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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Otero Vélez v. Schroder Muñoz

2018 TSPR 56

Poder Judicial de Puerto Rico

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Otero Vélez v. Schroder Muñoz

CC-2017-156

Derecho procesal civil: Una resolución enmendada, emitida en un caso de alimentos, en que se modifica la cuantía sobre unos créditos concedidos a una de las partes por gastos incurridos en servicios brindados a menores no es un error subsanable mediante enmienda nunc pro tunc.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Shelley Ann Otero Vélez

Certiorari

Peticionaria

v.

Víctor L. Schroder Muñoz

2018 TSPR 56

200 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: CC-2017-156

Fecha: 10 de abril de 2018

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón

Abogados de la parte peticionaria:

Por derecho propio

Abogados de la parte recurrida

Lcda. María M. Serrano Freiría

Materia: Derecho procesal civil - Una resolución enmendada,

emitida en un caso de alimentos, en que se modifica la cuantía

sobre unos créditos concedidos a una de las partes por gastos

incurridos en servicios brindados a menores no es un error

subsanable mediante enmienda nunc pro tunc.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Shelley Ann Otero Vélez

Peticionaria

v.

CC-2017-0156

Certiorari

Víctor L. Schroder Muñoz

Recurrido

EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIVERA GARCÍA emitió la opinión del Tribunal.

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2018.

En

esta

ocasión

tenemos

la

oportunidad

de

resolver si una determinación en un caso de alimentos

emitida mediante Resolución Enmendada, en la que se

modificó la cuantía sobre unos créditos concedidos a

una de las partes por gastos incurridos en servicios

brindados

a

unos

menores,

constituye

revisable

o

si

por

contrario

el

un

es

dictamen

un

error

subsanable mediante enmienda nunc pro tunc.

I

El 13 de octubre de 2012, luego de que advino final y

firme la sentencia de divorcio, quedó disuelto el

vínculo matrimonial entre el Sr. Víctor L. Schroder

Muñoz

(señor

Schroder

Muñoz

o

recurrido)

y

la

2

Sra.

Shelley

Ann

Otero

Vélez

(señora

Otero

Vélez

o

peticionaria). En la sentencia correspondiente se fijó una

pensión alimentaria provisional a favor de los dos hijos

menores

de

edad

y

se

establecieron

las

relaciones

paternofiliales. El Tribunal de Primera Instancia resolvió

que la custodia de los menores la retendría la madre hasta

que la Unidad Social atendiera una solicitud de custodia

compartida que presentó el señor Schroder Muñoz, padre de

éstos.1

El

20

de

agosto

de

2014

ese

foro

que

la

Resolución

en

la

que

determinó

compartida

entre

ambos

padres

con

un

notificó

custodia

plan

de

una

sería

semanas

alternas. 2 Posteriormente, fijó una pensión alimentaria de

$ 3,207 y ordenó que el pago por mensualidades de colegio lo

realizara el padre directamente a la institución escolar.3

Así

las

cosas,

el

15

de

octubre

de

2014

el

señor

Schroder Muñoz presentó una Solicitud de ajuste de pensión

alimentaria

ante

[el]

cambio

de

custodia

a

custodia

compartida. A tales efectos, el foro de primera instancia

ordenó a la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA) a

1 Demanda, Apéndice “C” de la petición de certiorari, Anejo IX,

págs. 33-38. Luego de varias vistas sobre pensión alimentaria, el 4 de

junio de 2014, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución,

notificada el 13 de junio de 2014, en la que ordenó al señor Schroder

Muñoz a pagar una pensión alimentaria de $ 5,096 mensuales. También le

reconoció una reserva de ingresos de $ 515. Véase Apéndice “C” de la

petición de certiorari, Anejo XIV, pág. 66.

Este hecho surge del Informe de la Examinadora de Pensiones

Alimenticias del 7 de julio de 2016, Apéndice “C” de la petición de

certiorari, Anejo XXIV, págs. 159-171.

2

Es importante destacar que el tribunal, al fijar la pensión

alimentaria, no adjudicó el crédito correspondiente por el cambio de

custodia monoparental a custodia compartida.

3

3

señalar una vista de modificación de pensión y a examinar si

procedía

un

ajuste

sobre

peticionaria como el

varios

créditos

señor Schroder Muñoz

que

tanto

la

reclamaron

por

pagos hechos directamente a varios proveedores de servicio

que utilizan para sus hijos.

Luego

de

varios

trámites

procesales,

el

tribunal

determinó, mediante Resolución notificada el 21 de enero de

2016, que procedía un crédito a favor de la peticionaria por

$

45,475.56. 4

No

obstante,

el

1

de

febrero

de

2016

el

recurrido solicitó la reconsideración del dictamen. Alegó

que el Informe de la EPA no atendió el ajuste en el cálculo

de

la

pensión

correctamente

el

por

custodia

cálculo

para

el

compartida

ni

realizó

ajuste

el

crédito

en

correspondiente por los pagos que realizó al colegio de los

menores.5

El 7 de marzo de 2016 el Tribunal de Primera Instancia

declaró

ha

lugar

a

la

solicitud

de

reconsideración

que

presentó el señor Schroder Muñoz y refirió nuevamente el

asunto a la EPA. El 8 de julio de 2016 el foro de primera

instancia emitió una Resolución, notificada el 12 de julio

de

2016,

en

consecuencia,

la

que

redujo

adoptó

la

el

pensión

Informe

de

la

EPA.

alimentaria

a

$

En

789.10

mensuales y aumentó la reserva de ingresos a $ 615, conforme

a

las

4

Guías

mandatorias

para

computar

las

pensiones

Apéndice “C” de la petición de certiorari, Anejo XIV, pág. 63.

Ello, según lo dispuso el tribunal en la Resolución de 20 de

agosto de 2014.

5

4

alimentarias en Puerto Rico. 6 En cuanto al reclamo sobre el

cálculo del crédito reconoció que procedía un ajuste a favor

del recurrido por $ 31,862.29.7

Inconforme con tal determinación, el 27 de julio de

2016,

la

peticionaria

presentó

una

Moción

de

reconsideración. En primer lugar, solicitó que se aclarara

que

la

nueva

resolución

lo

que

hizo

fue

“modificar”

la

pensión anterior y no “fijar” una nueva pensión. Arguyó que

esta

aclaración

era

necesaria

por

si

en

la

eventualidad

solicitaba una revisión de pensión alimentaria, no comenzara

a transcurrir

años.

nuevamente el término

Además,

alegó

que

tanto

prescriptivo

el

crédito

de tres

por

pagos

realizados, así como la reserva de ingresos reconocida al

padre de los menores en la resolución eran demasiado altos.

Específicamente,

señaló

que

el

inciso

16

de

las

determinaciones de hecho que realizó la EPA en su Informe

concluyó erróneamente

que procedía

la adjudicación

de un

crédito hasta el mes de mayo a razón de $ 2,207 mensuales.

Puntualizó -y sustentó con prueba documental- que eso no era

correcto

ya

que

desde

ese

mes

depositar

$

800

por

pensión

el

recurrido

alimentaria

a

comenzó

su

a

cuenta

Reglamento Núm. 8529, Administración para el Sustento de Menores,

Departamento de la Familia, 30 de octubre de 2014.

6

7 Esta reducción se debió al cambio en la custodia de los menores a

una custodia compartida y el reembolso por los pagos que realizó al

colegio de los menores. Véase Solicitud de ajuste de pensión alimentaria

ante cambio de custodia a custodia compartida, Apéndice “C” de la

petición de certiorari, Anejo XII, págs. 50-51.

5

bancaria. 8

Finalmente,

sostuvo

que

la

EPA

no

tomó

en

consideración el cambio sustancial en el ingreso del señor

Schroder Muñoz. Este último se opuso a los planteamientos

hechos por la peticionaria. No obstante, aceptó que procedía

el ajuste en el crédito adjudicado.9

El

23

de

agosto

de

2016,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia notificó una Resolución y Orden en la que atendió

la moción de reconsideración. En cuanto a la solicitud para

que se corrigiera el lenguaje utilizado, ordenó a la EPA que

sometiera

un

proyecto

pensión

fue

procedía

reducir

de

“modificada”

el

resolución

y

no

crédito

que

aclarara

“fijada”. 10

que

que

Respecto

reconoció

al

a

la

si

recurrido,

ordenó a la EPA a considerar ese asunto. En cuanto a los

demás planteamientos, los declaró no ha lugar.11

El 28 de octubre de 2016, el foro primario notificó una

Resolución

Enmendada

“modifica[ba]

la

en

pensión

la

cual

alimentaria

hizo

contar

que

a

cantidad

de

la

$789.10 mensuales”.12 En esa resolución entendió que procedía

Moción de reconsideración, Apéndice “C” de la petición de

certiorari, Anejo XXV, págs. 172-193. En cuanto a la reserva de ingresos

la peticionaria entendió que no procedía el aumento de ésta ya que la

pensión se estableció conforme a las Guías para determinar y modificar

las pensiones alimentarias en Puerto Rico al amparo del reglamento

anterior, a saber el Reglamento 7135 del 24 de abril de 2006.

8

9

El recurrido reconoció que la Examinadora de Pensiones

Alimentarias erróneamente tomó como punto de partida que este realizó

pagos hasta junio de 2016 por $ 2,207. Señaló que para cada uno de los

meses de mayo y junio depositó $ 800 por lo que en efecto procedía el

ajuste. Véase Oposición a reconsideración, Apéndice “C” de la petición

de certiorari, Anejo XXVI, págs. 194-196.

10 Resolución y Orden, Apéndice “C” de la petición de certiorari,

Anejo XXVII, pág. 198.

11

Íd.

12

En esta versión, el tribunal añadió que “la suma contempla

alimentaria

básica

y

gastos

suplementarios

de

libros,

pensión

6

un ajuste en el crédito reconocido al señor Schroder Muñoz

por

los

pagos

realizados.

En

consecuencia,

redujo

la

cantidad del crédito que adjudicó en la resolución original

a $ 29,880.20, pero mantuvo intacta la reserva de ingresos

del recurrido.

El

7

de

noviembre

de

2016,

la

señora

Otero

Vélez

compareció por derecho propio y solicitó la reconsideración

de

ese

dictamen. 13

Instancia

la

Resolución

denegó

es

a

Sin

embargo,

y

concluyó

los

únicos

el

que

Tribunal

“[l]a

fines

de

Primera

enmienda

a

recoger

unas

de

la

determinaciones hechas por la Examinadora de Pensiones luego

de celebrada la vista correspondiente”.14

El 28 de noviembre de 2016 la peticionaria acudió por

derecho propio al Tribunal de Apelaciones mediante recurso

de certiorari.15 Alegó que el foro primario erró al modificar

la pensión antes de haber transcurrido el periodo de tres

años

desde

que

se

fijó

originalmente

y

al

no

tomar

en

materiales, uniformes, cafetería y deportes. Los pagos de matrícula y

mensualidades de los colegios de los menores, se continua pagando

conforme a la orden del tribunal del 18 de julio de 2014 notificada al

(sic.) 20 de agosto de 2014”.

La peticionaria también solicitó la paralización de los

procedimientos hasta conseguir representación legal. Entre otras cosas,

señaló que le ha resultado muy oneroso conseguir quien la represente por

los altos costos y gastos que requiere la educación universitaria de su

hijo menor quien se encuentra residiendo en Estados Unidos. No obstante,

el Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud. Véanse Moción

solicitando prórroga en notificación de nueva representación legal y

reconsideración de sentencia enmendada, y Resolución y Orden del 9 de

noviembre de 2016, Apéndice “C” de la petición de certiorari, Anejo VI,

pág. 24 y Anejo VIII, pág. 32, respectivamente.

13

14 Resolución y Orden de 9 de noviembre de 2016, Apéndice “C” de la

petición de certiorari, Anejo VIII, pág. 32.

El término vencía el 27 de noviembre de 2016 pero al ser domingo

la fecha de vencimiento se extendió al próximo día laborable, conforme a

la Regla 68.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009.

15

7

consideración el aumento en los ingresos del recurrido y la

reducción en sus ingresos.

Por

su

parte,

el

señor

Schroder

Muñoz

presentó

una

moción de desestimación. Arguyó que el recurso se presentó

de forma tardía, ya que el término para recurrir al foro

apelativo comenzó a transcurrir desde la notificación de la

Resolución y Orden de 23 de agosto de 2016 que atendió la

moción de reconsideración y no desde la notificación de la

Resolución Enmendada emitida el 28 de octubre de 2016. En la

alternativa, adujo que la presentación del recurso no se

notificó oportunamente.

El 30 de enero de 2017, 16 el foro apelativo intermedio

desestimó el recurso de la peticionaria. Entendió que la

Resolución enmendada constituyó una enmienda nunc pro tunc

para corregir un defecto de forma. Concluyó que mediante

ésta no comenzó a transcurrir un nuevo término para recurrir

al

Tribunal

de

Apelaciones,

ya

que

recogía

lo

resuelto

mediante la Resolución del 23 de agosto de 2016.17 Razonó que

la señora Otero Vélez tenía hasta el 26 de septiembre de

2016

para

presentar

su

reclamo

y

no

lo

hizo.

En

consecuencia, resolvió que se presentó de forma tardía y sin

justa causa para ello.

La peticionaria no incluyó copia del volante de notificación en

el apéndice de su recurso. Sin embargo, alegó que la resolución se

notificó electrónicamente el mismo día que se emitió.

16

La Jueza Domínguez Irizarry emitió un voto concurrente en el que

hizo constar que procedía desestimar el recurso por el incumplimiento

con el requisito de notificación a la parte recurrida sin mediar justa

causa.

17

8

En

desacuerdo

aún,

peticionaria

acudió

certiorari.

En

el

ante

síntesis,

28

de

febrero

nos

mediante

alegó

que

de

un

el

2017,

la

recurso

de

foro

apelativo

intermedio erró al determinar que no tiene jurisdicción para

atender la apelación de la Resolución Enmendada. Adujo que

ese foro resolvió incorrectamente que el término para apelar

una

resolución

puede

aplicar

a

algunos

aspectos

de

la

resolución dejando otros sin determinar, a pesar de que las

determinaciones están relacionadas entre sí.

Por su parte, el recurrido presentó Oposición a alegato

de

la

parte

peticionaria.

En

esencia,

esbozó

los

mismos

argumentos que había planteado previamente. 18 Añadió, que la

peticionaria

no

apeló

las

determinaciones

que

fueron

denegadas en la Resolución y Orden -que atendió la moción de

reconsideración- en el término que tenía para ello. Además,

sostuvo

que

las

enmiendas

fueron

de

naturaleza

nunc

pro

tunc, que no van a la sustancia de la resolución, por lo que

estas se retrotraen a la fecha de la resolución original.

Contando

con

el

beneficio

de

las

comparecencias

de

ambas partes procedemos a resolver.

II

La controversia ante nuestra consideración requiere que

repasemos

algunas

disposiciones

de

nuestro

ordenamiento

procesal relativas a las determinaciones de alimentos, la

moción de reconsideración, la solicitud de enmiendas a las

18

Íd., pág. 8.

9

determinaciones

de

hecho

y

la

corrección

de

defectos

de

forma mediante enmienda nunc pro tunc. Veamos.

A. Determinaciones de alimentos o custodia

Los

casos

de

familia

están

permeados

del

más

alto

interés público y tienen, además, un carácter sui géneris. 19

En

virtud

de

lo

anterior,

hemos

expresado

que

las

determinaciones de alimentos y de custodia de menores no

constituyen propiamente cosa juzgada, ya que están sujetas a

revisión judicial en el tribunal de instancia si ocurre un

cambio en las circunstancias que así lo justifique, siempre,

claro está, tomando en consideración los mejores intereses y

el bienestar de los menores.20 Por lo tanto, estos dictámenes

nunca son estrictamente finales ni definitivos. 21 Siempre

están sujetos a cambio, según varíen las circunstancias del

alimentista o del alimentante. 22 A tales efectos, como tales

dictámenes adjudican una reclamación entre las partes, en

Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121 (1998), este Tribunal

resolvió que constituyen sentencias apelables.

B. Moción de reconsideración

Las

Reglas

de

Procedimiento

Civil

de

2009,

32

LPRA

Ap. V., establecen varios procedimientos posteriores a la

sentencia que tienen el propósito de corregir o modificar

Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121 (1998), citando a Santana

Medrano v. Acevedo Osorio, 116 DPR 298 (1985); Centeno Alicea v. Ortiz,

105 DPR 523 (1977).

19

20

Íd.

21

Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 128-129 esc. 7-8 (1998).

22

Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 DPR 61, 73 (1987).

10

los

errores

que

se

moción

de

nuestro

ordenamiento

hubieren

reconsideración

adversamente

es

jurídico

afectada

por

cometido.

uno

Precisamente,

de

los

mecanismos

provee

para

que

una

determinación

una

la

que

parte

judicial

solicite al tribunal que considere nuevamente su decisión. 23

Esta persigue conceder al tribunal que dictó la sentencia o

resolución la oportunidad de rectificar cualquier error que

hubiese cometido.24

En lo pertinente, la Regla 47 de Procedimiento Civil,

supra, dispone lo siguiente:

La parte adversamente afectada por una orden o

resolución del Tribunal de Primera Instancia

podrá, dentro del término de cumplimiento estricto

de quince (15) días desde la fecha de la

notificación de la orden o resolución, presentar

una moción de reconsideración de la orden o

resolución.

La parte adversamente afectada por una sentencia

del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro

del término jurisdiccional de quince (15) días

desde el archivo en autos de la copia de la

notificación de la sentencia, presentar una moción

de reconsideración de la sentencia.

(. . . . . . . .)

Una vez presentada la moción de reconsideración

quedarán interrumpidos los términos para recurrir

en alzada para todas las partes. Estos términos

comenzaran a correr nuevamente desde la fecha en

que se archiva en autos copia de la notificación

de

la

resolución

resolviendo

la

moción

de

reconsideración.

23

Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439, 448

(2016), Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., 183 DPR 1, 24 (2011).

Véase, además, J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil (L.

Abraham y P. Abraham, eds.), 2da ed., Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1366.

Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, supra, pág. 448; Mun.

Rincón v. Velázquez Muñiz, 192 DPR 989, 996 (2015); J. Echevarría

Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ra ed. rev., 2012, pág.

271.

24

11

La moción de reconsideración se notificará a las

demás partes en el pleito dentro de los quince

(15) días establecidos por esta regla para

presentarla ante el tribunal de manera simultánea.

El término para notificar será de cumplimiento

estricto.

Los términos para recurrir en alzada se interrumpen una

vez se presenta la moción. Hemos expresado que cuando se

trata de una moción de reconsideración el término de treinta

días para presentar la petición de revisión de una sentencia

comienza a transcurrir desde la fecha en que se archiva en

autos

la

copia

de

la

notificación

de

la

resolución

del

Tribunal de Primera Instancia que resuelve definitivamente

la moción de reconsideración. 25 En cuanto al requisito de

notificación

de

Marcuccio

al.

et

la

moción

v.

Suiza

de

reconsideración,

Dairy,

196

DPR

en

Rivera

157

(2016),

resolvimos que está supeditado a la determinación que haga

el tribunal sobre si hubo justa causa por la demora.

Cónsono

con

lo

antes

expuesto,

Procedimiento

Civil,

supra,

dispone

presentar

recurso

un

de

la

que

certiorari

Regla

52.2

de

el

término

para

para

revisar

las

resoluciones u órdenes del Tribunal de Primera Instancia es

de cumplimiento estricto y comenzará a transcurrir treinta

días

desde

el

archivo

en

autos

de

la

copia

de

la

notificación de la resolución u orden recurrida. En el caso

de la apelación, la Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil, al

25

De León Velázquez

(1978). (Énfasis nuestro).

v.

Frito

Lay’s,

Inc.,

107

DPR

46,

49-50

12

igual que la Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, establecen un término jurisdiccional de treinta

días contados desde el archivo en autos de copia de la

notificación

de

la

sentencia

dictada

para

presentar

un

recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones.

C. Solicitud de enmiendas o determinaciones iniciales o

adicionales a las determinaciones de hechos

Las

Reglas

de

Procedimiento

parte,

Civil

de

2009

mediante

la

solicitud

disponen

para

que

una

enmiendas

a

las

determinaciones

de

hecho

también

o

a

de

las

determinaciones de hecho adicionales, solicite al tribunal

que determine hechos específicos y consigne conclusiones de

derecho. Ello, cuando considere que la sentencia no contiene

los asuntos que, a juicio del promovente, fueron probados y

las

cuestiones

determinaciones

sustanciales

de

hecho

a

las

relacionadas

pertinentes

a

las

o

conclusiones

de

las

determinaciones

derecho.26

En

cuanto

enmiendas

a

formuladas por el foro judicial o aquellas determinaciones

de hechos adicionales rige la Regla 43.

Esta dispone lo

siguiente:

No será necesario solicitar que se consignen

determinaciones de hechos a los efectos de una

apelación, pero a moción de parte, presentada a

más tardar quince (15) días después de haberse

archivado en autos copia de la notificación de la

sentencia,

el

tribunal

podrá

hacer

las

determinaciones

de

hechos

y

conclusiones

de

derecho iniciales correspondientes, si es que

Andino v. Topeka, Inc., 142 DPR 933, 938-939 (1977); Véase,

además, Echevarría Vargas, op. cit., pág. 272.

26

13

éstas no se hubiesen hecho por ser innecesarias,

de acuerdo con la Regla 42.2 de este apéndice, o

podrá enmendar o hacer determinaciones adicionales

y podrá enmendar la sentencia en conformidad. Si

una parte interesa presentar una moción de

enmiendas

o

determinaciones

iniciales

o

adicionales, reconsideración o de nuevo juicio,

éstas deberán presentarse en un solo escrito y el

tribunal resolverá de igual manera. En todo caso,

la suficiencia de la prueba para sostener las

determinaciones podrá ser suscitada posteriormente

aunque la parte que formule la cuestión no las

haya objetado en el tribunal inferior, o no haya

presentado una moción para enmendarlas, o no haya

solicitado sentencia.

La moción de enmiendas o determinaciones iniciales

o adicionales se notificará a las demás partes en

el

pleito

dentro

de

los

quince

(15)

días

establecidos por esta regla para presentarla ante

el tribunal. El término para notificar será de

cumplimiento estricto. (Énfasis nuestro)

En

sentencia

este

sentido,

puede

una

solicitar

parte

insatisfecha

determinaciones

con

adicionales

una

o

enmiendas a las determinaciones de hecho por el tribunal en

un solo escrito y en el término de quince días a partir del

archivo

en

autos

de

copia

de

la

notificación

de

la

sentencia.27

En lo pertinente, la regla también dispone que cuando

una parte presenta una solicitud de enmiendas y una moción

de reconsideración en un mismo escrito, el tribunal deberá

resolver todas las cuestiones presentadas y emitir una sola

resolución de modo que empiece a transcurrir un único nuevo

27 La disposición a la que hacemos referencia se incluyó luego que

en el 2009 se enmendaron las Reglas de Procedimiento Civil y se

uniformaron los términos para presentar una moción de reconsideración y

una solicitud de determinaciones de hechos adicionales. Véase Echevarría

Vargas, op. cit., págs. 273-274.

14

término. 28 Cabe destacar que la presentación de esta moción

interrumpe el término jurisdiccional de treinta días para

recurrir en alzada.

A

tales

enmiende

sus

efectos

cuando

se

solicita

al

tribunal

que

determinaciones

de

hecho,

el

término

para

recurrir al foro apelativo intermedio comienza a transcurrir

desde

la

notificación

de

la

resolución

que

resuelve

la

moción o la sentencia enmendada. Específicamente la Regla

43.2 establece lo siguiente:

La moción de enmiendas o determinaciones

adicionales

deberá

exponer

con

suficiente

particularidad y especificidad los hechos que la

parte

promovente

estime

probados,

y

debe

fundamentarse

en

cuestiones

sustanciales

relacionadas

con

determinaciones

de

hechos

pertinentes o conclusiones de derecho materiales.

Presentada una moción por cualquier parte en

el pleito para que el tribunal enmiende sus

determinaciones o haga determinaciones iniciales o

adicionales, quedará interrumpido el término para

apelar, para todas las partes. Este término

comenzará a transcurrir nuevamente tan pronto se

notifique

y

archive

en

autos

copia

de

la

resolución declarando con lugar, o denegando la

solicitud o dictando sentencia enmendada, según

sea el caso. Si la fecha del archivo en autos de

copia de la notificación de la resolución o

sentencia enmendada es distinta a la del depósito

en el correo de dicha notificación, el término se

calculará a partir de la fecha del depósito en el

correo. (Énfasis nuestro).

Cabe destacar que esta regla se enmendó en el 2009 para

incluir lo subrayado al texto de la regla, según lo sugirió

el Comité Asesor. 29 Así, cuando la parte que solicita las

28 Véase Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de

la Conferencia Judicial y Notarial, Diciembre de 2007, pág. 524.

29

Íd., págs. 525-526.

15

determinaciones adicionales, las enmiendas a éstas o, cuando

cumple con los requisitos exigidos por la referida regla y

su jurisprudencia interpretativa, los términos para ir en

apelación

archivo

comienzan

en autos

a

decursar

de la

nuevamente

a

partir

copia de la notificación

del

de las

determinaciones y conclusiones solicitadas.30

Finalmente, es pertinente puntualizar que en áreas de

interés

público,

judicial

de

los

pasar

tribunales

juicio

sobre

tienen

la

la

obligación

naturaleza

de

las

circunstancias y evaluar el remedio a conceder o lo que

proceda en derecho independientemente de la forma en que se

solicite. 31 Por lo tanto, una solicitud de enmienda a las

determinaciones de hechos presentada en un escrito titulado

“Moción

de

reconsideración”

debe

considerarse

como

tal

independientemente de cómo se nombre el recurso.

D. Las enmiendas nunc pro tunc

La Regla 49.1 de Procedimiento Civil dispone que los

errores de forma en las sentencias, órdenes u otras partes

del

expediente

y

los

que

aparezcan

en

éstas

por

inadvertencia u omisión, podrán corregirse por el tribunal

mediante una enmienda nunc pro tunc en cualquier tiempo, a

su propia iniciativa, o a moción de cualquier parte, previa

notificación, si ésta se ordena.32 Este Tribunal ha reiterado

30

Cuevas Segarra, op. cit., págs. 1264-1265.

31 Véanse Magriz v. Empresas Nativas, 143 DPR 63, 73 (1997); Negrón

Rivera y Bonilla, Ex parte, supra, págs. 72-73; Granados v. Rodríguez

Estrada, 124 DPR 1, 46 (1989).

32 32 LPRA Ap. V.; Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, 101 DPR

191, 202 (1973).

16

que las enmiendas encaminadas a corregir este tipo de error

son de naturaleza nunc pro tunc, es decir, que se retrotraen

a la fecha de la sentencia o resolución original. 33 Éstas

siempre

deberán

estar

sostenidas

por

el

expediente

del

tribunal y no podrán menoscabar los derechos ya adquiridos

por

cada

término

litigante

dispuesto

cuando

para

ha

transcurrido

en

exceso

el

o

revisión.

Es

apelar

solicitar

decir, no procede una enmienda nunc pro tunc para corregir

errores de derecho, por afectar derechos sustantivos de las

partes.

enmendada

El

criterio

no

rector

conlleve

la

es

que

la

alteración

cuestión

a

de

derecho

un

ser

sustantivo, sino la corrección de una mera inadvertencia.34

III

El asunto ante nuestra consideración se circunscribe a

determinar si el dictamen que emitió el Tribunal de Primera

Instancia mediante Resolución enmendada notificada el 28 de

octubre de 2016 -sobre el ajuste y la disminución en el

crédito concedido al recurrido- constituyó una enmienda de

33 Vélez v. A.A.A., 164 DPR 772, 791 (2005); S.L.G. Coriano-Correa

v. K-mart Corp., 154 DPR 523, 530 (2001); Security Ins. Co. v. Tribunal

Superior, supra, pág. 202. Véase, además, R. Hernández Colón, Práctica

Jurídica de Puerto Rico Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Lexis

Nexis de Puerto Rico, 2017, págs. 464-465; Cuevas Segarra, op. cit.,

pág. 781.

Entre los errores de forma más comunes se encuentran los errores

clericales u oficinescos, los errores mecanográficos, los errores en

nombres de personas, lugares, fechas, números o cifras. Véanse Vélez v.

A.A.A., supra, pág. 792; S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart Corp., supra,

pág. 530; Hernández Colón, op. cit., pág. 465.

34

En S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart Corp., supra, ejemplificamos

algunos de los errores de forma que pueden enmendarse bajo la Regla

49.1. Entre ellos están los siguientes: añadir una condena entregar

frutos luego que se ha reconocido el derecho de propiedad de una parte;

dar descripción completa en la sentencia de una propiedad en disputa;

conceder costas en la sentencia luego que éstas han sido reconocidas en

la Opinión.

17

forma nunc pro tunc de la Resolución y Orden notificada el

23 de agosto de 2016. De tal conclusión corresponde resolver

si

el

atender

Tribunal

los

de

Apelaciones

errores

señalados

tenía

por

jurisdicción

la

peticionaria

para

en

el

recurso de certiorari. Veamos.

El foro de primera instancia fijó mediante Resolución

de 8 de julio de 2016, notificada el 12 de julio de 2016, la

pensión

alimentaria

satisfacer

para

sus

que

el

señor

dos

hijos

Schroder

menores

de

Muñoz

edad.

debía

También

reconoció a éste un crédito por $ 31,862.29 y una reserva de

ingresos

de

$

615.

El

27

de julio

de

2016

–dentro

del

término prescriptivo de quince días- la señora Otero Vélez

presentó

una

moción

titulada

Moción

de

reconsideración.

Solicitó al Tribunal de Primera Instancia que enmendara la

referida resolución y aclarara el lenguaje que utilizó para

que

no

pensión

se

afectara

su

derecho

alimentaria

en

el

a

término

solicitar

revisión

que

para

tenía

de

ello.

Además, requirió que se corrigiera el cálculo de la cuantía

correspondiente al crédito que se le reconoció al recurrido

y solicitó que reconsiderara la cuantía sobre la reserva de

ingresos que se le adjudicó.35

Así las cosas, el 23 de agosto de 2016, el tribunal

sentenciador

notificó

una

Resolución

y

Orden

en

la

que

35 Aunque la parte peticionaria denominó el recurso como moción de

reconsideración, este contenía una solicitud de enmiendas a las

determinaciones de hecho. En concordancia con lo que hemos expresado en

múltiples ocasiones el nombre no hace la cosa. Véase Batista, Nobbe v.

Jta. Directores, 185 DPR 206 (2012); Borschow Hosp. v. Jta. de

Planificación, 177 DPR 545 (2009).

18

atendió parcialmente

la moción de reconsideración.

En la

correspondiente resolución dispuso que la EPA debía someter

un proyecto de resolución que aclarara que la pensión fue

“modificada”

considerar

reconoció

y

si

al

no

“fijada”.

procedía

recurrido

Por

reducir

por

otro

el

pagos

lado,

le

ordenó

crédito

que

se

le

realizados,

por

lo

que

quedó pendiente este asunto. En cuanto a los otros aspectos

de la solicitud de revisión, los

declaró “no ha lugar”. El

28 de octubre de 2016, mediante Resolución Enmendada el foro

primario notificó a las partes que, en efecto, procedía un

ajuste

en

el

crédito

impugnado

por

la

peticionaria.

En

consecuencia, modificó la cuantía y disminuyó el crédito a

$ 29,880.29.

Nótese que aquí no se trata de un mero error oficinesco

o una inadvertencia en el dictamen en cuanto al ajuste que

correspondía adjudicar. Contrario a lo que sostiene el foro

apelativo

recoger

intermedio,

unas

la

enmienda

determinaciones

tampoco

se

limitó

por

EPA.

En

hechas

la

a

este

caso, el foro de primera instancia ordenó a esta última que

considerara el planteamiento de la peticionaria, examinara

nuevamente la prueba y determinara si ésta tenía derecho a

pagar

una

cantidad

menor

a

la

que

se

adjudicó

en

la

resolución original. Por lo tanto, es mediante la resolución

enmendada

que

la

parte

peticionaria

quedó

debidamente

informada sobre lo resuelto en el único asunto que quedó

pendiente. En ese sentido, fue mediante esa resolución que

19

el

tribunal

comunicó

a

las

partes

su

determinación

al

respecto.

En casos como el que nos ocupa, el Tribunal de Primera

Instancia tiene el deber de resolver todas las cuestiones

presentadas y emitir una sola resolución para que empiece a

transcurrir un único término. Así lo exige el debido proceso

de ley en su vertiente procesal y, de ese modo, lo hemos

sostenido.

Es

a

resultado

de

través

la

de

la

notificación

adjudicación

reconsideración y de

de

adecuada

-del

moción

de

una

una solicitud de determinaciones de

hechos iniciales o adicionales- que la parte afectada puede

enterarse

de

la

decisión

final

que

se

ha

tomado

en

su

contra.36

Luego

de

un

análisis

sosegado

del

expediente,

entendemos que el foro de primera instancia, al atender el

asunto

ante

su

consideración,

no

actuó

conforme

lo

que

establecen las disposiciones procesales que rigen nuestro

ordenamiento. Por lo tanto, resolvemos que el término para

recurrir al Tribunal de Apelaciones comenzó a transcurrir

desde que se notificó la Resolución enmendada, el 28 de

octubre

de

2016,

reconsideración

en

que

a

su

su

vez

totalidad.

resolvió

Un

la

balance

moción

de

racional,

justiciero y jurídico nos lleva a concluir de esta manera.

Conforme

a

intermedio

lo

anterior,

tiene

colegimos

jurisdicción

que

el

para

foro

apelativo

atender

los

Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 196 DPR 245, 255 (2016);

Dávila Pollock v. RF Mortgage, 182 DPR 86 (2011).

36

20

planteamientos que la peticionaria esbozó en la petición de

certiorari.

IV

Por

los

fundamentos

antes

expuestos

se

revoca

la

determinación del Tribunal de Apelaciones. En consecuencia,

se devuelve el caso al foro apelativo para que éste evalúe

si la peticionaria notificó a tiempo la presentación del

recurso a la parte recurrida y, en su caso, continúe con los

procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Se dicta sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Shirley Ann Otero Vélez

Peticionaria

v.

Víctor L. Schroder Muñoz

CC-2017-0156

Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de

2018.

Por los fundamentos antes expuestos se revoca

la determinación del Tribunal de Apelaciones. En

consecuencia, se devuelve el caso al foro

apelativo para que éste evalúe si la peticionaria

notificó a tiempo la presentación del recurso a

la parte recurrida y, en su caso, continúe con

los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Lo

pronunció

y

manda

el

Tribunal

y

certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La

Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre

sin opinión escrita y la Jueza Asociada señora

Pabón Charneco no intervino.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo