LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Jorge E. Rodríguez Vega

2018 TSPR 64

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Jorge E. Rodríguez Vega

AB-2013-377

Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por incumplir con las órdenes del Tribunal Supremo.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2018 TSPR 64

200 DPR ____

Jorge E. Rodríguez Vega

Número del Caso:

AB-2013-377

(TS-5,511)

Fecha: 19 de abril de 2018

Abogado de la parte promovida:

Por derecho propio

Oficina de Inspección de Notarías:

Lcdo. Manuel Ávila De Jesús

Director

Materia:

Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 23

de abril de 2018, fecha en que se le notificó al abogado de su

suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

Jorge E. Rodríguez Vega

AB-2013-0377

(TS-5,511)

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2018.

Una vez más, nos vemos obligados a suspender de

forma

inmediata

e

indefinida

a

un

miembro

de

la

profesión jurídica por no acatar las órdenes de este

Tribunal. Procedemos a delimitar los hechos que nos

mueven

a

imponer

las

medidas

disciplinarias

correspondientes.

I

El Lcdo. Jorge E. Rodríguez Vega fue admitido al

ejercicio

de

la

abogacía

el

31

de

mayo

de

1977

y

juramentó como notario el 29 de junio del mismo año.

El 2 de julio de 2005 el licenciado Rodríguez

Vega

otorgó

dos

compraventa

y

compareció

como

escrituras

ratificación

otorgante

Rodríguez Sepúlveda.

En

las

sobre

de

actos,

la

Sra.

segregación,

en

las

María

cuales

Antonia

referidas escrituras se

AB-2013-377

2

indicó que, antes de fallecer, la Sra. Crisanta Sepúlveda,

madre de la señora Rodríguez Sepúlveda, segregó y vendió

dos predios de terreno de un solar suyo ubicado en el

Municipio

de

Guayanilla.

Además,

se

estableció

en

las

escrituras que la señora Rodríguez Sepúlveda era la única y

universal heredera de la señora Sepúlveda y que compareció

a dichas escrituras a ratificar todos y cada uno de los

actos

llevados

fallecimiento,

a

cabo

por

su

madre

para

así

poner

en

la

antes

posesión

de

su

real

y

efectiva de los inmuebles mencionados a los compradores.

Posteriormente, el 19 de septiembre de 2013 el Sr.

Domingo Irizarry presentó una queja contra el licenciado

Rodríguez

Vega.

Particularmente,

alegó

que

contrató

al

abogado para que trabajara el “arreglo de unas escrituras”,

las

cuales

fueron

otorgadas

previamente

por

su

difunta

esposa, la señora Rodríguez Sepúlveda. Asimismo, sostuvo

que acordó pagarle $700 al abogado para que culminara los

trámites correspondientes.

Así, el señor Irizarry señaló

que el 23 de agosto de 2012 le envió $300 al licenciado

Rodríguez Vega en un giro y que acordaron que le enviaría

los $400 restantes cuando el abogado culminara su trabajo.

Por otro lado, el señor Irizarry, quien reside en el

estado de New York, indicó que viajó a Puerto Rico en mayo

del 2013 y que en esa ocasión el licenciado Rodríguez Vega

le entregó unos documentos para que su hija los firmara. No

obstante, adujo que el abogado no le especificó la parte

del documento donde ella debía firmar, por lo cual éstos se

AB-2013-377

3

dañaron.

Por

ello,

el

requirió

al

licenciado

señor

Irizarry

Rodríguez

Vega

sostuvo

que

que

enviara

le

le

nuevamente los documentos para subsanar el error.

Por su parte, el 7 de noviembre de 2013 el licenciado

Rodríguez

Vega

presentó

su

contestación

a

la

queja

de

referencia. El abogado señaló que desde el día en que se

otorgaron las mencionadas escrituras ha intentado practicar

la segregación de un solar, pero que el señor Irizarry no

ha

querido

cooperar

ni

firmar

los

documentos.

Según

expresó, éste intentó hablar con el señor Irizarry para

explicarle

sobre

informarle

que

una

lo

situación

que

faltaba

con

por

los

compradores

tramitar

era

e

la

declaratoria de herederos de la señora Rodríguez Sepúlveda,

así como su anuencia y autorización para que el agrimensor

contratado sometiera el caso nuevamente ante las agencias

pertinentes. Indicó que le explicó al señor Irizarry que,

una

vez

segregados

los

solares,

se

podía

disponer

del

remanente que resultara en el Registro de la Propiedad. A

su

vez,

manifestó

que

se

presentó

la

solicitud

de

declaratoria de herederos de la señora Rodríguez Sepúlveda

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayanilla,

y que dicho foro emitió la correspondiente Resolución el 30

de mayo de 2013, cuya copia le fue entregada personalmente

al Sr. Irizarry. De igual modo, el licenciado Rodríguez

Vega señaló que le entregó al Sr. Irizarry unos documentos

para que su hija los firmara y que le explicó la forma en

que debía hacerlo. Sin embargo, los documentos se dañaron,

AB-2013-377

por

lo

4

cual

le

informó

al

Sr.

Irizarry

que

tenía

que

volverlos a tramitar. No obstante, como su secretaria se

encontraba fuera de Puerto Rico, le indicó que tenía que

esperar a que regresara para tramitarlos. Ante esto, el

abogado alegó que el Sr. Irizarry lo insultó y le habló de

forma grosera, por lo cual decidió no contestar más sus

llamadas. Finalmente, adujo que exhortó al Sr. Irizarry a

utilizar los $400 que retuvo para contratar a otro abogado.

Así las cosas, el 16 de enero de 2014 este Tribunal

refirió

la

queja

de

epígrafe

a

la

consideración

de

la

Oficina de la Procuradora General

(Procuradora General).

Luego

queja,

de

evaluar

la

mencionada

la

Procuradora

General presentó una moción ante este Tribunal en la cual

nos solicitó que se le relevara de dicho asunto y se le

refiriera a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN),

por

entender

que

la

queja

trataba

sobre

una

gestión

realizada por el licenciado Rodríguez Vega en su función

notarial. Además, la Procuradora General indicó que, debido

a que el licenciado Rodríguez Vega completó la gestión del

trámite

de

la

declaratoria

de

herederos

de

la

señora

Rodríguez Sepúlveda, no era necesario que éste devolviera

los $300 que ya se le habían pagado. No obstante, expresó

que le creó inquietud el hecho de que surgía del expediente

que el caso trataba sobre unas segregaciones de unos lotes

que posteriormente fueron vendidos, pero se desconoce si

dichas

segregaciones

necesarios

antes

de

contaban

o

no

con

otorgarse

la

escritura

los

permisos

pública.

Por

AB-2013-377

5

otro lado, señaló que tampoco estaba claro si el licenciado

Rodríguez

Vega

fue

segregación

de

lotes

otorgar

documento

un

segregación

y

quien

o

si

realizó

su

escritura

de

se

limitó

a

actos

de

realizados

y

intervención

público

compraventa

la

para

ratificar

previamente

otorgados por otro notario. Finalmente, indicó que no era

posible precisar si había sido alguna falta notarial del

licenciado Rodríguez Vega lo que impidió la inscripción.

Consecuentemente, el 25 de marzo de 2014 emitimos una

Resolución mediante la cual dejamos sin efecto el referido

de la presente queja a la Procuradora General y referimos

la misma a la ODIN.1

Luego de investigar y evaluar las circunstancias que

originaron la queja de referencia, el Lcdo. Manuel E. Ávila

De Jesús, Director de la ODIN, emitió su informe el 1 de

julio de 2014. En éste concluyó que el incumplimiento con

el deber de diligencia del licenciado Rodríguez Vega en la

presentación

Registro

de

de

las

la

Escrituras

Propiedad

Núm.

con

12

sus

y

Núm.

13

al

correspondientes

documentos complementarios activa la facultad disciplinaria

de este Tribunal, pues ello constituye una violación a los

Cánones

12

y

consiguiente,

18

del

Código

recomendó

que

de

se

Ética

le

Profesional.

ordenara

al

Por

abogado

culminar los trámites relacionados a la obtención de los

permisos

de

segregación

Permisos,

así

como

a

ante

la

presentar

Oficina

de

ante

Registro

el

Gerencia

de

de

la

La copia de la notificación de la Resolución se archivó en los autos

el 1 de abril de 2014.

1

AB-2013-377

6

Propiedad

de

Ponce,

necesarios

para

Sección

inscribir

Segunda,

los

títulos

de

los

documentos

las

partes

compradoras de las Escrituras Núm. 12 y Núm. 13, así como

completar cualquier trámite relacionado con la sucesión de

la Sra. Rodríguez Sepúlveda. A su vez, recomendó requerirle

al licenciado Rodríguez Vega mantener informado tanto al

Tribunal como a la ODIN sobre los trámites encaminados y

que se le apercibiera que en el futuro debería desempeñarse

con mayor esmero, cuidado y con el celo profesional que

exige la profesión de la abogacía y la notaría.

Por consiguiente, el 8 de abril de 2015 emitimos una

Resolución mediante la cual le concedimos un término de 20

días al licenciado Rodríguez Vega para que se expresara

sobre el informe presentado por la ODIN.2

ante

En respuesta,

el licenciado Rodríguez Vega presentó

nosotros

12

el

de

mayo

de

2015

una

Moción

en

cumplimiento de orden en la cual señaló que el caso se

encontraba en el proceso de tramitación de los permisos de

la Junta de Planificación y que no se había cumplido con

dicho trámite por la falta de obtención de la firma del

señor

Irizarry

y

su

hija.

No

obstante,

indicó

que

recientemente había podido obtener las firmas, por lo cual

el trámite final culminaría en dos semanas aproximadamente.

Así las cosas, el 19 de junio de 2015 emitimos una

Resolución en la cual acogimos las recomendaciones de la

ODIN y le ordenamos al licenciado Rodríguez Vega que, a su

La copia de la notificación de la Resolución se archivó en los autos

el 15 de abril de 2015.

2

AB-2013-377

costo,

7

culminara

con

los

trámites

relacionados

a

la

obtención de los permisos de segregación ante la Oficina de

Gerencia de Permisos y que presentara ante el Registro de

la

Propiedad

de

Ponce,

Sección

Segunda,

los

documentos

necesarios para la inscripción de las Escrituras Núm. 12 y

Núm. 13, así como completar cualquier trámite relacionado

con la Sucesión de la Sra. Rodríguez Sepúlveda.3 Además, le

indicamos que debía mantener informados tanto a la ODIN

como a este Tribunal de todas las gestiones dirigidas a dar

cumplimiento a la Resolución y que una vez culminara dichos

trámites, se ordenaría el archivo de la queja presentada.

Finalmente,

se

apercibió

al

abogado

que

en

un

futuro

debería desempeñarse con mayor esmero, cuidado y con el

celo profesional que exige la profesión de la abogacía y la

notaría.

Posteriormente, el 14 de enero de 2016 emitimos otra

Resolución4 mediante la cual le concedimos un término de 10

días para que el licenciado Rodríguez Vega cumpliera con la

Resolución del 19 de junio de 2015. A esos efectos, el 8 de

febrero de 2016 el abogado presentó una moción en la cual

nos

notificó

momento.

el

trabajo

que

había

Además,

indicó

que

el

realizado

señor

hasta

Irizarry

ese

estaba

satisfecho con la labor realizada.

La copia de la notificación de la Resolución se archivó en los autos

el 26 de junio de 2015.

3

La copia de la notificación de la Resolución se archivó en los autos

el 19 de enero de 2016.

4

AB-2013-377

8

El 27 de mayo de 2016 emitimos una Resolución5 mediante

la

cual

le

concedimos

al

licenciado

Rodríguez

Vega

un

término de 90 días para que le informara tanto a la ODIN

como a este Tribunal sobre la culminación de las gestiones

objeto de la Resolución del 19 de junio de 2015.

Ante la incomparecencia del licenciado Rodríguez Vega,

el 25 de octubre de 2016 emitimos otra Resolución6 en la

cual le concedimos un término final e improrrogable de 10

días para dar cumplimiento a nuestra Resolución del 27 de

mayo de 2016. Además, se le apercibió que su incumplimiento

con lo ordenado podría conllevar sanciones disciplinarias

severas,

incluyendo

la

suspensión

al

ejercicio

de

la

profesión.

El 10 de noviembre de 2016 el licenciado Rodríguez

Vega presentó una moción en la cual expresó que todas las

alegaciones del señor Irizarry habían sido atendidas, que

el proceso se había dilatado por culpa de éste y que lo

único que faltaba por notificar era la planilla de caudal

relicto.

Posteriormente, el 31 de marzo de 2017 emitimos una

Resolución7 en la cual le concedimos al abogado un término

de 20 días para que acreditara tanto a la ODIN como a este

La copia de la notificación de la Resolución se archivó en los autos

el 2 de junio de 2016.

5

La copia de la notificación de la Resolución se archivó en los autos

el 26 de octubre de 2016.

6

La copia de la notificación de la Resolución se archivó en los autos

el 6 de abril de 2017.

7

AB-2013-377

9

Tribunal sobre la culminación de las gestiones objeto de

nuestra Resolución de 19 de junio de 2015.

Consecuentemente, el 4 de mayo de 2017 el licenciado

Rodríguez Vega presentó una Moción informativa en la cual

indicó que por razones de salud no había podido resolver

los

trámites

solicitó

restantes

tiempo

del

caso.

adicional

A

esos

para

efectos,

atender

nos

nuestros

requerimientos.

Finalmente,

Resolución8

adicional

el

26

de

mediante

la

cual

de

45

días

para

mayo

de

le

que

2017

emitimos

concedimos

culminara

un

las

una

término

gestiones

objeto de nuestra Resolución de 19 de junio de 2015. Al día

de hoy, el abogado no ha cumplido con nuestras órdenes.

II

Como parte de nuestra facultad inherente de regular

la

profesión

jurídica

en

Puerto

Rico

nos

corresponde

asegurar que los miembros admitidos a la práctica de la

abogacía

y

responsable,

la

notaría

competente

ejerzan

y

sus

funciones

diligente.9

A

esos

de

manera

fines,

el

Código de Ética Profesional establece las normas mínimas de

La copia de la notificación de la Resolución se archivó en los autos

el 30 de mayo de 2017.

8

In re Vélez Rivera, 2018 TSPR 4, 199 DPR ___ (2018); In re Marín

Serrano, 197 DPR 535, 538 (2017); In re Montalvo Delgado, 196 DPR 541,

549 (2016); In re Sepúlveda Torres, 196 DPR 50, 53 (2016); In re Oyola

Torres, 195 DPR 437, 440 (2016); In re Vera Vélez, 192 DPR 216, 226

(2015).

9

AB-2013-377

10

conducta que deben seguir los abogados que ejercen esta

profesión.10

Una

de

las

disposiciones

de

mayor

envergadura

en

nuestro ordenamiento jurídico es el Canon 9 del Código de

Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, el cual establece que los

abogados

deben

“observar

conducta

que

caracterice

ello,

éstos

se

tienen

que

para

con

los

tribunales

una

el

mayor

respeto”.

Por

por

emplear

estricta

atención

y

obediencia a las órdenes de este Tribunal o de cualquier

foro al que se encuentre obligado a comparecer.11 Así pues,

todo

abogado

diligente

y

tiene

la

oportuna

obligación

a

las

de

órdenes

responder

de

este

de

forma

Tribunal.12

Asimismo, hemos interpretado que el Canon 9 se extiende

tanto a los requerimientos de este Tribunal como a los de

la ODIN.13

Cabe destacar que el incumplimiento con este deber,

demuestra

un

claro

menosprecio

a

la

autoridad

de

este

Tribunal.14 Además, en reiteradas ocasiones hemos señalado

que la actitud de indiferencia a nuestros apercibimientos

In re Vélez Rivera, supra; In re Marín Serrano, supra; In re

Sepúlveda Torres, supra. Véase, además: In re Guemárez Santiago, 191

DPR 611, 617–618 (2014); In re Falcón López, 189 DPR 689, 695 (2013).

10

In re Vélez Rivera, supra; In re Marín Serrano, supra, pág. 539; In

re Rodríguez Quesada, 195 DPR 967, 969 (2016); In re Stacholy Ramos,

195 DPR 858, 860 (2016).

11

In re Vélez Rivera, supra; In re Marín Serrano, supra; In re Vera

Vélez, supra, pág. 226.

12

In re Vélez Rivera, supra; In re González Acevedo, 197 DPR 360, 365

(2017); In re Colón Collazo, 196 DPR 239, 242 (2016).

13

In re Vélez Rivera, supra; In re Marín Serrano, supra; In re

Rodríguez Quesada, supra. Véase, además: In re De León Rodríguez, 190

DPR 378, 390–391 (2014); In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368, 374

(2014).

14

AB-2013-377

11

sobre sanciones disciplinarias constituye causa suficiente

para

una

suspensión

inmediata

de

la

práctica

de

la

profesión.15 De ese modo, desatender nuestros requerimientos

es

incompatible

con

la

práctica

de

la

profesión

y

constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética

Profesional, supra.16

III

A

pesar

de

las

múltiples

oportunidades

y

apercibimientos de este Tribunal, el licenciado Rodríguez

Vega ha desplegado una conducta temeraria en desatención a

nuestra

autoridad

como

foro

regulador

de

la

profesión

legal. Ello pues, el abogado ha hecho caso omiso a las

órdenes que hemos emitido y tampoco ha cumplido con los

requerimientos

de

constituye

craso

un

la

ODIN.

Esa

conducta,

incumplimiento

con

en

el

sí

Canon

misma,

9

del

Código de Ética Profesional, supra. EL licenciado Rodríguez

Vega nos ha demostrado con su actitud que no tiene interés

en practicar la profesión jurídica en esta jurisdicción.

IV

Por

los

fundamentos

expuestos,

decretamos

la

suspensión inmediata e indefinida del licenciado Rodríguez

Vega del ejercicio de la abogacía y la notaría.

El

forma

licenciado

inmediata

a

Rodríguez

sus

Vega

clientes

deberá

que,

por

notificar

de

motivo

su

de

In re Vélez Rivera, supra; In re Marín Serrano, supra; In re Vera

Vélez, supra, págs. 226–227; In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660 (2011);

In re Martínez Sotomayor I, 181 DPR 1, 3 (2011).

15

In re Vélez Rivera, supra; In re Marín Serrano, supra; In re Figueroa

Cortés, 196 DPR 1, 3 (2016).

16

AB-2013-377

12

suspensión, no podrá continuar proveyéndoles consultoría ni

representación

legal,

y

debe

devolver

a

éstos

los

expedientes de cualquier caso ya atendido o pendiente de

resolución

y

los

cualquier

trabajo

honorarios

no

que

haya

realizado.

percibido

Además,

por

tendrá

la

responsabilidad de informar inmediatamente de su suspensión

a todos los foros judiciales y administrativos en los que

tenga

algún

caso

pendiente.

De

igual

manera,

deberá

subsanar todas las deficiencias que impiden la aprobación

de su obra protocolar. Finalmente, tendrá que acreditar y

certificar ante este Tribunal el cumplimiento con todo lo

anterior, dentro del término de 30 días, contado a partir

de la notificación de la presente Opinión

Per Curiam

y

Sentencia.

Se ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute

inmediatamente la obra y el sello notarial del licenciado

Rodríguez Vega y los entregue al Director de la Oficina de

Inspección

de

Notarías

e

informe.

investigación

notarial

queda

buena

terminación

en

y

válida

cuanto

Rodríguez

a

Vega

la

correspondiente

Consecuentemente,

automáticamente

considerará

licenciado

para

cancelada.

por

los

3

actos

durante

el

años

La

la

fianza

fianza

después

se

de

su

realizados

por

el

periodo

que

la

en

fianza estuvo vigente.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

Jorge E. Rodríguez Vega

AB-2013-0377

(TS-5,511)

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2018.

Por los fundamentos expuestos, decretamos la

suspensión

inmediata

e

indefinida

del

licenciado

Rodríguez Vega del ejercicio de la abogacía y la

notaría.

El licenciado Rodríguez Vega deberá notificar de

forma inmediata a sus clientes que, por motivo de su

suspensión, no podrá continuar proveyéndoles consultoría

ni representación legal, y debe devolver a éstos los

expedientes de cualquier caso ya atendido o pendiente de

resolución y los honorarios que haya percibido por

cualquier trabajo no realizado. Además, tendrá la

responsabilidad

de

informar

inmediatamente

de

su

suspensión

a

todos

los

foros

judiciales

y

administrativos en los que tenga algún caso pendiente.

De igual manera, deberá subsanar todas las deficiencias

que impiden la aprobación de su obra protocolar.

Finalmente, tendrá que acreditar y certificar ante este

Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior, dentro

del término de 30 días, contado a partir de la

notificación de la presente Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Se ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute

inmediatamente

la

obra

y

el

sello

notarial

del

licenciado Rodríguez Vega y los entregue al Director de

la

Oficina

de

Inspección

de

Notarías

para

la

correspondiente

investigación

e

informe.

AB-2013-0377

2

Consecuentemente,

la

fianza

notarial

queda

automáticamente cancelada. La fianza se considerará

buena y válida por 3 años después de su terminación en

cuanto a los actos realizados por el licenciado

Rodríguez Vega durante el periodo en que la fianza

estuvo vigente.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam

y Sentencia.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo.

La Jueza Presidenta

Oronoz Rodríguez, no intervino.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EAJ