Tribunal Supremo de Puerto Rico
Departamento de Transportación y Obras Publicas v. Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, AFSCME, Local 3889
2018 TSPR 61
Poder Judicial de Puerto Rico
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Departamento de Transportación y Obras Publicas v. Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, AFSCME, Local 3889
CC-2018-210
Sentencia con Voto Particular Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación
y Obras Públicas
Recurrido
Certiorari
v.
2018 TSPR 61
Servidores Públicos Unidos de
Puerto Rico, AFSCME, Local 3889
200 DPR ____
Peticionaria
Número del Caso: CC-2018-210
Fecha: 17 de abril de 2018
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan y Caguas
Abogada de la parte peticionaria:
Lcda. Yarlene Jiménez Rosario
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Luis R. Román Negrón
Procurador General
Lcdo. Juan Ramírez Ortiz
Procurador General Auxiliar
Materia: Sentencia del Tribunal con Voto particular disidente.
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EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Departamento de
Transportación y Obras
Públicas
Recurrido
CC-2018-0210
v.
Servidores Públicos Unidos
de Puerto Rico, AFSCME,
Local 3889
Peticionaria
SENTENCIA
(Regla 50)
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de 2018.
Tras evaluar la Petición de Certiorari presentada por
la peticionaria, se expide el auto solicitado y, por
haberse emitido sin jurisdicción, se deja sin efecto tanto
la Sentencia que el Tribunal de Apelaciones emitió el 30 de
noviembre de 2017 como la Sentencia que el Tribunal de
Primera Instancia emitió el 3 de julio de 2017.
Se devuelve el caso de epígrafe al Tribunal de Primera
Instancia y se ordena su archivo administrativo hasta que
las partes notifiquen al foro primario que el caso In re:
The Financial Oversight and Management Board for Puerto
Rico, as representative of The Commonwealth of Puerto Rico,
et al., No. 17-BK-3283 (LTS), pendiente ante la Corte de
Quiebras ha culminado o que la paralización automática ha
sido levantada.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres
hace constar la siguiente expresión a la cual se unieron la
Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado
señor Rivera García:
El Juez Asociado señor Martínez Torres está
conforme por los fundamentos expuestos en su Voto
particular de conformidad en el caso de José L.
CC-2018-0210
2
Morales Pérez v. Policía de Puerto Rico,
certificado el 2 de abril de 2018, 2018 TSPR 48.
Asimismo, cabe destacar que nosotros no somos el
foro con jurisdicción para hacer valer la
disposición 362(d)(1) del Código de Quiebras
Federal, 11 USC sec. 362(d)(1), sino que es el
tribunal federal. Al resolver esto me limito a
aplicar el derecho.
El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió un
Voto Particular Disidente.
El Juez Asociado señor Colón Pérez hace constar la
siguiente expresión:
“El Juez Asociado señor Colón Pérez disiente
del curso de acción seguido por una mayoría de
este Tribunal por entender que el presente caso,
en parte, no quedó paralizado en virtud de lo
dispuesto en la Sec. 301(a) del Título III del
Puerto Rico Oversight, Management and Economic
Stability Act (PROMESA), 48 USC sec. 2101, et
seq. Siendo ello así, éste hubiese expedido el
mismo a los únicos fines de permitir la
continuación del trámite apelativo ante este Foro
y, en consecuencia, dilucidar si correspondía o
no reinstalar a la señora Rosa M. Hernández
Rosario en su empleo como Oficinista I en el
Centro
de
Servicio
al
Consumidor
(CESCO),
adscrito al Departamento de Transportación y
Obras Públicas. Respecto a la reclamación por el
pago de haberes dejados de percibir que ésta
última realiza, el Juez Asociado señor Colón
Pérez entiende que la misma debe ser paralizada
en virtud de lo dispuesto en el Titulo III de la
Puerto Rico Oversight, Management, and Economic
Stability Act (PROMESA), 48 USC sec. 2101 et seq.
Sobre el particular, véase su Voto Particular
Disidente en Morales Perez v. Policía de Puerto
Rico, res. el 2 de abril de 2018, 2018 TSPR ___.”
La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente
por los fundamentos expuestos en el Voto Particular
Disidente del Juez Asociado señor Colón Pérez en Morales
Pérez v. Policía de P.R., 2018 TSPR 48.
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no intervino.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Departamento
Transportación
Públicas
y
de
Obras
Peticionario
v.
CC-2018-0210
Certiorari
Servidores Públicos Unidos
de Puerto Rico, AFSCME,
Local 3889
Recurrido
Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado SEÑOR
ESTRELLA MARTÍNEZ
San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 2018.
Nuevamente,
este
Tribunal
atiende
la
paralización automática de un pleito en virtud
de
la
Puerto
Rico
Oversight
Management,
Economic
Stability
Act,
infra.
nuevamente
este
foro
opta
por
controversia,
en
su
presente
and
Asimismo,
paralizar
la
totalidad,
sin
antes analizar si a la misma le aplica alguna
excepción. Por entender que parte del presente
litigio
no
exceptuado
está
paralizado,
de
cumplir
paralización, DISIENTO.
con
sino
la
que
está
referida
CC-2018-0210
2
I
El presente caso trata sobre la destitución de la Sra.
Rosa M. Hernández Rosario (señora Hernández Rosario) de su
puesto
como
Oficinista
I
en
el
Departamento
de
Transportación y Obras Públicas (Departamento). Ello, luego
de ésta, alegadamente, haber infringido el Art. 25 de la
Ley de Protección Vehicular, 9 LPRA sec. 3224. A raíz de lo
anterior, y luego de que el proceso criminal no prosperara
en su contra, la señora Hernández Rosario radicó dos quejas
ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) para
fines
de
ser
reinstalada
en
su
posición
y
recibir
los
haberes dejado de percibir por razón de su destitución. El
referido foro revocó la determinación del Departamento y
ordenó la reinstalación de la señora Hernández Rosario, así
como el pago de los haberes dejados de percibir.
Inconforme, el Estado solicitó al Tribunal de Primera
Instancia la revisión del laudo emitido por la CASP. A esos
efectos,
revocó
el
foro
primario
el
referido
laudo.
Servidores
Públicos
de
dictó
sentencia,
Así
cosas,
Puerto
las
Rico
(la
en
la
cual
la
Unión
de
Unión),
en
representación de la señora Hernández Rosario, presentó un
recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, el
cuál
confirmó
consiguiente,
al
la
Tribunal
Unión
de
recurre
Primera
Instancia.
Por
ante
para
de
revisar el dictamen emitido por el
nos
fines
Tribunal de Primera
Instancia y confirmado por el foro apelativo intermedio.
CC-2018-0210
No
3
obstante,
paralizar
en
los
el
día
de
hoy
procedimientos
este
Tribunal
opta
por
aplicando
erróneamente
el
ocasiones
anteriores,
la
cual
eje
Título III de PROMESA, infra.
II
A.
Según
he
paralización
expuesto
automática
en
de
litigios,
la
forma
medular de la presente controversia, está contemplada en el
Título III de la Puerto Rico Oversight Management, and
Economic Stability Act (PROMESA), 48 USC sec. 2101 et seq.
El referido título establece un procedimiento de quiebra y
restructuración de deuda sui generis, en respuesta a la
situación
precaria
y
la
crisis
fiscal
que
enfrenta
el
Gobierno de Puerto Rico. En ese sentido, como parte de ese
procedimiento se incluyó una paralización automática de los
litigios en contra del deudor, en este caso el Gobierno de
Puerto Rico. 48 USC sec. 2106. A su vez, se hizo aplicable
a
los
litigios
bajo
el
Título
III
lo
dispuesto
en
la
sección 362 del Título 11 de Quiebras, 11 USC sec. 362.
Acorde a lo anterior, el texto literal de la sección
362 del Título 11 de Quiebras, 11 USC sec. 362, dispone
excepciones, en virtud de las cuales una parte puede pedir
que no aplique la paralización en cuestión, para fines de
continuar ventilando un litigio contra el deudor. De esa
forma,
la
sección
362(d)(1)
establece
que
una
de
esas
instancias es “for cause, including the lack of adequate
CC-2018-0210
4
protection of an interest in property of such party in
interest”. 11 USC 362(d)(1). A esos efectos, en el caso
normativo de In re Sonnax Indus., Inc., 907 F.2d 1280 (1990
2nd
Cir.),
el
Tribunal
de
Apelaciones
para
el
Segundo
Circuito esbozó los criterios a evaluarse para fines de
determinar si un caso está exceptuado de cumplir con la
paralización automática. Allí se expusieron los criterios a
ser evaluados, a saber:
(1) whether relief would result in a partial or
complete resolution of the issues; (2) lack of
any connection with or interference with the
bankruptcy case; (3) whether the other proceeding
involves the debtor as a fiduciary; (4) whether a
specialized tribunal with the necessary expertise
has been established to hear the cause of action;
(5) whether the debtor's insurer has assumed full
responsibility for defending it; (6) whether the
action primarily involves third parties; (7)
whether
litigation
in
another
forum
would
prejudice the interests of other creditors; (8)
whether the judgment claim arising from the other
action is subject to equitable subordination; (9)
whether movant's success in the other proceeding
would result in a judicial lien avoidable by the
debtor; (10) the interests of judicial economy
and the expeditious and economical resolution of
litigation; (11) whether the parties are ready
for trial in the other proceeding; and (12)
impact of the stay on the parties and the balance
of harms. Íd. pág. 1286.
B.
Resulta
establecido
importante
recalcar
correctamente
que
que
este
posee
Tribunal
ha
jurisdicción
concurrente para evaluar si, en efecto, un pleito está
paralizado en virtud de PROMESA, supra. Véanse, Laboratorio
Clínico Irizarry v. Departamento de Salud, res. el 3 de
agosto de 2017, 2017 TSPR 145; Lacourt Martínez v. Junta de
Libertad Bajo Palabra, res. el 3 de agosto de 2017, 2017
CC-2018-0210
5
TSPR 144. En el ejercicio de esa jurisdicción concurrente,
hemos permitido que se continúen ventilando determinados
casos que se intentaron paralizar en virtud de PROMESA,
supra. Véanse, Laboratorio Clínico Irizarry v. Departamento
de Salud, supra; Lacourt Martínez v. Junta de Libertad Bajo
Palabra,
supra;
Universal
Insurance
Company
v.
ELA,
Sentencia del 14 de marzo de 2018 AC-2017-0064, (en el
cual, en un caso sobre impugnación de confiscación, este
Tribunal
optó
por
declarar
no
ha
lugar
una
moción
de
paralización al amparo del Título III de PROMESA presentada
por el Estado).
Del mismo modo, y según expuse en mi voto particular
disidente
en
el
caso
de
Vera
González
v.
Estado
Libre
Asociado de Puerto Rico, Voto particular disidente del Juez
Asociado señor Estrella Martínez en Vera González v. Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, res. el 19 de marzo de 2018,
2018 TSPR 43, todos “los foros bajo la bandera de los
Estados
Unidos
tienen
la
facultad
concurrente
y
la
obligación de cumplir con el mandato legislativo de aplicar
las excepciones contempladas bajo legislación federal que
rigen los procesos de quiebra”. Íd. pág. 5. Dicho de otra
forma, tanto este Tribunal como el Tribunal de Quiebra
estamos facultados para evaluar si un caso está sujeto a la
paralización
automática
y,
de
no
estarlo,
levantar
la
misma.1 Véanse, 28 USC sec. 1334(b); Chang v. Buffington,
1
No
aplicar
el
derecho
federal
aquí
expuesto,
expresamente incluido por el Congreso en la Puerto Rico
CC-2018-0210
6
256 P.3d 694 (Haw. 2011); State v. McWilliams, 178 P.3d 121
(Mont. 2008); Lockyer v. Mirant Corp., 388 F.3d (9th Cir.
2005); In re Gruntz, 202 F.3d 1074 (9th Cir. 2000) (en banc
review) Janis v. Janis, 684 N.Y.S.2d 426 (N.Y.S. 1998)
Commonwealth
of
Pennsylvania
Dept.
of
Environmental
Resources v. Ingram, 658 A.2d 435 (Pa. 1995); Matter of
State of New York v. DeFranco Ford, Inc., 202 A.D.2d 592
(N.Y.S. 1994); Citizens First National Bank of New Jersey
v. Marcus, 600 A.2d 943 (N.J. Super. Ct. App. Div. 1991);
Westlund v. State, Dept. of Licensing, 778 P.2d 40 (Wash.
Ct. App. 1989); Brock v. Morysville Body Works, Inc., 829
F.2d 383 (3rd Cir. 1987); Hunt v. Bankers Trust Co., 799
F.2d
1060
(5th
Cir.
1986);
Painting,
Inc.,
804
F.2d
N.L.R.B.
934
(6th
v.
Edward
Cooper
Cir.
1986);
In
re
Baldwin-United Corp. Litigation, 765 F.2d 343 (2nd Cir.
1985). Véanse, además, S. W. Sather, Resolving Conflicts
Between Bankruptcy and Administrative Law, 11 Tex. Tech.
Admin. L.J. 267, 296-298 (2010); R.J. French, The Automatic
Stay
in
Bankruptcy
and
Contempt
Proceedings,
50-Feb.
Advocate (Idaho) 15, 15 (2007); J.J. Hargrove, Relief from
Oversight Management, and Economic Stability Act (PROMESA),
48 USC sec. 2101 et seq., sólo desemboca en recrudecer
nuestra condición colonial y fallar a nuestro deber
ministerial de salvaguardar los derechos constitucionales
de un Pueblo que no tuvo participación en la aprobación de
PROMESA, supra. Voto particular disidente del Juez Asociado
señor Estrella Martínez en Narváez Cortés v. Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, et al., res. el 21 de febrero de
2018, 2018 TSPR 32. Voto particular disidente del Juez
Asociado señor Estrella Martínez en ELA v. El Ojo de Agua
Development, Inc., res. el 2 de febrero de 2018, 2018 TSPR
12.
CC-2018-0210
7
Stay Compendium for State Court Judges, 27 Cal Bankr. J.
30, 30-31 (2003) R.J. Haines, Ninth Circuit Divests State
Courts Jurisdiction to Construe and Apply the Automatic
Stay, No. 4 Norton Bankr. L. Adviser 1 (1999).
III
Con tal de analizar cautelosamente si, en efecto, la
controversia presente está paralizada, resulta sumamente
importante acudir a las decisiones de la Jueza Laura Taylor
Swain
en
casos
similares
al
de
autos.
Tras
evaluar
el
expediente del caso de Título III, llama la atención el
Memorandum Order Granting in Part Motion of Keila RoblesFigueroa For Relief from Automatic Stay (Docket Entry No.
647. Véase, In re The Financial Oversight and Management
Board for Puerto Rico, et al., Núm. 17 BK 3283 LTS (BK D.
P.R. radicado 11 de agosto de 2017) (Docket # 1012). En la
referida orden, el Tribunal de Quiebras tuvo ante sí un
caso sumamente similar al aquí presente. En ella, determinó
bifurcar
la
acción
para
fines
de
continuar
ventilando
aquello que no fuese una reclamación puramente monetaria.
En ese sentido, mantuvo paralizado lo relacionado a la
reclamación de haberes dejados de percibir, mas levantó la
paralización
en
cuanto
a
la
controversia
sobre
la
reinstalación. La Jueza Laura Taylor Swain aclaró que los
criterios de In re Sonnax Indus., Inc., supra, en cuestión
eran
los
siguientes
“whether
relief
would
result
in
a
partial or complete resolution of the issues”; “lack of any
connection with or interference with the bankruptcy case”;
CC-2018-0210
8
“the interests of judicial economy and the expeditious and
economical resolution of litigation”, y el “impact of the
stay on the parties and the balance of harms”. Íd. pág. 3.
Al analizar los referidos criterios determinó que:
Allowing the Appeal to proceed to a determination
as to whether Movant is entitled to reinstatement
while maintaining the stay as to any monetary
claims against the Debtors would not interfere
materially, if at all, with the Title III case
and would permit efficient resolution of the
issue raised in the Appeal. Íd.
Asimismo, y en
otras instancias, la
Jueza
Laura Taylor
Swain ha levantado paralizaciones en situaciones en las
cuales los criterios de In re Sonnax Indus., Inc., supra, y
la economía procesal ameritan que se continué dilucidando
el
pleito,
previo
a
ejecutarse
una
sentencia.
Véanse,
Memorandum Order Granting in Part Motion of Jay Bonilla
Sauder For Relief from Automatic Stay (Docket Entry No.
1048), In re The Financial Oversight and Management Board
for Puerto Rico, et al., Núm. 17 BK 3283 LTS (BK D. P.R.
radicado 13 de septiembre de 2017) (Docket # 1290) (“the
Motion is granted in part and the stay is lifted solely to
permit all necessary forfeiture determination proceedings
in
the
Lawsuit
prior
to
entry
and
enforcement
of
any
judgment for damages); Memorandum Order Granting Motion of
Javier Pérez-Rivera For Relief from the Automatic Stay, In
re The Financial Oversight and Management Board for Puerto
Rico, et al., Núm. 17 BK 3283 LTS (BK D. P.R. radicado 12
de julio de 2017) (Docket # 620) (“the motion is granted to
the extent that the stay is lifted to allow the rendering
CC-2018-0210
9
but not the enforcement, of an award in the Arbitration
proceeding”.).
IV
Como
vemos,
el
caso
en
cuestión
versa
sobre
si
una
controversia en relación a haberes dejados de percibir y
reinstalación en el empleo está paralizada, en virtud del
Título III de PROMESA, supra. Como quedó demostrado, el
presente litigio cumple con una de las excepciones de la
paralización
automática.
Por
lo
tanto,
éste
podía
ser
bifurcado a los fines de atender la controversia en torno a
la reinstalación y mantener paralizado el asunto respecto
al pago de haberes dejados de percibir. Recordemos que:
[P]ermitir al recurrido continuar con el litigio
de referencia, en ningún sentido perjudica o
interfiere con los procedimientos en el Tribunal
de Quiebras bajo el Título III de PROMESA. Todo
lo contrario, en la medida que los foros
judiciales locales ejerzan eficientemente su
jurisdicción concurrente en esta materia, se
fomentará un mayor grado de eficiencia y agilidad
procesal. Voto particular disidente del Juez
Asociado señor Estrella Martínez en ELA v. El Ojo
de Agua Development, Inc., res. el 2 de febrero
de 2018, 2018 TSPR 12.
V
A la luz de los fundamentos discutidos anteriormente,
respetuosamente disiento y, en contrario, hubiera atendido
en los méritos el recurso de certiorari presentado por la
Unión. De igual modo, no hubiera determinado, ab initio,
que las sentencias emitidas por el Tribunal de Primera
Instancia y el Tribunal de Apelaciones fueron emitidas sin
jurisdicción.
CC-2018-0210
10
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado