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Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo v. Figueroa Rodríguez

2018 TSPR 53

Poder Judicial de Puerto Rico

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El Pueblo v. Figueroa Rodríguez

CC-2017-34

Derecho procesal penal: No se puede recurrir al Tribunal de Apelaciones de un asunto interlocutorio en una vista preliminar en alzada .

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

Jonathan L. Figueroa Rodríguez

Peticionario

--------------------------El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

2018 TSPR 53

Joel Cacho Acosta

200 DPR ____

Peticionario

--------------------------El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

Michael Peña Carrión

Peticionario

Número del Caso: CC-2017-34

Fecha: 5 de abril de 2018

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Caguas y Utuado

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Yamil Caro Pérez.

Oficina del Procurador General

Lcdo. Luis R. Román Negrón

Procurador General

Materia: Derecho procesal penal: No se puede recurrir al Tribunal

de Apelaciones de un asunto interlocutorio en una vista preliminar

en alzada.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

Jonathan L. Figueroa

Rodríguez

Peticionario

--------------------------El Pueblo de Puerto Rico

CC-2017-0034

Certiorari

Recurrido

v.

Joel Cacho Acosta

Peticionario

--------------------------El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

Michael Peña Carrión

Peticionario

EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR

opinión del Tribunal.

ESTRELLA

MARTÍNEZ

emitió

la

San Juan, Puerto Rico, a 5 de abril de 2018.

En esta ocasión tenemos la oportunidad de resolver la

controversia

jurisdiccional

de

si

nuestros

pronunciamientos en Pueblo v. Díaz de León, infra, son

extensivos a la vista preliminar en alzada. Es decir, si

existe

la

posibilidad

de

recurrir

en

certiorari

al

2

CC-2017-0034

Tribunal de Apelaciones de un asunto interlocutorio en

una vista preliminar en alzada.

Con ello en mente, pasemos a examinar los hechos y

trámites procesales que originaron la controversia ante

este Tribunal.

I

Este caso da comienzo cuando el Ministerio Público

presentó

dos

denuncias

Acosta

(señor

Cacho

en

o

contra

del

Sr.

Joel

Cacho

y

otros

dos

peticionario),

acusados, por alegadas infracciones a la Ley de Armas de

Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000, según enmendada, 25 LPRA

sec. 455 et seq. Lo anterior, por alegada posesión y

venta de un rifle sin tener licencia para ello. Tras

diversos

incidentes

procesales,

entre

los

cuales

se

encuentra una determinación de no causa para acusar en

vista preliminar, el Ministerio Público acudió en vista

preliminar en alzada, la cual comenzó el 9 de septiembre

de 2016. En ella, el primer testigo presentado fue el

agente

de

la

Policía

de

Puerto

Rico,

Luis

Daniel

Martínez Arroyo (agente Martínez Arroyo).

En síntesis, el agente Martínez Arroyo testificó que

el día de los hechos, entiéndase, el 3 de diciembre de

2014, mientras estaba adscrito a la División de Drogas

de

San

colaboró

Juan,

con

en

un

la

sección

agente

de

encubierto

Servicios

al

grabar

Técnicos,

con

una

3

CC-2017-0034

cámara de video un operativo.1 Señaló, además, que en el

referido operativo grabó cuando los acusados realizaron

la transacción. Luego, indicó que procedió a “quemar” o

traspasar el contenido de la cámara de video a un disco

compacto o CD, el cual le enseñó al agente encubierto y

al policía encargado del operativo, el agente Leonardo

Borges Santiago (agente Borges Santiago). Seguidamente,

los

tres

ocurrió

procedieron

con

la

a

iniciarlo.

grabación

que

De

igual

realizó

el

forma,

agente

encubierto.

Dicho esto, a preguntas del Ministerio Público, el

agente Martínez Arroyo expresó que entregó los discos

compactos

o

CDs

al

agente

Borges

Santiago.

Ulteriormente, fiscalía le preguntó si los discos habían

tenido

algún

cambio

o

alteración.

Oportunamente,

el

señor Cacho objetó la pregunta y alegó que el testigo

informó que había entregado los discos al agente Borges

Santiago,

por

lo

que

no

podía

testificar

sobre

los

hechos ocurridos posteriores a esa entrega. Ante ello,

el Tribunal de Primera Instancia determinó ha lugar la

objeción.

1El

agente Luis Daniel Martínez Arroyo, además,

declaró en la vista preliminar en alzada que entre sus

funciones estaban trabajar con las cámaras de video que se

utilizaban para grabar la prueba de los hechos ocurridos y

que también era el encargado de transferir el contenido

grabado a los CDs. A su vez, expresó que no tomó cursos

para llevar a cabo tal tarea y que fueron sus compañeros

quienes le enseñaron. Igualmente, testificó que era él

quien le daba el mantenimiento al equipo y que el día de

los hechos la cámara estaba en excelentes condiciones.

Asimismo, sostuvo que había realizado operativos similares

en más de cincuenta ocasiones.

4

CC-2017-0034

Posteriormente,

el

Ministerio

Público

solicitó

al

foro de instancia que admitiera en evidencia el disco

que contenía lo grabado por el agente Martínez Arroyo.

Sin embargo, el peticionario objetó con el argumento de

que era prematuro, dado que no se estableció la cadena

de

custodia.

A

esos

efectos,

Instancia

determinó

ello,

Ministerio

Público

del

para

el

contenido

ha

disco

lugar

el

Tribunal

de

la

objeción.

Conforme

requirió

propósitos

Primera

presentar

de

poder

a

el

ser

autenticado por el agente Martínez Arroyo. Empero, tras

la objeción del señor Cacho por ser el disco copia y no

el original, el foro primario dictaminó, nuevamente, ha

lugar la objeción. Igual decisión realizó para con el

disco que contenía lo grabado por el agente encubierto.

Tras

solicitar

reconsideración

y

Tribunal

de

Primera

Instancia

mantener

la

determinación,

el

solicitó

que

que

tribunal

Ministerio

Público

procedimientos

y

el

se

el

paralizaran

los

expusiera

la

determinación por escrito para poder recurrir ante el

Tribunal de Apelaciones. De acuerdo con lo anterior, el

foro de instancia le concedió a las partes el término de

cinco días para presentar escritos en sustento de sus

alegaciones y se comprometió a reducir por escrito su

determinación. Así las cosas, el Ministerio Público y el

peticionario

presentaron

sus

correspondientes

memorandos. Ante ello, y luego de evaluados y ponderados

los escritos, el 18 de octubre de 2016, el Tribunal de

5

CC-2017-0034

Primera

Instancia

emitió

una

Resolución

en

la

que

reiteró su determinación.

Inconforme, el 17 de noviembre de 2016, el Ministerio

Público presentó un recurso de certiorari criminal ante

el

Tribunal

Tribunal

de

de

Apelaciones.

Primera

En

éste

señaló

Instancia

erró

al

considerar

los

CDs

como

ilustrativa

y

concluir

que

correctamente.

A

su

vez,

de

que

el

negarse

a

evidencia

demostrativa

no

autenticados

fueron

tratarse

como

evidencia

demostrativa real, argumentó que el foro primario erró

al no admitirlos como duplicado del original.

Por

su

parte,

el

señor

Cacho

presentó

su

correspondiente oposición. En esencia, alegó que el foro

apelativo intermedio no tenía jurisdicción dado que la

presentación

del

recurso

fue

tardía.

Específicamente,

arguyó que el dictamen del Tribunal de Primera Instancia

fue

emitido

el

9

de

septiembre

de

2016,

en

corte

abierta. Por tanto, que fue desde esa fecha que comenzó

a transcurrir el término de treinta días para presentar

el recurso de certiorari. En ese sentido, señaló que el

Ministerio

Público

se

presentarlo.

En

improcedente

revisar

como

la

lo

es

tardó

segundo

una

sesenta

lugar,

y

manifestó

determinación

autenticación

y

nueve

días

en

que

era

interlocutoria,

admisibilidad

de

una

prueba, en la etapa de vista preliminar en alzada.

Ponderados los argumentos de las partes, el Tribunal

de Apelaciones emitió una sentencia en la cual revocó al

6

CC-2017-0034

Tribunal

de

Primera

Instancia.

jurisdicción.

Razonó

que,

contradictorio

que

Tribunal

el

a

Concluyó

que

sí

tenía

su

juicio,

resultaba

de

Primera

Instancia

expresara que mantenía la determinación a la misma vez

que concedía un término a las partes para fundamentar

sus argumentos, previo a emitir por escrito su decisión.

Conforme a ello, sostuvo que el término de treinta días

empezó a correr desde el archivo en autos de la copia de

la

notificación

de

la

resolución

recurrida.

De

igual

forma, dictaminó que si se hubiera presentado antes, el

recurso hubiera sido prematuro.

En cuanto a los méritos, revocó al foro primario, ya

que

entendió

autenticados

que

por

el

los

CDs

testimonio

quedaron

del

debidamente

agente

Martínez

Arroyo. Ello, pues, tenían unas características físicas

que los hacían distinguibles, entiéndase, las iniciales

de los agentes y sus respetivos números de placas. A

esos efectos, resolvió que no era necesario establecer

la cadena de custodia.

En disconformidad con ese proceder, el peticionario

recurre ante nos y presenta los siguientes errores:

Erró el Tribunal de Apelaciones al expedir el

auto de Certiorari para revisar y revocar una

Resolución interlocutoria emitida durante la

celebración de la vista preliminar en alzada, sin

tener jurisdicción para entender en los méritos,

ello por haber sido presentado a los 69 días de

ser emitida en corte abierta y en presencia de

todas las partes.

Erró el Tribunal de Apelaciones al expedir el

auto de Certiorari para revisar una Resolución

interlocutoria emitida en el transcurso de una

7

CC-2017-0034

Vista Preliminar

finalizado.

en

Alzada,

sin

que

ésta

haya

Erró el Tribunal de Apelaciones al expedir el

auto de Certiorari y revocar una Resolución

Interlocutoria emitida durante la celebración de

una Vista Preliminar en Alzada que dispuso sobre

una controversia de hechos y derecho.

Por su parte, el Ministerio Público se opuso y alega

que la determinación realizada por el Tribunal de Primera

Instancia en corte abierta fue una preliminar que estaba

sujeta a una decisión final escrita. Apoya su argumento en

que fue por ello que el foro primario solicitó memorandos

de derecho para atender con mayor rigor la controversia y

emitir una resolución fundamentada. Así, sostiene que tal

resolución

estaba

sujeta

a

ser

resuelta

a

favor

de

cualquier parte.

En cuanto a si se puede recurrir en certiorari de un

asunto interlocutorio en una vista preliminar en alzada,

señala que lo establecido en Pueblo v. Díaz De León, 176

DPR

913

(2009),

y

reiterado

en

Pueblo

v.

Encarnación

Reyes, 191 DPR 176 (2014) (Sentencia), no es de aplicación

al caso de epígrafe. Ello, ya que ambos casos versaban

sobre determinaciones adversas al Ministerio Público en

vista preliminar, no en vista preliminar en alzada, como

ocurre

en

este

caso.

Además,

alega

que

resolver

como

solicita el peticionario, tendría consecuencias fatales

para el Ministerio Público, ya que podría ser el asunto

interlocutorio

crucial

para

lograr

la

determinación

de

causa probable para acusar. Bajo esa premisa, adujo que de

8

CC-2017-0034

no encontrarse causa en la vista preliminar en alzada, el

Ministerio Público no tendría remedio alguno.

Por último, en cuanto al tercer error, argumenta, en

esencia, que para autenticar los CDs era suficiente el

testimonio de un testigo de conocimiento, en este caso del

agente Martínez Arroyo, quien los grabó. Por tanto, afirma

que no es necesario autenticar por medio de la cadena de

custodia como expresa el señor Cacho.

Así

las

cosas,

expedimos

el

recurso

ante

nuestra

consideración. Luego de examinar los argumentos de las

partes, estamos en posición de atender en los méritos la

controversia

ante

nuestra

consideración.

Por

lo

que

procedemos a exponer el derecho aplicable.

II

La Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,

sec.

23,

establece

la

vista

preliminar.

Su

objetivo

es

instituir un paso previo a la acusación, en el cual el

Ministerio

Público

tiene

la

obligación

de

demostrar

que

existe causa probable para procesar a un imputado por la

comisión de un delito grave. Pueblo v. Andaluz Méndez, 143

DPR 656, 661 (1997); véase, E. L. Chiesa Aponte, Derecho

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia,

Ed. Forum, 1993, Vol. III, sec. 22.1, pág. 63. En otras

palabras,

que

existe

individuo

imputado

causa

cometió

probable

el

delito.

para

creer

que

el

“Su

función

no

es

establecer la culpabilidad o inocencia del acusado, sino

determinar

si

en

efecto

el

Estado

tiene

adecuada

9

CC-2017-0034

justificación

para

continuar

con

un

proceso

judicial”.

Pueblo v. Andaluz Méndez, supra, pág. 661. De esa forma, el

Ministerio Público obtiene autorización para poder presentar

la acusación. Pueblo v. García Saldaña, 151 DPR 783, 788-789

(2000). Su fundamento es que es un mecanismo en el cual se

evita que se someta a un ciudadano en forma arbitraria e

injustificada a los rigores de un procedimiento criminal por

un delito grave. Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 868, 875

(2010); Pueblo v. Andaluz Méndez, supra, pág. 661; véase,

Chiesa

Aponte,

op.

cit.,

pág.

64.

Por

lo

cual,

ninguna

persona puede ser acusada de un delito grave sin la previa

determinación de causa probable para acusar. Para ello, el

Ministerio Público deberá presentar prueba que establezca

cada uno de los elementos del delito imputado y la conexión

del denunciado con el delito. Pueblo v. Ríos Alonso, 149 DPR

761, 766-767 (1999).

En los casos en que el Ministerio Público no obtiene

una determinación de causa probable en vista preliminar, el

fiscal debe elegir uno de dos cursos de acción, a saber: (1)

desistir de procesar al individuo, o (2) recurrir ante otro

magistrado con la misma prueba, o con prueba distinta, para

celebrar

una

segunda

vista

preliminar.

Pueblo

v.

Rivera

Vázquez, supra, pág. 876. Es esta última opción la que la

Regla 24(c) de las de Procedimiento Criminal provee y la

cual es conocida como vista preliminar en alzada. 34 LPRA

Ap. II, sec. 24(c). Esta vista no es un trámite apelativo de

la

primera

vista,

sino

un

procedimiento

independiente,

10

CC-2017-0034

separado y distinto. Pueblo v. Félix Avilés, 128 DPR 468,

476

(1991);

Pueblo

v.

Cruz

Justiniano,

116

DPR

28,

30

(1984); véase, Chiesa Aponte, op. cit., sec. 22.8, pág. 101.

Es

decir,

se

independiente

trata

de

de

primera”.

la

“una

vista

de

Pueblo

novo,

v.

totalmente

Rivera

Vázquez,

supra, pág. 877. Es “una segunda oportunidad para obtener la

autorización para acusar por el delito que estima ha quedado

configurado”. Pueblo v. García Saldaña, supra, pág. 790.

Véase, además, Pueblo v. Ríos Alonso, supra, pág. 769. Sin

embargo,

ambas

vistas

son

parte

integral

de

un

mismo

y

continuo proceso judicial seguido contra el imputado. Pueblo

v. Vallones, Jr., 133 DPR 427, 433 (1993). Así, en la vista

preliminar en alzada el Ministerio Público puede presentar

la misma prueba presentada en la vista preliminar u otra

prueba

con

el

propósito

de

conseguir

una

determinación

favorable de causa probable por el delito por el cual ha

pretendido acusar. Pueblo v. Ríos Alonso, supra, pág. 769.

Conforme a lo anterior, hemos establecido que “[a] no

ser por este instrumento, el Ministerio Público carecería de

recursos

para

impugnar

una

determinación

adversa

en

la vista preliminar o una determinación que a pesar de no

resultarle adversa, no le satisface”. Íd. Es por ello que

este Tribunal ha sido enfático en que con este recurso se

pretende

“permitir

que

el

Ministerio

Público

agote

los

recursos que tiene disponibles para obtener una autorización

judicial para acusar por el delito que estima procedente

11

CC-2017-0034

previo al inicio de un juicio en su fondo”. Pueblo v. García

Saldaña, supra, pág. 790.

Es en razón de lo expuesto, y citando al Prof. Ernesto

L. Chiesa Aponte, que hemos reconocido que “el recurso de

[vista preliminar en alzada] es uno diseñado a favor del

Ministerio Fiscal, como un mecanismo procesal para mejorar

su posición en cuanto al resultado de la vista preliminar

original”. Pueblo

v.

Ríos

Alonso,

supra,

págs.

769-770

(citando a Chiesa Aponte, op. cit., pág. 103).

A

partir

de

la

línea

jurisprudencial

discutida,

en

Pueblo v. Díaz De León, supra, resolvimos que el Ministerio

Público no puede evadir la vista preliminar en alzada y

acudir directamente al Tribunal de Apelaciones en certiorari

para revisar una determinación de no causa en una vista

preliminar. Entiéndase, tras una determinación de no causa

en vista preliminar, el Ministerio Público debe elegir entre

desistir

de

procesar

al

individuo,

o

recurrir

ante

otro

magistrado para celebrar una segunda vista preliminar. No

así

acudir

directamente

al

Tribunal

de

Apelaciones.

Expresamos que el recurso de certiorari “no procede cuando

existe

otro

recurso

legal

que

protege

rápidamente

y

eficazmente los derechos de la parte peticionaria”. Pueblo

v. Díaz De León, supra, pág. 920. De esta forma, tras una

determinación de no causa en vista preliminar, el Ministerio

Público tiene una vista preliminar en alzada, la cual le

permite “presentar toda la prueba a su haber en una vista de

novo en lugar de depender de una revisión del expediente

12

CC-2017-0034

limitada a determinar si el tribunal instructor de causa

cometió un error exclusivamente de derecho”. Íd., pág. 923.2

Nuestra decisión se apoyó en los precedentes en los

cuales hemos reafirmado que de ordinario una determinación

en los méritos de una vista preliminar en alzada sobre la

existencia de causa probable para acusar es final y no es

revisable por un tribunal de superior jerarquía. Íd., pág.

919; Pueblo en interés menor K.J.S.R., 172 DPR 490, 499-500

(2007); Pueblo v. Rodríguez Ríos, 136 DPR 685, 690 (1994);

Pueblo v. Cruz Justiniano, supra, pág. 30. No obstante, sí

es revisable si se fundamenta en cuestiones estrictamente de

derecho

y

desvinculada

Pueblo

en

interés

de

menor

la

apreciación

K.J.S.R.,

supra,

de

la

prueba.

págs.

499-500;

Pueblo v. Rivera Alicea, 150 DPR 495, 499-500 (2000). Es

decir, el certiorari está limitado exclusivamente a revisar

si

el

foro

inferior

cometió

un

error

de

derecho

al

determinar causa o la ausencia de ella. Pueblo v. Díaz De

León, supra, pág. 919; Pueblo en interés menor K.J.S.R.,

supra,

pág.

500.

Ello,

como

mecanismo

para

corregir

interpretaciones equivocadas del derecho aplicable. Pueblo

v. Díaz De León, supra, pág. 919.

2Debemos

señalar que en Pueblo v. Encarnación Reyes,

191 DPR 176 (2014) (Sentencia), la controversia se

circunscribió, específicamente, a resolver si procedía un

recurso de certiorari para revisar una determinación

interlocutoria emitida durante una vista preliminar. Por

ello, resolvimos que según lo resuelto en Pueblo v. Díaz De

León, supra, no se podía revisar un incidente interlocutorio

de la vista preliminar.

13

CC-2017-0034

Cónsono con lo anterior, en Pueblo v. Díaz De León,

supra, fuimos determinantes al resolver que tal mecanismo

procesal

extraordinario

del

certiorari

se

puede

utilizar

sólo después de agotar el remedio de la vista preliminar en

alzada.

Íd.,

pág.

921.

Concluimos

que,

tras

una

determinación de no causa, el Ministerio Público primero

tiene la oportunidad de una vista en alzada y, segundo, una

revisión en certiorari del resultado de esa vista, limitada

a un error de derecho. Íd., pág. 923.

En

consideración

al

marco

jurídico

enunciado,

procedemos a resolver la controversia ante nos.

III

Como pudo apreciarse, la controversia ante nos se

circunscribe a determinar si lo resuelto en Pueblo v. Díaz

de León, supra, en cuanto a la imposibilidad de ir en

recurso de certiorari al Tribunal de Apelaciones desde una

vista preliminar, es extensivo a un asunto interlocutorio

en una vista preliminar en alzada. Conforme a ello, el

peticionario sostiene que no se puede recurrir por medio

del auto de certiorari de una resolución interlocutoria

emitida en una vista preliminar en alzada. Sustenta sus

argumentos en lo dicho en Pueblo v. Díaz De León, supra, y

en Pueblo v. Encarnación Reyes, supra, (Sentencia).

Por su parte, el Ministerio Público se opuso y alega

que lo establecido en Pueblo v. Díaz De León, supra, y

reiterado

en

Pueblo

v.

Encarnación

Reyes,

supra,

14

CC-2017-0034

(Sentencia), es distinguible ya que en el caso de epígrafe

se trata de una vista preliminar en alzada.

Luego de examinar los alegatos de las partes y la

jurisprudencia

pertinente

resolvemos

que

le

asiste

la

razón al peticionario en su segundo señalamiento de error.

Nuestros pronunciamientos anteriores nos conducen a

aclarar que el vehículo procesal de certiorari no está

disponible en el proceso de la vista preliminar y en la

vista preliminar en alzada hasta después de agotar esta

última. Más aún, hemos sido sumamente enfáticos en que,

incluso si se permite la presentación de un certiorari en

esa etapa ulterior, su alcance está restringido a revisar

asuntos estrictamente de derecho.

Nos

parecen

improcedentes

los

argumentos

del

Ministerio Público en cuanto a que nuestros precedentes

sólo aplican a la vista preliminar. Por tanto, aclaramos

finalmente que lo resuelto en Pueblo v. Díaz De León,

supra, y reiterado en Pueblo v. Encarnación Reyes, supra,

(Sentencia), es extensivo a la vista preliminar en alzada.

No puede el Ministerio Público recurrir en certiorari al

Tribunal de Apelaciones de un asunto interlocutorio en una

vista preliminar en alzada. Así, deberá agotar esta vista

para poder recurrir de esa determinación únicamente a los

fines

de

impugnar

cuestiones

estrictamente

de

derecho.

Véanse, Pueblo v. Díaz De León, supra, pág. 919; Pueblo en

interés menor K.J.S.R., supra, pág. 500.

15

CC-2017-0034

Permitir la revisión de un asunto interlocutorio en

la vista preliminar en alzada sería obviar y eludir lo

establecido

en

Pueblo

v.

Díaz

De

León,

supra.

Sólo

bastaría con empezar la vista preliminar en alzada para

permitir poder recurrir al Tribunal de Apelaciones. A su

vez, con tal precedente trastocaríamos la naturaleza de

esa vista y se dilatarían innecesariamente los procesos

criminales.

Recuérdese, que la vista preliminar en alzada es una

segunda oportunidad que tiene el Ministerio Público con el

fin de obtener la autorización para acusar por el delito

que

estima

pretende

que

ha

permitir

quedado

que

configurado.

agote

los

Con

recursos

ella

que

se

tiene

disponible. Es un recurso diseñado a favor del Ministerio

Público, para mejorar su posición en cuanto al resultado

de

la

vista

preliminar

original.

Por

ende,

entendemos

improcedente el planteamiento del Ministerio Público de

que

la

consecuencia

de

tal

decisión

sería

fatal

para

ellos.

Como bien hemos señalado, “[a]tender un caso mediante

el mecanismo de certiorari extraordinario antes de agotar

los

remedios

que

proveen

las

Reglas

de

Procedimiento

Criminal y sin contar con razones de gran peso, no es

cónsono con las características del recurso”. Íd., págs.

919-920. “[L]a utilización del recurso de certiorari [en

las circunstancias de este caso] no es consecuente con el

carácter

extraordinario

de

esta

figura

procesal”.

Íd.,

16

CC-2017-0034

pág. 921. Más aún, “en la medida que permit[iría] obviar

la

vista

en

alzada

antes

de

acudir

por certiorari al

Tribunal de Apelaciones”. Íd. Por tanto, resolvemos que le

asiste la razón al peticionario en su segundo señalamiento

de

error.

Ello

es

cónsono

pronunciamientos,

en

los

con

cuales

nuestros

hemos

anteriores

reconocido

“el

derecho que asiste al Ministerio Público de utilizar el

mecanismo

procesal

extraordinario

del certiorari después

de agotar el remedio de la vista en alzada”. Íd. (énfasis

suplido).

Ante

tal

conclusión,

huelga

discutir

los

errores

primero y tercero señalados por el peticionario.

IV

En virtud de lo que antecede, revocamos la Sentencia

emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos el

caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación

de la vista preliminar en alzada.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

Jonathan L. Figueroa

Rodríguez

Peticionario

--------------------------El Pueblo de Puerto Rico

CC-2017-0034

Certiorari

Recurrido

v.

Joel Cacho Acosta

Peticionario

--------------------------El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

Michael Peña Carrión

Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 5 de abril de 2018.

En virtud de la Opinión que antecede, se revoca la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la

continuación de la vista preliminar en alzada.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo.

La Jueza Presidenta

Oronoz Rodríguez y la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez disienten sin opinión escrita.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo