Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Penny T. López Cordero
2018 TSPR 80
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Penny T. López Cordero
TS-8,176
Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y notaría por incumplir con las órdenes del Tribunal Supremo.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2018 TSPR 80
200 DPR ____
Penny T. López Cordero
Número del Caso:
TS-8176
Fecha: 8 de mayo de 2018
Abogado de la promovida:
Por derecho propio
Programa de Educación Jurídica Continua:
Lcdo. José I. Campos Pérez
Director
Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 10 de
mayo de 2018, fecha en que se le notificó a la abogada de su suspensión
inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación
y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Penny T. López Cordero
TS-8,176
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de mayo de 2018.
En el día de hoy, nuevamente nos vemos obligados
a disciplinar a un miembro de nuestra profesión legal,
por incumplir con las órdenes de este Tribunal. Veamos.
I.
La licenciada Penny López Cordero fue admitida al
ejercicio de la abogacía el 10 de enero de 1986 y al
ejercicio de la notaría el 1 de marzo de 1988.1
1
Posteriormente, el 4 de agosto de 1989 la referida letrada
presentó una carta de renuncia a la práctica de la notaría por
incompatibilidad de funciones, al convertirse en Juez. Este
Tribunal aceptó su renuncia mediante Resolución de 30 de
noviembre de 1989, en la que también dio por terminada la fianza
notarial de la abogada. Varios años después, tras la solicitud
de readmisión al ejercicio del notariado presentada por la
licenciada López Cordero, este Tribunal reactivó a la mencionada
letrada a la práctica de la notaría por medio de Resolución
emitida el 3 de noviembre de 1994. Luego, el 23 de abril de 1996,
la referida letrada volvió a presentar una solicitud de cese de
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Años
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después, el 15 de febrero de 2013, el Programa de
Educación Jurídica Continua (PEJC), le envió a la licenciada
López Cordero un Aviso de incumplimiento en el que le
concedía a ésta un término de sesenta (60) días para subsanar
su incumplimiento con los requisitos de educación jurídica
continua y para pagar la multa por cumplimiento tardío,
conforme a lo dispuesto por la Regla 30(C) del Reglamento
del PEJC, infra. No obstante, la letrada no cumplió el
referido requerimiento.
Por consiguiente, el 31 de octubre de 2014 el PEJC
notificó a la licenciada López Cordero una citación a una
vista informal a celebrarse el 4 de diciembre de 2014. En
dicha comunicación, se le indicó a la mencionada letrada
que,
de
no
poder
asistir
presencialmente
a
la
vista
informal, podría presentar una comparecencia escrita dentro
del término de diez (10) días de la notificación.
Así las cosas, la licenciada López Cordero compareció
al PEJC mediante comunicación escrita, en la cual indicó que
no
había
económicas.
completado
los
No
a
empece
créditos
ello,
ésta
debido
a
pagó
cuota
la
razones
por
cumplimiento tardío con los créditos de educación jurídica
la práctica de la notaría pues había solicitado readmisión a la notaría
con desconocimiento de que sería nombrada como Juez municipal una semana
después de presentada su solicitud de reactivación. El 19 de junio de
1996 este Tribunal autorizó el cese voluntario de la notaría por parte
de la letrada. Así pues, culminada su labor como juez la licenciada
López Cordero solicitó nuevamente readmisión al ejercicio de la notaría
el 2 de marzo de 2000, la cual fue concedida el 26 de mayo de 2000,
mediante Resolución emitida por este Tribunal.
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continua y solicitó noventa (90) días para subsanar la
deficiencia.
Presentado
el
Informe
del
Oficial
Examinador
y
transcurrido un periodo prudente para el cumplimiento con
los requisitos de educación jurídica continua, el Director
del PEJC, el Lcdo. José Ignacio Campos Perez, emitió una
determinación final de la cual se desprende que al 16 de
septiembre de 2016 la licenciada López Cordero aún estaba
en incumplimiento con el periodo de 2011-2012, por lo que
su caso sería presentado a la Junta del Programa de Educación
Jurídica Continua (en adelante “la Junta”) para determinar
si sería referido o no al Tribunal Supremo, conforme a lo
dispuesto en la Regla 8(d)(2) del Reglamento del PEJC,
infra. Asimismo, del mencionado Informe se desprende que la
letrada
en
cuestión
estaba
en
incumplimiento
con
los
requisitos de educación jurídica continua para el periodo
de
2013-2014
y
que
tampoco
había
pagado
la
multa
por
cumplimiento tardío de dicho periodo, de modo que podría ser
citada a una vista informal respecto a ese periodo.
Llevada la conducta de la licenciada López Cordero ante
la consideración de la Junta, ésta determinó referir el
asunto a este Foro. Así pues, el 20 de abril de 2017 el
Director Ejecutivo del PEJC, compareció ante nos mediante
Informe sobre incumplimiento con requisito de educación
jurídica continua con el fin de informarnos sobre varios
profesionales del derecho que estaban en incumplimiento con
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los
4
requisitos
de
educación
jurídica
continua
para
el
periodo del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012.
Entre
los
abogados
en
incumplimiento
se
encontraba
la
licenciada López Cordero.
Evaluado el Informe presentado por el PEJC, el 30 de
mayo de 2017, este Tribunal emitió una Resolución mediante
la cual se le concedió a la referida letrada un término de
veinte (20) días para mostrar causa por la que no debía ser
suspendida del ejercicio de la profesión de la abogacía por
incumplir con los requisitos de educación jurídica continua.
No obstante, la licenciada López Cordero no compareció ante
nos.
Tras el referido incumplimiento, el Tribunal emitió una
segunda Resolución en la que le concedió a ésta un término
final de diez (10) días para comparecer y mostrar causa por
la cual no debía ser suspendida del ejercicio de la profesión
de la abogacía. Dicha Resolución, según ordenado por este
Tribunal, debía notificarse personalmente. No obstante, el
23 de agosto de 2017, la Oficina del Alguacil del Tribunal
Supremo nos informó que se personaron a la dirección física
de la licenciada López Cordero que surgía de su expediente,
pero se encontraron con una residencia en la que no vivía
nadie. Al momento, la letrada aún no ha comparecido ante
nos.
Es, pues, a la luz del marco fáctico y procesal antes
expuesto, que procedemos a resolver el asunto que nos ocupa.
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II.
A.
Como es sabido, todo abogado y abogada tiene el deber
ineludible
de
“mantener
un
alto
grado
de
excelencia
y
competencia en su profesión a través del estudio y la
participación
en
programas
educativos
de
mejoramiento
profesional”. 4 LPRA Ap. IX, C. 2. En virtud de dicho deber
impuesto
por
nuestro
ordenamiento
deontológico,
este
Tribunal formuló el Reglamento del Programa de Educación
Jurídica Continua, 4 LPRA Ap. XVII–D, según enmendado. El
mismo exige a los abogados y las abogadas activos en Puerto
Rico la aprobación de veinticuatro (24) horas crédito en
cursos de educación jurídica continua en un periodo de tres
(3) años. Íd., Regla 30.
Cónsono con ello, y conforme lo exige la mencionada
disposición reglamentaria, en aquellas instancias en que un
abogado o abogada incumple con los requisitos del PEJC, será
necesario
celebrar
una
vista
informal
con
él
o
la
profesional del derecho en cuestión para que éste o ésta
tenga
la
oportunidad
de
explicar
las
razones
de
su
incumplimiento. Íd., Regla 32. De no comparecer a la vista,
la Junta del PEJC tiene el deber de remitir el asunto ante
la consideración de esta Curia. Íd. Véase, además, In re
Gómez Riefkohl, 2017 TSPR 41, 197 DPR __ (2017); In re
González Borgos, 192 DPR 925 (2015); In re López González,
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2015 TSPR 107, 193 DPR 1021 (2015); In re Luis Paisán, 190
DPR 1 (2014).
B.
De otra parte, pero por ser en extremo pertinente al
proceso
disciplinario
también
que
el
Profesional, 4
que
nos
ocupa,
9
de
nuestro
Código
Ap.
XI,
C.9.,
requiere
Canon
LPRA
conviene
señalar
de
Ética
que
el
comportamiento de todo abogado y abogada se caracterice por
el mayor respeto hacia los tribunales. In re Cruz Liciaga,
supra; In re López Méndez, 196 DPR 956 (2016); In re Montalvo
Delgado, 196 DPR 541 (2016); In re Torres Rodríguez, 188 DPR
304 (2013). De conformidad con lo anterior, en numerosas
ocasiones, hemos sentenciado que el alcance del referido
Canon 9 incluye el deber de los miembros de la profesión
legal de responder las órdenes de este Tribunal con la mayor
diligencia,
en
especial
cuando
se
trata
de
procesos
disciplinarios. In re Rivera Navarro, 193 DPR 303 (2015);
In re Irizarry Irizarry, supra; In re Martínez Romero, 188
DPR 511 (2013); In re Lugo Cruz, 188 DPR 112 (2013).
La desatención o el incumplimiento con las órdenes de
los tribunales constituye un serio agravio a la autoridad
de los tribunales y, a su vez, una infracción al Canon 9 del
Código de Ética Profesional, supra. In re López Méndez,
supra; In
re
Pestaña
Segovia, supra;
In
re
García
Incera, 177 DPR 329 (2010); In re Maldonado Rivera, 147 DPR
380 (1999). Es por ello que, cuando un abogado o abogada
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ignora las órdenes de este Tribunal, procede su suspensión
inmediata de la abogacía. In re Pérez Román, 191 DPR 186,
188 (2014); In re Martínez Romero, supra; In re Arroyo
Rivera, 182 DPR 732, 735-736 (2011); In re Montalvo Guzmán,
supra.
Expuesta
la
normativa
pertinente
al
proceso
disciplinario ante nos, procedemos a resolver.
III.
En
el
presente
caso,
como
ha
quedado
claramente
demostrado, la licenciada López Cordero incumplió con los
requisitos del PEJC para los periodos 2011-2012 y 2012-2013.
En vista de ello, este Tribunal emitió varias Resoluciones
para que la referida letrada mostrara causa por la que no
debíamos suspenderla de la práctica de la abogacía por su
incumplimiento con los requerimientos del PEJC.
No empece a las oportunidades concedidas, la licenciada
López
Cordero
ha
mostrado
total
indiferencia
a
las
Resoluciones emitidas por este Tribunal, y ha optado por no
cumplir las mismas. Con su conducta displicente, la referida
letrada
profesión
demuestra
de
un
total
la abogacía.
desinterés
Procede,
en
pues,
ejercer
su
la
suspensión
inmediata e indefinida de la misma.
IV.
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
se
suspende
inmediata e indefinidamente a la licenciada López Cordero
del ejercicio de la abogacía y la notaría.
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Se le impone a la señora López Cordero el deber de
notificar a todos sus clientes su inhabilidad para continuar
representándolos,
recibidos
por
devolver
trabajos
no
cualesquiera
realizados
honorarios
e
informar
inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y
administrativos en los que tenga algún asunto pendiente.
Además, tiene la obligación de acreditar y certificar ante
este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del
término de treinta (30) días a partir de la notificación de
esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Por último, la fianza notarial de la señora López
Cordero
queda
automáticamente
cancelada;
la
misma
se
considerará buena y válida por tres (3) años después de su
terminación
en
cuanto
a
los
actos
realizados
por
durante el periodo en que dicha fianza estuvo vigente.
Se dictará Sentencia de conformidad.
ésta
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Penny T. López Cordero
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SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de mayo de 2018.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de
la presente Sentencia, se suspende inmediata e
indefinidamente a la licenciada Penny T. López Cordero
del ejercicio de la abogacía y la notaría.
Se le impone a la señora López Cordero el deber
de notificar a todos sus clientes su inhabilidad para
continuar representándolos, devolver cualesquiera
honorarios recibidos por trabajos no realizados e
informar inmediatamente de su suspensión a los foros
judiciales y administrativos en los que tenga algún
asunto pendiente. Además, tiene la obligación de
acreditar
y
certificar
ante
este
Tribunal
el
cumplimiento con lo anterior, dentro del término de
treinta (30) días a partir de la notificación de esta
Opinión Per Curiam y Sentencia.
Por último, la fianza notarial de la señora López
Cordero queda automáticamente cancelada; la misma se
considerará buena y válida por tres (3) años después
de su terminación en cuanto a los actos realizados por
ésta durante el periodo en que dicha fianza estuvo
vigente.
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Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo de Puerto Rico. La Juez
Presidenta Interina señora Rodríguez Rodríguez no interviene.
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no intervino.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo