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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Yanira Santiago Santiago

2018 TSPR 46

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Yanira Santiago Santiago

TS-16,390

Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por incumplir con las órdenes del Tribunal Supremo.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2018 TSPR 46

199 DPR ____

Yanira Santiago Santiago

Número de Caso: TS-16,390

20 de marzo de 2018

Abogado de la promovida:

Por derecho propio.

Programa de Educación Jurídica Continua:

Lcdo. José Ignacio Campos Pérez

Director

Materia: Suspensión inmediata e indefinida de

incumplir con las órdenes del Tribunal Supremo.

la

abogacía

por

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

TS-16,390

Yanira Santiago Santiago

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a de 20 de marzo de 2018.

En

el

día

de

hoy

nos

corresponde

ejercitar

nuestro poder disciplinario y decretar la suspensión

de

la

Lcda.

Santiago

Yanira

Santiago)

Santiago

Santiago

(licenciada

de

profesión

legal

por

hechos

que

la

desobedecer nuestras órdenes.

Pasemos

entonces

a

consignar

los

acarrearon su suspensión.

I

El 26 de enero de 2007 la licenciada Santiago

Santiago fue admitida al ejercicio de la abogacía.

El 19 de mayo de 2017 el Director Ejecutivo del

Programa

de

Educación

Jurídica

Continua, el

Lcdo. José Ignacio Campos Pérez, presentó ante este

TS-16,390

2

Tribunal un escrito titulado Informe sobre incumplimiento

con requisito de educación jurídica continua. Por medio de

éste, informó que la licenciada Santiago Santiago inobservó

las exigencias del PEJC.

Consecuentemente, el 30 de junio de 2017 emitimos una

Resolución otorgándole a la licenciada Santiago Santiago

término de veinte días para comparecer y mostrar causa por

la

cual

no

debía

ser

separada

de

la

práctica

de

la

abogacía, por incumplir con los requerimientos del PEJC y

por no comparecer cuando se le solicitó.

Dado a que la licenciada Santiago Santiago no acató lo

ordenado, el 16 de agosto de 2017 dictamos otra Resolución,

concediéndole

un

periodo

final

de

diez

días

para

que

mostrara causa por la cual no debíamos suspenderla de la

abogacía por no cumplir con los requisitos del PEJC.1

A continuación consignaremos el derecho que aplica a

este marco fáctico.

II

Parte

de

la

facultad

inherente

para

regular

la

profesión jurídica conlleva que nos cercioremos que sus

miembros

desempeñen

sus

funciones

de

modo

responsable,

competente y diligente.2 A tono con ello, promulgamos el

En cuanto a la notificación de esta Resolución, el 14 de diciembre de

2017 el Alguacil Auxiliar de Seguridad cursó una carta donde esbozó los

trámites llevados a cabo para entregar a la señora Santiago Santiago la

misma. Plasmó que se personó, en dos ocasiones, a la residencia de ésta

y que se le comunicó que no se encontraba. Indicó, además, que un

vecino expresó que la señora Santiago Santiago se encontraba residiendo

en Estados Unidos hace cinco años.

2 In re Shirley Vélez Rivera, 2018 TSPR 4, en la pág. 6, 199 DPR ___

(2018); In re Ricardo Santos Ortiz, 2017 TSPR 107, en la pág. 5, 198

DPR ___ (2017).

1

TS-16,390

3

Código de Ética Profesional el cual contiene las normas

mínimas

de

conducta

que

deben

desplegar

los

abogados

y

abogadas que ejercen tan ilustre profesión.3

En

específico,

el

Canon

9

del

Código

de

Ética

Profesional, 4 LPRA Ap. IX, es una de las disposiciones de

mayor envergadura, pues establece cómo los letrados deben

conducirse en los tribunales de justicia del país.4 A esos

fines,

y

en

lo

que

nos

concierne,

preceptúa

que

todo

“abogado debe observar para con los tribunales una conducta

que se caracterice por el mayor respeto”.5

Al

analizar

naturaleza

de

la

esta

disposición,

función

del

expresamos

abogado

conlleva

que

que

la

éste

emplee estricta atención y obediencia a las órdenes de este

Tribunal, o de cualquier foro judicial que esté obligado a

comparecer.6 En otras palabras, cada miembro de la clase

togada tiene la ineludible obligación de respetar, acatar y

responder diligentemente nuestras órdenes. Este deber cobra

más rigor si se trata de asuntos relacionados a la conducta

profesional de los abogados.7

El quebrantamiento de un miembro de la clase togada

con

las

órdenes

de

este

Tribunal

evidencia

un

claro

In re Arlene Zambrana Ortiz, 2017 TSPR 111, 198 DPR ____ (2017); In

re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 617-618 (2014); In re Falcón López,

189 DPR 689 (2013).

4 In re Shirley Vélez Rivera, 2018 TSPR 4, en la pág. 6, 199 DPR ___

(2018).

5 4 LPRA Ap. IX. C. 9.

6 In re Ricardo Santos Ortiz, supra, pág. 5. In re García Ortiz, 187

DPR 507, 524 (2012).

7 Id., In re Rivera Sepúlveda, 192 DPR 985, 988 (2015); In re Irizarry

Irizarry, 190 DPR 368, 375 (2014).

3

TS-16,390

4

menosprecio

hacia

nuestra

autoridad.8

Asimismo,

su

desatención a las órdenes judiciales no se tomará de manera

liviana pues constituye un serio agravio a la autoridad de

los tribunales.9 Consiguientemente, hemos pronunciado que

la actitud de indiferencia hacia nuestros apercibimientos

sobre

sanciones

decretar

la

disciplinarias

suspensión

es

causa

inmediata

e

suficiente

indefinida

para

de

la

profesión de la abogacía.10

Este

canon

comprende

los

letrados

ante

conducta

de

los

obstante,

lo

hicimos

extensivo

preceptos

que

rigen

la

los

judiciales.

No

a

foros

las

entidades

que

les

delegamos la tarea de velar por el cumplimiento de las

obligaciones que acarrean la práctica legal. Por tanto, la

aplicación del Canon 9 no está restringida a las órdenes

expedidas por esta Curia.11 De modo que, esta norma, también

rige la conducta que la clase togada debe observar sobre

los requerimientos llevados a cabo por las entidades que

auxilian

a

este

Tribunal

en

el

descargo

de

sus

responsabilidades.12 Consecuentemente, las obligaciones que

impone el Canon 9 se extienden a los requerimientos del

PEJC.13

In re Irizarry Irizarry, supra, pág. 374; In re De León Rodríguez,

190 DPR 378, 390-391 (2014).

9 In re Christine M. Pratts Barbarossa, 2018 TSPR 5, en la pág. 6, 199

DPR ___ (2018); In re Planas Merced, 195 DPR 73, 77 (2016).

10 In re Figueroa Cortés, 196 DPR 1, 3 (2016); In re López González, 193

DPR 1021 (2015); In re Irizarry Irizarry, supra; In re Vera Vélez,

supra, pág. 227; In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660 (2011); In re

Martínez Sotomayor I, 181 DPR 1, 3 (2011).

11 In re Torres Román, 195 DPR 882, 891 (2016).

12 Íd.

13 In re Justo Méndez Molina, 2018 TSPR 3, en la pág. 6, 199 DPR ___

(2018).

8

TS-16,390

5

Expuesto el marco legal que aplica a los hechos de

este caso, nos encontramos en posición de resolver.

III

Según establecimos, el presente caso surgió cuando el

Director Ejecutivo del PEJC presentó ante esta Curia un

informe donde notificó el incumplimiento de la licenciada

Santiago

Santiago

con

los

requisitos

del

programa.

Por

ello, le solicitamos a la licenciada Santiago Santiago que,

en un plazo de veinte días, mostrara causa por la cual no

debíamos separarla de la abogacía por inobservar su deber

de satisfacer las exigencias del PEJC. Dado que ésta no

compareció, le concedimos un término final de diez días

para que realizara lo ordenado, en cambio, tampoco cumplió.

Aunque

se

le

otorgó

múltiples

oportunidades

para

hacerlo, al presente, la licenciada Santiago Santiago ha

ignorado nuestras órdenes. Su conducta revela un alto grado

de desidia e indiferencia hacia nuestros requerimientos,

así contraviene nuestra autoridad en clara violación al

Canon 9. Tal proceder, por sí solo, amerita que se suspenda

de la profesión jurídica.

IV

En

vista

de

lo

que

antecede,

separamos

de

manera

inmediata e indefinida a la señora Santiago Santiago de la

práctica

poner

en

de

la

abogacía.

conocimiento

a

Le

imponemos

todos

sus

la

obligación

clientes

sobre

de

su

inhabilidad de continuar representándolos y de restituir

los honorarios recibidos por las labores no realizadas.

TS-16,390

6

Además, tiene el deber de comunicar su suspensión a los

foros judiciales y administrativos de Puerto Rico en los

cuales

tenga

algún

caso

pendiente.

Asimismo,

deberá

acreditar y certificar a esta Curia su cumplimiento con lo

anterior

dentro

de

un

término

de

treinta

notificada la Opinión Per Curiam y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

días

una

vez

TS-16,390

7

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

TS-16,390

Yanira Santiago Santiago

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2018.

Por los fundamentos enunciados en la Opinión Per

Curiam que precede y se hace formar parte de la presente

Sentencia, separamos de manera inmediata e indefinida a

la Sra. Yanira Santiago Santiago de la práctica de la

abogacía. Le imponemos la obligación de poner en

conocimiento a todos sus clientes sobre su inhabilidad de

continuar representándolos y de restituir los honorarios

recibidos por las labores no realizadas. Además, tiene el

deber de comunicar su suspensión a los foros judiciales y

administrativos de Puerto Rico en los cuales tenga algún

caso pendiente. Asimismo, deberá acreditar y certificar a

esta Curia su cumplimiento con lo anterior dentro de un

término de treinta días una vez notificada la Opinión Per

Curiam y Sentencia.

Notifíquese por correo certificado

recibo y vía correo electrónico.

con

acuse

de

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo