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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Penny T. López Cordero

2018 TSPR 80

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Penny T. López Cordero

TS-8,176

Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y notaría por incumplir con las órdenes del Tribunal Supremo.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2018 TSPR 80

200 DPR ____

Penny T. López Cordero

Número del Caso:

TS-8176

Fecha: 8 de mayo de 2018

Abogado de la promovida:

Por derecho propio

Programa de Educación Jurídica Continua:

Lcdo. José I. Campos Pérez

Director

Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 10 de

mayo de 2018, fecha en que se le notificó a la abogada de su suspensión

inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación

y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Penny T. López Cordero

TS-8,176

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de mayo de 2018.

En el día de hoy, nuevamente nos vemos obligados

a disciplinar a un miembro de nuestra profesión legal,

por incumplir con las órdenes de este Tribunal. Veamos.

I.

La licenciada Penny López Cordero fue admitida al

ejercicio de la abogacía el 10 de enero de 1986 y al

ejercicio de la notaría el 1 de marzo de 1988.1

1

Posteriormente, el 4 de agosto de 1989 la referida letrada

presentó una carta de renuncia a la práctica de la notaría por

incompatibilidad de funciones, al convertirse en Juez. Este

Tribunal aceptó su renuncia mediante Resolución de 30 de

noviembre de 1989, en la que también dio por terminada la fianza

notarial de la abogada. Varios años después, tras la solicitud

de readmisión al ejercicio del notariado presentada por la

licenciada López Cordero, este Tribunal reactivó a la mencionada

letrada a la práctica de la notaría por medio de Resolución

emitida el 3 de noviembre de 1994. Luego, el 23 de abril de 1996,

la referida letrada volvió a presentar una solicitud de cese de

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Años

2

después, el 15 de febrero de 2013, el Programa de

Educación Jurídica Continua (PEJC), le envió a la licenciada

López Cordero un Aviso de incumplimiento en el que le

concedía a ésta un término de sesenta (60) días para subsanar

su incumplimiento con los requisitos de educación jurídica

continua y para pagar la multa por cumplimiento tardío,

conforme a lo dispuesto por la Regla 30(C) del Reglamento

del PEJC, infra. No obstante, la letrada no cumplió el

referido requerimiento.

Por consiguiente, el 31 de octubre de 2014 el PEJC

notificó a la licenciada López Cordero una citación a una

vista informal a celebrarse el 4 de diciembre de 2014. En

dicha comunicación, se le indicó a la mencionada letrada

que,

de

no

poder

asistir

presencialmente

a

la

vista

informal, podría presentar una comparecencia escrita dentro

del término de diez (10) días de la notificación.

Así las cosas, la licenciada López Cordero compareció

al PEJC mediante comunicación escrita, en la cual indicó que

no

había

económicas.

completado

los

No

a

empece

créditos

ello,

ésta

debido

a

pagó

cuota

la

razones

por

cumplimiento tardío con los créditos de educación jurídica

la práctica de la notaría pues había solicitado readmisión a la notaría

con desconocimiento de que sería nombrada como Juez municipal una semana

después de presentada su solicitud de reactivación. El 19 de junio de

1996 este Tribunal autorizó el cese voluntario de la notaría por parte

de la letrada. Así pues, culminada su labor como juez la licenciada

López Cordero solicitó nuevamente readmisión al ejercicio de la notaría

el 2 de marzo de 2000, la cual fue concedida el 26 de mayo de 2000,

mediante Resolución emitida por este Tribunal.

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continua y solicitó noventa (90) días para subsanar la

deficiencia.

Presentado

el

Informe

del

Oficial

Examinador

y

transcurrido un periodo prudente para el cumplimiento con

los requisitos de educación jurídica continua, el Director

del PEJC, el Lcdo. José Ignacio Campos Perez, emitió una

determinación final de la cual se desprende que al 16 de

septiembre de 2016 la licenciada López Cordero aún estaba

en incumplimiento con el periodo de 2011-2012, por lo que

su caso sería presentado a la Junta del Programa de Educación

Jurídica Continua (en adelante “la Junta”) para determinar

si sería referido o no al Tribunal Supremo, conforme a lo

dispuesto en la Regla 8(d)(2) del Reglamento del PEJC,

infra. Asimismo, del mencionado Informe se desprende que la

letrada

en

cuestión

estaba

en

incumplimiento

con

los

requisitos de educación jurídica continua para el periodo

de

2013-2014

y

que

tampoco

había

pagado

la

multa

por

cumplimiento tardío de dicho periodo, de modo que podría ser

citada a una vista informal respecto a ese periodo.

Llevada la conducta de la licenciada López Cordero ante

la consideración de la Junta, ésta determinó referir el

asunto a este Foro. Así pues, el 20 de abril de 2017 el

Director Ejecutivo del PEJC, compareció ante nos mediante

Informe sobre incumplimiento con requisito de educación

jurídica continua con el fin de informarnos sobre varios

profesionales del derecho que estaban en incumplimiento con

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los

4

requisitos

de

educación

jurídica

continua

para

el

periodo del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012.

Entre

los

abogados

en

incumplimiento

se

encontraba

la

licenciada López Cordero.

Evaluado el Informe presentado por el PEJC, el 30 de

mayo de 2017, este Tribunal emitió una Resolución mediante

la cual se le concedió a la referida letrada un término de

veinte (20) días para mostrar causa por la que no debía ser

suspendida del ejercicio de la profesión de la abogacía por

incumplir con los requisitos de educación jurídica continua.

No obstante, la licenciada López Cordero no compareció ante

nos.

Tras el referido incumplimiento, el Tribunal emitió una

segunda Resolución en la que le concedió a ésta un término

final de diez (10) días para comparecer y mostrar causa por

la cual no debía ser suspendida del ejercicio de la profesión

de la abogacía. Dicha Resolución, según ordenado por este

Tribunal, debía notificarse personalmente. No obstante, el

23 de agosto de 2017, la Oficina del Alguacil del Tribunal

Supremo nos informó que se personaron a la dirección física

de la licenciada López Cordero que surgía de su expediente,

pero se encontraron con una residencia en la que no vivía

nadie. Al momento, la letrada aún no ha comparecido ante

nos.

Es, pues, a la luz del marco fáctico y procesal antes

expuesto, que procedemos a resolver el asunto que nos ocupa.

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II.

A.

Como es sabido, todo abogado y abogada tiene el deber

ineludible

de

“mantener

un

alto

grado

de

excelencia

y

competencia en su profesión a través del estudio y la

participación

en

programas

educativos

de

mejoramiento

profesional”. 4 LPRA Ap. IX, C. 2. En virtud de dicho deber

impuesto

por

nuestro

ordenamiento

deontológico,

este

Tribunal formuló el Reglamento del Programa de Educación

Jurídica Continua, 4 LPRA Ap. XVII–D, según enmendado. El

mismo exige a los abogados y las abogadas activos en Puerto

Rico la aprobación de veinticuatro (24) horas crédito en

cursos de educación jurídica continua en un periodo de tres

(3) años. Íd., Regla 30.

Cónsono con ello, y conforme lo exige la mencionada

disposición reglamentaria, en aquellas instancias en que un

abogado o abogada incumple con los requisitos del PEJC, será

necesario

celebrar

una

vista

informal

con

él

o

la

profesional del derecho en cuestión para que éste o ésta

tenga

la

oportunidad

de

explicar

las

razones

de

su

incumplimiento. Íd., Regla 32. De no comparecer a la vista,

la Junta del PEJC tiene el deber de remitir el asunto ante

la consideración de esta Curia. Íd. Véase, además, In re

Gómez Riefkohl, 2017 TSPR 41, 197 DPR __ (2017); In re

González Borgos, 192 DPR 925 (2015); In re López González,

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6

2015 TSPR 107, 193 DPR 1021 (2015); In re Luis Paisán, 190

DPR 1 (2014).

B.

De otra parte, pero por ser en extremo pertinente al

proceso

disciplinario

también

que

el

Profesional, 4

que

nos

ocupa,

9

de

nuestro

Código

Ap.

XI,

C.9.,

requiere

Canon

LPRA

conviene

señalar

de

Ética

que

el

comportamiento de todo abogado y abogada se caracterice por

el mayor respeto hacia los tribunales. In re Cruz Liciaga,

supra; In re López Méndez, 196 DPR 956 (2016); In re Montalvo

Delgado, 196 DPR 541 (2016); In re Torres Rodríguez, 188 DPR

304 (2013). De conformidad con lo anterior, en numerosas

ocasiones, hemos sentenciado que el alcance del referido

Canon 9 incluye el deber de los miembros de la profesión

legal de responder las órdenes de este Tribunal con la mayor

diligencia,

en

especial

cuando

se

trata

de

procesos

disciplinarios. In re Rivera Navarro, 193 DPR 303 (2015);

In re Irizarry Irizarry, supra; In re Martínez Romero, 188

DPR 511 (2013); In re Lugo Cruz, 188 DPR 112 (2013).

La desatención o el incumplimiento con las órdenes de

los tribunales constituye un serio agravio a la autoridad

de los tribunales y, a su vez, una infracción al Canon 9 del

Código de Ética Profesional, supra. In re López Méndez,

supra; In

re

Pestaña

Segovia, supra;

In

re

García

Incera, 177 DPR 329 (2010); In re Maldonado Rivera, 147 DPR

380 (1999). Es por ello que, cuando un abogado o abogada

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ignora las órdenes de este Tribunal, procede su suspensión

inmediata de la abogacía. In re Pérez Román, 191 DPR 186,

188 (2014); In re Martínez Romero, supra; In re Arroyo

Rivera, 182 DPR 732, 735-736 (2011); In re Montalvo Guzmán,

supra.

Expuesta

la

normativa

pertinente

al

proceso

disciplinario ante nos, procedemos a resolver.

III.

En

el

presente

caso,

como

ha

quedado

claramente

demostrado, la licenciada López Cordero incumplió con los

requisitos del PEJC para los periodos 2011-2012 y 2012-2013.

En vista de ello, este Tribunal emitió varias Resoluciones

para que la referida letrada mostrara causa por la que no

debíamos suspenderla de la práctica de la abogacía por su

incumplimiento con los requerimientos del PEJC.

No empece a las oportunidades concedidas, la licenciada

López

Cordero

ha

mostrado

total

indiferencia

a

las

Resoluciones emitidas por este Tribunal, y ha optado por no

cumplir las mismas. Con su conducta displicente, la referida

letrada

profesión

demuestra

de

un

total

la abogacía.

desinterés

Procede,

en

pues,

ejercer

su

la

suspensión

inmediata e indefinida de la misma.

IV.

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

se

suspende

inmediata e indefinidamente a la licenciada López Cordero

del ejercicio de la abogacía y la notaría.

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8

Se le impone a la señora López Cordero el deber de

notificar a todos sus clientes su inhabilidad para continuar

representándolos,

recibidos

por

devolver

trabajos

no

cualesquiera

realizados

honorarios

e

informar

inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y

administrativos en los que tenga algún asunto pendiente.

Además, tiene la obligación de acreditar y certificar ante

este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del

término de treinta (30) días a partir de la notificación de

esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Por último, la fianza notarial de la señora López

Cordero

queda

automáticamente

cancelada;

la

misma

se

considerará buena y válida por tres (3) años después de su

terminación

en

cuanto

a

los

actos

realizados

por

durante el periodo en que dicha fianza estuvo vigente.

Se dictará Sentencia de conformidad.

ésta

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Penny T. López Cordero

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SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de mayo de 2018.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de

la presente Sentencia, se suspende inmediata e

indefinidamente a la licenciada Penny T. López Cordero

del ejercicio de la abogacía y la notaría.

Se le impone a la señora López Cordero el deber

de notificar a todos sus clientes su inhabilidad para

continuar representándolos, devolver cualesquiera

honorarios recibidos por trabajos no realizados e

informar inmediatamente de su suspensión a los foros

judiciales y administrativos en los que tenga algún

asunto pendiente. Además, tiene la obligación de

acreditar

y

certificar

ante

este

Tribunal

el

cumplimiento con lo anterior, dentro del término de

treinta (30) días a partir de la notificación de esta

Opinión Per Curiam y Sentencia.

Por último, la fianza notarial de la señora López

Cordero queda automáticamente cancelada; la misma se

considerará buena y válida por tres (3) años después

de su terminación en cuanto a los actos realizados por

ésta durante el periodo en que dicha fianza estuvo

vigente.

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2

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo de Puerto Rico. La Juez

Presidenta Interina señora Rodríguez Rodríguez no interviene.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no intervino.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo