Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: José R. Franco Rivera
2019 TSPR 242
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: José R. Franco Rivera
CP-2017-21
Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía por infracción al Canon 26 de Ética Profesional.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2019 TSPR 242
203 DPR _____
José R. Franco Rivera
Número del Caso:
Fecha:
CP-2017-21
30 de diciembre de 2019
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Isaías Sánchez Báez
Procurador General
Lcda. Lorena Cortes Rivera
Subprocuradora General
Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez
Procuradora General Auxiliar
Abogado del Querellado:
Lcdo. Santiago Gutiérrez-Armstrong
Comisionado Especial:
Hon. Isabel Llompart Zeno
Materia: La suspensión será efectiva el 13 de enero de 2020, fecha
en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
José R. Franco Rivera
CP-2017-0021
(TS-7,127)
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de diciembre de 2019.
En esta ocasión nos corresponde determinar si el Lcdo.
José R. Franco Rivera infringió el Canon 26 del Código de
Ética Profesional, infra, al presuntamente condicionar un
acuerdo de pago, en una acción civil en daños y perjuicios
por
impericia
profesional,
a
que
se
retirara
presentaran otras querellas éticas en su contra.
y
no
se
Los hechos
que originaron estas imputaciones surgieron luego que le
desestimaran una causa de acción a los quejosos en la que el
abogado los representaba. Por entender que el proceder del
letrado se apartó de lo que prescriben los referidos cánones,
procede ejercer nuestra facultad disciplinaria. Veamos.
I
El Lcdo. José R. Franco Rivera fue admitido al ejercicio
de la abogacía el 15 de mayo de 1981 y al ejercicio del
CP-2017-0021
2
notariado el 17 de junio del mismo año.1 La Sra. Vivian Díaz
Albaladejo, la Sra. Dalila Bauzó Quiñones, la Sra. Nilsa
Rodríguez Meléndez y el Sr. Eric Rodríguez Zapata presentaron
dos
quejas
contra
el
licenciado
Franco
Rivera
por
su
desempeño en dos casos civiles en los que el abogado los
representaba en el Tribunal Federal de los Estados Unidos
para el Distrito de Puerto Rico.2 En síntesis, alegaron que
contrataron los servicios del licenciado Franco Rivera para
que los representara en una acción de daños y perjuicio en
el Tribunal Federal. De acuerdo con los quejosos, el foro
federal desestimó con perjuicio su causa de acción por el
pobre desempeño del abogado. Por ello, a su vez, los quejosos
instaron sendas demandas en el Tribunal de Primera Instancia
contra
el
licenciado
Franco
Rivera
por
impericia
profesional.3
1
El licenciado Franco Rivera fue suspendido de la práctica
de la profesión legal el 15 de marzo de 2017. Posteriormente, el
13 de septiembre de 2017 fue reinstalado únicamente al ejercicio
de la abogacía. Por lo que actualmente se encuentra suspendido de
la práctica de la notaría.
2
La señora Díaz Albaladejo y la señora Bauzó Quiñones
presentaron la queja AB-2001-0203 el 18 se septiembre de 2001. La
señora y el señor Rodríguez presentaron la queja AB-2001-0210 el
28 de septiembre del mismo año. Para la queja AB-2001-0210 se
ordenó el archivo, mediante Resolución de 7 de marzo de 2003. En
cuanto a la queja AB-2001-0203 se continuó con el proceso
disciplinario y que presentó la querella CP-2002-0005. Como
veremos más adelante, posteriormente, también se ordenó el archivo
de esta.
3
Al caso Dalila Bauzó Quiñones y otros v. José R. Franco se
les asignó el alfanumérico KDP 2001-2281 y al caso Vivian Díaz
Albaladejo y otros v. José R. Franco se le asignó el alfanumérico
KDP 2001-2282.
CP-2017-0021
3
El 6 de mayo de 2002, la Oficina del Procurador General
presentó la Querella CP-2002-0005. En esta se imputó al
licenciado Franco Rivera haber infringido los Cánones 18 y
19 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, mientras
ostentó la representación de los promoventes en los casos
ante
el
foro
solicitud
federal.
del
Sin
embargo,
posteriormente,
a
Procurador
General
paralizamos
el
procedimiento disciplinario hasta que las demandas instadas
ante el foro de
primera instancia advinieran
finales y
firmes, ya que las alegaciones estaban relacionadas con las
controversias de la querella.
Posteriormente,
el licenciado Franco Rivera afrontó
otro procedimiento disciplinario que culminó en la suspensión
del letrado del ejercicio de la abogacía y de la notaría por
tres años.4 Al momento de notificar la suspensión se incautó
la
obra
protocolar
y
el
sello
notarial
del
letrado.
Posteriormente, la ODIN remitió un informe en el que señaló
varias
deficiencias
Ordenamos
al
deficiencias
en
la
obra
protocolar
del
subsanar
licenciado
Franco
Rivera
a
sustantivas,
así
como
una
notario.
las
deficiencia
arancelaria. No obstante, este no dio cumplimiento a nuestra
orden. Por ello, referimos el asunto al Departamento de
Justicia y ordenamos al Tribunal de Primera Instancia a
iniciar un procedimiento de desacato contra el abogado por
4
(2006).
Véase Opinión per curiam In re Franco Rivera, 169 DPR 237
CP-2017-0021
incumplir
4
con
las
órdenes
de
este
Tribunal.
Ante
este
escenario, el 29 de marzo de 2007 emitimos una Resolución
mediante la cual dejamos pendiente la Querella CP-2002-0005
hasta
que
el
licenciado
Franco
Rivera
solicitara
la
reinstalación.
Luego
de
varios
incidentes
procesales,
el
18
de
noviembre de 2010 el licenciado Franco Rivera presentó una
Petición de reinstalación al ejercicio de la práctica de la
profesión de abogado.5 Concedimos un término a la Oficina de
Inspección de Notarías (ODIN) para que se expresara sobre la
solicitud del querellado. El 10 de mayo de 2011 la ODIN
presentó
Moción
en
cumplimiento
de
orden.
En
síntesis,
informó que la deuda arancelaria en la obra notarial del
abogado había sido subsanada por el abogado y por la fianza
notarial.
Añadió
que
durante
los
pasados
dos
años
el
licenciado Franco Rivera había trabajado diligentemente para
la subsanación de su obra notarial. Sin embargo, recomendó
la reinstalación únicamente al ejercicio de la abogacía.
Tiempo después que comenzó el juicio en el caso civil
por impericia profesional, las partes llegaron a un acuerdo
confidencial por el desistimiento de su causa de acción ante
el foro federal. Mediante el Documento privado y confidencial
de acuerdo y satisfacción, suscrito el 1 de abril de 2011,
los promoventes (las señoras Bauzó Quiñones y Rodríguez
5
El 1 de octubre de 2009 el licenciado Franco Rivera presentó
una Moción de reinstalación al ejercicio de la profesión. No
obstante, la denegamos por prematura.
CP-2017-0021
5
Meléndez y el señor Arnaldo Maestre Pujals) se comprometieron
a retirar la querella CP-2002-0005 y a presentar una moción
de desistimiento con perjuicio en el pleito civil en el foro
de primera instancia.6
Así las cosas, el 27 de mayo de 2011, el licenciado
Franco Rivera presentó una Petición uniforme de reinstalación
al ejercicio de la práctica de la profesión de abogado.
Sostuvo que en las demandas por impericia profesional que se
presentaron en su contra los querellantes solicitaron retirar
la querella con perjuicio. Añadió que quedó pendiente la
disposición de unos acuerdos del caso civil en el que también
habían desistido con perjuicio. Con su moción anejó copia de
una Moción para retiro de querella fechada y firmada por los
promoventes. El contenido exacto de la moción se plasma a
continuación:
Al Honorable Tribunal:
Comparece
la
parte
querellante
y
muy
respetuosamente
solicitamos
el
retiro,
con
perjuicio de la querella CP2002-0005 que tenemos
radicada contra la parte querellada en este
Tribunal.
Respetuosamente sometido.7
6
Además, el 15 de abril de 2011 presentaron ante este
Tribunal una moción para retirar la querella CP-2002-0005. Es
oportuno aclarar que el señor Maestre Pujals no fue parte
promovente en ninguna de las quejas que originaron la querella CP2002-0005. No obstante, al ser parte demandante en el pleito civil,
y como parte del acuerdo, este firmó la solicitud de archivo de
la querella y la solicitud de desistimiento en el caso civil.
7
Esta moción se presentó con un Documento privado y
confidencial de acuerdo y satisfacción. Surge del expediente que
el 9 de junio de 2011, el Tribunal de Primera Instancia emitió
Sentencia de archivo por desistimiento en el caso Dalila Bauzó
Quiñones v. José Franco Rivera, KDP2001-2281.
CP-2017-0021
6
El 3 de junio de 2011 emitimos una Resolución para
referir la solicitud de reinstalación a la Comisión de
Reputación al Ejercicio de la Abogacía (la Comisión). Luego
de celebrar la vista correspondiente, la Comisión presentó
un
Informe
y
recomendación
interlocutoria
al
Tribunal
Supremo. En síntesis, recomendó detener la solicitud de
reinstalación y remitir las quejas que el abogado tenía
pendientes a la Oficina de la Procuradora General.
Examinado el informe, el 4 de noviembre de 2011 emitimos
una Resolución mediante la cual ordenamos la reinstalación
del licenciado Franco Rivera únicamente al ejercicio de la
abogacía y referimos las quejas a la Oficina del Procurador
General. El 14 de marzo de 2012, la Procuradora General
Auxiliar, Ivonne Casanova Pelosi, presentó una Moción en
cumplimiento
de
orden
en
la
Querella
CP-2002-0005.
En
síntesis, expuso que del expediente judicial del Tribunal de
Primera Instancia, sobre la demanda civil que presentaron
los promoventes, surgía una Sentencia por desistimiento. Por
esta razón, y por el hecho de que los quejosos no tenían
interés en continuar con la querella, la Procuradora General
Auxiliar expresó que no tenía reparos en que la Querella CP2002-0005 se archivara. En consecuencia, mediante Resolución
de 25 de octubre de 2013, ordenamos el archivo de esta
querella.
Ahora bien, el 31 de marzo de 2016 los promoventes (las
señoras Rodríguez Meléndez y Bauzó Quiñones
y
el señor
CP-2017-0021
7
Maestre Pujals) presentaron otra queja contra el licenciado
Franco Rivera.8 Alegaron que este incumplió con el convenio
de pago y ellos a su vez a retirar la querella CP-2002-0005.
Solicitaron
que
reabriéramos
la
querella
original,
amonestáramos al abogado y lo obligáramos a cumplir con el
acuerdo.
Por su parte, el abogado contestó la queja. Adujo que
en ese momento entendía que luego de ser reinstalado podía
cumplir con el acuerdo pero que había afrontado dificultades
para lograrlo. Puntualizó que envió varios mensajes de texto
al señor Maestre Pujals que demostraban que siempre tuvo el
interés de “cumplir con el compromiso monetario que hi[zo]
para
lograr
que
los
quejosos
desistieran
de
la
queja
originalmente radicada, y que ello no fuera óbice para que
el Tribunal Supremo ordenara [su] reinstalación”. Así las
cosas, remitimos el asunto a la Oficina de la Procuradora
General para la investigación y el informe correspondiente.
El 30 de septiembre de 2016 la Procuradora General
emitió el informe correspondiente. Concluyó que el licenciado
Franco Rivera trasgredió los preceptos del Canon 26 del
Código
de
Ética
Profesional,
supra,
al
condicionar
la
transacción de la demanda en daños y perjuicios por impericia
profesional
y
el
pago
de
una
indemnización
a
que
los
promoventes informaran a este Alto Foro su intención de
8
Se le designó el alfanumérico AB-2016-0105.
CP-2017-0021
retirar
la
8
querella
CP-2002-0005
mientras
se
encontraba
suspendido de la profesión.
Por su parte, el letrado presentó un escrito que tituló
Comentarios en torno al Informe de la Procuradora General.
Expresó
que
no
transacción
de
tuvo
la
la
intención
reclamación
en
de
condicionar
daños
por
la
impericia
profesional al retiro de la querella. Señaló que fueron los
quejosos quienes decidieron “liberar cualquier escollo para
que el suscribiente pudiera ser reinstalado a la brevedad
posible, y lograr cumplir con el acuerdo de pago”.
Posteriormente, el 15 de marzo de 2017, suspendimos al
licenciado Franco Rivera indefinidamente del ejercicio de la
abogacía por incumplir con nuestras órdenes en reiteradas
ocasiones.9
El
mismo
día,
por
archivamos
administrativamente
motivo
de
la
queja
la
suspensión,
AB-2016-105.
Transcurridos seis meses desde la suspensión lo reinstalamos
al ejercicio de la abogacía. Asimismo, activamos la queja
que presentaron los promoventes y ordenamos al Procurador
General a presentar la querella correspondiente.
El 21 de diciembre de 2017 se presentó la Querella
CP-2017-0021.
En
esta,
concluyó
el
licenciado
que
la
Procuradora
Franco
General
Rivera
infringió
preceptos del Canon 26 de Ética Profesional,
condicionar
perjuicios
9
la
y
el
transacción
pago
de
de
una
la
Auxiliar
demanda
los
supra,
al
en
daños
y
a
que
los
indemnización,
Véase In re Franco Rivera, 197 DPR 628 (2017).
CP-2017-0021
9
promoventes retiraran las querellas presentadas en su contra
y la presentación de cualquier otra queja.
El 3 de mayo de 2018 designamos a la Hon. Isabel Llompart
Zeno, Ex Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia,
como Comisionada Especial, para recibir la prueba y rendir
un informe. Luego de celebrar la vista en su fondo, el 28 de
noviembre de 2018 la Comisionada nos rindió su informe. En
síntesis, concluyó que el licenciado Franco Rivera infringió
el Canon 26 del Código de Ética Profesional, supra, al
relevarse
de
negligentes,
responsabilidad
exonerarse
por
sus
actos
contractualmente
y
omisiones
de
su
responsabilidad profesional en la querella que presentaron
los quejosos y al transigir y condicionar la acción civil en
daños por mala práctica profesional a que no se presentara
una querella ética en su contra.
El 25 de febrero de 2019 el licenciado Franco Rivera
presentó una Moción objetando [el] informe de la Comisionada.
En síntesis, alegó que en ningún momento negoció la querella
sino la causa de acción. Adujo que la idea del acuerdo la
originaron el abogado de la parte demandante y esta última.
Señaló que “como parte de la manipulación [y] hasta cierto
grado de presión [también] hubo cierta intimidación” para
que él aceptara la oferta de indemnización para transigir el
caso por mala práctica, de lo contrario, estos continuarían
con
la
querella.
Sostuvo
que
él
lo
que
quería
era
CP-2017-0021
10
“deshaser[s]e de la acción civil y de todos los riesgos que
lo acontecido podría generar”.
Contando con el beneficio del Informe de la Comisionada
Especial y las
comparecencias de las partes, pasamos a
determinar si el querellado cometió la falta imputada.
II
El Canon 26 del Código de Ética Profesional, supra,
dispone que ningún abogado está obligado a representar a
determinado cliente y es su derecho aceptar o
rechazar
representarle legalmente. En ese sentido, establece que es
altamente impropio aconsejar transacciones o actos que sean
contrarios a la ley, presentar pleitos viciosos o falsas
defensas con la
justificación
de actuar conforme a las
instrucciones de su cliente. Cónsono con ello, advierte que
el abogado debe obedecer siempre a su propia conciencia y no
a la de su cliente. Finalmente, señala que “es impropio de
un abogado relevarse de responsabilidad por actos u omisiones
negligentes en su gestión profesional”.10
Nótese, que ese Canon no prohíbe que un abogado informe
y acepte ante su cliente
tener
responsabilidad por
los
errores y las omisiones que puedan ser atribuibles a su
persona.
Tampoco
impide
que,
en
el
desempeño
de
sus
funciones, haya incurrido en negligencia y por ello pueda
10
Canon 26 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.
CP-2017-0021
indemnizar
11
extrajudicialmente
al
perjudicado.11
Por
el
contrario, se concibe que ese “es un deber deontológico que
forma parte del honor del abogado”.12 No obstante, los Cánones
de Ética Profesional, supra, prohíben que el abogado se valga
de
mecanismos
responsabilidad.
ilegítimos
Y
que,
de
para
esta
liberarse
manera,
de
condicione
esa
una
transacción o acuerdo a que un cliente retire o no presente
una queja disciplinaria en su contra. En este caso debemos
auscultar si las acciones del licenciado Franco Rivera se
apartaron de lo que el referido canon proscribe.
Antes de adentrarnos en esta encomienda, resaltamos que,
la Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap.
XXI–B, establece el procedimiento disciplinario aplicable a
los abogados y a los notarios. En específico, dispone que le
corresponde al Comisionado Especial designado celebrar una
vista para recibir la prueba y emitir un informe. De manera
que,
sus
determinaciones
fácticas
gozan
de
nuestra
deferencia, por encontrarse en mejor posición para aquilatar
la prueba testifical y adjudicar credibilidad.13 Asimismo,
hemos resuelto que este Tribunal no está obligado a aceptar
el Informe del Comisionado Especial designado para atender
la querella contra un abogado. Es decir, tenemos la facultad
11
In re Pagán Ayala, 117 DPR 180 (1986).
12
Íd., citando a H. Viñas, Ética y derecho de la abogacía y
procuración, Buenos Aires, Ed. Pannedille, 1977, págs. 136-137 y
a In re Pérez Rodríguez, 115 DPR 547 (1984).
13
In re Acevedo Álvarez, supra.
CP-2017-0021
12
para adoptar, modificar o rechazar tal Informe.14 Sin embargo,
de
ordinario
sostenemos
las
conclusiones
de
hecho
determinadas por el Comisionado Especial, a menos que se
demuestre prejuicio, parcialidad o error manifiesto.15
III
Luego
de
examinar
y
estudiar
con
detenimiento
el
expediente de este caso, concluimos que el licenciado Franco
Rivera infringió el Canon 26 del Código de Ética Profesional.
Indudablemente, según determinó la Comisionada Especial, el
abogado se apartó de lo que disponen los Cánones de Ética
Profesional e incurrió en las faltas éticas imputadas. Ello,
al condicionar el acuerdo a que los promoventes retiraran
las querellas en su contra. El propio abogado reconoció que
su interés era lograr que los quejosos retiraran las quejas
para él poder ser reinstalado.
En consecuencia, nos corresponde determinar la sanción
disciplinaria a imponerle al licenciado Franco Rivera por el
comportamiento
exhibido.
Al
fijarla,
procede
que
consideremos los siguientes factores: (1) la reputación del
abogado en la comunidad; (2) su historial disciplinario; (3)
si la conducta es una aislada; (4) si medió ánimo de lucro;
(5) si presentó una defensa frívola de su conducta; (6) si
14
Íd. Véanse, además, In re Irizarry Rodríguez, supra, págs.
666–667; In re Guzmán Guzmán, 181 DPR 495, 511 (2011).
15
In re García Ortiz, 187 DPR 507 (2012); In re Torres
Viñals, 180 DPR 236 (2010).
CP-2017-0021
ocasionó
13
perjuicio
a
alguna
parte;
(7)
si
resarció
al
cliente; (8) si demostró aceptación o arrepentimiento sincero
por la conducta que le fuera imputada; y (9) otros atenuantes
o agravantes que surjan de los hechos.16
La Comisionada Especial recomendó que al momento de
imponer una sanción disciplinaria consideráramos la gravedad
de su conducta, así como los atenuantes y agravantes en el
caso. Cónsono con lo anterior, expuso como atenuante que no
hubo
“ánimo
de
lucro”
por
parte
del
abogado
porque
al
suscribir el acuerdo él se obligó a pagar una indemnización;
aunque este no cumplió con el acuerdo. En cuanto a los
agravantes,
identificó
los
siguientes:
(1)
que
los
promoventes resultaron perjudicados por las acciones del
abogado; (2) que este no resarció a los clientes; (3) que, a
pesar de que no negó los hechos, trató de justificar la razón
por la cual suscribió el acuerdo y presentó una “defensa
totalmente inmeritoria y carente de fundamento legal”; (4)
que la insistencia en justificar su conducta demuestra su
falta de arrepentimiento y, aunque aceptó los hechos, su
parecer era que la conducta no era antiética; (5) sobre su
historial disciplinario anejó una tabla que refleja que ha
sido
suspendido
16
de
la
práctica
de
la
abogacía
en
tres
In re Rivera Rodríguez, 2019 TSPR 140, 202 DPR __ (2019);
In re Roldán González, 196 DPR 1043 (2016); In re Miranda Daleccio,
194 DPR 959 (2016); In re Planas Merced, 180 DPR 179 (2010).
CP-2017-0021
14
ocasiones.17 En esta también se demuestra que la conducta del
abogado no constituye una conducta aislada. En cuanto al
factor restante señaló que no se presentó prueba sobre “la
reputación
del
abogado
en
su
comunidad”.
Ante
estas
circunstancias, coincidimos con la sanción que recomendó la
Comisionada
Especial.
Por
ello,
suspendemos
inmediata
e
indefinidamente al licenciado Franco Rivera del ejercicio de
la abogacía.
IV
Por
suspensión
las
razones
inmediata
e
antes
expuestas,
indefinida
del
decretamos
licenciado
la
Franco
Rivera. En consecuencia, se le impone el deber de notificar,
de forma inmediata, a todos sus clientes sobre su inhabilidad
para continuar representándolos. De igual forma, se le ordena
devolverles los expedientes de casos pendientes y cualquier
cantidad recibida en honorarios por trabajos no realizados.
Asimismo, tiene la obligación de informar inmediatamente de
su suspensión a
cualquier sala
del Tribunal General de
Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso
pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal
el cumplimiento con todo lo anterior en un término de treinta
17
Véanse In re Franco Rivera, 197 DPR 628 (2017), suspensión
inmediata e indefinidamente por incumplir con las órdenes del
Tribunal, patrón de desidia y falta de interés en continuar
ejerciendo la profesión; In re Franco Rivera, 169 DPR 237 (2006),
suspensión por el término de tres años de la abogacía por violación
a los Cánones 18, 19, 20, 33 y 34; In re Franco Rivera y Masini
Soler, 134 DPR 823 (1993), suspensión por el término de seis meses
por violación a los Cánones 34 y 35 del Código de Ética
Profesional, supra.
CP-2017-0021
15
días contados a partir de la notificación de esta Opinión
per curiam y Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar a que
no se le reinstale cuando lo solicite.
Se dictará sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
José R. Franco Rivera
CP-2017-0021
(TS-7,127)
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de diciembre de 2019.
Por las razones expuestas en la opinión per curiam que
antecede, decretamos la suspensión inmediata e indefinida
del Lcdo. José R. Franco Rivera. En consecuencia, se le
impone el deber de notificar, de forma inmediata, a todos
sus
clientes
sobre
su
inhabilidad
para
continuar
representándolos. De igual forma, se le ordena devolverles
los expedientes de casos pendientes y cualquier cantidad
recibida en honorarios por trabajos no realizados. Asimismo,
tiene la obligación de informar inmediatamente de su
suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia
o foro administrativo en el que tenga algún caso pendiente.
Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el
cumplimiento con todo lo anterior en un término de treinta
días contados a partir de la notificación de esta Opinión
per curiam y Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar a que
no se le reinstale cuando lo solicite.
Notifíquese personalmente esta Opinión per curiam y
Sentencia al señor Franco Rivera por la Oficina del Alguacil
de este Tribunal.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal Supremo Interina. La Jueza Presidenta Oronoz
Rodríguez, la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y el
Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo no intervinieron. El
Juez Asociado señor Martínez Torres no interviene.
Sonnya Isabel Ramos Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo Interina