Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Leilani Alberty Oms
2018 TSPR 51
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Leilani Alberty Oms
TS-16,053
Conducta Profesional -Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por incumplir con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua y desatender los requerimientos de dicha oficina y las órdenes del Tribunal Supremo .
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2018 TSPR 51
200 DPR ____
Leilani Alberty Oms
Número del Caso: TS-16,053
Fecha: 3 de abril de 2018
Abogado de la parte promovida:
Por derecho propio
Programa de Educación Jurídica Continua:
Lcdo. José I. Campos Pérez
Director
Materia:
Conducta Profesional – La suspensión del abogado será
efectiva el 4 de abril de 2018, fecha en que se le notificó por
correo al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
TS-16,053
Leilani Alberty Oms
Conducta
Profesional
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de abril de 2018.
Por
los
antecedentes
fácticos
que
discutiremos
a
continuación, nos vemos obligados a suspender inmediata e
indefinidamente del ejercicio de la abogacía a una togada
que incumplió con los requisitos del Programa de Educación
Jurídica
Continua
(PEJC)
y
que, además,
desatendió
los
requerimientos de dicha oficina y las órdenes emitidas por
este Tribunal.
Veamos.
I
La Lcda. Leilani Alberty Oms (licenciada Alberty) fue
admitida al ejercicio de la abogacía el 29 de agosto de
2006
y
a
la
práctica
de
la
notaría el 26
de
abril
de 2010.1
El 24 de mayo de 2011, la entonces Directora del
PEJC,
1
Lcda.
Yanis
Blanco
Santiago,
le
envió
a
la
El 28 de febrero de 2013 la Lcda. Leilani Alberty Oms (licenciada
Alberty) le notificó a la Oficina de Inspección de Notarías su intención de
renunciar voluntariamente al ejercicio de la notaría. Por lo cual, tras los
trámites de rigor, el 1 de abril de 2014 emitimos una Resolución dando por
terminada la fianza que garantizaba sus funciones notariales.
TS-16,053
2
licenciada Alberty un Aviso de Incumplimiento mediante el
cual le informó que no cumplió con el total de créditos
requeridos
por
el
Reglamento
del
PEJC
correspondiente a los años 2009-2011.2
indicó
que
debía
pagar
una
para
el
periodo
En consecuencia, le
cuota
de
$50.00
por
cumplimiento tardío y le concedió un término de sesenta
(60)
días
adeudados.
para
acreditar
o
completar
los
créditos
Transcurrido el plazo sin recibir contestación
de la letrada, el 13 de diciembre de 2013 el PEJC le cursó
una Citación a Vista para que expusiera las razones que
justificaban
su
incumplimiento
correspondiente prueba.
y
presentara
la
En dicha misiva, se le advirtió,
además, que de no comparecer se referiría el asunto a la
atención de esta Curia.
Posteriormente, la licenciada Alberty compareció al
PEJC mediante comunicación escrita en la cual expresó que
en
febrero
de
2011
se
mudó
a
los
Estados
Unidos
continentales y, desde entonces, no practicaba la abogacía
ni la notaría.3
le
eximiera
del
En consideración a ello, solicitó que se
cumplimiento
con
los
requisitos
de
educación jurídica continua por justa causa.
2
Del expediente surge que, durante el referido periodo, la licenciada
Alberty adeudaba cuatro (4) créditos de ética.
3
La licenciada Alberty explicó que su mudanza se debió a razones de
índole económica y laboral.
También esbozó que, por razones económicas, no
fue hasta enero de 2013 que pudo regresar a Puerto Rico para concluir algunas
gestiones personales y profesionales, incluyendo solicitar la baja voluntaria
del ejercicio de la notaría.
Por otra parte, presentó varios documentos
relativos a cursos tomados en los Estados Unidos.
TS-16,053
Así
3
las
cosas,
el
31
enero
de
2014
el
PEJC
le
notificó a la togada que se le concedió un nuevo término
de sesenta (60) días para tomar los cursos pendientes para
el periodo 2009-2011 y pagar la correspondiente cuota por
cumplimiento
tardío.
Al
desatender
la
mencionada
comunicación, la entonces Directora Ejecutiva del PEJC,
Lcda. Geisa M. Marrero Martínez, emitió y notificó una
nueva determinación en la que le advirtió a la licenciada
Alberty que, de no subsanar las deficiencias señaladas y
realizar
el
pago
de
la
correspondiente
multa
por
cumplimiento tardío en un término de treinta (30) días, el
asunto sería llevado ante la consideración de la Junta de
Educación Jurídica Continua.4
la
togada,
el
asunto
fue
Ante la incomparecencia de
sometido
ante
la
Junta
de
Educación Jurídica Continua, quien lo evaluó y determinó
referirlo ante nos.
El 9 de marzo de 2017 el Lcdo. José I. Campos Pérez,
actual Director Ejecutivo del PEJC, presentó ante nos un
Informe sobre Incumplimiento con Requisito de Educación
Jurídica
Continua,
mediante
el
cual
nos
indicó
que
la
licenciada Alberty incumplió con los requisitos del PEJC
para el periodo 2009-2011 y con el correspondiente pago de
la multa por cumplimiento tardío.
4
Del mismo modo, nos
Además, se le informó que el Historial de Cursos Acreditados reflejaba
que la licenciada Alberty incumplió con los periodos subsiguientes (es decir,
2011-2013 y 2013-2015), y que no había efectuado el pago de las multas
correspondientes a dichos términos.
TS-16,053
4
informó que el PEJC emitió otros avisos de incumplimiento
debido a que la togada tampoco satisfizo los requisitos
reglamentarios
del
2013-2015
efectuó
ni
PEJC
para
los
periodos
2011-2013
y
el
pago
de
la
multa
una
Resolución
por
cumplimiento tardío para esos ciclos.5
El
28
de
abril
de
2017
emitimos
concediéndole a la licenciada Alberty un término de veinte
(20) días para que mostrara causa por la cual no debía ser
suspendida de la profesión de la abogacía por faltar a su
deber de tomar los cursos de educación jurídica continua
requeridos y por no comparecer ante el PEJC cuando le fue
solicitado.
En vista de que la licenciada Alberty no contestó
nuestra Resolución de 28 de abril de 2017, el 30 de junio
de 2017 le concedimos un término final de diez (10) días
con
el
mismo
propósito,
apercibiéndole
que
suspendida de la profesión de la abogacía.6
podría
ser
No obstante,
la togada tampoco compareció ante nos.
II
El Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX (2012 y
Supl. 2017) tiene el propósito de “promover el desempeño
personal y profesional de los abogados y las abogadas de
5
Debemos puntualizar que la licenciada Alberty no ha sido citada para
una vista informal para dichos periodos.
6
La Resolución de 30 de junio de 2017 le fue notificada el 6 de julio de
2017, pero fue devuelta por no ser reclamada. Posteriormente le fue enviada
la misma por correo electrónico el 10 de agosto de 2017.
TS-16,053
5
acuerdo con los más altos principios de conducta decorosa
[…]”.
In re Espino Valcárcel, 2018 TSPR 30, 199 DPR ___
(2018).
Con ese norte, al prestar juramento para ejercer
la abogacía, los togados “se comprometen a obedecer, con
lealtad y fidelidad, aquellos deberes y responsabilidades
que les impone la ley y el Código de Ética Profesional”.
In re González López,
2018 TSPR 28, 199 DPR ___ (2018),
citando a In re Jiménez Meléndez, 2017 TSPR 119, 198 DPR
___ (2017).
En
esa
línea,
el
Canon
2
del
Código
de
Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX (2012), requiere que, con el
fin de viabilizar “[…] una representación adecuada para
toda persona, el abogado también debe realizar esfuerzos
para
lograr
y
mantener
un
alto
grado
de
excelencia
y
competencia en su profesión a través del estudio y la
participación
en
programas
educativos
de
mejoramiento
profesional […]”.
Conforme a lo anterior, establecimos “un programa de
educación jurídica continua obligatoria dirigido a alentar
y contribuir al mejoramiento académico de toda persona que
ejerce la profesión del Derecho”.
Regla 3 del Reglamento
del Programa de Educación Jurídica Continua.
91, 198 DPR ___ (2017).7
7
2017 TSPR
Como parte de este programa, los
El Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua fue aprobado
el 2 de junio de 2017. Véase In re Aprobación del Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua, 2017 TSPR 91, 198 DPR ___ (2017). Previo a ello,
los abogados estaban obligados a cumplir con requisitos de educación jurídica
continua en virtud del derogado Reglamento de Educación Jurídica Continua
TS-16,053
6
togados deben completar veinticuatro (24) horas crédito de
educación jurídica continua en cada periodo de tres (3)
años.
Regla 29 del Reglamento del Programa de Educación
Jurídica Continua, supra.
Por
otra
Profesional,
4
parte,
el
Canon
LPRA
Ap.
IX
9
del
(2012),
Código
le
de
impone
Ética
a
los
abogados y abogadas el deber de observar una conducta que
se caracterice por el mayor respeto hacia los tribunales.
In
re
Espino
Valcárcel,
supra;
In
re
González
López,
supra; In re Abreu Figueroa, 2017 TSPR 126, 198 DPR ___
(2017); In re Vázquez Bernier, 2017 TSPR 124, 198 DPR ___
(2017).
Como corolario de ello, los abogados tienen el
firme compromiso de atender, diligente y oportunamente,
las órdenes y los requerimientos emitidos por los foros
judiciales.
In re Espino Valcárcel, supra; In re González
López, supra; In re Mangual Acevedo, 2017 TSPR 66; 197 DPR
___ (2017).
A tono con lo anterior, reiteramos que el
desatender los requerimientos de este Tribunal, además de
infringir
dicho
canon,
constituye
un
desafío a
nuestra
autoridad y podría conllevar la imposición de sanciones
disciplinarias
práctica legal.
severas,
incluyendo
la
suspensión
de
la
In re McConnie Shorter, 2018 TSPR 29, 199
_________________________________________________________________
(1998), 4 LPRA Ap. XVII-D (2012 y Supl. 2017) y del también derogado
Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua (2005), 4 LPRA Ap.
XVII-E (2012 y Supl. 2017).
TS-16,053
7
DPR ___ (2018); In re Avilés Vega, 2017 TSPR 56, 197 DPR
___ (2017).
El
deber
de
respeto
de
los
abogados
hacia
los
tribunales establecido en el Canon 9 del Código de Ética
Profesional,
también
a
otras
entidades
fiscalizadoras de la profesión legal,
a
saber:
el PEJC,
la
y
la
Oficina
supra,
del
aplica
Procurador
Inspección de Notarías.
General
Oficina
de
In re González López, supra; In
re Davis Pérez, 2017 TSPR 180, 198 DPR ___ (2017); In re
Abreu Figueroa, supra.
Así pues, hemos expresado que el
letrado que ignora los requerimientos del PEJC “le falta
el respeto a este Tribunal y atenta contra la ciudadanía
en cuanto a la garantía que tiene de obtener servicios
legales competentes que aseguren un acceso adecuado a la
justicia”.
In re Davis Pérez, supra.
Además, el hacer
caso omiso a los requerimientos del PEJC constituye “un
gasto
de
recursos
administrativos
por
parte
de
ese
programa y reflejan una patente falta de compromiso con el
deber de excelencia y competencia que encarna el Canon 2
del Código de Ética Profesional”.
supra.
In re McConnie Shorter,
Véanse, además, In re Davis Pérez, supra; In re
Abreu Figueroa, supra; In re Cabán Arocho, 2017 TSPR 104,
198 DPR ___ (2017); In re Rodríguez Gerena, 2017 TSPR 40,
197 DPR ___ (2017).
Por lo tanto, consistentemente hemos
suspendido “indefinidamente a abogados que desatienden los
requerimientos del PEJC e incumplen con las horas crédito
TS-16,053
8
de educación continua requeridas”.
supra.
In re Davis Pérez,
Véanse, además, In re McConnie Shorter, supra; In
re González López, supra; In re Abreu Figueroa, supra; In
re Zambrana Ortiz, 2017 TSPR 111, 198 DPR ___ (2017).
III
Del informe del licenciado Campos Pérez fechado el
9 de marzo de 2017, se desprende que el PEJC le concedió
varias
oportunidades
a
la
licenciada
Alberty
demostrara
que
completó
los
cumpliera
o
educación
jurídica
licenciada
continua.
Alberty
no
A
fue
pesar
para
que
requisitos
de
de
la
diligente
ello,
ante
los
requerimientos del PEJC ni acreditó el haber completado
los
cursos
de
educación
jurídica
para
periodo
reglamentariamente
el
continua
en
exigidos
cuestión.
Este
proceder constituye una violación ética sancionable, ya
que atenta contra lo postulado en los cánones 2 y 9 del
Código de Ética Profesional, supra.
Además,
este
Foro
emitió
dos
(2)
Resoluciones
concediéndole término a la togada para que mostrara causa
por la cual no debía ser suspendida de la profesión legal
por su proceder
durante el
trámite ante el
PEJC.
La
última de ellas fue notificada por correo certificado y
por
correo
electrónico
a
la
licenciada
Alberty.
Sin
embargo, la togada hizo caso omiso a nuestras órdenes.
Como adelantamos, este proceder también viola el referido
Canon
9
y
acarrea
la
imposición
de
sanciones
TS-16,053
9
disciplinarias
severas,
incluyendo
la
suspensión
indefinida de la práctica legal.
IV
De conformidad con el derecho aplicable, así como por
la conducta exhibida por la Lcda. Leilani Alberty Oms,
decretamos
ejercicio
su
de
suspensión
la
inmediata
abogacía.
Le
e
indefinida
ordenamos
a
la
del
señora
Alberty notificar a todos sus clientes de su inhabilidad
para continuar representándolos y devolverles tanto los
expedientes de los casos pendientes como los honorarios
recibidos
por
inmediatamente
trabajos
de
su
no
rendidos,
suspensión
a
los
e
informar
distintos
foros
judiciales y administrativos en los que tenga algún asunto
pendiente.
cumplimiento
Además, deberá acreditar ante este Tribunal el
con
lo
anterior,
dentro
del
término
de
treinta (30) días, a partir de la notificación de esta
Opinión
Per
Curiam
y
Sentencia.
No
hacerlo
pudiere
conllevar el que en un futuro no se le reinstale de así
solicitarlo.
Del
mismo
modo,
de
ser
solicitada
la
reinstalación, tomaremos en cuenta si la señora Alberty
cumplió
con
los
requisitos
pendientes
del
PEJC
y
si
satisfizo, de ser requerido, el pago de las multas por
cumplimiento tardío.8
8
A raíz de nuestra determinación en In re Periodo de exoneración para el
pago de multas por cumplimiento tardío establecidas al amparo del Reglamento
del Programa de Educación Jurídica Continua, 2017 TSPR 114, 198 DPR ___,
(2017), la clase togada de Puerto Rico disfruta de un periodo de exoneración
que vence el 30 de junio de 2018 sobre deudas por dicho concepto. Es decir,
TS-16,053
10
Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia a la
señora Alberty por correo electrónico y posteriormente vía
correo
certificado
con
acuse
de
recibo
a
su
última
dirección conocida.
Se dictará Sentencia de conformidad.
_________________________________________________________________
durante dicho periodo, los letrados y las letradas deben cumplir con los
requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC), pero están
exentos del pago de las multas por cumplimiento tardío.
Véase In re Davis
Pérez, 2017 TSPR 180, 198 DPR ___ (2017).
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Leilani Alberty Oms
TS-16,053
Conducta
Profesional
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico a 3 de abril de 2018.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte íntegra
de la presente Sentencia, decretamos la suspensión
inmediata e indefinida de la Lcda. Leilani Alberty Oms del
ejercicio de la abogacía.
La señora Alberty Oms deberá notificar a todos sus
clientes
de
su
inhabilidad
para
continuar
representándolos y devolverles tanto los expedientes de
los casos pendientes como los honorarios recibidos por
trabajos no rendidos, e informar inmediatamente de su
suspensión
a
los
distintos
foros
judiciales
y
administrativos en los que tenga algún asunto pendiente.
Asimismo,
deberá
acreditar
ante
este
Tribunal
el
cumplimiento con lo anterior, dentro del término de
treinta (30) días, contado a partir de la notificación de
la Opinión Per Curiam que antecede y de esta Sentencia.
No hacerlo pudiera conllevar que no se le reinstale de
solicitarlo.
Del mismo modo, de ser solicitada la
reinstalación, tomaremos en cuenta si la señora Alberty
Oms cumplió con los requisitos del Programa de Educación
Jurídica Continua y si satisfizo, de ser requerido, el
pago de las multas por cumplimiento tardío.
TS-16,053
2
Notifíquese la Opinión Per Curiam que antecede y esta
Sentencia a la señora Alberty Oms por correo electrónico y
posteriormente vía correo certificado con acuse de recibo a su
última dirección conocida.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez concurre
y hace constar la siguiente expresión:
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez concurre
por los fundamentos expuestos en la expresión que
emitió el Juez Asociado señor Estrella Martínez en
In re: Reina Davis Pérez, 2017 TSPR 180, 198 DPR
___ (2017).
El Juez Asociado señor Estrella Martínez concurre y hace
constar la siguiente expresión:
El Juez Asociado señor Estrella Martínez
concurre por los fundamentos contenidos en su
expresión en In re Reina Davis Pérez, 2017 TSPR
180, 198 DPR ___ (2017).
El Juez Asociado señor
resultado sin opinión escrita.
Colón
Pérez
concurre
con
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
el