LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Departamento de Transportación y Obras Publicas v. Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, AFSCME, Local 3889

2018 TSPR 61

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Departamento de Transportación y Obras Publicas v. Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, AFSCME, Local 3889

CC-2018-210

Sentencia con Voto Particular Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Departamento de Transportación

y Obras Públicas

Recurrido

Certiorari

v.

2018 TSPR 61

Servidores Públicos Unidos de

Puerto Rico, AFSCME, Local 3889

200 DPR ____

Peticionaria

Número del Caso: CC-2018-210

Fecha: 17 de abril de 2018

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan y Caguas

Abogada de la parte peticionaria:

Lcda. Yarlene Jiménez Rosario

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Luis R. Román Negrón

Procurador General

Lcdo. Juan Ramírez Ortiz

Procurador General Auxiliar

Materia: Sentencia del Tribunal con Voto particular disidente.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Departamento de

Transportación y Obras

Públicas

Recurrido

CC-2018-0210

v.

Servidores Públicos Unidos

de Puerto Rico, AFSCME,

Local 3889

Peticionaria

SENTENCIA

(Regla 50)

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de 2018.

Tras evaluar la Petición de Certiorari presentada por

la peticionaria, se expide el auto solicitado y, por

haberse emitido sin jurisdicción, se deja sin efecto tanto

la Sentencia que el Tribunal de Apelaciones emitió el 30 de

noviembre de 2017 como la Sentencia que el Tribunal de

Primera Instancia emitió el 3 de julio de 2017.

Se devuelve el caso de epígrafe al Tribunal de Primera

Instancia y se ordena su archivo administrativo hasta que

las partes notifiquen al foro primario que el caso In re:

The Financial Oversight and Management Board for Puerto

Rico, as representative of The Commonwealth of Puerto Rico,

et al., No. 17-BK-3283 (LTS), pendiente ante la Corte de

Quiebras ha culminado o que la paralización automática ha

sido levantada.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres

hace constar la siguiente expresión a la cual se unieron la

Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado

señor Rivera García:

El Juez Asociado señor Martínez Torres está

conforme por los fundamentos expuestos en su Voto

particular de conformidad en el caso de José L.

CC-2018-0210

2

Morales Pérez v. Policía de Puerto Rico,

certificado el 2 de abril de 2018, 2018 TSPR 48.

Asimismo, cabe destacar que nosotros no somos el

foro con jurisdicción para hacer valer la

disposición 362(d)(1) del Código de Quiebras

Federal, 11 USC sec. 362(d)(1), sino que es el

tribunal federal. Al resolver esto me limito a

aplicar el derecho.

El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió un

Voto Particular Disidente.

El Juez Asociado señor Colón Pérez hace constar la

siguiente expresión:

“El Juez Asociado señor Colón Pérez disiente

del curso de acción seguido por una mayoría de

este Tribunal por entender que el presente caso,

en parte, no quedó paralizado en virtud de lo

dispuesto en la Sec. 301(a) del Título III del

Puerto Rico Oversight, Management and Economic

Stability Act (PROMESA), 48 USC sec. 2101, et

seq. Siendo ello así, éste hubiese expedido el

mismo a los únicos fines de permitir la

continuación del trámite apelativo ante este Foro

y, en consecuencia, dilucidar si correspondía o

no reinstalar a la señora Rosa M. Hernández

Rosario en su empleo como Oficinista I en el

Centro

de

Servicio

al

Consumidor

(CESCO),

adscrito al Departamento de Transportación y

Obras Públicas. Respecto a la reclamación por el

pago de haberes dejados de percibir que ésta

última realiza, el Juez Asociado señor Colón

Pérez entiende que la misma debe ser paralizada

en virtud de lo dispuesto en el Titulo III de la

Puerto Rico Oversight, Management, and Economic

Stability Act (PROMESA), 48 USC sec. 2101 et seq.

Sobre el particular, véase su Voto Particular

Disidente en Morales Perez v. Policía de Puerto

Rico, res. el 2 de abril de 2018, 2018 TSPR ___.”

La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente

por los fundamentos expuestos en el Voto Particular

Disidente del Juez Asociado señor Colón Pérez en Morales

Pérez v. Policía de P.R., 2018 TSPR 48.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no intervino.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Departamento

Transportación

Públicas

y

de

Obras

Peticionario

v.

CC-2018-0210

Certiorari

Servidores Públicos Unidos

de Puerto Rico, AFSCME,

Local 3889

Recurrido

Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado SEÑOR

ESTRELLA MARTÍNEZ

San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 2018.

Nuevamente,

este

Tribunal

atiende

la

paralización automática de un pleito en virtud

de

la

Puerto

Rico

Oversight

Management,

Economic

Stability

Act,

infra.

nuevamente

este

foro

opta

por

controversia,

en

su

presente

and

Asimismo,

paralizar

la

totalidad,

sin

antes analizar si a la misma le aplica alguna

excepción. Por entender que parte del presente

litigio

no

exceptuado

está

paralizado,

de

cumplir

paralización, DISIENTO.

con

sino

la

que

está

referida

CC-2018-0210

2

I

El presente caso trata sobre la destitución de la Sra.

Rosa M. Hernández Rosario (señora Hernández Rosario) de su

puesto

como

Oficinista

I

en

el

Departamento

de

Transportación y Obras Públicas (Departamento). Ello, luego

de ésta, alegadamente, haber infringido el Art. 25 de la

Ley de Protección Vehicular, 9 LPRA sec. 3224. A raíz de lo

anterior, y luego de que el proceso criminal no prosperara

en su contra, la señora Hernández Rosario radicó dos quejas

ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) para

fines

de

ser

reinstalada

en

su

posición

y

recibir

los

haberes dejado de percibir por razón de su destitución. El

referido foro revocó la determinación del Departamento y

ordenó la reinstalación de la señora Hernández Rosario, así

como el pago de los haberes dejados de percibir.

Inconforme, el Estado solicitó al Tribunal de Primera

Instancia la revisión del laudo emitido por la CASP. A esos

efectos,

revocó

el

foro

primario

el

referido

laudo.

Servidores

Públicos

de

dictó

sentencia,

Así

cosas,

Puerto

las

Rico

(la

en

la

cual

la

Unión

de

Unión),

en

representación de la señora Hernández Rosario, presentó un

recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, el

cuál

confirmó

consiguiente,

al

la

Tribunal

Unión

de

recurre

Primera

Instancia.

Por

ante

para

de

revisar el dictamen emitido por el

nos

fines

Tribunal de Primera

Instancia y confirmado por el foro apelativo intermedio.

CC-2018-0210

No

3

obstante,

paralizar

en

los

el

día

de

hoy

procedimientos

este

Tribunal

opta

por

aplicando

erróneamente

el

ocasiones

anteriores,

la

cual

eje

Título III de PROMESA, infra.

II

A.

Según

he

paralización

expuesto

automática

en

de

litigios,

la

forma

medular de la presente controversia, está contemplada en el

Título III de la Puerto Rico Oversight Management, and

Economic Stability Act (PROMESA), 48 USC sec. 2101 et seq.

El referido título establece un procedimiento de quiebra y

restructuración de deuda sui generis, en respuesta a la

situación

precaria

y

la

crisis

fiscal

que

enfrenta

el

Gobierno de Puerto Rico. En ese sentido, como parte de ese

procedimiento se incluyó una paralización automática de los

litigios en contra del deudor, en este caso el Gobierno de

Puerto Rico. 48 USC sec. 2106. A su vez, se hizo aplicable

a

los

litigios

bajo

el

Título

III

lo

dispuesto

en

la

sección 362 del Título 11 de Quiebras, 11 USC sec. 362.

Acorde a lo anterior, el texto literal de la sección

362 del Título 11 de Quiebras, 11 USC sec. 362, dispone

excepciones, en virtud de las cuales una parte puede pedir

que no aplique la paralización en cuestión, para fines de

continuar ventilando un litigio contra el deudor. De esa

forma,

la

sección

362(d)(1)

establece

que

una

de

esas

instancias es “for cause, including the lack of adequate

CC-2018-0210

4

protection of an interest in property of such party in

interest”. 11 USC 362(d)(1). A esos efectos, en el caso

normativo de In re Sonnax Indus., Inc., 907 F.2d 1280 (1990

2nd

Cir.),

el

Tribunal

de

Apelaciones

para

el

Segundo

Circuito esbozó los criterios a evaluarse para fines de

determinar si un caso está exceptuado de cumplir con la

paralización automática. Allí se expusieron los criterios a

ser evaluados, a saber:

(1) whether relief would result in a partial or

complete resolution of the issues; (2) lack of

any connection with or interference with the

bankruptcy case; (3) whether the other proceeding

involves the debtor as a fiduciary; (4) whether a

specialized tribunal with the necessary expertise

has been established to hear the cause of action;

(5) whether the debtor's insurer has assumed full

responsibility for defending it; (6) whether the

action primarily involves third parties; (7)

whether

litigation

in

another

forum

would

prejudice the interests of other creditors; (8)

whether the judgment claim arising from the other

action is subject to equitable subordination; (9)

whether movant's success in the other proceeding

would result in a judicial lien avoidable by the

debtor; (10) the interests of judicial economy

and the expeditious and economical resolution of

litigation; (11) whether the parties are ready

for trial in the other proceeding; and (12)

impact of the stay on the parties and the balance

of harms. Íd. pág. 1286.

B.

Resulta

establecido

importante

recalcar

correctamente

que

que

este

posee

Tribunal

ha

jurisdicción

concurrente para evaluar si, en efecto, un pleito está

paralizado en virtud de PROMESA, supra. Véanse, Laboratorio

Clínico Irizarry v. Departamento de Salud, res. el 3 de

agosto de 2017, 2017 TSPR 145; Lacourt Martínez v. Junta de

Libertad Bajo Palabra, res. el 3 de agosto de 2017, 2017

CC-2018-0210

5

TSPR 144. En el ejercicio de esa jurisdicción concurrente,

hemos permitido que se continúen ventilando determinados

casos que se intentaron paralizar en virtud de PROMESA,

supra. Véanse, Laboratorio Clínico Irizarry v. Departamento

de Salud, supra; Lacourt Martínez v. Junta de Libertad Bajo

Palabra,

supra;

Universal

Insurance

Company

v.

ELA,

Sentencia del 14 de marzo de 2018 AC-2017-0064, (en el

cual, en un caso sobre impugnación de confiscación, este

Tribunal

optó

por

declarar

no

ha

lugar

una

moción

de

paralización al amparo del Título III de PROMESA presentada

por el Estado).

Del mismo modo, y según expuse en mi voto particular

disidente

en

el

caso

de

Vera

González

v.

Estado

Libre

Asociado de Puerto Rico, Voto particular disidente del Juez

Asociado señor Estrella Martínez en Vera González v. Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, res. el 19 de marzo de 2018,

2018 TSPR 43, todos “los foros bajo la bandera de los

Estados

Unidos

tienen

la

facultad

concurrente

y

la

obligación de cumplir con el mandato legislativo de aplicar

las excepciones contempladas bajo legislación federal que

rigen los procesos de quiebra”. Íd. pág. 5. Dicho de otra

forma, tanto este Tribunal como el Tribunal de Quiebra

estamos facultados para evaluar si un caso está sujeto a la

paralización

automática

y,

de

no

estarlo,

levantar

la

misma.1 Véanse, 28 USC sec. 1334(b); Chang v. Buffington,

1

No

aplicar

el

derecho

federal

aquí

expuesto,

expresamente incluido por el Congreso en la Puerto Rico

CC-2018-0210

6

256 P.3d 694 (Haw. 2011); State v. McWilliams, 178 P.3d 121

(Mont. 2008); Lockyer v. Mirant Corp., 388 F.3d (9th Cir.

2005); In re Gruntz, 202 F.3d 1074 (9th Cir. 2000) (en banc

review) Janis v. Janis, 684 N.Y.S.2d 426 (N.Y.S. 1998)

Commonwealth

of

Pennsylvania

Dept.

of

Environmental

Resources v. Ingram, 658 A.2d 435 (Pa. 1995); Matter of

State of New York v. DeFranco Ford, Inc., 202 A.D.2d 592

(N.Y.S. 1994); Citizens First National Bank of New Jersey

v. Marcus, 600 A.2d 943 (N.J. Super. Ct. App. Div. 1991);

Westlund v. State, Dept. of Licensing, 778 P.2d 40 (Wash.

Ct. App. 1989); Brock v. Morysville Body Works, Inc., 829

F.2d 383 (3rd Cir. 1987); Hunt v. Bankers Trust Co., 799

F.2d

1060

(5th

Cir.

1986);

Painting,

Inc.,

804

F.2d

N.L.R.B.

934

(6th

v.

Edward

Cooper

Cir.

1986);

In

re

Baldwin-United Corp. Litigation, 765 F.2d 343 (2nd Cir.

1985). Véanse, además, S. W. Sather, Resolving Conflicts

Between Bankruptcy and Administrative Law, 11 Tex. Tech.

Admin. L.J. 267, 296-298 (2010); R.J. French, The Automatic

Stay

in

Bankruptcy

and

Contempt

Proceedings,

50-Feb.

Advocate (Idaho) 15, 15 (2007); J.J. Hargrove, Relief from

Oversight Management, and Economic Stability Act (PROMESA),

48 USC sec. 2101 et seq., sólo desemboca en recrudecer

nuestra condición colonial y fallar a nuestro deber

ministerial de salvaguardar los derechos constitucionales

de un Pueblo que no tuvo participación en la aprobación de

PROMESA, supra. Voto particular disidente del Juez Asociado

señor Estrella Martínez en Narváez Cortés v. Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, et al., res. el 21 de febrero de

2018, 2018 TSPR 32. Voto particular disidente del Juez

Asociado señor Estrella Martínez en ELA v. El Ojo de Agua

Development, Inc., res. el 2 de febrero de 2018, 2018 TSPR

12.

CC-2018-0210

7

Stay Compendium for State Court Judges, 27 Cal Bankr. J.

30, 30-31 (2003) R.J. Haines, Ninth Circuit Divests State

Courts Jurisdiction to Construe and Apply the Automatic

Stay, No. 4 Norton Bankr. L. Adviser 1 (1999).

III

Con tal de analizar cautelosamente si, en efecto, la

controversia presente está paralizada, resulta sumamente

importante acudir a las decisiones de la Jueza Laura Taylor

Swain

en

casos

similares

al

de

autos.

Tras

evaluar

el

expediente del caso de Título III, llama la atención el

Memorandum Order Granting in Part Motion of Keila RoblesFigueroa For Relief from Automatic Stay (Docket Entry No.

647. Véase, In re The Financial Oversight and Management

Board for Puerto Rico, et al., Núm. 17 BK 3283 LTS (BK D.

P.R. radicado 11 de agosto de 2017) (Docket # 1012). En la

referida orden, el Tribunal de Quiebras tuvo ante sí un

caso sumamente similar al aquí presente. En ella, determinó

bifurcar

la

acción

para

fines

de

continuar

ventilando

aquello que no fuese una reclamación puramente monetaria.

En ese sentido, mantuvo paralizado lo relacionado a la

reclamación de haberes dejados de percibir, mas levantó la

paralización

en

cuanto

a

la

controversia

sobre

la

reinstalación. La Jueza Laura Taylor Swain aclaró que los

criterios de In re Sonnax Indus., Inc., supra, en cuestión

eran

los

siguientes

“whether

relief

would

result

in

a

partial or complete resolution of the issues”; “lack of any

connection with or interference with the bankruptcy case”;

CC-2018-0210

8

“the interests of judicial economy and the expeditious and

economical resolution of litigation”, y el “impact of the

stay on the parties and the balance of harms”. Íd. pág. 3.

Al analizar los referidos criterios determinó que:

Allowing the Appeal to proceed to a determination

as to whether Movant is entitled to reinstatement

while maintaining the stay as to any monetary

claims against the Debtors would not interfere

materially, if at all, with the Title III case

and would permit efficient resolution of the

issue raised in the Appeal. Íd.

Asimismo, y en

otras instancias, la

Jueza

Laura Taylor

Swain ha levantado paralizaciones en situaciones en las

cuales los criterios de In re Sonnax Indus., Inc., supra, y

la economía procesal ameritan que se continué dilucidando

el

pleito,

previo

a

ejecutarse

una

sentencia.

Véanse,

Memorandum Order Granting in Part Motion of Jay Bonilla

Sauder For Relief from Automatic Stay (Docket Entry No.

1048), In re The Financial Oversight and Management Board

for Puerto Rico, et al., Núm. 17 BK 3283 LTS (BK D. P.R.

radicado 13 de septiembre de 2017) (Docket # 1290) (“the

Motion is granted in part and the stay is lifted solely to

permit all necessary forfeiture determination proceedings

in

the

Lawsuit

prior

to

entry

and

enforcement

of

any

judgment for damages); Memorandum Order Granting Motion of

Javier Pérez-Rivera For Relief from the Automatic Stay, In

re The Financial Oversight and Management Board for Puerto

Rico, et al., Núm. 17 BK 3283 LTS (BK D. P.R. radicado 12

de julio de 2017) (Docket # 620) (“the motion is granted to

the extent that the stay is lifted to allow the rendering

CC-2018-0210

9

but not the enforcement, of an award in the Arbitration

proceeding”.).

IV

Como

vemos,

el

caso

en

cuestión

versa

sobre

si

una

controversia en relación a haberes dejados de percibir y

reinstalación en el empleo está paralizada, en virtud del

Título III de PROMESA, supra. Como quedó demostrado, el

presente litigio cumple con una de las excepciones de la

paralización

automática.

Por

lo

tanto,

éste

podía

ser

bifurcado a los fines de atender la controversia en torno a

la reinstalación y mantener paralizado el asunto respecto

al pago de haberes dejados de percibir. Recordemos que:

[P]ermitir al recurrido continuar con el litigio

de referencia, en ningún sentido perjudica o

interfiere con los procedimientos en el Tribunal

de Quiebras bajo el Título III de PROMESA. Todo

lo contrario, en la medida que los foros

judiciales locales ejerzan eficientemente su

jurisdicción concurrente en esta materia, se

fomentará un mayor grado de eficiencia y agilidad

procesal. Voto particular disidente del Juez

Asociado señor Estrella Martínez en ELA v. El Ojo

de Agua Development, Inc., res. el 2 de febrero

de 2018, 2018 TSPR 12.

V

A la luz de los fundamentos discutidos anteriormente,

respetuosamente disiento y, en contrario, hubiera atendido

en los méritos el recurso de certiorari presentado por la

Unión. De igual modo, no hubiera determinado, ab initio,

que las sentencias emitidas por el Tribunal de Primera

Instancia y el Tribunal de Apelaciones fueron emitidas sin

jurisdicción.

CC-2018-0210

10

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado