Tribunal Supremo de Puerto Rico
El Pueblo v. Figueroa Rodríguez
2018 TSPR 53
Poder Judicial de Puerto Rico
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El Pueblo v. Figueroa Rodríguez
CC-2017-34
Derecho procesal penal: No se puede recurrir al Tribunal de Apelaciones de un asunto interlocutorio en una vista preliminar en alzada .
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
Jonathan L. Figueroa Rodríguez
Peticionario
--------------------------El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
v.
2018 TSPR 53
Joel Cacho Acosta
200 DPR ____
Peticionario
--------------------------El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
Michael Peña Carrión
Peticionario
Número del Caso: CC-2017-34
Fecha: 5 de abril de 2018
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Caguas y Utuado
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. Yamil Caro Pérez.
Oficina del Procurador General
Lcdo. Luis R. Román Negrón
Procurador General
Materia: Derecho procesal penal: No se puede recurrir al Tribunal
de Apelaciones de un asunto interlocutorio en una vista preliminar
en alzada.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
Jonathan L. Figueroa
Rodríguez
Peticionario
--------------------------El Pueblo de Puerto Rico
CC-2017-0034
Certiorari
Recurrido
v.
Joel Cacho Acosta
Peticionario
--------------------------El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
Michael Peña Carrión
Peticionario
EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR
opinión del Tribunal.
ESTRELLA
MARTÍNEZ
emitió
la
San Juan, Puerto Rico, a 5 de abril de 2018.
En esta ocasión tenemos la oportunidad de resolver la
controversia
jurisdiccional
de
si
nuestros
pronunciamientos en Pueblo v. Díaz de León, infra, son
extensivos a la vista preliminar en alzada. Es decir, si
existe
la
posibilidad
de
recurrir
en
certiorari
al
2
CC-2017-0034
Tribunal de Apelaciones de un asunto interlocutorio en
una vista preliminar en alzada.
Con ello en mente, pasemos a examinar los hechos y
trámites procesales que originaron la controversia ante
este Tribunal.
I
Este caso da comienzo cuando el Ministerio Público
presentó
dos
denuncias
Acosta
(señor
Cacho
en
o
contra
del
Sr.
Joel
Cacho
y
otros
dos
peticionario),
acusados, por alegadas infracciones a la Ley de Armas de
Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000, según enmendada, 25 LPRA
sec. 455 et seq. Lo anterior, por alegada posesión y
venta de un rifle sin tener licencia para ello. Tras
diversos
incidentes
procesales,
entre
los
cuales
se
encuentra una determinación de no causa para acusar en
vista preliminar, el Ministerio Público acudió en vista
preliminar en alzada, la cual comenzó el 9 de septiembre
de 2016. En ella, el primer testigo presentado fue el
agente
de
la
Policía
de
Puerto
Rico,
Luis
Daniel
Martínez Arroyo (agente Martínez Arroyo).
En síntesis, el agente Martínez Arroyo testificó que
el día de los hechos, entiéndase, el 3 de diciembre de
2014, mientras estaba adscrito a la División de Drogas
de
San
colaboró
Juan,
con
en
un
la
sección
agente
de
encubierto
Servicios
al
grabar
Técnicos,
con
una
3
CC-2017-0034
cámara de video un operativo.1 Señaló, además, que en el
referido operativo grabó cuando los acusados realizaron
la transacción. Luego, indicó que procedió a “quemar” o
traspasar el contenido de la cámara de video a un disco
compacto o CD, el cual le enseñó al agente encubierto y
al policía encargado del operativo, el agente Leonardo
Borges Santiago (agente Borges Santiago). Seguidamente,
los
tres
ocurrió
procedieron
con
la
a
iniciarlo.
grabación
que
De
igual
realizó
el
forma,
agente
encubierto.
Dicho esto, a preguntas del Ministerio Público, el
agente Martínez Arroyo expresó que entregó los discos
compactos
o
CDs
al
agente
Borges
Santiago.
Ulteriormente, fiscalía le preguntó si los discos habían
tenido
algún
cambio
o
alteración.
Oportunamente,
el
señor Cacho objetó la pregunta y alegó que el testigo
informó que había entregado los discos al agente Borges
Santiago,
por
lo
que
no
podía
testificar
sobre
los
hechos ocurridos posteriores a esa entrega. Ante ello,
el Tribunal de Primera Instancia determinó ha lugar la
objeción.
1El
agente Luis Daniel Martínez Arroyo, además,
declaró en la vista preliminar en alzada que entre sus
funciones estaban trabajar con las cámaras de video que se
utilizaban para grabar la prueba de los hechos ocurridos y
que también era el encargado de transferir el contenido
grabado a los CDs. A su vez, expresó que no tomó cursos
para llevar a cabo tal tarea y que fueron sus compañeros
quienes le enseñaron. Igualmente, testificó que era él
quien le daba el mantenimiento al equipo y que el día de
los hechos la cámara estaba en excelentes condiciones.
Asimismo, sostuvo que había realizado operativos similares
en más de cincuenta ocasiones.
4
CC-2017-0034
Posteriormente,
el
Ministerio
Público
solicitó
al
foro de instancia que admitiera en evidencia el disco
que contenía lo grabado por el agente Martínez Arroyo.
Sin embargo, el peticionario objetó con el argumento de
que era prematuro, dado que no se estableció la cadena
de
custodia.
A
esos
efectos,
Instancia
determinó
ello,
Ministerio
Público
del
para
el
contenido
ha
disco
lugar
el
Tribunal
de
la
objeción.
Conforme
requirió
propósitos
Primera
presentar
de
poder
a
el
ser
autenticado por el agente Martínez Arroyo. Empero, tras
la objeción del señor Cacho por ser el disco copia y no
el original, el foro primario dictaminó, nuevamente, ha
lugar la objeción. Igual decisión realizó para con el
disco que contenía lo grabado por el agente encubierto.
Tras
solicitar
reconsideración
y
Tribunal
de
Primera
Instancia
mantener
la
determinación,
el
solicitó
que
que
tribunal
Ministerio
Público
procedimientos
y
el
se
el
paralizaran
los
expusiera
la
determinación por escrito para poder recurrir ante el
Tribunal de Apelaciones. De acuerdo con lo anterior, el
foro de instancia le concedió a las partes el término de
cinco días para presentar escritos en sustento de sus
alegaciones y se comprometió a reducir por escrito su
determinación. Así las cosas, el Ministerio Público y el
peticionario
presentaron
sus
correspondientes
memorandos. Ante ello, y luego de evaluados y ponderados
los escritos, el 18 de octubre de 2016, el Tribunal de
5
CC-2017-0034
Primera
Instancia
emitió
una
Resolución
en
la
que
reiteró su determinación.
Inconforme, el 17 de noviembre de 2016, el Ministerio
Público presentó un recurso de certiorari criminal ante
el
Tribunal
Tribunal
de
de
Apelaciones.
Primera
En
éste
señaló
Instancia
erró
al
considerar
los
CDs
como
ilustrativa
y
concluir
que
correctamente.
A
su
vez,
de
que
el
negarse
a
evidencia
demostrativa
no
autenticados
fueron
tratarse
como
evidencia
demostrativa real, argumentó que el foro primario erró
al no admitirlos como duplicado del original.
Por
su
parte,
el
señor
Cacho
presentó
su
correspondiente oposición. En esencia, alegó que el foro
apelativo intermedio no tenía jurisdicción dado que la
presentación
del
recurso
fue
tardía.
Específicamente,
arguyó que el dictamen del Tribunal de Primera Instancia
fue
emitido
el
9
de
septiembre
de
2016,
en
corte
abierta. Por tanto, que fue desde esa fecha que comenzó
a transcurrir el término de treinta días para presentar
el recurso de certiorari. En ese sentido, señaló que el
Ministerio
Público
se
presentarlo.
En
improcedente
revisar
como
la
lo
es
tardó
segundo
una
sesenta
lugar,
y
manifestó
determinación
autenticación
y
nueve
días
en
que
era
interlocutoria,
admisibilidad
de
una
prueba, en la etapa de vista preliminar en alzada.
Ponderados los argumentos de las partes, el Tribunal
de Apelaciones emitió una sentencia en la cual revocó al
6
CC-2017-0034
Tribunal
de
Primera
Instancia.
jurisdicción.
Razonó
que,
contradictorio
que
Tribunal
el
a
Concluyó
que
sí
tenía
su
juicio,
resultaba
de
Primera
Instancia
expresara que mantenía la determinación a la misma vez
que concedía un término a las partes para fundamentar
sus argumentos, previo a emitir por escrito su decisión.
Conforme a ello, sostuvo que el término de treinta días
empezó a correr desde el archivo en autos de la copia de
la
notificación
de
la
resolución
recurrida.
De
igual
forma, dictaminó que si se hubiera presentado antes, el
recurso hubiera sido prematuro.
En cuanto a los méritos, revocó al foro primario, ya
que
entendió
autenticados
que
por
el
los
CDs
testimonio
quedaron
del
debidamente
agente
Martínez
Arroyo. Ello, pues, tenían unas características físicas
que los hacían distinguibles, entiéndase, las iniciales
de los agentes y sus respetivos números de placas. A
esos efectos, resolvió que no era necesario establecer
la cadena de custodia.
En disconformidad con ese proceder, el peticionario
recurre ante nos y presenta los siguientes errores:
Erró el Tribunal de Apelaciones al expedir el
auto de Certiorari para revisar y revocar una
Resolución interlocutoria emitida durante la
celebración de la vista preliminar en alzada, sin
tener jurisdicción para entender en los méritos,
ello por haber sido presentado a los 69 días de
ser emitida en corte abierta y en presencia de
todas las partes.
Erró el Tribunal de Apelaciones al expedir el
auto de Certiorari para revisar una Resolución
interlocutoria emitida en el transcurso de una
7
CC-2017-0034
Vista Preliminar
finalizado.
en
Alzada,
sin
que
ésta
haya
Erró el Tribunal de Apelaciones al expedir el
auto de Certiorari y revocar una Resolución
Interlocutoria emitida durante la celebración de
una Vista Preliminar en Alzada que dispuso sobre
una controversia de hechos y derecho.
Por su parte, el Ministerio Público se opuso y alega
que la determinación realizada por el Tribunal de Primera
Instancia en corte abierta fue una preliminar que estaba
sujeta a una decisión final escrita. Apoya su argumento en
que fue por ello que el foro primario solicitó memorandos
de derecho para atender con mayor rigor la controversia y
emitir una resolución fundamentada. Así, sostiene que tal
resolución
estaba
sujeta
a
ser
resuelta
a
favor
de
cualquier parte.
En cuanto a si se puede recurrir en certiorari de un
asunto interlocutorio en una vista preliminar en alzada,
señala que lo establecido en Pueblo v. Díaz De León, 176
DPR
913
(2009),
y
reiterado
en
Pueblo
v.
Encarnación
Reyes, 191 DPR 176 (2014) (Sentencia), no es de aplicación
al caso de epígrafe. Ello, ya que ambos casos versaban
sobre determinaciones adversas al Ministerio Público en
vista preliminar, no en vista preliminar en alzada, como
ocurre
en
este
caso.
Además,
alega
que
resolver
como
solicita el peticionario, tendría consecuencias fatales
para el Ministerio Público, ya que podría ser el asunto
interlocutorio
crucial
para
lograr
la
determinación
de
causa probable para acusar. Bajo esa premisa, adujo que de
8
CC-2017-0034
no encontrarse causa en la vista preliminar en alzada, el
Ministerio Público no tendría remedio alguno.
Por último, en cuanto al tercer error, argumenta, en
esencia, que para autenticar los CDs era suficiente el
testimonio de un testigo de conocimiento, en este caso del
agente Martínez Arroyo, quien los grabó. Por tanto, afirma
que no es necesario autenticar por medio de la cadena de
custodia como expresa el señor Cacho.
Así
las
cosas,
expedimos
el
recurso
ante
nuestra
consideración. Luego de examinar los argumentos de las
partes, estamos en posición de atender en los méritos la
controversia
ante
nuestra
consideración.
Por
lo
que
procedemos a exponer el derecho aplicable.
II
La Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,
sec.
23,
establece
la
vista
preliminar.
Su
objetivo
es
instituir un paso previo a la acusación, en el cual el
Ministerio
Público
tiene
la
obligación
de
demostrar
que
existe causa probable para procesar a un imputado por la
comisión de un delito grave. Pueblo v. Andaluz Méndez, 143
DPR 656, 661 (1997); véase, E. L. Chiesa Aponte, Derecho
Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia,
Ed. Forum, 1993, Vol. III, sec. 22.1, pág. 63. En otras
palabras,
que
existe
individuo
imputado
causa
cometió
probable
el
delito.
para
creer
que
el
“Su
función
no
es
establecer la culpabilidad o inocencia del acusado, sino
determinar
si
en
efecto
el
Estado
tiene
adecuada
9
CC-2017-0034
justificación
para
continuar
con
un
proceso
judicial”.
Pueblo v. Andaluz Méndez, supra, pág. 661. De esa forma, el
Ministerio Público obtiene autorización para poder presentar
la acusación. Pueblo v. García Saldaña, 151 DPR 783, 788-789
(2000). Su fundamento es que es un mecanismo en el cual se
evita que se someta a un ciudadano en forma arbitraria e
injustificada a los rigores de un procedimiento criminal por
un delito grave. Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 868, 875
(2010); Pueblo v. Andaluz Méndez, supra, pág. 661; véase,
Chiesa
Aponte,
op.
cit.,
pág.
64.
Por
lo
cual,
ninguna
persona puede ser acusada de un delito grave sin la previa
determinación de causa probable para acusar. Para ello, el
Ministerio Público deberá presentar prueba que establezca
cada uno de los elementos del delito imputado y la conexión
del denunciado con el delito. Pueblo v. Ríos Alonso, 149 DPR
761, 766-767 (1999).
En los casos en que el Ministerio Público no obtiene
una determinación de causa probable en vista preliminar, el
fiscal debe elegir uno de dos cursos de acción, a saber: (1)
desistir de procesar al individuo, o (2) recurrir ante otro
magistrado con la misma prueba, o con prueba distinta, para
celebrar
una
segunda
vista
preliminar.
Pueblo
v.
Rivera
Vázquez, supra, pág. 876. Es esta última opción la que la
Regla 24(c) de las de Procedimiento Criminal provee y la
cual es conocida como vista preliminar en alzada. 34 LPRA
Ap. II, sec. 24(c). Esta vista no es un trámite apelativo de
la
primera
vista,
sino
un
procedimiento
independiente,
10
CC-2017-0034
separado y distinto. Pueblo v. Félix Avilés, 128 DPR 468,
476
(1991);
Pueblo
v.
Cruz
Justiniano,
116
DPR
28,
30
(1984); véase, Chiesa Aponte, op. cit., sec. 22.8, pág. 101.
Es
decir,
se
independiente
trata
de
de
primera”.
la
“una
vista
de
Pueblo
novo,
v.
totalmente
Rivera
Vázquez,
supra, pág. 877. Es “una segunda oportunidad para obtener la
autorización para acusar por el delito que estima ha quedado
configurado”. Pueblo v. García Saldaña, supra, pág. 790.
Véase, además, Pueblo v. Ríos Alonso, supra, pág. 769. Sin
embargo,
ambas
vistas
son
parte
integral
de
un
mismo
y
continuo proceso judicial seguido contra el imputado. Pueblo
v. Vallones, Jr., 133 DPR 427, 433 (1993). Así, en la vista
preliminar en alzada el Ministerio Público puede presentar
la misma prueba presentada en la vista preliminar u otra
prueba
con
el
propósito
de
conseguir
una
determinación
favorable de causa probable por el delito por el cual ha
pretendido acusar. Pueblo v. Ríos Alonso, supra, pág. 769.
Conforme a lo anterior, hemos establecido que “[a] no
ser por este instrumento, el Ministerio Público carecería de
recursos
para
impugnar
una
determinación
adversa
en
la vista preliminar o una determinación que a pesar de no
resultarle adversa, no le satisface”. Íd. Es por ello que
este Tribunal ha sido enfático en que con este recurso se
pretende
“permitir
que
el
Ministerio
Público
agote
los
recursos que tiene disponibles para obtener una autorización
judicial para acusar por el delito que estima procedente
11
CC-2017-0034
previo al inicio de un juicio en su fondo”. Pueblo v. García
Saldaña, supra, pág. 790.
Es en razón de lo expuesto, y citando al Prof. Ernesto
L. Chiesa Aponte, que hemos reconocido que “el recurso de
[vista preliminar en alzada] es uno diseñado a favor del
Ministerio Fiscal, como un mecanismo procesal para mejorar
su posición en cuanto al resultado de la vista preliminar
original”. Pueblo
v.
Ríos
Alonso,
supra,
págs.
769-770
(citando a Chiesa Aponte, op. cit., pág. 103).
A
partir
de
la
línea
jurisprudencial
discutida,
en
Pueblo v. Díaz De León, supra, resolvimos que el Ministerio
Público no puede evadir la vista preliminar en alzada y
acudir directamente al Tribunal de Apelaciones en certiorari
para revisar una determinación de no causa en una vista
preliminar. Entiéndase, tras una determinación de no causa
en vista preliminar, el Ministerio Público debe elegir entre
desistir
de
procesar
al
individuo,
o
recurrir
ante
otro
magistrado para celebrar una segunda vista preliminar. No
así
acudir
directamente
al
Tribunal
de
Apelaciones.
Expresamos que el recurso de certiorari “no procede cuando
existe
otro
recurso
legal
que
protege
rápidamente
y
eficazmente los derechos de la parte peticionaria”. Pueblo
v. Díaz De León, supra, pág. 920. De esta forma, tras una
determinación de no causa en vista preliminar, el Ministerio
Público tiene una vista preliminar en alzada, la cual le
permite “presentar toda la prueba a su haber en una vista de
novo en lugar de depender de una revisión del expediente
12
CC-2017-0034
limitada a determinar si el tribunal instructor de causa
cometió un error exclusivamente de derecho”. Íd., pág. 923.2
Nuestra decisión se apoyó en los precedentes en los
cuales hemos reafirmado que de ordinario una determinación
en los méritos de una vista preliminar en alzada sobre la
existencia de causa probable para acusar es final y no es
revisable por un tribunal de superior jerarquía. Íd., pág.
919; Pueblo en interés menor K.J.S.R., 172 DPR 490, 499-500
(2007); Pueblo v. Rodríguez Ríos, 136 DPR 685, 690 (1994);
Pueblo v. Cruz Justiniano, supra, pág. 30. No obstante, sí
es revisable si se fundamenta en cuestiones estrictamente de
derecho
y
desvinculada
Pueblo
en
interés
de
menor
la
apreciación
K.J.S.R.,
supra,
de
la
prueba.
págs.
499-500;
Pueblo v. Rivera Alicea, 150 DPR 495, 499-500 (2000). Es
decir, el certiorari está limitado exclusivamente a revisar
si
el
foro
inferior
cometió
un
error
de
derecho
al
determinar causa o la ausencia de ella. Pueblo v. Díaz De
León, supra, pág. 919; Pueblo en interés menor K.J.S.R.,
supra,
pág.
500.
Ello,
como
mecanismo
para
corregir
interpretaciones equivocadas del derecho aplicable. Pueblo
v. Díaz De León, supra, pág. 919.
2Debemos
señalar que en Pueblo v. Encarnación Reyes,
191 DPR 176 (2014) (Sentencia), la controversia se
circunscribió, específicamente, a resolver si procedía un
recurso de certiorari para revisar una determinación
interlocutoria emitida durante una vista preliminar. Por
ello, resolvimos que según lo resuelto en Pueblo v. Díaz De
León, supra, no se podía revisar un incidente interlocutorio
de la vista preliminar.
13
CC-2017-0034
Cónsono con lo anterior, en Pueblo v. Díaz De León,
supra, fuimos determinantes al resolver que tal mecanismo
procesal
extraordinario
del
certiorari
se
puede
utilizar
sólo después de agotar el remedio de la vista preliminar en
alzada.
Íd.,
pág.
921.
Concluimos
que,
tras
una
determinación de no causa, el Ministerio Público primero
tiene la oportunidad de una vista en alzada y, segundo, una
revisión en certiorari del resultado de esa vista, limitada
a un error de derecho. Íd., pág. 923.
En
consideración
al
marco
jurídico
enunciado,
procedemos a resolver la controversia ante nos.
III
Como pudo apreciarse, la controversia ante nos se
circunscribe a determinar si lo resuelto en Pueblo v. Díaz
de León, supra, en cuanto a la imposibilidad de ir en
recurso de certiorari al Tribunal de Apelaciones desde una
vista preliminar, es extensivo a un asunto interlocutorio
en una vista preliminar en alzada. Conforme a ello, el
peticionario sostiene que no se puede recurrir por medio
del auto de certiorari de una resolución interlocutoria
emitida en una vista preliminar en alzada. Sustenta sus
argumentos en lo dicho en Pueblo v. Díaz De León, supra, y
en Pueblo v. Encarnación Reyes, supra, (Sentencia).
Por su parte, el Ministerio Público se opuso y alega
que lo establecido en Pueblo v. Díaz De León, supra, y
reiterado
en
Pueblo
v.
Encarnación
Reyes,
supra,
14
CC-2017-0034
(Sentencia), es distinguible ya que en el caso de epígrafe
se trata de una vista preliminar en alzada.
Luego de examinar los alegatos de las partes y la
jurisprudencia
pertinente
resolvemos
que
le
asiste
la
razón al peticionario en su segundo señalamiento de error.
Nuestros pronunciamientos anteriores nos conducen a
aclarar que el vehículo procesal de certiorari no está
disponible en el proceso de la vista preliminar y en la
vista preliminar en alzada hasta después de agotar esta
última. Más aún, hemos sido sumamente enfáticos en que,
incluso si se permite la presentación de un certiorari en
esa etapa ulterior, su alcance está restringido a revisar
asuntos estrictamente de derecho.
Nos
parecen
improcedentes
los
argumentos
del
Ministerio Público en cuanto a que nuestros precedentes
sólo aplican a la vista preliminar. Por tanto, aclaramos
finalmente que lo resuelto en Pueblo v. Díaz De León,
supra, y reiterado en Pueblo v. Encarnación Reyes, supra,
(Sentencia), es extensivo a la vista preliminar en alzada.
No puede el Ministerio Público recurrir en certiorari al
Tribunal de Apelaciones de un asunto interlocutorio en una
vista preliminar en alzada. Así, deberá agotar esta vista
para poder recurrir de esa determinación únicamente a los
fines
de
impugnar
cuestiones
estrictamente
de
derecho.
Véanse, Pueblo v. Díaz De León, supra, pág. 919; Pueblo en
interés menor K.J.S.R., supra, pág. 500.
15
CC-2017-0034
Permitir la revisión de un asunto interlocutorio en
la vista preliminar en alzada sería obviar y eludir lo
establecido
en
Pueblo
v.
Díaz
De
León,
supra.
Sólo
bastaría con empezar la vista preliminar en alzada para
permitir poder recurrir al Tribunal de Apelaciones. A su
vez, con tal precedente trastocaríamos la naturaleza de
esa vista y se dilatarían innecesariamente los procesos
criminales.
Recuérdese, que la vista preliminar en alzada es una
segunda oportunidad que tiene el Ministerio Público con el
fin de obtener la autorización para acusar por el delito
que
estima
pretende
que
ha
permitir
quedado
que
configurado.
agote
los
Con
recursos
ella
que
se
tiene
disponible. Es un recurso diseñado a favor del Ministerio
Público, para mejorar su posición en cuanto al resultado
de
la
vista
preliminar
original.
Por
ende,
entendemos
improcedente el planteamiento del Ministerio Público de
que
la
consecuencia
de
tal
decisión
sería
fatal
para
ellos.
Como bien hemos señalado, “[a]tender un caso mediante
el mecanismo de certiorari extraordinario antes de agotar
los
remedios
que
proveen
las
Reglas
de
Procedimiento
Criminal y sin contar con razones de gran peso, no es
cónsono con las características del recurso”. Íd., págs.
919-920. “[L]a utilización del recurso de certiorari [en
las circunstancias de este caso] no es consecuente con el
carácter
extraordinario
de
esta
figura
procesal”.
Íd.,
16
CC-2017-0034
pág. 921. Más aún, “en la medida que permit[iría] obviar
la
vista
en
alzada
antes
de
acudir
por certiorari al
Tribunal de Apelaciones”. Íd. Por tanto, resolvemos que le
asiste la razón al peticionario en su segundo señalamiento
de
error.
Ello
es
cónsono
pronunciamientos,
en
los
con
cuales
nuestros
hemos
anteriores
reconocido
“el
derecho que asiste al Ministerio Público de utilizar el
mecanismo
procesal
extraordinario
del certiorari después
de agotar el remedio de la vista en alzada”. Íd. (énfasis
suplido).
Ante
tal
conclusión,
huelga
discutir
los
errores
primero y tercero señalados por el peticionario.
IV
En virtud de lo que antecede, revocamos la Sentencia
emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos el
caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación
de la vista preliminar en alzada.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
Jonathan L. Figueroa
Rodríguez
Peticionario
--------------------------El Pueblo de Puerto Rico
CC-2017-0034
Certiorari
Recurrido
v.
Joel Cacho Acosta
Peticionario
--------------------------El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
Michael Peña Carrión
Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 5 de abril de 2018.
En virtud de la Opinión que antecede, se revoca la
Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se
devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la
continuación de la vista preliminar en alzada.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo.
La Jueza Presidenta
Oronoz Rodríguez y la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez disienten sin opinión escrita.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo