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Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo v. López Colón

2018 TSPR 89

Poder Judicial de Puerto Rico

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El Pueblo v. López Colón

CC-2014-767

Derecho constitucional/Derecho procesal penal: Expectativa de intimidad sobre el contenido digital de un teléfono celular de uso personal. Criterios para determinar si un tercero puede consentir al registro de un teléfono celular del cual es titular, pero es utilizado por otra persona.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

José A. López Colón

Certiorari

2018 TSPR 89

200 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC-2014-767

Fecha: 11 de mayo de 2018

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Mayagüez-Aguadilla.

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Ivandeluis Miranda Vélez

Lcdo. Jesús Miranda Díaz.

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray

Procuradora General.

Lcda. Daphne M. Cordero Guilloty,

Procuradora General Auxiliar.

Materia: Derecho constitucional/Derecho procesal penal - Expectativa

de intimidad sobre el contenido digital de un teléfono celular de

uso personal. Criterios para determinar si un tercero puede

consentir al registro de un teléfono celular del cual es titular,

pero es utilizado por otra persona.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2014-767

Certiorari

José A. López Colón

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff

Caraballo

San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2018.

En esta ocasión, nos corresponde determinar

si

una

persona,

cuenta,

intimidad

tiene

sobre

quien

no

es

el

una

expectativa

el

contenido

titular

de

la

razonable

de

digital

de

su

teléfono celular de uso personal.

Además, debemos evaluar si un tercero puede

consentir al registro de un teléfono celular del

cual es el titular, a pesar de ser utilizado por

otra persona.

I

El

denuncias

Ministerio

contra

el

Público

Sr.

José

presentó

unas

A.

Colón

López

CC-2014-767

2

(peticionario) por violación al Art. 951 del Código Penal

de 2012 e infracciones a los Arts. 5.042 y 5.153 de la Ley

de Armas del 2000. En específico, se le imputó haber

causado

la

muerte

del

Sr.

Nelson

L.

Colón

Ugarte

al

dispararle con un arma de fuego para la cual no tenía

licencia,

ello

como

resultado

de

súbita

pendencia

o

arrebato de cólera. En esa misma fecha se determinó causa

probable para arresto y se fijó fianza en cada uno de los

delitos mencionados. Más adelante, el Ministerio Público

presentó

las

acusaciones

contra

el

peticionario4

y

el

Tribunal de Primera Instancia señaló fecha para juicio.

Así las cosas, la Defensa solicitó la supresión de

una

evidencia

que

el

Ministerio

Público

se

proponía

utilizar en los procedimientos contra el peticionario. En

particular, expresó que se trataba de “un video que [se]

obtuvo mediante la incautación de un teléfono celular, de

uso exclusivo de[l] [peticionario] y otro captado por las

cámaras

de

seguridad

de

la

casa

del

[peticionario],

estando ausente, arrestado al momento de la ocupación,

sin consentir en ningún momento”.5 Esto es, la Policía de

Puerto

Rico

ocupó

unos

artefactos

electrónicos

(un

Homicidio, 33 LPRA sec. 5144. Al momento de los hechos, el delito

se conocía como “homicidio”, más adelante mediante la Ley Núm.

246-2014 se modificó el término a “asesinato atenuado”.

1

2

Portación y uso de armas de fuego sin licencia, 25 LPRA sec. 458c.

3

Disparar o apuntar armas, 25 LPRA sec. 458n.

4

Acusaciones, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 30-35.

Moción de supresión

certiorari, pág. 36.

5

de

evidencia,

Apéndice

de

la

Petición

de

CC-2014-767

teléfono

3

celular

seguridad)6

en

y

la

una

caja

residencia

“DVR”

del

de

cámaras

peticionario,

de

de

los

cuales se obtuvo vídeos y fotos que el Ministerio Público

pretendía utilizar en los procesos.

En

su

petición

de

supresión

de

evidencia,

la

Defensa planteó que la incautación del teléfono celular

que dejó el peticionario en su casa al ser arrestado y

conducido al cuartel constituyó un registro ilegal. En

cuanto

al

asunto

del

consentimiento

prestado

por

un

tercero, la Defensa sustentó su postura en lo expuesto en

Pueblo

v.

Ramos

Santos,

132

DPR

363,

371

(1992),

referente a que “[d]espués de todo, el derecho a que no

se lleven a cabo registros y allanamientos irrazonables,

sin

orden

judicial

previa,

es

personal

y

sólo

puede

renunciar a él la persona a cuyo favor se da, y no un

tercero a su nombre”.

El Ministerio Público solicitó al foro de instancia

que

rechazara

de

plano

la

moción

de

supresión

de

evidencia debido a que era una petición tardía.

Examinados

Tribunal

de

los

Primera

argumentos

de

las

Instancia

denegó

la

partes,

el

moción

de

supresión de evidencia al expresar lo siguiente:

En el presente caso no está en controversia que los

artefactos ocupados eran de uso común de la pareja.

El testimonio de la señora Colón demostró que la

DVR y las cámaras de seguridad habían sido

adquiridas en común por ella y el acusado. Además,

estableció que dichos artefactos electrónicos eran

de uso común de la pareja y para el beneficio y

6

El término “DVR” significa “Digital Video Recorder”.

CC-2014-767

4

disfrute de ambos. Nada en la prueba demostró que

el acusado tuviera una expectativa de intimidad

frente a la señora Colón en cuanto a las cámaras de

seguridad o la DVR. Siendo este el caso la señora

Colón tenía autoridad sobre el contenido de la

grabación y por lo tanto podía consentir a su

registro.

En el caso del celular la señora Colón testificó y

no es un hecho en controversia que la cuenta que

brindaba servicio telefónico a dicho artefacto

estaba a su nombre. Por lo tanto, debe entenderse

que esta tenía autoridad sobre el celular y sobre

su contenido por lo cual podía autorizar a su

registro.

En cuanto al consentimiento la señora Colón

testificó que los agentes no actuaron de manera

intimidante, sino que más bien fueron cordiales.

Que solicitaron permiso para llevarse los aparatos

electrónicos

que

registraron

y

que

ella

voluntariamente

consintió

a

dicho

registro

y

ocupación.

Siendo pues que la señora Colón consintió sin

mediar coacción al registro y la ocupación de los

artefactos sobre los cuales tenía autoridad por ser

la propiedad de aquellos no procede la supresión de

la evidencia.

Es decir, el Tribunal de Primera Instancia sustentó

su decisión en que no estaba en controversia que los

equipos electrónicos incautados eran de uso común del

matrimonio

López-Colón

y

fueron

disfrute

de

ambos

cónyuges.

Ante

esto,

del

peticionario

sí

tenía

beneficio

y

concluyó

que

autoridad

respecto

la

esposa

al

adquiridos

contenido

de

las

para

el

grabaciones

almacenadas en la caja “DVR” de las cámaras de seguridad,

por

cuanto

manera,

podía

consentir

determinó

sustentara

que

que

al

no

a

se

su

registro.

presentó

peticionario

le

De

igual

prueba

que

cobijaba

una

expectativa de intimidad sobre el contenido digital de su

teléfono celular de uso personal.

CC-2014-767

5

Inconforme

con

la

determinación

solicitó

instancia,

la

Defensa

argumentando

que

“[l]a

expectativa

del

foro

de

reconsideración

de

intimidad

que

necesita el [peticionario] como ciudadano para exigir una

Orden

judicial

para

intervenir

con

sus

objetos

y

documentos es frente al Estado y no frente a su esposa.

Por tanto, el hecho de que compartan titularidad de los

bienes

por

la

naturaleza

matrimonio,

no

reduce

enmienda

en

cuanto

nuestro

representado”.7

a

ganancial,

relación

de

lo

reconocido

por

la

la

expectativa

de

intimidad

de

añadió

que

La

Defensa

[C]uarta

“[p]retender que luego de suscitarse una escena violenta

en la que muere el hermano de la Sra. Madeline Colón a

manos de su esposo José A. López Colón permita a ésta

prestar un consentimiento válido, resulta ambicioso pero

más aún, el pensar que la naturaleza ganancial de los

bienes ocupados permita a ésta renunciar a la expectativa

de

intimidad

José

A.

personalísima

López

Colón,

su

perteneciente

marido,

al

entendemos

ciudadano

[n]o

es

conforme a derecho”.8

Así las cosas, el foro de instancia declaró “no ha

lugar” la petición de reconsideración.9 Insatisfecha con

la decisión del foro de instancia, la Defensa presentó

Moción de reconsideración, Apéndice de la Petición de certiorari,

pág. 54.

7

8

Íd., pág. 55.

La copia de la notificación de la Resolución/Orden se archivó en

los autos el 18 de junio de 2014.

9

CC-2014-767

6

una Petición de certiorari junto a una moción en auxilio

de jurisdicción ante el Tribunal de Apelaciones. Por su

parte,

la

Oficina

de

la

Procuradora

General

también

presentó su posición.

Evaluados

los

escritos

de

las

partes,

el

foro

apelativo intermedio confirmó la decisión recurrida.10 El

Tribunal

de

Apelaciones

determinó

que

el

foro

de

instancia no erró al denegar la petición de supresión de

evidencia. En particular, entendió que el peticionario no

tenía una razonable y legítima expectativa de intimidad

con relación al teléfono celular incautado y, además,

resolvió

que

sí

hubo

un

consentimiento

voluntario

y

válido por parte de su esposa, la Sra. Madeline Colón

Ugarte (señora Colón Ugarte), debido a que ésta tenía la

facultad para permitir la ocupación y el registro del

mencionado teléfono celular.

Inconforme con la determinación del foro apelativo

intermedio, la Defensa recurrió ante esta Curia mediante

una Petición de certiorari y una moción en auxilio de

jurisdicción. En su recurso, señaló la comisión de los

errores siguientes:

(1) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al

confirmar al Tribunal de Instancia al no suprimir

la

información

obtenida

del

teléfono

celular

ocupado en el presente caso a pesar de que la

prueba que desfiló sin lugar a dudas demostró que

dicho teléfono celular era de uso exclusivo del

peticionario y éste no consintió a su ocupación.

La copia de la notificación de la Resolución se archivó en los

autos el 18 de agosto de 2014.

10

CC-2014-767

7

(2)

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al

confirmar al Tribunal de Instancia al validar la

ocupación de un teléfono celular por el mero hecho

de que la persona que consintió a la ocupación del

mismo es la dueña registral de la cuenta de dicho

teléfono celular y no su usuaria, sino un tercero

que no consintió a su ocupación y registro.

(3)

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al

confirmar al Tribunal de Instancia al validar un

registro sin orden del teléfono celular del

peticionario sin que mediare consentimiento expreso

ni se solicitara una orden de registro al tribunal.

Expedido el recurso y estando perfeccionado el asunto

ante nuestra consideración, resolvemos.

II

En los méritos de la controversia, la Defensa plantea

que el Estado realizó el registro del contenido digital

del teléfono celular basado en el alegado consentimiento

válido

de

un

esposa

del

–conforme

tercero

con

peticionario.11

a

la

autoridad,

Ante

jurisprudencia

en

esto,

federal

este

caso

la

argumenta

que

y

la

estatal-

esposa del peticionario no cumplía con los criterios de

tercera persona con autoridad para disponer del teléfono

celular

en

controversia,

hubiese

brindado

registro

de

dicho

un

por

lo

que

consentimiento

artefacto.

Sobre

niega

que

ésta

válido

para

el

asunto,

la

este

Defensa añade que “[d]e la transcripción de la prueba, no

surge

que

la

[esposa

del

peticionario]

autorizara

el

registro del celular, simplemente lo entregó a pedido de

En su Alegato, la Defensa aclaró que aunque la moción de supresión

de evidencia presentada ante el Tribunal de Primera Instancia versó

sobre la ocupación y el registro de un teléfono celular y una caja

“DVR” de cámaras de seguridad, sin que él consintiera a ello, tanto

ante el Tribunal de Apelaciones como ante esta Curia solo cuestiona

la determinación del foro de instancia en cuanto a la ocupación del

teléfono celular y el registro de su contenido, mas no así respecto a

las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

11

CC-2014-767

8

la [P]olicía y fue luego que se registró en una unidad

técnica de la [P]olicía”.12

En

cuanto

al

hecho

de

que

la

esposa

del

peticionario fuera la titular de la cuenta del teléfono

celular, la Defensa indica que ello no cambia en nada la

expectativa

de

intimidad

que

tenía

el

peticionario

respecto a la información contenida en la cuenta. Añade

que “[e]n este tipo de caso no es la titularidad de la

cuenta lo que debe importar, sino la autoridad o uso

común con el celular en cuestión, pues la titularidad de

la

cuenta

en

nada

implica

autoridad

común

sobre

el

aparato”. (Énfasis en el original).13

En conclusión, la Defensa expone que no hubo un

consentimiento válido de la esposa del peticionario en

relación

con

la

ocupación

del

teléfono

celular

de

su

marido y que no se demostró que ella tuviera autoridad

común sobre dicho artefacto. En específico, esboza que el

teléfono celular era de uso exclusivo del peticionario y,

además, no se demostró que la esposa de éste tuviera

acceso

al

equipo.

Ante

esto,

reitera

que

el

agente

policíaco no tenía motivos fundados para pedirle a la

esposa del peticionario poder ocupar el teléfono celular

y luego registrarlo sin una orden judicial. Sobre esto,

plantea que “[l]o único que el agente tenía al momento de

ocupar el celular era lo aseverado por la [esposa del

12

Alegato de la parte peticionaria, pág. 21.

13

Alegato de la parte peticionaria, pág. 25.

CC-2014-767

9

peticionario] de que entendía que el peticionario estaba

grabando y tirando fotos con el celular. El agente no vio

nada incriminatorio en su presencia”.14 Por todo lo cual,

expresa

que

la

ocupación

y

posterior

registro

del

teléfono celular fueron contrarios a derecho, ya que nada

impedía que el agente policíaco solicitara una orden de

registro y más cuando de la prueba desfilada no surgió

prueba que demostrara que existía peligro de perder la

“data” del teléfono celular.

Por su parte, la Procuradora General fundamentó su

Alegato

en

que

la

esposa

del

peticionario

le

entregó

voluntariamente el teléfono celular al agente policíaco.

A esos efectos, sostuvo que de un examen minucioso de la

transcripción de la prueba surge que fue la esposa del

peticionario quien le informó al agente que el celular

contenía el video del crimen. Así, cuando el agente le

solicitó su consentimiento para incautar el celular, como

ya lo había hecho con las cámaras de seguridad, la señora

Colón Ugarte respondió de forma inmediata y entregó el

equipo

sin

reservas.

A

su

entender,

era

razonable

concluir que el consentimiento otorgado para incautar el

celular se extendía al registro del mismo.

Por otro lado, en cuanto al argumento esbozado por

el peticionario sobre que la esposa no tenía autoridad

común para consentir, la Procuradora General indicó que

la señora Colón Ugarte no solo era la copropietaria del

14

Alegato de la parte peticionaria, pág. 26.

CC-2014-767

10

teléfono celular cuya ocupación y registro es impugnada,

sino que era la titular de la cuenta de servicio de

telefonía. A esos fines, sostuvo que, a pesar de que el

esposo utilizaba el teléfono celular, la cuenta estaba

registrada bajo su nombre lo que le da autoridad para

disponer

del

celular

y

autorizar

su

ocupación

y

su

registro. Por lo tanto, entiende que nada impedía que

transfiriera su dominio al agente del orden público.

En fin, la Procuradora General sostuvo que este

caso

no

se

trata

de

si

el

peticionario

usaba

exclusivamente el celular, sino de si su esposa tenía

derecho a utilizarlo, especialmente cuando la cuenta de

servicio estaba registrada a su nombre y el equipo fue

adquirido con aportaciones de ambos cónyuges.

III

A.

La

protección

contra

registros,

incautaciones

y

allanamientos irrazonables

Tanto

la

Constitución

que

protegen

incautaciones

Constitución

de

a

de

Puerto

Estados

Unidos

los

ciudadanos

irrazonables

de

contienen

sus

contra

Rico

como

la

disposiciones

registros

hogares,

e

vehículos,

efectos personales o cualquier propiedad o lugar en el

que el ciudadano tenga una expectativa razonable a la

intimidad.15 A esos efectos, la Sec. 10 del Art. II de la

Véase E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y

Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1993, Vol. I, pág. 181.

15

CC-2014-767

11

Constitución de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1, establece lo

siguiente:

No se violará el derecho del pueblo a la

protección de sus personas, casas, papeles y

efectos

contra

registros,

incautaciones

y

allanamientos irrazonables.

No se interceptará la comunicación telefónica.

Sólo se expedirán mandamientos autorizando

registros, allanamientos o arrestos por la

autoridad judicial, y ello únicamente cuando

exista causa probable apoyada en juramento o

afirmación, describiendo particularmente el

lugar a registrarse, y las personas a detenerse

o las cosas a ocuparse.

Evidencia obtenida en violación de esta sección

será inadmisible en los tribunales.

Por su parte, la Cuarta Enmienda de la Constitución

de Estados Unidos, LPRA, Tomo 1, dispone que:

No se violará el derecho del pueblo a la

seguridad de sus personas, hogares, documentos

y

pertenencias,

contra

registros

y

allanamientos irrazonables, y no se expedirá

mandamiento, sino en virtud de causa probable,

apoyado por juramento o promesa, y que describa

en detalle el lugar que ha de ser allanado y

las personas o cosas que han de ser detenidas o

incautadas.

El propósito de estas disposiciones es proteger el

derecho a la intimidad y dignidad del individuo, amparar

sus

documentos

y

pertenencias

frente

a

actuaciones

irrazonables del Estado e interponer la figura del juez

para ofrecer una mayor garantía de razonabilidad a la

intervención con los ciudadanos.16

Pueblo v. Báez López, 189 DPR 918, 927 (2013); Pueblo v. Díaz,

Bonano, 176 DPR 601, 611–612 (2009); Blassini et als. v. Depto. Rec.

Naturales, 176 DPR 454, 463–464 (2009); Pueblo v. Martínez Torres,

120 DPR 496, 500 (1988); ELA v. Coca Cola Bott. Co., 115 DPR 197, 207

(1984).

16

CC-2014-767

12

Ahora bien, cuando se pretenda efectuar un registro

o

allanamiento,

obtener

una

efectos,

como

orden

cuando

regla

judicial

se

alega

general,

previa

una

será

para

necesario

ello.17

violación

al

A

esos

derecho

constitucional contemplado en la Sec. 10 del Art. II de

nuestra Constitución, supra, es necesario determinar si

ocurrió un registro que haya infringido la expectativa

razonable de intimidad que se le reconoce a un individuo

sobre el objeto registrado.18 El ámbito de la prohibición

protege a todos, tanto al sospechoso o conocido ofensor

como al inocente, y se extiende al lugar que sea objeto

del registro.19

Así, en primer lugar es necesario determinar si la

persona

tiene

una

expectativa

razonable

de

intimidad

dentro de las circunstancias particulares que rodean el

caso

y

si

ese

derecho

está

sociedad.20

La

exposición

reconocido

del

objeto

por

nuestra

al

público

determinará la protección constitucional de éste.21 Por

tanto,

un

lugar

u

objeto

estará

protegido

por

el

Pueblo v. Báez López, supra; Pueblo v. Malavé González, 120 DPR

470, 477 (1988).

17

Pueblo v. Báez López, supra, págs.

Rodríguez, 147 DPR 433, 442–443 (1999).

18

928-929;

Pueblo

v.

Ortiz

Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 DPR 356, 363 (1997); Pueblo v.

Acevedo Escobar, 112 DPR 770, 775-776 (1982).

19

Weber Carrillo v. ELA, 190 DPR 688, 701 (2014); Pueblo v. Báez

López, supra, pág. 929; Pueblo v. Ortiz Rodríguez, supra. Véanse,

además: Smith v. Maryland, 442 US 735, 740–741 (1979); Katz v. United

States, 389 US 347 (1967).

20

O.E. Resumil de San Filippo, Derecho procesal penal, New Hampshire,

Ed. Equity, 1990, T. 1, pág. 205.

21

CC-2014-767

13

mencionado

precepto

constitucional

de

acuerdo

a

la

naturaleza de la intrusión gubernamental, la expectativa

de

intimidad

del

ciudadano

y

el

método

investigativo

utilizado.22

En segundo lugar, se deberá establecer un balance

entre la expectativa de intimidad del ciudadano protegida

por la garantía constitucional y los intereses públicos

que

hayan

motivado

la

actuación

estatal.23

Para

ello,

habrá que considerar “la pugna entre la protección de

nuestros ciudadanos y el interés de la sociedad por las

asolaciones perpetuadas por el crimen”.24

B. La expectativa de intimidad en los teléfonos celulares

En Riley v. California, 573 US __ (2014), el Tribunal

Supremo

de

Estados

relacionada

a

la

intromisión)

que

Unidos

atendió

expectativa

de

tiene

una

una

controversia

intimidad

(grado

persona

sobre

un

de

teléfono

celular en comparación a otros objetos que pueda tener

consigo al momento de un arresto. Específicamente, indicó

que

los

teléfonos

celulares

se

diferencian

tanto

cualitativa como cuantitativamente de otros objetos que

pueda

tener

una

persona

consigo

en

la

referida

Pueblo v. Báez López, supra; Pueblo v. Rivera Colón, 128 DPR 672,

683 (1991).

22

Pueblo v. Báez López, supra; Pueblo v. Díaz, Bonano, supra, pág.

613; Pueblo v. Yip Berríos, 142 DPR 386, 409 (1997); Pueblo v. Dolce,

105 DPR 422, 434–435 (1976).

23

24

Pueblo v. Báez López, supra.

CC-2014-767

14

circunstancia.25

Ello,

debido

a

la

gran

cantidad

de

información que almacenan estos equipos.

Así, el máximo foro federal describió estos aparatos

electrónicos de la siguiente forma:

The term “cell phone” is itself misleading

shorthand; many of these devices are in fact

minicomputers that also happen to have the

capacity to be used as a telephone. They could

just as easily be called cameras, video

players, rolodexes, calendars, tape recorders,

libraries, diaries, albums, televisions, maps,

or newspapers.26

Por otro lado, el Tribunal Supremo federal explicó

que “antes de los teléfonos celulares, el registro a una

persona

estaba

tendía,

en

limitado

general,

a

a

las

realidades

constituir

solo

físicas

una

y

intrusión

restringida a la intimidad”. (Traducción nuestra).27 Sin

embargo, esa intromisión no está limitada de la misma

forma cuando se trata de teléfonos celulares. Ello pues,

un

teléfono

almacenar

celular

distintos

puede

tipos

tener

de

la

capacidad

información

tales

para

como

fotografías, mensajes con imágenes, mensajes de texto, el

historial de navegación por Internet, calendario, lista

de números telefónicos, entre otros.28 A esos efectos, el

Tribunal Supremo federal expresó lo siguiente:

25

Riley v. California, 573 US ___ (2014), 134 S.Ct. 2473 (2014).

26

Íd.

Riley v. California, supra. Véase, además, Kerr, Foreword:

Accounting for Technological Change, 36 Harv. J.L. & Pub. Pol’y 403,

404–405 (2013).

27

Riley v. California, supra. Véase, también,

Flores–López, 670 F.3d 803, 806 (C.A.7 2012).

28

United

States

v.

CC-2014-767

15

The storage capacity of cell phones has

several interrelated consequences for privacy.

First, a cell phone collects in one place many

distinct types of information —an address, a

note, a prescription, a bank statement, a

video— that reveal much more in combination

than any isolated record. Second, a cell

phone’s capacity allows even just one type of

information to convey far more than previously

possible. The sum of an individual’s private

life can be reconstructed through a thousand

photographs labeled with dates, locations, and

descriptions; the same cannot be said of a

photograph or two of loved ones tucked into a

wallet. Third, the data on a phone can date

back to the purchase of the phone, or even

earlier. A person might carry in his pocket a

slip of paper reminding him to call Mr. Jones;

he would not carry a record of all his

communications with Mr. Jones for the past

several months, as would routinely be kept on a

phone.

.

.

.

.

.

.

.

.

Finally,

there

is

an

element

of

pervasiveness that characterizes cell phones

but not physical records. Prior to the digital

age, people did not typically carry a cache of

sensitive personal information with them as

they went about their day. Now it is the person

who is not carrying a cell phone, with all that

it contains, who is the exception.

.

.

.

.

.

.

.

.

Allowing the police to scrutinize such

records on a routine basis is quite different

from allowing them to search a personal item or

two in the occasional case.29

Además, en Riley v. California, supra, el máximo

foro federal indicó lo siguiente:

Indeed,

a

cell

phone

search

would

typically expose to the government far more

than the most exhaustive search of a house: A

phone not only contains in digital form many

sensitive records previously found in the home;

it also contains a broad array of private

information never found in a home in any

form[,]

unless

the

phone

is.

(Énfasis

suplido).30

29

Riley v. California, supra.

30

Íd.

CC-2014-767

16

C. El registro consentido por un tercero

Es norma conocida que el hecho de que un objeto haya

sido incautado sin una orden previa de un tribunal, por

sí solo, no conlleva la inadmisibilidad de la evidencia

obtenida.31 Un registro sin una orden judicial activa una

presunción de que éste fue irrazonable e inválido.32 No

obstante,

el

Estado

puede

demostrar

que

las

circunstancias particulares en ese caso justificaron la

intervención

policial

sin

la

referida

orden,

constituyéndose así alguna de las excepciones a la norma

general.33 Algunas de estas situaciones excepcionales son

las siguientes: (1) un registro incidental a un arresto

legal;

(2)

un

registro

consentido

voluntariamente

de

forma expresa o implícita; (3) un registro en situación

de emergencia; (4) una evidencia ocupada en el transcurso

de

una

(6)

persecución;

cuando

el

(5)

una

evidencia

agente

del

orden

a

plena

público

vista;

obtiene

conocimiento de la existencia del material delictivo por

el

olfato;

(8)

un

(7)

registro

abandonada;

(9)

una

evidencia

arrojada

o

abandonada;

una

estructura

o

allanamiento

de

una

evidencia

obtenida

registro administrativo,

durante

un

siempre que se cumpla con las

31

Pueblo v. Báez López, supra, 930.

32

Íd.

Pueblo v. Báez López, supra; Pueblo v. Blase Vázquez, 148 DPR 618,

632–633 (1999); Pueblo v. Santiago Alicea I, 138 DPR 230, 235 (1995);

Pueblo v. Malavé González, 120 DPR 470, 476–477 (1988). Véanse,

también: Missouri v. McNeely, 133 S.Ct. 1552, 185 L.Ed.2d 696 (2013);

Coolidge v. New Hampshire, 403 US 443 (1971).

33

CC-2014-767

17

limitaciones expresadas por este Tribunal en Blassini et

als.

v.

Depto.

Rec.

Naturales,

176

DPR

454

(2009);

(10) un registro tipo inventario, o (11) una evidencia

obtenida

en

utilización

estas

un

de

lugar

canes

excepciones

no

público

para

como

olfatear.

responden

a

resultado

Cabe

reglas

de

la

destacar

que

automáticas

y

deben examinarse a la luz de los hechos específicos de

cada caso.34

Como mencionamos, una de las excepciones reconocidas

a

la

protección

allanamientos

constitucional

irrazonables

contra

ocurre

registros

cuando

media

y

el

consentimiento para el registro.35 A esos efectos, hemos

resuelto

que

válidamente

solo

el

renunciar

a

titular

éste.36

La

del

derecho

renuncia

puede

puede

ser

expresa o tácita, pero se considerarán los siguientes

factores para determinar su validez: (1) si ha habido

fuerza o violencia; (2) si el registro se efectuó después

de un arresto, y (3) si se encontraban presentes otras

personas.37 Además, para que el consentimiento sea válido

es

indispensable

que

sea

prestado

por

la

persona

que

tenga la autoridad para ello y que se haga de manera

Pueblo v. Báez López, supra; Pueblo v. Blase Vázquez, supra, pág.

633; Pueblo v. Miranda Alvarado, supra.

34

Pueblo v. Miranda Alvarado, supra, pág. 364; Pueblo en interés

menor N.O.R., 136 DPR 949 (1994).

35

Pueblo v. Castro Rosario, 125 DPR 164 (1990); Pueblo v. Narváez

Cruz, 121 DPR 429 (1988).

36

37

Pueblo v. Miranda Alvarado, supra.

CC-2014-767

18

voluntaria, es decir, sin que medie coacción directa o

indirecta.38

Por

otro

lado,

este

Tribunal

ha

resuelto

que

la

un

validez

del

consentimiento

prestado

para

realizar

registro

es

una

de

hecho

que

se

haciendo

un

examen

de

totalidad

cuestión

cuidadoso

la

determina

de

las

circunstancias que rodean el caso.39 Para ello, habrá que

evaluar

el

ambiente

en

el

cual

se

presta

el

consentimiento y las características personales de quien

consiente.40

Al

examinar

el

ambiente

existente

cuando

se

consintió al registro, hay que considerar si la persona

que

consintió

maltratada

por

fue

amenazada,

la

Policía;

intimidada

si

descansó

físicamente

o

en

o

promesas

representaciones falsas de la Policía; y si se encontraba

en un lugar público o aislado.41

características

personales

De otra parte, entre las

que

se

examinarán

se

encuentran: (1) la edad; (2) la inteligencia promedio;

(3) la educación; (4) si la persona estaba intoxicada o

bajo la influencia de drogas al momento de prestar el

consentimiento; (5) si la persona consintió luego de ser

informada

38

de

su

derecho

de

rehusarse

a

consentir

o

Pueblo v. Narváez Cruz, supra, pág. 436.

Pueblo v. Miranda Alvarado, supra; Pueblo v. Santiago Alicea I,

supra.

39

40

Íd.

Pueblo v. Miranda Alvarado, supra, pág. 364; Pueblo v. Santiago

Alicea I, supra, pág. 237.

41

CC-2014-767

19

habérsele dado las advertencias “Miranda”; y (6) si había

sido

arrestado

anteriormente

y,

por

lo

tanto,

tenía

conocimiento de las protecciones que provee el sistema

legal a los sospechosos de un delito.42 Cuando la persona

inicialmente no permitió el registro, pero posteriormente

lo

autorizó,

hay

que

la

amenaza

obtenido

ante

consentía

entonces

la

determinar

de

que

Policía

si

el

permiso

fue

si

el

ciudadano

no

una

orden

de

que,

en

obtendría

registro y entraría de todas formas.43

Ahora

bien,

este

Tribunal

ha

reconocido

determinadas situaciones y ante la ausencia del titular

del

derecho,

un

tercero

puede

prestar

válidamente

su

consentimiento para el registro de una propiedad.44 Así,

en Pueblo v. Narváez Cruz, 121 DPR 429 (1988), adoptamos

el criterio establecido por el Tribunal Supremo de Estados

Unidos en United States v. Matlock, 415 US 164 (1974), en

cuanto a que para consentir válidamente a un registro no

se requiere que la persona que presta el consentimiento

posea un interés legal en la propiedad.45 Destacamos que

lo

importante

es

que

posea

“autoridad

común

u

otra

relación suficiente respecto a la propiedad que habrá de

Pueblo v. Santiago Alicea I, supra. Véase, además, U.S. v. Chaidez,

906 F.2d 377 (1990).

42

Pueblo v. Miranda Alvarado, supra; Pueblo v. Santiago Alicea I,

supra.

43

A manera de ejemplo, hemos sostenido la validez del consentimiento

del padre para el registro de la habitación de un hijo menor de edad

que no pagaba la renta, Pueblo ex rel. F.J.M.R., 111 DPR 501 (1981),

y el consentimiento de la hermana del acusado para el allanamiento de

la residencia de éste, Pueblo v. Rivera Romero, 83 DPR 471 (1961).

44

45

Véase, además, Pueblo v. Miranda Alvarado, supra, pág. 365.

CC-2014-767

20

ser registrada”.46 Específicamente, en United States v.

Matlock, supra, pág. 171 esc. 7, se definió el concepto

“autoridad común” de la siguiente forma:

Common authority is, of course, not to be

implied from the mere property interest a third

party has in the property. The authority which

justifies the third-party consent does not rest

upon the law of property, […] but rests rather

on mutual use of the property by persons

generally having joint access or control for

most purposes, so that it is reasonable to

recognize that any of the co-inhabitants has

the right to permit the inspection in his own

right and that the others have assumed the risk

that one of their number might permit the

common area to be searched. (Énfasis suplido).

Así, la “autoridad común” no se basa en el derecho de

propiedad, sino en el uso mutuo de los bienes por personas

que generalmente tienen acceso o control conjunto sobre la

propiedad. En ese sentido, se entiende que cualquiera de

los

cohabitantes

de

una

residencia

puede

consentir

al

registro del área común bajo su propio derecho y que los

demás cohabitantes han asumido el riesgo de que uno de

ellos pudiera permitir el registro.47

Ahora bien, cuando se determina que un objeto es un

efecto personal o que una persona tiene el uso exclusivo

del

mismo,

implica

que

se

ha

cuestionado

ninguna

otra

si

persona

ese

hecho

puede

de

por

sí

consentir

al

registro del área u objeto. Bajo la doctrina de United

States v. Matlock, supra, dicha conclusión no elimina el

Pueblo v. Narváez Cruz, supra, pág. 437; United States v. Matlock,

415 US 164, 171 (1974).

46

W. R. La Fave, Search and Seizure, A Treatise

Amendment, 4ta ed., Eagan, Ed. West, 2004, pág. 193.

47

on

the

Fourth

CC-2014-767

21

riesgo asumido por la persona que deja el objeto en un

lugar al que también tienen acceso otras personas como el

cónyuge.48 Es decir, independientemente del tipo de bien

registrado, lo determinante para que el consentimiento del

tercero sea válido serán las circunstancias en las que se

dejó el bien.

Por lo tanto, bajo la doctrina de asunción de riesgo

de Matlock, el requisito de uso exclusivo no se determina

por el solo hecho de que una persona haya convertido en

una práctica el uso del área u objeto registrado, sino que

se requiere demostrar que al tercero que consiente no

tenía el acceso a dicha área u objeto.49

W. R. La Fave, op. cit. Véanse, además: People v. Stacey, 317

N.E.2d 24 (1974) (La esposa consintió al registro de un gavetero

donde su esposo guardaba la ropa. A pesar de que ella no usaba el

gavetero, el consentimiento fue válido, ya que nunca se le prohibió

el acceso o control del mismo); United States v. Harrison, 679 F.2d

942 (DC Cir. 1982) (La esposa consintió al registro de una caja de

efectos personales de ella y de su esposo que se encontraba en el

sótano); Welch v. United States, 466 A.2d 829 (DC App. 1983) (La

esposa consintió al registro de la oficina de su esposo que se

encontraba en el sótano, la cual ella utilizaba en ocasiones y a la

cual tenía acceso, ya que las llaves permanecían en la cocina de la

casa); People v. Ford, 403 N.E.2d 512 (1980) (La esposa consintió al

registro de una caja de herramientas de su esposo que guardaba en el

sótano. El consentimiento fue válido, ya que el sótano no estaba

cerrado con llave y a la esposa no le habían dado instrucciones de

que no podía utilizar las herramientas); Bruce v. State, 375 N.E.2d

1042 (1978) (La esposa consintió al registro de un gavetero, de un

armario y de un joyero que solo era usado por su esposo, ya que ella

tenía acceso a todas las áreas de la habitación donde se encontraban

esos muebles); Pennington v. State, 913 P.2d 1356 (Okl. Crim. App.

1995) (La esposa consintió al registro de una mochila de su esposo,

la que se encontraba en el sótano a plena vista y accesible a todos

los cohabitantes de la residencia); State v. Gillespie, 569 P.2d 1174

(1977) (La esposa consintió al registro de un abrigo de su esposo que

estaba guardado en un armario que usaba toda la familia).

48

49

W. R. La Fave, op. cit., pág. 194.

CC-2014-767

22

IV

Discutiremos

conjuntamente

los

tres

errores

señalados por estar relacionados. En esencia, la Defensa

sostiene que tanto el Tribunal de Apelaciones como el

Tribunal de Primera Instancia erraron al no suprimir la

información

obtenida

del

teléfono

celular

ocupado,

a

pesar de que dicho teléfono era de uso exclusivo suyo y

de que quien consintió al registro fue su esposa.

La

controversia

determinar

si

el

en

este

registro

caso

del

se

circunscribe

teléfono

celular

a

del

peticionario fue conforme a Derecho. Para ello, debemos

determinar

si

existía

una

expectativa

razonable

de

intimidad sobre el contenido digital del teléfono celular

y

si

el

consentimiento

brindado

por

la

esposa

del

peticionario fue válido.

En cuanto al primer aspecto, y como mencionamos,

actualmente los teléfonos celulares pueden almacenar una

gran

cantidad

de

información.

Las

personas

conservan

datos sobre los lugares que frecuentan, sus condiciones

de

salud,

los

medicamentos

que

utilizan,

los

libros,

periódicos o revistas que leen, los números telefónicos y

direcciones de sus conocidos, entre otra información que

podría revelar detalles íntimos y sensitivos de su vida.

En ese sentido, como expresó el Tribunal Supremo federal

en

Riley

v.

California,

supra,

hoy

día

un

teléfono

celular guarda más información de un individuo de lo que

éste pudiera conservar en su propia casa. Por ello, un

CC-2014-767

23

registro de este tipo podría ser más inquisitivo que un

registro de la residencia de una persona.

Por

consiguiente,

no

tenemos

duda

de

que

el

peticionario tenía una expectativa razonable de intimidad

sobre el contenido digital de su teléfono celular de uso

personal al momento en que se efectuó el registro sin

orden judicial.

En segundo lugar, nos corresponde determinar si el

consentimiento brindado por la esposa del peticionario

para que la Policía registrara e incautara el teléfono

celular de éste fue válido. Como mencionamos, para que un

tercero

pueda

consentir

válidamente

al

registro

e

incautación de un objeto o lugar perteneciente a otra

persona

es

necesario

que

el

tercero

posea

“autoridad

común” sobre el objeto o lugar que se registrará. Ahora

bien, como dispuso el Tribunal Supremo federal en United

States v. Matlock, supra, esa “autoridad común” no se

refiere a la titularidad del bien, sino al uso mutuo de

los bienes por aquellos que generalmente tienen acceso o

control conjunto sobre el bien.

En este caso, si bien es cierto que la titular de la

cuenta del celular del peticionario era su esposa, ese

hecho

de

por

sí

no

es

suficiente

para

validar

el

consentimiento brindado a la Policía para que registraran

el teléfono celular. Ello es contrario a la doctrina de

Matlock que fue adoptada por este Tribunal en Pueblo v.

Narváez

Cruz,

supra,

que

establece

el

requisito

de

CC-2014-767

“autoridad

24

común”

para

que

el

consentimiento

de

un

tercero sea válido. Además, dicha situación tampoco se

ajusta a la realidad fáctica que vivimos. Esto pues, hoy

día

son

muchas

las

personas

que

poseen

teléfonos

celulares bajo planes familiares o grupales, en los que

una sola persona es el titular de varias cuentas, ya que

de

esta

forma

pueden

obtener

tarifas

más

bajas.

Sin

embargo, eso no significa que el titular tenga control o

acceso

a

todos

los

teléfonos

celulares

que

están

incluidos en el plan. De hecho, en ocasiones los usuarios

de los teléfonos celulares ni tan siquiera viven en la

misma residencia del titular de la cuenta.

Por lo tanto, para determinar si el consentimiento

de la esposa del peticionario fue válido es necesario

precisar si la esposa tenía “autoridad común” sobre el

teléfono celular o si, por el contrario, el peticionario

tenía el uso exclusivo del mismo y su esposa no tenía

acceso al contenido del teléfono.

Del testimonio de la esposa surge que, aunque la

cuenta del teléfono celular estaba a su nombre, el mismo

era usado todo el tiempo por el peticionario.50 Ahora

bien, como expusimos anteriormente, el requisito de uso

exclusivo no se determina por el solo hecho de que una

persona haya convertido en una práctica el uso del área u

objeto registrado, sino que se requiere demostrar que el

tercero que consiente no tenía acceso al área u objeto.

50

Transcripción de la vista celebrada el 21 de mayo de 2014, pág. 15.

CC-2014-767

25

Así, cuando la persona que alega poseer el uso exclusivo

del bien no realiza actos afirmativos para proteger su

derecho

a

la

intimidad

sobre

éste,

entonces

asume

el

riesgo de que un tercero adquiera autoridad común sobre

dicho bien.

En el caso de un teléfono celular, este asunto cobra

más importancia aún. La capacidad de almacenamiento y de

funciones que tienen estos equipos hace necesario que su

usuario proteja la información que su teléfono celular

contenga. Así, quien pretende reclamar el uso exclusivo

del teléfono celular que excluya la “autoridad común” con

el titular de la cuenta, debe haber tomado las debidas

precauciones

para

proteger

su

derecho

a

la

intimidad

sobre el mismo. Para ello, la persona tiene siempre la

opción de, en primer lugar, ponerle una contraseña al

teléfono y no compartirla con el tercero titular de la

cuenta. Además, la persona puede tomar otras medidas como

guardarlo en lugares donde el titular de la cuenta no

pueda tener acceso al equipo o realizar cualquier acción

dirigida a evitar que tal persona pueda usar el teléfono

celular y, por ende, no adquiera “autoridad común” sobre

el equipo. Si la persona no toma las debidas precauciones

y

el

titular

mencionado-

con

consiente

consentimiento

sería

autoridad

al

común

registro

válido.

-conforme

del

Claro

hemos

mismo,

dicho

está,

dichas

circunstancias no serían necesarias cuando la persona que

CC-2014-767

26

presta el consentimiento es el usuario exclusivo y tiene

a su vez la titularidad del celular.

Así,

cuando

un

tercero,

que

es

el

titular

del

equipo, consiente al registro del contenido digital de un

teléfono celular del cual el acusado es el dueño de facto

y como tal, quien lo utiliza de ordinario, el Estado

deberá probar que no estaban presentes los elementos que

de forma no taxativa señalamos anteriormente que, unidos

a las demás circunstancias del caso, permitan concluir al

tribunal que entre el tercero titular de la cuenta y el

dueño de facto existe autoridad común sobre el teléfono

celular. De ese modo, la evaluación deberá realizarse

caso a caso.

De la prueba presentada en este caso no surge en qué

condiciones se encontraba el teléfono celular al momento

del registro. Es decir, desconocemos si el aparato tenía

una contraseña y, de haberla tenido, no sabemos si el

peticionario compartió la contraseña con su esposa o si

antes

de

ser

arrestado

le

dio

alguna

instrucción

específica sobre qué hacer con el teléfono celular, que

pueda llevar a pensar a una persona prudente y razonable,

que este objetaba el registro del mismo por parte de la

Policía. Por ello, procede devolver el caso al Tribunal

de Primera Instancia para que evalúe si el peticionario

realizó algún acto dirigido a proteger su derecho a la

intimidad

sobre

el

contenido

digital

de

su

teléfono

celular o si, por el contrario, asumió el riesgo de que

CC-2014-767

su

esposa

27

tuviera

acceso

al

equipo

y,

por

lo

tanto,

pudiera consentir válidamente al registro del teléfono

celular.

V

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la

determinación del Tribunal de Apelaciones y ordenamos la

devolución del caso al Tribunal de Primera Instancia para

que

evalúe

las

circunstancias

bajo

las

cuales

se

encontraba el teléfono celular al momento del registro y

realice la determinación correspondiente conforme a lo

aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2014-767

Certiorari

José A. López Colón

Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2018.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede la cual se hace formar parte íntegra de

la presente, revocamos la determinación del Tribunal

de Apelaciones y ordenamos la devolución del caso al

Tribunal de Primera Instancia para que evalúe las

circunstancias bajo las cuales se encontraba el

teléfono celular al momento del registro y realice

la determinación correspondiente conforme a lo aquí

resuelto.

Así

lo

pronunció,

manda

el

Tribunal

y

certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La

Juez Presidenta Interina señora Rodríguez Rodríguez

emite Opinión disidente a la cual se une el Juez

Asociado señor Colón Pérez. El Juez Asociado señor

Estrella Martínez emite Opinión disidente. La Jueza

Presidenta Oronoz Rodríguez disiente sin opinión

escrita.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pueblo de Puerto Rico

Núm. CC-2014-0767

Recurrido

v.

José A. López Colón

Peticionario

Opinión disidente emitida por la Juez Presidenta Interina

señora Rodríguez Rodríguez a la cual se une el Juez

Asociado señor Colón Pérez

San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2018.

En

vista

de

jurisprudencia

que

más

nuestro

reciente

estado

del

de

Derecho

Tribunal

y

la

Supremo

de

Estados Unidos reconocen limitadas excepciones para los

registros y allanamientos sin previa orden judicial de

dispositivos móviles, disiento enérgicamente del curso de

acción tomado por una mayoría de los integrantes de este

Foro. Estimo, además, que el presente caso alberga un

fenómeno socio-tecnológico que amerita la adopción de un

análisis particularizado mediante el cual se establezca

un

delicado

balance

entre

los

intereses

en

pugna;

a

saber, la seguridad ciudadana y el derecho a la intimidad

sobre el contenido digital de un dispositivo móvil. Por

tal razón, a continuación, expongo las razones por las

cuales no puedo dar mi anuencia al criterio que suscribe

una mayoría de este Tribunal.

CC-2014-767

2

I.

En primer lugar, debemos ser conscientes de que en

las pasadas décadas han surgido cambios dramáticos en lo

concerniente

almacenada

a

la

y

forma

en

transmitida.

que

la

Véase

información

Michael

es

Buckland,

Information and Society (MIT Press, 2017), en la pág. 1.

A raíz de tales transformaciones, diversos académicos han

alertado sobre la necesidad de repensar la aplicación de

la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y

su homóloga en la Constitución del Estado Libre Asociado

de

Puerto

Rico

en

controversias

relacionadas

con

la

privacidad e intimidad de la información digital generada

y

almacenada

en

artefactos

electrónicos.

Véase

John

Wesley Hall, Jr., Search and Seizure, Vol. II, 4th ed.

2012,

en

Mercado

las

págs.

Martínez,

Descubrimiento

de

446-48;

Derecho

véase

además,

Alejando

H.

Procesal

Civil

Avanzado:

El

información

electrónica

(e-discovery)

(2017), en la pág. 10. En esencia, el reto ante nuestra

consideración se ciñe a que la protección constitucional

en contra de los registros y allanamientos irrazonables,

y las reconocidas excepciones a ésta, fueron diseñadas

para espacios físicos. De por sí, esto supone que las

analogías de tales doctrinas al mundo digital arrojarán

resultados

incongruentes

constitucionales

de

que

gran

atentan

contra

arraigo

en

el

puertorriqueño, como el derecho a la intimidad.

garantías

derecho

CC-2014-767

Por

3

otra

parte,

como

respuesta

incipiente

a

este

panorama, el Tribunal Supremo de Estados Unidos comenzó a

delinear los contornos particularizados del derecho a la

privacidad e intimidad sobre el contenido digital de un

dispositivo móvil en Riley v. California, 134 S.Ct. 2473,

573

US___(2014).

En

síntesis,

Riley

estableció

que

el

registro de un dispositivo móvil sin una orden judicial

viola

la

Cuarta

Enmienda.

Para

llegar

a

tal

determinación, el Tribunal Supremo federal puntualizó que

la

excepción

invocada

era

del

registro

inaplicable,

incidental

pues

al

dicha

arresto

allí

doctrina

se

desarrolló para el registro de espacios físicos.51 En este

sentido, cabe destacar que una de las virtudes de Riley

es que, dentro de la casuística sobre esta materia, éste

es el primer caso en el cual el Tribunal Supremo federal

optó

por

alejarse

de

la

aplicación

analógica

de

las

doctrinas de excepción para los registros y allanamientos

sin orden judicial. Véase Fourth Amendment in the digital

age NACDL Symposium (2016), en la pág. 28.

Sobre este particular, el Tribunal Supremo federal

dispuso lo siguiente: “A conclusion that inspecting the

contents of an arrestee's pockets works no substantial

additional intrusion on privacy beyond the arrest itself

may make sense as applied to physical items, but more

substantial privacy interests are at stake when digital

data is involved.” Riley v. California, 134 S.Ct. 2473,

2488-91. Véase además, Charles E. MacLean, But, Your

Honor, a Cell Phone is not a Cigarette Pack: An Immodest

Call for a Return to the Chimel Justifications for Cell

Phone Memory Searches Incident to Lawful Arrest, 6 THE

FEDERAL COURTS LAW REVIEW 38 (2012).

51

CC-2014-767

Ahora

4

bien,

y

conforme

a

lo

antes

discutido,

considero un error el análisis adoptado por la Mayoría, o

la falta de uno, para la aplicabilidad de la excepción de

autoridad común invocada en el caso de epígrafe. Como

bien

se

ha

reconocido,

judicial

se

presume

un

registro

irrazonable

y

sin

le

previa

orden

corresponde

al

Ministerio Público invocar afirmativamente alguna de las

excepciones

reconocidas

jurisprudencialmente.

En

el

presente caso, la aplicación analógica de una doctrina

diseñada para un espacio físico –como lo es la doctrina

de autoridad común– poco o nada aporta a la resolución de

la controversia. A su vez, circunscribir la aplicabilidad

de la doctrina de autoridad común a la existencia de una

contraseña, o cualquier otra presunta acción protectora

para salvaguardar el derecho de intimidad, contraviene lo

resuelto en Riley. Ello pues, tal proceder incide en el

grado de protección conferida a la información almacenada

en un dispositivo móvil. Según lo resuelto en Riley, la

expectativa de intimidad sobre la información digital de

un dispositivo móvil surge de la naturaleza misma del

artefacto electrónico y el potencial de éste para generar

y

almacenar

información

tradicionalmente

considerada

privada y sensitiva.

II.

Lamentablemente, una mayoría de este Tribunal, una

vez

más,

aplica

requerimiento

de

irreflexivamente

orden

judicial

una

para

excepción

un

registro

al

y

CC-2014-767

5

allanamiento

con

el

efecto

irremisible

de

limitar

los

derechos constitucionales de nuestra ciudadanía más allá

del

ámbito

mínimo

de

protección

establecido

por

la

jurisprudencia federal. Véase Pueblo v. Báez López, 189

D.P.R.

918

(2013).

La

extemporaneidad

del

análisis

vertido en la Opinión mayoritaria no da cuenta de las

particularidades intrínsecas de un

dispositivo móvil

y

desatiende la norma pautada por el Tribunal Supremo de

Estados Unidos en Riley. Por entender que la doctrina de

autoridad

común

es

inaplicable

al

registro

sin

orden

judicial de un objeto que almacena información íntima y

personalísima de un individuo, disiento del proceder de

una

mayoría.

Contrario

suprimiría

-como

ulterior-

la

a

lo

resuelto

en

la

Opinión,

cuestión

de

Derecho

y

sin

trámite

mediante

el

registro

evidencia

obtenida

ilegal del dispositivo móvil del peticionario.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Presidenta Interina

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

José A. López Colón

CC-2014-767 Certiorari

Peticionario

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR

ESTRELLA MARTÍNEZ

San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2018.

Hoy,

una

Mayoría

de

este

Tribunal

trastoca

severamente garantías firmemente arraigadas en nuestra

sociedad democrática y, con ello, peligrosamente diluye

el

derecho

de

intimidad

que

cobija

a

nuestros

ciudadanos con relación al contenido digital de sus

teléfonos celulares. Lejos de conciliar los intereses

en

pugna

intrusión

para

determinar

gubernamental,

injustificadamente

protección

allanamientos

el

la

antepone

interés

constitucional

irrazonables.

“inconveniencia”

que

razonabilidad

pudiera

de

la

desproporcional

e

Estado

sobre

la

registros

y

del

contra

Así,

permite

representar

que

la

para

los

agentes del orden público obtener una orden judicial

previa al registro de un teléfono celular pulverice un

derecho tan fundamental como el de la intimidad. Todo

CC-2014-767

lo

2

anterior,

a

pesar

que

la

persona

no

tenía

el

teléfono celular en su poder y ya se encontraba bajo la

custodia de las autoridades. Es por ello que DISIENTO

del dictamen que hoy se emite.

Examinemos el contexto fáctico y procesal en el

cual

se

desató

la

controversia

ante

nuestra

consideración.

I

El

caso

de

epígrafe

tiene

su

origen

en

hechos

ocurridos el 9 de agosto de 2013, por los cuales se

presentaron denuncias en contra del Sr. José A. López

Colón (señor López Colón o peticionario) por alegadas

infracciones al Artículo 95 del Código Penal de Puerto

Rico, 33 LPRA sec. 5144, y los Artículos 5.04 y 5.15 de

la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA secs. 458c y

458n.

En

esencia,

se

le

imputó

haberle

causado

la

muerte al hermano de su esposa, Sra. Madeline Colón

Ugarte (señora Colón Ugarte o esposa del peticionario),

utilizando un arma de fuego como resultado de súbita

pendencia o arrebato de cólera.

Presentadas

las

acusaciones

y

señalada

la

celebración del juicio en su fondo, el peticionario

solicitó

la

supresión

obtenida

ilegalmente

contra.

Específicamente,

y

de

cierta

se

pretendía

sostuvo

evidencia

que

utilizar

que

en

fue

su

correspondía

suprimir unos videos que fueron obtenidos mediante la

incautación y registro de su teléfono celular de su uso

CC-2014-767

3

exclusivo y de una caja DVR (Digital Video Recorder)

del sistema de cámaras de seguridad de su residencia.

Amparó su solicitud en que los objetos fueron ocupados

y registrados sin una orden judicial, en su ausencia,

mientras estaba arrestado en el cuartel de la Policía,

y

sin

que

brindara

su

consentimiento.

Ello,

en

contravención a las Secciones 8 y 10 del Artículo II de

la Constitución de Puerto Rico, la Cuarta Enmienda de

la

Constitución

federal

y

su

jurisprudencia

interpretativa.

A su vez, alegó que la validez del consentimiento

a un registro por un tercero depende de si la persona

que

consiente

tiene

autoridad

para

ello

y

si

el

ciudadano que reclama la protección contra registros

irrazonables

tiene

una

expectativa

razonable

de

intimidad. En ese sentido, resaltó que la autoridad que

posea el tercero que consiente no se determina a base

del derecho de propiedad sobre el objeto registrado,

sino sobre su uso mutuo por personas que tienen una

legítima expectativa de intimidad. Por su

parte, el

Estado

evidencia

se

opuso

a

la

supresión

de

la

amparándose, esencialmente, en que el peticionario no

cumplió con los requisitos establecidos en la Regla 234

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA sec. 234.

Así las cosas, el foro primario celebró una vista

de

supresión

agente

Edgar

de

evidencia

Pérez

Talavera

en

la

cual

(agente

testificó

Pérez

el

Talavera)

CC-2014-767

4

como testigo de cargo, y la señora Colón Ugarte como

testigo de la defensa. Según surge de la transcripción

de la vista celebrada, el agente Pérez Talavera relató

que tras arribar al lugar de los hechos observó que la

escena

estaba

custodiada

por

varios

compañeros

uniformados, por lo cual procedió a realizar un examen

general de la escena. En esa área, que catalogó como

una escena protegida, observó el cuerpo sin vida de una

persona

y

colegio.

notó

que

Asimismo,

residencias

tenía

había

se

varias

percató

cámaras

de

residencias

que

una

seguridad.

y

un

de

las

Luego

de

trabajar la escena y entrevistar a varias personas, se

dirigió hacia la residencia que tenía las cámaras de

seguridad. Para ese entonces, el agente Pérez Talavera

conocía que se trataba de la residencia del señor López

Colón, único sospechoso de la muerte que era objeto de

su

investigación.

consciente

que

el

De

igual

forma,

peticionario

ya

éste

se

estaba

encontraba

detenido en el cuartel de la Policía.

Del mismo modo, testificó que una vez llegó a la

casa del señor López Colón, se encontró con la esposa

de éste, la señora Colón Ugarte, se identificó como

agente de la Policía de Puerto Rico y le notificó que

estaba investigando los hechos ocurridos. Acto seguido,

le preguntó a la esposa del peticionario si le permitía

acceso

a

las

cámaras

de

seguridad

y

procedió

a

registrar el contenido de éstas. Mientras observaba el

CC-2014-767

5

video de los sucesos, se percató que éste tenía un

teléfono celular en la mano. Como consecuencia de ello,

le preguntó a la señora Colón Ugarte por el celular y

ésta le indicó que lo tenía en su poder, por lo cual el

agente Pérez Talavera le solicitó que se lo proveyera.

La esposa del peticionario le proveyó el celular al

agente

y

éste

lo

entregó

a

la

Unidad

Técnica

de

Grabaciones de la Policía para que lo registraran y

sustrajeran videos y fotos.

Es

importante

señalar

que,

a

preguntas

del

representante legal del señor López Colón, el agente

Pérez Talavera afirmó que aun cuando se sentía cómodo

haciendo

su

trabajo

mientras

investigaba

los

hechos

ocurridos, y no existía nada que le impidiera obtener

una

orden

para

incautar

y

registrar

el

teléfono

celular, no era necesario obtener una orden judicial a

esos efectos. Ello, porque la dueña de la residencia

estaba allí y había consentido. Por su parte, la señora

Colón Ugarte testificó que entregó el teléfono celular

al agente, porque entendía que estaba cumpliendo con la

ley y era lo correcto. Además, indicó que nadie le dijo

que podía negarse a entregarlo.

Celebrada la correspondiente vista al amparo de la

Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra, el Tribunal

de

Primera

evidencia,

Instancia

así

oportunamente

como

por

el

denegó

una

la

supresión

reconsideración

peticionario.

de

la

presentada

Concluyó

que

no

CC-2014-767

estaba

eran

en

de

6

controversia

uso

común

que

“los

la

pareja”.

de

artefactos

ocupados

Resolución

del

Tribunal de Primera Instancia de 28 de mayo de 2014,

Apéndice del certiorari, pág. 51. Particularmente, en

lo pertinente, razonó que:

En el caso del celular la señora Colón

testificó y no es un hecho en controversia

que

la

cuenta

que

brindaba

servicio

telefónico a dicho artefacto estaba a su

nombre. Por lo tanto debe entenderse que

esta tenía autoridad sobre el celular y

sobre su contenido por lo cual podía

autorizar a su registro. Íd., págs. 51-52.

Asimismo, en lo atinente al consentimiento de la señora

Colón

Ugarte,

determinó

que

ésta

consintió

a

la

ocupación y registro de los artefactos sin que mediara

coacción, por lo cual no procedía la supresión de la

evidencia.

Inconforme,

Tribunal

de

el

señor

Apelaciones

López

Colón

mediante

un

recurrió

al

recurso

de

certiorari y una moción en auxilio de jurisdicción.

Solicitó la paralización de los procedimientos ante el

foro primario hasta tanto se resolviera el asunto de la

admisibilidad de la prueba obtenida como resultado del

registro de su teléfono celular. Además, señaló que el

Tribunal de Primera Instancia erró al no suprimir tal

evidencia, a pesar que no hubo un consentimiento válido

para la ocupación y posterior registro de su teléfono

celular. De igual modo, sostuvo que el foro primario

incidió al determinar que el sólo hecho de que una

CC-2014-767

persona

7

posea

la

titularidad

de

una

propiedad

le

confiere la autoridad para consentir a su ocupación y

registro por parte de los agentes del orden público.

Por su parte, el Estado se opuso y alegó que el

Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente, toda

vez que la señora Colón Ugarte podía consentir a que el

agente Pérez Talavera entrara a la residencia en la que

vivía con el señor López Colón e incautara la evidencia

que

estimara

incluyendo

pertinente

el

celular

para

de

su

uso

investigación,

exclusivo

del

peticionario. Asimismo, adujo que ésta podía autorizar

al agente a registrar el contenido digital del teléfono

celular

de

forma

irrestricta.

Particularmente,

el

Estado se amparó en que la esposa del peticionario era

la titular de la cuenta del teléfono celular, por lo

cual arguyó que ésta tenía un derecho propietario sobre

el

artefacto

incautación

que

y

le

facultaba

registro.

para

Además,

autorizar

argumentó

que

su

por

tratarse este caso de un registro consentido no era de

aplicabilidad

lo

resuelto

por

el

Tribunal

Supremo

federal en Riley v. California, 134 S. Ct. 2473 (2014).

En la alternativa, el Estado alegó que aún bajo la

premisa

de

que

el

señor

López

Colón

albergara

un

derecho de intimidad sobre el contenido digital de su

teléfono celular de uso exclusivo, su expectativa de

intimidad era limitada. Ello, pues, la señora Colón

Ugarte podía “acceder irrestrictamente a los archivos

CC-2014-767

8

digitales guardados en la unidad como copropietaria de

la unidad celular pues el artefacto aludido no tenía

contraseña de seguridad que impidiera acceder a sus

archivos”. Escrito en Cumplimiento de Orden, Apéndice

del certiorari, págs. 86-87.

Aquilatados los planteamientos de ambas partes, el

foro apelativo intermedio confirmó el dictamen emitido

por el Tribunal de Primera Instancia. Determinó que la

señora Colón Ugarte tenía la autoridad para permitir la

ocupación y registro del teléfono celular. Ello, por

entender que el peticionario asumió el riesgo de que su

esposa

permitiera

registrado

por

que

el

tenerlo

a

teléfono

nombre

celular

de

ella.

fuera

En

ese

sentido, concluyó que el señor López Colón no tenía una

expectativa

de

intimidad

razonable

y

legítima

con

relación al teléfono celular.

En desacuerdo con la determinación del Tribunal

de

Apelaciones,

el

peticionario

mediante

un

recurso

de

auxilio

de

jurisdicción.

compareció

certiorari

En

y

esencia,

ante

nos

moción

en

reproduce

los

una

argumentos presentados ante el foro recurrido en lo

concerniente

a

que

procedía

suprimir

la

evidencia

obtenida del registro sin orden del teléfono celular

que es de su uso exclusivo. Lo anterior, toda vez que

no

consintió

a

tal

registro

y

su

esposa

no

podía

autorizar la ocupación y registro del teléfono celular,

por el mero hecho de ser la titular de la cuenta de

CC-2014-767

éste.

9

Por

su

parte,

el

Estado

reitera

la

postura

esbozada ante los foros recurridos referente a que la

esposa del peticionario brindó un consentimiento válido

al registro del teléfono celular.

Así

las

cosas,

una

Mayoría

de

este

Tribunal

determina desacertadamente que procede devolver el caso

al foro primario “para que evalúe si el peticionario

realizó algún acto dirigido a proteger su derecho a la

intimidad

sobre

su

teléfono

celular

o

si,

por

el

contrario, asumió el riesgo de que su esposa tuviera

acceso al equipo y, por lo tanto, pudiera consentir

válidamente al registro del teléfono celular”. Opinión

mayoritaria, pág. 27.

Por

considerar

que

con

ello

se

diluye

desproporcional e injustificadamente el derecho a la

intimidad de los ciudadanos, DISIENTO.

Con ello en mente, procedo a exponer

el marco

jurídico aplicable.

II

A.

Sabido es que la Sección 10 del Artículo II de la

Constitución de Puerto Rico y la Cuarta Enmienda de la

Constitución federal protegen al ciudadano contra los

registros, incautaciones y allanamientos irrazonables

por parte del Estado. Particularmente, la Sección 10

dispone,

en

lo

pertinente,

que

“[n]o

se

violará

el

derecho del pueblo a la protección de sus personas,

CC-2014-767

casas,

10

papeles

y

efectos

contra

registros,

incautaciones y allanamientos irrazonables”. Art. II,

Sec. 10, Const. ELA, LPRA, Tomo I. De igual forma,

establece

que

autorizando

registros,

autoridad

causa

“sólo

judicial,

probable

se

expedirán

allanamientos

y

apoyada

mandamientos

o

arrestos

ello

únicamente

cuando

en

juramento

o

por

exista

afirmación,

describiendo particularmente el lugar a registrarse, y

las personas a detenerse o las cosas a ocuparse”. Íd.

Además, precisa que la evidencia obtenida en violación

a

los

preceptos

citados

será

inadmisible

en

los

tribunales. Íd. De forma similar, la Cuarta Enmienda de

la Constitución federal establece lo siguiente:

The right of the people to be secure in

their persons, houses, papers, and effects,

against unreasonable searches and seizures,

shall not be violated, and no Warrants shall

issue, but upon probable cause, supported by

Oath

or

affirmation,

and

particularly

describing the place to be searched, and the

persons or things to be seized. Emda. IV,

Const. EE UU, LPRA, Tomo I.

Según

se

desprende

de

las

disposiciones

constitucionales

citadas,

la

intención

de

los

constituyentes fue proteger el derecho de intimidad y

dignidad

del

ser

frente

actuaciones

humano,

amparar

sus

pertenencias

irrazonables

del

Estado,

e

interponer la figura neutral de un juez para garantizar

la razonabilidad de la intervención gubernamental con

los ciudadanos. Pueblo v. Báez López, 189 DPR 918, 927

(2013). Asimismo, queda claro que la Constitución de

CC-2014-767

11

Puerto Rico provee unas garantías más abarcadoras que

la Constitución federal en lo referente a la protección

contra

registros

e

incautaciones

irrazonables.

Íd.,

pág. 928. En ese sentido, adviértase que, a diferencia

de la Constitución federal, la Sección 8 de nuestra

Carta

de

honra,

Derechos

reputación

dispone

para

y

privada

vida

la

protección

de

las

de

la

personas.

Pueblo v. Bonilla, 149 DPR 318, 329 (1999). De esa

manera,

“el

garantía

efecto

conjunto

constitucional

allanamientos

irrazonables

de

esta

cláusula

y

la

contra

registros

y

ha

establecer

el

sido

derecho a la intimidad como uno de los de más alta

jerarquía en nuestro ordenamiento.” Íd.

Al

amparo

Tribunal

ha

de

este

expresado

esquema

que

constitucional,

cuando

se

reclame

este

una

violación a las garantías contenidas en la Sección 10,

resulta imperativo determinar si, en efecto, hubo un

registro que haya vulnerado la expectativa razonable de

intimidad

que

nuestra

sociedad

reconoce.

Íd.,

págs.

329-330; Pueblo v. Báez López, supra, págs. 928-929. En

ese

ejercicio,

es

preciso

establecer

si

la

persona

albergaba una expectativa razonable de intimidad dentro

de las particularidades de cada caso y si tal derecho

está reconocido por nuestros conciudadanos. Pueblo v.

Báez López, supra, pág. 929; Pueblo v. Bonilla, supra,

pág. 330. Así, la aplicabilidad de la protección contra

registros e incautaciones irrazonables dependerá de los

CC-2014-767

12

siguientes elementos: (1) la naturaleza de la intrusión

gubernamental; (2) su efecto sobre la expectativa de

intimidad del ciudadano, y (3) la necesidad y utilidad

del método investigativo utilizado para implantar la

ley. Pueblo v. Báez López, supra, pág. 929.

De

determinarse

razonable

de

que

intimidad

existe

protegida

una

por

expectativa

las

garantías

conferidas en la Sección 10 de nuestra Constitución, y

que

el

Estado

corresponde

en

efecto

examinar

llevó

la

a

cabo

razonabilidad

un

de

registro,

éste.

Íd.;

Pueblo en interés del menor N.O.R., 136 DPR 949, 963964

(1994).

Es

decir,

intervención

será

la

“la

piedra

razonabilidad

angular

constitucional”,

la

cual

intereses

la

expectativa

entre

dependerá

de

del

de

su

de

la

validez

balance

intimidad

de

del

individuo y los intereses públicos que motivaron la

intervención estatal. Pueblo v. Báez López, supra, pág.

929; Pueblo en interés del menor N.O.R., supra, pág.

964.

En armonía con lo anterior, es norma ampliamente

conocida que todo registro, allanamiento o incautación

sin orden judicial previa se presume irrazonable y, por

tanto, ilegal e inválido. Pueblo v. Blase Vázquez, 148

DPR 618, 631 (1999). Cónsono con ello, este Tribunal ha

expresado que cuando se obtiene evidencia sin que medie

una

orden

judicial,

el

Ministerio

Público

tiene

la

obligación de refutar la presunción de ilegalidad y, de

CC-2014-767

13

igual modo, le corresponde establecer los elementos que

configuren una de las excepciones a la regla de obtener

una orden judicial previa. Íd. Por tanto, aunque se han

reconocido

obtener

excepciones

una

orden

al

judicial

mandato

constitucional

de

a

o

previa

un

registro

allanamiento, éstas han sido limitadas a circunstancias

especiales

y

particulares

que

han

sido

definidas

jurisprudencialmente.52 Pueblo v. Miranda Alvarado, 143

DPR 356, 363 (1997). Además, resulta importante señalar

que:

Al decidir si procede eximir a las

autoridades de la necesidad de obtener una

orden judicial de registro, la pregunta no debe

ser sólo si el interés público lo justifica,

sino si el peso de conseguir dicha orden bajo

las

circunstancias

particulares

del

caso,

probablemente

frustraría

el

propósito

gubernamental legítimo que se persigue. Pueblo

v. Bonilla, supra, pág. 334 (énfasis suplido).

B.

En lo pertinente a la controversia ante nos, una

de las excepciones reconocidas al requisito de orden

Particularmente, se han reconocido las siguientes

excepciones al requisito de una orden previa para un

registro válido: (1) un registro incidental a un

arresto

legal;

(2)

un

registro

consentido

voluntariamente de forma expresa o implícita; (3) un

registro en situación de emergencia; (4) una evidencia

ocupada en el transcurso de una persecución; (5)

evidencia a plena vista o percepción por tacto; (6) un

agente del orden público que adviene en conocimiento de

la existencia de material delictivo por el olfato; (7)

evidencia abandonada; (8) registro o allanamiento de

una estructura abandonada; (9) evidencia obtenida

durante un registro administrativo; (10) registro tipo

inventario, y (11) evidencia obtenida en un lugar

público como resultado de la utilización de canes para

olfatear. Pueblo v. Báez López, 189 DPR 918, 930-931

(2013).

52

CC-2014-767

14

judicial previa es cuando media consentimiento para el

registro. Pueblo v. Miranda Alvarado, supra, pág. 364.

En

lo

atinente

expresado

que

a

esta

“sólo

excepción,

el

titular

este

del

Tribunal

derecho

ha

puede

válidamente renunciar a éste”. Íd. (énfasis suplido).

De igual manera, ha establecido que la renuncia puede

ser

expresa

o

tácita.

consentimiento,

se

Para

deben

analizar

la

considerar

validez

los

del

factores

siguientes: (1) si hubo fuerza o violencia; (2) si el

registro se efectuó luego de un arresto, y (3) si había

otras personas presentes. Íd. Asimismo, para que el

consentimiento

indispensable

se

que

determine

sea

prestado

válido

por

la

resulta

persona

con

autoridad para ello y que se haga voluntariamente, sin

que haya mediado coacción directa o indirecta. Íd.

No obstante, este Tribunal también ha reconocido

que, ante la ausencia del titular del derecho y en

determinadas circunstancias, un tercero puede consentir

válidamente al registro de una propiedad.

365.

Particularmente,

consentimiento

sea

ha

resuelto

válido

no

es

que

Íd., pág.

para

que

el

necesario

que

la

persona que lo preste tenga un interés legal en la

propiedad. Ello, de conformidad a la norma establecida

por

el

foro

supremo

federal

en

United

States

Matlock,

415

U.S.

(1974).

Al

amparo

del

164

v.

citado

caso, se ha establecido que lo determinante es que el

tercero

“posea

‘autoridad

común

u

otra

relación

CC-2014-767

15

suficiente respecto a la propiedad que habrá de ser

registrada’”. Pueblo v. Miranda Alvarado, supra, pág.

365; Pueblo v. Narváez Cruz, 121 DPR 429, 437 (1988).

Véase

United

Igualmente,

States

se

ha

v.

Matlock,

interpretado

supra,

que

el

pág.

171.

concepto

de

autoridad común “depende del uso mutuo de la propiedad

por

personas

conjunto

varios

que

[con

generalmente

respecto

propósitos”

reconocer

que

autoridad,

y

a

que,

cualquiera

por

la

derecho

tienen

un

propiedad]

en

cuanto

“es

razonable

por

de

tanto,

los

control

cohabitantes

propio,

para

a

tiene

permitir

la

inspección y que los otros asuman el riesgo de que uno

de ellos permita que el área común sea registrada”.

Pueblo

v.

(énfasis

Miranda

en

el

Alvarado,

original);

supra,

Pueblo

v.

págs.

365-366

Narváez

Cruz,

supra, pág. 437. Véase United States v. Matlock, supra,

pág. 171. A base de ello, este Tribunal ha expresado

que

lo

anterior

implica

que

un

tercero

no

puede

consentir válidamente a que se registre una propiedad

que

está

en

la

posesión

exclusiva

de

otra

persona.

Pueblo v. Narváez Cruz, supra, pág. 437.

Cabe mencionar que en United States v. Matlock,

supra, el máximo foro federal estableció la doctrina

jurisprudencial antes descrita en el contexto de un

consentimiento prestado por un tercero para el registro

sin orden de una casa, incluyendo el cuarto que ocupaba

la

tercera

persona

en

conjunto

con

el

acusado

de

CC-2014-767

16

delito. Como resultado del registro de un closet del

cuarto que ocupaban conjuntamente, se incautó dinero en

efectivo que se encontraba en una bolsa de pañales. A

base de esta evidencia incautada durante el registro

sin orden, se vinculó al acusado con la comisión de un

robo a una institución financiera. El Tribunal Supremo

federal determinó que el registro sin orden fue válido

por el consentimiento brindado por una tercera persona

que compartía el cuarto con el acusado, por lo cual se

admitió la evidencia en el procedimiento en su contra.

En

aquel

entonces,

el

referido

foro

hizo

referencia a Frazier v. Cupp, 394 U.S. 731 (1969), un

caso en el que se declaró válido un registro sin orden,

ya que medió el consentimiento del primo del acusado.

Específicamente, el acusado y su primo compartían el

uso de un bulto, el cual fue registrado por los agentes

del orden público con el consentimiento voluntario del

primo. Como consecuencia de ello, se incautó ropa del

imputado de delito, la cual fue admitida como prueba en

el proceso penal en su contra. El foro supremo rechazó

el planteamiento del acusado a los efectos de que su

primo sólo utilizaba un compartimiento del bulto, por

lo

cual

no

podía

consentir

a

que

se

registrara

indiscriminadamente el interior de éste.

Asimismo, en casos posteriores a United States v.

Matlock, supra, el Tribunal Supremo federal ha validado

registros

sin

orden

de

residencias

cuando

se

ha

CC-2014-767

17

obtenido el consentimiento de un tercero con autoridad

común

o

autoridad

aparente

sobre

la

residencia

del

acusado de delito. Véase Fernández v. California, 134

S. Ct. 1126 (2014); Illinois v. Rodríguez, 497 U.S. 177

(1990).

Ello

ha

admisibilidad

de

registro

orden

sin

resultado,

prueba

de

a

su

obtenida

la

vez,

como

residencia.

No

en

la

parte

del

obstante,

resulta importante destacar que los efectos personales

ocupados en los casos citados consistían de sustancias

controladas y parafernalia que estaban a plena vista,

así como parafernalia utilizada por una conocida ganga

criminal,

una

descripción

cuchilla,

del

ropa

sospechoso

que

del

coincidía

delito

y

con

la

municiones.

Véase Fernández v. California, 134 S. Ct. 1126 (2014);

Illinois v. Rodríguez, 497 U.S. 177 (1990).

De forma similar, en nuestra jurisprudencia se han

validado registros sin orden de residencias y de la

prueba que se incauta en ellas durante el registro.

Ello,

al

amparo

tercero.

Sin

del

consentimiento

embargo,

resalto

prestado

que

se

por

un

trataba

de

escenarios distintos al caso que nos ocupa. A modo de

ejemplo, en Pueblo en interés del menor F.J.M.R., 111

DPR 501 (1981), se validó un registro sin orden de una

residencia, incluyendo el cuarto del menor imputado de

delito,

a

base

padre.

Como

del

consentimiento

resultado

del

prestado

registro

por

su

efectuado,

se

incautaron sustancias controladas que se encontraban a

CC-2014-767

18

plena vista, así como una caja de pañales donde se

halló

un

stereo

que

era

objeto

de

la

querella

presentada. De igual forma, en Pueblo v. Ramos Santos,

132 DPR 363 (1992), se trataba de un imputado de delito

que se encontraba en un apartamento como huésped y la

propietaria

consintió

al

registro

sin

orden

de

la

residencia. Como producto del registro, se incautó la

ropa

húmeda

del

imputado,

la

cual

coincidía

con

la

desarrollada

en

descripción del sospechoso, y sus zapatos.

III

Examinada

la

normativa

jurídica

torno a la protección constitucional contra registros

irrazonables,

así

como

el

consentimiento

prestado

por

excepción

al

requisito

de

marco

doctrinal

del

un

tercero

como

una

previa

orden,

procedo

a

dilucidar la cuestión particular planteada ante nos.

Esto es, ¿fue válido el registro sin orden del teléfono

celular de uso exclusivo del señor López Colón? En aras

de resolver esta interrogante, se debe determinar si el

peticionario

intimidad

albergaba

que

una

resultó

expectativa

vulnerada

por

razonable

la

de

intromisión

gubernamental y, de ser así, si en este caso hubo un

consentimiento

Ugarte

que

válido

por

justificara

el

parte

de

la

registro

señora

sin

orden

Colón

del

contenido digital del teléfono celular.

Como indicamos, el señor López Colón arguye que

correspondía

suprimir

la

evidencia

obtenida

como

CC-2014-767

19

resultado del registro sin orden del contenido de su

teléfono celular. Ello, toda vez que no consintió a tal

registro y su esposa, contrario a lo resuelto por los

foros recurridos, no tenía autoridad para consentir por

el hecho de ser la titular de la cuenta del celular.

Por su parte, el Estado argumenta que la señora Colón

Ugarte podía consentir a que el agente Pérez Talavera

registrara el contenido digital del teléfono celular de

forma irrestricta. Lo anterior, amparándose en que era

la titular de la cuenta del celular. En la alternativa,

aduce

que

albergar

debido

la

el

a

expectativa

señor

que

López

el

de

intimidad

Colón

teléfono

era

que

pudiera

limitada.

celular

no

tenía

Ello,

una

contraseña de seguridad que impidiera que su esposa

accediera

irrestrictamente

a

los

archivos

digitales

guardados en el dispositivo.

Ante ello, una Mayoría de este Tribunal acoge lo

planteado por el Estado en la alternativa y devuelve el

caso al foro primario. Como adelantamos, determina que

quien posea el uso exclusivo de un teléfono celular

debe tomar las debidas precauciones para proteger su

derecho

de

intimidad

y

evitar

que

otros

adquieran

“autoridad común” sobre el equipo. De esa forma, este

Tribunal entiende que si la persona con uso exclusivo

del celular no le pone una contraseña o no lo oculta

para

que

el

titular

de

la

cuenta

no

tenga

acceso,

CC-2014-767

entonces

20

asume

el

riesgo

de

que

éste

consienta

al

registro sin orden de su celular.

Debo aclarar que considero que al amparo de la

doctrina expuesta en United States v. Matlock, supra,

en

determinadas

circunstancias,

“housemate”

podría

consentir

residencia

o

una

de

conjuntamente.

Incluso,

particularidades

lo

incautación

y

un

“roommate”

al

registro

habitación

en

ciertos

permitan,

registro

de

que

se

un

de

la

utilizan

casos

podría

efectos

o

cuyas

validar

personales

la

como

resultado del registro de una residencia. No obstante,

el análisis no puede ser el mismo cuando se trata de un

registro de la información y los datos contenidos en un

teléfono celular. Ello constituiría un gran agravio a

la intimidad del individuo.

Por tanto, sostengo que este caso debió resolverse

a la luz del más reciente pronunciamiento del Tribunal

Supremo

federal

intimidad

que

con

relación

alberga

un

a

la

individuo

expectativa

con

respecto

de

al

contenido digital de su teléfono celular. Abundemos.

A.

En Riley v. California, 134 S. Ct. 2473 (2014), el

máximo

foro

similar

a

federal

la

se

enfrentó

planteada

en

el

a

una

caso

controversia

ante

nuestra

consideración. Específicamente, atendió el asunto de si

un

agente

del

orden

público

podía

registrar

el

contenido digital de un teléfono celular sin una orden

CC-2014-767

21

judicial previa, amparándose en una de las limitadas

excepciones a ese requisito constitucional. En aquel

caso, sin embargo, se planteó como justificación al

registro

sin

orden

que

se

trataba

de

un

registro

incidental a un arresto legal.

El referido foro atendió dos casos consolidados.

En el primero, el acusado fue arrestado válidamente por

infracciones a las leyes de tránsito y poseer armas de

fuego. Los agentes lo registraron y, como resultado de

ello, ocuparon el teléfono celular que éste llevaba en

un bolsillo del pantalón. Posteriormente, se registró

el

contenido

del

celular

orden judicial previa.

incautado

sin

obtener

una

En el segundo caso, el imputado

fue arrestado por aparentemente efectuar una venta de

sustancias controladas desde un vehículo de motor y fue

llevado al cuartel de la Policía. Una vez allí, los

agentes incautaron dos celulares que éste tenía en su

poder. Uno de los celulares estaba recibiendo llamadas

constantes y, ante ello, los agentes registraron el

contenido del celular. Con la información sustraída del

celular, obtuvieron la dirección del apartamento del

acusado, el cual luego registraron con una orden.

Ante

destacó

ante

sí

registro

tales

que

le

las

hechos,

el

más

particularidades

exigían

incidental

resolver

a

un

si

arresto

alto

foro

de

controversia

la

la

federal

excepción

legal

aplicaba

del

al

registro de los teléfonos celulares modernos. En ese

CC-2014-767

22

ejercicio adjudicativo, concluyó que la doctrina del

registro

incidental

a

un

arresto

legal

y

su

jurisprudencia interpretativa no podía extenderse a los

registros del contenido digital de un teléfono celular.

De esa forma, dictaminó sin ambages que su respuesta a

la interrogante de qué debe hacer un agente del orden

público

antes

de

registrar

un

celular

incautado

incidental a un arresto es sencilla: obtener una orden

judicial. Riley v. California, supra, pág. 2495. De

igual

modo,

aclaró

que

ello

no

implicaba

que

el

contenido de un celular es inmune a un registro, sino

que la norma pautada es que generalmente se requerirá

obtener

una

registro.

orden

Ello,

antes

aun

de

cuando

efectuar

el

este

celular

incautado incidental a un arresto válido.

tipo

haya

de

sido

Íd., pág.

2493.

En apoyo a su determinación, el Tribunal Supremo

federal realizó un análisis minucioso y detallado de la

naturaleza de este tipo de dispositivo con capacidad

para almacenar una cantidad inimaginable de información

sobre

la

vida

de

una

persona.

En

ese

sentido,

fue

enfático en que el registro de este tipo de artefacto

digital

no

era

comparable

con

el

registro

de

una

residencia y, mucho menos, de otros efectos personales.

Particularmente, destacó lo siguiente: “[A] cell phone

search would typically expose to the government far

more than the most exhaustive search of a house: A

CC-2014-767

phone

23

not

only

contains

a

broad

array

of

private

information never found in a home in any form - unless

the phone is.” Íd., pág. 2491 (énfasis en el original).

Igualmente,

expuso

que

“[m]odern

cell

phones,

as

a

category, implicate privacy concerns far beyond those

implicated by the search of a cigarette pack, a wallet,

or a purse.” Íd., págs. 2488-2489 (énfasis suplido). En

aras

de

colocar

en

justa

perspectiva

lo

anterior,

explicó que:

The storage capacity of cell phones has

several interrelated consequences for privacy.

First, a cell phone collects in one place many

distinct types of information—an address, a

note, a prescription, a bank statement, a

video—that reveal much more in combination than

any isolated record. Second, a cell phone's

capacity

allows

even

just

one

type

of

information to convey far more than previously

possible. The sum of an individual's private

life can be reconstructed through a thousand

photographs labeled with dates, locations, and

descriptions; the same cannot be said of a

photograph or two of loved ones tucked into a

wallet. Third, the data on a phone can date

back to the purchase of the phone, or even

earlier. A person might carry in his pocket a

slip of paper reminding him to call Mr. Jones;

he would not carry a record of all his

communications with Mr. Jones for the past

several months, as would routinely be kept on a

phone.

Finally,

there

is

an

element

of

pervasiveness that characterizes cell phones

but not physical records. Prior to the digital

age, people did not typically carry a cache of

sensitive personal information with them as

they went about their day. Now it is the person

who is not carrying a cell phone, with all that

it contains, who is the exception. . . .

Allowing the police to scrutinize such records

on a routine basis is quite different from

allowing them to search a personal item or two

CC-2014-767

24

in the occasional case.

(énfasis suplido).

Íd., págs. 2489-2490

B.

En virtud de lo anterior, la controversia traída

ante nuestra consideración exigía que la abordáramos a

la

luz

del

derecho

aplicabilidad

de

la

expuesto,

doctrina

respecto

del

a

la

consentimiento

prestado por un tercero para un registro del contenido

digital de un teléfono celular. Ello, toda vez que no

albergamos

duda

que

en

este

caso

la

intervención

estatal constituyó un registro de un artefacto sobre el

cual

el

señor

López

Colón

tenía

una

expectativa

razonable de intimidad. Tampoco tenemos duda que esa

expectativa es una que nuestra sociedad reconoce como

razonable.

En

razonabilidad

consecuencia,

del

registro

correspondía

efectuado

evaluar

la

balanceando

los

intereses en pugna. Esto es, se debían armonizar el

interés

del

Estado

de

procesar

criminalmente

al

peticionario versus la protección constitucional que le

cobija

a

éste

de

que

no

se

sometan

sus

efectos

personales a registros irrazonables y arbitrarios. Esto

último como corolario de su derecho a la intimidad.

A los fines de examinar la razonabilidad de la

actuación gubernamental, no podía perderse de vista que

por tratarse de un registro efectuado sin una orden

judicial previa, en este caso existía una presunción de

ilegalidad

e

invalidez.

Por

consiguiente,

le

CC-2014-767

25

correspondía al Estado establecer la aplicabilidad de

una de las excepciones al requisito constitucional de

orden previa. Sin embargo, una Mayoría le impone hoy la

carga al ciudadano. A esos efectos, procedía entonces

dilucidar si, ante las particularidades que presenta un

registro del contenido de un teléfono celular, según

reconocido en Riley v. California, supra, aplicaba la

excepción de consentimiento por un tercero.

Enmarcada así la controversia, resultaba forzoso

concluir

que

la

circunstancias

referida

excepción

particulares

de

no

un

aplica

a

las

registro

del

contenido digital de un teléfono celular. Por tanto, el

registro

sin

inválido.

Resolver

lo

serias

nefastas

para

y

orden

en

este

caso

contrario

el

debió

tendrá

derecho

de

declararse

consecuencias

intimidad

que

cobija a todo ciudadano. Como bien advirtió el Tribunal

Supremo

federal

en

Riley

v.

California,

supra,

la

cantidad de información personal que se almacena en

estos dispositivos es ilimitada.

En ese sentido, nótese que tanto la jurisprudencia

federal como la estatal han aplicado la excepción de

consentimiento

por

consiente

registro

producto

al

de

éste,

tercero

se

de

en

escenarios

una

incauta

en

residencia

otra

evidencia

que

y,

se

como

que

se

hallaba a plena vista u objetos que, de registrarse, no

representaban

gran

intrusión

a

la

intimidad.

No

obstante, lo mismo no puede decirse del registro del

CC-2014-767

26

contenido

digital

de

un

teléfono

celular

incautado

durante el registro de una residencia. Los riesgos que

presenta este tipo de registro sin orden superan los

límites

de

lo

que

se

considera

razonable

bajo

la

Sección 10 de nuestra Constitución y la Cuarta Enmienda

de la Constitución federal. Peor aún, resulta innegable

que tan grave intrusión a la intimidad no se justifica

cuando

la

comparamos

con

la

carga

mínima

que

se

impondría al Estado al exigirle que obtenga una orden

judicial previa. Máxime en este caso en que el peso de

conseguir

la

orden

no

frustraría

el

propósito

gubernamental que se persigue. Recuérdese que, según

reconoció el agente Pérez Talavera, el registro sin

orden se efectuó cuando ya la escena del crimen estaba

protegida;

él

se

sentía

cómodo

realizando

su

investigación; el ciudadano no tenía el celular en su

poder

y

se

decir,

nada

encontraba

restringida

le

obtener

impedía

su

una

libertad.

orden

Es

judicial

previa.

Además, valga cuestionarse: ¿Cuál es el mensaje

que

la

agentes

Opinión

del

mayoritaria

orden

le

está

enviando

público?

¿Cómo

éstos

a

los

podrán

determinar si resulta necesario o no obtener una orden

previa para el registro de un teléfono celular? ¿Tendrá

que inquirirle al tercero titular del celular sobre la

dinámica que tiene con el acusado respecto al teléfono

celular?

¿Vendrá

obligado

a

indagar

con

cuánta

CC-2014-767

27

frecuencia

la

tercera

persona

titular

del

celular

utilizaba el celular, si sólo lo usaba para llamadas de

emergencia o si el acusado le dijo que sólo podría

utilizarlo

en

determinadas

preguntarle

al

tercero

circunstancias?

titular

del

¿Deberá

celular

si

el

acusado le puso una contraseña a su teléfono celular o

dónde lo guardaba?

Lejos

de

funcionarios

brindarle

públicos

unas

para

guías

evitar

claras

que

a

estos

incurran

en

intromisiones arbitrarias e irrazonables, le damos mano

libre para soslayar el derecho de intimidad de nuestros

ciudadanos y que, luego, argumenten que tal intrusión

se justifica “porque razonablemente entendieron que la

tercera persona tenía autoridad común aun cuando no la

tenía”.

No obstante todo lo anterior, una Mayoría de este

Tribunal resuelve devolver el asunto al foro primario

para que determine si hubo algún acto del señor López

Colón dirigido a proteger su derecho a la intimidad

sobre su teléfono celular. De lo contrario, entiende

que

éste

tuviera

habrá

acceso

asumido

al

el

equipo

riesgo

y,

por

de

que

su

esposa

lo

tanto,

pudiera

consentir válidamente al registro del teléfono celular.

Dicho de otro modo, ante tan patente quebranto al

derecho de la intimidad de un ciudadano, este Tribunal

pauta

una

norma

injustificadamente

el

cuyo

efecto

es

interés

gubernamental

anteponer

sobre

la

CC-2014-767

28

protección constitucional que salvaguarda el derecho de

los ciudadanos a que el Estado no intervenga de forma

arbitraria e irrazonable con sus efectos personales. De

esa

manera,

echa

por

la

borda

una

arraigada

jurisprudencia y parece olvidar que “[e]l honor y la

intimidad

son

protección

valores

cabal,

no

del

individuo

sólo

frente

que

a

merecen

atentados

provenientes de otros particulares, sino también contra

in[j]erencias abusivas de las autoridades”. 4 Diario de

Sesiones de la Convención Constituyente 2566 (1951).

Tal curso de acción lacera irremediablemente el derecho

de

intimidad

justificarse

del

por

individuo,

la

lo

cual

“inconveniencia”

no

puede

que

podría

representar para los agentes del orden público cumplir

con

el

mandato

constitucional

de

obtener

una

orden

judicial antes de efectuar un registro de un teléfono

celular.

Habida

cuenta

que,

lejos

de

armonizar

los

intereses en pugna, la Opinión mayoritaria permite que

se lesione gravemente el derecho a la intimidad, una de

las garantías de más alta jerarquía en Puerto Rico,

DISIENTO vehementemente.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado