Tribunal Supremo de Puerto Rico
Otero Vélez v. Schroder Muñoz
2018 TSPR 56
Poder Judicial de Puerto Rico
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Otero Vélez v. Schroder Muñoz
CC-2017-156
Derecho procesal civil: Una resolución enmendada, emitida en un caso de alimentos, en que se modifica la cuantía sobre unos créditos concedidos a una de las partes por gastos incurridos en servicios brindados a menores no es un error subsanable mediante enmienda nunc pro tunc.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Shelley Ann Otero Vélez
Certiorari
Peticionaria
v.
Víctor L. Schroder Muñoz
2018 TSPR 56
200 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2017-156
Fecha: 10 de abril de 2018
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón
Abogados de la parte peticionaria:
Por derecho propio
Abogados de la parte recurrida
Lcda. María M. Serrano Freiría
Materia: Derecho procesal civil - Una resolución enmendada,
emitida en un caso de alimentos, en que se modifica la cuantía
sobre unos créditos concedidos a una de las partes por gastos
incurridos en servicios brindados a menores no es un error
subsanable mediante enmienda nunc pro tunc.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Shelley Ann Otero Vélez
Peticionaria
v.
CC-2017-0156
Certiorari
Víctor L. Schroder Muñoz
Recurrido
EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIVERA GARCÍA emitió la opinión del Tribunal.
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2018.
En
esta
ocasión
tenemos
la
oportunidad
de
resolver si una determinación en un caso de alimentos
emitida mediante Resolución Enmendada, en la que se
modificó la cuantía sobre unos créditos concedidos a
una de las partes por gastos incurridos en servicios
brindados
a
unos
menores,
constituye
revisable
o
si
por
contrario
el
un
es
dictamen
un
error
subsanable mediante enmienda nunc pro tunc.
I
El 13 de octubre de 2012, luego de que advino final y
firme la sentencia de divorcio, quedó disuelto el
vínculo matrimonial entre el Sr. Víctor L. Schroder
Muñoz
(señor
Schroder
Muñoz
o
recurrido)
y
la
2
Sra.
Shelley
Ann
Otero
Vélez
(señora
Otero
Vélez
o
peticionaria). En la sentencia correspondiente se fijó una
pensión alimentaria provisional a favor de los dos hijos
menores
de
edad
y
se
establecieron
las
relaciones
paternofiliales. El Tribunal de Primera Instancia resolvió
que la custodia de los menores la retendría la madre hasta
que la Unidad Social atendiera una solicitud de custodia
compartida que presentó el señor Schroder Muñoz, padre de
éstos.1
El
20
de
agosto
de
2014
ese
foro
que
la
Resolución
en
la
que
determinó
compartida
entre
ambos
padres
con
un
notificó
custodia
plan
de
una
sería
semanas
alternas. 2 Posteriormente, fijó una pensión alimentaria de
$ 3,207 y ordenó que el pago por mensualidades de colegio lo
realizara el padre directamente a la institución escolar.3
Así
las
cosas,
el
15
de
octubre
de
2014
el
señor
Schroder Muñoz presentó una Solicitud de ajuste de pensión
alimentaria
ante
[el]
cambio
de
custodia
a
custodia
compartida. A tales efectos, el foro de primera instancia
ordenó a la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA) a
1 Demanda, Apéndice “C” de la petición de certiorari, Anejo IX,
págs. 33-38. Luego de varias vistas sobre pensión alimentaria, el 4 de
junio de 2014, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución,
notificada el 13 de junio de 2014, en la que ordenó al señor Schroder
Muñoz a pagar una pensión alimentaria de $ 5,096 mensuales. También le
reconoció una reserva de ingresos de $ 515. Véase Apéndice “C” de la
petición de certiorari, Anejo XIV, pág. 66.
Este hecho surge del Informe de la Examinadora de Pensiones
Alimenticias del 7 de julio de 2016, Apéndice “C” de la petición de
certiorari, Anejo XXIV, págs. 159-171.
2
Es importante destacar que el tribunal, al fijar la pensión
alimentaria, no adjudicó el crédito correspondiente por el cambio de
custodia monoparental a custodia compartida.
3
3
señalar una vista de modificación de pensión y a examinar si
procedía
un
ajuste
sobre
peticionaria como el
varios
créditos
señor Schroder Muñoz
que
tanto
la
reclamaron
por
pagos hechos directamente a varios proveedores de servicio
que utilizan para sus hijos.
Luego
de
varios
trámites
procesales,
el
tribunal
determinó, mediante Resolución notificada el 21 de enero de
2016, que procedía un crédito a favor de la peticionaria por
$
45,475.56. 4
No
obstante,
el
1
de
febrero
de
2016
el
recurrido solicitó la reconsideración del dictamen. Alegó
que el Informe de la EPA no atendió el ajuste en el cálculo
de
la
pensión
correctamente
el
por
custodia
cálculo
para
el
compartida
ni
realizó
ajuste
el
crédito
en
correspondiente por los pagos que realizó al colegio de los
menores.5
El 7 de marzo de 2016 el Tribunal de Primera Instancia
declaró
ha
lugar
a
la
solicitud
de
reconsideración
que
presentó el señor Schroder Muñoz y refirió nuevamente el
asunto a la EPA. El 8 de julio de 2016 el foro de primera
instancia emitió una Resolución, notificada el 12 de julio
de
2016,
en
consecuencia,
la
que
redujo
adoptó
la
el
pensión
Informe
de
la
EPA.
alimentaria
a
$
En
789.10
mensuales y aumentó la reserva de ingresos a $ 615, conforme
a
las
4
Guías
mandatorias
para
computar
las
pensiones
Apéndice “C” de la petición de certiorari, Anejo XIV, pág. 63.
Ello, según lo dispuso el tribunal en la Resolución de 20 de
agosto de 2014.
5
4
alimentarias en Puerto Rico. 6 En cuanto al reclamo sobre el
cálculo del crédito reconoció que procedía un ajuste a favor
del recurrido por $ 31,862.29.7
Inconforme con tal determinación, el 27 de julio de
2016,
la
peticionaria
presentó
una
Moción
de
reconsideración. En primer lugar, solicitó que se aclarara
que
la
nueva
resolución
lo
que
hizo
fue
“modificar”
la
pensión anterior y no “fijar” una nueva pensión. Arguyó que
esta
aclaración
era
necesaria
por
si
en
la
eventualidad
solicitaba una revisión de pensión alimentaria, no comenzara
a transcurrir
años.
nuevamente el término
Además,
alegó
que
tanto
prescriptivo
el
crédito
de tres
por
pagos
realizados, así como la reserva de ingresos reconocida al
padre de los menores en la resolución eran demasiado altos.
Específicamente,
señaló
que
el
inciso
16
de
las
determinaciones de hecho que realizó la EPA en su Informe
concluyó erróneamente
que procedía
la adjudicación
de un
crédito hasta el mes de mayo a razón de $ 2,207 mensuales.
Puntualizó -y sustentó con prueba documental- que eso no era
correcto
ya
que
desde
ese
mes
depositar
$
800
por
pensión
el
recurrido
alimentaria
a
comenzó
su
a
cuenta
Reglamento Núm. 8529, Administración para el Sustento de Menores,
Departamento de la Familia, 30 de octubre de 2014.
6
7 Esta reducción se debió al cambio en la custodia de los menores a
una custodia compartida y el reembolso por los pagos que realizó al
colegio de los menores. Véase Solicitud de ajuste de pensión alimentaria
ante cambio de custodia a custodia compartida, Apéndice “C” de la
petición de certiorari, Anejo XII, págs. 50-51.
5
bancaria. 8
Finalmente,
sostuvo
que
la
EPA
no
tomó
en
consideración el cambio sustancial en el ingreso del señor
Schroder Muñoz. Este último se opuso a los planteamientos
hechos por la peticionaria. No obstante, aceptó que procedía
el ajuste en el crédito adjudicado.9
El
23
de
agosto
de
2016,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia notificó una Resolución y Orden en la que atendió
la moción de reconsideración. En cuanto a la solicitud para
que se corrigiera el lenguaje utilizado, ordenó a la EPA que
sometiera
un
proyecto
pensión
fue
procedía
reducir
de
“modificada”
el
resolución
y
no
crédito
que
aclarara
“fijada”. 10
que
que
Respecto
reconoció
al
a
la
si
recurrido,
ordenó a la EPA a considerar ese asunto. En cuanto a los
demás planteamientos, los declaró no ha lugar.11
El 28 de octubre de 2016, el foro primario notificó una
Resolución
Enmendada
“modifica[ba]
la
en
pensión
la
cual
alimentaria
hizo
contar
que
a
cantidad
de
la
$789.10 mensuales”.12 En esa resolución entendió que procedía
Moción de reconsideración, Apéndice “C” de la petición de
certiorari, Anejo XXV, págs. 172-193. En cuanto a la reserva de ingresos
la peticionaria entendió que no procedía el aumento de ésta ya que la
pensión se estableció conforme a las Guías para determinar y modificar
las pensiones alimentarias en Puerto Rico al amparo del reglamento
anterior, a saber el Reglamento 7135 del 24 de abril de 2006.
8
9
El recurrido reconoció que la Examinadora de Pensiones
Alimentarias erróneamente tomó como punto de partida que este realizó
pagos hasta junio de 2016 por $ 2,207. Señaló que para cada uno de los
meses de mayo y junio depositó $ 800 por lo que en efecto procedía el
ajuste. Véase Oposición a reconsideración, Apéndice “C” de la petición
de certiorari, Anejo XXVI, págs. 194-196.
10 Resolución y Orden, Apéndice “C” de la petición de certiorari,
Anejo XXVII, pág. 198.
11
Íd.
12
En esta versión, el tribunal añadió que “la suma contempla
alimentaria
básica
y
gastos
suplementarios
de
libros,
pensión
6
un ajuste en el crédito reconocido al señor Schroder Muñoz
por
los
pagos
realizados.
En
consecuencia,
redujo
la
cantidad del crédito que adjudicó en la resolución original
a $ 29,880.20, pero mantuvo intacta la reserva de ingresos
del recurrido.
El
7
de
noviembre
de
2016,
la
señora
Otero
Vélez
compareció por derecho propio y solicitó la reconsideración
de
ese
dictamen. 13
Instancia
la
Resolución
denegó
es
a
Sin
embargo,
y
concluyó
los
únicos
el
que
Tribunal
“[l]a
fines
de
Primera
enmienda
a
recoger
unas
de
la
determinaciones hechas por la Examinadora de Pensiones luego
de celebrada la vista correspondiente”.14
El 28 de noviembre de 2016 la peticionaria acudió por
derecho propio al Tribunal de Apelaciones mediante recurso
de certiorari.15 Alegó que el foro primario erró al modificar
la pensión antes de haber transcurrido el periodo de tres
años
desde
que
se
fijó
originalmente
y
al
no
tomar
en
materiales, uniformes, cafetería y deportes. Los pagos de matrícula y
mensualidades de los colegios de los menores, se continua pagando
conforme a la orden del tribunal del 18 de julio de 2014 notificada al
(sic.) 20 de agosto de 2014”.
La peticionaria también solicitó la paralización de los
procedimientos hasta conseguir representación legal. Entre otras cosas,
señaló que le ha resultado muy oneroso conseguir quien la represente por
los altos costos y gastos que requiere la educación universitaria de su
hijo menor quien se encuentra residiendo en Estados Unidos. No obstante,
el Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud. Véanse Moción
solicitando prórroga en notificación de nueva representación legal y
reconsideración de sentencia enmendada, y Resolución y Orden del 9 de
noviembre de 2016, Apéndice “C” de la petición de certiorari, Anejo VI,
pág. 24 y Anejo VIII, pág. 32, respectivamente.
13
14 Resolución y Orden de 9 de noviembre de 2016, Apéndice “C” de la
petición de certiorari, Anejo VIII, pág. 32.
El término vencía el 27 de noviembre de 2016 pero al ser domingo
la fecha de vencimiento se extendió al próximo día laborable, conforme a
la Regla 68.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009.
15
7
consideración el aumento en los ingresos del recurrido y la
reducción en sus ingresos.
Por
su
parte,
el
señor
Schroder
Muñoz
presentó
una
moción de desestimación. Arguyó que el recurso se presentó
de forma tardía, ya que el término para recurrir al foro
apelativo comenzó a transcurrir desde la notificación de la
Resolución y Orden de 23 de agosto de 2016 que atendió la
moción de reconsideración y no desde la notificación de la
Resolución Enmendada emitida el 28 de octubre de 2016. En la
alternativa, adujo que la presentación del recurso no se
notificó oportunamente.
El 30 de enero de 2017, 16 el foro apelativo intermedio
desestimó el recurso de la peticionaria. Entendió que la
Resolución enmendada constituyó una enmienda nunc pro tunc
para corregir un defecto de forma. Concluyó que mediante
ésta no comenzó a transcurrir un nuevo término para recurrir
al
Tribunal
de
Apelaciones,
ya
que
recogía
lo
resuelto
mediante la Resolución del 23 de agosto de 2016.17 Razonó que
la señora Otero Vélez tenía hasta el 26 de septiembre de
2016
para
presentar
su
reclamo
y
no
lo
hizo.
En
consecuencia, resolvió que se presentó de forma tardía y sin
justa causa para ello.
La peticionaria no incluyó copia del volante de notificación en
el apéndice de su recurso. Sin embargo, alegó que la resolución se
notificó electrónicamente el mismo día que se emitió.
16
La Jueza Domínguez Irizarry emitió un voto concurrente en el que
hizo constar que procedía desestimar el recurso por el incumplimiento
con el requisito de notificación a la parte recurrida sin mediar justa
causa.
17
8
En
desacuerdo
aún,
peticionaria
acudió
certiorari.
En
el
ante
síntesis,
28
de
febrero
nos
mediante
alegó
que
de
un
el
2017,
la
recurso
de
foro
apelativo
intermedio erró al determinar que no tiene jurisdicción para
atender la apelación de la Resolución Enmendada. Adujo que
ese foro resolvió incorrectamente que el término para apelar
una
resolución
puede
aplicar
a
algunos
aspectos
de
la
resolución dejando otros sin determinar, a pesar de que las
determinaciones están relacionadas entre sí.
Por su parte, el recurrido presentó Oposición a alegato
de
la
parte
peticionaria.
En
esencia,
esbozó
los
mismos
argumentos que había planteado previamente. 18 Añadió, que la
peticionaria
no
apeló
las
determinaciones
que
fueron
denegadas en la Resolución y Orden -que atendió la moción de
reconsideración- en el término que tenía para ello. Además,
sostuvo
que
las
enmiendas
fueron
de
naturaleza
nunc
pro
tunc, que no van a la sustancia de la resolución, por lo que
estas se retrotraen a la fecha de la resolución original.
Contando
con
el
beneficio
de
las
comparecencias
de
ambas partes procedemos a resolver.
II
La controversia ante nuestra consideración requiere que
repasemos
algunas
disposiciones
de
nuestro
ordenamiento
procesal relativas a las determinaciones de alimentos, la
moción de reconsideración, la solicitud de enmiendas a las
18
Íd., pág. 8.
9
determinaciones
de
hecho
y
la
corrección
de
defectos
de
forma mediante enmienda nunc pro tunc. Veamos.
A. Determinaciones de alimentos o custodia
Los
casos
de
familia
están
permeados
del
más
alto
interés público y tienen, además, un carácter sui géneris. 19
En
virtud
de
lo
anterior,
hemos
expresado
que
las
determinaciones de alimentos y de custodia de menores no
constituyen propiamente cosa juzgada, ya que están sujetas a
revisión judicial en el tribunal de instancia si ocurre un
cambio en las circunstancias que así lo justifique, siempre,
claro está, tomando en consideración los mejores intereses y
el bienestar de los menores.20 Por lo tanto, estos dictámenes
nunca son estrictamente finales ni definitivos. 21 Siempre
están sujetos a cambio, según varíen las circunstancias del
alimentista o del alimentante. 22 A tales efectos, como tales
dictámenes adjudican una reclamación entre las partes, en
Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121 (1998), este Tribunal
resolvió que constituyen sentencias apelables.
B. Moción de reconsideración
Las
Reglas
de
Procedimiento
Civil
de
2009,
32
LPRA
Ap. V., establecen varios procedimientos posteriores a la
sentencia que tienen el propósito de corregir o modificar
Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121 (1998), citando a Santana
Medrano v. Acevedo Osorio, 116 DPR 298 (1985); Centeno Alicea v. Ortiz,
105 DPR 523 (1977).
19
20
Íd.
21
Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 128-129 esc. 7-8 (1998).
22
Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 DPR 61, 73 (1987).
10
los
errores
que
se
moción
de
nuestro
ordenamiento
hubieren
reconsideración
adversamente
es
jurídico
afectada
por
cometido.
uno
Precisamente,
de
los
mecanismos
provee
para
que
una
determinación
una
la
que
parte
judicial
solicite al tribunal que considere nuevamente su decisión. 23
Esta persigue conceder al tribunal que dictó la sentencia o
resolución la oportunidad de rectificar cualquier error que
hubiese cometido.24
En lo pertinente, la Regla 47 de Procedimiento Civil,
supra, dispone lo siguiente:
La parte adversamente afectada por una orden o
resolución del Tribunal de Primera Instancia
podrá, dentro del término de cumplimiento estricto
de quince (15) días desde la fecha de la
notificación de la orden o resolución, presentar
una moción de reconsideración de la orden o
resolución.
La parte adversamente afectada por una sentencia
del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro
del término jurisdiccional de quince (15) días
desde el archivo en autos de la copia de la
notificación de la sentencia, presentar una moción
de reconsideración de la sentencia.
(. . . . . . . .)
Una vez presentada la moción de reconsideración
quedarán interrumpidos los términos para recurrir
en alzada para todas las partes. Estos términos
comenzaran a correr nuevamente desde la fecha en
que se archiva en autos copia de la notificación
de
la
resolución
resolviendo
la
moción
de
reconsideración.
23
Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439, 448
(2016), Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., 183 DPR 1, 24 (2011).
Véase, además, J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil (L.
Abraham y P. Abraham, eds.), 2da ed., Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1366.
Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, supra, pág. 448; Mun.
Rincón v. Velázquez Muñiz, 192 DPR 989, 996 (2015); J. Echevarría
Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ra ed. rev., 2012, pág.
271.
24
11
La moción de reconsideración se notificará a las
demás partes en el pleito dentro de los quince
(15) días establecidos por esta regla para
presentarla ante el tribunal de manera simultánea.
El término para notificar será de cumplimiento
estricto.
Los términos para recurrir en alzada se interrumpen una
vez se presenta la moción. Hemos expresado que cuando se
trata de una moción de reconsideración el término de treinta
días para presentar la petición de revisión de una sentencia
comienza a transcurrir desde la fecha en que se archiva en
autos
la
copia
de
la
notificación
de
la
resolución
del
Tribunal de Primera Instancia que resuelve definitivamente
la moción de reconsideración. 25 En cuanto al requisito de
notificación
de
Marcuccio
al.
et
la
moción
v.
Suiza
de
reconsideración,
Dairy,
196
DPR
en
Rivera
157
(2016),
resolvimos que está supeditado a la determinación que haga
el tribunal sobre si hubo justa causa por la demora.
Cónsono
con
lo
antes
expuesto,
Procedimiento
Civil,
supra,
dispone
presentar
recurso
un
de
la
que
certiorari
Regla
52.2
de
el
término
para
para
revisar
las
resoluciones u órdenes del Tribunal de Primera Instancia es
de cumplimiento estricto y comenzará a transcurrir treinta
días
desde
el
archivo
en
autos
de
la
copia
de
la
notificación de la resolución u orden recurrida. En el caso
de la apelación, la Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil, al
25
De León Velázquez
(1978). (Énfasis nuestro).
v.
Frito
Lay’s,
Inc.,
107
DPR
46,
49-50
12
igual que la Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal de
Apelaciones, establecen un término jurisdiccional de treinta
días contados desde el archivo en autos de copia de la
notificación
de
la
sentencia
dictada
para
presentar
un
recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones.
C. Solicitud de enmiendas o determinaciones iniciales o
adicionales a las determinaciones de hechos
Las
Reglas
de
Procedimiento
parte,
Civil
de
2009
mediante
la
solicitud
disponen
para
que
una
enmiendas
a
las
determinaciones
de
hecho
también
o
a
de
las
determinaciones de hecho adicionales, solicite al tribunal
que determine hechos específicos y consigne conclusiones de
derecho. Ello, cuando considere que la sentencia no contiene
los asuntos que, a juicio del promovente, fueron probados y
las
cuestiones
determinaciones
sustanciales
de
hecho
a
las
relacionadas
pertinentes
a
las
o
conclusiones
de
las
determinaciones
derecho.26
En
cuanto
enmiendas
a
formuladas por el foro judicial o aquellas determinaciones
de hechos adicionales rige la Regla 43.
Esta dispone lo
siguiente:
No será necesario solicitar que se consignen
determinaciones de hechos a los efectos de una
apelación, pero a moción de parte, presentada a
más tardar quince (15) días después de haberse
archivado en autos copia de la notificación de la
sentencia,
el
tribunal
podrá
hacer
las
determinaciones
de
hechos
y
conclusiones
de
derecho iniciales correspondientes, si es que
Andino v. Topeka, Inc., 142 DPR 933, 938-939 (1977); Véase,
además, Echevarría Vargas, op. cit., pág. 272.
26
13
éstas no se hubiesen hecho por ser innecesarias,
de acuerdo con la Regla 42.2 de este apéndice, o
podrá enmendar o hacer determinaciones adicionales
y podrá enmendar la sentencia en conformidad. Si
una parte interesa presentar una moción de
enmiendas
o
determinaciones
iniciales
o
adicionales, reconsideración o de nuevo juicio,
éstas deberán presentarse en un solo escrito y el
tribunal resolverá de igual manera. En todo caso,
la suficiencia de la prueba para sostener las
determinaciones podrá ser suscitada posteriormente
aunque la parte que formule la cuestión no las
haya objetado en el tribunal inferior, o no haya
presentado una moción para enmendarlas, o no haya
solicitado sentencia.
La moción de enmiendas o determinaciones iniciales
o adicionales se notificará a las demás partes en
el
pleito
dentro
de
los
quince
(15)
días
establecidos por esta regla para presentarla ante
el tribunal. El término para notificar será de
cumplimiento estricto. (Énfasis nuestro)
En
sentencia
este
sentido,
puede
una
solicitar
parte
insatisfecha
determinaciones
con
adicionales
una
o
enmiendas a las determinaciones de hecho por el tribunal en
un solo escrito y en el término de quince días a partir del
archivo
en
autos
de
copia
de
la
notificación
de
la
sentencia.27
En lo pertinente, la regla también dispone que cuando
una parte presenta una solicitud de enmiendas y una moción
de reconsideración en un mismo escrito, el tribunal deberá
resolver todas las cuestiones presentadas y emitir una sola
resolución de modo que empiece a transcurrir un único nuevo
27 La disposición a la que hacemos referencia se incluyó luego que
en el 2009 se enmendaron las Reglas de Procedimiento Civil y se
uniformaron los términos para presentar una moción de reconsideración y
una solicitud de determinaciones de hechos adicionales. Véase Echevarría
Vargas, op. cit., págs. 273-274.
14
término. 28 Cabe destacar que la presentación de esta moción
interrumpe el término jurisdiccional de treinta días para
recurrir en alzada.
A
tales
enmiende
sus
efectos
cuando
se
solicita
al
tribunal
que
determinaciones
de
hecho,
el
término
para
recurrir al foro apelativo intermedio comienza a transcurrir
desde
la
notificación
de
la
resolución
que
resuelve
la
moción o la sentencia enmendada. Específicamente la Regla
43.2 establece lo siguiente:
La moción de enmiendas o determinaciones
adicionales
deberá
exponer
con
suficiente
particularidad y especificidad los hechos que la
parte
promovente
estime
probados,
y
debe
fundamentarse
en
cuestiones
sustanciales
relacionadas
con
determinaciones
de
hechos
pertinentes o conclusiones de derecho materiales.
Presentada una moción por cualquier parte en
el pleito para que el tribunal enmiende sus
determinaciones o haga determinaciones iniciales o
adicionales, quedará interrumpido el término para
apelar, para todas las partes. Este término
comenzará a transcurrir nuevamente tan pronto se
notifique
y
archive
en
autos
copia
de
la
resolución declarando con lugar, o denegando la
solicitud o dictando sentencia enmendada, según
sea el caso. Si la fecha del archivo en autos de
copia de la notificación de la resolución o
sentencia enmendada es distinta a la del depósito
en el correo de dicha notificación, el término se
calculará a partir de la fecha del depósito en el
correo. (Énfasis nuestro).
Cabe destacar que esta regla se enmendó en el 2009 para
incluir lo subrayado al texto de la regla, según lo sugirió
el Comité Asesor. 29 Así, cuando la parte que solicita las
28 Véase Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de
la Conferencia Judicial y Notarial, Diciembre de 2007, pág. 524.
29
Íd., págs. 525-526.
15
determinaciones adicionales, las enmiendas a éstas o, cuando
cumple con los requisitos exigidos por la referida regla y
su jurisprudencia interpretativa, los términos para ir en
apelación
archivo
comienzan
en autos
a
decursar
de la
nuevamente
a
partir
copia de la notificación
del
de las
determinaciones y conclusiones solicitadas.30
Finalmente, es pertinente puntualizar que en áreas de
interés
público,
judicial
de
los
pasar
tribunales
juicio
sobre
tienen
la
la
obligación
naturaleza
de
las
circunstancias y evaluar el remedio a conceder o lo que
proceda en derecho independientemente de la forma en que se
solicite. 31 Por lo tanto, una solicitud de enmienda a las
determinaciones de hechos presentada en un escrito titulado
“Moción
de
reconsideración”
debe
considerarse
como
tal
independientemente de cómo se nombre el recurso.
D. Las enmiendas nunc pro tunc
La Regla 49.1 de Procedimiento Civil dispone que los
errores de forma en las sentencias, órdenes u otras partes
del
expediente
y
los
que
aparezcan
en
éstas
por
inadvertencia u omisión, podrán corregirse por el tribunal
mediante una enmienda nunc pro tunc en cualquier tiempo, a
su propia iniciativa, o a moción de cualquier parte, previa
notificación, si ésta se ordena.32 Este Tribunal ha reiterado
30
Cuevas Segarra, op. cit., págs. 1264-1265.
31 Véanse Magriz v. Empresas Nativas, 143 DPR 63, 73 (1997); Negrón
Rivera y Bonilla, Ex parte, supra, págs. 72-73; Granados v. Rodríguez
Estrada, 124 DPR 1, 46 (1989).
32 32 LPRA Ap. V.; Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, 101 DPR
191, 202 (1973).
16
que las enmiendas encaminadas a corregir este tipo de error
son de naturaleza nunc pro tunc, es decir, que se retrotraen
a la fecha de la sentencia o resolución original. 33 Éstas
siempre
deberán
estar
sostenidas
por
el
expediente
del
tribunal y no podrán menoscabar los derechos ya adquiridos
por
cada
término
litigante
dispuesto
cuando
para
ha
transcurrido
en
exceso
el
o
revisión.
Es
apelar
solicitar
decir, no procede una enmienda nunc pro tunc para corregir
errores de derecho, por afectar derechos sustantivos de las
partes.
enmendada
El
criterio
no
rector
conlleve
la
es
que
la
alteración
cuestión
a
de
derecho
un
ser
sustantivo, sino la corrección de una mera inadvertencia.34
III
El asunto ante nuestra consideración se circunscribe a
determinar si el dictamen que emitió el Tribunal de Primera
Instancia mediante Resolución enmendada notificada el 28 de
octubre de 2016 -sobre el ajuste y la disminución en el
crédito concedido al recurrido- constituyó una enmienda de
33 Vélez v. A.A.A., 164 DPR 772, 791 (2005); S.L.G. Coriano-Correa
v. K-mart Corp., 154 DPR 523, 530 (2001); Security Ins. Co. v. Tribunal
Superior, supra, pág. 202. Véase, además, R. Hernández Colón, Práctica
Jurídica de Puerto Rico Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Lexis
Nexis de Puerto Rico, 2017, págs. 464-465; Cuevas Segarra, op. cit.,
pág. 781.
Entre los errores de forma más comunes se encuentran los errores
clericales u oficinescos, los errores mecanográficos, los errores en
nombres de personas, lugares, fechas, números o cifras. Véanse Vélez v.
A.A.A., supra, pág. 792; S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart Corp., supra,
pág. 530; Hernández Colón, op. cit., pág. 465.
34
En S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart Corp., supra, ejemplificamos
algunos de los errores de forma que pueden enmendarse bajo la Regla
49.1. Entre ellos están los siguientes: añadir una condena entregar
frutos luego que se ha reconocido el derecho de propiedad de una parte;
dar descripción completa en la sentencia de una propiedad en disputa;
conceder costas en la sentencia luego que éstas han sido reconocidas en
la Opinión.
17
forma nunc pro tunc de la Resolución y Orden notificada el
23 de agosto de 2016. De tal conclusión corresponde resolver
si
el
atender
Tribunal
los
de
Apelaciones
errores
señalados
tenía
por
jurisdicción
la
peticionaria
para
en
el
recurso de certiorari. Veamos.
El foro de primera instancia fijó mediante Resolución
de 8 de julio de 2016, notificada el 12 de julio de 2016, la
pensión
alimentaria
satisfacer
para
sus
que
el
señor
dos
hijos
Schroder
menores
de
Muñoz
edad.
debía
También
reconoció a éste un crédito por $ 31,862.29 y una reserva de
ingresos
de
$
615.
El
27
de julio
de
2016
–dentro
del
término prescriptivo de quince días- la señora Otero Vélez
presentó
una
moción
titulada
Moción
de
reconsideración.
Solicitó al Tribunal de Primera Instancia que enmendara la
referida resolución y aclarara el lenguaje que utilizó para
que
no
pensión
se
afectara
su
derecho
alimentaria
en
el
a
término
solicitar
revisión
que
para
tenía
de
ello.
Además, requirió que se corrigiera el cálculo de la cuantía
correspondiente al crédito que se le reconoció al recurrido
y solicitó que reconsiderara la cuantía sobre la reserva de
ingresos que se le adjudicó.35
Así las cosas, el 23 de agosto de 2016, el tribunal
sentenciador
notificó
una
Resolución
y
Orden
en
la
que
35 Aunque la parte peticionaria denominó el recurso como moción de
reconsideración, este contenía una solicitud de enmiendas a las
determinaciones de hecho. En concordancia con lo que hemos expresado en
múltiples ocasiones el nombre no hace la cosa. Véase Batista, Nobbe v.
Jta. Directores, 185 DPR 206 (2012); Borschow Hosp. v. Jta. de
Planificación, 177 DPR 545 (2009).
18
atendió parcialmente
la moción de reconsideración.
En la
correspondiente resolución dispuso que la EPA debía someter
un proyecto de resolución que aclarara que la pensión fue
“modificada”
considerar
reconoció
y
si
al
no
“fijada”.
procedía
recurrido
Por
reducir
por
otro
el
pagos
lado,
le
ordenó
crédito
que
se
le
realizados,
por
lo
que
quedó pendiente este asunto. En cuanto a los otros aspectos
de la solicitud de revisión, los
declaró “no ha lugar”. El
28 de octubre de 2016, mediante Resolución Enmendada el foro
primario notificó a las partes que, en efecto, procedía un
ajuste
en
el
crédito
impugnado
por
la
peticionaria.
En
consecuencia, modificó la cuantía y disminuyó el crédito a
$ 29,880.29.
Nótese que aquí no se trata de un mero error oficinesco
o una inadvertencia en el dictamen en cuanto al ajuste que
correspondía adjudicar. Contrario a lo que sostiene el foro
apelativo
recoger
intermedio,
unas
la
enmienda
determinaciones
tampoco
se
limitó
por
EPA.
En
hechas
la
a
este
caso, el foro de primera instancia ordenó a esta última que
considerara el planteamiento de la peticionaria, examinara
nuevamente la prueba y determinara si ésta tenía derecho a
pagar
una
cantidad
menor
a
la
que
se
adjudicó
en
la
resolución original. Por lo tanto, es mediante la resolución
enmendada
que
la
parte
peticionaria
quedó
debidamente
informada sobre lo resuelto en el único asunto que quedó
pendiente. En ese sentido, fue mediante esa resolución que
19
el
tribunal
comunicó
a
las
partes
su
determinación
al
respecto.
En casos como el que nos ocupa, el Tribunal de Primera
Instancia tiene el deber de resolver todas las cuestiones
presentadas y emitir una sola resolución para que empiece a
transcurrir un único término. Así lo exige el debido proceso
de ley en su vertiente procesal y, de ese modo, lo hemos
sostenido.
Es
a
resultado
de
través
la
de
la
notificación
adjudicación
reconsideración y de
de
adecuada
-del
moción
de
una
una solicitud de determinaciones de
hechos iniciales o adicionales- que la parte afectada puede
enterarse
de
la
decisión
final
que
se
ha
tomado
en
su
contra.36
Luego
de
un
análisis
sosegado
del
expediente,
entendemos que el foro de primera instancia, al atender el
asunto
ante
su
consideración,
no
actuó
conforme
lo
que
establecen las disposiciones procesales que rigen nuestro
ordenamiento. Por lo tanto, resolvemos que el término para
recurrir al Tribunal de Apelaciones comenzó a transcurrir
desde que se notificó la Resolución enmendada, el 28 de
octubre
de
2016,
reconsideración
en
que
a
su
su
vez
totalidad.
resolvió
Un
la
balance
moción
de
racional,
justiciero y jurídico nos lleva a concluir de esta manera.
Conforme
a
intermedio
lo
anterior,
tiene
colegimos
jurisdicción
que
el
para
foro
apelativo
atender
los
Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 196 DPR 245, 255 (2016);
Dávila Pollock v. RF Mortgage, 182 DPR 86 (2011).
36
20
planteamientos que la peticionaria esbozó en la petición de
certiorari.
IV
Por
los
fundamentos
antes
expuestos
se
revoca
la
determinación del Tribunal de Apelaciones. En consecuencia,
se devuelve el caso al foro apelativo para que éste evalúe
si la peticionaria notificó a tiempo la presentación del
recurso a la parte recurrida y, en su caso, continúe con los
procedimientos conforme a lo aquí resuelto.
Se dicta sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Shirley Ann Otero Vélez
Peticionaria
v.
Víctor L. Schroder Muñoz
CC-2017-0156
Recurrido
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de
2018.
Por los fundamentos antes expuestos se revoca
la determinación del Tribunal de Apelaciones. En
consecuencia, se devuelve el caso al foro
apelativo para que éste evalúe si la peticionaria
notificó a tiempo la presentación del recurso a
la parte recurrida y, en su caso, continúe con
los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.
Lo
pronunció
y
manda
el
Tribunal
y
certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La
Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre
sin opinión escrita y la Jueza Asociada señora
Pabón Charneco no intervino.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo