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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Leilani Alberty Oms

2018 TSPR 51

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Leilani Alberty Oms

TS-16,053

Conducta Profesional -Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por incumplir con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua y desatender los requerimientos de dicha oficina y las órdenes del Tribunal Supremo .

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2018 TSPR 51

200 DPR ____

Leilani Alberty Oms

Número del Caso: TS-16,053

Fecha: 3 de abril de 2018

Abogado de la parte promovida:

Por derecho propio

Programa de Educación Jurídica Continua:

Lcdo. José I. Campos Pérez

Director

Materia:

Conducta Profesional – La suspensión del abogado será

efectiva el 4 de abril de 2018, fecha en que se le notificó por

correo al abogado de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

TS-16,053

Leilani Alberty Oms

Conducta

Profesional

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de abril de 2018.

Por

los

antecedentes

fácticos

que

discutiremos

a

continuación, nos vemos obligados a suspender inmediata e

indefinidamente del ejercicio de la abogacía a una togada

que incumplió con los requisitos del Programa de Educación

Jurídica

Continua

(PEJC)

y

que, además,

desatendió

los

requerimientos de dicha oficina y las órdenes emitidas por

este Tribunal.

Veamos.

I

La Lcda. Leilani Alberty Oms (licenciada Alberty) fue

admitida al ejercicio de la abogacía el 29 de agosto de

2006

y

a

la

práctica

de

la

notaría el 26

de

abril

de 2010.1

El 24 de mayo de 2011, la entonces Directora del

PEJC,

1

Lcda.

Yanis

Blanco

Santiago,

le

envió

a

la

El 28 de febrero de 2013 la Lcda. Leilani Alberty Oms (licenciada

Alberty) le notificó a la Oficina de Inspección de Notarías su intención de

renunciar voluntariamente al ejercicio de la notaría. Por lo cual, tras los

trámites de rigor, el 1 de abril de 2014 emitimos una Resolución dando por

terminada la fianza que garantizaba sus funciones notariales.

TS-16,053

2

licenciada Alberty un Aviso de Incumplimiento mediante el

cual le informó que no cumplió con el total de créditos

requeridos

por

el

Reglamento

del

PEJC

correspondiente a los años 2009-2011.2

indicó

que

debía

pagar

una

para

el

periodo

En consecuencia, le

cuota

de

$50.00

por

cumplimiento tardío y le concedió un término de sesenta

(60)

días

adeudados.

para

acreditar

o

completar

los

créditos

Transcurrido el plazo sin recibir contestación

de la letrada, el 13 de diciembre de 2013 el PEJC le cursó

una Citación a Vista para que expusiera las razones que

justificaban

su

incumplimiento

correspondiente prueba.

y

presentara

la

En dicha misiva, se le advirtió,

además, que de no comparecer se referiría el asunto a la

atención de esta Curia.

Posteriormente, la licenciada Alberty compareció al

PEJC mediante comunicación escrita en la cual expresó que

en

febrero

de

2011

se

mudó

a

los

Estados

Unidos

continentales y, desde entonces, no practicaba la abogacía

ni la notaría.3

le

eximiera

del

En consideración a ello, solicitó que se

cumplimiento

con

los

requisitos

de

educación jurídica continua por justa causa.

2

Del expediente surge que, durante el referido periodo, la licenciada

Alberty adeudaba cuatro (4) créditos de ética.

3

La licenciada Alberty explicó que su mudanza se debió a razones de

índole económica y laboral.

También esbozó que, por razones económicas, no

fue hasta enero de 2013 que pudo regresar a Puerto Rico para concluir algunas

gestiones personales y profesionales, incluyendo solicitar la baja voluntaria

del ejercicio de la notaría.

Por otra parte, presentó varios documentos

relativos a cursos tomados en los Estados Unidos.

TS-16,053

Así

3

las

cosas,

el

31

enero

de

2014

el

PEJC

le

notificó a la togada que se le concedió un nuevo término

de sesenta (60) días para tomar los cursos pendientes para

el periodo 2009-2011 y pagar la correspondiente cuota por

cumplimiento

tardío.

Al

desatender

la

mencionada

comunicación, la entonces Directora Ejecutiva del PEJC,

Lcda. Geisa M. Marrero Martínez, emitió y notificó una

nueva determinación en la que le advirtió a la licenciada

Alberty que, de no subsanar las deficiencias señaladas y

realizar

el

pago

de

la

correspondiente

multa

por

cumplimiento tardío en un término de treinta (30) días, el

asunto sería llevado ante la consideración de la Junta de

Educación Jurídica Continua.4

la

togada,

el

asunto

fue

Ante la incomparecencia de

sometido

ante

la

Junta

de

Educación Jurídica Continua, quien lo evaluó y determinó

referirlo ante nos.

El 9 de marzo de 2017 el Lcdo. José I. Campos Pérez,

actual Director Ejecutivo del PEJC, presentó ante nos un

Informe sobre Incumplimiento con Requisito de Educación

Jurídica

Continua,

mediante

el

cual

nos

indicó

que

la

licenciada Alberty incumplió con los requisitos del PEJC

para el periodo 2009-2011 y con el correspondiente pago de

la multa por cumplimiento tardío.

4

Del mismo modo, nos

Además, se le informó que el Historial de Cursos Acreditados reflejaba

que la licenciada Alberty incumplió con los periodos subsiguientes (es decir,

2011-2013 y 2013-2015), y que no había efectuado el pago de las multas

correspondientes a dichos términos.

TS-16,053

4

informó que el PEJC emitió otros avisos de incumplimiento

debido a que la togada tampoco satisfizo los requisitos

reglamentarios

del

2013-2015

efectuó

ni

PEJC

para

los

periodos

2011-2013

y

el

pago

de

la

multa

una

Resolución

por

cumplimiento tardío para esos ciclos.5

El

28

de

abril

de

2017

emitimos

concediéndole a la licenciada Alberty un término de veinte

(20) días para que mostrara causa por la cual no debía ser

suspendida de la profesión de la abogacía por faltar a su

deber de tomar los cursos de educación jurídica continua

requeridos y por no comparecer ante el PEJC cuando le fue

solicitado.

En vista de que la licenciada Alberty no contestó

nuestra Resolución de 28 de abril de 2017, el 30 de junio

de 2017 le concedimos un término final de diez (10) días

con

el

mismo

propósito,

apercibiéndole

que

suspendida de la profesión de la abogacía.6

podría

ser

No obstante,

la togada tampoco compareció ante nos.

II

El Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX (2012 y

Supl. 2017) tiene el propósito de “promover el desempeño

personal y profesional de los abogados y las abogadas de

5

Debemos puntualizar que la licenciada Alberty no ha sido citada para

una vista informal para dichos periodos.

6

La Resolución de 30 de junio de 2017 le fue notificada el 6 de julio de

2017, pero fue devuelta por no ser reclamada. Posteriormente le fue enviada

la misma por correo electrónico el 10 de agosto de 2017.

TS-16,053

5

acuerdo con los más altos principios de conducta decorosa

[…]”.

In re Espino Valcárcel, 2018 TSPR 30, 199 DPR ___

(2018).

Con ese norte, al prestar juramento para ejercer

la abogacía, los togados “se comprometen a obedecer, con

lealtad y fidelidad, aquellos deberes y responsabilidades

que les impone la ley y el Código de Ética Profesional”.

In re González López,

2018 TSPR 28, 199 DPR ___ (2018),

citando a In re Jiménez Meléndez, 2017 TSPR 119, 198 DPR

___ (2017).

En

esa

línea,

el

Canon

2

del

Código

de

Ética

Profesional, 4 LPRA Ap. IX (2012), requiere que, con el

fin de viabilizar “[…] una representación adecuada para

toda persona, el abogado también debe realizar esfuerzos

para

lograr

y

mantener

un

alto

grado

de

excelencia

y

competencia en su profesión a través del estudio y la

participación

en

programas

educativos

de

mejoramiento

profesional […]”.

Conforme a lo anterior, establecimos “un programa de

educación jurídica continua obligatoria dirigido a alentar

y contribuir al mejoramiento académico de toda persona que

ejerce la profesión del Derecho”.

Regla 3 del Reglamento

del Programa de Educación Jurídica Continua.

91, 198 DPR ___ (2017).7

7

2017 TSPR

Como parte de este programa, los

El Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua fue aprobado

el 2 de junio de 2017. Véase In re Aprobación del Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua, 2017 TSPR 91, 198 DPR ___ (2017). Previo a ello,

los abogados estaban obligados a cumplir con requisitos de educación jurídica

continua en virtud del derogado Reglamento de Educación Jurídica Continua

TS-16,053

6

togados deben completar veinticuatro (24) horas crédito de

educación jurídica continua en cada periodo de tres (3)

años.

Regla 29 del Reglamento del Programa de Educación

Jurídica Continua, supra.

Por

otra

Profesional,

4

parte,

el

Canon

LPRA

Ap.

IX

9

del

(2012),

Código

le

de

impone

Ética

a

los

abogados y abogadas el deber de observar una conducta que

se caracterice por el mayor respeto hacia los tribunales.

In

re

Espino

Valcárcel,

supra;

In

re

González

López,

supra; In re Abreu Figueroa, 2017 TSPR 126, 198 DPR ___

(2017); In re Vázquez Bernier, 2017 TSPR 124, 198 DPR ___

(2017).

Como corolario de ello, los abogados tienen el

firme compromiso de atender, diligente y oportunamente,

las órdenes y los requerimientos emitidos por los foros

judiciales.

In re Espino Valcárcel, supra; In re González

López, supra; In re Mangual Acevedo, 2017 TSPR 66; 197 DPR

___ (2017).

A tono con lo anterior, reiteramos que el

desatender los requerimientos de este Tribunal, además de

infringir

dicho

canon,

constituye

un

desafío a

nuestra

autoridad y podría conllevar la imposición de sanciones

disciplinarias

práctica legal.

severas,

incluyendo

la

suspensión

de

la

In re McConnie Shorter, 2018 TSPR 29, 199

_________________________________________________________________

(1998), 4 LPRA Ap. XVII-D (2012 y Supl. 2017) y del también derogado

Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua (2005), 4 LPRA Ap.

XVII-E (2012 y Supl. 2017).

TS-16,053

7

DPR ___ (2018); In re Avilés Vega, 2017 TSPR 56, 197 DPR

___ (2017).

El

deber

de

respeto

de

los

abogados

hacia

los

tribunales establecido en el Canon 9 del Código de Ética

Profesional,

también

a

otras

entidades

fiscalizadoras de la profesión legal,

a

saber:

el PEJC,

la

y

la

Oficina

supra,

del

aplica

Procurador

Inspección de Notarías.

General

Oficina

de

In re González López, supra; In

re Davis Pérez, 2017 TSPR 180, 198 DPR ___ (2017); In re

Abreu Figueroa, supra.

Así pues, hemos expresado que el

letrado que ignora los requerimientos del PEJC “le falta

el respeto a este Tribunal y atenta contra la ciudadanía

en cuanto a la garantía que tiene de obtener servicios

legales competentes que aseguren un acceso adecuado a la

justicia”.

In re Davis Pérez, supra.

Además, el hacer

caso omiso a los requerimientos del PEJC constituye “un

gasto

de

recursos

administrativos

por

parte

de

ese

programa y reflejan una patente falta de compromiso con el

deber de excelencia y competencia que encarna el Canon 2

del Código de Ética Profesional”.

supra.

In re McConnie Shorter,

Véanse, además, In re Davis Pérez, supra; In re

Abreu Figueroa, supra; In re Cabán Arocho, 2017 TSPR 104,

198 DPR ___ (2017); In re Rodríguez Gerena, 2017 TSPR 40,

197 DPR ___ (2017).

Por lo tanto, consistentemente hemos

suspendido “indefinidamente a abogados que desatienden los

requerimientos del PEJC e incumplen con las horas crédito

TS-16,053

8

de educación continua requeridas”.

supra.

In re Davis Pérez,

Véanse, además, In re McConnie Shorter, supra; In

re González López, supra; In re Abreu Figueroa, supra; In

re Zambrana Ortiz, 2017 TSPR 111, 198 DPR ___ (2017).

III

Del informe del licenciado Campos Pérez fechado el

9 de marzo de 2017, se desprende que el PEJC le concedió

varias

oportunidades

a

la

licenciada

Alberty

demostrara

que

completó

los

cumpliera

o

educación

jurídica

licenciada

continua.

Alberty

no

A

fue

pesar

para

que

requisitos

de

de

la

diligente

ello,

ante

los

requerimientos del PEJC ni acreditó el haber completado

los

cursos

de

educación

jurídica

para

periodo

reglamentariamente

el

continua

en

exigidos

cuestión.

Este

proceder constituye una violación ética sancionable, ya

que atenta contra lo postulado en los cánones 2 y 9 del

Código de Ética Profesional, supra.

Además,

este

Foro

emitió

dos

(2)

Resoluciones

concediéndole término a la togada para que mostrara causa

por la cual no debía ser suspendida de la profesión legal

por su proceder

durante el

trámite ante el

PEJC.

La

última de ellas fue notificada por correo certificado y

por

correo

electrónico

a

la

licenciada

Alberty.

Sin

embargo, la togada hizo caso omiso a nuestras órdenes.

Como adelantamos, este proceder también viola el referido

Canon

9

y

acarrea

la

imposición

de

sanciones

TS-16,053

9

disciplinarias

severas,

incluyendo

la

suspensión

indefinida de la práctica legal.

IV

De conformidad con el derecho aplicable, así como por

la conducta exhibida por la Lcda. Leilani Alberty Oms,

decretamos

ejercicio

su

de

suspensión

la

inmediata

abogacía.

Le

e

indefinida

ordenamos

a

la

del

señora

Alberty notificar a todos sus clientes de su inhabilidad

para continuar representándolos y devolverles tanto los

expedientes de los casos pendientes como los honorarios

recibidos

por

inmediatamente

trabajos

de

su

no

rendidos,

suspensión

a

los

e

informar

distintos

foros

judiciales y administrativos en los que tenga algún asunto

pendiente.

cumplimiento

Además, deberá acreditar ante este Tribunal el

con

lo

anterior,

dentro

del

término

de

treinta (30) días, a partir de la notificación de esta

Opinión

Per

Curiam

y

Sentencia.

No

hacerlo

pudiere

conllevar el que en un futuro no se le reinstale de así

solicitarlo.

Del

mismo

modo,

de

ser

solicitada

la

reinstalación, tomaremos en cuenta si la señora Alberty

cumplió

con

los

requisitos

pendientes

del

PEJC

y

si

satisfizo, de ser requerido, el pago de las multas por

cumplimiento tardío.8

8

A raíz de nuestra determinación en In re Periodo de exoneración para el

pago de multas por cumplimiento tardío establecidas al amparo del Reglamento

del Programa de Educación Jurídica Continua, 2017 TSPR 114, 198 DPR ___,

(2017), la clase togada de Puerto Rico disfruta de un periodo de exoneración

que vence el 30 de junio de 2018 sobre deudas por dicho concepto. Es decir,

TS-16,053

10

Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia a la

señora Alberty por correo electrónico y posteriormente vía

correo

certificado

con

acuse

de

recibo

a

su

última

dirección conocida.

Se dictará Sentencia de conformidad.

_________________________________________________________________

durante dicho periodo, los letrados y las letradas deben cumplir con los

requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC), pero están

exentos del pago de las multas por cumplimiento tardío.

Véase In re Davis

Pérez, 2017 TSPR 180, 198 DPR ___ (2017).

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Leilani Alberty Oms

TS-16,053

Conducta

Profesional

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 3 de abril de 2018.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte íntegra

de la presente Sentencia, decretamos la suspensión

inmediata e indefinida de la Lcda. Leilani Alberty Oms del

ejercicio de la abogacía.

La señora Alberty Oms deberá notificar a todos sus

clientes

de

su

inhabilidad

para

continuar

representándolos y devolverles tanto los expedientes de

los casos pendientes como los honorarios recibidos por

trabajos no rendidos, e informar inmediatamente de su

suspensión

a

los

distintos

foros

judiciales

y

administrativos en los que tenga algún asunto pendiente.

Asimismo,

deberá

acreditar

ante

este

Tribunal

el

cumplimiento con lo anterior, dentro del término de

treinta (30) días, contado a partir de la notificación de

la Opinión Per Curiam que antecede y de esta Sentencia.

No hacerlo pudiera conllevar que no se le reinstale de

solicitarlo.

Del mismo modo, de ser solicitada la

reinstalación, tomaremos en cuenta si la señora Alberty

Oms cumplió con los requisitos del Programa de Educación

Jurídica Continua y si satisfizo, de ser requerido, el

pago de las multas por cumplimiento tardío.

TS-16,053

2

Notifíquese la Opinión Per Curiam que antecede y esta

Sentencia a la señora Alberty Oms por correo electrónico y

posteriormente vía correo certificado con acuse de recibo a su

última dirección conocida.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez concurre

y hace constar la siguiente expresión:

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez concurre

por los fundamentos expuestos en la expresión que

emitió el Juez Asociado señor Estrella Martínez en

In re: Reina Davis Pérez, 2017 TSPR 180, 198 DPR

___ (2017).

El Juez Asociado señor Estrella Martínez concurre y hace

constar la siguiente expresión:

El Juez Asociado señor Estrella Martínez

concurre por los fundamentos contenidos en su

expresión en In re Reina Davis Pérez, 2017 TSPR

180, 198 DPR ___ (2017).

El Juez Asociado señor

resultado sin opinión escrita.

Colón

Pérez

concurre

con

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

el