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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: José R. Franco Rivera

2019 TSPR 242

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: José R. Franco Rivera

CP-2017-21

Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía por infracción al Canon 26 de Ética Profesional.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2019 TSPR 242

203 DPR _____

José R. Franco Rivera

Número del Caso:

Fecha:

CP-2017-21

30 de diciembre de 2019

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Isaías Sánchez Báez

Procurador General

Lcda. Lorena Cortes Rivera

Subprocuradora General

Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez

Procuradora General Auxiliar

Abogado del Querellado:

Lcdo. Santiago Gutiérrez-Armstrong

Comisionado Especial:

Hon. Isabel Llompart Zeno

Materia: La suspensión será efectiva el 13 de enero de 2020, fecha

en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

José R. Franco Rivera

CP-2017-0021

(TS-7,127)

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de diciembre de 2019.

En esta ocasión nos corresponde determinar si el Lcdo.

José R. Franco Rivera infringió el Canon 26 del Código de

Ética Profesional, infra, al presuntamente condicionar un

acuerdo de pago, en una acción civil en daños y perjuicios

por

impericia

profesional,

a

que

se

retirara

presentaran otras querellas éticas en su contra.

y

no

se

Los hechos

que originaron estas imputaciones surgieron luego que le

desestimaran una causa de acción a los quejosos en la que el

abogado los representaba. Por entender que el proceder del

letrado se apartó de lo que prescriben los referidos cánones,

procede ejercer nuestra facultad disciplinaria. Veamos.

I

El Lcdo. José R. Franco Rivera fue admitido al ejercicio

de la abogacía el 15 de mayo de 1981 y al ejercicio del

CP-2017-0021

2

notariado el 17 de junio del mismo año.1 La Sra. Vivian Díaz

Albaladejo, la Sra. Dalila Bauzó Quiñones, la Sra. Nilsa

Rodríguez Meléndez y el Sr. Eric Rodríguez Zapata presentaron

dos

quejas

contra

el

licenciado

Franco

Rivera

por

su

desempeño en dos casos civiles en los que el abogado los

representaba en el Tribunal Federal de los Estados Unidos

para el Distrito de Puerto Rico.2 En síntesis, alegaron que

contrataron los servicios del licenciado Franco Rivera para

que los representara en una acción de daños y perjuicio en

el Tribunal Federal. De acuerdo con los quejosos, el foro

federal desestimó con perjuicio su causa de acción por el

pobre desempeño del abogado. Por ello, a su vez, los quejosos

instaron sendas demandas en el Tribunal de Primera Instancia

contra

el

licenciado

Franco

Rivera

por

impericia

profesional.3

1

El licenciado Franco Rivera fue suspendido de la práctica

de la profesión legal el 15 de marzo de 2017. Posteriormente, el

13 de septiembre de 2017 fue reinstalado únicamente al ejercicio

de la abogacía. Por lo que actualmente se encuentra suspendido de

la práctica de la notaría.

2

La señora Díaz Albaladejo y la señora Bauzó Quiñones

presentaron la queja AB-2001-0203 el 18 se septiembre de 2001. La

señora y el señor Rodríguez presentaron la queja AB-2001-0210 el

28 de septiembre del mismo año. Para la queja AB-2001-0210 se

ordenó el archivo, mediante Resolución de 7 de marzo de 2003. En

cuanto a la queja AB-2001-0203 se continuó con el proceso

disciplinario y que presentó la querella CP-2002-0005. Como

veremos más adelante, posteriormente, también se ordenó el archivo

de esta.

3

Al caso Dalila Bauzó Quiñones y otros v. José R. Franco se

les asignó el alfanumérico KDP 2001-2281 y al caso Vivian Díaz

Albaladejo y otros v. José R. Franco se le asignó el alfanumérico

KDP 2001-2282.

CP-2017-0021

3

El 6 de mayo de 2002, la Oficina del Procurador General

presentó la Querella CP-2002-0005. En esta se imputó al

licenciado Franco Rivera haber infringido los Cánones 18 y

19 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, mientras

ostentó la representación de los promoventes en los casos

ante

el

foro

solicitud

federal.

del

Sin

embargo,

posteriormente,

a

Procurador

General

paralizamos

el

procedimiento disciplinario hasta que las demandas instadas

ante el foro de

primera instancia advinieran

finales y

firmes, ya que las alegaciones estaban relacionadas con las

controversias de la querella.

Posteriormente,

el licenciado Franco Rivera afrontó

otro procedimiento disciplinario que culminó en la suspensión

del letrado del ejercicio de la abogacía y de la notaría por

tres años.4 Al momento de notificar la suspensión se incautó

la

obra

protocolar

y

el

sello

notarial

del

letrado.

Posteriormente, la ODIN remitió un informe en el que señaló

varias

deficiencias

Ordenamos

al

deficiencias

en

la

obra

protocolar

del

subsanar

licenciado

Franco

Rivera

a

sustantivas,

así

como

una

notario.

las

deficiencia

arancelaria. No obstante, este no dio cumplimiento a nuestra

orden. Por ello, referimos el asunto al Departamento de

Justicia y ordenamos al Tribunal de Primera Instancia a

iniciar un procedimiento de desacato contra el abogado por

4

(2006).

Véase Opinión per curiam In re Franco Rivera, 169 DPR 237

CP-2017-0021

incumplir

4

con

las

órdenes

de

este

Tribunal.

Ante

este

escenario, el 29 de marzo de 2007 emitimos una Resolución

mediante la cual dejamos pendiente la Querella CP-2002-0005

hasta

que

el

licenciado

Franco

Rivera

solicitara

la

reinstalación.

Luego

de

varios

incidentes

procesales,

el

18

de

noviembre de 2010 el licenciado Franco Rivera presentó una

Petición de reinstalación al ejercicio de la práctica de la

profesión de abogado.5 Concedimos un término a la Oficina de

Inspección de Notarías (ODIN) para que se expresara sobre la

solicitud del querellado. El 10 de mayo de 2011 la ODIN

presentó

Moción

en

cumplimiento

de

orden.

En

síntesis,

informó que la deuda arancelaria en la obra notarial del

abogado había sido subsanada por el abogado y por la fianza

notarial.

Añadió

que

durante

los

pasados

dos

años

el

licenciado Franco Rivera había trabajado diligentemente para

la subsanación de su obra notarial. Sin embargo, recomendó

la reinstalación únicamente al ejercicio de la abogacía.

Tiempo después que comenzó el juicio en el caso civil

por impericia profesional, las partes llegaron a un acuerdo

confidencial por el desistimiento de su causa de acción ante

el foro federal. Mediante el Documento privado y confidencial

de acuerdo y satisfacción, suscrito el 1 de abril de 2011,

los promoventes (las señoras Bauzó Quiñones y Rodríguez

5

El 1 de octubre de 2009 el licenciado Franco Rivera presentó

una Moción de reinstalación al ejercicio de la profesión. No

obstante, la denegamos por prematura.

CP-2017-0021

5

Meléndez y el señor Arnaldo Maestre Pujals) se comprometieron

a retirar la querella CP-2002-0005 y a presentar una moción

de desistimiento con perjuicio en el pleito civil en el foro

de primera instancia.6

Así las cosas, el 27 de mayo de 2011, el licenciado

Franco Rivera presentó una Petición uniforme de reinstalación

al ejercicio de la práctica de la profesión de abogado.

Sostuvo que en las demandas por impericia profesional que se

presentaron en su contra los querellantes solicitaron retirar

la querella con perjuicio. Añadió que quedó pendiente la

disposición de unos acuerdos del caso civil en el que también

habían desistido con perjuicio. Con su moción anejó copia de

una Moción para retiro de querella fechada y firmada por los

promoventes. El contenido exacto de la moción se plasma a

continuación:

Al Honorable Tribunal:

Comparece

la

parte

querellante

y

muy

respetuosamente

solicitamos

el

retiro,

con

perjuicio de la querella CP2002-0005 que tenemos

radicada contra la parte querellada en este

Tribunal.

Respetuosamente sometido.7

6

Además, el 15 de abril de 2011 presentaron ante este

Tribunal una moción para retirar la querella CP-2002-0005. Es

oportuno aclarar que el señor Maestre Pujals no fue parte

promovente en ninguna de las quejas que originaron la querella CP2002-0005. No obstante, al ser parte demandante en el pleito civil,

y como parte del acuerdo, este firmó la solicitud de archivo de

la querella y la solicitud de desistimiento en el caso civil.

7

Esta moción se presentó con un Documento privado y

confidencial de acuerdo y satisfacción. Surge del expediente que

el 9 de junio de 2011, el Tribunal de Primera Instancia emitió

Sentencia de archivo por desistimiento en el caso Dalila Bauzó

Quiñones v. José Franco Rivera, KDP2001-2281.

CP-2017-0021

6

El 3 de junio de 2011 emitimos una Resolución para

referir la solicitud de reinstalación a la Comisión de

Reputación al Ejercicio de la Abogacía (la Comisión). Luego

de celebrar la vista correspondiente, la Comisión presentó

un

Informe

y

recomendación

interlocutoria

al

Tribunal

Supremo. En síntesis, recomendó detener la solicitud de

reinstalación y remitir las quejas que el abogado tenía

pendientes a la Oficina de la Procuradora General.

Examinado el informe, el 4 de noviembre de 2011 emitimos

una Resolución mediante la cual ordenamos la reinstalación

del licenciado Franco Rivera únicamente al ejercicio de la

abogacía y referimos las quejas a la Oficina del Procurador

General. El 14 de marzo de 2012, la Procuradora General

Auxiliar, Ivonne Casanova Pelosi, presentó una Moción en

cumplimiento

de

orden

en

la

Querella

CP-2002-0005.

En

síntesis, expuso que del expediente judicial del Tribunal de

Primera Instancia, sobre la demanda civil que presentaron

los promoventes, surgía una Sentencia por desistimiento. Por

esta razón, y por el hecho de que los quejosos no tenían

interés en continuar con la querella, la Procuradora General

Auxiliar expresó que no tenía reparos en que la Querella CP2002-0005 se archivara. En consecuencia, mediante Resolución

de 25 de octubre de 2013, ordenamos el archivo de esta

querella.

Ahora bien, el 31 de marzo de 2016 los promoventes (las

señoras Rodríguez Meléndez y Bauzó Quiñones

y

el señor

CP-2017-0021

7

Maestre Pujals) presentaron otra queja contra el licenciado

Franco Rivera.8 Alegaron que este incumplió con el convenio

de pago y ellos a su vez a retirar la querella CP-2002-0005.

Solicitaron

que

reabriéramos

la

querella

original,

amonestáramos al abogado y lo obligáramos a cumplir con el

acuerdo.

Por su parte, el abogado contestó la queja. Adujo que

en ese momento entendía que luego de ser reinstalado podía

cumplir con el acuerdo pero que había afrontado dificultades

para lograrlo. Puntualizó que envió varios mensajes de texto

al señor Maestre Pujals que demostraban que siempre tuvo el

interés de “cumplir con el compromiso monetario que hi[zo]

para

lograr

que

los

quejosos

desistieran

de

la

queja

originalmente radicada, y que ello no fuera óbice para que

el Tribunal Supremo ordenara [su] reinstalación”. Así las

cosas, remitimos el asunto a la Oficina de la Procuradora

General para la investigación y el informe correspondiente.

El 30 de septiembre de 2016 la Procuradora General

emitió el informe correspondiente. Concluyó que el licenciado

Franco Rivera trasgredió los preceptos del Canon 26 del

Código

de

Ética

Profesional,

supra,

al

condicionar

la

transacción de la demanda en daños y perjuicios por impericia

profesional

y

el

pago

de

una

indemnización

a

que

los

promoventes informaran a este Alto Foro su intención de

8

Se le designó el alfanumérico AB-2016-0105.

CP-2017-0021

retirar

la

8

querella

CP-2002-0005

mientras

se

encontraba

suspendido de la profesión.

Por su parte, el letrado presentó un escrito que tituló

Comentarios en torno al Informe de la Procuradora General.

Expresó

que

no

transacción

de

tuvo

la

la

intención

reclamación

en

de

condicionar

daños

por

la

impericia

profesional al retiro de la querella. Señaló que fueron los

quejosos quienes decidieron “liberar cualquier escollo para

que el suscribiente pudiera ser reinstalado a la brevedad

posible, y lograr cumplir con el acuerdo de pago”.

Posteriormente, el 15 de marzo de 2017, suspendimos al

licenciado Franco Rivera indefinidamente del ejercicio de la

abogacía por incumplir con nuestras órdenes en reiteradas

ocasiones.9

El

mismo

día,

por

archivamos

administrativamente

motivo

de

la

queja

la

suspensión,

AB-2016-105.

Transcurridos seis meses desde la suspensión lo reinstalamos

al ejercicio de la abogacía. Asimismo, activamos la queja

que presentaron los promoventes y ordenamos al Procurador

General a presentar la querella correspondiente.

El 21 de diciembre de 2017 se presentó la Querella

CP-2017-0021.

En

esta,

concluyó

el

licenciado

que

la

Procuradora

Franco

General

Rivera

infringió

preceptos del Canon 26 de Ética Profesional,

condicionar

perjuicios

9

la

y

el

transacción

pago

de

de

una

la

Auxiliar

demanda

los

supra,

al

en

daños

y

a

que

los

indemnización,

Véase In re Franco Rivera, 197 DPR 628 (2017).

CP-2017-0021

9

promoventes retiraran las querellas presentadas en su contra

y la presentación de cualquier otra queja.

El 3 de mayo de 2018 designamos a la Hon. Isabel Llompart

Zeno, Ex Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia,

como Comisionada Especial, para recibir la prueba y rendir

un informe. Luego de celebrar la vista en su fondo, el 28 de

noviembre de 2018 la Comisionada nos rindió su informe. En

síntesis, concluyó que el licenciado Franco Rivera infringió

el Canon 26 del Código de Ética Profesional, supra, al

relevarse

de

negligentes,

responsabilidad

exonerarse

por

sus

actos

contractualmente

y

omisiones

de

su

responsabilidad profesional en la querella que presentaron

los quejosos y al transigir y condicionar la acción civil en

daños por mala práctica profesional a que no se presentara

una querella ética en su contra.

El 25 de febrero de 2019 el licenciado Franco Rivera

presentó una Moción objetando [el] informe de la Comisionada.

En síntesis, alegó que en ningún momento negoció la querella

sino la causa de acción. Adujo que la idea del acuerdo la

originaron el abogado de la parte demandante y esta última.

Señaló que “como parte de la manipulación [y] hasta cierto

grado de presión [también] hubo cierta intimidación” para

que él aceptara la oferta de indemnización para transigir el

caso por mala práctica, de lo contrario, estos continuarían

con

la

querella.

Sostuvo

que

él

lo

que

quería

era

CP-2017-0021

10

“deshaser[s]e de la acción civil y de todos los riesgos que

lo acontecido podría generar”.

Contando con el beneficio del Informe de la Comisionada

Especial y las

comparecencias de las partes, pasamos a

determinar si el querellado cometió la falta imputada.

II

El Canon 26 del Código de Ética Profesional, supra,

dispone que ningún abogado está obligado a representar a

determinado cliente y es su derecho aceptar o

rechazar

representarle legalmente. En ese sentido, establece que es

altamente impropio aconsejar transacciones o actos que sean

contrarios a la ley, presentar pleitos viciosos o falsas

defensas con la

justificación

de actuar conforme a las

instrucciones de su cliente. Cónsono con ello, advierte que

el abogado debe obedecer siempre a su propia conciencia y no

a la de su cliente. Finalmente, señala que “es impropio de

un abogado relevarse de responsabilidad por actos u omisiones

negligentes en su gestión profesional”.10

Nótese, que ese Canon no prohíbe que un abogado informe

y acepte ante su cliente

tener

responsabilidad por

los

errores y las omisiones que puedan ser atribuibles a su

persona.

Tampoco

impide

que,

en

el

desempeño

de

sus

funciones, haya incurrido en negligencia y por ello pueda

10

Canon 26 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

CP-2017-0021

indemnizar

11

extrajudicialmente

al

perjudicado.11

Por

el

contrario, se concibe que ese “es un deber deontológico que

forma parte del honor del abogado”.12 No obstante, los Cánones

de Ética Profesional, supra, prohíben que el abogado se valga

de

mecanismos

responsabilidad.

ilegítimos

Y

que,

de

para

esta

liberarse

manera,

de

condicione

esa

una

transacción o acuerdo a que un cliente retire o no presente

una queja disciplinaria en su contra. En este caso debemos

auscultar si las acciones del licenciado Franco Rivera se

apartaron de lo que el referido canon proscribe.

Antes de adentrarnos en esta encomienda, resaltamos que,

la Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap.

XXI–B, establece el procedimiento disciplinario aplicable a

los abogados y a los notarios. En específico, dispone que le

corresponde al Comisionado Especial designado celebrar una

vista para recibir la prueba y emitir un informe. De manera

que,

sus

determinaciones

fácticas

gozan

de

nuestra

deferencia, por encontrarse en mejor posición para aquilatar

la prueba testifical y adjudicar credibilidad.13 Asimismo,

hemos resuelto que este Tribunal no está obligado a aceptar

el Informe del Comisionado Especial designado para atender

la querella contra un abogado. Es decir, tenemos la facultad

11

In re Pagán Ayala, 117 DPR 180 (1986).

12

Íd., citando a H. Viñas, Ética y derecho de la abogacía y

procuración, Buenos Aires, Ed. Pannedille, 1977, págs. 136-137 y

a In re Pérez Rodríguez, 115 DPR 547 (1984).

13

In re Acevedo Álvarez, supra.

CP-2017-0021

12

para adoptar, modificar o rechazar tal Informe.14 Sin embargo,

de

ordinario

sostenemos

las

conclusiones

de

hecho

determinadas por el Comisionado Especial, a menos que se

demuestre prejuicio, parcialidad o error manifiesto.15

III

Luego

de

examinar

y

estudiar

con

detenimiento

el

expediente de este caso, concluimos que el licenciado Franco

Rivera infringió el Canon 26 del Código de Ética Profesional.

Indudablemente, según determinó la Comisionada Especial, el

abogado se apartó de lo que disponen los Cánones de Ética

Profesional e incurrió en las faltas éticas imputadas. Ello,

al condicionar el acuerdo a que los promoventes retiraran

las querellas en su contra. El propio abogado reconoció que

su interés era lograr que los quejosos retiraran las quejas

para él poder ser reinstalado.

En consecuencia, nos corresponde determinar la sanción

disciplinaria a imponerle al licenciado Franco Rivera por el

comportamiento

exhibido.

Al

fijarla,

procede

que

consideremos los siguientes factores: (1) la reputación del

abogado en la comunidad; (2) su historial disciplinario; (3)

si la conducta es una aislada; (4) si medió ánimo de lucro;

(5) si presentó una defensa frívola de su conducta; (6) si

14

Íd. Véanse, además, In re Irizarry Rodríguez, supra, págs.

666–667; In re Guzmán Guzmán, 181 DPR 495, 511 (2011).

15

In re García Ortiz, 187 DPR 507 (2012); In re Torres

Viñals, 180 DPR 236 (2010).

CP-2017-0021

ocasionó

13

perjuicio

a

alguna

parte;

(7)

si

resarció

al

cliente; (8) si demostró aceptación o arrepentimiento sincero

por la conducta que le fuera imputada; y (9) otros atenuantes

o agravantes que surjan de los hechos.16

La Comisionada Especial recomendó que al momento de

imponer una sanción disciplinaria consideráramos la gravedad

de su conducta, así como los atenuantes y agravantes en el

caso. Cónsono con lo anterior, expuso como atenuante que no

hubo

“ánimo

de

lucro”

por

parte

del

abogado

porque

al

suscribir el acuerdo él se obligó a pagar una indemnización;

aunque este no cumplió con el acuerdo. En cuanto a los

agravantes,

identificó

los

siguientes:

(1)

que

los

promoventes resultaron perjudicados por las acciones del

abogado; (2) que este no resarció a los clientes; (3) que, a

pesar de que no negó los hechos, trató de justificar la razón

por la cual suscribió el acuerdo y presentó una “defensa

totalmente inmeritoria y carente de fundamento legal”; (4)

que la insistencia en justificar su conducta demuestra su

falta de arrepentimiento y, aunque aceptó los hechos, su

parecer era que la conducta no era antiética; (5) sobre su

historial disciplinario anejó una tabla que refleja que ha

sido

suspendido

16

de

la

práctica

de

la

abogacía

en

tres

In re Rivera Rodríguez, 2019 TSPR 140, 202 DPR __ (2019);

In re Roldán González, 196 DPR 1043 (2016); In re Miranda Daleccio,

194 DPR 959 (2016); In re Planas Merced, 180 DPR 179 (2010).

CP-2017-0021

14

ocasiones.17 En esta también se demuestra que la conducta del

abogado no constituye una conducta aislada. En cuanto al

factor restante señaló que no se presentó prueba sobre “la

reputación

del

abogado

en

su

comunidad”.

Ante

estas

circunstancias, coincidimos con la sanción que recomendó la

Comisionada

Especial.

Por

ello,

suspendemos

inmediata

e

indefinidamente al licenciado Franco Rivera del ejercicio de

la abogacía.

IV

Por

suspensión

las

razones

inmediata

e

antes

expuestas,

indefinida

del

decretamos

licenciado

la

Franco

Rivera. En consecuencia, se le impone el deber de notificar,

de forma inmediata, a todos sus clientes sobre su inhabilidad

para continuar representándolos. De igual forma, se le ordena

devolverles los expedientes de casos pendientes y cualquier

cantidad recibida en honorarios por trabajos no realizados.

Asimismo, tiene la obligación de informar inmediatamente de

su suspensión a

cualquier sala

del Tribunal General de

Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso

pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal

el cumplimiento con todo lo anterior en un término de treinta

17

Véanse In re Franco Rivera, 197 DPR 628 (2017), suspensión

inmediata e indefinidamente por incumplir con las órdenes del

Tribunal, patrón de desidia y falta de interés en continuar

ejerciendo la profesión; In re Franco Rivera, 169 DPR 237 (2006),

suspensión por el término de tres años de la abogacía por violación

a los Cánones 18, 19, 20, 33 y 34; In re Franco Rivera y Masini

Soler, 134 DPR 823 (1993), suspensión por el término de seis meses

por violación a los Cánones 34 y 35 del Código de Ética

Profesional, supra.

CP-2017-0021

15

días contados a partir de la notificación de esta Opinión

per curiam y Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar a que

no se le reinstale cuando lo solicite.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

José R. Franco Rivera

CP-2017-0021

(TS-7,127)

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de diciembre de 2019.

Por las razones expuestas en la opinión per curiam que

antecede, decretamos la suspensión inmediata e indefinida

del Lcdo. José R. Franco Rivera. En consecuencia, se le

impone el deber de notificar, de forma inmediata, a todos

sus

clientes

sobre

su

inhabilidad

para

continuar

representándolos. De igual forma, se le ordena devolverles

los expedientes de casos pendientes y cualquier cantidad

recibida en honorarios por trabajos no realizados. Asimismo,

tiene la obligación de informar inmediatamente de su

suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia

o foro administrativo en el que tenga algún caso pendiente.

Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el

cumplimiento con todo lo anterior en un término de treinta

días contados a partir de la notificación de esta Opinión

per curiam y Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar a que

no se le reinstale cuando lo solicite.

Notifíquese personalmente esta Opinión per curiam y

Sentencia al señor Franco Rivera por la Oficina del Alguacil

de este Tribunal.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo Interina. La Jueza Presidenta Oronoz

Rodríguez, la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y el

Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo no intervinieron. El

Juez Asociado señor Martínez Torres no interviene.

Sonnya Isabel Ramos Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo Interina