Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Augusto C. Medina Perea
2018 TSPR 73
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Augusto C. Medina Perea
TS-11,241
Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por no acatar las órdenes del Tribunal Supremo.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2018 TSPR 73
200 DPR ____
Augusto C. Medina Perea
Número del Caso:
TS-11,241
Fecha: 30 de abril de 2018
Abogado de la parte promovida:
Lcdo.
Carlos Dávila Vélez
Oficina de Inspección de Notarías:
Lcdo. Manuel E. Ávila De Jesús
Director
Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 1ro
de mayo de 2018, fecha en que se le notificó al abogado por correo
de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Augusto C. Medina Perea
TS-11,241
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a de 30 de abril de 2018.
Nos atañe ejercer nuestro poder disciplinario
para decretar, nuevamente, la separación del Lcdo.
Augusto C. Medina Perea (licenciado Medina Perea o
letrado)
de
la
práctica
legal
por
desobedecer
nuestras órdenes.
A continuación enunciamos el marco fáctico que
acarreó su suspensión.
I
El licenciado Medina Perea fue admitido a la
profesión legal el 30 de junio de 1995, mientras que
juró para ser notario el 12 de septiembre de ese
mismo año. El asunto objeto de nuestra consideración
tuvo su génesis el 10 de febrero de 2014 cuando,
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2
a través de una Opinión Per Curiam, separamos al licenciado
Medina Perea de la profesión de la abogacía y del ejercicio
de notaría.1
Por motivo de ello, el 19 de marzo de 2014 el Director
de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) sometió su
informe donde comunicó que la obra notarial del letrado fue
incautada. Asimismo, expresó que en ella se encontraron
múltiples deficiencias, a saber: (1) protocolos para los
años 2003 al 2005 no encuadernados; (2) omisión de la nota
de cierre en los protocolos; (3) omisión de foliación al
margen superior derecho; (4) faltaba la firma, el signo y
la rúbrica del notario; (5) omisión de las nota de saca y
firmas en nota de saca; (6) espacios en el contenido de la
escritura.
Plasmó,
además,
que
el
Libro
de
Registro
de
Testimonio contenía 1,124 asientos y que a partir de la
entrada
número
263
no
se
adhirieron
los
sellos
de
la
Sociedad para la Asistencia Legal (SAL). Informó, además,
que el letrado no presentaba índices notariales desde abril
de 2003.
El 18 de agosto de 2015 otorgamos al licenciado Medina
Perea un plazo de sesenta días para que corrigiera los
defectos
que
tenía
su
obra
notarial.
Debido
a
que
el
letrado llevó a cabo gestiones para subsanar algunos de los
señalamientos, el 28 de diciembre de 2015 lo reinstalamos a
la profesión legal, pero no al ejercicio del notariado.
1
In re Medina Perea, 190 DPR 241 (2014).
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Así
3
las
cosas,
el
15
de
febrero
de
2016
la
ODIN
presentó un escrito con el fin de actualizar el estado de
la
obra
incautada.
Entre
otros
asuntos,
expresó
que
el
licenciado Medina Perea omitió adherir el sello de la SAL
en 43,058 entradas de testimonios, por ende, concluyó que
su
deuda
arancelaría
podía
ascender
a
$
147,000.
En
consecuencia, el 13 de mayo de 2016 dictamos una resolución
otorgándole
al
letrado
un
término
de
diez
días
para
coordinar con la ODIN la subsanación de las deficiencias
señaladas. Además, le advertimos que su desobediencia con
ese
requerimiento
podía
desatar
su
suspensión
de
la
práctica de la abogacía.
En vista de la desatención del licenciado Medina Perea
con nuestras órdenes, el 6 de julio de 2017 la ODIN remitió
un informe en el cual apuntó que “el proceso de subsanación
de la obra notarial del licenciado Medina Perea no ha sido
completado,
transcurridos
a
pesar
de
desde
su
los
poco
más
incautación,
de
tres
incluyendo
años
la
cancelación de la deficiencia notificada en sus Libros de
Registro y de Testimonios, la cual asciende a la cantidad
estimada de Ciento Cuarenta y Siete Mil Dólares”. (Énfasis
suprimido).
En consideración de esto, el 1 de diciembre de 2017
esta Curia emitió una resolución otorgándole al letrado un
plazo final e improrrogable de treinta días para subsanar
la
insuficiencia
arancelaria.
Asimismo,
advertimos
que
ignorar nuestra orden podía conllevar que fuera referido a
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un
4
proceso
de
requerimiento,
desacato.
Ante
el
enero
16
de
la
desatención
de
2018
a
nuestro
emitimos
otra
resolución dándole al licenciado Medina Perea un periodo de
cinco días para cumplir la orden del 1 de diciembre de
2017.
Apercibimos,
además,
que
su
inobservancia
podía
conllevar su separación del ejercicio de la abogacía y ser
referido a un proceso de desacato. Igualmente, solicitamos
a la ODIN que en un plazo de cinco días presentara un
informe de estatus sobre la obra protocolar incautada.
El 26 de enero de 2018, la ODIN presentó una Moción
notificando
incumplimiento
de
orden
por
letrado
y
en
cumplimiento de orden de la ODIN. Adujo que el licenciado
Medina
Perea
Incluyó
un
incumplió
Informe
lo
instruido
actualizado
por
sobre
este
Tribunal.
estado
de
obra
notarial incautada en el cual la funcionaria encargada del
asunto plasmó que no se pudo reunir con el letrado pues su
representación legal informó que éste tenía conflictos en
su calendario dado a compromisos en los foros judiciales.
Explicó
que
la
obra
protocolar
permanecía
en
el
estado
descrito y que la insuficiencia arancelaria en el Registro
de Testimonios no había sido satisfecha.
Por su parte, el 23 de febrero de 2018 el licenciado
Medina Perea presentó una Moción Informativa donde aseveró
que restaba por cumplir ciertas deficiencias en los índices
notariales
y
las
insuficiencias
de
aranceles
en
los
testimonios. En lo relativo a esto último, manifestó que
“legitimó los testimonios que le fueron autorizados por la
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SAL
y
5
sellados
como
exentos”.
Específicamente,
adjuntó
copia de sus entradas desde la número 117 hasta la 136 y de
la 245 hasta la 260.
A
la
luz
de
este
cuadro
fáctico,
nos
corresponde
esbozar el derecho que aplica.
II
Este Tribunal, como parte de nuestro poder inherente
para regular la profesión de la abogacía en Puerto Rico,
tiene la encomienda de asegurarse que los componentes de
las mismas desempeñen sus funciones de forma responsable,
competente
y
diligente.2
A
través
del
Código
de
Ética
Profesional establecimos las normas mínimas de conducta que
los
abogados
y
las
abogadas
que
ejercen
la
ilustre
profesión deben desplegar.3
El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.
IX, es una de las disposiciones de mayor envergadura ya que
establece que los letrados deben conducirse con el mayor
respeto hacia los tribunales de justicia del país.4 En lo
atinente preceptúa que todo “abogado debe observar para con
los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor
respeto”.5
Al
aplicar
esta
norma
hemos
pronunciado
que
la
naturaleza de la función de la abogacía requiere que se
In re Oyola Torres, 194 DPR 437 (2016); In re Vera Vélez, 192 DPR
216, 226 (2015).
3 In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 617-618 (2014); In re Falcón
López, 189 DPR 689 (2013).
4 In re Federico O. López Santiago, 2018 TSPR 31, en la pág. 11, 199
DPR ___ (2018). In re Shirley Vélez Rivera, 2018 TSPR 4, en la pág. 6,
199 DPR ___ (2018).
5 4 LPRA Ap. IX. C. 9.
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6
emplee estricta atención y obediencia a las órdenes de este
Tribunal, o de cualquier foro judicial que los letrados se
encuentren obligados a comparecer.6 Dicho de otro modo, los
miembros de la clase togada tienen un deber ineludible de
respetar, acatar y responder de forma diligente nuestras
órdenes.
Esto,
particularmente,
exige
mayor
observancia
cuando se trata de asuntos relacionados con su conducta
profesional.7
La inobservancia de un miembro de la profesión legal
con
las
órdenes
de
este
Tribunal
evidencia
un
claro
menosprecio hacia nuestra autoridad.8 Es por ello que su
desatención con las órdenes judiciales no se toma de manera
liviana,
puesto
que
constituye
un
serio
agravio
a
la
autoridad de los tribunales.9 Por tal razón, hemos pautado
que la actitud de indiferencia a nuestros apercibimientos
sobre sanciones disciplinarias es causa suficiente para la
suspensión
inmediata
e
indefinida
de
la
práctica
de
la
abogacía.10
Consignado el marco jurídico que aplica a los hechos
de este caso, estamos en posición de resolver.
In re García Ortiz, 187 DPR 507, 524 (2012).
7 In re Federico O. López Santiago, 2018 TSPR 31, en la pág. 12, 199
DPR ___ (2018), In re Rivera Sepúlveda, 192 DPR 985, 988 (2015); In re
Irizarry Irizarry, 190 DPR 368, 375 (2014).
8 In re Irizarry Irizarry, supra, pág. 374; In re De León Rodríguez,
190 DPR 378, 390-391 (2014).
9 In re Christine M. Pratts Barbarossa, 2018 TSPR 5, en la pág. 6, 199
DPR ___ (2018); In re Planas Merced, 195 DPR 73, 77 (2016).
10 In re Figueroa Cortés, 196 DPR 1, 3 (2016); In re López González, 193
DPR 1021 (2015); In re Irizarry Irizarry, supra; In re Vera Vélez,
supra, pág. 227; In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660 (2011); In re
Martínez Sotomayor I, 181 DPR 1, 3 (2011).
6
7
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7
III
Como
bien
transcurrido
pudimos
más
de
observar,
cuatro
años
al
día
de
hoy,
han
desde
que
separamos
al
letrado de la abogacía y notaría. Desde entonces, hemos
dictado
múltiples
órdenes
para
que
éste
subsane
los
defectos que fueron encontrados en su obra notarial. Si
bien corrigió varios de los señalamientos, lo cierto es que
a la fecha no ha satisfecho su deuda arancelaria. Ello, a
pesar de los términos finales y bajo apercibimientos que le
hemos concedido. Inclusive, en su ultima comparecencia el
licenciado Medina Perea reconoció que adeudaba unos índices
notariales
y
las
deficiencias
aranceles
del
libro
de
testimonios. La conducta del letrado, al no acatar nuestras
órdenes, demuestra su desinterés en continuar ejerciendo la
abogacía y por ello lo disciplinamos.
IV
En miras de lo que antecede, suspendemos de manera
inmediata e indefinida al señor Medina Perea de la práctica
de
la
abogacía.
Imponemos
al
señor
Medina
Perea
la
encomienda de poner en conocimiento a todos sus clientes
sobre
su
restituir
inhabilidad
los
de
honorarios
seguir
representándolos
recibidos
por
las
y
de
labores
no
ejecutadas. Además, deberá comunicar su suspensión a todos
los foros judiciales y administrativos de Puerto Rico en
los cuales tenga algún asunto pendiente. Tendrá, también,
que acreditar y certificar a esta Curia el cumplimiento de
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lo anterior dentro de un periodo de treinta días una vez
notificada la Opinión Per Curiam y Sentencia.
Se refiere al Departamento de Justicia para que tome
la acción pertinente.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
TS-11-241
Augusto C. Medina Perea
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2018.
Por los fundamentos enunciados en la Opinión Per
Curiam que precede y se hace formar parte de la presente
Sentencia, suspendemos de manera inmediata e indefinida al
Sr. Augusto C. Medina Perea de la práctica de la abogacía.
Imponemos al señor Medina Perea la encomienda de poner en
conocimiento a todos sus clientes sobre su inhabilidad de
seguir representándolos y de restituir los honorarios
recibidos por las labores no ejecutadas. Además, deberá
comunicar su suspensión a todos los foros judiciales y
administrativos de Puerto Rico en los cuales tenga algún
asunto
pendiente.
Tendrá,
también,
que
acreditar
y
certificar a esta Curia el cumplimiento de lo anterior
dentro de un periodo de treinta días a partir de la
notificación de la Opinión Per Curiam y Sentencia.
Se refiere al Departamento de Justicia para que tome
la acción pertinente.
Notifíquese por correo certificado con acuse de recibo
y vía correo electrónico.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no
intervino.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
TS-11,241
Augusto C. Medina Perea
RESOLUCIÓN
NUNC PRO TUNC
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de mayo de 2018.
Se enmienda nunc pro tunc nuestra sentencia del 30 de
marzo de 2018 a los únicos fines de que la fecha de la misma
sea la siguiente: 30 de abril de 2018.
Notifíquese de inmediato.
Lo acordó el Tribunal y certifica
Tribunal Supremo Interina. La Jueza
Rodríguez no intervino.
la Secretaria del
Presidenta Oronoz
Sonnya Isabel Ramos Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo Interina