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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Efraín Latoni Rivera

2018 TSPR 72

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Efraín Latoni Rivera

AB-2016-306

Conducta profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y notaría por incumplir con los órdenes del Tribunal Supremo.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2018 TSPR 72

200 DPR ____

Efraín Latoni Rivera

(TS-2,540)

Número del Caso:

AB-2016-306

Fecha: 23 de abril de 2018

Abogado de la parte promovida:

Por derecho propio.

Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 30 de

abril de 2018, fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión

inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación

y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Conducta

Profesional

Efraín Latoni Rivera

(TS-2,540)

AB-2016-0306

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2018.

Una vez más, nos vemos obligados a suspender a un

letrado del ejercicio de la abogacía y la notaría por

incumplir con nuestras órdenes.

I

El Lcdo. Efraín Latoni Rivera fue admitido al

ejercicio de la abogacía el 31 de marzo de 1965. En

iguales

términos,

el

14

de

abril

de

1965

prestó

juramento para ejercer el notariado. El 17 de junio de

2015, el licenciado Latoni Rivera otorgó la Escritura

Núm. 3 sobre Compraventa. Mediante esa escritura, el

Sr. Marino Martínez Jiménez vendió a la

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2

la Sra. Teodosa Cordero Bello el cincuenta por ciento de un

solar ubicado en el Municipio de Bayamón, identificado como

la Finca Núm. 19,947. El 8 de abril de 2016, el licenciado

Latoni Rivera otorgó la Escritura Núm. 5 de Compraventa,

mediante la cual la Sra. Bonifacia Cordero Bello vendió a

la Sra. Edita Rosario Fragoso y al Sr. Abel Rubio Feliz el

cincuenta por ciento de un solar ubicado igualmente en el

Municipio

de

Bayamón,

identificado

como

la

Finca

Núm.

33,189.

El 12 de octubre de 2016, las señoras Cordero Bello y

Rosario Fragoso presentaron una queja contra el licenciado

Latoni Rivera ante este Tribunal. Sostuvieron que pagaron

a este la totalidad de los honorarios por el otorgamiento

de las Escrituras Núm. 3 y Núm. 5. Indicaron que el pago se

haría mediante un descuento en la renta que el licenciado

Latoni Rivera pagaba por concepto de arrendamiento de una

propiedad

perteneciente

a

las

señoras

Cordero

Bello

y

Rosario Fragoso. Señalaron que el proceso de presentación

de los instrumentos ante el Registro de la Propiedad de

Bayamón, Sección Primera, no se completó. Adujeron que uno

de los instrumentos se presentó y que, posteriormente, el

Registro emitió una notificación sobre dicha presentación,

pero esta caducó. Alegaron que visitaron al letrado Latoni

Rivera para requerir información sobre la presentación de

los documentos al Registro de la Propiedad y que este les

indicó que tardaría en proveérsela. Además, indicaron que

han tratado de comunicarse con el licenciado para obtener

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3

copias de los documentos y realizar las gestiones por su

cuenta, pero sus esfuerzos han sido infructuosos.

El 31 de octubre de 2016, el licenciado Latoni Rivera

contestó la queja. Informó que en los últimos años su salud

se ha visto deteriorada. Admitió que autorizó las Escrituras

Núm. 3 y Núm. 5, según se alega en la queja. Sin embargo,

arguyó que no se comprometió a presentar la Escritura Núm.

3 ante el Registro de la Propiedad. Señaló que aceptó la

propuesta de pago de la señora Cordero Bello, consistente

en el descuento de dos meses de renta como un adelanto, ya

que la cantidad correspondiente a ese descuento en la renta

no era suficiente para cubrir los gastos por las escrituras.

Indicó que los gastos relacionados a esas escrituras no

fueron sufragados en su totalidad. Alegó también que en una

de las visitas que la señora Cordero Bello le realizó, ella

le

reclamó

por

las

copias

de

las

escrituras

y

él

le

manifestó que el proceso de otorgar copias de su obra

notarial es indelegable, que no se encontraba en condiciones

para ejecutar ese proceso y que no podía delegar dicha

función a sus familiares. Sostuvo que, por su condición de

salud, tampoco había podido nombrar a un notario sustituto.

Finalmente, señaló que solicitó cesar el ejercicio de la

notaría y que ha comenzado a gestionar la entrega de su

obra notarial con la Oficina de Inspección de Notarías

(ODIN).

En relación a estos hechos, el 31 de marzo de 2017, el

Director de la ODIN presentó un Informe ante este Tribunal.

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4

El Director de la ODIN concluyó que mediante su actuación

en el proceso de otorgación de las Escrituras Núm. 3 y Núm.

5, el licenciado Latoni Rivera infringió los Cánones 18 y

19 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Por ello,

nos recomendó amonestarlo por infracciones a la Ley Notarial

de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2001 et seq., y al Código de

Ética

Profesional,

supra.

Recomendó,

además,

que

le

ordenemos sufragar los trámites para que la Escritura Núm.

3 pueda ser subsanada y se ratifique la transacción esbozada

en la Escritura Núm. 5. Asimismo, recomendó que le ordenemos

sufragar los gastos requeridos para que las escrituras sean

presentadas ante el Registro de la Propiedad. Adelantó que

una vez amonestado y acreditado el trámite de presentación

de

ambos

instrumentos

públicos

en

el

Registro

de

la

Propiedad, recomendaría el archivo de la queja.

El 24 de abril de 2017, emitimos una Resolución en la

que le concedimos al licenciado Latoni Rivera un término de

veinte días para que se expresara sobre el Informe de la

ODIN. En esa Resolución, se le advirtió que de no comparecer

en el término provisto se entendería que se allana a las

recomendaciones formuladas en el informe. No obstante, el

letrado no respondió a nuestro requerimiento.

Consecuentemente, el 23 de junio de 2017 emitimos una

segunda resolución en la que le informamos que entendíamos

que se allanó al Informe de la ODIN, según se le apercibió.

Además,

lo

amonestamos

por

las

infracciones

a

la

Ley

Notarial, supra, y al Código de Ética Profesional, supra.

AB-2016-0306

5

Asimismo, conforme a la recomendación del Director de la

ODIN, le ordenamos sufragar la totalidad de los gastos para

que, ante otro notario: 1) se subsanaran las deficiencias

señaladas en la Escritura Núm. 3 de 2015; 2) se otorgara un

nuevo instrumento público entre las partes concernidas que

ratifique la transacción esbozada de la Escritura Núm. 5 de

2016, y 3) se presentaran las copias certificadas de ambos

instrumentos

públicos,

con

sus

correspondientes

comprobantes, ante el Registro de la Propiedad de Bayamón,

Sección Primera, para su oportuna calificación y despacho.

Le informamos al letrado Latoni Rivera que una vez se

acreditara el trámite de presentación de ambos instrumentos

públicos en el Registro de la Propiedad, se procedería al

archivo de la queja.

El 5 de septiembre de 2017, emitimos una Resolución en

la que le concedimos al licenciado Latoni Rivera un término

de diez días para acreditarnos las gestiones que había

realizado en cumplimiento con la Resolución del 23 de junio

de 2017. El término transcurrió y el abogado no compareció.

Ante ello, el 23 de febrero de 2018 emitimos una

Resolución adicional en la cual le concedimos un término de

treinta días para que mostrara causa por la cual no debíamos

imponerle sanciones que podrían iniciar su suspensión del

ejercicio de la profesión, por su incumplimiento con lo

ordenado en nuestras Resoluciones de 23 de junio de 2017 y

5 de septiembre de 2017. Este término venció y el licenciado

Latoni Rivera no cumplió con nuestro requerimiento.

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6

II

El Código de Ética Profesional incorpora en un mismo

cuerpo legal las normas mínimas de conducta que deben

exhibir los miembros de la ilustre profesión de la abogacía

en el desempeño de sus funciones. In re De Jesús Román, 192

DPR 799, 802 (2015).

El

Canon

9

de Ética

Profesional,

4

LPRA

Ap. IX,

dispone, en lo pertinente, que “[e]l abogado debe observar

para con los tribunales una conducta que se caracterice por

el mayor respeto”. Hemos resuelto en innumerables ocasiones

que “[l]a naturaleza de la función del abogado requiere de

este una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes

que emiten los tribunales”. In re Dávila Toro, 179 DPR 833,

840 (2010).

Este Tribunal ha reiterado que los abogados deben la

más estricta observancia a las órdenes judiciales, más aún

cuando se trata de procedimientos disciplinarios. In re

García Ortiz, 187 DPR 507, 524 (2012). Por ello, asumir una

actitud

de

menosprecio

e

indiferencia

ante

nuestras

órdenes, al igual que ante los requerimientos de nuestros

funcionarios y organismos, denota una falta de respeto

hacia nuestra autoridad y constituye una violación del

Canon 9. Véase In re Colón Collazo, 196 DPR 239, 242 (2016);

véase, además, In re Rodríguez Zayas, 194 DPR 337, 342

(2015).

Hemos

advertido

que

procede

la

suspensión

del

ejercicio de la profesión cuando un abogado no atiende con

diligencia nuestros requerimientos y se muestra indiferente

AB-2016-0306

ante

7

nuestros

apercibimientos

de

imponerle

sanciones

disciplinarias. Galarza Rodríguez, Ex parte, 183 DPR 228,

230 (2011). Es decir, la consecuencia del incumplimiento

con las órdenes o los requerimientos de este Tribunal ha

sido,

consistentemente,

la

suspensión

indefinida

del

ejercicio de la profesión. In re Prado Rodríguez, 190 DPR

361 (2014).

III

Nos encontramos ante un caso en el cual un miembro de

la

profesión

ocasiones.

desatendió

Le

nuestras

ordenamos

al

ordenes

licenciado

en

múltiples

Latoni

Rivera

sufragar los gastos para que otro notario corrigiera los

errores

que

presentaran

cometió

las

al

copias

otorgar

las

certificadas

escrituras

de

estas

y

se

ante

el

Registro de la Propiedad, para su oportuna calificación y

despacho. Luego, le concedimos un término para que nos

informara de las gestiones que estaba llevando a cabo para

cumplir con este requerimiento. Sin embargo, este desacató

nuestras órdenes.

La dejadez que mostró el licenciado Latoni Rivera ante

nuestros

requerimientos

es

prueba

de

que

ya

no

desea

continuar en el ejercicio de la abogacía y la notaría. A

pesar de que le dimos la oportunidad de sufragar los gastos

para completar los trámites en una gestión en la cual no

fue diligente y así evitar ser suspendido, este no la

aprovechó. Además, falló en proveer justa causa para su

incumplimiento.

Su

conducta

indiferente

ante

nuestros

AB-2016-0306

requerimientos

8

constituye

una

falta

de

respeto

a

esta

Curia, que violenta el Canon 9, supra.

IV

Por los fundamentos expuestos, suspendemos inmediata

e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría

al

licenciado

Latoni

Rivera.

Se

le

ordena

nuevamente

sufragar la totalidad de los gastos para que, ante otro

notario: 1) se subsanen las deficiencias señaladas en la

Escritura Núm. 3 de 2015; 2) se otorgue un nuevo instrumento

público

entre

las

partes

concernidas

que

ratifique

la

transacción esbozada de la Escritura Núm. 5 de 2016, y 3)

se presenten las copias certificadas de ambos instrumentos

públicos, con sus correspondientes comprobantes ante el

Registro de la Propiedad de Bayamón, Sección Primera, para

su oportuna calificación y despacho. Se le apercibe que

incumplir

con lo aquí ordenado

podría dar

lugar a

la

iniciación de un procedimiento de desacato en el Tribunal

de Primera Instancia. Si interesara presentar una solicitud

de reinstalación, el señor Latoni Rivera deberá incluir una

certificación de la ODIN que demuestre que su obra notarial

se encuentra libre de deficiencias.

Se impone al señor Latoni Rivera el deber de notificar

a

sus

clientes

representándolos,

recibidos

por

de

su

inhabilidad

devolver

trabajos

no

para

cualesquiera

realizados

seguir

honorarios

e

informar

inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y

administrativos en los que tenga asuntos pendientes. Deberá

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9

acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior

dentro

del

término

de

treinta

días

a

partir

de

la

notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Asimismo, se le ordena al Alguacil de este Tribunal

incautar inmediatamente la parte de la obra notarial que no

haya sido entregada a la ODIN y el sello notarial del señor

Latoni Rivera y entregar los mismos al Director de la ODIN,

para la correspondiente investigación e informe.

Consecuentemente, la fianza notarial queda automáticamente

cancelada. La fianza se considerará buena y válida por 3

años después de su terminación en cuanto a los actos

realizados por el señor Latoni Rivera durante el periodo en

que la fianza estuvo vigente.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y

Sentencia al señor Latoni Rivera a través de la Oficina del

Alguacil de este Tribunal. Además, notifíquese copia de

esta

Opinión

Per

Curiam

y

Sentencia

al

Secretario

Justicia, para que tome la acción que estime pertinente.

Se dictará Sentencia de conformidad.

de

AB-2016-0306

10

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Efraín Latoni Rivera

(TS-2,540)

Conducta

Profesional

AB-2016-0306

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2018.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de

esta

Sentencia,

suspendemos

inmediata

e

indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la

notaría al licenciado Latoni Rivera. Se le ordena

nuevamente sufragar la totalidad de los gastos para

que,

ante

otro

notario:

1)

se

subsanen

las

deficiencias señaladas en la Escritura Núm. 3 de 2015;

2) se otorgue un nuevo instrumento público entre las

partes concernidas que ratifique la transacción

esbozada de la Escritura Núm. 5 de 2016, y 3) se

presenten

las

copias

certificadas

de

ambos

instrumentos

públicos,

con sus correspondientes

comprobantes ante el Registro de la Propiedad de

Bayamón,

Sección

Primera,

para

su

oportuna

calificación y despacho. Se le apercibe que incumplir

con lo aquí ordenado podría dar lugar a la iniciación

de un procedimiento de desacato en el Tribunal de

Primera Instancia. Si interesara presentar una

solicitud de reinstalación, el señor Latoni Rivera

AB-2016-0306

2

deberá incluir una certificación de la ODIN

demuestre que su obra notarial se encuentra

que

libre de deficiencias.

Se impone al señor Latoni Rivera el deber de notificar

a

sus

clientes

de

su

inhabilidad

para

seguir

representándolos,

devolver

cualesquiera

honorarios

recibidos

por

trabajos

no

realizados

e

informar

inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y

administrativos en los que tenga asuntos pendientes. Deberá

acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior

dentro del término de treinta días a partir de la

notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Asimismo, se le ordena al Alguacil de este Tribunal

incautar inmediatamente la parte de la obra notarial que no

haya sido entregada a la ODIN y el sello notarial del señor

Latoni Rivera y entregar los mismos al Director de la ODIN,

para la correspondiente investigación e informe.

Consecuentemente, la fianza notarial queda automáticamente

cancelada. La fianza se considerará buena y válida por 3

años después de su terminación en cuanto a los actos

realizados por el señor Latoni Rivera durante el periodo en

que la fianza estuvo vigente.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y

Sentencia al señor Latoni Rivera a través de la Oficina del

Alguacil de este Tribunal. Además, notifíquese copia de esta

Opinión Per Curiam y Sentencia al Secretario de Justicia,

para que tome la acción que estime pertinente.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no

intervino. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no

interviene.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo