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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Gretchen Caballer Rivera v. Nidea Corporation

2018 TSPR 65

Poder Judicial de Puerto Rico

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Gretchen Caballer Rivera v. Nidea Corporation

CC-2015-888

Derecho laboral: Los agentes y supervisores de un patrono no son responsables en su carácter personal por actos de represalia al amparo de las Leyes Núm. 69 de 6 de julio de 1985 y Núm. 17 de 22 de abril de 1988. · 19 abril 2018

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gretchen Caballer Rivera

Peticionaria

Certiorari

v.

2018 TSPR 65

Nidea Corporation D/B/A “Adriel

Toyota”; Nelson Irizarry,

Héctor Rubert, Nicolás Amaro Y

Fulano de Tal

200 DPR ____

Recurridos

Número del Caso: CC-2015-888

Fecha: 19 de abril de 2018

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Aibonito, Arecibo y Fajardo

Abogados de la peticionaria:

Lcdo. José Juan Nazario De la Rosa

Lcdo. Rafael Ortiz Mendoza

Abogados de la recurrida:

Lcdo. Víctor Rivera Torres

Lcdo. Víctor Rivera Ríos

Materia: Derecho laboral: Los agentes y supervisores de un patrono no

son responsables en su carácter personal por actos de represalia al

amparo de las Leyes Núm. 69 de 6 de julio de 1985 y Núm. 17 de 22 de

abril de 1988.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que

está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y

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electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gretchen Caballer Rivera

Peticionaria

CC-2015-0888

v.

Nidea

Corporation

D/B/A

“Adriel

Toyota”;

Nelson

Irizarry,

Hector

Rubert,

Nicolás Amaro y Fulano de Tal

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ

TORRES.

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2018.

Nos corresponde determinar si los agentes y

supervisores de un patrono son responsables en su

carácter personal por actos de represalia al amparo

de las Leyes Núm. 69, infra, y Núm. 17, infra. Por

las razones que exponemos a continuación, resolvemos

que nuestro ordenamiento no provee para ello.

I

La Sra. Gretchen Caballer Rivera fue empleada

de Nidea Corporation h/n/c Adriel Toyota (Nidea)

desde el 18 de junio de 2012 hasta el 8 de enero de

2014. El 23 de mayo de 2014, presentó una querella

contra Nidea y los señores Nelson Irizarry, Héctor

Rubert

y

Nicolás Amaro por hostigamiento sexual en

CC-2015-0888

2

en el empleo, discrimen por razón de sexo, represalias y

despido injustificado. En la querella, la señora Caballer

Rivera arguyó que tenía causas de acción al amparo de las

Leyes Núm. 115, infra, Núm. 69, infra, y Núm. 17, infra,

entre otras disposiciones legales. Alegó que durante el

2013, comenzó a ser hostigada sexualmente por el señor

Irizarry,

quien

era

el

gerente

de

financiamiento

del

concesionario. Manifestó que el señor Irizarry le impuso

como condición de empleo que se sometiera a sus acercamientos

sexuales. Indicó que una vez le solicitó al señor Irizarry

que desistiera de los actos, este comenzó un patrón de acoso

laboral y represalias en su contra. Asimismo, sostuvo que

los co-querellados Héctor Rubert (gerente general de “Adriel

Auto”

en

Barranquitas)

y

Nicolás

Amaro

(propietario

de

Nidea) tomaron represalias en su contra una vez se quejó de

la conducta de hostigamiento sexual incurrida por el señor

Irizarry. También incluyó en su reclamación por represalias

a Nidea como su patrono.

Luego de varios trámites procesales, el 20 de junio de

2014, los señores Rubert y Amaro presentaron una moción de

desestimación en la que alegaron que no eran responsables

civilmente, porque no incurrieron en actos de hostigamiento

sexual.

Arguyeron

que

incluso

hechos

alegados

por

la

tomando

señora

como

ciertos

los

Caballer

Rivera,

el

ordenamiento, y en particular la Ley Núm. 115, infra, no

provee una causa de acción por represalias contra la persona

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3

que incurre en esa conducta, sino solo contra el patrono del

empleado querellante.

El 8 de enero de 2015, el foro primario emitió una

sentencia parcial en la que determinó que las alegaciones de

la querella no demuestran que la señora Caballer Rivera tenga

derecho a remedio alguno contra los señores Rubert y Amaro.

Expresó que para que un supervisor, oficial o agente de una

empresa pueda responder civilmente en su carácter personal

ante un empleado que ha sido víctima de hostigamiento sexual,

este debió haber sido el autor de la conducta hostigante,

conforme a Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., 151 DPR 634 (2000).

Por otro lado, indicó que la Ley de Represalias, Ley Núm.

115, infra, expresa que toda causa de acción se presentará

en contra del patrono. Ya que la alegación de la señora

Caballer Rivera contra los señores Rubert y Amaro fue solo

por

actos

de

represalia,

el

foro

de

primera

instancia

desestimó la querella en contra de estos al amparo de la

Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1. La

peticionaria Caballer Rivera solicitó la reconsideración del

dictamen. El tribunal proveyó no ha lugar.

Inconforme,

la

señora

Caballer

Rivera

presentó

una

petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.

Alegó

que

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

determinó

erróneamente que no tenía derecho a remedio alguno contra

los señores Rubert y Amaro, no solo bajo la Ley Núm. 115,

infra, sino tampoco bajo otras leyes laborales, como las

Leyes Núm. 69, infra, y Núm. 17, infra.

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El foro apelativo intermedio reiteró el análisis del

foro primario. Notificó una Sentencia en la que confirmó la

sentencia

parcial

Posteriormente,

del

declaró

Tribunal

no

ha

de

Primera

lugar

una

Instancia.

moción

de

reconsideración que presentó la señora Caballer Rivera.

Insatisfecha, el 22 de octubre de 2015, la señora

Caballer Rivera presentó una petición de certiorari ante

nos. Señaló que el Tribunal de Apelaciones erró al determinar

que no tenía derecho a remedio alguno contra los señores

Rubert y Amaro bajo las Leyes Núm. 115, infra, Núm. 69,

infra, y Núm. 17, infra, ya que estos no incurrieron en actos

de hostigamiento sexual.

Presentada la petición de

certiorari, emitimos una

orden para que la parte recurrida mostrara causa por la cual

no debíamos revocar al foro apelativo intermedio. Examinada

su comparecencia, expedimos el recurso y resolvemos.

II

La Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985, 29 LPRA sec. 1321

et seq., fue adoptada en nuestro ordenamiento para prohibir

de forma específica el discrimen en el empleo por razón de

sexo. El Art. 3 de esta ley, 29 LPRA sec. 1323, prohíbe que

un patrono tome una decisión laboral adversa sobre una

persona por razón de su sexo.

Por otro lado, el hostigamiento sexual en el empleo

está proscrito por la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, 29

LPRA sec. 155 et seq. Este estatuto se adoptó para fortalecer

la legislación vigente sobre hostigamiento sexual de forma

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5

que este aspecto particular del discrimen por razón de sexo

fuese

prohibido

expresamente

y

ello

quedase

claramente

establecido como política pública. Informe Conjunto del P.

del S. 1437, 10ma Asam. Leg., 4ta Sesión Ordinaria (23 de

marzo de 1988), pág. 9. El Art. 3 de esta medida, 29 LPRA

sec. 155(b), prohíbe cualquier tipo de acercamiento sexual

no deseado en el empleo, requerimiento de favores sexuales

y cualquier otra conducta verbal o física de naturaleza

sexual

que

constituya

interfiera

con

un

intimidante

ambiente

el

trabajo

u

de

una

ofensivo,

persona,

o

cuya

aceptación o rechazo se utilice como fundamento para emplear

a una persona o incidir sobre sus condiciones de trabajo.

Estas leyes de naturaleza indemnizatoria forman parte

de un esquema legislativo dirigido a implantar la política

pública del Estado contra el discrimen por razón de sexo.

Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 145 DPR 142, 148-149 (1998).

Para asegurar su efectividad, ambas leyes le imponen deberes

afirmativos al patrono. Así también, contienen disposiciones

específicas que prohíben las represalias. Las prohibiciones

contra las represalias sirven para imprimirle efectividad a

los

estatutos

y asegurarse de que el patrono no pueda

utilizar la coacción, intimidación o la necesidad económica

de la víctima de discrimen u hostigamiento sexual para

impedir la acción en su contra.

El Art. 20 de la Ley Núm. 69, 29 LPRA sec. 1340, dispone

que

[s]erá práctica ilegal del trabajo, el que el

patrono, organización obrera o comité conjunto

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6

obrero-patronal

que

controle

programas

de

aprendizaje, adiestramiento o readistramiento,

incluyendo programas de adiestramiento en el

empleo, despida o discrimine contra cualquier

empleado o participante que presente una queja o

querella

o

que

se

oponga

a

prácticas

discriminatorias

o

que

participe

en

una

investigación o proceso contra el patrono,

organización obrera o comité conjunto obreropatronal por prácticas discriminatorias.

A los fines de establecer la responsabilidad civil por

violar las disposiciones de la Ley Núm. 69, supra, el Art.

21, 29 LPRA sec. 1341, establece que

[t]oda persona, patrono y organización obrera

según se definen en este capítulo, que incurra en

cualquiera de las prohibiciones del mismo:

(a) Incurrirá en responsabilidad civil.

. . .

Por otra parte, el Art. 9 de la Ley Núm. 17, 29 LPRA

sec. 155(h), dispone lo siguiente:

Un

patrono

será

responsable

bajo

las

disposiciones de las secs. 155 a 155m de este

título cuando realice cualquier acto que tenga el

resultado

de

afectar

adversamente

las

oportunidades, términos y condiciones de empleo de

cualquier persona que se haya opuesto a las

prácticas del patrono que sean contrarias a las

disposiciones de las secs. 155 a 155m de este

título, o que haya radicado una querella o

demanda, haya testificado, colaborado o de

cualquier

manera

haya

participado

en

una

investigación, procedimiento o vista que se inste

al amparo de las secs. 155 a 155m de este título.

Entonces, para establecer la responsabilidad civil por

infringir las disposiciones de esta medida, el Art. 11 de la

Ley Núm. 17, 29 LPRA sec. 155(j), establece que “[t]oda

persona responsable de hostigamiento sexual en el empleo,

según se define en las secs. 155 a 155m de este título,

incurrirá en responsabilidad civil”.

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7

III

La controversia en este caso nos requiere auscultar si

el legislador tuvo la intención de responsabilizar en su

carácter personal a los agentes y supervisores de un patrono

por actos de represalia bajo las Leyes Núm. 69, supra, y

Núm. 17, supra. Por ello, debemos determinar si, con respecto

a las disposiciones sobre represalias en estos estatutos, el

concepto

“patrono”

debe

interpretarse

de

manera

que

se

incluyan a los agentes, oficiales y supervisores, entre

otras personas que forman parte de la empresa.

La Ley Núm. 69 define “patrono” como “toda persona

natural

o

jurídica

que

emplee

obreros,

trabajadores

o

empleados, y al jefe, funcionario, agente, oficial, gestor,

administrador,

superintendente,

capataz,

mayordomo

o

representante de dicha persona natural o jurídica”. Ley Núm.

69, 29 LPRA sec. 1322.

Esta definición es amplia. No obstante, como bien indica

el Art.

2 de esta ley,

propósitos

de

este

las definiciones aplican “para

Capítulo

y

salvo

cuando

resultaren

manifiestamente incompatibles con los fines de éste”. Íd.

Por eso, no siempre que la ley mencione “patrono” se referirá

a lo mismo. En cada artículo que se menciona “patrono”, debe

evaluarse

la

naturaleza

de

la

responsabilidad

o

la

prohibición impuesta para saber a qué componentes de esa

definición

prohibición.

amplia

le

aplica

la

responsabilidad

o

la

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8

Por otro lado, el inciso (2) del Art. 2 de la Ley Núm.

17, 29 LPRA sec. 155(a)(2), define patrono como

toda persona natural o jurídica de cualquier

índole, el Gobierno del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, incluyendo cada una de sus tres Ramas

y sus instrumentalidades o corporaciones públicas,

los gobiernos municipales y cualquiera de sus

instrumentalidades o corporaciones municipales,

que con ánimo de lucro o sin él, emplee personas

mediante cualquier clase de compensación y sus

agentes y supervisores. Incluye, además, las

organizaciones obreras y otras organizaciones,

grupos o asociaciones en las cuales participan

empleados con el propósito de gestionar con los

patronos sobre los términos y condiciones de

empleo, así como las agencias de empleo.

Al igual que la Ley Núm. 69, supra, la Ley Núm. 17,

supra, contiene disposiciones en las que “patrono” debe ser

interpretado de manera limitada. Por ejemplo, mediante el

Art.

6,

29

LPRA

sec.

155(e),

este

estatuto

impone

responsabilidad al patrono “por los actos de hostigamiento

sexual entre empleados en el lugar de trabajo si el patrono

o sus agentes o sus supervisores sabían o debían estar

enterados de dicha conducta, a menos que el patrono pruebe

que tomó una acción inmediata y apropiada para corregir la

situación”. Así también, el Art. 10, íd. sec. 155(i), impone

al patrono el deber de mantener el centro de trabajo libre

de hostigamiento sexual e intimidación, así como de darle

publicidad adecuada a su política contra el hostigamiento en

el trabajo, y establecer procedimientos internos adecuados

y efectivos para atender reclamaciones de hostigamiento.

Claramente,

“patrono”

para

en

ocasiones

referirse

el

únicamente

legislador

al

utilizó

patrono

como

empleador. En esos contextos, se excluyen los agentes y

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9

supervisores, pues

la ley

se refiere a deberes que le

corresponden al empleador o a actos que solo pueden ser

cometidos

por

este.

Así,

el

sujeto

responsable

varía

dependiendo de la conducta proscrita. Esa diferencia es

crucial al analizar las disposiciones sobre represalias.

IV

En Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., supra, la controversia

giraba en torno a si al amparo de las Leyes Núm. 69, supra,

Núm. 17, supra y Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 29 LPRA

sec. 146 et seq., el dueño y supervisor de una compañía podía

responder

en

hostigamiento

su

carácter

sexual

que

personal

él

por

los

alegadamente

actos

cometió.

de

Allí

resolvimos que un supervisor era “patrono” y que, por lo

tanto, existía una causa de acción personal contra este por

sus propios actos de hostigamiento sexual. Esta conclusión

se basó, en parte, en una interpretación extensiva del

lenguaje en el Art. 11 de la Ley Núm. 17, 29 LPRA sec.

155(j).

Esa

disposición

establece

que

“[t]oda

persona

responsable de hostigamiento sexual en el empleo según se

define en las secs. 155 a 155m de este título, incurrirá en

responsabilidad civil”. Íd.

El Tribunal también basó su determinación en que se

pretendía evitar que, por un lado, el patrono real —o sea,

el dueño de la empresa— se[a] el único responsable de los

actos

de

hostigamiento

sexual

realizados

por

sus

supervisores, oficiales, administradores y agentes, y por

otro lado, darle inmunidad a éstos a pesar de ser los autores

CC-2015-0888

10

directos del daño. Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., supra,

págs. 644-645.

En esa ocasión, no fue necesario que realizáramos un

análisis en cuanto a las demás prohibiciones que establecen

los distintos artículos de la Ley Núm. 17, supra, pues los

hechos particulares de Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., supra,

eran

exclusivamente

sobre

conducta

constitutiva

de

hostigamiento sexual. Así, no quedó establecido que esa

interpretación extensiva del Art. 11, supra, aplicara de la

misma manera a la disposición sobre represalias en la Ley

Núm. 17, supra. Por ello, a los fines de aplicar la normativa

de Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., supra, al presente caso,

debemos distinguir entre actos de hostigamiento sexual y

actos de represalia.

En el hostigamiento sexual, el autor siempre es quien

lleva

a

cabo

los

actos.

La

acción

personal

contra

el

hostigador se debe a que este cometió los actos, y la acción

contra el patrono se debe a que conocía o debió haber

conocido de la situación y no tomó medidas para corregirla.

En cambio, los actos de represalia siempre constituyen

acciones cometidas por el patrono como empleador (patrono

real).

Cuando

se

trata

de

represalias,

un

supervisor,

oficial, administrador o agente lleva a cabo acciones bajo

el poder que le confirió el patrono real. El patrono real es

el único autor, pues los actos de represalia son suyos,

independientemente de quién los lleva a cabo a su nombre o

siguiendo sus instrucciones. No podría ser de otra manera

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pues,

11

distinto

al

hostigamiento

sexual,

los

motivos

o

intereses individuales del agente no alteran el análisis. Lo

relevante es que el agente está ejerciendo el poder que su

patrono le delegó. Este último es el responsable porque “en

última instancia, es el patrono quien tiene el poder de

decidir

la

condición

laboral

de

un

empleado”.

Santiago

Nieves v. Braulio Agosto Motors, 197 DPR 369, 380 (2017).

Nuestro

razonamiento

encuentra

apoyo

en

el

Informe

Conjunto de la Ley Núm. 17, el cual dispone que

el agente es aquella persona con una autoridad tan

absoluta para tomar decisiones en nombre del

patrono que se constituye en un alter ego de este

y para todo efecto práctico equivale a una

actuación del propio patrono.... [E]s necesario un

grado de control o autoridad de la naturaleza

antes expuesta para que se le pueda considerar

como agente. Informe Conjunto del P. del S. 1437,

supra, pág. 13. (Énfasis nuestro.)

Es ese “grado de control o autoridad” el que le otorga

facultad

a

un

agente

para

adversas

a

un

empleado

tomar

pues,

acciones

para

que

llevarlas

resulten

a

cabo,

necesariamente debe tener poder sobre el empleado agraviado.

Las acciones discriminatorias provenientes de una persona

sin control

sobre el empleo de otro podrían ser actos

constitutivos de hostigamiento o discrimen. En cambio, esos

mismos actos realizados contra un subordinado, luego de que

ese

subordinado

haya

presentado

una

queja,

podrían

constituir represalias. En ese sentido, la relación de poder

es crucial. Ese poder siempre proviene del patrono real, aun

cuando un agente o supervisor tenga plena libertad para

ejercerlo.

CC-2015-0888

12

Distinto es el caso del hostigamiento sexual. Cualquier

persona

podría

hostigar

sexualmente

a

otra

dentro

del

ambiente laboral, independientemente del grado de control o

autoridad que ostente.

En Santiago Nieves v. Braulio Agosto Motors, supra,

atendimos la interrogante de si la Ley Núm. 115 de 20 de

diciembre de 1991, 29 LPRA secs. 194 et seq., permite una

causa de acción de carácter personal contra el dueño de una

compañía y su presidenta, por cometer actos de represalia

contra un empleado. Ningún análisis razonable de lo resuelto

en ese caso nos llevaría a concluir que la imposición de

responsabilidad civil a “toda persona” en las Leyes Núm. 69,

supra, y Núm. 17, supra, se extiende a las disposiciones

contra las represalias en estas mismas leyes. La distinción

principal

que

realizamos

en

Santiago

Nieves

v.

Braulio

Agosto Motors, supra, entre la Ley Núm. 17, supra, y la Ley

Núm. 115, supra, para diferenciarlo de lo resuelto en Rosario

v. Dist. Kikuet, Inc., supra, no se limitó al asunto textual

de “toda persona” o “todo patrono”. Lo esencial es, en el

fondo,

quién

proscrito.

tiene

Con

esa

la

capacidad

para

cometer

el

acto

interpretación

“se

asegura

que

la

responsabilidad contemplada recae sobre la entidad con la

verdadera capacidad de tomar represalias”. Santiago Nieves

v. Braulio Agosto Motors, supra, pág. 383. Así, el patrono,

como sujeto con control pleno sobre la situación laboral del

empleado, será responsable bajo la ley por la conducta de

sus agentes. Íd.

CC-2015-0888

13

En este caso, Nidea es el patrono de la señora Caballer

Rivera

para

fines

de

incoar

una

reclamación

civil

por

represalias bajo las Leyes Núm. 69, supra, y Núm. 17, supra.

Ya que los señores Rubert y Amaro son agentes de Nidea, no

proceden las reclamaciones por represalias contra estos.

V

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

determinación del Tribunal de Apelaciones. El foro apelativo

intermedio actuó correctamente al resolver que no existe una

causa de acción personal contra los agentes y supervisores

de un patrono por actos de represalia al amparo de las Leyes

Núm. 69, supra, y Núm. 17, supra. Según las disposiciones

contra

las

represalias

en

estos

estatutos,

responde

el

patrono y no sus agentes y supervisores en su carácter

personal.

Se

devuelve

el

caso

al

Tribunal

de

Primera

Instancia para que continúen los procedimientos conforme a

lo aquí resuelto.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gretchen Caballer Rivera

Peticionaria

v.

CC-2015-0888

Nidea

Corporation

D/B/A

“Adriel

Toyota”;

Nelson

Irizarry,

Hector

Rubert,

Nicolás Amaro y Fulano de Tal

Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2018.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte de esta

Sentencia, se confirma la determinación del

Tribunal de Apelaciones. El foro apelativo

intermedio actuó correctamente al resolver que no

existe una causa de acción personal contra los

agentes y supervisores de un patrono por actos de

represalia al amparo de las Leyes Núm. 69, supra,

y Núm. 17, supra. Según las disposiciones contra

las represalias en estos estatutos, responde el

patrono y no sus agentes y supervisores en su

carácter personal. Se devuelve el caso al Tribunal

de Primera Instancia para que continúen los

procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica el

Secretario

del

Tribunal

Supremo.

La

Jueza

Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una opinión

disidente a la cual se unió la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez. El Juez Asociado señor Rivera

García emitió una opinión disidente. El Juez

Asociado señor Estrella Martínez no interviene.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gretchen Caballer Rivera

Peticionaria

v.

Nidea

Corporation

D/B/A

“Adriel

Toyota”;

Nelson

Irizarry,

Héctor

Rubert,

Nicolás Amaro y Fulano de

Tal

Certiorari

CC-2015-0888

Recurridos

Opinión disidente que emitió la Jueza Presidenta ORONOZ

RODRÍGUEZ a la cual se une la Juez Asociada señora RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2018.

Una Mayoría de este Tribunal resuelve que está

prohibido presentar una reclamación al amparo de las

Leyes Núm. 69-1985, infra, y Núm. 17-1988, infra,

contra

el

agente

de

un

patrono,

en

su

carácter

personal, cuando este incurre en actos de represalia.

Al resolver así, ignora la letra de la ley y su

jurisprudencia interpretativa. Asimismo, ampara con

impunidad civil al actor que toma represalias. Por los

fundamentos que expongo a continuación, disiento.

I

La Sra. Gretchen Caballer Rivera se querelló

contra

Nidea

Corporation

y

los

señores

Nelson

Irizarry, Héctor Rubert y Nicolás Amaro. Reclamó que,

CC-2015-0888

2

tras laborar varios años para Nidea Corporation, se le

despidió

injustificadamente

y

que

durante

los

años

que

trabajó allí fue objeto de hostigamiento sexual, discrimen

por razón de sexo y represalias por parte de los querellados.

En esencia, alegó que, mientras se desempeñó como Ejecutiva

de Ventas del concesionario de vehículos “Adriel Auto” en

Barranquitas, fue víctima de hostigamiento sexual por parte

del

coquerellado

Nelson

Irizarry

(gerente

a

financiamiento).

Además,

sostuvo

que

los

coquerellados

(gerente

general

de

“Adriel

Héctor

Rubert

cargo

Auto”

de

en

Barranquitas) y Nicolás Amaro (dueño de Nidea Corporation)

tomaron represalias en su contra cuando se quejó de la

conducta de hostigamiento sexual del señor Irizarry.

Los

coquerellados

Rubert

y

Amaro

solicitaron

la

desestimación de las reclamaciones presentadas en su contra.

Según éstos, aun tomando como ciertos los hechos alegados

por la querellante, el ordenamiento no permite accionar

contra la persona que incurre en actos de represalia, sino

solo

contra

el

patrono

real

del

empleado

querellante.

Además, adujeron que, si no hay reclamación de hostigamiento

sexual

contra

ellos,

procede

la

desestimación

de

la

querella.

El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud y

desestimó la querella en cuanto a los promoventes. Concluyó

que las Leyes Núm. 115-1991, infra, y Núm. 17-1988, infra,

solo imponen

responsabilidad civil al patrono, y no a los

CC-2015-0888

3

agentes u oficiales de este en su carácter personal. Mencionó

además que, como excepción, este Tribunal en Rosario v. Dist.

Kikuet, Inc., infra, impuso responsabilidad civil al dueño

de una compañía por sus propios actos de hostigamiento

sexual. Bajo esta normativa, el foro primario concluyó que

el único escenario en el que podrían ser responsables los

coquerellados Rubert y Amaro sería si estos hubiesen sido

autores

del

hostigamiento.

Dado

que

la

señora

Caballer

Rivera solo imputó actos de represalia a los coquerellados

en su carácter personal, el foro de instancia desestimó la

querella en su contra.

En

desacuerdo,

la

señora

Caballer

Rivera

apeló

la

sentencia. Señaló que el foro primario erró al determinar

que no tenía derecho a remedio alguno contra Rubert y Amaro

al amparo de la Ley Núm. 115-1991, infra, ni de otras leyes

laborales, como las Leyes Núm. 69-1985, infra, y Núm. 171988,

infra.

Sin

embargo,

el

Tribunal

de

Apelaciones

confirmó el dictamen del foro primario.

Inconforme aún, la señora Caballer Rivera interpuso un

recurso

de

certiorari

ante

este

Tribunal.

Examinada

su

petición, emitimos una orden para que la parte recurrida

mostrara causa por la cual no debíamos revocar al foro

apelativo intermedio.

II

La Constitución de Puerto Rico reconoce la dignidad

humana como derecho inviolable. De esa garantía esencial se

CC-2015-0888

4

derivan derechos puntuales como las protecciones a la vida

privada

y

las

cláusulas

anti

discrimen

consagradas

en

nuestra Carta de Derechos. Art. II, Secs. 1 y 8, Const. ELA,

LPRA, Tomo 1; véase Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR

457, 470 (2007). En cumplimiento con su deber ministerial de

proteger

estas

Legislativa

garantías

adoptó

indemnizatoria

en

un

el

constitucionales,

esquema

contexto

jurídico

laboral.

la

de

Asamblea

naturaleza

Suárez

Ruiz

v.

Figueroa Colón, 145 DPR 142, 148-149 (1998). Ese esquema

procura implantar la política pública del Estado contra el

discrimen

y

otras

prácticas

indeseables

fijando

responsabilidad civil y sanciones. Íd.

A tono con lo anterior, las Leyes Núm. 69-1985, 29 LPRA

sec. 1321 et seq., y Núm. 17-1988, 29 LPRA sec. 155 et seq.,

prohíben, respectivamente, el discrimen por razón de sexo y

el hostigamiento sexual en el empleo.1 Estas leyes definen

con especificidad lo que constituye la conducta sustantiva

proscrita, ya sea porque ocurre en el lugar de trabajo o

porque se asocia al ambiente o las condiciones laborales. A

esos efectos, el Artículo 3 de la Ley Núm. 69-1985 prohíbe

tomar una decisión laboral adversa contra una persona por

Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985, 29 LPRA sec. 1321 et

seq., conocida como la Ley contra el discrimen por razón

sexo en el empleo; Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, 29

LPRA sec. 155 et seq., conocida como la Ley de hostigamiento

sexual en el empleo.

1

CC-2015-0888

5

razón de su sexo. 29 LPRA sec. 1323. Por otra parte, el

Artículo 3 de

la

Ley Núm. 17-1988

prohíbe

acercamientos

sexuales en el empleo que interfieran con el trabajo de una

persona; constituyan un ambiente intimidante u ofensivo; o

cuya aceptación o rechazo se utilice como fundamento para

emplear o incidir sobre las condiciones de trabajo de una

persona. 29 LPRA sec. 155b.

Además,

estas

leyes

establecen

adicionales,

así

como

unos

afirmativos,

para

erradicar

sustantiva

proscrita

y,

unas

deberes

prohibiciones

preventivos

factiblemente

por

y

la

conducta

consiguiente,

proteger

efectivamente los derechos envueltos.2 De ahí, por ejemplo,

que ambas leyes le impidan a un patrono tomar represalias

contra un empleado que: (1) presente una queja; o (2) inicie

o participe de alguna investigación contra el patrono por

prácticas discriminatorias o de hostigamiento. Artículo 20

de la Ley Núm. 69-1985, 29 LPRA sec. 1340; Artículo 9 de la

Ley Núm. 17-1988, 29 LPRA sec. 155h; véase Cintrón v. Ritz

En cuanto a deberes afirmativos se refiere, la Ley Núm. 69-1985 le

impone al patrono el deber de mantener récords por períodos de dos años

para poder determinar si éste ha incurrido en prácticas ilícitas conforme

a la ley. 29 LPRA sec. 1335. Así también, la Ley Núm. 69-1985 le requiere

al patrono publicar un compendio de la propia ley en un sitio visible

del establecimiento. 29 LPRA sec. 1339. Por su parte, la Ley Núm. 171988 impone al patrono el deber de exponer una política contra el

hostigamiento sexual en el trabajo, dándole suficiente publicidad y

estableciendo procedimientos internos adecuados y efectivos para atender

reclamaciones de hostigamiento. 29 LPRA sec. 155i. Para un caso en el

que se impone responsabilidad civil por incumplimiento con estos deberes

en el contexto de la Ley Núm. 17-1988, véase Albino v. Ángel Martínez,

Inc., 171 DPR 457 (2007); véase también Rosa Maisonet v. ASEM, 192 DPR

368, 382-83 (2015) (discutiendo los deberes afirmativos dispuestos en

la Ley Núm. 17-1988).

2

CC-2015-0888

6

Carlton, 162 DPR 32 (2004) (reconociendo que la Ley Núm. 691985 dispone una causa de acción por represalias).

Así, la Ley de represalias, Ley Núm. 115-1991, 29 LPRA

sec. 194 et seq., no es el único estatuto que ampara a los

empleados contra actos de represalia. Las Leyes Núm. 69-1985

y Núm. 17-1988 también proveen causas de acción similares en

la medida en que la conducta sustantiva imputada se regule

por estas leyes. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177

DPR 345, 365 (2009) (“En Puerto Rico, además de la Ley Núm.

115 y la Ley Núm. 80, existen otras leyes locales que

protegen a los trabajadores de represalias por parte de sus

patronos”.); véase C. Zeno Santiago y V.M. Bermúdez Pérez,

Tratado de Derecho del Trabajo, San Juan, Pubs. JTS, T. I,

2003, pág. 361. Mediante dichas disposiciones, el legislador

revistió

de

efectividad

los

derechos

y

protecciones

establecidas en estas leyes laborales.3 Esto, pues, sin esa

protección vigorosa, la parte perjudicada por circunstancias

de discrimen por razón de sexo u hostigamiento sexual no

estaría en posición de hacer valer realmente sus derechos.

III

Véase Informe Conjunto del P. del S. 1437, 10ma Asam. Leg.,

4ta Sesión Ordinaria (23 de marzo de 1988), págs. 16-17

(aludiendo a la causa de acción por represalias como un

aspecto vital para “imprimirle efectividad a la [Ley Núm.

17-1988] y asegurarse que el patrono no puede utilizar la

coacción, intimidación o la necesidad económica de la

víctima de hostigamiento sexual, de un testigo o de quien

intentó proteger a la víctima para impedir la acción en

contra del patrono”).

3

CC-2015-0888

7

A.

Este

Tribunal

se

ha

enfrentado

anteriormente

a

la

interrogante de si, al proscribir cierta conducta en el

ámbito laboral, los agentes de un patrono

esa

conducta

responden

en

su

carácter

que

incurren en

personal.

Esa

controversia se suscita mayormente por dos razones. Primero,

por la manera abarcadora en que las leyes laborales suelen

definir el concepto patrono, incluyendo así a sus agentes y

supervisores;4 y segundo, por el lenguaje particular que se

La Ley Núm. 69-1985 define patrono como: “toda persona

natural o jurídica que emplee obreros, trabajadores o

empleados, y al jefe, funcionario, agente, oficial, gestor,

administrador,

superintendente,

capataz,

mayordomo

o

representante de dicha persona natural o jurídica”. 29 LPRA

sec. 1322(2) (énfasis suplido). La Ley Núm. 17-1988 define

patrono como: “toda persona natural o jurídica de cualquier

índole, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

incluyendo

cada

una

de

sus

tres

Ramas

y

sus

instrumentalidades o corporaciones públicas, los gobiernos

municipales y cualquiera de sus instrumentalidades o

corporaciones municipales, que con ánimo de lucro o sin él,

emplee personas mediante cualquier clase de compensación y

sus

agentes

y

supervisores.

Incluye,

además,

las

organizaciones obreras y otras organizaciones, grupos o

asociaciones en las cuales participan empleados con el

propósito de gestionar con los patronos sobre los términos

y condiciones de empleo, así como las agencias de empleo”.

29 LPRA sec. 155a(2) (énfasis suplido). La Ley Núm. 1151991, según enmendada, define patrono como: “todos los

patronos por igual, sean estos patronos públicos o privados,

corporaciones públicas o cualquiera otra denominación de

patronos que exista en el presente o se cree en el futuro,

toda persona natural o jurídica de cualquier índole,

incluyendo el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico,

sus

tres

Ramas

y

sus

instrumentalidades

o

corporaciones

públicas,

los

gobiernos

municipales

y

cualquiera de sus instrumentalidades o corporaciones

municipales, que con ánimo de lucro o sin él, emplee personas

mediante cualquier clase de compensación y sus agentes y

supervisores. Incluye, además, las organizaciones obreras y

4

(continúa...)

CC-2015-0888

8

utiliza al momento de imponer responsabilidad civil, puesto

que en algunas ocasiones se impone a “toda persona”, mientras

que en otras se impone al “patrono”.

En particular, este Tribunal se ha expresado en dos

ocasiones en cuanto a esta controversia. La primera ocasión

fue en Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., 151 DPR 634 (2000),

donde se atendió la interrogante de si, al amparo de las

Leyes Núm. 17-1988, Núm. 69-1985 y Núm. 100-1959, un dueño

y un supervisor de una compañía respondían en su carácter

personal por hostigar sexualmente a una empleada. La segunda

ocasión ocurrió recientemente, en Santiago Nieves v. Braulio

Agosto Motors, 197 DPR 369 (2017), donde la disyuntiva

versaba sobre si, al palio de la Ley Núm. 115-1991, un dueño

de una compañía respondía en su carácter personal por sus

propios actos de represalia.

En Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., supra, la parte

demandada cuestionó la viabilidad de una acción de carácter

personal. Adujo que “la doctrina adoptada por la Asamblea

Legislativa fue que el patrono responde exclusivamente por

otras organizaciones, grupos o asociaciones privadas en las

cuales participan empleados con el propósito de gestionar

con los patronos sobre los términos y condiciones de empleo,

así como las agencias de empleo”. 29 LPRA sec. 194(b)(énfasis

suplido). La Ley Núm. 100-1959 define patrono como: “toda

persona natural o jurídica que emplee obreros, trabajadores

o empleados, y al jefe, funcionario, gerente, oficial,

gestor, administrador, superintendente, capataz, mayordomo,

agente o representante de dicha persona natural o jurídica.

Incluirá aquellas agencias o instrumentalidades del Gobierno

de Puerto Rico que operen como negocios o empresas privadas”.

29 LPRA sec. 151(2) (énfasis suplido).

CC-2015-0888

9

los actos discriminatorios cometidos por sus empleados,

agentes y supervisores, por lo que estos no responden de

tales actos aun cuando sean cometidos por ellos”. Íd., págs.

641-642.

Sin embargo, este Tribunal utilizó como fundamento la

definición abarcadora de patrono en las Leyes Núm. 69-1985,

Núm. 17-1988 y Núm. 100-1959 para resolver lo contrario.

Así, determinó que, en la medida en que la responsabilidad

civil por la conducta proscrita bajo estas leyes recaía sobre

el patrono, y que a su vez la definición de patrono abarcaba

a

supervisores,

respondían

en

administradores y agentes, estos

su

carácter

personal

por

los

últimos

actos

de

hostigamiento sexual cometidos por ellos.5

Aparte de hallar que la definición de patrono suplía la

“intención

inequívoca”

de

la

Asamblea

Legislativa

de

responsabilizar en su carácter personal a quienes incurren

en actos de hostigamiento sexual, este Tribunal también

consideró otros criterios. Íd., págs. 643-645. Entre estos,

comentó

que

sería

un

contrasentido

interpretar

que

el

legislador solo quiso responsabilizar al patrono real por

actos de discrimen u hostigamiento sexual, dándole inmunidad

a los autores directos de los daños causados. Este Tribunal

Véase D. Helfeld, Derecho Laboral, 70 Rev. Jur. UPR 447,

455 (2001) (discutiendo Rosario v. Dist. Kikuet, 151 DPR 634

(2000)).

5

CC-2015-0888

10

también puntualizó que la Ley Núm. 17-1988 no solo define de

forma abarcadora el término patrono, sino que además dispone

que “[t]oda persona responsable de hostigamiento sexual en

el empleo . . . incurrirá en responsabilidad civil”. Íd.,

pág. 645.

En Santiago Nieves v. Braulio Agosto Motors, supra, la

controversia de fondo era prácticamente idéntica, pero la

conducta en cuestión y la base legal aludida variaban. Este

Tribunal tuvo entonces que examinar si la Ley Núm. 115-1991

permitía una causa de acción de carácter personal contra el

dueño de una compañía y su presidenta, quienes supuestamente

tomaron represalias contra el empleado. Al interpretar la

Ley Núm. 115-1991, este Tribunal no recurrió a la definición

de patrono, tal y como lo hizo en Rosario v. Dist. Kikuet,

Inc.,

supra,

para

determinar

si

procedía

imponer

responsabilidad personal. Una Mayoría de este Tribunal opinó

entonces que bajo un análisis estructural de la Ley Núm.

115-1991, debía entenderse que la definición abarcadora de

patrono

solo

implica

que

el

patrono

real

responde

vicariamente por las actuaciones de sus agentes. Santiago

Nieves v. Braulio Agosto Motors, supra, págs. 378-379. Así,

este

Tribunal

resolvió

de

forma

distinta

a

como

había

resuelto en Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., supra.6

Véase Santiago Nieves v. Braulio Agosto Motors, supra, pág.

390 esc. 5 (Opinión de conformidad en parte y disidente en

parte, J.P. Oronoz Rodríguez).

6

CC-2015-0888

11

Desde ese entendido, Santiago Nieves v. Braulio Agosto

Motors, supra, resolvió que la Ley Núm. 115-1991 no provee

una causa de acción personal por actos de represalia. No

obstante,

a

la

vez

reconoció

la

posibilidad

de

responsabilizar personalmente a los agentes de un patrono al

amparo de otras leyes laborales. Así, tomando parte del

análisis de Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., supra, en Santiago

Nieves v. Braulio Agosto Motors, supra, una Mayoría de este

Tribunal

comparó

laborales

que

los

artículos

establecen

el

puntuales

esquema

de

las

leyes

indemnizatorio

de

responsabilidad civil. De esta manera, distinguió aquellas

leyes que imponen responsabilidad civil a “toda persona”

vis-à-vis

aquellas

que

responsabilizan

meramente

al

“patrono”. Santiago Nieves v. Braulio Agosto Motors, supra,

págs. 379-380. No descartó que bajo el primer grupo se

hallara responsable en su carácter personal a cualquier

persona que incurra en la conducta proscrita, pero encontró

que la Ley Núm. 115-1991 se hallaba en el segundo grupo por

carecer de disposición homóloga. Íd.

B.

Al

interpretar

las

leyes

laborales

vigentes,

este

Tribunal debe brindar mayor coherencia entre ellas, en vez

de disonancia. Santiago Nieves v. Braulio Agosto Motors,

supra, pág. 388 (Opinión de conformidad en parte y disidente

en parte, J.P. Oronoz Rodríguez).

CC-2015-0888

12

Con lo anterior en mente, cabe señalar que las Leyes

Núm. 69-1985 y Núm. 17-1988 comparten una estructura similar

compuesta

a

declaración

grandes

de

rasgos

política

de

cuatro

ámbitos:

(1)

(2)

definición

de

pública;7

conceptos; (3) prohibiciones y deberes; y (4) fijación de

responsabilidad y sanciones. Así también, podrá notarse que

estas

leyes

comparten

tres

elementos

específicos

para

efectos de este caso.

Primero, ambas leyes proveen una definición abarcadora

del concepto patrono, por lo que sus disposiciones son

extensivas a los actos en que

incurran

oficiales,

supervisores

y otros agentes del patrono. Segundo, ambas leyes prohíben

que un patrono, según definido, tome represalias contra un

empleado que inicie un procedimiento o queja en virtud de lo

que las propias leyes proscriben. Y tercero, ambas leyes

disponen que toda

persona que incurra

en la conducta proscrita en ellas responderá civilmente.

1.

El Artículo 2 de la Ley Núm. 69-1985 establece que el

concepto patrono incluye a “toda persona natural o jurídica

que emplee obreros, trabajadores o empleados, y al jefe,

funcionario,

agente,

oficial,

gestor,

administrador,

La declaración de política pública de la Ley Núm. 69-1985 alude a la

importancia de la igualdad como valor fundamental de nuestra sociedad y

su protección en el contexto del empleo. 29 LPRA sec. 1321. Por su parte,

la declaración de política pública de la Ley Núm. 17-1988 cataloga el

hostigamiento sexual como una forma de discrimen por razón de sexo que

atenta contra la dignidad humana. 29 LPRA sec. 155.

7

CC-2015-0888

13

superintendente, capataz, mayordomo o representante de dicha

persona natural o jurídica”. 29 LPRA sec. 1322(2) (énfasis

suplido).

Luego,

como

parte

de

la

serie

de

prohibiciones

y

prácticas proscritas, el Artículo 20 dispone lo siguiente:

Será práctica ilegal del trabajo, el que el

patrono, organización obrera o comité conjunto

obrero-patronal

que

controle

programas

de

aprendizaje, adiestramiento o readiestramiento,

incluyendo programas de adiestramiento en el

empleo, despida o discrimine contra cualquier

empleado o participante que presente una queja o

querella

o

que

se

oponga

a

prácticas

discriminatorias

o

que

participe

en

una

investigación o proceso contra el patrono,

organización obrera o comité conjunto obreropatronal por prácticas discriminatorias. 29 LPRA

sec. 1340.

Finalmente, el Artículo 21 establece la responsabilidad

civil que procede por infringir las prohibiciones en la ley

de la siguiente manera: “Toda persona, patrono y organización

obrera según se definen en este capítulo, que incurra en

cualquiera de las prohibiciones del mismo: (a) Incurrirá en

responsabilidad civil”. 29 LPRA sec. 1341 (énfasis suplido).

2.

El Artículo 2 de la Ley Núm. 17-1988 dispone que el

concepto patrono incluye lo siguiente:

[T]oda persona natural o jurídica de cualquier

índole, el Gobierno del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, incluyendo cada una de sus tres Ramas

y sus instrumentalidades o corporaciones públicas,

los gobiernos municipales y cualquiera de sus

instrumentalidades o corporaciones municipales,

que con ánimo de lucro o sin él, emplee personas

mediante cualquier clase de compensación y sus

agentes y supervisores. Incluye, además, las

CC-2015-0888

14

organizaciones obreras y otras organizaciones,

grupos o asociaciones en las cuales participan

empleados con el propósito de gestionar con los

patronos sobre los términos y condiciones de

empleo, así como las agencias de empleo. 29 LPRA

sec. 155a(2) (énfasis suplido).

A su vez, esta ley establece unas prohibiciones y

deberes, incluyendo en su Artículo 9 lo siguiente:

Un

patrono

será

responsable

bajo

las

disposiciones de las secs. 155 a 155m de este

título cuando realice cualquier acto que tenga el

resultado

de

afectar

adversamente

las

oportunidades, términos y condiciones de empleo de

cualquier persona que se haya opuesto a las

prácticas del patrono que sean contrarias a las

disposiciones de las secs. 155 a 155m de este

título, o que haya radicado una querella o

demanda, haya testificado, colaborado o de

cualquier

manera

haya

participado

en

una

investigación, procedimiento o vista que se inste

al amparo de las secs. 155 a 155m de este título.

29 LPRA sec. 155h.

Por último, el Artículo 11 establece la responsabilidad

civil que procede de la siguiente manera: “Toda persona

responsable de hostigamiento sexual en el empleo, según se

define en las secs. 155 a 155m de este título, incurrirá en

responsabilidad civil”. 29 LPRA sec. 155j (énfasis suplido).

C.

Expuesta la normativa aplicable, procede analizar si

las Leyes Núm. 69-1985 y Núm. 17-1988 permiten accionar

contra un agente de un patrono, en su carácter personal, por

sus propios actos de represalia.

En Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., supra, este Tribunal

resolvió que la definición de patrono al amparo de las Leyes

Núm.

17-1988

y

Núm.

69-1985

era

"clar[a]

y

libre

de

CC-2015-0888

15

ambigüedad”, por lo que no había “necesidad de mirar más

allá de la letra en búsqueda de la intención legislativa”.

Íd., pág. 643. A la luz de las circunstancias de ese caso,

se sostuvo que las “definiciones de patrono incluyen a los

supervisores, oficiales, administradores y agentes de éste,

e invocan la intención inequívoca de la Asamblea Legislativa

de responsabilizarlos por actos de hostigamiento sexual en

el empleo cuando dichos actos son cometidos por estos”. Íd.8

El análisis en este caso debe ser análogo, considerando

que versa sobre las mismas leyes y, por lo tanto, las mismas

definiciones del concepto patrono. Por un lado, la Ley Núm.

69-1985

incluye

funcionario,

en

su

agente,

definición

oficial,

de

patrono

gestor,

al

“jefe,

administrador,

superintendente, capataz, mayordomo o representante”. 29

LPRA sec. 1322(2). Por otra parte, la Ley Núm. 17-1988

establece que su definición de patrono incluye a “sus agentes

y supervisores”. 29 LPRA sec. 155a(2). Asimismo, ambas leyes

prohíben

que

ese

patrono,

según

previamente

definido,

incurra en actos de represalia, so pena de responsabilidad

civil.

En ese sentido, un análisis consecuente con Rosario v.

Dist. Kikuet, Inc., supra, me lleva a concluir que la misma

Véase también Ortiz González v. Burger King de Puerto Rico,

189 DPR 1, 72 (Sentencia) (2013) (Opinión de conformidad, J.

Rivera García) (mencionando que en Rosario v. Dist. Kikuet,

151 DPR 634 (2000) se resolvió que “las leyes laborales

aplicables a la controversia asignaban responsabilidad

patronal, pero no eximían a los agentes o supervisores de

responder en su carácter personal por sus actos”).

8

CC-2015-0888

16

intención legislativa encontrada allí, en virtud de la letra

clara y amplia de la ley, entiéndase la de responsabilizar

personalmente a toda persona que se incluye en la definición

de patrono, aplica al caso de autos.

Ahora bien, en Santiago Nieves v. Braulio Agosto Motors,

supra, se auscultó en otro lugar la intención legislativa de

hallar responsable a un agente de un patrono en su carácter

personal al amparo de otra ley laboral. Allí se sugirió que

lo determinante era el lenguaje utilizado en los artículos

que específicamente imponen responsabilidad civil, mas no la

definición del concepto patrono.9 Así, se contrastó la Ley

Núm. 115-1991, que responsabiliza al patrono por la conducta

allí proscrita, de las Leyes Núm. 69-1985 y Núm. 17-1988,

las cuales imponen responsabilidad civil a toda persona.10

Si, al igual que en Santiago Nieves v. Braulio Agosto

Motors, supra, una Mayoría de este Tribunal recurre en esta

ocasión a los artículos de las Leyes Núm. 69-1985 y Núm. 171988

que

imponen

responsabilidad

civil,

se

refuerza

la

conclusión de que procede hallar responsable en su carácter

Como mencioné antes, en cuanto a la definición abarcadora

del concepto patrono se interpretó que su finalidad era

responsabilizar vicariamente al patrono por las actuaciones

de sus agentes. Santiago Nieves v. Braulio Agosto Motors,

supra, pág. 378-379.

10 Íd., págs. 379-380 (“[L]a responsabilidad civil [en la Ley

Núm. 17-1988] no se circunscribió al patrono, sino que se

extendió a toda persona responsable de la conducta

proscrita”; “El Art. 21 de la Ley Núm. 69 reconoce

expresamente que toda persona, patrono u organización que

violente sus postulados incurrirá en responsabilidad civil

y criminal”. (énfasis suplido)).

9

CC-2015-0888

17

personal a los agentes de un patrono. Esto se debe a que

ambas leyes disponen que toda persona que incurra en la

conducta proscrita responderá civilmente. Por esa razón,

incluso como corolario de lo resuelto en Santiago Nieves v.

Braulio Agosto Motors, supra, las Leyes Núm. 69-1985 y Núm.

17-1988 constituyen “legislaciones laborales en las que el

legislador creó una causa de acción contra cualquier persona

que incurra en la conducta proscrita y no solo contra el

patrono”. Íd., pág. 380.

Esa responsabilidad civil de índole personal aplicaría

contra un agente que incurre en actos de represalia, dado

que esa conducta está proscrita por las Leyes Núm. 69-1985

y Ley Núm. 17-1988. Esto, pues, el ámbito de responsabilidad

civil de estas leyes, con todo y su alcance de carácter

personal, no se limita a la conducta sustantiva proscrita,

sino

que

se

extiende

a

las

prohibiciones

y

deberes

establecidos en ellas. Es lógico que así sea, puesto que en

estas leyes laborales el legislador no impuso meramente una

serie

de

aspiraciones

sociales,

sino

que

estableció

prohibiciones y deberes vinculantes con sus respectivas

sanciones.11

Véase Rosa Maisonet v. ASEM, 192 DPR 368, 383 (2015)

(explicando que la política pública de la Ley Núm. 17-1988

impone una serie de “medidas necesarias para cumplir

cabalmente con e[l] mandato [legislativo] so pena de

sanciones”); Cintrón v. Ritz Carlton, 162 DPR 32, 37-38

(2004)(interpretando que las sanciones de la Ley Núm. 691985 se extienden a actos por represalias, pues dicha ley,

“al igual que otras leyes laborales, provee un esquema de

11

(continúa...)

CC-2015-0888

Así

18

también,

el

legislador

precisó

que

la

responsabilidad civil procedería por cualquier violación a

lo dispuesto en esas leyes. A esos efectos, nótese que la

Ley Núm. 69-1985 le impone responsabilidad civil a aquella

persona que incurra en “cualquiera de las prohibiciones”

dispuestas en ella. 29 LPRA sec. 1341. Por su parte, la Ley

Núm. 17-1988 le impone responsabilidad civil a toda persona

que incurra en hostigamiento sexual, “según se define en las

secs. 155 a 155m de este título”, abarcando así todo el

entorno

de

conductas

que

el

legislador

consideró

constitutiva o promotora de hostigamiento sexual en el lugar

de trabajo. 29 LPRA sec. 155j.

Por

tanto,

resulta

forzoso

concluir

que

las

definiciones abarcadoras de patrono, según interpretadas en

Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., supra, así como la amplitud

de los artículos que imponen responsabilidad civil, según la

propia lógica de una Mayoría en Santiago Nieves v. Braulio

Agosto

Motors,

supra,

responsabilizan

personalmente

a

quienes infrinjan las disposiciones de las Leyes Núm. 691985 y Núm. 17-1988.

D.

Finalmente, es menester señalar y subrayar dos asuntos

medulares respecto a la Opinión mayoritaria.

indemnización para el empleado cuando su patrono incurre en

cualquiera de las prácticas vedadas por ella”).

(continúa...)

CC-2015-0888

19

Primero, tal como señala una Mayoría de este Tribunal,12

el Artículo 2 de la Ley Núm. 69-1985 podría limitar la

extensión de la definición del término patrono en ciertas

circunstancias en tanto dispone que será de aplicación la

definición

estatuida

manifiestamente

“salvo

cuando

incompatible[]

con

resultare[]

los

fines

[del

estatuto]”. 29 LPRA sec. 1322. Sin embargo, la Opinión

mayoritaria no adelanta argumento alguno para demostrar por

qué

la

aplicación

de

la

definición

estatutaria

sería

manifiestamente incompatible en este caso de represalias.

En

cambio,

nuestra

Asamblea

Legislativa

resolvió

y

declaró en la Ley Núm. 69-1985 que “los valores de igualdad

y libertad expresados en la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico constituyen la piedra angular de la

sociedad

puertorriqueña”.

29

LPRA

sec.

1321

(énfasis

suplido). Dicha ley proscribe el discrimen por razón de sexo

en

el

empleo;

y

su

norte

es

“velar

por

el

estricto

cumplimiento que tienen todas las personas para que no se

les discrimine por razón de su sexo”. Íd. El Artículo 20 de

dicha ley, por su parte, prohíbe tomar represalias contra

una persona que se oponga a las prácticas discriminatorias

al buscar auxilio mediante la presentación de una queja o

querella,

o

procedimiento

su

participación

contra

el

en

una

investigación

patrono.

29

LPRA

sec.

o

1340.

Finalmente, el Artículo 21 impone responsabilidad civil no

12

Op. mayoritaria, págs. 7-8.

CC-2015-0888

20

tan solo al patrono, según definido, sino también a “toda

persona”. 29 LPRA sec. 1341 (énfasis suplido).13 Por tanto,

estimo que no es manifiestamente incompatible con los fines

de la Ley Núm. 69-1985 imponer responsabilidad civil a un

agente del patrono; quien violó los derechos del empleado,

tal cual lo estatuyó la Asamblea Legislativa. Por tanto, el

Artículo 2 de la Ley Núm. 69-1985 no debería circunscribir

la definición estatutaria de patrono en este caso.

Asimismo,

en

la

Ley

Núm.

17-1988,

la

Asamblea

Legislativa resolvió y declaró como política pública que “el

hostigamiento sexual en el empleo es una forma de discrimen

por razón de sexo y como tal constituye una práctica ilegal

e indeseable que atenta contra el principio constitucional

establecido de que la dignidad del ser humano es inviolable”.

29 LPRA sec. 155 (énfasis suplido). Cabe señalar que, a

diferencia de la Ley Núm. 69-1985, la aplicación de la

definición de “patrono” de la Ley Núm. 17-1988 no está

condicionada a que no sea “manifiestamente incompatible”.

Dicho eso, la Ley Núm. 17-1988 también incluye a los agentes

del patrono en su definición de “patrono” y también impone

responsabilidad civil a “toda persona”.

Véase Santiago Nieves v. Braulio Agosto Motors, Inc.,

supra, pág. 380 (“[E]l Art. 21 de la Ley Núm. 69 […] reconoce

expresamente que toda persona, patrono u organización que

violente sus postulados incurrirá en responsabilidad civil

y criminal. Esto demuestra que cuando la Asamblea

Legislativa ha querido extender la responsabilidad civil más

allá del patrono así lo ha dispuesto expresamente”.).

13

CC-2015-0888

21

Así, y, en segundo lugar, la Opinión mayoritaria sugiere

que el análisis de este caso no debe ser análogo al de

Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., supra, porque se trata de las

mismas leyes y definiciones, pero no de la misma conducta.

Para fundamentar esta postura, distingue “entre actos de

hostigamiento sexual y actos de represalias”.14 Razona que,

en el caso del hostigamiento sexual, “el autor siempre es

quien lleva a cabo los actos”, mientras que en el caso de

represalias “[e]l patrono real es el único autor, pues los

actos de represalias son suyos, independientemente de quién

los lleva a cabo a su nombre o siguiendo sus instrucciones”.15

No estoy de acuerdo. Aun cuando la decisión final de

despedir o no a un empleado pueda ser del patrono real, el

agente de ordinario tiene autoridad para llevar a cabo

múltiples actos que afectan los términos y condiciones de

ese empleado, constituyendo así actos de represalia. El

agente puede, por ejemplo: (1) alterar las condiciones de

empleo;

(2)

cambiar

al

empleado

de

turno

para

desfavorecerlo; (3) modificar las tareas en detrimento del

empleado; (4) obstaculizar oportunidades de asenso; y (5)

recomendar al patrono que lo despidan. El agente del patrono

juega pues un rol activo en la toma de decisiones contra el

empleado por motivo de represalias. Así, al caracterizar al

agente como un alter ego, la intención del legislador fue

14

15

Op. mayoritaria, pág. 10.

Op. mayoritaria, pág. 11.

CC-2015-0888

22

extender la responsabilidad civil más allá del patrono real.

Según el texto amplio de la ley, el legislador responsabilizó

personalmente al agente por ser un actor instrumental en la

violación

de

los

derechos

del

empleado.

Concluir

lo

contrario sería presumir que el legislador incluyó lenguaje

redundante.16 Sin embargo, este: (1) definió ampliamente el

término “patrono”; y (2) impuso responsabilidad civil tanto

al “patrono” como a “toda persona” al amparo de las dos leyes

objeto de este caso. Lo anterior junto a la política pública

estatuida debe significar algo. De haber alguna duda, es un

principio reiterado de hermenéutica de este Tribunal que:

La legislación laboral de Puerto Rico está

orientada a promover la justicia social de la

clase

trabajadora,

garantizando

la

mayor

protección de sus derechos laborales. Su esencia

es remedial o reparadora, por lo cual su

interpretación judicial debe ser liberal y amplia

para que se puedan alcanzar los objetivos que la

originaron. En este proceso interpretativo, toda

duda en cuanto a la aplicación de una disposición

legal laboral deberá resolverse a favor del

empleado. Orsini García v. Srio. de Hacienda, 177

DPR 596, 614-615 (2009) (énfasis suplido); véase

Nilda Figueroa Rivera v. El Telar, Inc., 178 DPR

701, 723-724 (2010) (Ley Núm. 80-1976); S.L.G.

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 363

(2009) (Ley Núm. 115-1991); Cintrón v. Ritz

Carlton, supra, pág. 39 (2004) (Ley Núm. 60-1985).

IV

En el caso de autos, el Tribunal de Apelaciones confirmó

una sentencia del foro primario mediante la cual se desestimó

la acción por considerar que nuestro ordenamiento no provee

R.E. Bernier Santiago y J. Cuevas Segarra, Aprobación e

interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San

Juan, Pubs. JTS, 1987, Vol. 1, pág. 316.

16

CC-2015-0888

23

una causa de acción personal por represalias. Determinó que

no procedía un reclamo de represalias contra los señores

Rubert y Amaro y que, por esa razón, el foro primario actuó

correctamente al desestimar la acción de la señora Caballer

Rivera.

El foro recurrido llegó a esa conclusión tras considerar

varias leyes laborales que invocó la señora Caballer Rivera.

En cuanto a la Ley Núm. 115-1991, ese foro concluyó que no

contiene

disposición

alguna

que

imponga

responsabilidad

personal a los agentes de un patrono por actos de represalia.

Esa determinación se ajusta a la lógica de Santiago Nieves

v. Braulio Agosto Motors, supra.

Sin embargo, el foro recurrido descartó también que

otras leyes laborales -- como las Leyes Núm. 69-1985 y Núm.

17-1988 -- proveyeran una causa de acción personal por actos

de represalia. Al proceder así, el Tribunal de Apelaciones

interpretó de forma limitada lo que resolvió Rosario v. Dist.

Kikuet, Inc., supra, y reiteró que en ese caso este Tribunal

solo

concedió

que

el

autor

directo

de

los

actos

de

hostigamiento sexual pudiera responder personalmente bajo

esas leyes.

Según discutido, una lectura integral y consistente de

las Leyes Núm. 69-1983 y Núm. 17-1988, así como de nuestras

expresiones en Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., supra, y

Santiago Nieves v. Braulio Agosto Motors, supra, me lleva a

concluir que el foro apelativo intermedio erró. Así, colijo

CC-2015-0888

24

que las Leyes Núm. 69-1985 y Núm. 17-1988 permiten accionar

contra un agente del patrono en su carácter personal cuando

este incurre en actos de represalia y perpetúa los daños

infligidos a la víctima de hostigamiento sexual y discrimen

por razón de sexo. Consecuentemente, la señora Caballer

Rivera debe poder accionar contra los señores Rubert y Amaro

al amparo de esas leyes; y merece su día en corte para probar

sus alegaciones. En vista de que una Mayoría resuelve lo

contrario, disiento.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gretchen Caballer Rivera

Peticionaria

v.

CC-2015-0888

Nidea Corporation h/n/c

Adriel Toyota; y otros

Recurridos

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor Rivera

García

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2018.

I

Disiento del curso decisorio de la mayoría de los

miembros de este Tribunal, pues, como señalé en Santiago

Nieves v. Braulio Agosto Motors, 197 DPR 369 (2017), tras

analizar las disposiciones de la Ley Núm. 115-1991, los

objetivos de las leyes de esta naturaleza no permitían llegar

a este desenlace. Reiteradamente hemos reconocido que las

leyes laborales, como las que teníamos que interpretar en

esta ocasión, “son de carácter remedial y tienen un propósito

eminentemente

social

y

reparador”.

Santiago

Nieves

v.

Braulio Agosto Motors, supra, pág. 398 (Opinión disidente y

concurrente del Juez Asociado señor Rivera García), al hacer

referencia a Cordero Jiménez v. UPR, 188 DPR 129, 139 (2013),

y Acevedo v. PR Sun Oil Co., 145 DPR 752, 768 (1998). En ese

sentido, estamos obligados a realizar una interpretación

CC-2015-0888

2

liberal, en concordancia con los principios en que se erigen

los referidos estatutos.

Desde Rosario Toledo v. Dist. Kikuet, Inc., 151 DPR 634

(2000), ante la referencia a “patrono”, provista en varios

estatutos relacionados a leyes laborales, reconocimos que la

definición de “patrono” se extendía al patrono real como al

autor directo de la conducta imputada. Por ello, aun cuando

la ley se refería solamente a “patrono”, pautamos que los

supervisores,

los

oficiales,

los

administradores

y

los

agentes del patrono real también responderían. Es decir,

todos ellos se encontraban inmersos en el concepto “patrono”

para propósito de acciones como las del caso de autos. De

hecho,

entre

otras

disposiciones,

en

aquel

momento

analizamos la definición de “patrono” establecida en la Ley

Núm. 69 de 6 de julio de 1985, según enmendada, y la Ley

Núm. 17 de 22 de abril de 1988, según enmendada, para arribar

a tal conclusión.

II

En vista de lo anterior, no puedo estar de acuerdo con

la decisión que emite este Tribunal. Lo cierto es que resulta

en un contrasentido que la interpretación que desde sus

inicios realizó este Tribunal al término “patrono”, según

definido en la Ley Núm. 69, supra, y la Ley Núm. 17, supra,

aplicables en este caso

incluyera a la gama de sujetos

antes mencionados, pero que posteriormente se limite su

responsabilidad mediante una interpretación restrictiva que

resulta contraria a la intención legislativa establecida

CC-2015-0888

3

claramente en estos estatutos. Estoy convencido que las

leyes mencionadas establecen una causa de acción, no solo

contra el patrono real, sino contra los supervisores, los

oficiales, los administradores y los agentes del patrono

real en ocasiones en que, como se alega en el caso de autos,

incurren en actos de represalia cuando el empleado o la

empleada se queja por haber sido víctima de hostigamiento

sexual.

En

consecuencia,

disiento

y

hubiera

revocado

dictamen recurrido.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

el