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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Augusto C. Medina Perea

2018 TSPR 73

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Augusto C. Medina Perea

TS-11,241

Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por no acatar las órdenes del Tribunal Supremo.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2018 TSPR 73

200 DPR ____

Augusto C. Medina Perea

Número del Caso:

TS-11,241

Fecha: 30 de abril de 2018

Abogado de la parte promovida:

Lcdo.

Carlos Dávila Vélez

Oficina de Inspección de Notarías:

Lcdo. Manuel E. Ávila De Jesús

Director

Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 1ro

de mayo de 2018, fecha en que se le notificó al abogado por correo

de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Augusto C. Medina Perea

TS-11,241

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a de 30 de abril de 2018.

Nos atañe ejercer nuestro poder disciplinario

para decretar, nuevamente, la separación del Lcdo.

Augusto C. Medina Perea (licenciado Medina Perea o

letrado)

de

la

práctica

legal

por

desobedecer

nuestras órdenes.

A continuación enunciamos el marco fáctico que

acarreó su suspensión.

I

El licenciado Medina Perea fue admitido a la

profesión legal el 30 de junio de 1995, mientras que

juró para ser notario el 12 de septiembre de ese

mismo año. El asunto objeto de nuestra consideración

tuvo su génesis el 10 de febrero de 2014 cuando,

TS-11,241

2

a través de una Opinión Per Curiam, separamos al licenciado

Medina Perea de la profesión de la abogacía y del ejercicio

de notaría.1

Por motivo de ello, el 19 de marzo de 2014 el Director

de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) sometió su

informe donde comunicó que la obra notarial del letrado fue

incautada. Asimismo, expresó que en ella se encontraron

múltiples deficiencias, a saber: (1) protocolos para los

años 2003 al 2005 no encuadernados; (2) omisión de la nota

de cierre en los protocolos; (3) omisión de foliación al

margen superior derecho; (4) faltaba la firma, el signo y

la rúbrica del notario; (5) omisión de las nota de saca y

firmas en nota de saca; (6) espacios en el contenido de la

escritura.

Plasmó,

además,

que

el

Libro

de

Registro

de

Testimonio contenía 1,124 asientos y que a partir de la

entrada

número

263

no

se

adhirieron

los

sellos

de

la

Sociedad para la Asistencia Legal (SAL). Informó, además,

que el letrado no presentaba índices notariales desde abril

de 2003.

El 18 de agosto de 2015 otorgamos al licenciado Medina

Perea un plazo de sesenta días para que corrigiera los

defectos

que

tenía

su

obra

notarial.

Debido

a

que

el

letrado llevó a cabo gestiones para subsanar algunos de los

señalamientos, el 28 de diciembre de 2015 lo reinstalamos a

la profesión legal, pero no al ejercicio del notariado.

1

In re Medina Perea, 190 DPR 241 (2014).

TS-11,241

Así

3

las

cosas,

el

15

de

febrero

de

2016

la

ODIN

presentó un escrito con el fin de actualizar el estado de

la

obra

incautada.

Entre

otros

asuntos,

expresó

que

el

licenciado Medina Perea omitió adherir el sello de la SAL

en 43,058 entradas de testimonios, por ende, concluyó que

su

deuda

arancelaría

podía

ascender

a

$

147,000.

En

consecuencia, el 13 de mayo de 2016 dictamos una resolución

otorgándole

al

letrado

un

término

de

diez

días

para

coordinar con la ODIN la subsanación de las deficiencias

señaladas. Además, le advertimos que su desobediencia con

ese

requerimiento

podía

desatar

su

suspensión

de

la

práctica de la abogacía.

En vista de la desatención del licenciado Medina Perea

con nuestras órdenes, el 6 de julio de 2017 la ODIN remitió

un informe en el cual apuntó que “el proceso de subsanación

de la obra notarial del licenciado Medina Perea no ha sido

completado,

transcurridos

a

pesar

de

desde

su

los

poco

más

incautación,

de

tres

incluyendo

años

la

cancelación de la deficiencia notificada en sus Libros de

Registro y de Testimonios, la cual asciende a la cantidad

estimada de Ciento Cuarenta y Siete Mil Dólares”. (Énfasis

suprimido).

En consideración de esto, el 1 de diciembre de 2017

esta Curia emitió una resolución otorgándole al letrado un

plazo final e improrrogable de treinta días para subsanar

la

insuficiencia

arancelaria.

Asimismo,

advertimos

que

ignorar nuestra orden podía conllevar que fuera referido a

TS-11,241

un

4

proceso

de

requerimiento,

desacato.

Ante

el

enero

16

de

la

desatención

de

2018

a

nuestro

emitimos

otra

resolución dándole al licenciado Medina Perea un periodo de

cinco días para cumplir la orden del 1 de diciembre de

2017.

Apercibimos,

además,

que

su

inobservancia

podía

conllevar su separación del ejercicio de la abogacía y ser

referido a un proceso de desacato. Igualmente, solicitamos

a la ODIN que en un plazo de cinco días presentara un

informe de estatus sobre la obra protocolar incautada.

El 26 de enero de 2018, la ODIN presentó una Moción

notificando

incumplimiento

de

orden

por

letrado

y

en

cumplimiento de orden de la ODIN. Adujo que el licenciado

Medina

Perea

Incluyó

un

incumplió

Informe

lo

instruido

actualizado

por

sobre

este

Tribunal.

estado

de

obra

notarial incautada en el cual la funcionaria encargada del

asunto plasmó que no se pudo reunir con el letrado pues su

representación legal informó que éste tenía conflictos en

su calendario dado a compromisos en los foros judiciales.

Explicó

que

la

obra

protocolar

permanecía

en

el

estado

descrito y que la insuficiencia arancelaria en el Registro

de Testimonios no había sido satisfecha.

Por su parte, el 23 de febrero de 2018 el licenciado

Medina Perea presentó una Moción Informativa donde aseveró

que restaba por cumplir ciertas deficiencias en los índices

notariales

y

las

insuficiencias

de

aranceles

en

los

testimonios. En lo relativo a esto último, manifestó que

“legitimó los testimonios que le fueron autorizados por la

TS-11,241

SAL

y

5

sellados

como

exentos”.

Específicamente,

adjuntó

copia de sus entradas desde la número 117 hasta la 136 y de

la 245 hasta la 260.

A

la

luz

de

este

cuadro

fáctico,

nos

corresponde

esbozar el derecho que aplica.

II

Este Tribunal, como parte de nuestro poder inherente

para regular la profesión de la abogacía en Puerto Rico,

tiene la encomienda de asegurarse que los componentes de

las mismas desempeñen sus funciones de forma responsable,

competente

y

diligente.2

A

través

del

Código

de

Ética

Profesional establecimos las normas mínimas de conducta que

los

abogados

y

las

abogadas

que

ejercen

la

ilustre

profesión deben desplegar.3

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.

IX, es una de las disposiciones de mayor envergadura ya que

establece que los letrados deben conducirse con el mayor

respeto hacia los tribunales de justicia del país.4 En lo

atinente preceptúa que todo “abogado debe observar para con

los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor

respeto”.5

Al

aplicar

esta

norma

hemos

pronunciado

que

la

naturaleza de la función de la abogacía requiere que se

In re Oyola Torres, 194 DPR 437 (2016); In re Vera Vélez, 192 DPR

216, 226 (2015).

3 In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 617-618 (2014); In re Falcón

López, 189 DPR 689 (2013).

4 In re Federico O. López Santiago, 2018 TSPR 31, en la pág. 11, 199

DPR ___ (2018). In re Shirley Vélez Rivera, 2018 TSPR 4, en la pág. 6,

199 DPR ___ (2018).

5 4 LPRA Ap. IX. C. 9.

2

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6

emplee estricta atención y obediencia a las órdenes de este

Tribunal, o de cualquier foro judicial que los letrados se

encuentren obligados a comparecer.6 Dicho de otro modo, los

miembros de la clase togada tienen un deber ineludible de

respetar, acatar y responder de forma diligente nuestras

órdenes.

Esto,

particularmente,

exige

mayor

observancia

cuando se trata de asuntos relacionados con su conducta

profesional.7

La inobservancia de un miembro de la profesión legal

con

las

órdenes

de

este

Tribunal

evidencia

un

claro

menosprecio hacia nuestra autoridad.8 Es por ello que su

desatención con las órdenes judiciales no se toma de manera

liviana,

puesto

que

constituye

un

serio

agravio

a

la

autoridad de los tribunales.9 Por tal razón, hemos pautado

que la actitud de indiferencia a nuestros apercibimientos

sobre sanciones disciplinarias es causa suficiente para la

suspensión

inmediata

e

indefinida

de

la

práctica

de

la

abogacía.10

Consignado el marco jurídico que aplica a los hechos

de este caso, estamos en posición de resolver.

In re García Ortiz, 187 DPR 507, 524 (2012).

7 In re Federico O. López Santiago, 2018 TSPR 31, en la pág. 12, 199

DPR ___ (2018), In re Rivera Sepúlveda, 192 DPR 985, 988 (2015); In re

Irizarry Irizarry, 190 DPR 368, 375 (2014).

8 In re Irizarry Irizarry, supra, pág. 374; In re De León Rodríguez,

190 DPR 378, 390-391 (2014).

9 In re Christine M. Pratts Barbarossa, 2018 TSPR 5, en la pág. 6, 199

DPR ___ (2018); In re Planas Merced, 195 DPR 73, 77 (2016).

10 In re Figueroa Cortés, 196 DPR 1, 3 (2016); In re López González, 193

DPR 1021 (2015); In re Irizarry Irizarry, supra; In re Vera Vélez,

supra, pág. 227; In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660 (2011); In re

Martínez Sotomayor I, 181 DPR 1, 3 (2011).

6

7

TS-11,241

7

III

Como

bien

transcurrido

pudimos

más

de

observar,

cuatro

años

al

día

de

hoy,

han

desde

que

separamos

al

letrado de la abogacía y notaría. Desde entonces, hemos

dictado

múltiples

órdenes

para

que

éste

subsane

los

defectos que fueron encontrados en su obra notarial. Si

bien corrigió varios de los señalamientos, lo cierto es que

a la fecha no ha satisfecho su deuda arancelaria. Ello, a

pesar de los términos finales y bajo apercibimientos que le

hemos concedido. Inclusive, en su ultima comparecencia el

licenciado Medina Perea reconoció que adeudaba unos índices

notariales

y

las

deficiencias

aranceles

del

libro

de

testimonios. La conducta del letrado, al no acatar nuestras

órdenes, demuestra su desinterés en continuar ejerciendo la

abogacía y por ello lo disciplinamos.

IV

En miras de lo que antecede, suspendemos de manera

inmediata e indefinida al señor Medina Perea de la práctica

de

la

abogacía.

Imponemos

al

señor

Medina

Perea

la

encomienda de poner en conocimiento a todos sus clientes

sobre

su

restituir

inhabilidad

los

de

honorarios

seguir

representándolos

recibidos

por

las

y

de

labores

no

ejecutadas. Además, deberá comunicar su suspensión a todos

los foros judiciales y administrativos de Puerto Rico en

los cuales tenga algún asunto pendiente. Tendrá, también,

que acreditar y certificar a esta Curia el cumplimiento de

TS-11,241

8

lo anterior dentro de un periodo de treinta días una vez

notificada la Opinión Per Curiam y Sentencia.

Se refiere al Departamento de Justicia para que tome

la acción pertinente.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

TS-11-241

Augusto C. Medina Perea

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2018.

Por los fundamentos enunciados en la Opinión Per

Curiam que precede y se hace formar parte de la presente

Sentencia, suspendemos de manera inmediata e indefinida al

Sr. Augusto C. Medina Perea de la práctica de la abogacía.

Imponemos al señor Medina Perea la encomienda de poner en

conocimiento a todos sus clientes sobre su inhabilidad de

seguir representándolos y de restituir los honorarios

recibidos por las labores no ejecutadas. Además, deberá

comunicar su suspensión a todos los foros judiciales y

administrativos de Puerto Rico en los cuales tenga algún

asunto

pendiente.

Tendrá,

también,

que

acreditar

y

certificar a esta Curia el cumplimiento de lo anterior

dentro de un periodo de treinta días a partir de la

notificación de la Opinión Per Curiam y Sentencia.

Se refiere al Departamento de Justicia para que tome

la acción pertinente.

Notifíquese por correo certificado con acuse de recibo

y vía correo electrónico.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no

intervino.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

TS-11,241

Augusto C. Medina Perea

RESOLUCIÓN

NUNC PRO TUNC

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de mayo de 2018.

Se enmienda nunc pro tunc nuestra sentencia del 30 de

marzo de 2018 a los únicos fines de que la fecha de la misma

sea la siguiente: 30 de abril de 2018.

Notifíquese de inmediato.

Lo acordó el Tribunal y certifica

Tribunal Supremo Interina. La Jueza

Rodríguez no intervino.

la Secretaria del

Presidenta Oronoz

Sonnya Isabel Ramos Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo Interina