Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Jorge E. Rodríguez Vega
2018 TSPR 64
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Jorge E. Rodríguez Vega
AB-2013-377
Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por incumplir con las órdenes del Tribunal Supremo.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2018 TSPR 64
200 DPR ____
Jorge E. Rodríguez Vega
Número del Caso:
AB-2013-377
(TS-5,511)
Fecha: 19 de abril de 2018
Abogado de la parte promovida:
Por derecho propio
Oficina de Inspección de Notarías:
Lcdo. Manuel Ávila De Jesús
Director
Materia:
Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 23
de abril de 2018, fecha en que se le notificó al abogado de su
suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
Jorge E. Rodríguez Vega
AB-2013-0377
(TS-5,511)
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2018.
Una vez más, nos vemos obligados a suspender de
forma
inmediata
e
indefinida
a
un
miembro
de
la
profesión jurídica por no acatar las órdenes de este
Tribunal. Procedemos a delimitar los hechos que nos
mueven
a
imponer
las
medidas
disciplinarias
correspondientes.
I
El Lcdo. Jorge E. Rodríguez Vega fue admitido al
ejercicio
de
la
abogacía
el
31
de
mayo
de
1977
y
juramentó como notario el 29 de junio del mismo año.
El 2 de julio de 2005 el licenciado Rodríguez
Vega
otorgó
dos
compraventa
y
compareció
como
escrituras
ratificación
otorgante
Rodríguez Sepúlveda.
En
las
sobre
de
actos,
la
Sra.
segregación,
en
las
María
cuales
Antonia
referidas escrituras se
AB-2013-377
2
indicó que, antes de fallecer, la Sra. Crisanta Sepúlveda,
madre de la señora Rodríguez Sepúlveda, segregó y vendió
dos predios de terreno de un solar suyo ubicado en el
Municipio
de
Guayanilla.
Además,
se
estableció
en
las
escrituras que la señora Rodríguez Sepúlveda era la única y
universal heredera de la señora Sepúlveda y que compareció
a dichas escrituras a ratificar todos y cada uno de los
actos
llevados
fallecimiento,
a
cabo
por
su
madre
para
así
poner
en
la
antes
posesión
de
su
real
y
efectiva de los inmuebles mencionados a los compradores.
Posteriormente, el 19 de septiembre de 2013 el Sr.
Domingo Irizarry presentó una queja contra el licenciado
Rodríguez
Vega.
Particularmente,
alegó
que
contrató
al
abogado para que trabajara el “arreglo de unas escrituras”,
las
cuales
fueron
otorgadas
previamente
por
su
difunta
esposa, la señora Rodríguez Sepúlveda. Asimismo, sostuvo
que acordó pagarle $700 al abogado para que culminara los
trámites correspondientes.
Así, el señor Irizarry señaló
que el 23 de agosto de 2012 le envió $300 al licenciado
Rodríguez Vega en un giro y que acordaron que le enviaría
los $400 restantes cuando el abogado culminara su trabajo.
Por otro lado, el señor Irizarry, quien reside en el
estado de New York, indicó que viajó a Puerto Rico en mayo
del 2013 y que en esa ocasión el licenciado Rodríguez Vega
le entregó unos documentos para que su hija los firmara. No
obstante, adujo que el abogado no le especificó la parte
del documento donde ella debía firmar, por lo cual éstos se
AB-2013-377
3
dañaron.
Por
ello,
el
requirió
al
licenciado
señor
Irizarry
Rodríguez
Vega
sostuvo
que
que
enviara
le
le
nuevamente los documentos para subsanar el error.
Por su parte, el 7 de noviembre de 2013 el licenciado
Rodríguez
Vega
presentó
su
contestación
a
la
queja
de
referencia. El abogado señaló que desde el día en que se
otorgaron las mencionadas escrituras ha intentado practicar
la segregación de un solar, pero que el señor Irizarry no
ha
querido
cooperar
ni
firmar
los
documentos.
Según
expresó, éste intentó hablar con el señor Irizarry para
explicarle
sobre
informarle
que
una
lo
situación
que
faltaba
con
por
los
compradores
tramitar
era
e
la
declaratoria de herederos de la señora Rodríguez Sepúlveda,
así como su anuencia y autorización para que el agrimensor
contratado sometiera el caso nuevamente ante las agencias
pertinentes. Indicó que le explicó al señor Irizarry que,
una
vez
segregados
los
solares,
se
podía
disponer
del
remanente que resultara en el Registro de la Propiedad. A
su
vez,
manifestó
que
se
presentó
la
solicitud
de
declaratoria de herederos de la señora Rodríguez Sepúlveda
ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayanilla,
y que dicho foro emitió la correspondiente Resolución el 30
de mayo de 2013, cuya copia le fue entregada personalmente
al Sr. Irizarry. De igual modo, el licenciado Rodríguez
Vega señaló que le entregó al Sr. Irizarry unos documentos
para que su hija los firmara y que le explicó la forma en
que debía hacerlo. Sin embargo, los documentos se dañaron,
AB-2013-377
por
lo
4
cual
le
informó
al
Sr.
Irizarry
que
tenía
que
volverlos a tramitar. No obstante, como su secretaria se
encontraba fuera de Puerto Rico, le indicó que tenía que
esperar a que regresara para tramitarlos. Ante esto, el
abogado alegó que el Sr. Irizarry lo insultó y le habló de
forma grosera, por lo cual decidió no contestar más sus
llamadas. Finalmente, adujo que exhortó al Sr. Irizarry a
utilizar los $400 que retuvo para contratar a otro abogado.
Así las cosas, el 16 de enero de 2014 este Tribunal
refirió
la
queja
de
epígrafe
a
la
consideración
de
la
Oficina de la Procuradora General
(Procuradora General).
Luego
queja,
de
evaluar
la
mencionada
la
Procuradora
General presentó una moción ante este Tribunal en la cual
nos solicitó que se le relevara de dicho asunto y se le
refiriera a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN),
por
entender
que
la
queja
trataba
sobre
una
gestión
realizada por el licenciado Rodríguez Vega en su función
notarial. Además, la Procuradora General indicó que, debido
a que el licenciado Rodríguez Vega completó la gestión del
trámite
de
la
declaratoria
de
herederos
de
la
señora
Rodríguez Sepúlveda, no era necesario que éste devolviera
los $300 que ya se le habían pagado. No obstante, expresó
que le creó inquietud el hecho de que surgía del expediente
que el caso trataba sobre unas segregaciones de unos lotes
que posteriormente fueron vendidos, pero se desconoce si
dichas
segregaciones
necesarios
antes
de
contaban
o
no
con
otorgarse
la
escritura
los
permisos
pública.
Por
AB-2013-377
5
otro lado, señaló que tampoco estaba claro si el licenciado
Rodríguez
Vega
fue
segregación
de
lotes
otorgar
documento
un
segregación
y
quien
o
si
realizó
su
escritura
de
se
limitó
a
actos
de
realizados
y
intervención
público
compraventa
la
para
ratificar
previamente
otorgados por otro notario. Finalmente, indicó que no era
posible precisar si había sido alguna falta notarial del
licenciado Rodríguez Vega lo que impidió la inscripción.
Consecuentemente, el 25 de marzo de 2014 emitimos una
Resolución mediante la cual dejamos sin efecto el referido
de la presente queja a la Procuradora General y referimos
la misma a la ODIN.1
Luego de investigar y evaluar las circunstancias que
originaron la queja de referencia, el Lcdo. Manuel E. Ávila
De Jesús, Director de la ODIN, emitió su informe el 1 de
julio de 2014. En éste concluyó que el incumplimiento con
el deber de diligencia del licenciado Rodríguez Vega en la
presentación
Registro
de
de
las
la
Escrituras
Propiedad
Núm.
con
12
sus
y
Núm.
13
al
correspondientes
documentos complementarios activa la facultad disciplinaria
de este Tribunal, pues ello constituye una violación a los
Cánones
12
y
consiguiente,
18
del
Código
recomendó
que
de
se
Ética
le
Profesional.
ordenara
al
Por
abogado
culminar los trámites relacionados a la obtención de los
permisos
de
segregación
Permisos,
así
como
a
ante
la
presentar
Oficina
de
ante
Registro
el
Gerencia
de
de
la
La copia de la notificación de la Resolución se archivó en los autos
el 1 de abril de 2014.
1
AB-2013-377
6
Propiedad
de
Ponce,
necesarios
para
Sección
inscribir
Segunda,
los
títulos
de
los
documentos
las
partes
compradoras de las Escrituras Núm. 12 y Núm. 13, así como
completar cualquier trámite relacionado con la sucesión de
la Sra. Rodríguez Sepúlveda. A su vez, recomendó requerirle
al licenciado Rodríguez Vega mantener informado tanto al
Tribunal como a la ODIN sobre los trámites encaminados y
que se le apercibiera que en el futuro debería desempeñarse
con mayor esmero, cuidado y con el celo profesional que
exige la profesión de la abogacía y la notaría.
Por consiguiente, el 8 de abril de 2015 emitimos una
Resolución mediante la cual le concedimos un término de 20
días al licenciado Rodríguez Vega para que se expresara
sobre el informe presentado por la ODIN.2
ante
En respuesta,
el licenciado Rodríguez Vega presentó
nosotros
12
el
de
mayo
de
2015
una
Moción
en
cumplimiento de orden en la cual señaló que el caso se
encontraba en el proceso de tramitación de los permisos de
la Junta de Planificación y que no se había cumplido con
dicho trámite por la falta de obtención de la firma del
señor
Irizarry
y
su
hija.
No
obstante,
indicó
que
recientemente había podido obtener las firmas, por lo cual
el trámite final culminaría en dos semanas aproximadamente.
Así las cosas, el 19 de junio de 2015 emitimos una
Resolución en la cual acogimos las recomendaciones de la
ODIN y le ordenamos al licenciado Rodríguez Vega que, a su
La copia de la notificación de la Resolución se archivó en los autos
el 15 de abril de 2015.
2
AB-2013-377
costo,
7
culminara
con
los
trámites
relacionados
a
la
obtención de los permisos de segregación ante la Oficina de
Gerencia de Permisos y que presentara ante el Registro de
la
Propiedad
de
Ponce,
Sección
Segunda,
los
documentos
necesarios para la inscripción de las Escrituras Núm. 12 y
Núm. 13, así como completar cualquier trámite relacionado
con la Sucesión de la Sra. Rodríguez Sepúlveda.3 Además, le
indicamos que debía mantener informados tanto a la ODIN
como a este Tribunal de todas las gestiones dirigidas a dar
cumplimiento a la Resolución y que una vez culminara dichos
trámites, se ordenaría el archivo de la queja presentada.
Finalmente,
se
apercibió
al
abogado
que
en
un
futuro
debería desempeñarse con mayor esmero, cuidado y con el
celo profesional que exige la profesión de la abogacía y la
notaría.
Posteriormente, el 14 de enero de 2016 emitimos otra
Resolución4 mediante la cual le concedimos un término de 10
días para que el licenciado Rodríguez Vega cumpliera con la
Resolución del 19 de junio de 2015. A esos efectos, el 8 de
febrero de 2016 el abogado presentó una moción en la cual
nos
notificó
momento.
el
trabajo
que
había
Además,
indicó
que
el
realizado
señor
hasta
Irizarry
ese
estaba
satisfecho con la labor realizada.
La copia de la notificación de la Resolución se archivó en los autos
el 26 de junio de 2015.
3
La copia de la notificación de la Resolución se archivó en los autos
el 19 de enero de 2016.
4
AB-2013-377
8
El 27 de mayo de 2016 emitimos una Resolución5 mediante
la
cual
le
concedimos
al
licenciado
Rodríguez
Vega
un
término de 90 días para que le informara tanto a la ODIN
como a este Tribunal sobre la culminación de las gestiones
objeto de la Resolución del 19 de junio de 2015.
Ante la incomparecencia del licenciado Rodríguez Vega,
el 25 de octubre de 2016 emitimos otra Resolución6 en la
cual le concedimos un término final e improrrogable de 10
días para dar cumplimiento a nuestra Resolución del 27 de
mayo de 2016. Además, se le apercibió que su incumplimiento
con lo ordenado podría conllevar sanciones disciplinarias
severas,
incluyendo
la
suspensión
al
ejercicio
de
la
profesión.
El 10 de noviembre de 2016 el licenciado Rodríguez
Vega presentó una moción en la cual expresó que todas las
alegaciones del señor Irizarry habían sido atendidas, que
el proceso se había dilatado por culpa de éste y que lo
único que faltaba por notificar era la planilla de caudal
relicto.
Posteriormente, el 31 de marzo de 2017 emitimos una
Resolución7 en la cual le concedimos al abogado un término
de 20 días para que acreditara tanto a la ODIN como a este
La copia de la notificación de la Resolución se archivó en los autos
el 2 de junio de 2016.
5
La copia de la notificación de la Resolución se archivó en los autos
el 26 de octubre de 2016.
6
La copia de la notificación de la Resolución se archivó en los autos
el 6 de abril de 2017.
7
AB-2013-377
9
Tribunal sobre la culminación de las gestiones objeto de
nuestra Resolución de 19 de junio de 2015.
Consecuentemente, el 4 de mayo de 2017 el licenciado
Rodríguez Vega presentó una Moción informativa en la cual
indicó que por razones de salud no había podido resolver
los
trámites
solicitó
restantes
tiempo
del
caso.
adicional
A
esos
para
efectos,
atender
nos
nuestros
requerimientos.
Finalmente,
Resolución8
adicional
el
26
de
mediante
la
cual
de
45
días
para
mayo
de
le
que
2017
emitimos
concedimos
culminara
un
las
una
término
gestiones
objeto de nuestra Resolución de 19 de junio de 2015. Al día
de hoy, el abogado no ha cumplido con nuestras órdenes.
II
Como parte de nuestra facultad inherente de regular
la
profesión
jurídica
en
Puerto
Rico
nos
corresponde
asegurar que los miembros admitidos a la práctica de la
abogacía
y
responsable,
la
notaría
competente
ejerzan
y
sus
funciones
diligente.9
A
esos
de
manera
fines,
el
Código de Ética Profesional establece las normas mínimas de
La copia de la notificación de la Resolución se archivó en los autos
el 30 de mayo de 2017.
8
In re Vélez Rivera, 2018 TSPR 4, 199 DPR ___ (2018); In re Marín
Serrano, 197 DPR 535, 538 (2017); In re Montalvo Delgado, 196 DPR 541,
549 (2016); In re Sepúlveda Torres, 196 DPR 50, 53 (2016); In re Oyola
Torres, 195 DPR 437, 440 (2016); In re Vera Vélez, 192 DPR 216, 226
(2015).
9
AB-2013-377
10
conducta que deben seguir los abogados que ejercen esta
profesión.10
Una
de
las
disposiciones
de
mayor
envergadura
en
nuestro ordenamiento jurídico es el Canon 9 del Código de
Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, el cual establece que los
abogados
deben
“observar
conducta
que
caracterice
ello,
éstos
se
tienen
que
para
con
los
tribunales
una
el
mayor
respeto”.
Por
por
emplear
estricta
atención
y
obediencia a las órdenes de este Tribunal o de cualquier
foro al que se encuentre obligado a comparecer.11 Así pues,
todo
abogado
diligente
y
tiene
la
oportuna
obligación
a
las
de
órdenes
responder
de
este
de
forma
Tribunal.12
Asimismo, hemos interpretado que el Canon 9 se extiende
tanto a los requerimientos de este Tribunal como a los de
la ODIN.13
Cabe destacar que el incumplimiento con este deber,
demuestra
un
claro
menosprecio
a
la
autoridad
de
este
Tribunal.14 Además, en reiteradas ocasiones hemos señalado
que la actitud de indiferencia a nuestros apercibimientos
In re Vélez Rivera, supra; In re Marín Serrano, supra; In re
Sepúlveda Torres, supra. Véase, además: In re Guemárez Santiago, 191
DPR 611, 617–618 (2014); In re Falcón López, 189 DPR 689, 695 (2013).
10
In re Vélez Rivera, supra; In re Marín Serrano, supra, pág. 539; In
re Rodríguez Quesada, 195 DPR 967, 969 (2016); In re Stacholy Ramos,
195 DPR 858, 860 (2016).
11
In re Vélez Rivera, supra; In re Marín Serrano, supra; In re Vera
Vélez, supra, pág. 226.
12
In re Vélez Rivera, supra; In re González Acevedo, 197 DPR 360, 365
(2017); In re Colón Collazo, 196 DPR 239, 242 (2016).
13
In re Vélez Rivera, supra; In re Marín Serrano, supra; In re
Rodríguez Quesada, supra. Véase, además: In re De León Rodríguez, 190
DPR 378, 390–391 (2014); In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368, 374
(2014).
14
AB-2013-377
11
sobre sanciones disciplinarias constituye causa suficiente
para
una
suspensión
inmediata
de
la
práctica
de
la
profesión.15 De ese modo, desatender nuestros requerimientos
es
incompatible
con
la
práctica
de
la
profesión
y
constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética
Profesional, supra.16
III
A
pesar
de
las
múltiples
oportunidades
y
apercibimientos de este Tribunal, el licenciado Rodríguez
Vega ha desplegado una conducta temeraria en desatención a
nuestra
autoridad
como
foro
regulador
de
la
profesión
legal. Ello pues, el abogado ha hecho caso omiso a las
órdenes que hemos emitido y tampoco ha cumplido con los
requerimientos
de
constituye
craso
un
la
ODIN.
Esa
conducta,
incumplimiento
con
en
el
sí
Canon
misma,
9
del
Código de Ética Profesional, supra. EL licenciado Rodríguez
Vega nos ha demostrado con su actitud que no tiene interés
en practicar la profesión jurídica en esta jurisdicción.
IV
Por
los
fundamentos
expuestos,
decretamos
la
suspensión inmediata e indefinida del licenciado Rodríguez
Vega del ejercicio de la abogacía y la notaría.
El
forma
licenciado
inmediata
a
Rodríguez
sus
Vega
clientes
deberá
que,
por
notificar
de
motivo
su
de
In re Vélez Rivera, supra; In re Marín Serrano, supra; In re Vera
Vélez, supra, págs. 226–227; In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660 (2011);
In re Martínez Sotomayor I, 181 DPR 1, 3 (2011).
15
In re Vélez Rivera, supra; In re Marín Serrano, supra; In re Figueroa
Cortés, 196 DPR 1, 3 (2016).
16
AB-2013-377
12
suspensión, no podrá continuar proveyéndoles consultoría ni
representación
legal,
y
debe
devolver
a
éstos
los
expedientes de cualquier caso ya atendido o pendiente de
resolución
y
los
cualquier
trabajo
honorarios
no
que
haya
realizado.
percibido
Además,
por
tendrá
la
responsabilidad de informar inmediatamente de su suspensión
a todos los foros judiciales y administrativos en los que
tenga
algún
caso
pendiente.
De
igual
manera,
deberá
subsanar todas las deficiencias que impiden la aprobación
de su obra protocolar. Finalmente, tendrá que acreditar y
certificar ante este Tribunal el cumplimiento con todo lo
anterior, dentro del término de 30 días, contado a partir
de la notificación de la presente Opinión
Per Curiam
y
Sentencia.
Se ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute
inmediatamente la obra y el sello notarial del licenciado
Rodríguez Vega y los entregue al Director de la Oficina de
Inspección
de
Notarías
e
informe.
investigación
notarial
queda
buena
terminación
en
y
válida
cuanto
Rodríguez
a
Vega
la
correspondiente
Consecuentemente,
automáticamente
considerará
licenciado
para
cancelada.
por
los
3
actos
durante
el
años
La
la
fianza
fianza
después
se
de
su
realizados
por
el
periodo
que
la
en
fianza estuvo vigente.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia.
Se dictará sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
Jorge E. Rodríguez Vega
AB-2013-0377
(TS-5,511)
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2018.
Por los fundamentos expuestos, decretamos la
suspensión
inmediata
e
indefinida
del
licenciado
Rodríguez Vega del ejercicio de la abogacía y la
notaría.
El licenciado Rodríguez Vega deberá notificar de
forma inmediata a sus clientes que, por motivo de su
suspensión, no podrá continuar proveyéndoles consultoría
ni representación legal, y debe devolver a éstos los
expedientes de cualquier caso ya atendido o pendiente de
resolución y los honorarios que haya percibido por
cualquier trabajo no realizado. Además, tendrá la
responsabilidad
de
informar
inmediatamente
de
su
suspensión
a
todos
los
foros
judiciales
y
administrativos en los que tenga algún caso pendiente.
De igual manera, deberá subsanar todas las deficiencias
que impiden la aprobación de su obra protocolar.
Finalmente, tendrá que acreditar y certificar ante este
Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior, dentro
del término de 30 días, contado a partir de la
notificación de la presente Opinión Per Curiam y
Sentencia.
Se ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute
inmediatamente
la
obra
y
el
sello
notarial
del
licenciado Rodríguez Vega y los entregue al Director de
la
Oficina
de
Inspección
de
Notarías
para
la
correspondiente
investigación
e
informe.
AB-2013-0377
2
Consecuentemente,
la
fianza
notarial
queda
automáticamente cancelada. La fianza se considerará
buena y válida por 3 años después de su terminación en
cuanto a los actos realizados por el licenciado
Rodríguez Vega durante el periodo en que la fianza
estuvo vigente.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam
y Sentencia.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo.
La Jueza Presidenta
Oronoz Rodríguez, no intervino.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
EAJ