procedimiento sumario de

la Ley 2.

Ese Art. 5 renumeró la Sec. 10 de la Ley 2 como

la Sec. 9 y establece que el recurso de apelación para

revisar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia

deberá presentarse ante el Tribunal de Apelaciones en el

término jurisdiccional de 10 días, contados a partir de la

notificación

de

la

sentencia

del

foro

de

instancia.

Asimismo, el mencionado artículo expone que el recurso de

certiorari para revisar la sentencia dictada por el foro

apelativo intermedio deberá presentarse ante el Tribunal

Supremo en el término jurisdiccional de 20 días, computados

a partir de la notificación de la sentencia o resolución

del Tribunal de Apelaciones.18

La Ley 133 entró en vigor inmediatamente después de su

aprobación el 6 de agosto de 2014, según dispone el Art. 8

del mencionado estatuto.

Luego de la aprobación y vigencia

de la Ley 133, esta Curia ha atendido dos casos medulares

relacionados con el procedimiento sumario de reclamaciones

laborales según dispuesto en la Ley 2.

Éstos son: Medina

La Sección 9 de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA

sec. 3127, lee de la manera siguiente:

18

Cualquiera de las partes que se considere perjudicada por

la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia

podrá interponer recurso de apelación ante el Tribunal de

Apelaciones, en el término jurisdiccional de diez (10) días,

computados a partir de la notificación de la sentencia del

Tribunal de Primera Instancia.

La parte que se considere perjudicada por la sentencia que

emita el Tribunal de Apelaciones, podrá acudir mediante auto

de Certiorari al Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el

término jurisdiccional de veinte (20) días, contados a

partir de la notificación de la sentencia o resolución del

Tribunal de Apelaciones. (Énfasis suplido).

CC-2017-232

13

Nazario v. McNeill Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016) y

Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439 (2016).

En el primero resolvimos que, debido a la naturaleza sumaria

del

procedimiento,

las

determinaciones

interlocutorias

emitidas en pleitos que se ventilen al amparo de la Ley 2

no pueden ser objeto de reconsideración.19

En el segundo,

concluimos que, por ser incompatible con el procedimiento

sumario laboral, las sentencias dictadas en un litigio

tramitado en virtud de la Ley 2 tampoco pueden ser objeto

de reconsideración.20

C.

La aplicación de los nuevos estatutos

Como

norma

general,

las

disposiciones

procesales

tienen efecto retroactivo y aplican a casos pendientes,

salvo que la Asamblea Legislativa disponga lo contrario.21

De

igual

manera,

los

estatutos

que

versan

sobre

la

jurisdicción son de interés público, por lo que aplican de

forma retroactiva.22

D.

La jurisdicción del Tribunal

En reiteradas ocasiones este Foro ha manifestado que

la jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un

tribunal

para

considerar

y

decidir

casos

19

Medina Nazario v. McNeill Healthcare LLC, 194 DPR 723, 725 (2016).

20

Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439, 441 (2016).

o

Clases A, B y C v. PRTC, 183 DPR 666, 680 (2011); Ortiz v. Fernós

López, 104 DPR 851, 852 (1976).

21

22 Clases

A, B y C v. PRTC, supra, pág. 680; J.R.T. v. A.E.E., 133 DPR

1, 13 (1993).

CC-2017-232

14

controversias.23

Conforme

a

ello,

en

toda

situación

jurídica que se presente ante un foro adjudicativo, lo

primero

que

se

jurisdiccional.24

la

debe

su

corresponde

a

es

el

aspecto

Esto debido a que los tribunales tienen

responsabilidad

instancia,

considerar

indelegable

propia

los

de

examinar,

jurisdicción.25

foros

De

adjudicativos

en

primera

igual

manera,

evaluar

la

jurisdicción del foro de donde procede el recurso ante su

consideración.26

Así, hemos reafirmado que los tribunales debemos ser

celosos guardianes de nuestra jurisdicción, por lo cual los

asuntos relacionados con ésta son privilegiados y deben

atenderse de manera preferente.27

Como es sabido, es deber

ministerial de todo tribunal, cuestionada su jurisdicción

por alguna de las partes o incluso cuando no haya sido

planteado por éstas, examinar y evaluar con rigurosidad el

Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 103 (2015). Véanse, además:

Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014); Cordero

et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 456 (2012); Shell v. Srio. Hacienda,

187 DPR 109, 122 (2012); Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393,

403 (2012); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682

(2011).

23

Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233-234 (2014);

Cordero et al. v. ARPe et al., supra, pág. 457; Cruz Parrilla v. Depto.

Vivienda, supra, pág. 403.

24

25

Cordero et al. v. ARPe et al., supra, pág. 457.

26

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007).

Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, supra, pág. 660.

Véanse,

también: Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra, pág. 234;

Cordero et al. v. ARPe et al., supra, pág. 457.

27

CC-2017-232

15

asunto jurisdiccional, pues éste incide directamente sobre

el poder mismo para adjudicar una controversia.28

Por definición, un requisito jurisdiccional es aquel

que debe cumplirse antes de que el tribunal pueda conocer

del pleito.29

En particular, un término jurisdiccional es

fatal, improrrogable e insubsanable, por lo que no puede

acortarse ni extenderse.30

Asimismo, hemos expresado que

el incumplimiento de una parte con un término jurisdiccional

establecido por ley priva al tribunal de jurisdicción para

atender los méritos de la controversia.31

Una de las instancias en la que un foro adjudicativo

carece de jurisdicción es cuando se presenta un recurso

tardío o prematuro, toda vez que éste “adolece del grave e

insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal

al

cual

se

recurre”.32

Esto

ocurre

debido

a

que

su

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto

jurídico, ya que en ese momento o instante en el tiempo

todavía no ha nacido autoridad judicial o administrativa

para acogerlo.33

Shell v. Srio. Hacienda, supra, pág. 123. Véanse, además: Yumac Home

v. Empresas Massó, supra, pág. 103; Constructora Estelar v. Aut. Edif.

Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674

(2005).

28

I. Rivera García, Diccionario de términos jurídicos, 2da ed. rev.,

Orford, Ed. Equity, 1985, p. 244.

29

Insular Highway v. A.I.I. Co., 174 DPR 793, 805 (2008); Caro v.

Cardona, 158 DPR 592, 608 (2003); Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp.,

151 DPR 1, 7 (2000).

30

31

Shell v. Srio. Hacienda, supra, pág. 123.

32

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).

33

Íd.

CC-2017-232

16

En estos casos, si se carece de jurisdicción, solo

resta declararlo así y desestimar la reclamación sin entrar

en los méritos de la controversia.34 Esto es, procede la

inmediata

desestimación

ordenado

por

las

del

leyes

recurso

y

los

apelativo

según

lo

reglamentos

para

el

tiene

la

perfeccionamiento de estos recursos.35

Conviene

señalar

que

esta

Curia

responsabilidad de asegurarse de que nuestro foro apelativo

intermedio

dispense

justicia

dentro

del

espectro

de

autoridad que se le ha conferido mediante estatuto.36

Es

por ello que, en función de esa tarea, si el Tribunal de

Apelaciones asume jurisdicción en un recurso sin tenerla,

es nuestro deber declararlo así y desestimar el recurso.37

Esto, pues claramente los tribunales no tienen discreción

para asumir jurisdicción donde no la hay.38

III

La señora Ruiz Camilo argumenta que el Tribunal de

Apelaciones erró en su decisión debido a que conforme a la

Ley 133 ese foro debía desestimar el recurso de apelación

presentado por Trafon.

En específico, plantea que el foro

34

Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, supra, pág. 660;

35

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883.

36

Íd.

37

Íd.

Yumac Home v. Empresas Massó, supra, pág. 103; Mun. de San Sebastián

v. QMC Telecom, supra, pág. 660; Shell v. Srio. Hacienda, supra,

pág. 123; Souffront v. A.A.A., supra, pág. 674.

38

CC-2017-232

17

apelativo intermedio carecía de jurisdicción para atender

el caso por razón de su presentación tardía.

La enmienda a la Ley 2, según introducida por la

Ley 133, relativa a los términos de carácter jurisdiccional

para presentar recursos ante el Tribunal de Apelaciones y

el Tribunal Supremo aplica a este caso, ello aunque la

querella

Ley

fue

133.

presentada

Como

antes

mencionamos,

de

la

aprobación

por

regla

de

general,

la

las

disposiciones procesales tienen efecto retroactivo a casos

pendientes, ello si la Asamblea Legislativa no dispone lo

contrario.39

En este caso la Legislatura no dispuso al

respecto.

La querella presentada por la señora Ruiz Camilo se

hizo conforme al procedimiento sumario y así se expuso en

la alegación número 12 al expresar “[q]ue esta causa de

acción sea tramitada según el procedimiento sumario que

dispone [la Ley 2]”.40

Una vez que se presenta una querella

en virtud del procedimiento sumario de la Ley 2, el tribunal

tiene la discreción para decidir si la querella debe seguir

el

trámite

sumario

ordinaria.41

Esto

o

si

debe

significa

continuar

por

la

vía

mientras

el

foro

de

que

instancia no emita una decisión relativa a que el caso debe

continuar por la vía ordinaria, se debe entender que el

39

Clases A, B y C v. PRTC, supra, pág. 680.

40

Querella, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 33.

41

Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912 (1996).

CC-2017-232

18

caso sigue el procedimiento sumario.42

Vale mencionar que

en el presente caso el tribunal de instancia no dispuso que

la querella se atendiera por la vía ordinaria.

Recordemos que en este caso el tribunal de instancia

dictó

una

Sentencia

el

10

de

octubre

notificada el 14 de octubre de 2014.

presentó

una

solicitud

de

de

2014

y

fue

Luego de ello, Trafon

determinaciones

de

hechos

adicionales y reconsideración al amparo de la Regla 43 de

Procedimiento Civil, supra, a lo que la señora Ruiz Camilo

se opuso.

No obstante, el foro de instancia dictó una

Sentencia Enmendada el 20 de abril de 2015 para añadir unas

determinaciones de hechos, pero no reconsideró.

Aquí conviene preguntarnos: ¿Procedía que el tribunal

de instancia acogiera la solicitud al amparo de la Regla 43

de Procedimiento Civil, supra, presentada por Trafon y en

efecto realizara unas determinaciones de hechos adicionales

en el caso?

Ante la ausencia de una disposición en la Ley 2 sobre

la procedencia de una solicitud al amparo de la Regla 43 de

Procedimiento Civil, supra, para enmendar determinaciones

de

hechos

formular

o

conclusiones

determinaciones

de

derecho

de

hechos

iniciales

o

o

conclusiones

para

de

derecho adicionales, procede que nos expresemos sobre el

asunto.

C. Zeno y V.M. Bermúdez Pérez, Tratado de Derecho del Trabajo, San

Juan, Pubs. JTS, T. I, 2003, pág. 316.

42

CC-2017-232

19

De conformidad con la Sección 3 de la Ley 2, las Reglas

de Procedimiento Civil aplicarán en los pleitos tramitados

en virtud del procedimiento sumario “en todo aquello que no

esté en conflicto con las disposiciones específicas de las

mismas o con el carácter sumario del procedimiento”. 32

LPRA sec. 3120. Mediante la referida Sección 3, la Asamblea

Legislativa

pretendió

asegurar

que

a

través

de

ningún

mecanismo pudiera desvirtuarse la naturaleza sumaria y la

rápida resolución que permea todo el procedimiento previsto

en la Ley 2.43

Como

sabemos,

existe

un

principio

fundamental

de

interpretación estatutaria dirigido a que al lenguaje de la

ley corresponde brindarle aquel significado que le imprima

validez al propósito que tuvo el legislador al momento de

aprobarla.44

De igual manera, al interpretar la ley, los

tribunales debemos tomar en consideración los fines que

ésta persigue y la política pública que la inspira.45

Debido

al

carácter

sumario

de

los

procedimientos

tramitados al amparo de la Ley 2, la aplicación del término

provisto por la Regla 43.1 de Procedimiento Civil, supra,

para enmendar determinaciones de hechos o conclusiones de

derecho iniciales o para formular determinaciones de hechos

43

Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, págs. 493-494.

IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 738 (2012). Véase,

además, R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación

de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. JTS, 1987,

pág. 245.

44

45

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 735.

CC-2017-232

20

o conclusiones de derecho adicionales –esto es, 15 díassería una anomalía procesal.

Si se aplicara dicho término,

se estaría concediendo un término mayor -15 días- que el

término

jurisdiccional

presentar

recurso

de

concedido

por

la

apelación

ante

el

Ley

133

para

Tribunal

de

Apelaciones, entiéndase 10 días. Como mencionamos en Medina

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 736, este

proceder atentaría contra la clara intención legislativa de

la Ley 2 que busca conceder “un mecanismo procesal, de

naturaleza sumaria, para lograr la rápida consideración y

adjudicación de las reclamaciones laborales instadas por

empleados en contra de sus patronos”.46

Así, resolvemos que la aplicación de la Regla 43.1 de

Procedimiento Civil, supra, para enmendar determinaciones

de

hechos

formular

o

conclusiones

determinaciones

de

derecho

de

hechos

iniciales

o

o

conclusiones

para

de

derecho adicionales en procedimientos tramitados al amparo

de la Ley 2 es contraria a la naturaleza sumaria del

procedimiento laboral.

Claramente, esta interpretación

coincide con el objetivo principal de la Ley 2 de que las

reclamaciones laborales se litiguen con celeridad.

La Sentencia original del 10 de octubre de 2014 fue

notificada el 14 de octubre de 2014 y esta última fecha

constituye el punto de partida para contar el término

jurisdiccional de 10 días dispuesto en la Ley 133 para

presentar el recurso de apelación ante el foro apelativo

46

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 133-2014.

CC-2017-232

21

intermedio. Por lo tanto, Trafon debió presentar su recurso

de apelación ante el Tribunal de Apelaciones en o antes del

24 de octubre de 2014, mas no lo hizo y finalmente lo

presentó el 26 de mayo de 2015.

Tribunal

de

Apelaciones

carecía

En consecuencia, el

de

jurisdicción

para

atender el recurso interpuesto por Trafon.

IV

Por todo lo anterior, expedimos el auto de certiorari

solicitado sin trámite ulterior de conformidad con la Regla

50 del Reglamento de este Tribunal, supra, revocamos la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones por haberse

dictado

sin

jurisdicción,

y

reinstalamos

la

Sentencia

original emitida por el Tribunal de Primera Instancia el

10 de octubre de 2014.

Se dictará sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Mariela Ruiz Camilo

Peticionaria

v.

CC-2017-232

Certiorari

Trafon Group, Inc.

Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2018.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, expedimos el auto de certiorari solicitado

sin trámite ulterior de conformidad con la Regla 50

del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B,

revocamos la Sentencia emitida por el Tribunal de

Apelaciones por haberse dictado sin jurisdicción, y

reinstalamos la Sentencia original emitida por el

Tribunal de Primera Instancia el 10 de octubre

de 2014.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza

Presidenta Oronoz Rodríguez y la Juez Presidenta

Interina señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo