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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Ludmilia Rivera Burgos

2018 TSPR 79

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Ludmilia Rivera Burgos

TS-2,089

Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y notaría por incumplir con los requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua y las órdenes del Tribunal Supremo.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2018 TSPR 79

200 DPR ____

Ludmilia Rivera Burgos

Número del Caso:

TS-2,089

Fecha: 8 de mayo de 2018

Abogado de la promovida:

por derecho propio.

Programa de Educación Jurídica Continua:

Lcdo. José I. Campos Pérez

Director

Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 17 de

mayo de 2018, fecha en que se le notificó a la abogada de su suspensión

inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación

y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución

electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Ludmilia Rivera Burgos

TS-2,089

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de mayo de 2018.

En el día de hoy, nos vemos obligados, una vez

más, a suspender del ejercicio de la abogacía y la

notaría

a

incumplido,

un

en

miembro

de

la

reiteradas

profesión

ocasiones,

que

con

ha

las

órdenes de este Tribunal y con los requerimientos

de una de nuestras dependencias. Veamos.

I.

La

licenciada

Ludmilia

Rivera

Burgos

fue

admitida al ejercicio de la abogacía el 29 de

septiembre de 1961 y juramentó como notaria el 18

de octubre de 1961.

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Posteriormente, el 14 de abril de 1983 la mencionada

letrada fue suspendida indefinidamente del ejercicio de la

notaría.

No

obstante,

tras

una

oportuna

solicitud

de

reconsideración, el 21 de abril de 1983 fue reinstalada al

ejercicio de la notaría.

Más adelante, y tras ser peticionado por la licenciada

Rivera Burgos, el 25 de enero de 1984 este Tribunal autorizó

su cese voluntario del ejercicio de la notaría. Años más

tarde, el 7 de noviembre de 1994 para ser específicos, y luego

de ser solicitado por ésta, la referida abogada fue readmitida

al notariado.

Así las cosas, el 12 de mayo de 2017, el Director

Ejecutivo del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC),

el Lcdo. José Ignacio Campos Pérez, acudió ante este Tribunal

mediante un Informe Sobre Incumplimiento Con Requisito de

Educación Jurídica Continua, en el cual nos informó sobre

varios profesionales del derecho que no cumplieron con los

requisitos establecidos en el Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua (en adelante “Reglamento del

Programa”)1, según enmendado, durante el periodo de 1 de

agosto de 2009 al 31 de julio de 2011. Entre los profesionales

del derecho incluidos en el referido Informe, se encontraba

la licenciada Rivera Burgos. A ésta se le envió un Aviso de

Incumplimiento el 2 de noviembre de 2011, mediante el cual

Aprobado por el Tribunal Supremo mediante In re Aprobación Regl. Prog.

Educ. Jur., 164 DPR 555 (2005); enmendado mediante In re R. 4. Prog.

Educ. Jur. Cont., 183 DPR 48 (2011) y mediante In re Emndas. R. Educ.

Jur. Cont., 193 DPR 233 (2015).

1

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se le concedió un término de sesenta (60) días para que tomara

los cursos necesarios para subsanar su deficiencia y pagar

la cuota por cumplimiento tardío que dispone la Regla 30(C)

del Reglamento del Programa.

Transcurrido un periodo razonable para completar los

requisitos adeudados, el 28 de febrero de 2014 el PEJC le

envió a la mencionada letrada una citación para una vista

informal.

Además,

se

le

advirtió

que

podía

comparecer

personalmente o mediante escrito, siempre que lo hiciera

dentro de diez (10) días a partir de la notificación de la

referida citación.

A

pesar

de

esto,

la

licenciada

Rivera

Burgos

no

compareció a la vista informal presencialmente ni mediante

escrito. No obstante, el día de la vista, la letrada se

comunicó con el personal del PEJC para informar que no podía

asistir a la misma por encontrarse enferma, y que había

enviado vía facsímil una copia de una solicitud de cambio de

estatus a abogada inactiva. Ahora bien, la solicitud enviada

por la licenciada Rivera Burgos no estaba juramentada, por

lo que se le informó que la misma no podía ser considerada.

Se le orientó, además, que los procedimientos relacionados

con los cambios de estatus de los abogados y las abogadas los

atiende la Secretaría del Tribunal Supremo y no el PEJC, por

lo que era allí donde debía presentar su solicitud debidamente

juramentada. Asimismo, se le indicó que la presentación de

la solicitud, por sí sola, no constituía una comparecencia

escrita a la vista celebrada, por lo que se le requirió que

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compareciera por escrito tan pronto le fuera posible, de lo

contrario, se consideraría que no compareció a la misma. Una

vez más, la licenciada Rivera Burgos no compareció.

Así pues, el 13 de marzo de 2017 el Director del PEJC,

decidió referir el asunto a la atención de la Junta del

Programa de Educación Jurídica Continua (en adelante “la

Junta”). Ahora bien, previo a referir el asunto, el 31 de

marzo de 2016 el referido organismo de este Tribunal le envió

una notificación a la licenciada Rivera Burgos, en la cual

se le concedía un término adicional de treinta (30) días para

subsanar la deficiencia de créditos y pagar la multa por

cumplimiento tardío. Se le apercibió que, de no cumplir con

los requisitos del PEJC, se referiría el asunto a la Junta

para que ésta determinase si el asunto debía ser referido, o

no, a la consideración de este Foro. No empece a ello, la

licenciada Rivera Burgos nuevamente incumplió.

Evaluada la conducta de la referida letrada, el 10 de

mayo de 2017, la Junta decidió referir el asunto ante la

consideración de este Tribunal, mediante el Informe antes

mencionado. Enterados de ello, el 31 de mayo de 2017 emitimos

una Resolución mediante la cual le concedimos a la licenciada

Rivera Burgos un término de veinte (20) días para que mostrara

causa por la cual no debía ser suspendida del ejercicio de

la profesión por incumplir con los requisitos del PEJC.

Tras la incomparecencia por parte de la letrada, el 23

de agosto de 2017 emitimos una segunda Resolución mediante

la cual le concedimos un término final de diez (10) días para

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mostrar

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causa

por

la

cual

no

debía

ser

suspendida

del

ejercicio de la profesión por incumplir con los requisitos

del PEJC.

Dicha Resolución fue notificada personalmente a

la licenciada Rivera Burgos. No obstante, la letrada no ha

cumplido con lo ordenado por este Tribunal.

Es, precisamente, a la luz del cuadro fáctico y procesal

antes expuesto que procedemos a disponer del asunto ante nos.

II.

A.

Como es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico, y de

conformidad con lo dispuesto en el Canon 2 del Código de Ética

Profesional, 4 LPRA Ap. XI, C. 2, se les requiere a los

abogados y las abogadas el cumplir con ciertas horas créditos

en educación jurídica continua. En específico, se requiere

que, en un periodo de tres (3) años, todo abogado y abogada

activo en la profesión cumpla con veinticuatro (24) horas

créditos en educación jurídica continua. Véase, Reglamento

de Educación Jurídica Continua, aprobado por el Tribunal

Supremo de Puerto Rico mediante la Resolución ER-98-6 de 30

de junio de 1998, In re Regl. Educ. Jur. Cont., 146 DPR 494

(1998) y enmendado mediante la Resolución ER-2005-5 de 26 de

abril de 2005, 164 DPR 703 (2005) y la Resolución ER-2015-3,

In re Enmiendas al Reglamento de Educación Jurídica Continua

y al Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua,

193 DPR 233 (2015).

Ahora bien, cuando los abogados o abogadas no cumplen

con los requisitos del PEJC, es necesario que se celebre una

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vista informal en la que éstos o éstas tengan la oportunidad

de explicar las razones por las cuales incumplieron. Íd. En

el caso que el abogado o la abogada no comparezca a la vista,

la

Junta

tiene

el

deber

de

remitir

el

asunto

ante

la

consideración de este Tribunal para la evaluación de rigor.

In re Cabán Arocho, 2017 TSPR 104, 197 DPR ___ (2017).

Véanse, además, In re Gómez Riefkohl, 2017 TSPR 41, 197 DPR

__ (2017); In re López González, 2015 TSPR 107 (2015).

B.

De otra parte, y por considerarlo en extremo importante

para la correcta disposición del proceso disciplinario ante

nuestra consideración, conviene recordar también que el Canon

9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 9,

requiere que todo abogado y abogada observe “para con los

tribunales una conducta que se caracterice por el mayor

respeto”. In re Lee Navas, 2017 TSPR 208, pág. 4; In re Cruz

Liciaga, 198 DPR 828, 835 (2017); In re López Méndez, 196 DPR

956 (2016); In re Montalvo Delgado, 196 DPR 541 (2016); In

re

Torres

delimitar

Rodríguez, 188

DPR

el

de

alcance

304

la

(2013).

Así

mencionada

pues,

al

disposición

deontológica, hemos reiterado el deber que el Canon 9, supra,

les impone a los miembros de la profesión legal de comparecer

a los señalamientos notificados por el tribunal, así como a

cualquier

requerimiento

u

orden

emitida

por

el

foro

judicial. In re Rivera Navarro, 193 DPR 303 (2015); In re

Irizarry

Irizarry,

190

DPR

368

(2015); In

re

Nieves

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Nieves, 181

DPR

25

(2011). Véase,

además, In

re

Otero

Fernández, 145 DPR 582 (1998).

La desatención y el incumplimiento con las antedichas

órdenes

judiciales

autoridad

de

los

infracción

al

Canon

constituyen

tribunales

9

del

un

serio

agravio

y,

en

consecuencia,

Código

de

Ética

a

la

una

Profesional,

supra. In re Pratts Barbarossa, 2018 TSPR 5, 199 DPR ___

(2018); In re López Méndez, supra; In re Pestaña Segovia, 192

DPR 485 (2015); In re García Incera, 177 DPR 329 (2010); In

re Maldonado Rivera, 147 DPR 380 (1999). Cuando ello ocurre,

procede la suspensión del abogado o abogada del ejercicio de

la profesión. In re Grau Collazo, 185 DPR 938, 944 (2012);

In re Rosario Martínez, 184 DPR 494 (2012); Galarza Rodríguez,

Ex parte, 183 DPR 228 (2011).

C.

Por último, precisa señalar aquí que las exigencias del

Canon 9, supra, se extienden a los requerimientos de aquellas

entidades y dependencias de este Tribunal a las cuales se les

han delegado funciones que inciden en la fiscalización de la

profesión

legal. Lo

anterior

incluye

la

Oficina

del

Procurador General, la Oficina de Inspección de Notarías y

el PEJC. In re Montañez Melecio, 2017 TSPR 15 (2017); In re

Sepúlveda Padilla, 195 DPR 606 (2016); In re Ezratty Samo,

2016 TSPR 19 (2016). Siendo ello así, la indiferencia a los

avisos y requerimientos de cualquiera de estas dependencias

se equipara a una afrenta a las órdenes del propio Tribunal

e igualmente supone la suspensión inmediata e indefinida de

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la profesión legal. In re Montañez Melecio, supra; In re

Sepúlveda Padilla, supra.

In re Troche Mercado, 194 DPR 743

(2016).

III.

En

el

presente

demostrado,

la

caso,

licenciada

como

Rivera

ha

quedado

Burgos,

en

claramente

reiteradas

ocasiones, ha hecho caso omiso a nuestras órdenes. Ello, a

pesar del tiempo transcurrido desde que se le notificó su

incumplimiento con el PEJC, y del sinnúmero de oportunidades

que, tanto la referida dependencia de este Tribunal como este

Foro,

le

hemos

Asimismo,

brindado

se

ha

para

mostrado

corregir

sus

indiferente

deficiencias.

ante

nuestro

apercibimiento de imponerle sanciones disciplinarias.

En fin, la conducta desplegada por la licenciada Rivera

Burgos, sin lugar a dudas, constituye un patrón de desidia y

refleja falta de interés en continuar ejerciendo la profesión.

Procede,

pues,

su

suspensión

inmediata

e

indefinida

del

ejercicio de la misma.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se suspende a la

licenciada

Rivera

Burgos

inmediata

e

indefinidamente

del

ejercicio de la abogacía y la notaría.

Además, se le impone a la señora Rivera Burgos el deber

de notificar a todos sus clientes su inhabilidad para continuar

representándolos, devolver cualesquiera honorarios recibidos

por

trabajos

no

realizados

e

informar

inmediatamente

su

suspensión a los foros judiciales y administrativos donde tenga

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asuntos pendientes. De igual forma, tiene la obligación de

acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con

lo anterior, dentro del término de treinta (30) días a partir

de la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

La fianza notarial de la señora Rivera Burgos queda

automáticamente cancelada; esta se considerará buena y válida

por tres (3) años después de su terminación en cuanto a los

actos realizados por la señora Rivera Burgos durante el periodo

en que la misma estuvo presente.

Finalmente, el Alguacil de este Tribunal debe incautar la

obra y sello notarial de la señora Rivera Burgos y entregar

los mismos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías

para la correspondiente investigación e informe.

Notifíquese personalmente.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Ludmilia Rivera Burgos

TS-2,089

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de mayo de 2018.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de

la presente Sentencia, se suspende a la licenciada

Rivera

Burgos

inmediata

e

indefinidamente

del

ejercicio de la abogacía y la notaría.

Además, se le impone a la señora Rivera Burgos el

deber de notificar a todos sus clientes su inhabilidad

para continuar representándolos, devolver cualesquiera

honorarios recibidos por trabajos no realizados e

informar inmediatamente su suspensión a los foros

judiciales y administrativos donde tenga asuntos

pendientes. Además, tiene la obligación de acreditar

y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo

anterior, dentro del término de treinta (30) días a

partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam

y Sentencia.

La fianza notarial de la señora Rivera Burgos

queda automáticamente cancelada; esta se considerará

buena y válida por tres (3) años después de su

terminación en cuanto a los actos realizados por la

señora Rivera Burgos durante el periodo en que la misma

estuvo presente.

TS-2,089

2

Finalmente, se le ordena al Alguacil de este Tribunal

incautar la obra y sello notarial de la señora Rivera Burgos

y entregar los mismos al Director de la Oficina de Inspección

de Notarías para la correspondiente investigación e informe.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no

intervino.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo