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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Julio E. Rivera Aponte

2018 TSPR 83

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Julio E. Rivera Aponte

TS-8,231

Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y notaría por incumplir con los requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua y las órdenes del Tribunal Supremo.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2018 TSPR 83

200 DPR ____

Julio E. Rivera Aponte

Número del Caso:

TS-8,231

Fecha: 10 de mayo de 2018

Abogado de la promovida:

Por derecho propio

Programa de Educación Jurídica Continua:

Lcdo. José I. Campos Pérez

Director

Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 14 de

mayo de 2018, fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión

inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación

y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Julio E. Rivera Aponte

TS-8,231

Per Curiam

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2018.

I

El Lcdo. Julio E. Rivera Aponte fue admitido al

ejercicio de la abogacía y la notaría en 1986. A

finales de 2012, su salud se deterioró y dejó de

practicar la profesión. Desde entonces, su salud no ha

mejorado. El 15 de febrero de 2013, el Programa de

Educación Jurídica Continua

(PEJC) le

notificó al

licenciado Rivera Aponte, mediante correo regular, un

Aviso de incumplimiento referente al periodo de 20112012. Le otorgó 60 días adicionales para tomar los

cursos y pagar la multa por cumplimiento tardío. El 31

de octubre de 2014, el PEJC lo citó a una vista

informal para el 2 de diciembre de 2014.

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2

El 12 de noviembre de 2014, la Sra. Julyvette Rivera

Quintana, hija del licenciado Rivera Aponte, envió una carta

al PEJC, en la que informó que su padre soportó una operación

de corazón abierto, durante la que le descubrieron cáncer en

los

huesos,

que

su

movilidad

se

ha

reducido

significativamente y que su salud no ha mejorado. La señora

Rivera Quintana solicitó que se le permita gestionar en

representación de este.

El 17 de noviembre de 2014, el PEJC contestó la carta

de la señora Rivera Quintana y le explicó que, puesto que el

licenciado

Rivera

Aponte

mantiene

estatus

de

abogado

y

notario activo ante la Secretaría del Tribunal Supremo, su

obligación

de

cumplir

con

los

requisitos

de

educación

continua persiste, a pesar de sus percances de salud. Le

comunicó

que

debía

cumplimentar

la

Certificación

de

representación si quería representar a su padre ante el PEJC.

Anejó copia de la Solicitud de cesación e información del

proceso de cambio a estatus inactivo y le informó que, cuando

el

Tribunal

Supremo

acepta

esta

solicitud,

releva

del

requisito de educación continua al abogado que mantenga su

estatus de inactivo.

La señora Rivera Quintana compareció a la vista del 2

de diciembre de 2014 en representación del licenciado Rivera

Aponte. Testificó en cuanto a la condición de salud de su

padre, pero no presentó evidencia documental que sustentara

sus alegaciones. También ese día, y con el propósito de

solicitar el cambio de estatus a abogado inactivo, la señora

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3

Rivera Quintana solicitó una certificación de estatus del

PEJC.

Aparentemente,

el

cambio

de

estatus

nunca

se

configuró. Del expediente no surge que la señora Rivera

Quintana haya realizado otras gestiones en relación a ello.

Poco más de dos años después, el 31 de enero de 2017,

el PEJC le escribió una carta al licenciado Rivera Aponte,

con copia por correo electrónico a su hija, la señora Rivera

Quintana. Le informó al licenciado Rivera Aponte que aún

mantiene estatus de abogado y notario activo. Le concedió 30

días para proveer “una certificación médica de la cual surja

cómo

se

le

necesarias

ha

para

imposibilitado

cumplir”,

y

realizar

que

las

indicara

actividades

“si

tiene

la

intención de cesar la práctica de la notaría y/o solicitar

cambio de estatus de abogado inactivo en la Secretaría del

Tribunal Supremo y cuándo”. El PEJC reconoció que las razones

de salud que le impiden cumplir son relevantes, pero enfatizó

que mientras el abogado mantenga estatus de activo, se

presume que tiene la capacidad de cumplir con todas las

obligaciones,

conllevar

y

que

acciones

el

incumplimiento

disciplinarias.

El

con

estas

PEJC

no

puede

recibió

contestación a esta carta.

El 15 de febrero de 2017, el PEJC le notificó al

licenciado Rivera Aponte, mediante correo regular y con

copia por correo electrónico a la señora Rivera Quintana, el

informe

del

Oficial

Examinador

y

la

determinación

del

Director Ejecutivo del PEJC respecto a la vista celebrada el

2 de diciembre de 2014. El Oficial Examinador recomendó

TS-8231

cerrar

4

administrativamente

el

incumplimiento

durante

el

periodo 2011-2012 y relevar al licenciado del pago de la

cuota por cumplimiento tardío, pues la condición de salud

del licenciado Rivera Aponte justifica el incumplimiento.

Sin embargo, el Director Ejecutivo determinó que, dado

el estatus de abogado activo del licenciado Rivera Aponte,

el

PEJC

no

estaba

en

condición

de

relevarle

de

su

cumplimiento. Le advirtió que su caso sería presentado ante

la Junta de Educación Continua para que esta determinara si

lo referiría al Tribunal Supremo. El Director también le

informó al licenciado Rivera Aponte que tiene incumplido el

periodo

de

2013-2014.

Nuevamente,

le

recordó

que

puede

solicitar el cambio de estatus a abogado inactivo. Como

anejo, le proveyó al licenciado los documentos relacionados

al procedimiento de cambio de estatus.

Con la aprobación de la Junta de Educación Continua, el

Director nos rindió un informe. El 31 de mayo de 2017,

emitimos una resolución en la que le concedimos un término

de 20 días al licenciado Rivera Aponte para que compareciera

y mostrara causa por la que no debíamos suspenderlo del

ejercicio de la abogacía por incumplir con los requisitos de

educación continua y por no comparecer ante el PEJC cuando

le fue requerido. El letrado no respondió. Consecuentemente,

el

23

de

agosto

de

2017,

emitimos

otra

resolución

concediéndole un término final de 10 días para cumplir con

nuestra orden. No lo hizo.

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II

El Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.

IX, dispone que los abogados deben mantener un alto grado de

excelencia y competencia en su profesión a través del estudio

y la participación en programas educativos de mejoramiento

profesional

con

el

fin

de

viabilizar

el

objetivo

de

representación legal adecuada para toda persona.

Como consecuencia, todo abogado debe cumplir con los

requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua. Para

el periodo de incumplimiento que estamos evaluando en este

caso, estaban vigentes el Reglamento de Educación Jurídica

Continua, 146 DPR 494 (1998), según enmendado mediante la

Resolución ER-2005-5, 164 DPR 703 (2005), y el Reglamento

del Programa de Educación Jurídica Continua, 164 DPR 555

(2005), enmendado mediante la Resolución ER-2011-04, 183 DPR

48 (2011).1 Estos reglamentos imponían la obligación a todo

abogado activo de tomar por lo menos 24 horas crédito en

educación jurídica continua cada 2 años y presentar un

informe al PEJC acreditando el cumplimiento con las horas

crédito

requeridas

no

más

tarde

de

30

días

luego

de

transcurrido el periodo de 2 años. Regla 6 del Reglamento de

Educación

Jurídica

Continua,

supra,

y

Regla

28

del

Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua,

supra.

El nuevo Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua,

aprobado el 2 de junio de 2017, 2017 TSPR 91, 198 DPR ___ (2017), derogó

ambos reglamentos, pero no aplica en este caso. Tampoco son de aplicación

las enmiendas a ambos reglamentos mediante la Resolución ER-2015-3, In

re Emdas. R. Educ. Jur. Cont., 193 DPR 233 (2015).

1

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6

Si un abogado incumplía con estos requisitos, la Regla

29

del

Reglamento

Continua,

supra,

del

Programa

disponía

que,

de

Educación

dentro

de

los

Jurídica

30

días

siguientes a la terminación del periodo de cumplimiento, se

le enviara a este un aviso de incumplimiento. El abogado

podía rendir el informe acreditando el cumplimiento con las

horas crédito requeridas dentro de 30 días a partir de la

notificación del aviso de incumplimiento, si explicaba las

razones que justificaban el cumplimiento tardío y pagaba una

multa de

$50.

Regla 30 del Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua, supra.

Si el término transcurría sin que el abogado cumpliera

con lo requerido, se le citaba a una vista informal. Regla

31(A) del Reglamento del Programa de Educación Jurídica

Continua, supra. Si no comparecía a la vista, el PEJC nos

remitía el asunto. Regla 32(C) del Reglamento del Programa

de Educación Jurídica Continua, supra.

El Canon 9 de Ética Profesional, supra, dispone que los

abogados

deben

“observar

para

con

los

tribunales

una

conducta que se caracterice por el mayor respeto”. Como

corolario

de

ese

deber,

los

abogados

deben

atender

diligentemente las órdenes de los tribunales. In re Nieves

Nieves, 181 DPR 25, 34 (2011). Cuando un abogado incumple

con los requisitos del PEJC y no comparece ante nosotros

para mostrar causa por la cual no debe ser suspendido, viola

los Cánones 2 y 9 de Ética Profesional, supra, y demuestra

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menosprecio hacia la autoridad de este Tribunal. Véase In re

Marrero Irizarry et al., 2016 TSPR 129, 195 DPR Ap. (2016).

Lamentablemente, son muchos los casos que el PEJC nos

remite periódicamente en los que nos vemos obligados a

suspender indefinidamente a abogados por incumplir con los

requisitos de educación continua. Véase Apéndice, 197 DPR

1093 (2016).

III

El licenciado Rivera Aponte desatendió su obligación de

obtener los créditos de educación continua requeridos para

los periodos de 2011-2014. Además, no compareció ante el

PEJC cuando le fue solicitado. Tampoco compareció ante nos

para rectificar su omisión o mostrar justa causa por la cual

no cumplió con su obligación, a pesar de que se lo ordenamos.

Aunque el PEJC le ofreció la alternativa de cambiar su

estatus a abogado inactivo, el licenciado Rivera Aponte no

realizó

las

gestiones

correspondientes.

Se

le

concedió

amplia oportunidad para hacerlo.

Aunque somos conscientes de la delicada situación de

salud del licenciado Rivera Aponte, ante su incumplimiento

con

los

créditos

de

educación

continua

y

con

nuestras

órdenes, nos vemos obligados a suspenderlo indefinidamente

del ejercicio de la abogacía. Según lo exige la Regla 10 del

Reglamento

de

Educación

licenciado

Rivera

Aponte

Jurídica

no

podrá

Continua,

ser

supra,

el

readmitido

al

ejercicio de la abogacía a no ser que, en su moción para

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solicitar la reinstalación a la profesión, evidencie que

cumplió con los requisitos pendientes.

IV

Suspendemos inmediata e indefinidamente del ejercicio

de la abogacía

licenciado

y, como consecuencia,

Rivera

Aponte.

Le

exigimos

de la

notaría al

notificar

a

sus

clientes de su inhabilidad para seguir representándolos,

devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos

no realizados e informar inmediatamente de su suspensión a

los foros judiciales y administrativos en los que tenga algún

asunto pendiente. Además, deberá acreditar a este Tribunal

el cumplimiento con lo anterior dentro del término de 30

días a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam

y Sentencia.

Se

ordena

al

Alguacil

de

este

Tribunal

incautar

inmediatamente la obra y el sello notarial del señor Rivera

Aponte y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección

de Notarías para el correspondiente examen e informe. La

fianza notarial queda automáticamente cancelada, pero se

considerará buena y válida por tres años después de su

terminación en cuanto a los actos realizados por el señor

Rivera Aponte mientras la fianza estuvo vigente.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Se dictará Sentencia en conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Julio E. Rivera Aponte

TS-8,231

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2018.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de

esta

Sentencia,

Suspendemos

inmediata

e

indefinidamente del ejercicio de la abogacía y, como

consecuencia, de la notaría al licenciado Rivera

Aponte. Le exigimos notificar a sus clientes de su

inhabilidad

para

seguir

representándolos,

devolverles cualesquiera honorarios recibidos por

trabajos no realizados e informar inmediatamente de

su

suspensión

a

los

foros

judiciales

y

administrativos en los que tenga algún asunto

pendiente. Además, deberá acreditar a este Tribunal

el cumplimiento con lo anterior dentro del término de

30 días a partir de la notificación de esta Opinión

Per Curiam y Sentencia.

Se ordena al Alguacil de este Tribunal incautar

inmediatamente la obra y el sello notarial del señor

Rivera Aponte y entregarlos al Director de la Oficina

de Inspección de Notarías para el correspondiente

examen

e

informe.

La

fianza

notarial

queda

automáticamente cancelada, pero se considerará buena

y válida por tres años después de su terminación en

TS-8231

2

cuanto a los actos realizados por el señor Rivera Aponte

mientras la fianza estuvo vigente.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, el

Juez Asociado señor Estrella Martínez y el Juez Asociado señor

Colón Pérez no intervinieron.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo