Tribunal Supremo de Puerto Rico
El Pueblo v. López Colón
2018 TSPR 89
Poder Judicial de Puerto Rico
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El Pueblo v. López Colón
CC-2014-767
Derecho constitucional/Derecho procesal penal: Expectativa de intimidad sobre el contenido digital de un teléfono celular de uso personal. Criterios para determinar si un tercero puede consentir al registro de un teléfono celular del cual es titular, pero es utilizado por otra persona.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
José A. López Colón
Certiorari
2018 TSPR 89
200 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2014-767
Fecha: 11 de mayo de 2018
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Mayagüez-Aguadilla.
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. Ivandeluis Miranda Vélez
Lcdo. Jesús Miranda Díaz.
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray
Procuradora General.
Lcda. Daphne M. Cordero Guilloty,
Procuradora General Auxiliar.
Materia: Derecho constitucional/Derecho procesal penal - Expectativa
de intimidad sobre el contenido digital de un teléfono celular de
uso personal. Criterios para determinar si un tercero puede
consentir al registro de un teléfono celular del cual es titular,
pero es utilizado por otra persona.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
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comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2014-767
Certiorari
José A. López Colón
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff
Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2018.
En esta ocasión, nos corresponde determinar
si
una
persona,
cuenta,
intimidad
tiene
sobre
quien
no
es
el
una
expectativa
el
contenido
titular
de
la
razonable
de
digital
de
su
teléfono celular de uso personal.
Además, debemos evaluar si un tercero puede
consentir al registro de un teléfono celular del
cual es el titular, a pesar de ser utilizado por
otra persona.
I
El
denuncias
Ministerio
contra
el
Público
Sr.
José
presentó
unas
A.
Colón
López
CC-2014-767
2
(peticionario) por violación al Art. 951 del Código Penal
de 2012 e infracciones a los Arts. 5.042 y 5.153 de la Ley
de Armas del 2000. En específico, se le imputó haber
causado
la
muerte
del
Sr.
Nelson
L.
Colón
Ugarte
al
dispararle con un arma de fuego para la cual no tenía
licencia,
ello
como
resultado
de
súbita
pendencia
o
arrebato de cólera. En esa misma fecha se determinó causa
probable para arresto y se fijó fianza en cada uno de los
delitos mencionados. Más adelante, el Ministerio Público
presentó
las
acusaciones
contra
el
peticionario4
y
el
Tribunal de Primera Instancia señaló fecha para juicio.
Así las cosas, la Defensa solicitó la supresión de
una
evidencia
que
el
Ministerio
Público
se
proponía
utilizar en los procedimientos contra el peticionario. En
particular, expresó que se trataba de “un video que [se]
obtuvo mediante la incautación de un teléfono celular, de
uso exclusivo de[l] [peticionario] y otro captado por las
cámaras
de
seguridad
de
la
casa
del
[peticionario],
estando ausente, arrestado al momento de la ocupación,
sin consentir en ningún momento”.5 Esto es, la Policía de
Puerto
Rico
ocupó
unos
artefactos
electrónicos
(un
Homicidio, 33 LPRA sec. 5144. Al momento de los hechos, el delito
se conocía como “homicidio”, más adelante mediante la Ley Núm.
246-2014 se modificó el término a “asesinato atenuado”.
1
2
Portación y uso de armas de fuego sin licencia, 25 LPRA sec. 458c.
3
Disparar o apuntar armas, 25 LPRA sec. 458n.
4
Acusaciones, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 30-35.
Moción de supresión
certiorari, pág. 36.
5
de
evidencia,
Apéndice
de
la
Petición
de
CC-2014-767
teléfono
3
celular
seguridad)6
en
y
la
una
caja
residencia
“DVR”
del
de
cámaras
peticionario,
de
de
los
cuales se obtuvo vídeos y fotos que el Ministerio Público
pretendía utilizar en los procesos.
En
su
petición
de
supresión
de
evidencia,
la
Defensa planteó que la incautación del teléfono celular
que dejó el peticionario en su casa al ser arrestado y
conducido al cuartel constituyó un registro ilegal. En
cuanto
al
asunto
del
consentimiento
prestado
por
un
tercero, la Defensa sustentó su postura en lo expuesto en
Pueblo
v.
Ramos
Santos,
132
DPR
363,
371
(1992),
referente a que “[d]espués de todo, el derecho a que no
se lleven a cabo registros y allanamientos irrazonables,
sin
orden
judicial
previa,
es
personal
y
sólo
puede
renunciar a él la persona a cuyo favor se da, y no un
tercero a su nombre”.
El Ministerio Público solicitó al foro de instancia
que
rechazara
de
plano
la
moción
de
supresión
de
evidencia debido a que era una petición tardía.
Examinados
Tribunal
de
los
Primera
argumentos
de
las
Instancia
denegó
la
partes,
el
moción
de
supresión de evidencia al expresar lo siguiente:
En el presente caso no está en controversia que los
artefactos ocupados eran de uso común de la pareja.
El testimonio de la señora Colón demostró que la
DVR y las cámaras de seguridad habían sido
adquiridas en común por ella y el acusado. Además,
estableció que dichos artefactos electrónicos eran
de uso común de la pareja y para el beneficio y
6
El término “DVR” significa “Digital Video Recorder”.
CC-2014-767
4
disfrute de ambos. Nada en la prueba demostró que
el acusado tuviera una expectativa de intimidad
frente a la señora Colón en cuanto a las cámaras de
seguridad o la DVR. Siendo este el caso la señora
Colón tenía autoridad sobre el contenido de la
grabación y por lo tanto podía consentir a su
registro.
En el caso del celular la señora Colón testificó y
no es un hecho en controversia que la cuenta que
brindaba servicio telefónico a dicho artefacto
estaba a su nombre. Por lo tanto, debe entenderse
que esta tenía autoridad sobre el celular y sobre
su contenido por lo cual podía autorizar a su
registro.
En cuanto al consentimiento la señora Colón
testificó que los agentes no actuaron de manera
intimidante, sino que más bien fueron cordiales.
Que solicitaron permiso para llevarse los aparatos
electrónicos
que
registraron
y
que
ella
voluntariamente
consintió
a
dicho
registro
y
ocupación.
Siendo pues que la señora Colón consintió sin
mediar coacción al registro y la ocupación de los
artefactos sobre los cuales tenía autoridad por ser
la propiedad de aquellos no procede la supresión de
la evidencia.
Es decir, el Tribunal de Primera Instancia sustentó
su decisión en que no estaba en controversia que los
equipos electrónicos incautados eran de uso común del
matrimonio
López-Colón
y
fueron
disfrute
de
ambos
cónyuges.
Ante
esto,
del
peticionario
sí
tenía
beneficio
y
concluyó
que
autoridad
respecto
la
esposa
al
adquiridos
contenido
de
las
para
el
grabaciones
almacenadas en la caja “DVR” de las cámaras de seguridad,
por
cuanto
manera,
podía
consentir
determinó
sustentara
que
que
al
no
a
se
su
registro.
presentó
peticionario
le
De
igual
prueba
que
cobijaba
una
expectativa de intimidad sobre el contenido digital de su
teléfono celular de uso personal.
CC-2014-767
5
Inconforme
con
la
determinación
solicitó
instancia,
la
Defensa
argumentando
que
“[l]a
expectativa
del
foro
de
reconsideración
de
intimidad
que
necesita el [peticionario] como ciudadano para exigir una
Orden
judicial
para
intervenir
con
sus
objetos
y
documentos es frente al Estado y no frente a su esposa.
Por tanto, el hecho de que compartan titularidad de los
bienes
por
la
naturaleza
matrimonio,
no
reduce
enmienda
en
cuanto
nuestro
representado”.7
a
ganancial,
relación
de
lo
reconocido
por
la
la
expectativa
de
intimidad
de
añadió
que
La
Defensa
[C]uarta
“[p]retender que luego de suscitarse una escena violenta
en la que muere el hermano de la Sra. Madeline Colón a
manos de su esposo José A. López Colón permita a ésta
prestar un consentimiento válido, resulta ambicioso pero
más aún, el pensar que la naturaleza ganancial de los
bienes ocupados permita a ésta renunciar a la expectativa
de
intimidad
José
A.
personalísima
López
Colón,
su
perteneciente
marido,
al
entendemos
ciudadano
[n]o
es
conforme a derecho”.8
Así las cosas, el foro de instancia declaró “no ha
lugar” la petición de reconsideración.9 Insatisfecha con
la decisión del foro de instancia, la Defensa presentó
Moción de reconsideración, Apéndice de la Petición de certiorari,
pág. 54.
7
8
Íd., pág. 55.
La copia de la notificación de la Resolución/Orden se archivó en
los autos el 18 de junio de 2014.
9
CC-2014-767
6
una Petición de certiorari junto a una moción en auxilio
de jurisdicción ante el Tribunal de Apelaciones. Por su
parte,
la
Oficina
de
la
Procuradora
General
también
presentó su posición.
Evaluados
los
escritos
de
las
partes,
el
foro
apelativo intermedio confirmó la decisión recurrida.10 El
Tribunal
de
Apelaciones
determinó
que
el
foro
de
instancia no erró al denegar la petición de supresión de
evidencia. En particular, entendió que el peticionario no
tenía una razonable y legítima expectativa de intimidad
con relación al teléfono celular incautado y, además,
resolvió
que
sí
hubo
un
consentimiento
voluntario
y
válido por parte de su esposa, la Sra. Madeline Colón
Ugarte (señora Colón Ugarte), debido a que ésta tenía la
facultad para permitir la ocupación y el registro del
mencionado teléfono celular.
Inconforme con la determinación del foro apelativo
intermedio, la Defensa recurrió ante esta Curia mediante
una Petición de certiorari y una moción en auxilio de
jurisdicción. En su recurso, señaló la comisión de los
errores siguientes:
(1) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al
confirmar al Tribunal de Instancia al no suprimir
la
información
obtenida
del
teléfono
celular
ocupado en el presente caso a pesar de que la
prueba que desfiló sin lugar a dudas demostró que
dicho teléfono celular era de uso exclusivo del
peticionario y éste no consintió a su ocupación.
La copia de la notificación de la Resolución se archivó en los
autos el 18 de agosto de 2014.
10
CC-2014-767
7
(2)
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al
confirmar al Tribunal de Instancia al validar la
ocupación de un teléfono celular por el mero hecho
de que la persona que consintió a la ocupación del
mismo es la dueña registral de la cuenta de dicho
teléfono celular y no su usuaria, sino un tercero
que no consintió a su ocupación y registro.
(3)
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al
confirmar al Tribunal de Instancia al validar un
registro sin orden del teléfono celular del
peticionario sin que mediare consentimiento expreso
ni se solicitara una orden de registro al tribunal.
Expedido el recurso y estando perfeccionado el asunto
ante nuestra consideración, resolvemos.
II
En los méritos de la controversia, la Defensa plantea
que el Estado realizó el registro del contenido digital
del teléfono celular basado en el alegado consentimiento
válido
de
un
esposa
del
–conforme
tercero
con
peticionario.11
a
la
autoridad,
Ante
jurisprudencia
en
esto,
federal
este
caso
la
argumenta
que
y
la
estatal-
esposa del peticionario no cumplía con los criterios de
tercera persona con autoridad para disponer del teléfono
celular
en
controversia,
hubiese
brindado
registro
de
dicho
un
por
lo
que
consentimiento
artefacto.
Sobre
niega
que
ésta
válido
para
el
asunto,
la
este
Defensa añade que “[d]e la transcripción de la prueba, no
surge
que
la
[esposa
del
peticionario]
autorizara
el
registro del celular, simplemente lo entregó a pedido de
En su Alegato, la Defensa aclaró que aunque la moción de supresión
de evidencia presentada ante el Tribunal de Primera Instancia versó
sobre la ocupación y el registro de un teléfono celular y una caja
“DVR” de cámaras de seguridad, sin que él consintiera a ello, tanto
ante el Tribunal de Apelaciones como ante esta Curia solo cuestiona
la determinación del foro de instancia en cuanto a la ocupación del
teléfono celular y el registro de su contenido, mas no así respecto a
las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.
11
CC-2014-767
8
la [P]olicía y fue luego que se registró en una unidad
técnica de la [P]olicía”.12
En
cuanto
al
hecho
de
que
la
esposa
del
peticionario fuera la titular de la cuenta del teléfono
celular, la Defensa indica que ello no cambia en nada la
expectativa
de
intimidad
que
tenía
el
peticionario
respecto a la información contenida en la cuenta. Añade
que “[e]n este tipo de caso no es la titularidad de la
cuenta lo que debe importar, sino la autoridad o uso
común con el celular en cuestión, pues la titularidad de
la
cuenta
en
nada
implica
autoridad
común
sobre
el
aparato”. (Énfasis en el original).13
En conclusión, la Defensa expone que no hubo un
consentimiento válido de la esposa del peticionario en
relación
con
la
ocupación
del
teléfono
celular
de
su
marido y que no se demostró que ella tuviera autoridad
común sobre dicho artefacto. En específico, esboza que el
teléfono celular era de uso exclusivo del peticionario y,
además, no se demostró que la esposa de éste tuviera
acceso
al
equipo.
Ante
esto,
reitera
que
el
agente
policíaco no tenía motivos fundados para pedirle a la
esposa del peticionario poder ocupar el teléfono celular
y luego registrarlo sin una orden judicial. Sobre esto,
plantea que “[l]o único que el agente tenía al momento de
ocupar el celular era lo aseverado por la [esposa del
12
Alegato de la parte peticionaria, pág. 21.
13
Alegato de la parte peticionaria, pág. 25.
CC-2014-767
9
peticionario] de que entendía que el peticionario estaba
grabando y tirando fotos con el celular. El agente no vio
nada incriminatorio en su presencia”.14 Por todo lo cual,
expresa
que
la
ocupación
y
posterior
registro
del
teléfono celular fueron contrarios a derecho, ya que nada
impedía que el agente policíaco solicitara una orden de
registro y más cuando de la prueba desfilada no surgió
prueba que demostrara que existía peligro de perder la
“data” del teléfono celular.
Por su parte, la Procuradora General fundamentó su
Alegato
en
que
la
esposa
del
peticionario
le
entregó
voluntariamente el teléfono celular al agente policíaco.
A esos efectos, sostuvo que de un examen minucioso de la
transcripción de la prueba surge que fue la esposa del
peticionario quien le informó al agente que el celular
contenía el video del crimen. Así, cuando el agente le
solicitó su consentimiento para incautar el celular, como
ya lo había hecho con las cámaras de seguridad, la señora
Colón Ugarte respondió de forma inmediata y entregó el
equipo
sin
reservas.
A
su
entender,
era
razonable
concluir que el consentimiento otorgado para incautar el
celular se extendía al registro del mismo.
Por otro lado, en cuanto al argumento esbozado por
el peticionario sobre que la esposa no tenía autoridad
común para consentir, la Procuradora General indicó que
la señora Colón Ugarte no solo era la copropietaria del
14
Alegato de la parte peticionaria, pág. 26.
CC-2014-767
10
teléfono celular cuya ocupación y registro es impugnada,
sino que era la titular de la cuenta de servicio de
telefonía. A esos fines, sostuvo que, a pesar de que el
esposo utilizaba el teléfono celular, la cuenta estaba
registrada bajo su nombre lo que le da autoridad para
disponer
del
celular
y
autorizar
su
ocupación
y
su
registro. Por lo tanto, entiende que nada impedía que
transfiriera su dominio al agente del orden público.
En fin, la Procuradora General sostuvo que este
caso
no
se
trata
de
si
el
peticionario
usaba
exclusivamente el celular, sino de si su esposa tenía
derecho a utilizarlo, especialmente cuando la cuenta de
servicio estaba registrada a su nombre y el equipo fue
adquirido con aportaciones de ambos cónyuges.
III
A.
La
protección
contra
registros,
incautaciones
y
allanamientos irrazonables
Tanto
la
Constitución
que
protegen
incautaciones
Constitución
de
a
de
Puerto
Estados
Unidos
los
ciudadanos
irrazonables
de
contienen
sus
contra
Rico
como
la
disposiciones
registros
hogares,
e
vehículos,
efectos personales o cualquier propiedad o lugar en el
que el ciudadano tenga una expectativa razonable a la
intimidad.15 A esos efectos, la Sec. 10 del Art. II de la
Véase E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y
Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1993, Vol. I, pág. 181.
15
CC-2014-767
11
Constitución de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1, establece lo
siguiente:
No se violará el derecho del pueblo a la
protección de sus personas, casas, papeles y
efectos
contra
registros,
incautaciones
y
allanamientos irrazonables.
No se interceptará la comunicación telefónica.
Sólo se expedirán mandamientos autorizando
registros, allanamientos o arrestos por la
autoridad judicial, y ello únicamente cuando
exista causa probable apoyada en juramento o
afirmación, describiendo particularmente el
lugar a registrarse, y las personas a detenerse
o las cosas a ocuparse.
Evidencia obtenida en violación de esta sección
será inadmisible en los tribunales.
Por su parte, la Cuarta Enmienda de la Constitución
de Estados Unidos, LPRA, Tomo 1, dispone que:
No se violará el derecho del pueblo a la
seguridad de sus personas, hogares, documentos
y
pertenencias,
contra
registros
y
allanamientos irrazonables, y no se expedirá
mandamiento, sino en virtud de causa probable,
apoyado por juramento o promesa, y que describa
en detalle el lugar que ha de ser allanado y
las personas o cosas que han de ser detenidas o
incautadas.
El propósito de estas disposiciones es proteger el
derecho a la intimidad y dignidad del individuo, amparar
sus
documentos
y
pertenencias
frente
a
actuaciones
irrazonables del Estado e interponer la figura del juez
para ofrecer una mayor garantía de razonabilidad a la
intervención con los ciudadanos.16
Pueblo v. Báez López, 189 DPR 918, 927 (2013); Pueblo v. Díaz,
Bonano, 176 DPR 601, 611–612 (2009); Blassini et als. v. Depto. Rec.
Naturales, 176 DPR 454, 463–464 (2009); Pueblo v. Martínez Torres,
120 DPR 496, 500 (1988); ELA v. Coca Cola Bott. Co., 115 DPR 197, 207
(1984).
16
CC-2014-767
12
Ahora bien, cuando se pretenda efectuar un registro
o
allanamiento,
obtener
una
efectos,
como
orden
cuando
regla
judicial
se
alega
general,
previa
una
será
para
necesario
ello.17
violación
al
A
esos
derecho
constitucional contemplado en la Sec. 10 del Art. II de
nuestra Constitución, supra, es necesario determinar si
ocurrió un registro que haya infringido la expectativa
razonable de intimidad que se le reconoce a un individuo
sobre el objeto registrado.18 El ámbito de la prohibición
protege a todos, tanto al sospechoso o conocido ofensor
como al inocente, y se extiende al lugar que sea objeto
del registro.19
Así, en primer lugar es necesario determinar si la
persona
tiene
una
expectativa
razonable
de
intimidad
dentro de las circunstancias particulares que rodean el
caso
y
si
ese
derecho
está
sociedad.20
La
exposición
reconocido
del
objeto
por
nuestra
al
público
determinará la protección constitucional de éste.21 Por
tanto,
un
lugar
u
objeto
estará
protegido
por
el
Pueblo v. Báez López, supra; Pueblo v. Malavé González, 120 DPR
470, 477 (1988).
17
Pueblo v. Báez López, supra, págs.
Rodríguez, 147 DPR 433, 442–443 (1999).
18
928-929;
Pueblo
v.
Ortiz
Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 DPR 356, 363 (1997); Pueblo v.
Acevedo Escobar, 112 DPR 770, 775-776 (1982).
19
Weber Carrillo v. ELA, 190 DPR 688, 701 (2014); Pueblo v. Báez
López, supra, pág. 929; Pueblo v. Ortiz Rodríguez, supra. Véanse,
además: Smith v. Maryland, 442 US 735, 740–741 (1979); Katz v. United
States, 389 US 347 (1967).
20
O.E. Resumil de San Filippo, Derecho procesal penal, New Hampshire,
Ed. Equity, 1990, T. 1, pág. 205.
21
CC-2014-767
13
mencionado
precepto
constitucional
de
acuerdo
a
la
naturaleza de la intrusión gubernamental, la expectativa
de
intimidad
del
ciudadano
y
el
método
investigativo
utilizado.22
En segundo lugar, se deberá establecer un balance
entre la expectativa de intimidad del ciudadano protegida
por la garantía constitucional y los intereses públicos
que
hayan
motivado
la
actuación
estatal.23
Para
ello,
habrá que considerar “la pugna entre la protección de
nuestros ciudadanos y el interés de la sociedad por las
asolaciones perpetuadas por el crimen”.24
B. La expectativa de intimidad en los teléfonos celulares
En Riley v. California, 573 US __ (2014), el Tribunal
Supremo
de
Estados
relacionada
a
la
intromisión)
que
Unidos
atendió
expectativa
de
tiene
una
una
controversia
intimidad
(grado
persona
sobre
un
de
teléfono
celular en comparación a otros objetos que pueda tener
consigo al momento de un arresto. Específicamente, indicó
que
los
teléfonos
celulares
se
diferencian
tanto
cualitativa como cuantitativamente de otros objetos que
pueda
tener
una
persona
consigo
en
la
referida
Pueblo v. Báez López, supra; Pueblo v. Rivera Colón, 128 DPR 672,
683 (1991).
22
Pueblo v. Báez López, supra; Pueblo v. Díaz, Bonano, supra, pág.
613; Pueblo v. Yip Berríos, 142 DPR 386, 409 (1997); Pueblo v. Dolce,
105 DPR 422, 434–435 (1976).
23
24
Pueblo v. Báez López, supra.
CC-2014-767
14
circunstancia.25
Ello,
debido
a
la
gran
cantidad
de
información que almacenan estos equipos.
Así, el máximo foro federal describió estos aparatos
electrónicos de la siguiente forma:
The term “cell phone” is itself misleading
shorthand; many of these devices are in fact
minicomputers that also happen to have the
capacity to be used as a telephone. They could
just as easily be called cameras, video
players, rolodexes, calendars, tape recorders,
libraries, diaries, albums, televisions, maps,
or newspapers.26
Por otro lado, el Tribunal Supremo federal explicó
que “antes de los teléfonos celulares, el registro a una
persona
estaba
tendía,
en
limitado
general,
a
a
las
realidades
constituir
solo
físicas
una
y
intrusión
restringida a la intimidad”. (Traducción nuestra).27 Sin
embargo, esa intromisión no está limitada de la misma
forma cuando se trata de teléfonos celulares. Ello pues,
un
teléfono
almacenar
celular
distintos
puede
tipos
tener
de
la
capacidad
información
tales
para
como
fotografías, mensajes con imágenes, mensajes de texto, el
historial de navegación por Internet, calendario, lista
de números telefónicos, entre otros.28 A esos efectos, el
Tribunal Supremo federal expresó lo siguiente:
25
Riley v. California, 573 US ___ (2014), 134 S.Ct. 2473 (2014).
26
Íd.
Riley v. California, supra. Véase, además, Kerr, Foreword:
Accounting for Technological Change, 36 Harv. J.L. & Pub. Pol’y 403,
404–405 (2013).
27
Riley v. California, supra. Véase, también,
Flores–López, 670 F.3d 803, 806 (C.A.7 2012).
28
United
States
v.
CC-2014-767
15
The storage capacity of cell phones has
several interrelated consequences for privacy.
First, a cell phone collects in one place many
distinct types of information —an address, a
note, a prescription, a bank statement, a
video— that reveal much more in combination
than any isolated record. Second, a cell
phone’s capacity allows even just one type of
information to convey far more than previously
possible. The sum of an individual’s private
life can be reconstructed through a thousand
photographs labeled with dates, locations, and
descriptions; the same cannot be said of a
photograph or two of loved ones tucked into a
wallet. Third, the data on a phone can date
back to the purchase of the phone, or even
earlier. A person might carry in his pocket a
slip of paper reminding him to call Mr. Jones;
he would not carry a record of all his
communications with Mr. Jones for the past
several months, as would routinely be kept on a
phone.
.
.
.
.
.
.
.
.
Finally,
there
is
an
element
of
pervasiveness that characterizes cell phones
but not physical records. Prior to the digital
age, people did not typically carry a cache of
sensitive personal information with them as
they went about their day. Now it is the person
who is not carrying a cell phone, with all that
it contains, who is the exception.
.
.
.
.
.
.
.
.
Allowing the police to scrutinize such
records on a routine basis is quite different
from allowing them to search a personal item or
two in the occasional case.29
Además, en Riley v. California, supra, el máximo
foro federal indicó lo siguiente:
Indeed,
a
cell
phone
search
would
typically expose to the government far more
than the most exhaustive search of a house: A
phone not only contains in digital form many
sensitive records previously found in the home;
it also contains a broad array of private
information never found in a home in any
form[,]
unless
the
phone
is.
(Énfasis
suplido).30
29
Riley v. California, supra.
30
Íd.
CC-2014-767
16
C. El registro consentido por un tercero
Es norma conocida que el hecho de que un objeto haya
sido incautado sin una orden previa de un tribunal, por
sí solo, no conlleva la inadmisibilidad de la evidencia
obtenida.31 Un registro sin una orden judicial activa una
presunción de que éste fue irrazonable e inválido.32 No
obstante,
el
Estado
puede
demostrar
que
las
circunstancias particulares en ese caso justificaron la
intervención
policial
sin
la
referida
orden,
constituyéndose así alguna de las excepciones a la norma
general.33 Algunas de estas situaciones excepcionales son
las siguientes: (1) un registro incidental a un arresto
legal;
(2)
un
registro
consentido
voluntariamente
de
forma expresa o implícita; (3) un registro en situación
de emergencia; (4) una evidencia ocupada en el transcurso
de
una
(6)
persecución;
cuando
el
(5)
una
evidencia
agente
del
orden
a
plena
público
vista;
obtiene
conocimiento de la existencia del material delictivo por
el
olfato;
(8)
un
(7)
registro
abandonada;
(9)
una
evidencia
arrojada
o
abandonada;
una
estructura
o
allanamiento
de
una
evidencia
obtenida
registro administrativo,
durante
un
siempre que se cumpla con las
31
Pueblo v. Báez López, supra, 930.
32
Íd.
Pueblo v. Báez López, supra; Pueblo v. Blase Vázquez, 148 DPR 618,
632–633 (1999); Pueblo v. Santiago Alicea I, 138 DPR 230, 235 (1995);
Pueblo v. Malavé González, 120 DPR 470, 476–477 (1988). Véanse,
también: Missouri v. McNeely, 133 S.Ct. 1552, 185 L.Ed.2d 696 (2013);
Coolidge v. New Hampshire, 403 US 443 (1971).
33
CC-2014-767
17
limitaciones expresadas por este Tribunal en Blassini et
als.
v.
Depto.
Rec.
Naturales,
176
DPR
454
(2009);
(10) un registro tipo inventario, o (11) una evidencia
obtenida
en
utilización
estas
un
de
lugar
canes
excepciones
no
público
para
como
olfatear.
responden
a
resultado
Cabe
reglas
de
la
destacar
que
automáticas
y
deben examinarse a la luz de los hechos específicos de
cada caso.34
Como mencionamos, una de las excepciones reconocidas
a
la
protección
allanamientos
constitucional
irrazonables
contra
ocurre
registros
cuando
media
y
el
consentimiento para el registro.35 A esos efectos, hemos
resuelto
que
válidamente
solo
el
renunciar
a
titular
éste.36
La
del
derecho
renuncia
puede
puede
ser
expresa o tácita, pero se considerarán los siguientes
factores para determinar su validez: (1) si ha habido
fuerza o violencia; (2) si el registro se efectuó después
de un arresto, y (3) si se encontraban presentes otras
personas.37 Además, para que el consentimiento sea válido
es
indispensable
que
sea
prestado
por
la
persona
que
tenga la autoridad para ello y que se haga de manera
Pueblo v. Báez López, supra; Pueblo v. Blase Vázquez, supra, pág.
633; Pueblo v. Miranda Alvarado, supra.
34
Pueblo v. Miranda Alvarado, supra, pág. 364; Pueblo en interés
menor N.O.R., 136 DPR 949 (1994).
35
Pueblo v. Castro Rosario, 125 DPR 164 (1990); Pueblo v. Narváez
Cruz, 121 DPR 429 (1988).
36
37
Pueblo v. Miranda Alvarado, supra.
CC-2014-767
18
voluntaria, es decir, sin que medie coacción directa o
indirecta.38
Por
otro
lado,
este
Tribunal
ha
resuelto
que
la
un
validez
del
consentimiento
prestado
para
realizar
registro
es
una
de
hecho
que
se
haciendo
un
examen
de
totalidad
cuestión
cuidadoso
la
determina
de
las
circunstancias que rodean el caso.39 Para ello, habrá que
evaluar
el
ambiente
en
el
cual
se
presta
el
consentimiento y las características personales de quien
consiente.40
Al
examinar
el
ambiente
existente
cuando
se
consintió al registro, hay que considerar si la persona
que
consintió
maltratada
por
fue
amenazada,
la
Policía;
intimidada
si
descansó
físicamente
o
en
o
promesas
representaciones falsas de la Policía; y si se encontraba
en un lugar público o aislado.41
características
personales
De otra parte, entre las
que
se
examinarán
se
encuentran: (1) la edad; (2) la inteligencia promedio;
(3) la educación; (4) si la persona estaba intoxicada o
bajo la influencia de drogas al momento de prestar el
consentimiento; (5) si la persona consintió luego de ser
informada
38
de
su
derecho
de
rehusarse
a
consentir
o
Pueblo v. Narváez Cruz, supra, pág. 436.
Pueblo v. Miranda Alvarado, supra; Pueblo v. Santiago Alicea I,
supra.
39
40
Íd.
Pueblo v. Miranda Alvarado, supra, pág. 364; Pueblo v. Santiago
Alicea I, supra, pág. 237.
41
CC-2014-767
19
habérsele dado las advertencias “Miranda”; y (6) si había
sido
arrestado
anteriormente
y,
por
lo
tanto,
tenía
conocimiento de las protecciones que provee el sistema
legal a los sospechosos de un delito.42 Cuando la persona
inicialmente no permitió el registro, pero posteriormente
lo
autorizó,
hay
que
la
amenaza
obtenido
ante
consentía
entonces
la
determinar
de
que
Policía
si
el
permiso
fue
si
el
ciudadano
no
una
orden
de
que,
en
obtendría
registro y entraría de todas formas.43
Ahora
bien,
este
Tribunal
ha
reconocido
determinadas situaciones y ante la ausencia del titular
del
derecho,
un
tercero
puede
prestar
válidamente
su
consentimiento para el registro de una propiedad.44 Así,
en Pueblo v. Narváez Cruz, 121 DPR 429 (1988), adoptamos
el criterio establecido por el Tribunal Supremo de Estados
Unidos en United States v. Matlock, 415 US 164 (1974), en
cuanto a que para consentir válidamente a un registro no
se requiere que la persona que presta el consentimiento
posea un interés legal en la propiedad.45 Destacamos que
lo
importante
es
que
posea
“autoridad
común
u
otra
relación suficiente respecto a la propiedad que habrá de
Pueblo v. Santiago Alicea I, supra. Véase, además, U.S. v. Chaidez,
906 F.2d 377 (1990).
42
Pueblo v. Miranda Alvarado, supra; Pueblo v. Santiago Alicea I,
supra.
43
A manera de ejemplo, hemos sostenido la validez del consentimiento
del padre para el registro de la habitación de un hijo menor de edad
que no pagaba la renta, Pueblo ex rel. F.J.M.R., 111 DPR 501 (1981),
y el consentimiento de la hermana del acusado para el allanamiento de
la residencia de éste, Pueblo v. Rivera Romero, 83 DPR 471 (1961).
44
45
Véase, además, Pueblo v. Miranda Alvarado, supra, pág. 365.
CC-2014-767
20
ser registrada”.46 Específicamente, en United States v.
Matlock, supra, pág. 171 esc. 7, se definió el concepto
“autoridad común” de la siguiente forma:
Common authority is, of course, not to be
implied from the mere property interest a third
party has in the property. The authority which
justifies the third-party consent does not rest
upon the law of property, […] but rests rather
on mutual use of the property by persons
generally having joint access or control for
most purposes, so that it is reasonable to
recognize that any of the co-inhabitants has
the right to permit the inspection in his own
right and that the others have assumed the risk
that one of their number might permit the
common area to be searched. (Énfasis suplido).
Así, la “autoridad común” no se basa en el derecho de
propiedad, sino en el uso mutuo de los bienes por personas
que generalmente tienen acceso o control conjunto sobre la
propiedad. En ese sentido, se entiende que cualquiera de
los
cohabitantes
de
una
residencia
puede
consentir
al
registro del área común bajo su propio derecho y que los
demás cohabitantes han asumido el riesgo de que uno de
ellos pudiera permitir el registro.47
Ahora bien, cuando se determina que un objeto es un
efecto personal o que una persona tiene el uso exclusivo
del
mismo,
implica
que
se
ha
cuestionado
ninguna
otra
si
persona
ese
hecho
puede
de
por
sí
consentir
al
registro del área u objeto. Bajo la doctrina de United
States v. Matlock, supra, dicha conclusión no elimina el
Pueblo v. Narváez Cruz, supra, pág. 437; United States v. Matlock,
415 US 164, 171 (1974).
46
W. R. La Fave, Search and Seizure, A Treatise
Amendment, 4ta ed., Eagan, Ed. West, 2004, pág. 193.
47
on
the
Fourth
CC-2014-767
21
riesgo asumido por la persona que deja el objeto en un
lugar al que también tienen acceso otras personas como el
cónyuge.48 Es decir, independientemente del tipo de bien
registrado, lo determinante para que el consentimiento del
tercero sea válido serán las circunstancias en las que se
dejó el bien.
Por lo tanto, bajo la doctrina de asunción de riesgo
de Matlock, el requisito de uso exclusivo no se determina
por el solo hecho de que una persona haya convertido en
una práctica el uso del área u objeto registrado, sino que
se requiere demostrar que al tercero que consiente no
tenía el acceso a dicha área u objeto.49
W. R. La Fave, op. cit. Véanse, además: People v. Stacey, 317
N.E.2d 24 (1974) (La esposa consintió al registro de un gavetero
donde su esposo guardaba la ropa. A pesar de que ella no usaba el
gavetero, el consentimiento fue válido, ya que nunca se le prohibió
el acceso o control del mismo); United States v. Harrison, 679 F.2d
942 (DC Cir. 1982) (La esposa consintió al registro de una caja de
efectos personales de ella y de su esposo que se encontraba en el
sótano); Welch v. United States, 466 A.2d 829 (DC App. 1983) (La
esposa consintió al registro de la oficina de su esposo que se
encontraba en el sótano, la cual ella utilizaba en ocasiones y a la
cual tenía acceso, ya que las llaves permanecían en la cocina de la
casa); People v. Ford, 403 N.E.2d 512 (1980) (La esposa consintió al
registro de una caja de herramientas de su esposo que guardaba en el
sótano. El consentimiento fue válido, ya que el sótano no estaba
cerrado con llave y a la esposa no le habían dado instrucciones de
que no podía utilizar las herramientas); Bruce v. State, 375 N.E.2d
1042 (1978) (La esposa consintió al registro de un gavetero, de un
armario y de un joyero que solo era usado por su esposo, ya que ella
tenía acceso a todas las áreas de la habitación donde se encontraban
esos muebles); Pennington v. State, 913 P.2d 1356 (Okl. Crim. App.
1995) (La esposa consintió al registro de una mochila de su esposo,
la que se encontraba en el sótano a plena vista y accesible a todos
los cohabitantes de la residencia); State v. Gillespie, 569 P.2d 1174
(1977) (La esposa consintió al registro de un abrigo de su esposo que
estaba guardado en un armario que usaba toda la familia).
48
49
W. R. La Fave, op. cit., pág. 194.
CC-2014-767
22
IV
Discutiremos
conjuntamente
los
tres
errores
señalados por estar relacionados. En esencia, la Defensa
sostiene que tanto el Tribunal de Apelaciones como el
Tribunal de Primera Instancia erraron al no suprimir la
información
obtenida
del
teléfono
celular
ocupado,
a
pesar de que dicho teléfono era de uso exclusivo suyo y
de que quien consintió al registro fue su esposa.
La
controversia
determinar
si
el
en
este
registro
caso
del
se
circunscribe
teléfono
celular
a
del
peticionario fue conforme a Derecho. Para ello, debemos
determinar
si
existía
una
expectativa
razonable
de
intimidad sobre el contenido digital del teléfono celular
y
si
el
consentimiento
brindado
por
la
esposa
del
peticionario fue válido.
En cuanto al primer aspecto, y como mencionamos,
actualmente los teléfonos celulares pueden almacenar una
gran
cantidad
de
información.
Las
personas
conservan
datos sobre los lugares que frecuentan, sus condiciones
de
salud,
los
medicamentos
que
utilizan,
los
libros,
periódicos o revistas que leen, los números telefónicos y
direcciones de sus conocidos, entre otra información que
podría revelar detalles íntimos y sensitivos de su vida.
En ese sentido, como expresó el Tribunal Supremo federal
en
Riley
v.
California,
supra,
hoy
día
un
teléfono
celular guarda más información de un individuo de lo que
éste pudiera conservar en su propia casa. Por ello, un
CC-2014-767
23
registro de este tipo podría ser más inquisitivo que un
registro de la residencia de una persona.
Por
consiguiente,
no
tenemos
duda
de
que
el
peticionario tenía una expectativa razonable de intimidad
sobre el contenido digital de su teléfono celular de uso
personal al momento en que se efectuó el registro sin
orden judicial.
En segundo lugar, nos corresponde determinar si el
consentimiento brindado por la esposa del peticionario
para que la Policía registrara e incautara el teléfono
celular de éste fue válido. Como mencionamos, para que un
tercero
pueda
consentir
válidamente
al
registro
e
incautación de un objeto o lugar perteneciente a otra
persona
es
necesario
que
el
tercero
posea
“autoridad
común” sobre el objeto o lugar que se registrará. Ahora
bien, como dispuso el Tribunal Supremo federal en United
States v. Matlock, supra, esa “autoridad común” no se
refiere a la titularidad del bien, sino al uso mutuo de
los bienes por aquellos que generalmente tienen acceso o
control conjunto sobre el bien.
En este caso, si bien es cierto que la titular de la
cuenta del celular del peticionario era su esposa, ese
hecho
de
por
sí
no
es
suficiente
para
validar
el
consentimiento brindado a la Policía para que registraran
el teléfono celular. Ello es contrario a la doctrina de
Matlock que fue adoptada por este Tribunal en Pueblo v.
Narváez
Cruz,
supra,
que
establece
el
requisito
de
CC-2014-767
“autoridad
24
común”
para
que
el
consentimiento
de
un
tercero sea válido. Además, dicha situación tampoco se
ajusta a la realidad fáctica que vivimos. Esto pues, hoy
día
son
muchas
las
personas
que
poseen
teléfonos
celulares bajo planes familiares o grupales, en los que
una sola persona es el titular de varias cuentas, ya que
de
esta
forma
pueden
obtener
tarifas
más
bajas.
Sin
embargo, eso no significa que el titular tenga control o
acceso
a
todos
los
teléfonos
celulares
que
están
incluidos en el plan. De hecho, en ocasiones los usuarios
de los teléfonos celulares ni tan siquiera viven en la
misma residencia del titular de la cuenta.
Por lo tanto, para determinar si el consentimiento
de la esposa del peticionario fue válido es necesario
precisar si la esposa tenía “autoridad común” sobre el
teléfono celular o si, por el contrario, el peticionario
tenía el uso exclusivo del mismo y su esposa no tenía
acceso al contenido del teléfono.
Del testimonio de la esposa surge que, aunque la
cuenta del teléfono celular estaba a su nombre, el mismo
era usado todo el tiempo por el peticionario.50 Ahora
bien, como expusimos anteriormente, el requisito de uso
exclusivo no se determina por el solo hecho de que una
persona haya convertido en una práctica el uso del área u
objeto registrado, sino que se requiere demostrar que el
tercero que consiente no tenía acceso al área u objeto.
50
Transcripción de la vista celebrada el 21 de mayo de 2014, pág. 15.
CC-2014-767
25
Así, cuando la persona que alega poseer el uso exclusivo
del bien no realiza actos afirmativos para proteger su
derecho
a
la
intimidad
sobre
éste,
entonces
asume
el
riesgo de que un tercero adquiera autoridad común sobre
dicho bien.
En el caso de un teléfono celular, este asunto cobra
más importancia aún. La capacidad de almacenamiento y de
funciones que tienen estos equipos hace necesario que su
usuario proteja la información que su teléfono celular
contenga. Así, quien pretende reclamar el uso exclusivo
del teléfono celular que excluya la “autoridad común” con
el titular de la cuenta, debe haber tomado las debidas
precauciones
para
proteger
su
derecho
a
la
intimidad
sobre el mismo. Para ello, la persona tiene siempre la
opción de, en primer lugar, ponerle una contraseña al
teléfono y no compartirla con el tercero titular de la
cuenta. Además, la persona puede tomar otras medidas como
guardarlo en lugares donde el titular de la cuenta no
pueda tener acceso al equipo o realizar cualquier acción
dirigida a evitar que tal persona pueda usar el teléfono
celular y, por ende, no adquiera “autoridad común” sobre
el equipo. Si la persona no toma las debidas precauciones
y
el
titular
mencionado-
con
consiente
consentimiento
sería
autoridad
al
común
registro
válido.
-conforme
del
Claro
hemos
mismo,
dicho
está,
dichas
circunstancias no serían necesarias cuando la persona que
CC-2014-767
26
presta el consentimiento es el usuario exclusivo y tiene
a su vez la titularidad del celular.
Así,
cuando
un
tercero,
que
es
el
titular
del
equipo, consiente al registro del contenido digital de un
teléfono celular del cual el acusado es el dueño de facto
y como tal, quien lo utiliza de ordinario, el Estado
deberá probar que no estaban presentes los elementos que
de forma no taxativa señalamos anteriormente que, unidos
a las demás circunstancias del caso, permitan concluir al
tribunal que entre el tercero titular de la cuenta y el
dueño de facto existe autoridad común sobre el teléfono
celular. De ese modo, la evaluación deberá realizarse
caso a caso.
De la prueba presentada en este caso no surge en qué
condiciones se encontraba el teléfono celular al momento
del registro. Es decir, desconocemos si el aparato tenía
una contraseña y, de haberla tenido, no sabemos si el
peticionario compartió la contraseña con su esposa o si
antes
de
ser
arrestado
le
dio
alguna
instrucción
específica sobre qué hacer con el teléfono celular, que
pueda llevar a pensar a una persona prudente y razonable,
que este objetaba el registro del mismo por parte de la
Policía. Por ello, procede devolver el caso al Tribunal
de Primera Instancia para que evalúe si el peticionario
realizó algún acto dirigido a proteger su derecho a la
intimidad
sobre
el
contenido
digital
de
su
teléfono
celular o si, por el contrario, asumió el riesgo de que
CC-2014-767
su
esposa
27
tuviera
acceso
al
equipo
y,
por
lo
tanto,
pudiera consentir válidamente al registro del teléfono
celular.
V
Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la
determinación del Tribunal de Apelaciones y ordenamos la
devolución del caso al Tribunal de Primera Instancia para
que
evalúe
las
circunstancias
bajo
las
cuales
se
encontraba el teléfono celular al momento del registro y
realice la determinación correspondiente conforme a lo
aquí resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2014-767
Certiorari
José A. López Colón
Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2018.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede la cual se hace formar parte íntegra de
la presente, revocamos la determinación del Tribunal
de Apelaciones y ordenamos la devolución del caso al
Tribunal de Primera Instancia para que evalúe las
circunstancias bajo las cuales se encontraba el
teléfono celular al momento del registro y realice
la determinación correspondiente conforme a lo aquí
resuelto.
Así
lo
pronunció,
manda
el
Tribunal
y
certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La
Juez Presidenta Interina señora Rodríguez Rodríguez
emite Opinión disidente a la cual se une el Juez
Asociado señor Colón Pérez. El Juez Asociado señor
Estrella Martínez emite Opinión disidente. La Jueza
Presidenta Oronoz Rodríguez disiente sin opinión
escrita.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Pueblo de Puerto Rico
Núm. CC-2014-0767
Recurrido
v.
José A. López Colón
Peticionario
Opinión disidente emitida por la Juez Presidenta Interina
señora Rodríguez Rodríguez a la cual se une el Juez
Asociado señor Colón Pérez
San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2018.
En
vista
de
jurisprudencia
que
más
nuestro
reciente
estado
del
de
Derecho
Tribunal
y
la
Supremo
de
Estados Unidos reconocen limitadas excepciones para los
registros y allanamientos sin previa orden judicial de
dispositivos móviles, disiento enérgicamente del curso de
acción tomado por una mayoría de los integrantes de este
Foro. Estimo, además, que el presente caso alberga un
fenómeno socio-tecnológico que amerita la adopción de un
análisis particularizado mediante el cual se establezca
un
delicado
balance
entre
los
intereses
en
pugna;
a
saber, la seguridad ciudadana y el derecho a la intimidad
sobre el contenido digital de un dispositivo móvil. Por
tal razón, a continuación, expongo las razones por las
cuales no puedo dar mi anuencia al criterio que suscribe
una mayoría de este Tribunal.
CC-2014-767
2
I.
En primer lugar, debemos ser conscientes de que en
las pasadas décadas han surgido cambios dramáticos en lo
concerniente
almacenada
a
la
y
forma
en
transmitida.
que
la
Véase
información
Michael
es
Buckland,
Information and Society (MIT Press, 2017), en la pág. 1.
A raíz de tales transformaciones, diversos académicos han
alertado sobre la necesidad de repensar la aplicación de
la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y
su homóloga en la Constitución del Estado Libre Asociado
de
Puerto
Rico
en
controversias
relacionadas
con
la
privacidad e intimidad de la información digital generada
y
almacenada
en
artefactos
electrónicos.
Véase
John
Wesley Hall, Jr., Search and Seizure, Vol. II, 4th ed.
2012,
en
Mercado
las
págs.
Martínez,
Descubrimiento
de
446-48;
Derecho
véase
además,
Alejando
H.
Procesal
Civil
Avanzado:
El
información
electrónica
(e-discovery)
(2017), en la pág. 10. En esencia, el reto ante nuestra
consideración se ciñe a que la protección constitucional
en contra de los registros y allanamientos irrazonables,
y las reconocidas excepciones a ésta, fueron diseñadas
para espacios físicos. De por sí, esto supone que las
analogías de tales doctrinas al mundo digital arrojarán
resultados
incongruentes
constitucionales
de
que
gran
atentan
contra
arraigo
en
el
puertorriqueño, como el derecho a la intimidad.
garantías
derecho
CC-2014-767
Por
3
otra
parte,
como
respuesta
incipiente
a
este
panorama, el Tribunal Supremo de Estados Unidos comenzó a
delinear los contornos particularizados del derecho a la
privacidad e intimidad sobre el contenido digital de un
dispositivo móvil en Riley v. California, 134 S.Ct. 2473,
573
US___(2014).
En
síntesis,
Riley
estableció
que
el
registro de un dispositivo móvil sin una orden judicial
viola
la
Cuarta
Enmienda.
Para
llegar
a
tal
determinación, el Tribunal Supremo federal puntualizó que
la
excepción
invocada
era
del
registro
inaplicable,
incidental
pues
al
dicha
arresto
allí
doctrina
se
desarrolló para el registro de espacios físicos.51 En este
sentido, cabe destacar que una de las virtudes de Riley
es que, dentro de la casuística sobre esta materia, éste
es el primer caso en el cual el Tribunal Supremo federal
optó
por
alejarse
de
la
aplicación
analógica
de
las
doctrinas de excepción para los registros y allanamientos
sin orden judicial. Véase Fourth Amendment in the digital
age NACDL Symposium (2016), en la pág. 28.
Sobre este particular, el Tribunal Supremo federal
dispuso lo siguiente: “A conclusion that inspecting the
contents of an arrestee's pockets works no substantial
additional intrusion on privacy beyond the arrest itself
may make sense as applied to physical items, but more
substantial privacy interests are at stake when digital
data is involved.” Riley v. California, 134 S.Ct. 2473,
2488-91. Véase además, Charles E. MacLean, But, Your
Honor, a Cell Phone is not a Cigarette Pack: An Immodest
Call for a Return to the Chimel Justifications for Cell
Phone Memory Searches Incident to Lawful Arrest, 6 THE
FEDERAL COURTS LAW REVIEW 38 (2012).
51
CC-2014-767
Ahora
4
bien,
y
conforme
a
lo
antes
discutido,
considero un error el análisis adoptado por la Mayoría, o
la falta de uno, para la aplicabilidad de la excepción de
autoridad común invocada en el caso de epígrafe. Como
bien
se
ha
reconocido,
judicial
se
presume
un
registro
irrazonable
y
sin
le
previa
orden
corresponde
al
Ministerio Público invocar afirmativamente alguna de las
excepciones
reconocidas
jurisprudencialmente.
En
el
presente caso, la aplicación analógica de una doctrina
diseñada para un espacio físico –como lo es la doctrina
de autoridad común– poco o nada aporta a la resolución de
la controversia. A su vez, circunscribir la aplicabilidad
de la doctrina de autoridad común a la existencia de una
contraseña, o cualquier otra presunta acción protectora
para salvaguardar el derecho de intimidad, contraviene lo
resuelto en Riley. Ello pues, tal proceder incide en el
grado de protección conferida a la información almacenada
en un dispositivo móvil. Según lo resuelto en Riley, la
expectativa de intimidad sobre la información digital de
un dispositivo móvil surge de la naturaleza misma del
artefacto electrónico y el potencial de éste para generar
y
almacenar
información
tradicionalmente
considerada
privada y sensitiva.
II.
Lamentablemente, una mayoría de este Tribunal, una
vez
más,
aplica
requerimiento
de
irreflexivamente
orden
judicial
una
para
excepción
un
registro
al
y
CC-2014-767
5
allanamiento
con
el
efecto
irremisible
de
limitar
los
derechos constitucionales de nuestra ciudadanía más allá
del
ámbito
mínimo
de
protección
establecido
por
la
jurisprudencia federal. Véase Pueblo v. Báez López, 189
D.P.R.
918
(2013).
La
extemporaneidad
del
análisis
vertido en la Opinión mayoritaria no da cuenta de las
particularidades intrínsecas de un
dispositivo móvil
y
desatiende la norma pautada por el Tribunal Supremo de
Estados Unidos en Riley. Por entender que la doctrina de
autoridad
común
es
inaplicable
al
registro
sin
orden
judicial de un objeto que almacena información íntima y
personalísima de un individuo, disiento del proceder de
una
mayoría.
Contrario
suprimiría
-como
ulterior-
la
a
lo
resuelto
en
la
Opinión,
cuestión
de
Derecho
y
sin
trámite
mediante
el
registro
evidencia
obtenida
ilegal del dispositivo móvil del peticionario.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Presidenta Interina
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
José A. López Colón
CC-2014-767 Certiorari
Peticionario
Opinión disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR
ESTRELLA MARTÍNEZ
San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2018.
Hoy,
una
Mayoría
de
este
Tribunal
trastoca
severamente garantías firmemente arraigadas en nuestra
sociedad democrática y, con ello, peligrosamente diluye
el
derecho
de
intimidad
que
cobija
a
nuestros
ciudadanos con relación al contenido digital de sus
teléfonos celulares. Lejos de conciliar los intereses
en
pugna
intrusión
para
determinar
gubernamental,
injustificadamente
protección
allanamientos
el
la
antepone
interés
constitucional
irrazonables.
“inconveniencia”
que
razonabilidad
pudiera
de
la
desproporcional
e
Estado
sobre
la
registros
y
del
contra
Así,
permite
representar
que
la
para
los
agentes del orden público obtener una orden judicial
previa al registro de un teléfono celular pulverice un
derecho tan fundamental como el de la intimidad. Todo
CC-2014-767
lo
2
anterior,
a
pesar
que
la
persona
no
tenía
el
teléfono celular en su poder y ya se encontraba bajo la
custodia de las autoridades. Es por ello que DISIENTO
del dictamen que hoy se emite.
Examinemos el contexto fáctico y procesal en el
cual
se
desató
la
controversia
ante
nuestra
consideración.
I
El
caso
de
epígrafe
tiene
su
origen
en
hechos
ocurridos el 9 de agosto de 2013, por los cuales se
presentaron denuncias en contra del Sr. José A. López
Colón (señor López Colón o peticionario) por alegadas
infracciones al Artículo 95 del Código Penal de Puerto
Rico, 33 LPRA sec. 5144, y los Artículos 5.04 y 5.15 de
la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA secs. 458c y
458n.
En
esencia,
se
le
imputó
haberle
causado
la
muerte al hermano de su esposa, Sra. Madeline Colón
Ugarte (señora Colón Ugarte o esposa del peticionario),
utilizando un arma de fuego como resultado de súbita
pendencia o arrebato de cólera.
Presentadas
las
acusaciones
y
señalada
la
celebración del juicio en su fondo, el peticionario
solicitó
la
supresión
obtenida
ilegalmente
contra.
Específicamente,
y
de
cierta
se
pretendía
sostuvo
evidencia
que
utilizar
que
en
fue
su
correspondía
suprimir unos videos que fueron obtenidos mediante la
incautación y registro de su teléfono celular de su uso
CC-2014-767
3
exclusivo y de una caja DVR (Digital Video Recorder)
del sistema de cámaras de seguridad de su residencia.
Amparó su solicitud en que los objetos fueron ocupados
y registrados sin una orden judicial, en su ausencia,
mientras estaba arrestado en el cuartel de la Policía,
y
sin
que
brindara
su
consentimiento.
Ello,
en
contravención a las Secciones 8 y 10 del Artículo II de
la Constitución de Puerto Rico, la Cuarta Enmienda de
la
Constitución
federal
y
su
jurisprudencia
interpretativa.
A su vez, alegó que la validez del consentimiento
a un registro por un tercero depende de si la persona
que
consiente
tiene
autoridad
para
ello
y
si
el
ciudadano que reclama la protección contra registros
irrazonables
tiene
una
expectativa
razonable
de
intimidad. En ese sentido, resaltó que la autoridad que
posea el tercero que consiente no se determina a base
del derecho de propiedad sobre el objeto registrado,
sino sobre su uso mutuo por personas que tienen una
legítima expectativa de intimidad. Por su
parte, el
Estado
evidencia
se
opuso
a
la
supresión
de
la
amparándose, esencialmente, en que el peticionario no
cumplió con los requisitos establecidos en la Regla 234
de Procedimiento Criminal, 34 LPRA sec. 234.
Así las cosas, el foro primario celebró una vista
de
supresión
agente
Edgar
de
evidencia
Pérez
Talavera
en
la
cual
(agente
testificó
Pérez
el
Talavera)
CC-2014-767
4
como testigo de cargo, y la señora Colón Ugarte como
testigo de la defensa. Según surge de la transcripción
de la vista celebrada, el agente Pérez Talavera relató
que tras arribar al lugar de los hechos observó que la
escena
estaba
custodiada
por
varios
compañeros
uniformados, por lo cual procedió a realizar un examen
general de la escena. En esa área, que catalogó como
una escena protegida, observó el cuerpo sin vida de una
persona
y
colegio.
notó
que
Asimismo,
residencias
tenía
había
se
varias
percató
cámaras
de
residencias
que
una
seguridad.
y
un
de
las
Luego
de
trabajar la escena y entrevistar a varias personas, se
dirigió hacia la residencia que tenía las cámaras de
seguridad. Para ese entonces, el agente Pérez Talavera
conocía que se trataba de la residencia del señor López
Colón, único sospechoso de la muerte que era objeto de
su
investigación.
consciente
que
el
De
igual
forma,
peticionario
ya
éste
se
estaba
encontraba
detenido en el cuartel de la Policía.
Del mismo modo, testificó que una vez llegó a la
casa del señor López Colón, se encontró con la esposa
de éste, la señora Colón Ugarte, se identificó como
agente de la Policía de Puerto Rico y le notificó que
estaba investigando los hechos ocurridos. Acto seguido,
le preguntó a la esposa del peticionario si le permitía
acceso
a
las
cámaras
de
seguridad
y
procedió
a
registrar el contenido de éstas. Mientras observaba el
CC-2014-767
5
video de los sucesos, se percató que éste tenía un
teléfono celular en la mano. Como consecuencia de ello,
le preguntó a la señora Colón Ugarte por el celular y
ésta le indicó que lo tenía en su poder, por lo cual el
agente Pérez Talavera le solicitó que se lo proveyera.
La esposa del peticionario le proveyó el celular al
agente
y
éste
lo
entregó
a
la
Unidad
Técnica
de
Grabaciones de la Policía para que lo registraran y
sustrajeran videos y fotos.
Es
importante
señalar
que,
a
preguntas
del
representante legal del señor López Colón, el agente
Pérez Talavera afirmó que aun cuando se sentía cómodo
haciendo
su
trabajo
mientras
investigaba
los
hechos
ocurridos, y no existía nada que le impidiera obtener
una
orden
para
incautar
y
registrar
el
teléfono
celular, no era necesario obtener una orden judicial a
esos efectos. Ello, porque la dueña de la residencia
estaba allí y había consentido. Por su parte, la señora
Colón Ugarte testificó que entregó el teléfono celular
al agente, porque entendía que estaba cumpliendo con la
ley y era lo correcto. Además, indicó que nadie le dijo
que podía negarse a entregarlo.
Celebrada la correspondiente vista al amparo de la
Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra, el Tribunal
de
Primera
evidencia,
Instancia
así
oportunamente
como
por
el
denegó
una
la
supresión
reconsideración
peticionario.
de
la
presentada
Concluyó
que
no
CC-2014-767
estaba
eran
en
de
6
controversia
uso
común
que
“los
la
pareja”.
de
artefactos
ocupados
Resolución
del
Tribunal de Primera Instancia de 28 de mayo de 2014,
Apéndice del certiorari, pág. 51. Particularmente, en
lo pertinente, razonó que:
En el caso del celular la señora Colón
testificó y no es un hecho en controversia
que
la
cuenta
que
brindaba
servicio
telefónico a dicho artefacto estaba a su
nombre. Por lo tanto debe entenderse que
esta tenía autoridad sobre el celular y
sobre su contenido por lo cual podía
autorizar a su registro. Íd., págs. 51-52.
Asimismo, en lo atinente al consentimiento de la señora
Colón
Ugarte,
determinó
que
ésta
consintió
a
la
ocupación y registro de los artefactos sin que mediara
coacción, por lo cual no procedía la supresión de la
evidencia.
Inconforme,
Tribunal
de
el
señor
Apelaciones
López
Colón
mediante
un
recurrió
al
recurso
de
certiorari y una moción en auxilio de jurisdicción.
Solicitó la paralización de los procedimientos ante el
foro primario hasta tanto se resolviera el asunto de la
admisibilidad de la prueba obtenida como resultado del
registro de su teléfono celular. Además, señaló que el
Tribunal de Primera Instancia erró al no suprimir tal
evidencia, a pesar que no hubo un consentimiento válido
para la ocupación y posterior registro de su teléfono
celular. De igual modo, sostuvo que el foro primario
incidió al determinar que el sólo hecho de que una
CC-2014-767
persona
7
posea
la
titularidad
de
una
propiedad
le
confiere la autoridad para consentir a su ocupación y
registro por parte de los agentes del orden público.
Por su parte, el Estado se opuso y alegó que el
Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente, toda
vez que la señora Colón Ugarte podía consentir a que el
agente Pérez Talavera entrara a la residencia en la que
vivía con el señor López Colón e incautara la evidencia
que
estimara
incluyendo
pertinente
el
celular
para
de
su
uso
investigación,
exclusivo
del
peticionario. Asimismo, adujo que ésta podía autorizar
al agente a registrar el contenido digital del teléfono
celular
de
forma
irrestricta.
Particularmente,
el
Estado se amparó en que la esposa del peticionario era
la titular de la cuenta del teléfono celular, por lo
cual arguyó que ésta tenía un derecho propietario sobre
el
artefacto
incautación
que
y
le
facultaba
registro.
para
Además,
autorizar
argumentó
que
su
por
tratarse este caso de un registro consentido no era de
aplicabilidad
lo
resuelto
por
el
Tribunal
Supremo
federal en Riley v. California, 134 S. Ct. 2473 (2014).
En la alternativa, el Estado alegó que aún bajo la
premisa
de
que
el
señor
López
Colón
albergara
un
derecho de intimidad sobre el contenido digital de su
teléfono celular de uso exclusivo, su expectativa de
intimidad era limitada. Ello, pues, la señora Colón
Ugarte podía “acceder irrestrictamente a los archivos
CC-2014-767
8
digitales guardados en la unidad como copropietaria de
la unidad celular pues el artefacto aludido no tenía
contraseña de seguridad que impidiera acceder a sus
archivos”. Escrito en Cumplimiento de Orden, Apéndice
del certiorari, págs. 86-87.
Aquilatados los planteamientos de ambas partes, el
foro apelativo intermedio confirmó el dictamen emitido
por el Tribunal de Primera Instancia. Determinó que la
señora Colón Ugarte tenía la autoridad para permitir la
ocupación y registro del teléfono celular. Ello, por
entender que el peticionario asumió el riesgo de que su
esposa
permitiera
registrado
por
que
el
tenerlo
a
teléfono
nombre
celular
de
ella.
fuera
En
ese
sentido, concluyó que el señor López Colón no tenía una
expectativa
de
intimidad
razonable
y
legítima
con
relación al teléfono celular.
En desacuerdo con la determinación del Tribunal
de
Apelaciones,
el
peticionario
mediante
un
recurso
de
auxilio
de
jurisdicción.
compareció
certiorari
En
y
esencia,
ante
nos
moción
en
reproduce
los
una
argumentos presentados ante el foro recurrido en lo
concerniente
a
que
procedía
suprimir
la
evidencia
obtenida del registro sin orden del teléfono celular
que es de su uso exclusivo. Lo anterior, toda vez que
no
consintió
a
tal
registro
y
su
esposa
no
podía
autorizar la ocupación y registro del teléfono celular,
por el mero hecho de ser la titular de la cuenta de
CC-2014-767
éste.
9
Por
su
parte,
el
Estado
reitera
la
postura
esbozada ante los foros recurridos referente a que la
esposa del peticionario brindó un consentimiento válido
al registro del teléfono celular.
Así
las
cosas,
una
Mayoría
de
este
Tribunal
determina desacertadamente que procede devolver el caso
al foro primario “para que evalúe si el peticionario
realizó algún acto dirigido a proteger su derecho a la
intimidad
sobre
su
teléfono
celular
o
si,
por
el
contrario, asumió el riesgo de que su esposa tuviera
acceso al equipo y, por lo tanto, pudiera consentir
válidamente al registro del teléfono celular”. Opinión
mayoritaria, pág. 27.
Por
considerar
que
con
ello
se
diluye
desproporcional e injustificadamente el derecho a la
intimidad de los ciudadanos, DISIENTO.
Con ello en mente, procedo a exponer
el marco
jurídico aplicable.
II
A.
Sabido es que la Sección 10 del Artículo II de la
Constitución de Puerto Rico y la Cuarta Enmienda de la
Constitución federal protegen al ciudadano contra los
registros, incautaciones y allanamientos irrazonables
por parte del Estado. Particularmente, la Sección 10
dispone,
en
lo
pertinente,
que
“[n]o
se
violará
el
derecho del pueblo a la protección de sus personas,
CC-2014-767
casas,
10
papeles
y
efectos
contra
registros,
incautaciones y allanamientos irrazonables”. Art. II,
Sec. 10, Const. ELA, LPRA, Tomo I. De igual forma,
establece
que
autorizando
registros,
autoridad
causa
“sólo
judicial,
probable
se
expedirán
allanamientos
y
apoyada
mandamientos
o
arrestos
ello
únicamente
cuando
en
juramento
o
por
exista
afirmación,
describiendo particularmente el lugar a registrarse, y
las personas a detenerse o las cosas a ocuparse”. Íd.
Además, precisa que la evidencia obtenida en violación
a
los
preceptos
citados
será
inadmisible
en
los
tribunales. Íd. De forma similar, la Cuarta Enmienda de
la Constitución federal establece lo siguiente:
The right of the people to be secure in
their persons, houses, papers, and effects,
against unreasonable searches and seizures,
shall not be violated, and no Warrants shall
issue, but upon probable cause, supported by
Oath
or
affirmation,
and
particularly
describing the place to be searched, and the
persons or things to be seized. Emda. IV,
Const. EE UU, LPRA, Tomo I.
Según
se
desprende
de
las
disposiciones
constitucionales
citadas,
la
intención
de
los
constituyentes fue proteger el derecho de intimidad y
dignidad
del
ser
frente
actuaciones
humano,
amparar
sus
pertenencias
irrazonables
del
Estado,
e
interponer la figura neutral de un juez para garantizar
la razonabilidad de la intervención gubernamental con
los ciudadanos. Pueblo v. Báez López, 189 DPR 918, 927
(2013). Asimismo, queda claro que la Constitución de
CC-2014-767
11
Puerto Rico provee unas garantías más abarcadoras que
la Constitución federal en lo referente a la protección
contra
registros
e
incautaciones
irrazonables.
Íd.,
pág. 928. En ese sentido, adviértase que, a diferencia
de la Constitución federal, la Sección 8 de nuestra
Carta
de
honra,
Derechos
reputación
dispone
para
y
privada
vida
la
protección
de
las
de
la
personas.
Pueblo v. Bonilla, 149 DPR 318, 329 (1999). De esa
manera,
“el
garantía
efecto
conjunto
constitucional
allanamientos
irrazonables
de
esta
cláusula
y
la
contra
registros
y
ha
establecer
el
sido
derecho a la intimidad como uno de los de más alta
jerarquía en nuestro ordenamiento.” Íd.
Al
amparo
Tribunal
ha
de
este
expresado
esquema
que
constitucional,
cuando
se
reclame
este
una
violación a las garantías contenidas en la Sección 10,
resulta imperativo determinar si, en efecto, hubo un
registro que haya vulnerado la expectativa razonable de
intimidad
que
nuestra
sociedad
reconoce.
Íd.,
págs.
329-330; Pueblo v. Báez López, supra, págs. 928-929. En
ese
ejercicio,
es
preciso
establecer
si
la
persona
albergaba una expectativa razonable de intimidad dentro
de las particularidades de cada caso y si tal derecho
está reconocido por nuestros conciudadanos. Pueblo v.
Báez López, supra, pág. 929; Pueblo v. Bonilla, supra,
pág. 330. Así, la aplicabilidad de la protección contra
registros e incautaciones irrazonables dependerá de los
CC-2014-767
12
siguientes elementos: (1) la naturaleza de la intrusión
gubernamental; (2) su efecto sobre la expectativa de
intimidad del ciudadano, y (3) la necesidad y utilidad
del método investigativo utilizado para implantar la
ley. Pueblo v. Báez López, supra, pág. 929.
De
determinarse
razonable
de
que
intimidad
existe
protegida
una
por
expectativa
las
garantías
conferidas en la Sección 10 de nuestra Constitución, y
que
el
Estado
corresponde
en
efecto
examinar
llevó
la
a
cabo
razonabilidad
un
de
registro,
éste.
Íd.;
Pueblo en interés del menor N.O.R., 136 DPR 949, 963964
(1994).
Es
decir,
intervención
será
la
“la
piedra
razonabilidad
angular
constitucional”,
la
cual
intereses
la
expectativa
entre
dependerá
de
del
de
su
de
la
validez
balance
intimidad
de
del
individuo y los intereses públicos que motivaron la
intervención estatal. Pueblo v. Báez López, supra, pág.
929; Pueblo en interés del menor N.O.R., supra, pág.
964.
En armonía con lo anterior, es norma ampliamente
conocida que todo registro, allanamiento o incautación
sin orden judicial previa se presume irrazonable y, por
tanto, ilegal e inválido. Pueblo v. Blase Vázquez, 148
DPR 618, 631 (1999). Cónsono con ello, este Tribunal ha
expresado que cuando se obtiene evidencia sin que medie
una
orden
judicial,
el
Ministerio
Público
tiene
la
obligación de refutar la presunción de ilegalidad y, de
CC-2014-767
13
igual modo, le corresponde establecer los elementos que
configuren una de las excepciones a la regla de obtener
una orden judicial previa. Íd. Por tanto, aunque se han
reconocido
obtener
excepciones
una
orden
al
judicial
mandato
constitucional
de
a
o
previa
un
registro
allanamiento, éstas han sido limitadas a circunstancias
especiales
y
particulares
que
han
sido
definidas
jurisprudencialmente.52 Pueblo v. Miranda Alvarado, 143
DPR 356, 363 (1997). Además, resulta importante señalar
que:
Al decidir si procede eximir a las
autoridades de la necesidad de obtener una
orden judicial de registro, la pregunta no debe
ser sólo si el interés público lo justifica,
sino si el peso de conseguir dicha orden bajo
las
circunstancias
particulares
del
caso,
probablemente
frustraría
el
propósito
gubernamental legítimo que se persigue. Pueblo
v. Bonilla, supra, pág. 334 (énfasis suplido).
B.
En lo pertinente a la controversia ante nos, una
de las excepciones reconocidas al requisito de orden
Particularmente, se han reconocido las siguientes
excepciones al requisito de una orden previa para un
registro válido: (1) un registro incidental a un
arresto
legal;
(2)
un
registro
consentido
voluntariamente de forma expresa o implícita; (3) un
registro en situación de emergencia; (4) una evidencia
ocupada en el transcurso de una persecución; (5)
evidencia a plena vista o percepción por tacto; (6) un
agente del orden público que adviene en conocimiento de
la existencia de material delictivo por el olfato; (7)
evidencia abandonada; (8) registro o allanamiento de
una estructura abandonada; (9) evidencia obtenida
durante un registro administrativo; (10) registro tipo
inventario, y (11) evidencia obtenida en un lugar
público como resultado de la utilización de canes para
olfatear. Pueblo v. Báez López, 189 DPR 918, 930-931
(2013).
52
CC-2014-767
14
judicial previa es cuando media consentimiento para el
registro. Pueblo v. Miranda Alvarado, supra, pág. 364.
En
lo
atinente
expresado
que
a
esta
“sólo
excepción,
el
titular
este
del
Tribunal
derecho
ha
puede
válidamente renunciar a éste”. Íd. (énfasis suplido).
De igual manera, ha establecido que la renuncia puede
ser
expresa
o
tácita.
consentimiento,
se
Para
deben
analizar
la
considerar
validez
los
del
factores
siguientes: (1) si hubo fuerza o violencia; (2) si el
registro se efectuó luego de un arresto, y (3) si había
otras personas presentes. Íd. Asimismo, para que el
consentimiento
indispensable
se
que
determine
sea
prestado
válido
por
la
resulta
persona
con
autoridad para ello y que se haga voluntariamente, sin
que haya mediado coacción directa o indirecta. Íd.
No obstante, este Tribunal también ha reconocido
que, ante la ausencia del titular del derecho y en
determinadas circunstancias, un tercero puede consentir
válidamente al registro de una propiedad.
365.
Particularmente,
consentimiento
sea
ha
resuelto
válido
no
es
que
Íd., pág.
para
que
el
necesario
que
la
persona que lo preste tenga un interés legal en la
propiedad. Ello, de conformidad a la norma establecida
por
el
foro
supremo
federal
en
United
States
Matlock,
415
U.S.
(1974).
Al
amparo
del
164
v.
citado
caso, se ha establecido que lo determinante es que el
tercero
“posea
‘autoridad
común
u
otra
relación
CC-2014-767
15
suficiente respecto a la propiedad que habrá de ser
registrada’”. Pueblo v. Miranda Alvarado, supra, pág.
365; Pueblo v. Narváez Cruz, 121 DPR 429, 437 (1988).
Véase
United
Igualmente,
States
se
ha
v.
Matlock,
interpretado
supra,
que
el
pág.
171.
concepto
de
autoridad común “depende del uso mutuo de la propiedad
por
personas
conjunto
varios
que
[con
generalmente
respecto
propósitos”
reconocer
que
autoridad,
y
a
que,
cualquiera
por
la
derecho
tienen
un
propiedad]
en
cuanto
“es
razonable
por
de
tanto,
los
control
cohabitantes
propio,
para
a
tiene
permitir
la
inspección y que los otros asuman el riesgo de que uno
de ellos permita que el área común sea registrada”.
Pueblo
v.
(énfasis
Miranda
en
el
Alvarado,
original);
supra,
Pueblo
v.
págs.
365-366
Narváez
Cruz,
supra, pág. 437. Véase United States v. Matlock, supra,
pág. 171. A base de ello, este Tribunal ha expresado
que
lo
anterior
implica
que
un
tercero
no
puede
consentir válidamente a que se registre una propiedad
que
está
en
la
posesión
exclusiva
de
otra
persona.
Pueblo v. Narváez Cruz, supra, pág. 437.
Cabe mencionar que en United States v. Matlock,
supra, el máximo foro federal estableció la doctrina
jurisprudencial antes descrita en el contexto de un
consentimiento prestado por un tercero para el registro
sin orden de una casa, incluyendo el cuarto que ocupaba
la
tercera
persona
en
conjunto
con
el
acusado
de
CC-2014-767
16
delito. Como resultado del registro de un closet del
cuarto que ocupaban conjuntamente, se incautó dinero en
efectivo que se encontraba en una bolsa de pañales. A
base de esta evidencia incautada durante el registro
sin orden, se vinculó al acusado con la comisión de un
robo a una institución financiera. El Tribunal Supremo
federal determinó que el registro sin orden fue válido
por el consentimiento brindado por una tercera persona
que compartía el cuarto con el acusado, por lo cual se
admitió la evidencia en el procedimiento en su contra.
En
aquel
entonces,
el
referido
foro
hizo
referencia a Frazier v. Cupp, 394 U.S. 731 (1969), un
caso en el que se declaró válido un registro sin orden,
ya que medió el consentimiento del primo del acusado.
Específicamente, el acusado y su primo compartían el
uso de un bulto, el cual fue registrado por los agentes
del orden público con el consentimiento voluntario del
primo. Como consecuencia de ello, se incautó ropa del
imputado de delito, la cual fue admitida como prueba en
el proceso penal en su contra. El foro supremo rechazó
el planteamiento del acusado a los efectos de que su
primo sólo utilizaba un compartimiento del bulto, por
lo
cual
no
podía
consentir
a
que
se
registrara
indiscriminadamente el interior de éste.
Asimismo, en casos posteriores a United States v.
Matlock, supra, el Tribunal Supremo federal ha validado
registros
sin
orden
de
residencias
cuando
se
ha
CC-2014-767
17
obtenido el consentimiento de un tercero con autoridad
común
o
autoridad
aparente
sobre
la
residencia
del
acusado de delito. Véase Fernández v. California, 134
S. Ct. 1126 (2014); Illinois v. Rodríguez, 497 U.S. 177
(1990).
Ello
ha
admisibilidad
de
registro
orden
sin
resultado,
prueba
de
a
su
obtenida
la
vez,
como
residencia.
No
en
la
parte
del
obstante,
resulta importante destacar que los efectos personales
ocupados en los casos citados consistían de sustancias
controladas y parafernalia que estaban a plena vista,
así como parafernalia utilizada por una conocida ganga
criminal,
una
descripción
cuchilla,
del
ropa
sospechoso
que
del
coincidía
delito
y
con
la
municiones.
Véase Fernández v. California, 134 S. Ct. 1126 (2014);
Illinois v. Rodríguez, 497 U.S. 177 (1990).
De forma similar, en nuestra jurisprudencia se han
validado registros sin orden de residencias y de la
prueba que se incauta en ellas durante el registro.
Ello,
al
amparo
tercero.
Sin
del
consentimiento
embargo,
resalto
prestado
que
se
por
un
trataba
de
escenarios distintos al caso que nos ocupa. A modo de
ejemplo, en Pueblo en interés del menor F.J.M.R., 111
DPR 501 (1981), se validó un registro sin orden de una
residencia, incluyendo el cuarto del menor imputado de
delito,
a
base
padre.
Como
del
consentimiento
resultado
del
prestado
registro
por
su
efectuado,
se
incautaron sustancias controladas que se encontraban a
CC-2014-767
18
plena vista, así como una caja de pañales donde se
halló
un
stereo
que
era
objeto
de
la
querella
presentada. De igual forma, en Pueblo v. Ramos Santos,
132 DPR 363 (1992), se trataba de un imputado de delito
que se encontraba en un apartamento como huésped y la
propietaria
consintió
al
registro
sin
orden
de
la
residencia. Como producto del registro, se incautó la
ropa
húmeda
del
imputado,
la
cual
coincidía
con
la
desarrollada
en
descripción del sospechoso, y sus zapatos.
III
Examinada
la
normativa
jurídica
torno a la protección constitucional contra registros
irrazonables,
así
como
el
consentimiento
prestado
por
excepción
al
requisito
de
marco
doctrinal
del
un
tercero
como
una
previa
orden,
procedo
a
dilucidar la cuestión particular planteada ante nos.
Esto es, ¿fue válido el registro sin orden del teléfono
celular de uso exclusivo del señor López Colón? En aras
de resolver esta interrogante, se debe determinar si el
peticionario
intimidad
albergaba
que
una
resultó
expectativa
vulnerada
por
razonable
la
de
intromisión
gubernamental y, de ser así, si en este caso hubo un
consentimiento
Ugarte
que
válido
por
justificara
el
parte
de
la
registro
señora
sin
orden
Colón
del
contenido digital del teléfono celular.
Como indicamos, el señor López Colón arguye que
correspondía
suprimir
la
evidencia
obtenida
como
CC-2014-767
19
resultado del registro sin orden del contenido de su
teléfono celular. Ello, toda vez que no consintió a tal
registro y su esposa, contrario a lo resuelto por los
foros recurridos, no tenía autoridad para consentir por
el hecho de ser la titular de la cuenta del celular.
Por su parte, el Estado argumenta que la señora Colón
Ugarte podía consentir a que el agente Pérez Talavera
registrara el contenido digital del teléfono celular de
forma irrestricta. Lo anterior, amparándose en que era
la titular de la cuenta del celular. En la alternativa,
aduce
que
albergar
debido
la
el
a
expectativa
señor
que
López
el
de
intimidad
Colón
teléfono
era
que
pudiera
limitada.
celular
no
tenía
Ello,
una
contraseña de seguridad que impidiera que su esposa
accediera
irrestrictamente
a
los
archivos
digitales
guardados en el dispositivo.
Ante ello, una Mayoría de este Tribunal acoge lo
planteado por el Estado en la alternativa y devuelve el
caso al foro primario. Como adelantamos, determina que
quien posea el uso exclusivo de un teléfono celular
debe tomar las debidas precauciones para proteger su
derecho
de
intimidad
y
evitar
que
otros
adquieran
“autoridad común” sobre el equipo. De esa forma, este
Tribunal entiende que si la persona con uso exclusivo
del celular no le pone una contraseña o no lo oculta
para
que
el
titular
de
la
cuenta
no
tenga
acceso,
CC-2014-767
entonces
20
asume
el
riesgo
de
que
éste
consienta
al
registro sin orden de su celular.
Debo aclarar que considero que al amparo de la
doctrina expuesta en United States v. Matlock, supra,
en
determinadas
circunstancias,
“housemate”
podría
consentir
residencia
o
una
de
conjuntamente.
Incluso,
particularidades
lo
incautación
y
un
“roommate”
al
registro
habitación
en
ciertos
permitan,
registro
de
que
se
un
de
la
utilizan
casos
podría
efectos
o
cuyas
validar
personales
la
como
resultado del registro de una residencia. No obstante,
el análisis no puede ser el mismo cuando se trata de un
registro de la información y los datos contenidos en un
teléfono celular. Ello constituiría un gran agravio a
la intimidad del individuo.
Por tanto, sostengo que este caso debió resolverse
a la luz del más reciente pronunciamiento del Tribunal
Supremo
federal
intimidad
que
con
relación
alberga
un
a
la
individuo
expectativa
con
respecto
de
al
contenido digital de su teléfono celular. Abundemos.
A.
En Riley v. California, 134 S. Ct. 2473 (2014), el
máximo
foro
similar
a
federal
la
se
enfrentó
planteada
en
el
a
una
caso
controversia
ante
nuestra
consideración. Específicamente, atendió el asunto de si
un
agente
del
orden
público
podía
registrar
el
contenido digital de un teléfono celular sin una orden
CC-2014-767
21
judicial previa, amparándose en una de las limitadas
excepciones a ese requisito constitucional. En aquel
caso, sin embargo, se planteó como justificación al
registro
sin
orden
que
se
trataba
de
un
registro
incidental a un arresto legal.
El referido foro atendió dos casos consolidados.
En el primero, el acusado fue arrestado válidamente por
infracciones a las leyes de tránsito y poseer armas de
fuego. Los agentes lo registraron y, como resultado de
ello, ocuparon el teléfono celular que éste llevaba en
un bolsillo del pantalón. Posteriormente, se registró
el
contenido
del
celular
orden judicial previa.
incautado
sin
obtener
una
En el segundo caso, el imputado
fue arrestado por aparentemente efectuar una venta de
sustancias controladas desde un vehículo de motor y fue
llevado al cuartel de la Policía. Una vez allí, los
agentes incautaron dos celulares que éste tenía en su
poder. Uno de los celulares estaba recibiendo llamadas
constantes y, ante ello, los agentes registraron el
contenido del celular. Con la información sustraída del
celular, obtuvieron la dirección del apartamento del
acusado, el cual luego registraron con una orden.
Ante
destacó
ante
sí
registro
tales
que
le
las
hechos,
el
más
particularidades
exigían
incidental
resolver
a
un
si
arresto
alto
foro
de
controversia
la
la
federal
excepción
legal
aplicaba
del
al
registro de los teléfonos celulares modernos. En ese
CC-2014-767
22
ejercicio adjudicativo, concluyó que la doctrina del
registro
incidental
a
un
arresto
legal
y
su
jurisprudencia interpretativa no podía extenderse a los
registros del contenido digital de un teléfono celular.
De esa forma, dictaminó sin ambages que su respuesta a
la interrogante de qué debe hacer un agente del orden
público
antes
de
registrar
un
celular
incautado
incidental a un arresto es sencilla: obtener una orden
judicial. Riley v. California, supra, pág. 2495. De
igual
modo,
aclaró
que
ello
no
implicaba
que
el
contenido de un celular es inmune a un registro, sino
que la norma pautada es que generalmente se requerirá
obtener
una
registro.
orden
Ello,
antes
aun
de
cuando
efectuar
el
este
celular
incautado incidental a un arresto válido.
tipo
haya
de
sido
Íd., pág.
2493.
En apoyo a su determinación, el Tribunal Supremo
federal realizó un análisis minucioso y detallado de la
naturaleza de este tipo de dispositivo con capacidad
para almacenar una cantidad inimaginable de información
sobre
la
vida
de
una
persona.
En
ese
sentido,
fue
enfático en que el registro de este tipo de artefacto
digital
no
era
comparable
con
el
registro
de
una
residencia y, mucho menos, de otros efectos personales.
Particularmente, destacó lo siguiente: “[A] cell phone
search would typically expose to the government far
more than the most exhaustive search of a house: A
CC-2014-767
phone
23
not
only
contains
a
broad
array
of
private
information never found in a home in any form - unless
the phone is.” Íd., pág. 2491 (énfasis en el original).
Igualmente,
expuso
que
“[m]odern
cell
phones,
as
a
category, implicate privacy concerns far beyond those
implicated by the search of a cigarette pack, a wallet,
or a purse.” Íd., págs. 2488-2489 (énfasis suplido). En
aras
de
colocar
en
justa
perspectiva
lo
anterior,
explicó que:
The storage capacity of cell phones has
several interrelated consequences for privacy.
First, a cell phone collects in one place many
distinct types of information—an address, a
note, a prescription, a bank statement, a
video—that reveal much more in combination than
any isolated record. Second, a cell phone's
capacity
allows
even
just
one
type
of
information to convey far more than previously
possible. The sum of an individual's private
life can be reconstructed through a thousand
photographs labeled with dates, locations, and
descriptions; the same cannot be said of a
photograph or two of loved ones tucked into a
wallet. Third, the data on a phone can date
back to the purchase of the phone, or even
earlier. A person might carry in his pocket a
slip of paper reminding him to call Mr. Jones;
he would not carry a record of all his
communications with Mr. Jones for the past
several months, as would routinely be kept on a
phone.
Finally,
there
is
an
element
of
pervasiveness that characterizes cell phones
but not physical records. Prior to the digital
age, people did not typically carry a cache of
sensitive personal information with them as
they went about their day. Now it is the person
who is not carrying a cell phone, with all that
it contains, who is the exception. . . .
Allowing the police to scrutinize such records
on a routine basis is quite different from
allowing them to search a personal item or two
CC-2014-767
24
in the occasional case.
(énfasis suplido).
Íd., págs. 2489-2490
B.
En virtud de lo anterior, la controversia traída
ante nuestra consideración exigía que la abordáramos a
la
luz
del
derecho
aplicabilidad
de
la
expuesto,
doctrina
respecto
del
a
la
consentimiento
prestado por un tercero para un registro del contenido
digital de un teléfono celular. Ello, toda vez que no
albergamos
duda
que
en
este
caso
la
intervención
estatal constituyó un registro de un artefacto sobre el
cual
el
señor
López
Colón
tenía
una
expectativa
razonable de intimidad. Tampoco tenemos duda que esa
expectativa es una que nuestra sociedad reconoce como
razonable.
En
razonabilidad
consecuencia,
del
registro
correspondía
efectuado
evaluar
la
balanceando
los
intereses en pugna. Esto es, se debían armonizar el
interés
del
Estado
de
procesar
criminalmente
al
peticionario versus la protección constitucional que le
cobija
a
éste
de
que
no
se
sometan
sus
efectos
personales a registros irrazonables y arbitrarios. Esto
último como corolario de su derecho a la intimidad.
A los fines de examinar la razonabilidad de la
actuación gubernamental, no podía perderse de vista que
por tratarse de un registro efectuado sin una orden
judicial previa, en este caso existía una presunción de
ilegalidad
e
invalidez.
Por
consiguiente,
le
CC-2014-767
25
correspondía al Estado establecer la aplicabilidad de
una de las excepciones al requisito constitucional de
orden previa. Sin embargo, una Mayoría le impone hoy la
carga al ciudadano. A esos efectos, procedía entonces
dilucidar si, ante las particularidades que presenta un
registro del contenido de un teléfono celular, según
reconocido en Riley v. California, supra, aplicaba la
excepción de consentimiento por un tercero.
Enmarcada así la controversia, resultaba forzoso
concluir
que
la
circunstancias
referida
excepción
particulares
de
no
un
aplica
a
las
registro
del
contenido digital de un teléfono celular. Por tanto, el
registro
sin
inválido.
Resolver
lo
serias
nefastas
para
y
orden
en
este
caso
contrario
el
debió
tendrá
derecho
de
declararse
consecuencias
intimidad
que
cobija a todo ciudadano. Como bien advirtió el Tribunal
Supremo
federal
en
Riley
v.
California,
supra,
la
cantidad de información personal que se almacena en
estos dispositivos es ilimitada.
En ese sentido, nótese que tanto la jurisprudencia
federal como la estatal han aplicado la excepción de
consentimiento
por
consiente
registro
producto
al
de
éste,
tercero
se
de
en
escenarios
una
incauta
en
residencia
otra
evidencia
que
y,
se
como
que
se
hallaba a plena vista u objetos que, de registrarse, no
representaban
gran
intrusión
a
la
intimidad.
No
obstante, lo mismo no puede decirse del registro del
CC-2014-767
26
contenido
digital
de
un
teléfono
celular
incautado
durante el registro de una residencia. Los riesgos que
presenta este tipo de registro sin orden superan los
límites
de
lo
que
se
considera
razonable
bajo
la
Sección 10 de nuestra Constitución y la Cuarta Enmienda
de la Constitución federal. Peor aún, resulta innegable
que tan grave intrusión a la intimidad no se justifica
cuando
la
comparamos
con
la
carga
mínima
que
se
impondría al Estado al exigirle que obtenga una orden
judicial previa. Máxime en este caso en que el peso de
conseguir
la
orden
no
frustraría
el
propósito
gubernamental que se persigue. Recuérdese que, según
reconoció el agente Pérez Talavera, el registro sin
orden se efectuó cuando ya la escena del crimen estaba
protegida;
él
se
sentía
cómodo
realizando
su
investigación; el ciudadano no tenía el celular en su
poder
y
se
decir,
nada
encontraba
restringida
le
obtener
impedía
su
una
libertad.
orden
Es
judicial
previa.
Además, valga cuestionarse: ¿Cuál es el mensaje
que
la
agentes
Opinión
del
mayoritaria
orden
le
está
enviando
público?
¿Cómo
éstos
a
los
podrán
determinar si resulta necesario o no obtener una orden
previa para el registro de un teléfono celular? ¿Tendrá
que inquirirle al tercero titular del celular sobre la
dinámica que tiene con el acusado respecto al teléfono
celular?
¿Vendrá
obligado
a
indagar
con
cuánta
CC-2014-767
27
frecuencia
la
tercera
persona
titular
del
celular
utilizaba el celular, si sólo lo usaba para llamadas de
emergencia o si el acusado le dijo que sólo podría
utilizarlo
en
determinadas
preguntarle
al
tercero
circunstancias?
titular
del
¿Deberá
celular
si
el
acusado le puso una contraseña a su teléfono celular o
dónde lo guardaba?
Lejos
de
funcionarios
brindarle
públicos
unas
para
guías
evitar
claras
que
a
estos
incurran
en
intromisiones arbitrarias e irrazonables, le damos mano
libre para soslayar el derecho de intimidad de nuestros
ciudadanos y que, luego, argumenten que tal intrusión
se justifica “porque razonablemente entendieron que la
tercera persona tenía autoridad común aun cuando no la
tenía”.
No obstante todo lo anterior, una Mayoría de este
Tribunal resuelve devolver el asunto al foro primario
para que determine si hubo algún acto del señor López
Colón dirigido a proteger su derecho a la intimidad
sobre su teléfono celular. De lo contrario, entiende
que
éste
tuviera
habrá
acceso
asumido
al
el
equipo
riesgo
y,
por
de
que
su
esposa
lo
tanto,
pudiera
consentir válidamente al registro del teléfono celular.
Dicho de otro modo, ante tan patente quebranto al
derecho de la intimidad de un ciudadano, este Tribunal
pauta
una
norma
injustificadamente
el
cuyo
efecto
es
interés
gubernamental
anteponer
sobre
la
CC-2014-767
28
protección constitucional que salvaguarda el derecho de
los ciudadanos a que el Estado no intervenga de forma
arbitraria e irrazonable con sus efectos personales. De
esa
manera,
echa
por
la
borda
una
arraigada
jurisprudencia y parece olvidar que “[e]l honor y la
intimidad
son
protección
valores
cabal,
no
del
individuo
sólo
frente
que
a
merecen
atentados
provenientes de otros particulares, sino también contra
in[j]erencias abusivas de las autoridades”. 4 Diario de
Sesiones de la Convención Constituyente 2566 (1951).
Tal curso de acción lacera irremediablemente el derecho
de
intimidad
justificarse
del
por
individuo,
la
lo
cual
“inconveniencia”
no
puede
que
podría
representar para los agentes del orden público cumplir
con
el
mandato
constitucional
de
obtener
una
orden
judicial antes de efectuar un registro de un teléfono
celular.
Habida
cuenta
que,
lejos
de
armonizar
los
intereses en pugna, la Opinión mayoritaria permite que
se lesione gravemente el derecho a la intimidad, una de
las garantías de más alta jerarquía en Puerto Rico,
DISIENTO vehementemente.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado