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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Ex parte Yecimar Tirado Camacho

2018 TSPR 81

Poder Judicial de Puerto Rico

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Ex parte Yecimar Tirado Camacho

TS-17,295

Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por no mantener actualizados sus datos en el Registro Único de Abogados y Abogadas.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2018 TSPR 81

200 DPR ____

Yecimar Tirado Camacho

Número del Caso:

TS-17,295

Fecha: 9 de mayo de 2018

Abogado de la promovida:

Por derecho propio

Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 10

de mayo de 2018, fecha en que se le notificó a la abogada por correo

de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

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comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ex parte

Yecimar Tirado Camacho

TS-17,295

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de mayo de 2018.

Una vez más nos vemos obligados a suspender del

ejercicio

de

la

profesión

legal

abogacía

que

ha

a

un

miembro

incumplido

con

de

la

mantener

actualizada su información en el Registro Único de

Abogados y Abogadas del Tribunal Supremo de Puerto

Rico (RUA). Veamos.

I.

Como

es

sabido,

y

a

realizados

en

el

Sistema

Administración

de

Casos

tenor

con

Unificado

(SUMAC),

en

los

de

cambios

Manejo

los

de

pasados

meses se expandió la implementación del Proyecto de

Notificación

Electrónica

en

los

Tribunales (NET)

a diversos Centros Judiciales alrededor de la isla.

TS-17,295

2

En aras de mantener informada a la comunidad jurídica sobre

el particular, se le enviaron ciertas comunicaciones a los

abogados y las abogadas activas en la profesión en Puerto

Rico, a través de los correos electrónicos que éstos y éstas

tenían registrados en el RUA.

No

obstante,

reglamentaria,

y

algunos

a

pesar

de

abogados

y

ser

una

abogadas

no

obligación

tienen

su

dirección de correo electrónico registrada en el RUA, lo que

impide

se

le

puedan

notificar

adecuadamente

las

comunicaciones y/o los dictámenes de nuestros Tribunales.

Como

consecuencia

de

ello,

en

los

pasados

meses

la

Secretaría del Tribunal Supremo recibió varias Resoluciones

de

jueces

y

juezas

del

Tribunal

de

Primera

Instancia

mediante las cuales referían a la atención de este Tribunal

a ciertos abogados y abogadas que no tenían registrada una

dirección de correo electrónico en el RUA, razón por la cual

los Tribunales de Primera Instancia no podían notificar sus

determinaciones a través del sistema de NET. Entre ellos, se

encontraba la licenciada Yecimar Tirado Camacho.1

Así

las

Subsecretaria

cosas,

del

el

Tribunal

22

de

Supremo,

agosto

Lcda.

de

2017,

Sonnya

la

Isabel

Ramos Zeno, le envió una misiva a la referida letrada, vía

correo certificado, en la cual le informaba que, en sus

datos personales que constaban en el RUA, ésta no había

incluido ningún correo electrónico. Se le informó que, por

La licenciada Yecimar Tirado Camacho fue admitida al ejercicio de

la abogacía el 4 de febrero de 2009.

1

TS-17,295

3

tal motivo, ésta no había recibido comunicaciones oficiales

de la Rama Judicial. Se le recordó, además, que todo miembro

de

la

profesión

legal

tiene

la

obligación

de

mantener

actualizados sus datos en el RUA, incluyendo su dirección de

correo

electrónico,

y

que

el

incumplimiento

de

ello

es

fundamento suficiente para decretar la separación inmediata

del

ejercicio

de

la

abogacía.

La

mencionada

misiva

fue

devuelta por el servicio postal debido a que la misma no fue

reclamada

(“RETURN

TO

SENDER-

UNCLAIMED-

UNABLE

TO

FORWARD”).

A todas luces, la licenciada Tirado Camacho no tenía al

día su información en el RUA. Como consecuencia de ello, la

Secretaría

de

este

Tribunal

nos

refirió

el

asunto

ante

nuestra consideración.

Es pues, a la luz del trámite procesal antes expuesto,

que procedemos a resolver el asunto disciplinario que nos

ocupa.

II.

Como se sabe, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal

Supremo impone a los abogados y las abogadas la obligación

de mantener actualizados sus datos personales en el RUA,

entre

ellos

oficina

como

su

dirección

de

su

física

y

residencia,

postal,

así

como

tanto

su

de

su

correo

electrónico. 4 LPRA Ap. XXI-B; In re Marichal Morales, 195

DPR 678 (2016); In re Rivera Trani, 188 DPR 454 (2013). El

abogado

o

abogada

deberá,

además,

designar

una

de

esas

direcciones para recibir las notificaciones del Tribunal. In

TS-17,295

4

re Torres Martínez, 192 DPR 291 (2015); In re Rivera Trani,

supra.

Sobre

cumplimiento

el

particular,

de

la

hemos

mencionada

señalado

que

obligación

el

fiel

reglamentaria

garantiza el ejercicio eficaz de nuestro deber de velar

porque los miembros de la clase togada cumplan con

sus

deberes

con

ético-profesionales;

es

decir,

que

atiendan

prontitud y diligencia las comunicaciones que se le remitan.

In re Pratts Barbarossa, 2018 TSPR 5, 199 DPR ___ (2018); In

re López Méndez, 196 DPR 956, 962 (2016); In re Marichal

Morales, 195 DPR 678 (2016); In re Ezratty Samo, 2016 TSPR

19, 194 DPR 960 (2016); In re Guzmán Ortiz, 2015 TSPR 106,

193 DPR 1021 (2015). Cuando un abogado o abogada incumple

con su deber de mantener al día sus datos personales en el

RUA,

obstaculiza

el

ejercicio

de

nuestra

jurisdicción

disciplinaria, In re Arroyo Rosado, 191 DPR 242 (2014); In

re Rivera Trani, supra; In re Toro Soto, 181 DPR

654

(2011), lo que constituye razón suficiente para decretar su

separación

indefinida

de

la

profesión.

In

re

Pratts

Barbarossa, supra; In re Ramos Fernández, 2016 TSPR 127, 195

DPR 979 (2016); In re Cepero Rivera, 193 DPR 1021 (2015); In

re Toro Soto, supra.

III.

En el presente caso, según surge del expediente ante

nuestra

consideración,

y

como

ha

quedado

claramente

demostrado, la licenciada Tirado Camacho no ha mantenido

actualizados sus datos personales en el RUA. En particular,

TS-17,295

5

no ha añadido su dirección de correo electrónico, lo que ha

impedido que se le puedan enviar las notificaciones del

Tribunal de Primera Instancia donde litiga casos, así como

las comunicaciones de este Tribunal. Con su desatención, la

licenciada Tirado Camacho ha incumplido con el deber que le

impone la Regla 9(j) del Reglamento de este Tribunal, supra,

y, en consecuencia, ha obstaculizado nuestra jurisdicción

disciplinaria. Ello es motivo suficiente para suspenderla

del ejercicio de la abogacía. Procedemos a así hacerlo.

IV.

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

se

suspende

inmediata e indefinidamente a la licenciada Yecimar Tirado

Camacho del ejercicio de la abogacía.

Además, se le impone a la señora Tirado Camacho el deber

de

notificar

a

todos

sus

clientes

su

inhabilidad

para

continuar representándolos, devolver cualesquiera honorarios

recibidos

por

trabajos

inmediatamente

su

administrativos

donde

no

suspensión

tenga

a

realizados

e

los

judiciales

asuntos

foros

pendientes.

informar

De

y

igual

forma, tiene la obligación de acreditar y certificar ante

este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del

término de treinta (30) días a partir de la notificación de

esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Notifíquese inmediatamente por fax, teléfono y por la

vía ordinaria.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ex parte:

Yecimar Tirado Camacho

TS-17,295

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de mayo de 2018.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte de la presente Sentencia, se suspende

inmediata e indefinidamente a la licenciada Yecimar

Tirado Camacho del ejercicio de la abogacía.

Además, se le impone a la señora Tirado

Camacho el deber de notificar a todos sus clientes

su inhabilidad para continuar representándolos,

devolver cualesquiera honorarios recibidos por

trabajos no realizados e informar inmediatamente su

suspensión a los foros judiciales y administrativos

donde tenga asuntos pendientes. De igual forma,

tiene la obligación de acreditar y certificar ante

este Tribunal el cumplimiento con lo anterior,

dentro del término de treinta (30) días a partir de

la notificación de esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Lo

acordó

el

Tribunal

y

certifica

el

Secretario

del

Tribunal

Supremo.

La

Jueza

Presidenta Oronoz Rodríguez no intervino.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo