Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Julio E. Rivera Aponte
2018 TSPR 83
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Julio E. Rivera Aponte
TS-8,231
Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y notaría por incumplir con los requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua y las órdenes del Tribunal Supremo.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2018 TSPR 83
200 DPR ____
Julio E. Rivera Aponte
Número del Caso:
TS-8,231
Fecha: 10 de mayo de 2018
Abogado de la promovida:
Por derecho propio
Programa de Educación Jurídica Continua:
Lcdo. José I. Campos Pérez
Director
Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 14 de
mayo de 2018, fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión
inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación
y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución
electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Julio E. Rivera Aponte
TS-8,231
Per Curiam
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2018.
I
El Lcdo. Julio E. Rivera Aponte fue admitido al
ejercicio de la abogacía y la notaría en 1986. A
finales de 2012, su salud se deterioró y dejó de
practicar la profesión. Desde entonces, su salud no ha
mejorado. El 15 de febrero de 2013, el Programa de
Educación Jurídica Continua
(PEJC) le
notificó al
licenciado Rivera Aponte, mediante correo regular, un
Aviso de incumplimiento referente al periodo de 20112012. Le otorgó 60 días adicionales para tomar los
cursos y pagar la multa por cumplimiento tardío. El 31
de octubre de 2014, el PEJC lo citó a una vista
informal para el 2 de diciembre de 2014.
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El 12 de noviembre de 2014, la Sra. Julyvette Rivera
Quintana, hija del licenciado Rivera Aponte, envió una carta
al PEJC, en la que informó que su padre soportó una operación
de corazón abierto, durante la que le descubrieron cáncer en
los
huesos,
que
su
movilidad
se
ha
reducido
significativamente y que su salud no ha mejorado. La señora
Rivera Quintana solicitó que se le permita gestionar en
representación de este.
El 17 de noviembre de 2014, el PEJC contestó la carta
de la señora Rivera Quintana y le explicó que, puesto que el
licenciado
Rivera
Aponte
mantiene
estatus
de
abogado
y
notario activo ante la Secretaría del Tribunal Supremo, su
obligación
de
cumplir
con
los
requisitos
de
educación
continua persiste, a pesar de sus percances de salud. Le
comunicó
que
debía
cumplimentar
la
Certificación
de
representación si quería representar a su padre ante el PEJC.
Anejó copia de la Solicitud de cesación e información del
proceso de cambio a estatus inactivo y le informó que, cuando
el
Tribunal
Supremo
acepta
esta
solicitud,
releva
del
requisito de educación continua al abogado que mantenga su
estatus de inactivo.
La señora Rivera Quintana compareció a la vista del 2
de diciembre de 2014 en representación del licenciado Rivera
Aponte. Testificó en cuanto a la condición de salud de su
padre, pero no presentó evidencia documental que sustentara
sus alegaciones. También ese día, y con el propósito de
solicitar el cambio de estatus a abogado inactivo, la señora
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3
Rivera Quintana solicitó una certificación de estatus del
PEJC.
Aparentemente,
el
cambio
de
estatus
nunca
se
configuró. Del expediente no surge que la señora Rivera
Quintana haya realizado otras gestiones en relación a ello.
Poco más de dos años después, el 31 de enero de 2017,
el PEJC le escribió una carta al licenciado Rivera Aponte,
con copia por correo electrónico a su hija, la señora Rivera
Quintana. Le informó al licenciado Rivera Aponte que aún
mantiene estatus de abogado y notario activo. Le concedió 30
días para proveer “una certificación médica de la cual surja
cómo
se
le
necesarias
ha
para
imposibilitado
cumplir”,
y
realizar
que
las
indicara
actividades
“si
tiene
la
intención de cesar la práctica de la notaría y/o solicitar
cambio de estatus de abogado inactivo en la Secretaría del
Tribunal Supremo y cuándo”. El PEJC reconoció que las razones
de salud que le impiden cumplir son relevantes, pero enfatizó
que mientras el abogado mantenga estatus de activo, se
presume que tiene la capacidad de cumplir con todas las
obligaciones,
conllevar
y
que
acciones
el
incumplimiento
disciplinarias.
El
con
estas
PEJC
no
puede
recibió
contestación a esta carta.
El 15 de febrero de 2017, el PEJC le notificó al
licenciado Rivera Aponte, mediante correo regular y con
copia por correo electrónico a la señora Rivera Quintana, el
informe
del
Oficial
Examinador
y
la
determinación
del
Director Ejecutivo del PEJC respecto a la vista celebrada el
2 de diciembre de 2014. El Oficial Examinador recomendó
TS-8231
cerrar
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administrativamente
el
incumplimiento
durante
el
periodo 2011-2012 y relevar al licenciado del pago de la
cuota por cumplimiento tardío, pues la condición de salud
del licenciado Rivera Aponte justifica el incumplimiento.
Sin embargo, el Director Ejecutivo determinó que, dado
el estatus de abogado activo del licenciado Rivera Aponte,
el
PEJC
no
estaba
en
condición
de
relevarle
de
su
cumplimiento. Le advirtió que su caso sería presentado ante
la Junta de Educación Continua para que esta determinara si
lo referiría al Tribunal Supremo. El Director también le
informó al licenciado Rivera Aponte que tiene incumplido el
periodo
de
2013-2014.
Nuevamente,
le
recordó
que
puede
solicitar el cambio de estatus a abogado inactivo. Como
anejo, le proveyó al licenciado los documentos relacionados
al procedimiento de cambio de estatus.
Con la aprobación de la Junta de Educación Continua, el
Director nos rindió un informe. El 31 de mayo de 2017,
emitimos una resolución en la que le concedimos un término
de 20 días al licenciado Rivera Aponte para que compareciera
y mostrara causa por la que no debíamos suspenderlo del
ejercicio de la abogacía por incumplir con los requisitos de
educación continua y por no comparecer ante el PEJC cuando
le fue requerido. El letrado no respondió. Consecuentemente,
el
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de
agosto
de
2017,
emitimos
otra
resolución
concediéndole un término final de 10 días para cumplir con
nuestra orden. No lo hizo.
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II
El Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.
IX, dispone que los abogados deben mantener un alto grado de
excelencia y competencia en su profesión a través del estudio
y la participación en programas educativos de mejoramiento
profesional
con
el
fin
de
viabilizar
el
objetivo
de
representación legal adecuada para toda persona.
Como consecuencia, todo abogado debe cumplir con los
requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua. Para
el periodo de incumplimiento que estamos evaluando en este
caso, estaban vigentes el Reglamento de Educación Jurídica
Continua, 146 DPR 494 (1998), según enmendado mediante la
Resolución ER-2005-5, 164 DPR 703 (2005), y el Reglamento
del Programa de Educación Jurídica Continua, 164 DPR 555
(2005), enmendado mediante la Resolución ER-2011-04, 183 DPR
48 (2011).1 Estos reglamentos imponían la obligación a todo
abogado activo de tomar por lo menos 24 horas crédito en
educación jurídica continua cada 2 años y presentar un
informe al PEJC acreditando el cumplimiento con las horas
crédito
requeridas
no
más
tarde
de
30
días
luego
de
transcurrido el periodo de 2 años. Regla 6 del Reglamento de
Educación
Jurídica
Continua,
supra,
y
Regla
28
del
Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua,
supra.
El nuevo Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua,
aprobado el 2 de junio de 2017, 2017 TSPR 91, 198 DPR ___ (2017), derogó
ambos reglamentos, pero no aplica en este caso. Tampoco son de aplicación
las enmiendas a ambos reglamentos mediante la Resolución ER-2015-3, In
re Emdas. R. Educ. Jur. Cont., 193 DPR 233 (2015).
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TS-8231
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Si un abogado incumplía con estos requisitos, la Regla
29
del
Reglamento
Continua,
supra,
del
Programa
disponía
que,
de
Educación
dentro
de
los
Jurídica
30
días
siguientes a la terminación del periodo de cumplimiento, se
le enviara a este un aviso de incumplimiento. El abogado
podía rendir el informe acreditando el cumplimiento con las
horas crédito requeridas dentro de 30 días a partir de la
notificación del aviso de incumplimiento, si explicaba las
razones que justificaban el cumplimiento tardío y pagaba una
multa de
$50.
Regla 30 del Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua, supra.
Si el término transcurría sin que el abogado cumpliera
con lo requerido, se le citaba a una vista informal. Regla
31(A) del Reglamento del Programa de Educación Jurídica
Continua, supra. Si no comparecía a la vista, el PEJC nos
remitía el asunto. Regla 32(C) del Reglamento del Programa
de Educación Jurídica Continua, supra.
El Canon 9 de Ética Profesional, supra, dispone que los
abogados
deben
“observar
para
con
los
tribunales
una
conducta que se caracterice por el mayor respeto”. Como
corolario
de
ese
deber,
los
abogados
deben
atender
diligentemente las órdenes de los tribunales. In re Nieves
Nieves, 181 DPR 25, 34 (2011). Cuando un abogado incumple
con los requisitos del PEJC y no comparece ante nosotros
para mostrar causa por la cual no debe ser suspendido, viola
los Cánones 2 y 9 de Ética Profesional, supra, y demuestra
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menosprecio hacia la autoridad de este Tribunal. Véase In re
Marrero Irizarry et al., 2016 TSPR 129, 195 DPR Ap. (2016).
Lamentablemente, son muchos los casos que el PEJC nos
remite periódicamente en los que nos vemos obligados a
suspender indefinidamente a abogados por incumplir con los
requisitos de educación continua. Véase Apéndice, 197 DPR
1093 (2016).
III
El licenciado Rivera Aponte desatendió su obligación de
obtener los créditos de educación continua requeridos para
los periodos de 2011-2014. Además, no compareció ante el
PEJC cuando le fue solicitado. Tampoco compareció ante nos
para rectificar su omisión o mostrar justa causa por la cual
no cumplió con su obligación, a pesar de que se lo ordenamos.
Aunque el PEJC le ofreció la alternativa de cambiar su
estatus a abogado inactivo, el licenciado Rivera Aponte no
realizó
las
gestiones
correspondientes.
Se
le
concedió
amplia oportunidad para hacerlo.
Aunque somos conscientes de la delicada situación de
salud del licenciado Rivera Aponte, ante su incumplimiento
con
los
créditos
de
educación
continua
y
con
nuestras
órdenes, nos vemos obligados a suspenderlo indefinidamente
del ejercicio de la abogacía. Según lo exige la Regla 10 del
Reglamento
de
Educación
licenciado
Rivera
Aponte
Jurídica
no
podrá
Continua,
ser
supra,
el
readmitido
al
ejercicio de la abogacía a no ser que, en su moción para
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solicitar la reinstalación a la profesión, evidencie que
cumplió con los requisitos pendientes.
IV
Suspendemos inmediata e indefinidamente del ejercicio
de la abogacía
licenciado
y, como consecuencia,
Rivera
Aponte.
Le
exigimos
de la
notaría al
notificar
a
sus
clientes de su inhabilidad para seguir representándolos,
devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos
no realizados e informar inmediatamente de su suspensión a
los foros judiciales y administrativos en los que tenga algún
asunto pendiente. Además, deberá acreditar a este Tribunal
el cumplimiento con lo anterior dentro del término de 30
días a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam
y Sentencia.
Se
ordena
al
Alguacil
de
este
Tribunal
incautar
inmediatamente la obra y el sello notarial del señor Rivera
Aponte y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección
de Notarías para el correspondiente examen e informe. La
fianza notarial queda automáticamente cancelada, pero se
considerará buena y válida por tres años después de su
terminación en cuanto a los actos realizados por el señor
Rivera Aponte mientras la fianza estuvo vigente.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia.
Se dictará Sentencia en conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Julio E. Rivera Aponte
TS-8,231
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2018.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de
esta
Sentencia,
Suspendemos
inmediata
e
indefinidamente del ejercicio de la abogacía y, como
consecuencia, de la notaría al licenciado Rivera
Aponte. Le exigimos notificar a sus clientes de su
inhabilidad
para
seguir
representándolos,
devolverles cualesquiera honorarios recibidos por
trabajos no realizados e informar inmediatamente de
su
suspensión
a
los
foros
judiciales
y
administrativos en los que tenga algún asunto
pendiente. Además, deberá acreditar a este Tribunal
el cumplimiento con lo anterior dentro del término de
30 días a partir de la notificación de esta Opinión
Per Curiam y Sentencia.
Se ordena al Alguacil de este Tribunal incautar
inmediatamente la obra y el sello notarial del señor
Rivera Aponte y entregarlos al Director de la Oficina
de Inspección de Notarías para el correspondiente
examen
e
informe.
La
fianza
notarial
queda
automáticamente cancelada, pero se considerará buena
y válida por tres años después de su terminación en
TS-8231
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cuanto a los actos realizados por el señor Rivera Aponte
mientras la fianza estuvo vigente.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, el
Juez Asociado señor Estrella Martínez y el Juez Asociado señor
Colón Pérez no intervinieron.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo