Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Yanira Santiago Santiago
2018 TSPR 46
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Yanira Santiago Santiago
TS-16,390
Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por incumplir con las órdenes del Tribunal Supremo.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2018 TSPR 46
199 DPR ____
Yanira Santiago Santiago
Número de Caso: TS-16,390
20 de marzo de 2018
Abogado de la promovida:
Por derecho propio.
Programa de Educación Jurídica Continua:
Lcdo. José Ignacio Campos Pérez
Director
Materia: Suspensión inmediata e indefinida de
incumplir con las órdenes del Tribunal Supremo.
la
abogacía
por
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
TS-16,390
Yanira Santiago Santiago
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a de 20 de marzo de 2018.
En
el
día
de
hoy
nos
corresponde
ejercitar
nuestro poder disciplinario y decretar la suspensión
de
la
Lcda.
Santiago
Yanira
Santiago)
Santiago
Santiago
(licenciada
de
profesión
legal
por
hechos
que
la
desobedecer nuestras órdenes.
Pasemos
entonces
a
consignar
los
acarrearon su suspensión.
I
El 26 de enero de 2007 la licenciada Santiago
Santiago fue admitida al ejercicio de la abogacía.
El 19 de mayo de 2017 el Director Ejecutivo del
Programa
de
Educación
Jurídica
Continua, el
Lcdo. José Ignacio Campos Pérez, presentó ante este
TS-16,390
2
Tribunal un escrito titulado Informe sobre incumplimiento
con requisito de educación jurídica continua. Por medio de
éste, informó que la licenciada Santiago Santiago inobservó
las exigencias del PEJC.
Consecuentemente, el 30 de junio de 2017 emitimos una
Resolución otorgándole a la licenciada Santiago Santiago
término de veinte días para comparecer y mostrar causa por
la
cual
no
debía
ser
separada
de
la
práctica
de
la
abogacía, por incumplir con los requerimientos del PEJC y
por no comparecer cuando se le solicitó.
Dado a que la licenciada Santiago Santiago no acató lo
ordenado, el 16 de agosto de 2017 dictamos otra Resolución,
concediéndole
un
periodo
final
de
diez
días
para
que
mostrara causa por la cual no debíamos suspenderla de la
abogacía por no cumplir con los requisitos del PEJC.1
A continuación consignaremos el derecho que aplica a
este marco fáctico.
II
Parte
de
la
facultad
inherente
para
regular
la
profesión jurídica conlleva que nos cercioremos que sus
miembros
desempeñen
sus
funciones
de
modo
responsable,
competente y diligente.2 A tono con ello, promulgamos el
En cuanto a la notificación de esta Resolución, el 14 de diciembre de
2017 el Alguacil Auxiliar de Seguridad cursó una carta donde esbozó los
trámites llevados a cabo para entregar a la señora Santiago Santiago la
misma. Plasmó que se personó, en dos ocasiones, a la residencia de ésta
y que se le comunicó que no se encontraba. Indicó, además, que un
vecino expresó que la señora Santiago Santiago se encontraba residiendo
en Estados Unidos hace cinco años.
2 In re Shirley Vélez Rivera, 2018 TSPR 4, en la pág. 6, 199 DPR ___
(2018); In re Ricardo Santos Ortiz, 2017 TSPR 107, en la pág. 5, 198
DPR ___ (2017).
1
TS-16,390
3
Código de Ética Profesional el cual contiene las normas
mínimas
de
conducta
que
deben
desplegar
los
abogados
y
abogadas que ejercen tan ilustre profesión.3
En
específico,
el
Canon
9
del
Código
de
Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX, es una de las disposiciones de
mayor envergadura, pues establece cómo los letrados deben
conducirse en los tribunales de justicia del país.4 A esos
fines,
y
en
lo
que
nos
concierne,
preceptúa
que
todo
“abogado debe observar para con los tribunales una conducta
que se caracterice por el mayor respeto”.5
Al
analizar
naturaleza
de
la
esta
disposición,
función
del
expresamos
abogado
conlleva
que
que
la
éste
emplee estricta atención y obediencia a las órdenes de este
Tribunal, o de cualquier foro judicial que esté obligado a
comparecer.6 En otras palabras, cada miembro de la clase
togada tiene la ineludible obligación de respetar, acatar y
responder diligentemente nuestras órdenes. Este deber cobra
más rigor si se trata de asuntos relacionados a la conducta
profesional de los abogados.7
El quebrantamiento de un miembro de la clase togada
con
las
órdenes
de
este
Tribunal
evidencia
un
claro
In re Arlene Zambrana Ortiz, 2017 TSPR 111, 198 DPR ____ (2017); In
re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 617-618 (2014); In re Falcón López,
189 DPR 689 (2013).
4 In re Shirley Vélez Rivera, 2018 TSPR 4, en la pág. 6, 199 DPR ___
(2018).
5 4 LPRA Ap. IX. C. 9.
6 In re Ricardo Santos Ortiz, supra, pág. 5. In re García Ortiz, 187
DPR 507, 524 (2012).
7 Id., In re Rivera Sepúlveda, 192 DPR 985, 988 (2015); In re Irizarry
Irizarry, 190 DPR 368, 375 (2014).
3
TS-16,390
4
menosprecio
hacia
nuestra
autoridad.8
Asimismo,
su
desatención a las órdenes judiciales no se tomará de manera
liviana pues constituye un serio agravio a la autoridad de
los tribunales.9 Consiguientemente, hemos pronunciado que
la actitud de indiferencia hacia nuestros apercibimientos
sobre
sanciones
decretar
la
disciplinarias
suspensión
es
causa
inmediata
e
suficiente
indefinida
para
de
la
profesión de la abogacía.10
Este
canon
comprende
los
letrados
ante
conducta
de
los
obstante,
lo
hicimos
extensivo
preceptos
que
rigen
la
los
judiciales.
No
a
foros
las
entidades
que
les
delegamos la tarea de velar por el cumplimiento de las
obligaciones que acarrean la práctica legal. Por tanto, la
aplicación del Canon 9 no está restringida a las órdenes
expedidas por esta Curia.11 De modo que, esta norma, también
rige la conducta que la clase togada debe observar sobre
los requerimientos llevados a cabo por las entidades que
auxilian
a
este
Tribunal
en
el
descargo
de
sus
responsabilidades.12 Consecuentemente, las obligaciones que
impone el Canon 9 se extienden a los requerimientos del
PEJC.13
In re Irizarry Irizarry, supra, pág. 374; In re De León Rodríguez,
190 DPR 378, 390-391 (2014).
9 In re Christine M. Pratts Barbarossa, 2018 TSPR 5, en la pág. 6, 199
DPR ___ (2018); In re Planas Merced, 195 DPR 73, 77 (2016).
10 In re Figueroa Cortés, 196 DPR 1, 3 (2016); In re López González, 193
DPR 1021 (2015); In re Irizarry Irizarry, supra; In re Vera Vélez,
supra, pág. 227; In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660 (2011); In re
Martínez Sotomayor I, 181 DPR 1, 3 (2011).
11 In re Torres Román, 195 DPR 882, 891 (2016).
12 Íd.
13 In re Justo Méndez Molina, 2018 TSPR 3, en la pág. 6, 199 DPR ___
(2018).
8
TS-16,390
5
Expuesto el marco legal que aplica a los hechos de
este caso, nos encontramos en posición de resolver.
III
Según establecimos, el presente caso surgió cuando el
Director Ejecutivo del PEJC presentó ante esta Curia un
informe donde notificó el incumplimiento de la licenciada
Santiago
Santiago
con
los
requisitos
del
programa.
Por
ello, le solicitamos a la licenciada Santiago Santiago que,
en un plazo de veinte días, mostrara causa por la cual no
debíamos separarla de la abogacía por inobservar su deber
de satisfacer las exigencias del PEJC. Dado que ésta no
compareció, le concedimos un término final de diez días
para que realizara lo ordenado, en cambio, tampoco cumplió.
Aunque
se
le
otorgó
múltiples
oportunidades
para
hacerlo, al presente, la licenciada Santiago Santiago ha
ignorado nuestras órdenes. Su conducta revela un alto grado
de desidia e indiferencia hacia nuestros requerimientos,
así contraviene nuestra autoridad en clara violación al
Canon 9. Tal proceder, por sí solo, amerita que se suspenda
de la profesión jurídica.
IV
En
vista
de
lo
que
antecede,
separamos
de
manera
inmediata e indefinida a la señora Santiago Santiago de la
práctica
poner
en
de
la
abogacía.
conocimiento
a
Le
imponemos
todos
sus
la
obligación
clientes
sobre
de
su
inhabilidad de continuar representándolos y de restituir
los honorarios recibidos por las labores no realizadas.
TS-16,390
6
Además, tiene el deber de comunicar su suspensión a los
foros judiciales y administrativos de Puerto Rico en los
cuales
tenga
algún
caso
pendiente.
Asimismo,
deberá
acreditar y certificar a esta Curia su cumplimiento con lo
anterior
dentro
de
un
término
de
treinta
notificada la Opinión Per Curiam y Sentencia.
Se dictará Sentencia de conformidad.
días
una
vez
TS-16,390
7
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
TS-16,390
Yanira Santiago Santiago
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2018.
Por los fundamentos enunciados en la Opinión Per
Curiam que precede y se hace formar parte de la presente
Sentencia, separamos de manera inmediata e indefinida a
la Sra. Yanira Santiago Santiago de la práctica de la
abogacía. Le imponemos la obligación de poner en
conocimiento a todos sus clientes sobre su inhabilidad de
continuar representándolos y de restituir los honorarios
recibidos por las labores no realizadas. Además, tiene el
deber de comunicar su suspensión a los foros judiciales y
administrativos de Puerto Rico en los cuales tenga algún
caso pendiente. Asimismo, deberá acreditar y certificar a
esta Curia su cumplimiento con lo anterior dentro de un
término de treinta días una vez notificada la Opinión Per
Curiam y Sentencia.
Notifíquese por correo certificado
recibo y vía correo electrónico.
con
acuse
de
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo